Los Derechos de las Comunidades Indígenas en la Planificación Territorial

Los Derechos de las Conunidades Ind铆genas en la Planificaci贸n Territorial Documento de Trabajo para encuentro con 33 comunidades de Salinas Grandes

Los Derechos de las Conunidades Ind铆genas en la Planificaci贸n Territorial

Documento de Trabajo para encuentro con 33 comunidades de Salinas Grandes

Se agradece el apoyo de la Embajada de Nueva Zelanda y la colaboraci贸n de Ana Di Pangracio, Mar铆a Marta Di Paola y Catalina Novaro

Los Derechos de las Conunidades Indígenas en la Planificación Territorial Equipo de trabajo FARN Dirección: María Eugenia Di Paola,

Directora Ejecutiva

Ofelia Acosta Asistente Administración: María Fernanda Vidal, Coordinadora

María Victoria Villanueva, Recepcionista Prensa y comunicación: Federico Sangalli, Coordinador Riachuelo:

Andrés Napoli, Director

Participación: Pía Marchegiani, Coordinadora Eduardo Abascal, Asistente Inés Rivera,

Docente de la Clínica Jurídica

Acerca de FARN ¿QUIÉNES SOMOS? La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue creada en 1985 con la misión de promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad.

La visión de FARN apunta a una sociedad democrática, participativa, con una estrategia sustentable en sus políticas públicas.

VALORES El desarrollo sustentable y los accionares preventivos y precautorios.

La institucionalidad, el Estado de derecho y la transparencia.

El fundamento académico de sus opiniones en el marco del trabajo interdisciplinario, innovador y participativo.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Fomentar la construcción de conocimientos en materia de desarrollo sustentable, gobernabilidad, política ambiental, contaminación, conservación, comercio, responsabilidad social empresaria e inclusión social.

Fomentar la construcción de consensos para las políticas públicas y privadas relativas a la temática de su alcance.

Capacitar a líderes sociales en materia de desarrollo sustentable a nivel público y privado.

Promover el acceso a la información y la participación en los procesos de toma de decisión.

Difundir y promover las herramientas legales para que los ciudadanos participen activamente en defensa de sus derechos.

Promover la generación de instrumentos que coadyuven a un mejor desempeño de las autoridades y la ciudadanía en torno a la aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales.

ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO UN TODO ARMÓNICO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS Y AMBIENTALES

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II. EL DERECHO INDÍGENA: MARCO LEGAL

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2.1 La consulta previa

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2.2 El Consentimiento Libre Previo e Informado

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III. EL DERECHO AL AMBIENTE SANO: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

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3.1 El derecho al ambiente sano en la Constitución Argentina

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3.2 Principios de la Política Ambiental

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3.3 Planificación y ordenación ambiental de actividades humanas

IV. HERRAMIENTAS DE TRIPLE ACCESO

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4.1 El acceso a la información

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4.2 Participación ciudadana

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4.3 Acceso a la justicia

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V. EL LITIO EN LA PUNA ARGENTINA

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VI. ANEXO LEGISLACIÓN

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6.1 Modelo de pedido de informes

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6.2 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 50 6.3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

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6.4 Ley General del Ambiente

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6.5 Régimen de libre acceso a la información pública ambiental- Ley 25.831

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6.6 Acceso a la Información Pública 85

I.

Introducción: el ordenamiento jurídico como un todo armónico de los derechos indígenas y ambientales

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Desde la creación del Estado Argentino, y más allá de los distintos avances, conocidos retrocesos y pendientes históricos, el ordenamiento jurídico argentino ha ido gradualmente avanzando al igual que otros países en el reconocimiento de distintos tipos de derechos de carácter tanto individual como colectivo.

Desde la segunda mitad del siglo XX la comunidad mundial viene reconociendo las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas como resultado de los procesos de colonización y desposeimiento de sus tierras, territorios y recursos como paso previo e indispensable para hoy garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades y creencias.

La Argentina a la par de la comunidad internacional hizo lo propio. Fue en su reforma de 1994 en la que el Estado Argentino logró saldar parcialmente una deuda histórica respecto del reconocimiento de los pueblos originarios, cuya preexistencia étnica y cultural antecede la propia creación del Estado Argentino. La importancia de este reconocimiento junto a la reafirmación de varios derechos íntimamente relacionados es innegable. Sin embargo, en nuestro país resta mucho por hacer para una efectiva implementación y un real ejercicio de derechos indígenas.

Por otra parte, esta misma reforma constitucional trajo otro reconocimiento muy importante incorporando como derecho fundamental de todos los habitantes el derecho a:

“…. un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...”

(Artículo 41 Constitución Nacional).

En este reconocimiento se halla la estrecha relación con el concepto de desarrollo sustentable como modelo de desarrollo que incorpora variables ambientales, económicas, sociales y culturales A la vez, al tratarse la cuestión del desarrollo de una temática transversal que integra tanto al ambiente y su protección como lo relativo a la producción para el desarrollo de una comunidad, es importante que se aborden las distintas temáticas de modo integral y holístico, entendiendo al paradigma ambiental como una disciplina de naturaleza interdisciplinaria que complementa y enriquece las demás.

Este manual busca acercar a las comunidades información y herramientas fundamentales para defender tanto sus derechos indígenas como sus derechos ambientales y relativos a los recursos naturales, identificando los puntos de convergencia y mutua reafirmación.

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II.

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El derecho indígena: marco legal

A través de la reforma constitucional de 1994, el Estado Argentino otorgó reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, a su preexistencia étnica y cultural así como también a otra serie de derechos clave para completar este derecho.

La Constitución Argentina establece entre las atribuciones del Congreso Nacional: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (Artículo 75, inciso 17) Especial importancia adquieren además del respeto por la identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, que resultan inalienables e intransmisibles, y la participación en la gestión de sus recursos naturales y otros intereses que los afecten.

Más allá del reconocimiento expreso que hace la Constitución en el artículo 75, inciso 17, existen tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que protegen y reconocen distintos aspectos de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo la defensa de los derechos indígenas se ve completada por otros tratados internacionales e influida por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Principalmente significativo resulta el Convenio nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Argentina, y entró en vigor en el 20001. Del mismo surgen mandatos expresos e inequívocos en torno a las políticas que puedan afectar los derechos indígenas en relación a las tierras, los recursos naturales, su entorno, cultura, espiritualidad y sus aspiraciones en relación al modelo de desarrollo local y regional.

Considerado como una herramienta fundamental en el ámbito internacional, el Convenio nº 169 posee jerarquía superior a las leyes, y sus prescripciones tienen directa aplicación en la Argentina.

La situación de la tenencia de tierras y territorios de las comunidades indígenas: La gravedad de esta situación deriva de la desposesión histórica de las tierras y territorios que las comunidades tradicionalmente ocupaban. Más allá de limitadas iniciativas de 1

Promulgado mediante Ley Nº 24.071 en el año 1992.

los gobiernos locales, en la mayoría de los casos las comunidades continúan hoy sin un reconocimiento legal acorde a su forma de uso y ocupación. La falta de regularización de sus tierras tradicionales provoca una situación de inseguridad jurídica que se ve acentuada por la existencia y promoción de industrias extractivas y agropecuarias dentro y cerca de sus tierras que han y continúan afectando sus derechos sobre la tierra y sus recursos naturales.

2.1 La consulta previa ¿Cómo deben participar los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones?

Existe en la actualidad un consenso a nivel mundial sobre la necesidad de consultar a comunidades originarias respecto de decisiones que puedan afectar sus derechos y tradiciones.

Así el art. 4 establece que “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados” y que “Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. …”.

Por su parte, el art. 6 refiere que: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por los menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio de-

Características que debe poseer la consulta de acuerdo al Convenio nº 169 de la OIT (art 6)

Procedimiento apropiado

Debe tenerse en cuenta la tradición y cultura de las comunidades involucradas, basándose en los tiempos, costumbres y métodos utilizados por la comunidad.

