GEOPOLÍTICA DEL CRIMEN ORGANIZADOi La geopolítica es una disciplina que desde sus inicios fue un apéndice de las ciencias militares, abonando criterios a la teoría del conflicto y a las estrategias de defensa. En la actualidad, algunos de los planteos teóricos tanto de la geopolítica clásica, de la geopolítica económica, y de la geopolítica crítica valen para el análisis del conflicto que presentan las organizaciones criminales en el escenario interno de los países, así como también a nivel regional e internacional. La idea principal, que será la hipótesis y columna vertebral de nuestro análisis, es que en algunas zonas delimitadas de los países de la región se está consolidando un escenario en el cual hay una ruptura del contrato social y una competencia por el monopolio de la violencia. Esta hipótesis implica que una vez roto el contrato social, el lugar del Estado lo puede ocupar una organización criminal, la cual se legitima proveyendo bienes y servicios, a la vez que establece nuevas leyes en la zona controlada. Naturalmente ante esta situación van a generarse resistencias, tanto desde los individuos que no aceptan la nueva autoridad, como del Estado que buscará recuperar el control, la legitimidad y el gobierno de la zona. Es parte de la dinámica del conflicto a observar, en el cual van a ir apareciendo figuras como “los soldaditos” que brindan seguridad en el barrio, o los peajes y derechos de paso cuando se intenta traspasar las márgenes del barrio. Respecto del tipo de delito y organización, el más gravitante es, sin lugar a dudas, el narcotráfico y los delitos conexos. Será entonces
el narcotráfico el centro del análisis para abordar la problemática de la seguridad pública y ciudadana en la región. Las actividades de las organizaciones criminales se pueden enumerar en la siguiente lista (no exhaustiva y abierta a que el lector interesado complete): producción, logística, seguridad, sicariato, comercialización de los bienes producidos a nivel interno e internacional, y lavado de activos. Vamos a presentar a continuación una serie de criterios de la geopolítica que nos van a ayudar a transitar el análisis: territorialidad, entorno, y posicionamiento. En la región, los escenarios y partes de la cadena productiva del narcotráfico nos obligarán a considerar los espacios rurales y urbanos a controlar, a la vez que vamos a contar como variable la dificultad del control de los espacios fronterizos, dada la geografía regional y sus fronteras extensas y porosas. Criterios geopolíticos aplicados al escenario criminal Como planteamos más arriba, el problema sobre el que trabajaremos es cómo se presenta la competencia por el control de zonas específicas donde se asientan las organizaciones criminales. En función de la profundidad de la penetración de esas organizaciones, tanto en lo territorial como en el tejido social, es posible abordar un análisis que provea una visión tanto para el nivel estratégico como el operacional. Es decir, que proponemos un punto de partida para generar un insumo de utilidad para la toma de decisiones en el nivel político, y que al mismo tiempo sirva
para articular contextualizar el diseño de acciones en el plano operacional. El primero de nuestros criterios es el de territorialidad, el cual contiene un acervo proveniente de la geopolítica clásica, y adquiere su contenido de dos principios: soberanía y el conjunto seguridad / defensa (manifestada en el monopolio del ejercicio de la violencia). La territorialidad da importancia al control de un territorio y la administración del mismo. En nuestro caso, hay una zona con control difuso del Estado, en la cual se superpone la autoridad de una o varias organizaciones criminales, por lo que vamos a considerar a estas como un actor geopolítico no estatal (en la misma clave de la geopolítica crítica). El segundo es un criterio que denominamos “Entorno”, el cual analizamos en función de la idea de “zona de interés”. Siguiendo con esta rama de la geopolítica crítica, vemos que se considera la distribución de los espacios, tanto en su condición de dominio como de explotación de los recursos que hay en ellos (CARVAJAL AVARENA, 2007: 49). El mismo criterio incorpora otro eje de análisis: fronteras dinámicas, las cuales dejan de ser estáticas para ser móviles, y que alcanzan o se trazan en todos los espacios donde los países se comunican o tienen intereses (CARVAJAL AVARENA, 2007: 55). La definición del entorno corresponde a la zona de influencia de un Estado. En otras palabras, las zonas donde el país tiene intereses, y por lo tanto genera estrategias y formula políticas. Desde el punto de vista de las organizaciones criminales, el entorno marca una diferencia sutil entre administración y control de una zona. Son justamente los entornos del crimen organizado los que plantean el mayor