Libertad

No se debe aplicar ningún mecanismo coercitivo, tanto físico como tampoco moral sobre la comunidad.

Tampoco deben utilizarse sobornos o dádivas para que una comunidad participe del procedimiento.

Buena fe

Abarca a todas las partes que vayan a participar del proceso. No implica el aceptar todas las propuestas de la otra parte, pero sí el darles el valor respectivo dentro del proceso. Para que se pueda llevar este proceso, es necesaria la información. Por lo que el deber de informar por parte del estado a la comunidad es un requisito esencial. La información debe ser entregada con anterioridad a que comience el proceso de consulta, y debe ser veraz y completa

Tendiente al consentimiento

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berán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

De allí se desprenden algunos elementos clave a tenerse en cuenta por parte de los gobiernos a la hora de consultar a las comunidades respecto de decisiones que puedan afectar sus derechos y tradiciones.

La consulta debe ser efectuada por el Estado, quien es el sujeto obligado.

La consulta, que tiene como objetivo principal el buscar el consentimiento de la/s comunidad/es, según el Convenio 169 de la OIT, podría no terminar en todos los casos en un consentimiento.

Sin perjuicio de lo señalado en el Convenio 169, el requisito del consentimiento ha ido imponiéndose en el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tornándose indispensable en determinados casos.

Así también el artículo 7 establece el derecho de los pueblos a decidir sobre las prioridades en su proceso de desarrollo, la participación en la formación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales o regionales que los puedan afectar y la cooperación en los estudios que se efectúen a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y ambiental de las actividades de desarrollo y la preservación del medio ambiente.

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con

los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.” (Artículo 7, Convenio 169) En caso de recursos naturales existentes en las tierras de los pueblos indígenas: “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar

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siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (Artículo 15, Convenio 169) De este artículo surge la clara necesidad de consultar a los pueblos que podrían verse afectados, y con carácter previo a autorizar cualquier programa o proyecto de prospección o explotación de recursos existentes en sus tierras.

Por último también menciona la participación de las comunidades en los beneficios, independientemente de la indemnización por daños que se pudieran generar al ambiente o a las personas y bienes.

2.2 El Consentimiento Libre Previo e Informado Este apartado reproduce los conceptos y conclusiones del documento elaborado por los participantes del Seminario Internacional sobre Metodologías Relativas al CLPI y los Pueblos Indígenas, convocado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, enero de 2005 (Consejo Económico y Social. E/C.19/2005/3) ¿Qué es el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI)?2 Es la forma de participación que debe darse a los pue14

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blos indígenas en determinadas decisiones vinculadas a las tierras, territorios y recursos naturales y a su utilización conforme a la libertad que poseen en establecer las prioridades de su propio desarrollo. Éstas se vinculan estrechamente con su identidad, cultura y tradiciones en las que la relación con la tierra ocupa un lugar central en su cosmovisión. Es debido a la posesión ancestral e histórica de las comunidades y la relación de propiedad comunitaria que se prevé esta forma especial de consulta. ¿Qué características tiene?

Libre: no hay coerción, intimidación ni manipulación.

Previo: se ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta/ consenso con los pueblos indígenas.

Informado: que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: a. La naturaleza, envergadura, reversibilidad y alcance del proyecto o cualquier actividad propuesta; b. El objetivo u objetivos; c. La duración; d. Las zonas que se verán afectadas; e. Probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de bene-

Este apartado reproduce los conceptos del documento elaborado en el Seminario Internacional sobre Metodologías Relativas al CLPI y los Pueblos Indígenas, convocado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, enero de 2005.

ficios; f. El personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto. La información debe ser precisa y revestir una forma accesible y comprensible, entre otras cosas en un idioma que los pueblos indígenas comprendan plenamente. La información debe difundirse de manera que tenga en cuenta sus tradiciones orales e idiomas. ¿De dónde surge el Consentimiento, Libre, Previo e Informado?

Tanto la Declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas suscripta en el 2007 como también las recientes decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han avanzado en profundizar y especificar los aspectos relevantes de la consulta y los casos en que más allá de la consulta, la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que los afecten, debe perseguir su consentimiento.

¿Qué dice Declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas respecto del Consentimiento Libre Previo e Informado?

La “Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” constituye otro avance significativo en la materia ya que contó en su elaboración con la participación activa de un número importante distintos representantes de pueblos indígenas además de agentes de diversos gobiernos y ONGs. La República Argentina votó favorablemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, razón por la cual posee el carácter de Soft Law Esta declaración, además de reafirmar el derecho a la libre determinación de los pueblos (art. 3) que incluye la libertad para establecer sus prioridades en su derecho al desarrollo (art. 23), vuelve a reforzar el derecho de la propiedad colectiva de sus tierras (art 26) y su participación en el proceso de reconocimiento y adjudicación (art 27).

¿Qué derechos de los pueblos indígenas y correlativas obligaciones estatales contempla la declaración en relación a su participación?

Derecho de las comunidades: participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos (art 18).

Obligación de las autoridades: celebrar consultas y cooperar de buena fe antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a las comunidades para obtener su consentimiento libre previo e informado (art. 19 y 38).

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¿En qué casos se prevé explícitamente la necesidad de obtener el consentimiento libre previo e informado?

¿Qué sucede si se omite el Consentimiento, Libre, Previo e Informado?

✓ Tierras: Desplazamiento forzado: los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o territorios. No se procederá a su traslado sin su consentimiento libre previo e informado, ni sin su acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa (art 10). Tendrán derecho a un indemnización por la tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído, ocupado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado (art. 28) ✓ Conservación del ambiente y depósito materiales peligrosos: Las comunidades tendrán derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. No se podrá almacenar ni eliminar materiales peligrosos en ellas sin el consentimiento libre previo e informado (art. 29). ✓ Explotación de recursos: Junto al derecho de las comunidades indígenas a elegir las propias prioridades de desarrollo y utilización de sus tierras, se deberá obtener su consentimiento, libre previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos particularmente en relación al desarrollo, la utilización y explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (art 32).

La Declaración establece la obligación de reparar por parte del Estado en caso de que se omita el proceso de consulta para obtener el consentimiento (art 11).

¿Cuál es el criterio reciente adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Saramaka c/Surinam Las Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplió el campo dentro del cual se debe pedir el consentimiento libre, previo e informado. En el caso Saramaka c/ Surinam, esta señaló lo siguiente: “Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en este contexto requiere de mayor análisis”

Kichwa de Sarayaku c/ Ecuador La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por no haber realizado una consulta previa, libre e informada, por la violación a la propiedad comunal indígena e identidad cultural por no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad.

La corte volvió a reconocer el derecho a la propiedad indígena con fundamento en la estrecha relación entre el Pueblo Sarayaku con su territorio. Determinó que ella puede expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre. La relación con las tierras debe ser posible a través de una serie de actividades, lo que implica que los miembros de la Comunidad no se vean impedidos, por causas ajenas a su voluntad, de realizar aquellas actividades.

La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes.

La consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como “un verdadero instrumento de participación”, y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización.

Con respecto al ordenamiento jurídico interno, y si bien Ecuador es uno de los más avanzados en la materia, la Corte estableció que los derechos a la consulta previa no han sido suficientemente y debidamente regulados, intimando al estado a que adopte las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades.

Saramaka c/Surinam

Kichwa de Sarayaku c/ Ecuador

Salas Dino c/ Provincia de Salta

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3.1 El derecho al ambiente sano en la Constitución Argentina

III.

El derecho al ambiente sano: instrumentos de política y gestión ambiental

De acuerdo con la Constitución Nacional (CN), todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y estamos obligados a su vez a protegerlo.

Artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. …”

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Las autoridades de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires) deben trabajar en el diseño de normas y políticas y realizar acciones concretas para que el goce de este derecho humano sea efectivo y tangible.

De acuerdo a la CN, a partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias delegaron en la Nación la potestad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, las cuales son exigibles a lo largo y a lo ancho del país, y se reservaron, al mismo tiempo, la competencia de complementar dichas normas con otras que pueden ser más exigentes, pero nunca inferiores a las normas establecidas por la Nación.

¿Qué implica entonces un presupuesto mínimo?

Implica una protección legal básica y uniforme para todo el país Una norma de presupuestos mínimos coloca a todos los habitantes de Argentina en un pie de igualdad en relación a la calidad ambiental: todos tenemos por lo menos esta protección básica.

En función de esta competencia delegada, el Congreso Nacional sancionó en el año 2002 la Ley N° 25.675, conocida como “Ley General del Ambiente” (LGA), que establece los

lineamientos e institutos principales de la política ambiental nacional. Esta ley funciona como marco para las demás leyes nacionales ambientales, las cuales deben adecuarse a sus disposiciones y sus principios.

Esta situación se da con particular énfasis para las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental (de aguas, bosques, residuos, etc), que el Congreso Nacional sancionó para regular de modo genérico o sectorial distintos aspectos de la protección del ambiente 3.

3.2 Principios de la Política Ambiental

¿Qué es un principio de la política ambiental?

Los principios de la política ambiental son directrices e instrucciones que dirigen y orientan la política ambiental, reflejándose en medidas tendientes a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales, al beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos, y a la administración de los recursos naturales para su disfrute y aprovechamiento racional.

Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios (25.612). Ley de Gestión y eliminación de PCBs (25.670). Ley de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25. 688). Régimen de libre acceso a la información pública ambiental (Ley 25.831). Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios (Ley 25. 916). Ley de Protección ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331). Ley de Control de las Actividades de Quema (Ley 26.652). Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)

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¿Qué principios contempla la LGA (art 4)?

Principio

Definición

Principio de congruencia

La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley.

Principio de prevención

Prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente, atendiendo a las causas o las fuentes.

Principio precautorio

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.

Principio de equidad intergeneracional

Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad

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Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual

Principio de responsabilidad

El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición.

Principio de subsidiariedad

El Estado Nacional tiene la obligación de colaborar y de participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

Principio de sustentabilidad

El desarrollo económico y social no puede comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad

La nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar.

Principio de cooperación

Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.

¿Para qué sirven estos principios?

Los principios de la política ambiental reconocidos en la LGA constituyen herramientas de interpretación para jueces, las autoridades administrativas y la ciudadanía.

Al ser ideas o lineamientos rectores de la política ambiental deben ser integrados a cada una de las decisiones.

El principio precautorio en las decisiones de la Corte Suprema

Bosques Nativos), otorgando un rol protagónico al principio precautorio.

Sostuvo que se configuraba una situación “clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, seria además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior. Existe, entonces, un peligro claro de daño irreversible y una ausencia de información relativa a dicho perjuicio.

El principio precautorio produce una obligación de revisión extendida y anticipatorio a cargo del funcionario público”

El caso Salas La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2008 tras constatar “la posibilidad de perjuicios inminentes o irreparables”, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por varias comunidades indígenas y campesinas de Salta y ordenó al gobierno de la provincia el cese provisional de los desmontes y la tala de bosques nativos autorizados durante el último trimestre de 2007 en cuatro departamentos de la provincia.

Entre los principales argumentos el Tribunal Superior otorgó importancia fundamental al derecho internacional y a la normativa de presupuestos mínimos de protección ambiental (Ley General del Ambiente y de Protección Ambiental de

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3.3 Planificación y ordenación ambiental de actividades humanas El Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)4 Como las actividades de las personas ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales, resulta entonces fundamental formular e implementar políticas públicas que permitan prevenir y transformar de forma efectiva y democrática la conflictividad socio-ambiental que se deriva de la presión sobre los recursos naturales y competencia para su utilización.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrático: “Una aproximación al Ordenamiento Ambiental del Territorio como herramienta para la prevención y trasformación democrática de conflictos socio-ambientales - Volumen 1”; Buenos Aires; 2010.

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¿Para qué sirve el OAT? Para resolver los problemas de la sociedad, el OAT emerge como un instrumento de organización y gobierno, entendido como el conjunto de instituciones y procesos de toma de decisiones que condicionan y posibilitan las políticas públicas, involucrando al Estado en relación interdependiente con actores de la sociedad civil y el mercado local y global. Intenta dar respuestas a las cuestiones estructurales que subyacen en los complejos conflictos socio-ambientales.

Es una herramienta estratégica fundamental para la promoción del desarrollo sustentable, porque se anticipa a escenarios futuros mediante la evaluación integral del territorio (esto es, ambiental, social, cultural, económica, etc.)

Tiene por objeto la organización espacial de las actividades en un ámbito territorial determinado. Esta organización espacial de actividades implica la representación en el territorio de muy diversos intereses y aspiraciones de los diferentes grupos y actores sociales que comparten dicho espacio, siendo esta la razón por la cual la elaboración del OAT debe ser ampliamente participativa. Integra además la visión ecosistémica del territorio.

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A la vez permite evitar y minimizar conflictos socio-ambientales que puedan surgir.

¿Cuándo se puede decir que existe un conflicto socioambiental?

Cuando dos o más actores interdependientes no están de acuerdo sobre la distribución de determinados elementos materiales o simbólicos vinculados al control, uso y acceso a los recursos naturales y actúan basándose en estas incompatibilidades percibidas.

El conflicto socio-ambiental surge de la imposición unilateral del modelo de desarrollo local, restringiendo las voluntades particulares y excluyendo la participación efectiva de todos los actores interesados.

OAT y modelo de desarrollo: Existe una relación cercana entre OAT y la definición de un modelo de desarrollo para las comunidades porque es importante definir el horizonte de desarrollo al que una comunidad aspira, para luego dar lugar a un proceso de planificación de usos del territorio y de desarrollo de actividades. Y la participación ciudadana tiene un lugar preponderante en estas decisiones.

A nivel nacional, Argentina cuenta con un marco legal que se relaciona con el OAT. El artículo 41 de la Constitución Nacional incorpora la noción de “desarrollo sustentable” en nuestra Carta Magna. El desarrollo sustentable, como aquel que

asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades, guarda directa relación con el OAT porque se refiere a las decisiones que deben tomarse en el territorio para no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.

La Ley General del Ambiente lo prevé como uno de los instrumentos de la política y gestión ambiental (Art. 8) Definición: “El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y e el desarrollo de asentamientos, se deberá considerar en forma prioritaria: a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b) La distribución de la población y sus características particulares;

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.”

(Art 10, Ley General del Ambiente) Esto quiere decir que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben implementar el OAT por tratarse de un presupuesto mínimo de protección ambiental.

Asimismo, el OAT debe contar con una instancia de participación ciudadana, sino será considerado nulo.

¿Existe alguna otra ley que contemple aspectos de OAT aunque sea de modo sectorial?

Ley de Bosques: La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos N° 26.331 establece que cada jurisdicción deberá realizar, a través de un proceso participativo, un ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en su territorio.

Ley de Glaciares: La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 dispone la

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identificación, y la zonificación de aquellas áreas que deben ser conservadas. Para ello plantea una herramienta vinculada al OAT, básica y esencial para el cumplimiento de su cometido: el Inventario Nacional de Glaciares que deberá llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Perjuicios derivados de la falta de un OAT La ausencia de planificación de los asentamientos humanos, lo que genera situaciones de comunidades localizadas en áreas vulnerables, poniendo en riesgo su seguridad humana.

Crecimiento no planificado de las poblaciones sobre áreas no aptas para el asentamiento humano debido a los riesgos que involucra, o a la inversa, sobre áreas fértiles que podrían ser más provechosas para el desarrollo productivo.