desafío a los Gobiernos, ya que al crecer una organización criminal puede tener diferentes anclajes territoriales, ya no solo en un país sino en varios. Por su naturaleza, el crimen organizado rompe el paradigma del Estado clásico. Un tercer criterio de análisis es el posicionamiento o posición geográfica, un elemento de la geopolítica que le da importancia al control de puertos, vías de comercio, ductos, etc. Es un desprendimiento de la variable centrada en la infraestructura, sea esta física o comercial, y por ende en los flujos de los bienes. Pensemos que toda organización criminal compleja necesita comercializar bienes (drogas por ejemplo), sea a través de medios lícitos o ilícitos. Un medio lícito utilizado para un fin ilícito es un container, en el cual se ocultan drogas por ejemplo. Mientras que un medio ilícito puede ser un bote en un paso no autorizado en la frontera. Respecto del control de puertos y vías de comercio, también hay una penetración del crimen organizado que es importante tener en cuenta, ya que estas organizaciones necesitan de la complicidad de miembros de instituciones de control aduanero y fronterizo para llevar a cabo sus fines económicos. En síntesis, las organizaciones criminales pueden controlar o disputar el control de un territorio, extenderse en un entorno o zona de interés y mantener fronteras dinámicas con varios países, a la vez que pueden buscar penetrar instituciones vinculadas a los ejes y escalones logísticos de los Estados. La capacidad de las organizaciones nos introduce en otro tema de importancia que es la asimetría de la capacidad organizacional entre el
crimen organizado y el Estado. brevemente de qué se trata esta idea.
Veamos
La asimetría de las capacidades organizacionales se registra en dos componentes básicos de los grupos bajo análisis. Por un lado, las redes criminales cuentan con liquidez y financiamiento para llevar a cabo sus objetivos tácticos y operacionales, que puede ser muy superior a las mismas variables en las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Los datos son contundentes al respecto. Por ejemplo, el mercado de drogas mueve al año unos 300.000.- millones de dólares, lo que equivaldría en términos de PBI a la actividad económica integral de países como Singapur, Ucrania o Grecia. En cuanto a la trata de personas y tráfico de armas, los guarismos son también elevados, siendo además mercados de alta liquidez en lo que respecta a la comercialización (es decir, que no se compran drogas o adquieren servicios sexuales con tarjeta de crédito o cheque). Ese flujo de dinero es el que además permite tercerizar servicios (como el sicariato o el tráfico de drogas) que van componiendo la compleja red de “delitos conexos”. Por su parte, las Fuerzas Policiales y de Seguridad mantienen una capacidad organizacional – institucional que le permite, mediante los canales ejecutivos y de la administración de justicia, articular esfuerzos en la lucha contra el delito y el crimen organizado. En otras palabras, el monopolio del uso de la violencia sigue siendo una ventaja competitiva en el cálculo estratégico, aunque depende mayoritariamente de los recursos que se le asignen. En consecuencia, tal como venimos diciendo, los espacios que deja el Estado los
toman las redes criminales, suplantando al primero y sumando a las actividades ilícitas, la administración de justicia, la seguridad, salud, etc. Naturalmente, todas estas funciones estarán supeditadas a los intereses económicos y no estarán basadas en derechos sociales, sino como forma de mantener cautivo un sector social geográficamente determinado y blindado a la penetración de la fuerza pública y los servicios estatales. De esta situación, es posible extraer las siguientes conclusiones: no hay punto de equilibrio que dé lugar a una instancia superadora de ambas fuerzas en oposición, es decir, que es un juego de suma cero. En este sentido, podemos observar que las finanzas de las organizaciones criminales permiten flexibilidad operacional y márgenes de error aceptables. Por su parte, la capacidad organizacional del Estado se descompone en medios disponibles y marcos legales que le otorgan el monopolio del uso de la violencia. Sin embargo, esta capacidad se pone en práctica en situaciones de amenaza a la integridad del Estado en sus distintos niveles, y es necesaria una asimetría en las capacidades desplegadas conjugada con el factor sorpresa. Por lo tanto, estas operaciones no se mantienen en el tiempo, a menos que se trate de estados de excepción. Veamos algunos ejemplos. Las Favelas brasileras: Los inicios de las Favelas datan de fines del Siglo XIX, cuando se les permitió a los soldados que regresaban de la guerra de Canudos (el nordeste del país) instalarse en los morros de Rio de Janeiro. Pero con el tiempo, el emplazamiento de nuevos asentamientos tuvo un denominador común a todo el Siglo XX:
migraciones internas hacia los centros urbanos en búsqueda de trabajo y oportunidades. La precariedad de las construcciones estaba agravada por la falta de acceso a los servicios básicos (agua y electricidad), pero los planes de urbanización no llegaron hasta los años ’80, con una orientación y filosofía que apuntaba a integrar la favela a la ciudad, es decir, “desmarginalizar” la población de las favelas. Si bien los programas tuvieron un relativo éxito, como el “Programa Favela-Bairro” (ANDREATA, 2005) que buscaba un impacto positivo sobre el millón de personas favelizadas en Río de Janeiro, las organizaciones criminales aprovecharon la ventaja de la marginalidad, deficiencias en el acceso vial y ausencia del Estado para consolidarse como “dueños del morro”. Una de las organizaciones más conocidas es el Comando Vermelho, organización criminal que nace en la Cárcel de Isla Grande hacia fines de la década del ’60 y ’70. La connivencia de presos políticos condenados por la dictadura militar, que conocían sobra tácticas de guerrilla, uso de armas, etc., con los criminales comunes durante casi 10 años fue el caldo de cultivo de la organización. En los ’80 se inician las operaciones criminales del Comando, poniendo en jaque la capacidad de las fuerzas de seguridad, ya que se enfrentaban a un cuadro criminal con equipamiento, que planificaba sus ataques, contaba con información de inteligencia y una jerarquía y doctrina de acción. Además, se suma el hecho de que en esa década Brasil entra a la ruta de la cocaína, generando una oportunidad que el Comando supo aprovechar de forma inmediata.
La construcción de poder en las favelas para estas bandas solo es posible “territorializando” el espacio que ocupan, esto significa constituirse como autoridad de facto, desplazando al Estado. Esta acción se apoya en una estrategia de “combinación de la práctica del crimen y la violencia con un discurso (y, en ocasiones, también una práctica) de interés por los pobres y de combate a las injusticias de los sistemas económico y político de Brasil” (KOONINGS, 2007: 622). Es así que la competencia con el Estado se da en términos de poder de coacción, corrupción a los funcionarios públicos, y una estrategia de posicionamiento. El posicionamiento es el último estamento en el cual las redes criminales se institucionalizan, es decir, toman el lugar que le disputaron al Estado. De ser exitosa su estrategia, una red criminal “gana” una zona geográficamente limitada de interés para el desarrollo de la actividad criminal, desde la cual se proyectan y resguardan de los enemigos institucionales y competidores. Sobre estos últimos, en las favelas cariocas otras organizaciones criminales son el Tercer Comando y Amigos de los Amigos, ambas escisiones del Comando Vermelho. En Brasil el combate al crimen organizado en las favelas tuvo una escalada y penetración geográfica el último año del Gobierno de Lula Da Silva. En Noviembre de 2011 en una operación conjunta entre la Policía Militar de Brasil (particularmente el BOPE, cuerpo de elite de operaciones especiales) y el Ejército, logró “pacificar” la Rocinha, una de las favelas más importantes de Brasil, pudiendo apresar a varios “jefes” del narcotráfico del morro. Si bien los medios de comunicación reflejaron que se había hecho sin resistencia, los medios desplegados y el modus operandi para la incursión, denotan que
fue necesario una aplicación de fuerza no convencional para contrarrestar las capacidades de las organizaciones criminales. En razón de esto el análisis indica que el Estado necesitó recurrir a herramientas de última instancia por no haber atacado el problema sistémicamente. El VRAE: la batalla de Perú contra el narcotráfico El Valle del Rio Apumirac y Ene (VRAE) está ubicado en los Andes peruanos, en el centro del país, una zona de geografía escarpada y ecosistema selvático. En el VRAE se inició hace más de 10 años una lucha contra supuestos remanentes de la organización Sendero Luminoso que estarían volcados hacia la actividad del narcotráfico. El Gobierno peruano define a las operaciones en el VRAE como guerra contra el “narcoterrorismo”, identificando como oponente a las células reactivadas de Sendero. Según informes especializados, la organización criminal en el VRAE está integrada por unos 300 efectivos armados con fusiles AKM, GALLI y FAL; además de artillería anti – aérea (lanzacohetes). Por su pasado, cuentan con experiencia en guerra de baja intensidad, aplicando tácticas y técnicas de guerrilla que presentan a las fuerzas institucionales un desafío de magnitud. En la región se ha declarado un régimen de excepción, en el cual el Ejército peruano tiene autoridad delegada para ejercer el poder de policía, el cual es apoyado por la Fuerza Aérea de Perú. Al igual que en el caso de Brasil, encontramos que una situación de escalada del conflicto obliga al Estado a utilizar medios que no son propios de la función policial y aplicar el uso de la violencia en niveles ampliados.