Falta de planificación de la localización de las actividades productivas, y su estrecha relación con el impacto sobre el ambiente (por ejemplo las industrias que se localizan en zonas residenciales afectando la calidad de vida de la población allí asentada; actividades productivas que desarrollan su actividad en áreas con importantes valores ambientales; la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas de gran valor ambiental y para la conservación).

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Falta de estrategias de mitigación y/o prevención de fenómenos de desastre.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) La LGA establece en su artículo 11 la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental con carácter previo a toda obra o actividad susceptible de producir impactos significativos al ambiente o algunos de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población. Esta exigencia se aplica tanto a los proyectos públicos como privados, de tal manera que las obras que realice el Estado también se encuentran alcanzadas por este artículo Resulta importante destacar que la LGA especialmente prevé la participación ciudadana en los procedimientos de EIA, y ante la falta de ésta, el proceso será considerado nulo. ¿Qué es un impacto ambiental?

El impacto ambiental se define como cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se produce sobre el ambiente como consecuencia de una actividad humana, y que pueda producir modificaciones capaces de afectar la salud y la calidad de vida de las personas, la capacidad productiva de los recursos naturales y las funciones de los ecosistemas. ¿Qué es la EIA? Una Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento que permite conocer y valorar, de manera anti-

cipada, los efectos o impactos ambientales, sociales y económicos que podría producir una obra o actividad en caso de realizarse. La EIA nos permitirá conocer, por ejemplo, cómo se modificará el paisaje, cuánta agua se precisará, qué residuos se generarán, si habrá más ruido etc.

Las actividades que debe cumplir con este procedimiento son numerosas. De acuerdo a la LGA, todas las actividades que puedan modificar o alterar de manera significativa el ambiente, o sus recursos o la calidad de vida de la población, deben cumplir con el procedimiento de EIA, ya sean proyectos de obras y actividades públicas o privadas.

La EIA debe realizarse de manera previa o anterior a la ejecución de la obra o actividad. Ello nos servirá para identificar y valorar posibles impactos de la obra o actividad en cuestión. La información acerca de estos impactos ayuda a quien debe autorizar o no la ejecución de la obra o actividad.

Los diferentes pasos de la EIA varían de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cada provincia, pero como mínimo, de acuerdo a la LGA, dichos pasos son: Una manifestación del interesado en realizar la obra o actividad del proyecto, que explica si se afectará o no al ambiente ; La presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA); La LGA exige que antes de la decisión de la autoridad, exista una instancia de participación ciudadana en

estos procedimientos, como la consulta o audiencia pública. Esta instancia requiere el acceso adecuado y oportuno a la información ambiental vinculada al proyecto, para garantizar una participación ciudadana efectiva. La audiencia pública sirve para que la autoridad que debe tomar la decisión, pueda escuchar las opiniones de todos los que tienen algo para decir en relación al proyecto de obra o actividad que se está considerando.

La consulta es la posibilidad que se le abre a la comunidad de realizar observaciones por escrito respecto a la actividad que puede ser riesgosa para el ambiente.

Luego de la audiencia, la autoridad debe tomar una decisión respecto del proyecto de obra o actividad.

Tiene tres posibilidades: autorizar el proyecto, rechazarlo o autorizarlo con condiciones, es decir exigiendo variaciones o cambios en el proyecto original.

Las provincias de Salta y Jujuy contemplan en sus respectivas leyes ambientales procedimientos similares de evaluación de impacto ambiental.

La Ley Nº 5.063 de Jujuy prevé el procedimiento destinado a identificar, interpretar, prevenir o disminuir las consecuencias sobre el ambiente natural o humano, así como también los mecanismos para darle debida difusión a los estudios de impacto ambiental de los proyectos sometidos a evaluación a fin que los mismos puedan ser consultados para formular observaciones. Se prevé también la celebración de audiencias públicas para someter el proyecto a consultas de la comunidad involucrada.

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La Ley Nº 7.070 de Salta y su decreto reglamentario prevén del mismo modo Estudios de Impacto Ambiental y Social y Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental, estableciendo los planes, proyectos, obras, y actividades que lo requieran.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) La EAE se define como un procedimiento que tiene como objetivo la valoración de las consecuencias o impactos ambientales en la formulación de las decisiones estratégicas por parte del sector gubernamental. Esto es, en todas aquellas decisiones que se tomen previamente a la instancia de los proyectos específicos, tales como las iniciativas, políticas, planes y programas.

La EAE se encuentra muy ligada a las políticas de desarrollo del territorio y a los planes de ordenamiento que puedan estar vigentes.

Siendo el ordenamiento territorial el marco general de referencia, la EAE debe tomar las definiciones, posibilidades y restricciones de dichos planes como puntos de partida para su análisis ambiental. Podría decirse que se trata de una evaluación intermedia entre el OAT y la EIA.

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Aunque la consideración del ordenamiento territorial es básica en la selección del sitio del emprendimiento, no agota el tratamiento de las dimensiones ambientales. Es decir, la compatibilización de la iniciativa con el ordenamiento terri-

torial vigente no asegura su viabilidad ambiental. El ordenamiento del territorio es un insumo fundamental al momento de la EAE, pero no es sustituto de la misma.

Tanto el OAT como la EAE son herramientas que requieren el desarrollo de procesos ampliamente participativos: la consideración de la opinión de la ciudadanía respecto de la planificación territorial y de políticas y programas, garantiza la sustentabilidad de cualquier acción en esos campos, cuando refleja adecuadamente dichas opiniones.

Tanto la EAE como la EIA son instrumentos que buscan la prevención de daños en función del nivel de información que manejan.

La EAE permite generar los marcos iniciales de contenidos y alcances para las EIA de aquellos proyectos que surjan de las decisiones estratégicas analizadas, permitiendo una mayor compatibilización con los objetivos del desarrollo sostenible.

Diferencias entre Evaluación Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) EIA

EAE

¿Qué evalúa?

Impactos ambientales de un proyecto específico

Impactos ambientales de las decisiones estratégicas del sector gubernamental, relación entre varios proyectos, impactos acumulados

Alcance

Proyectos individuales

Políticas y programas

Tipo de análisis

Específico, poco sistemático

Efectos sinérgicos, sistémicos

Influencia

Local, particular

Regional, general, macro

Objetivo

Si debe llevarse a cabo y cómo debe llevarse a cabo el proyecto

Dónde, qué tipo y si se debe llevar a cabo ese tipo de desarrollo

¿Dónde está regulada?

Ley General del Ambiente

Ley de Protección de Glaciares y ambiente periglacial

Instancias de participación ciudadana previa

Audiencia pública y consultas

Audiencia pública y consultas

Recepción normativa de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) A nivel nacional:

A nivel provincial:

Hasta el presente, la EAE como herramienta participativa para la planificación, no ha sido incorporada de manera general a la legislación ambiental argentina, como sí ha ocurrido con el OAT y la EIA mediante su inclusión en la Ley General del Ambiente.

Entre Ríos: La Constitución de la Provincia de Entre Ríos incorpora en su artículo 84 la Evaluación Ambiental Estratégica como un instrumento de la política ambiental provincial, en pie de igualdad con institutos tales como el plan estratégico, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y acumulativo, entre otros.

Sin embargo, la Ley de Glaciares incorporó este instituto en su artículo 7, el cual establece que “Todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.”

Mendoza: La Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza incluye en los instrumentos del ordenamiento territorial a la Evaluación Ambiental Estratégica

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IV. Herramientas de triple acceso

Paralelamente a la labor de las autoridades que para tornar efectivo este derecho, avanzan en un mayor grado de institucionalización, y organización mediante planes y programas, los ciudadanos pueden hacer uso de ciertas herramientas fundamentales para el efectivo goce del derecho a un ambiente sano dentro de las cuales se encuentran: el acceso a la información pública, el derecho a participar en la toma de decisiones, y el acceso a la justicia.

Estas herramientas tienen su origen en el principio 10 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en el año 1992 en Río de Janeiro, que establece: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

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De este principio surge la inseparable relación entre participación ciudadana en la gestión del ambiente, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia, así como la obligación del estado de garantizar esos derechos.

4.1 El acceso a la información ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública ambiental?

El acceso a la información pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana, ya que quien esté desinformado o informado de manera inexacta o parcial, no tendrá la posibilidad de participar adecuadamente y en igualdad de condiciones, en un proceso de toma de decisión.

Es el atributo que tiene toda persona (tanto física como jurídica) de solicitar y obtener, en tiempo y forma adecuada, información que sea considerada de carácter público y que se encuentre en poder del Estado.

Su importancia también reside en constituirse en requisito previo para la defensa de otros derechos.

¿Cuándo se considera que la información tiene carácter público?

Se entiende por información pública toda la información administrada por el Estado a partir del momento de su existencia como parte de una actuación administrativa.

Es decir, comprende expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos o estudios científicos. Asimismo, se contempla la información sobre políticas, programas, planes y proyectos, sobre las diversas instancias de la toma de decisiones, opiniones provenientes del público y de organizaciones técnicas, archivos, estadís-

ticas, registros, expedientes administrativos y resultados de estudios técnicos, así como cualquier otra información sobre la cual basan sus decisiones los gobernantes y que no se encuentra prevista en algún régimen de excepciones.

No obstante, cabe diferenciar: 1. La información de origen y naturaleza pública; 2. La información de carácter público pero de origen privado; 3. La información de origen privado en poder de sujetos de derecho también de carácter privado, sobre la cual no existe obligación de brindar acceso. ¿Para qué sirve el libre acceso a la información pública?

Posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos; Mejora la calidad de las decisiones al contar con una ciudadanía más y mejor informada; Permite monitorear y controlar la gestión pública; Fomenta la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de sus instituciones y aumentando la confianza ciudadana; Se establece como un elemento de suma importancia para la formación de la opinión y la construcción de un debate informado; Brinda elementos para la protección de otros derechos.

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El Acceso a la Información Pública Ambiental en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 (LGA) La ley coloca a la información ambiental como un instrumento de gran relevancia, al situarla como: un objetivo de la política ambiental; un instrumento de gestión de los recursos naturales, y, una de las obligaciones de la autoridad de aplicación de la norma.

En su artículo 16 reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes a solicitar y recibir información pública ambiental que no se encuentre contemplada como reservada, complementando el mandato establecido en el segundo párrafo del art. 41 de la C.N. Los arts. 17 y 18 de la LGA establecen las obligaciones a cargo de la Autoridad de Aplicación

La Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nº 25.831 (LAIPA) Comprende la información pública relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, en cualquier forma de expresión o soporte;

Puede solicitarla toda persona “física o jurídica, pública o privada”, en forma gratuita, sin necesidad de acreditar el motivo de la solicitud ni contar con patrocinio de abogado

El principal obligado a brindar información es el Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, como así también sus entes autárquicos y las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas

La Ley exige que la presentación sea realizada formalmente por escrito (2 ejemplares), debiendo constar la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país;

La ley establece un plazo un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud, para que el sujeto obligado brinde la respuesta. En caso de no brindarse la información solicitada, queda habilitada una vía judicial de carácter sumarísima a fin de que un juez intime al obligado a cumplir con dicha solicitud.

Desarrollar un Sistema Integrado de Información Ambiental; Proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, instrumentándolo a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);

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Elaborar un informe anual acerca del estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades actuales o proyectadas, que deberá ser presentado al Congreso Nacional.

¿Existen excepciones al deber de informar?

De acuerdo con el Art. 7 de la ley, la denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada, por ejemplo, si se verifica su inexistencia; por razones de seguridad y defensa nacional; para preservar el derecho de defensa en el ámbito judicial; para preservar la confidencialidad de datos personales; o cuando el objeto de la solicitud no fuere claramente expresado.

¿Qué pasa cuando las autoridades no contestan en tiempo y forma? ¿Existen sanciones para funcionarios que nieguen información?

Se consideran infracciones a la ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en plazo, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada.

El funcionario o empleado público que en forma arbitraria e injustificada incurra en las mencionadas infracciones a la ley, será pasible de las sanciones previstas en la Ley 25.1644, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.

Las empresas de servicios que no cumplan con las obligaciones exigidas por la ley serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

El Decreto Nº 1172/03 – Anexo VII, Régimen de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN): El decreto fue sancionado por el Presidente de la Nación a efectos de reglar el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Puede ejercer gratuitamente su derecho a requerir, consultar y recibir información por parte de los sujetos obligados alcanzados por la norma, toda persona “física o jurídica, pública o privada”, no siendo necesario acreditar el motivo de la solicitud ni contar con patrocinio de abogado.

Sólo tiene fuerza obligatoria en el ámbito de la Administración Pública Nacional, alcanzando a todos los organismos del PEN, empresas privadas a las que se hayan otorgado subsidios provenientes del sector público nacional, e instituciones cuya administración esté a cargo del Estado Nacional, como así también a las empresas privadas de prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

El Decreto exige que la presentación sea realizada por escrito y con la identificación de la persona que lo pide.

El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de diez (10) días.

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da obstruya el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle de acuerdo a lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.

Dicho plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.

En caso de no brindarse la información solicitada en plazo, queda habilitada la Acción Judicial de Amparo por Mora a fin de que un juez intime al obligado a cumplir con dicha solicitud.

Si no se brinda la información o la respuesta es ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa en brindarla. El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustifica-

Podrá denunciarse cualquier irregularidad a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables las denuncias que se presenten en relación con el incumplimiento del Dto. Nº 1172/03

Cuadro comparativo entre la Ley Nº 25.831 y el Decreto Nº 1172/03 Ley 25.831

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Dto. 1172/03

Alcance

Información Ambiental

Información creada, obtenida, producida, financiada por el Estado, entes y empresas prestadoras de Servicios Públicos.

Ámbito de Aplicación

Tres niveles de gobierno (Nación, Provincia y Municipios). Entes descentralizados y empresas de Servicios Públicos.

Administración Pública Nacional en sentido amplio.

Empresas prestadoras de servicios públicos y otras financiadas por el sector público.

Legitimación

Toda persona. Principio de Gratuidad

Toda persona. Principio de Gratuidad.

Plazos para Responder

Treinta (30) días hábiles

Diez (10) días con extensión

Acc. por Denegatoria

Acción Sumarísima

Amparo por Mora

Se afecte la defensa nacional o la seguridad interior. Sujeta a consideración de autoridades judiciales.

Se afecte el secreto comercial o industrial o la propiedad intelectual.

Excepciones

Se afecte la confidencialidad de datos personales. Trabajo de investigación científica todavía no publicados.

Solicitudes imprecisas.

Clasificada como secreta o confidencial por las leyes.

Clasificada como reservada (seguridad, defensa o política exterior). Se ponga en peligro el sistema financiero o bancario. Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos. Información obtenida en carácter confidencial. Relativa a la legitimación de activos provenientes de ilícitos.

Protegida por el secreto profesional. Actuaciones del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no forme parte de un expediente. Datos personales de carácter sensible, salvo su consentimiento expreso. Que ponga en peligro la vida o seguridad de una persona.

El régimen de acceso a la información en las Provincias de Salta y Jujuy.

El acceso a la información pública ambiental está regulado en la Provincia de Salta por la Ley Nº 7070 De protección del Medio Ambiente y su decreto reglamentario Nº 3097; y en la Provincia de Jujuy por las Leyes Nº 5063 General del Medio Ambiente, y su decreto reglamentario Nº 5980, y la Ley Nº 4444 De publicidad de actos de gobierno y libre acceso a la información del estado.