Los Cárteles de la Droga: líderes millonarios y contracultura Los Cárteles de la Droga controlan la cadena productiva del narcotráfico, la que puede resumirse en los siguientes eslabones: cultivo o adquisición de materias primas, producción, logística y comercialización. Son organizaciones complejas con penetración en los poderes del Estado y connivencia con las Fuerzas de Seguridad a través de elementos díscolos de las mismas. Además del narcotráfico, ramas de estas organizaciones criminales mantienen el control del flujo ilegal de armas y otras están encargadas del lavado de dinero. Pero interesa en este apartado profundizar en un aspecto sociológico de, que denota fenómenos particulares de la identidad cultural, la cual apoya y sostiene el crecimiento y vida de los Carteles. En primer lugar encontramos que los líderes o capos del narcotráfico son comparados con “hombres de negocios” y en otros casos como “protectores” de las zonas en las que actúan. Dos ejemplos valen para la apreciación antedicha. Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, otrora líder del cártel de Sinaloa, quien según la Revista Forbes fue “responsable de un 25% de las drogas ilegales traficadas de México a los Estados Unidos". El Chapo, figura en la lista de Forbes de los más ricos del mundo, de ahí su comparación con otros millonarios y hombres de negocios. Otro ejemplo paradigmático es el de Pablo Escobar, quien luego de una fallida carrera política, se dedicó de lleno al narcotráfico. En la actualidad la figura de Escobar es ambigua en algunos barrios de Medellín, ya que este personaje regaló casas a sectores pobres de la ciudad, como en Medellín Sin Tugurios o el Barrio de Pablo Escobar, donde aún se
encuentran fotos y murales dedicados al líder narco. Es interesante ver cómo se configura una contracultura alrededor de las actividades delictivas, que en definitiva corre los marcos del contrato social referidos a lo que está dentro de la ley y lo que no lo está. Podemos citar los narcocorridos mexicanos, expresión musical que además de reflejar el pensamiento y experiencia diaria de zonas cooptadas por el narcotráfico, es apropiada por el mercado musical y así fomentada por los canales de difusión masiva. Concluye el autor de un interesante trabajo sobre el tema que: “la gran mayoría de los corridos populares exaltan hoy día la violencia y la ilegalidad como requisito para su venta (…) Esta situación trae varias consecuencias en la sociedad del norte, por un lado, la identidad estimulada por el corrido del narcotráfico se funda en un espejismo de deseos comerciales, y por otro, la memoria tradicional se trastoca al no recuperar los intersticios del pensamiento colectivo, dando como resultado una identidad intensa pero cambiante (…) Finalmente podemos concluir que este género popular es un símbolo de una contracultura no reconocida por la sociedad política del país que de manera paradójica fomenta y prohíbe expresiones musicales con una carga ideológica que no puede pasar inadvertida” (OLMOS AGUILERA, 2002: 11). Naturalmente, expresiones populares como esta se replican en otras latitudes, sin ir más lejos en Argentina la Cumbia Villera tiene componentes similares. Marginalidad, narcotráfico y violencia en asentamientos urbanos de Argentina. El modelo de control territorial por organizaciones delictivas, en zonas urbanas
marginales se replica en algunos puntos de los conglomerados urbanos del país. El ejemplo por los niveles de penetración del narcotráfico y la capacidad que oponen a las Fuerzas de Seguridad es el caso la Villa 1-11-14, en el bajo Flores (al sur de la Ciudad de Buenos Aires). En Octubre de 2010, el juez federal Sergio Torres sostuvo en una resolución que “se estableció que la agrupación [narcotraficantes] se asentó fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica que fue identificada como “el sendero” (…) montando desde ese particular punto estratégico una compleja estructura eficazmente coordinada para desplegar todos los movimientos necesarios para el comercio de droga a gran escala” (CAUSA JUDICIAL N°11.882/2010). Al control geográfico de la zona, las investigaciones determinaron que la organización contaba con cuadros