En ambas legislaciones, se contemplan los alcances, ámbi-

tos de aplicación, quienes están legitimados, requisitos para acceder, autoridad de aplicación, el plazo para la respuesta por parte de las autoridades y las excepciones que estas pueden oponer.

En los casos en los que no estén específicamente regulados, o cuando la legislación local contemple menores estándares de protección, se aplica la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

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Provincia de Salta Legislación Aplicable

Ley Nº 7070 - Decreto Nº 3097

Ley Nº 5063 – Ley Nº 4444 – Decreto 5980

Alcance

Datos en cualquier formato relativos al estado del ambiente y al impacto que causan o pueden causar las actividades públicas o privadas.

Aquella relativa a protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento del equilibrio ecológico, de los recursos naturales y del medio ambiente.

Ámbitos de Aplicación

Los organismos de la administración centralizada, descentralizada, autárquica, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta y empresas del Estado

Los poderes públicos del Estado brindarán toda información requerida.

Legitimación

Todos los habitantes de la provincia.

Toda persona física o jurídica No es necesario indicar las razones que lo motivan.

Requisitos para acceder

La petición debe ser precisa.

Principio De Gratuidad.

La petición debe ser precisa. Por escrito.

Acreditar el pago del sellado o tasas de actuación. Principio de Gratuidad.

10 días hábiles

30 días (Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nacional)

Acc. por denegatoria

Se podrá hacer uso de las acciones legales correspondientes

Acción Sumarísima (Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nacional)

Excepciones

La protección del derecho a la intimidad de las personas; la reserva de los sumarios administrativos; el sigilo comercial e industrial; razones de seguridad provincial; asuntos sometidos a resolución judicial; datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente; documentos o datos inconclusos y que se encuentren a consideración de las autoridades públicas; peticiones manifiestamente abusivas y solicitudes formuladas de forma demasiado genérica

Derechos de propiedad intelectual o industrial.

Información o fuentes declaradas secretas o reservadas por la ley o por resolución administrativa o judicial debidamente fundada.

Plazos para responder

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Provincia de Jujuy

4.2 Participación ciudadana Esta nueva forma de vivir la democracia le da poder a los actores sociales y refuerza la presencia de intereses escasamente representados en los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación del ambiente, lo que en última instancia contribuye a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.

La reforma constitucional de 1994 incorporó una serie de institutos que forman parte de acuerdos internacionales de Derechos Humanos, que han facilitado el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a participar en las políticas públicas, entre ellas las relativas al ambiente.

Entre las distintas herramientas de participación que existen, la audiencia pública es uno de los instrumentos emblemáticos de los regímenes democráticos participativos, que con el tiempo ha ido incorporándose en los distintos niveles provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus constituciones, cartas orgánicas o leyes sobre la materia.

crático, lo transforma, y cualquiera sea el espacio de participación que se consolide, los beneficios que proporciona son ampliamente reconocidos; ¿Para qué participar?

Dependiendo de la instancia de participación de la que se trate se identificarán ventajas concretas, como por ejemplo: Que el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre gobernantes y gobernados motivan el desarrollo de soluciones alternativas, mejoradas y duraderas; Que la práctica de métodos participativos proporciona oportunidades para la cooperación y coordinación entre el gobierno y la sociedad civil, construyendo confianza entre las partes; Que la participación de la sociedad mejora el conocimiento de los responsables de la toma de decisiones públicas; Que contribuye a la transparencia de las acciones públicas;

Participar implica: ✓ Un derecho consagrado en pactos internacionales de jerarquía constitucional, como así también en normativa provincial y municipal; ✓ Un canal permanente entre gobernantes y gobernados; ✓ Imprime un singular dinamismo en el sistema demo-

Que la participación pública fortalece las tareas de monitoreo y fiscalización en lo que respecta a la gestión y cumplimiento de las decisiones adoptadas, entre otros beneficios Con estos antecedentes, es indudable la necesidad de un rol cada vez más activo de la comunidad.

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¿Qué contempla la LGA en relación a la participación ciudadana?

A partir de la sanción de la LGA, la participación ciudadana no resulta una opción para las autoridades sino una obligación expresamente contemplada en la ley.

Los artículos 19 y 20 reconocen el derecho de todas las personas a opinar en los procedimientos administrativos que se vinculen con la protección del ambiente, y establecen el deber de las autoridades de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan ocasionar efectos significativos y negativos para el ambiente.

El artículo 21 dispone de manera específica, que constituye un deber de las autoridades garantizar la participación en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio, particularmente en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Esta previsión de la Ley General del Ambiente garantiza que en aquellas jurisdicciones en las cuales no hay normativa local específica sobre participación ciudadana en los procesos de toma decisiones, la misma pueda ser igualmente exigida por los ciudadanos a las autoridades, mediante la invocación de esta norma de presupuestos mínimos.

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En caso contrario, podremos plantear la nulidad de la decisión.

La ley presenta entonces un esquema muy amplio para la participación ciudadana, ya que sus disposiciones establecen un abanico de posibles institutos adecuados para su finalidad. Si bien los mismos pueden adoptar diversas modalidades para su implementación, nunca pueden ser restrictivos y deben garantizar los principios elementales establecidos por la norma.

Debe darse también una complementación necesaria entre éstos y los distintos instrumentos de la política y gestión ambiental que prevé.

Las audiencias públicas pueden ser: § Legislativas: son convocadas por sus autoridades o por las comisiones de los cuerpos parlamentarios (municipal, provincial, nacional), en ocasión de los distintos proyectos legislativos. § Administrativas: son aquellas convocadas por los distintos organismos públicos que actúan bajo la órbita del poder ejecutivo, también en los diferentes niveles de gobierno. § Facultativas: la autoridad decide si las realiza o no. § Obligatorias: la autoridad debe realizarlas, bajo pena de nulidad del acto administrativo por falta de causa suficiente. § A petición de la ciudadanía: algunas normas consideran la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar a las autoridades la realización de una audiencia

pública cumpliendo con ciertos requisitos. Tal sería el caso de la Ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que prevé en su articulado las audiencias públicas de requisitoria ciudadana. ¿Cómo se convocan?

Las audiencias públicas deben ser convocadas por medio de los órganos de difusión masiva (radio, televisión o prensa escrita). ¿Quiénes convocan?

En general, son las autoridades a cargo de una decisión las que por su propia iniciativa convocan las audiencias públicas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las audiencias públicas podrían ser convocadas por las autoridades a solicitud de un número determinado de personas o a pedido de organizaciones no gubernamentales.

¿Cuándo se convocan?

Es importante convocar con suficiente tiempo de anticipación para que las personas interesadas se preparen, hablen con otros y obtengan información previa, es decir, se organicen para participar con responsabilidad y eficiencia. Las convocatorias se realizan usualmente con períodos de 30 a 40 días de anticipación.

¿Dónde se celebran?

Las audiencias públicas pueden celebrarse en las sedes de las autoridades convocantes. Sin embargo, las autoridades pueden desplazarse a los sitios donde se encuentre la gente afectada por un proyecto. ¿Cómo se celebran?

En general, los convocantes abren la audiencia y ofrecen la palabra a facilitadores o instructores que moderan la participación de los presentes; dan la palabra a los participantes que lo hayan formalmente solicitado, a los peritos y testigos convocados por las autoridades, a los peritos y testigos ofrecidos por los participantes, a las autoridades y cualquier parte que lo solicite.

Las audiencias reciben además de las opiniones orales, los comentarios escritos de los participantes.

¿Cuáles son los efectos jurídicos de las audiencias públicas?

Una vez celebrada la Audiencia Pública, la autoridad competente tiene la obligación de fundar las desestimaciones de opiniones formuladas por los participantes en caso de no tomarlas en cuenta al momento de la resolución. El incumplimiento de esta exigencia es suficiente motivo para declarar la nulidad de la decisión adoptada.