jerárquicos y operativos, con tareas específicas. Dicen el citado documento: “se determinó así que, amén de contar con personas dedicadas exclusivamente a organizar y financiar la actividad ilícita, el grupo dispondría de “campanas” (encargados de detectar y poner en alerta sobre la presencia de terceros extraños al lugar), “soldados”, “marcadores” o “perros” (individuos fuertemente armados que, en general, interceptan a los extraños impidiéndoles el paso hacia la zona protegida), “punteros” o “corners” (dedicados a la distribución de narcóticos al menudeo en los sectores vigilados por los anteriores) y “mulas” o “burritos” (encargados del transporte de la droga desde la villa hacia otros destinos y viceversa)” (CAUSA JUDICIAL N°11.882/2010). Incluso, algunas líneas de investigación afirman que algunas de las bandas que controlan el
negocio en la 1-11-14 son ex integrantes de la organización peruana Sendero Luminoso. Esto indicaría capacidad de organización operativa y táctica, manejo de armas de grueso calibre y conexiones con su país de origen, productor de cocaína. Una situación similar se reproduce en Rosario, Provincia de Santa Fe, la tercer ciudad más poblada de Argentina. En el Gran Rosario (conglomerado urbano de Rosario y alrededores) se registra una proliferación de cocinas de estiramiento de cocaína, y enfrentamientos cada vez más violentos entre bandas que pujan por el control del tráfico local. En ambos casos, los barrios aledaños sufren de una espiral de hechos delictivos y violencia. Una característica de las organizaciones de este tipo, es que cooptan mano de obra barata (por lo general hombre y mujeres jóvenes y adolescentes), que actúan en su propio barrio y alrededores, bajo el efecto de los estupefacientes. Son a la vez víctimas y victimarios en el sistema en el que viven. El emergente sistémico del delito, tiene evidentemente una estructura compleja de cooptación y economía criminal a ser estudiadas en profundidad al momento de diseñar políticas de prevención.
Como correlato de la misma situación y sumando complejidad al diseño de políticas públicas, en algunos casos las organizaciones delictivas, sea por acción deliberada o indirectamente, construyen una alianza contractual e identitaria con la población de las zonas que controlan. En estos casos donde se configura una contracultura, o cultura alternativa, las acciones limitadas a la seguridad o asistencia económica son insuficientes, por lo que se requiere de políticas de presencia estatal que se mantengan en el tiempo. Referencias bibliográficas
Síntesis En síntesis de los expuesto, podemos afirmar que tanto el delito como las operaciones particulares de las fuerzas de seguridad son emergentes sistémicos, coyunturales, que dan cuenta de procesos socio-políticos de carácter estructural. Por eso es preciso atacar el crimen antes de su ocurrencia con políticas de inclusión social de largo plazo, y de disuasión y prevención en el corto y mediano plazo.
ANDREATTA, Verena (2005): FavelaBairro, un nuevo paradigma de urbanización para asentamientos informales. Disponible on line: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstr eam/2099/1586/1/01_Favela-Bairro.pdf CARVAJAL ARAVENA, Patricio. “Geopolítica de los entornos y sociedad del riesgo. Una interpretación desde la geopolítica crítica. El caso chileno”. En: Revista Política y Estrategia. N° 108. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). pp. 46 – 70. Chile. 2007. Causa n°11.882/2010 del registro informático unificado de la CSJN., caratulada “N.N. sobre infracción Ley 23.737". Disponible on line: www.cij.gov.ar KOONINGS, Kees; VEENSTRA, Sjoerd (2007): Exclusión social, actores armados y violencia urbana en Río de Janeiro. Foro Internacional, Vol. XLVII, Núm. 3, julio-septiembre, 2007, pp. 616636. El Colegio de México. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtP dfRed.jsp?iCve=59911150006
OLMOS AGUILERA, Miguel (2002): El corrido de narcotráfico y la música popular seca en el Noroeste de México. Exposición en el IV Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Disponible on line: www.hist.puc.cl/iaspm/mexico/articulos/ Olmos.pdf
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