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La Audiencia Pública en la legislación de Salta y Jujuy SALTA - LEY Nº 7.070 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Los organismos proponentes deberán cumplir con las siguientes instancias administrativas al proponer la adopción de normas técnicas de naturaleza ambiental: Audiencias públicas originarias y, cuando sean necesarias audiencias públicas revisoras, donde pueda analizarse y fundamentarse públicamente el texto y los considerandos de las normas propuestas. Las informaciones, opiniones u objeciones recabadas no serán vinculantes para el organismo proponente. Sin embargo, su desestimación deberá ser debida y razonablemente fundamentada en base a consideraciones científicas, técnicas, económicas y sociales de corto y largo plazo.

JUJUY. LEY N° 5.063 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Prevé la celebración de audiencias públicas con el objeto de someter el proyecto a consulta de la comunidad involucrada.

(Evaluación de impacto ambiental, Artículo 45) Para la evaluación de impacto ambiental (decreto 5980/06)

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Dentro de los veinte (20) días hábiles de presentado el estudio de impacto ambiental de un proyecto o sus ampliaciones, la autoridad de aplicación deberá convocar a Audiencia Pública previa a la emisión del Dictamen de Factibilidad Ambiental […].

Convocatoria a través de los medios de comunicación, deberá tener lugar no antes de los quince (15) días corridos contados a partir de la última publicación de dicho artículo.

JUJUY. LEY N° 5317 AUDIENCIAS PUBLICAS El procedimiento de la Audiencia Pública es de carácter consultivo y no vinculante.

Las convocatorias deberán ser difundidas con una antelación no inferior a los cuarenta (40) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización.

En el caso de la información ambiental, el expediente deberá estar a disposición de los ciudadanos hasta 24 horas antes de la realización de la audiencia, que deberán registrarse para participar y que podrán presentar por escrito antes de la audiencia sus opiniones acompañando pruebas y documentos.

La Audiencia Pública deberá celebrarse en lugar, fecha y hora que posibilite la mayor concurrencia y participación del sector de la población directamente interesado en el tema a debatir.

4.3 Acceso a la justicia Artículo 43. Amparo, tipos, legitimados.

El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y equilibrado, y el desarrollo de la legislación de protección del ambiente, necesitan de instrumentos que aseguren el efectivo cumplimiento de esas normas por parte del Estado y de los particulares.

El acceso a la justicia en defensa de un ambiente sano es una de las formas que tienen los ciudadanos de participar en el control del cumplimiento de las normas ambientales.

De esta manera, es legitimada activa, la persona perjudicada que puede reclamar o demandar la defensa o conservación de su derecho ante el poder ejecutivo (por la vía administrativa), y/o ante el poder judicial (por la vía jurisdiccional).

No caben dudas que si el acceso a la información y la participación pública son realmente efectivos, se reduce la necesidad de recurrir a la justicia. Ahora bien, en caso de que esta sea la única salida para hacer efectivo el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se requiere una legislación protectora del ambiente y las máximas garantías procesales que aseguren el cumplimiento de las normas por parte del Estado y particulares.

Se llega así a advertir que el acceso a la justicia en defensa de un ambiente sano es una de las formas a través de las cuales los ciudadanos “participan” en un aspecto importante de las políticas.

Cuando hablamos de “acceso a la justicia” inmediatamente

asociamos esta expresión con la existencia de vías o procedimientos procesales por medio de los cuales se pueda reclamar o demandar, tanto la defensa como la conservación de los derechos. En este concepto incluimos tanto las vías administrativas como las judiciales.

¿Qué sucede con el acceso a la justicia en materia ambiental?

Cuando hablamos de derechos de tercera generación, colectivos o difusos –como lo es el derecho a un ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho a la no discriminación– la cuestión toma un matiz diferente en lo que respecta al acceso a la justicia: cambian los procedimientos judiciales fundamentalmente porque deben establecerse nuevas reglas en cuanto a la necesidad de ampliar el universo de legitimados para reclamar en su defensa.

Debido a que el ambiente es un bien con características muy particulares, resulta lógico que para el caso debamos contar con procesos judiciales diferentes, en los cuales no se aplican los principios clásicos del derecho, sino unos muy especiales que en nuestro sistema jurídico se incorporaron a través de la Ley General del Ambiente. Esto es así, porque se requiere un sistema de justicia que sea capaz de brindar igualdad en el acceso, y resultados individual y socialmente justos.

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¿Cómo se incorpora el acceso a la justicia en materia ambiental en la Constitución Nacional?

Artículo 43 “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.”

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. …”

Daño ambiental. Interpretación. Prueba.

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Cuando hablamos de acceso a la justicia en materia ambiental resultan necesarios cambios en los procedimientos judiciales fundamentalmente porque la complejidad de la materia hace que deban establecerse nuevas reglas.

Es lógico que para estos casos debamos contar con procesos judiciales diferentes, donde no se apliquen los princi-

pios clásicos del derecho, sino unos muy especiales que en nuestro sistema jurídico se enunciaron en la Ley General del Ambiente (25675).

La acción de amparo es una acción rápida y expedita, que surge como una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de incidencia colectiva y del ambiente, que puede ser interpuesta contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesiones, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (Art. 43 de la CN), y que permite obtener un inmediato pronunciamiento judicial, destinado al cese de los actos u omisiones dañosas. ¿Qué tipos de acciones de amparo existen?

INDIVIDUAL: El único que puede interponerla es aquél que se considere afectado en un derecho subjetivo, es decir que haya sufrido un daño directo en su persona o en sus bienes; COLECTIVO: Este tipo de acción ha sido introducida por el Art. 43, 2do. párrafo de la CN, y tiene como propósito la defensa de los derechos de incidencia colectiva, tales como los de protección al ambiente, a la competencia, al consumidor y al usuario, y contra cualquier forma de discriminación. Estos, a diferencia de los derechos individuales, no se encuentran en cabeza de un sólo individuo, sino difundidos en personas que pertenecen a un grupo o a una comunidad, por lo que su defensa debe ser realizada desde una

perspectiva de conjunto, siendo sus resultados extensibles a quienes forman parte del mismo. ¿Quiénes son los legitimados para accionar en defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado?

En el caso de la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado, como de todos los derechos de tercera generación (como el derecho a la paz, el derecho a la no discriminación, etc.) es necesaria una revisión de los criterios tradicionales de legitimación, concebidos en función de los derechos individuales.

Este derecho se caracteriza, entre otros aspectos, por su naturaleza colectiva, ya que las personas no poseen un interés individual, inmediato y exclusivo sobre el ambiente, sino que la relación de las personas respecto al bien “ambiente” que se desea proteger es una relación de co-pertenencia colectiva. Esto significa que cada persona posee una porción de derecho sobre el ambiente, no excluyente e idéntica a la cuota de derecho o interés que poseen los demás miembros de la comunidad.

El acceso a la justicia en materia ambiental presenta características propias y diferentes de los que rigen en los procesos del derecho privado.

Entre las características propias del derecho ambiental, la primera cuestión está dada por la necesidad de la ampliación de la legitimación activa, es decir extender la capacidad de la persona perjudicada para iniciar y proseguir un proceso en defensa del ambiente. Esto implica que al extender o

ampliar la legitimación activa, además del afectado también la tengan ciertos funcionarios públicos cuyas funciones son precisamente la defensa de los derechos de la comunidad, o ciertas asociaciones civiles que tienen por objeto defender esos derechos.

Los legitimados para interponer las acciones en defensa de los derechos colectivos son: A El afectado: Tradicionalmente, el acceso a la justicia se encontraba limitado a los individuos que fueran titulares de un derecho subjetivo, individual, basado en criterios que, de hecho, descalificaban cualquier intento de representación procesal de intereses difusos o colectivos. Actualmente, las decisiones judiciales y la doctrina tienden cada vez más a considerar que los términos “afectado” y “derechos de incidencia colectiva” deben ser interpretados conjuntamente, o sea que no es necesario que la afectación recaiga en una única persona de manera directa, sino que puede abarcar a más de una persona y hasta de un modo indirecto.

B El Defensor del Pueblo: El nuevo artículo 86 de la Constitución Nacional, en su versión reformada de 1994, creó la figura del Defensor del Pueblo como un órgano independiente en el ámbito del Congreso de la Nación, cuya misión es la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

41

Asimismo, cuenta con legitimación procesal para actuar frente a cualquier forma de discriminación y ante la violación de los derechos a un ambiente sano, a la competencia, al usuario y al consumidor, y en general a los derechos de incidencia colectiva.

Un claro ejemplo de ello está dado por su participación en la “Causa Riachuelo”, en la cual fue admitido como tercero por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a un grupo de ONGs. C Las Asociaciones: Las asociaciones han obtenido un amplio y progresivo reconocimiento para accionar en defensa y representación de intereses colectivos como consecuencia del Art. 43 CN. Los nuevos mecanismos de acceso a la justicia, consagrados en la reforma constitucional y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos son instrumentos que han fortalecido el accionar de la sociedad civil. Esta proyección se transformó en una sólida realidad, en tanto y cuanto, hacia fines de la década del noventa, un grupo importante de organizaciones no gubernamentales, fue incorporando la práctica del litigio colectivo como una herramienta válida para alcanzar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

Ejemplos en este sentido son: 42

El caso “Fundación Poder Ciudadano contra GCGBA s/ Amparo Expediente No 9221/0” por el cual haciendo uso de la

ley de acceso a la información público No104 de la CABA se solicitó información relativa a programas de salud y consumo alimentario que implementaba el GCBA. La causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” en relación a los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo, el cual se será desarrollado más adelante; El caso “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de s/Amparo” en el cual se solicitó a la CSJN se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las autorizaciones de tala y desmonte otorgadas por el gobierno provincial, y la prohibición de otorgarlas en el futuro; el caso “Asociación Oi- kos Red Ambiental c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción de Amparo”, por la cual se solicitó la inconstitucionalidad de la declaración de Impacto Ambiental en relación a un Proyecto de Explotación Petrolera del área Llancanelo, el caso “Diacrom” (“Fundación Ecosur Ecología Cultura Y Educación Desde Los Pueblos del Sur C/ Municipalidad de Vicente López Y Otro s/ Amparo”) por la contaminación industrial de los cursos de agua.

La LGA, en su Artículo 30, amplía el abanico de legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado, sumando a los sujetos previstos en el artículo 43 de la CN, al Estado nacional, provincial o municipal.

¿Qué es el Litio?

V.

El litio en la Puna Argentina

El litio es el más liviano de todos los metales, aunque se consume fundamentalmente en forma de productos químicos: carbonato, cloruro. Es un elemento químico del grupo de los metales alcalinos. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata. Es el elemento sólido más ligero. Es de bajo punto de fusión y reactivo por lo que no se encuentra libre en la naturaleza5 ¿Dónde se encuentra?

Es un metal cuya abundancia está calculada en 65 partes por millón. Se puede hallar en minerales pegmatíticos, salmueras naturales (lagos salinos continentales, salares), pozos petrolíferos, campos geo-termales, arcilla, agua de mar. Algunos de estas ubicaciones hacen que su extracción resulte muy compleja.

Desde el punto de vista político entre el 70 y 80% del recurso se encuentra en un triángulo en el “cono sur” de América, compuesto por Argentina, Chile y Bolivia, este último con un 50% del total. Estos estarían ubicados en los grandes salares de la Puna Boliviana y Argentina y en los del desierto de Atacama6. En otras partes del mundo se puede encontrar en

Subsecretaría de Planificación Económica del Ministerio de Economía y finazas Públicas: Informe Especial: complejo Minero: Litio; Informe Especial 2011; Lenntech

5

http://www.lanacion.com.ar/1347572-el-tesoro-de-la-puna

6

43

menor cantidad como en EEUU, China, Finlandia y Canadá7. Recientemente se encontraron altos porcentajes en Afganistán8.

Salar Uyuni Combol (Gob. de Bolivia) Exploración: Grado medio Composición química: pobre.

Orocobre. Otros.

Desarrollo: Grado Alto Composición química: buena.

Orocobre. Otros.

Desarrollo: Grado Alto Composición química: buena.

SQM. Chementall.

Producción: Grado muy alto.

Composición química: media.

The Sentient Gruop Desarrollo: Grado medio Composición quimica: media.

FMC. Otros.

Producción. Exploración: Grado alto.

Composición química: buena

¿Para qué se utiliza?

Es utilizado en la industria del vidrio y la cerámica y también en la manufactura de grasas y lubricantes diseñados para mejorar la resistencia a cambios extremos de temperaturas; también es empleado en la síntesis de compuestos orgánicos, en la fabricación de polímeros, y en la industria del aluminio.

También se emplea en distintas aleaciones en la industria aeronáutica, en sistemas de des-humidificación de aire y en la producción de baterías primarias y secundarias.

En este último caso, la demanda en el corto plazo será impulsada por las baterías para artículos electrónicos y portátiles y grasas lubricantes que se usan en la industria automotriz, mientras que en el mediano y largo plazo estarán las baterías para vehículos a propulsión eléctrica (híbridos y eléctricos puros). Prueba de ello es que la batería de un computador puede tener entre 50 y 150 gramos de carbonato de litio (dependiendo del requerimiento de almacenamiento de energía de la batería), en tanto que un auto 100% eléctrico puede llegar a tener una batería con incluso 15 kilos de carbonato de litio9.

http://www.capital.cl/poder/el-litio-de-la-discordia-3/

7

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/06/14/actualidad/1276466409_850215.html

8

44

Director del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María, Patricio Reveco; http://revista.sansanos.cl/2012/07/academico- de-lausm-analiza-las-ventajas-y-aplicaciones-del-litio/

9

Aspectos de la producción de litio

En lo ambiental: La extracción de litio se hace por evaporación y, por ende, a cielo abierto. Se trata de un proceso que lleva varias etapas: se extrae la salmuera con una bomba, se la conduce por tuberías hasta grandes piletas y allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol.

En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio.

Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar y se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo.

Si bien de acuerdo al relevamiento efectuado este proceso no implicaría el uso de sustancias contaminantes ni explosivas, como si ocurre la extracción de oro con cianuro, no se cuenta aún con información técnica que pueda analizar el impacto ambiental que causaría en un ecosistema significativo como el de la Puna este tipo de extracción.

En lo social: Las reservas de Litio en Argentina se encuentran en los salares de la Puna, tierras habitadas comunitariamente por los pueblos originarios. El aumento de la demanda internacional sumada a la escasez de los depósitos de litio y los elevados precios de mercado alcanzados constituye una

presión para la existencia de un “consentimiento a cualquier precio”. Existe un déficit por parte del estado en el cumplimiento de la normativa vigente tanto nacional como internacional particularmente en el otorgamiento de concesiones sin llevar a cabo procedimientos adecuados de consulta a las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, las comunidades carecen de información adecuada y veraz para participar en los procesos de toma de decisión.

En lo económico: Existe un creciente interés por la comunidad económica internacional en los futuros beneficios que podría obtenerse de este mineral, cuyas expectativas a corto y mediano plazo se centran principalmente en el desarrollo de la producción de vehículos eléctricos. La disponibilidad de litio para hacer frente a la demanda es fuente de debate ya que algunos investigadores sostienen que para producir baterías, sólo es económica y energéticamente viable el litio que proviene de salares10.

Así, en los años recientes se ha visto un aumento en las inversiones extranjeras para su exploración y explotación, con riesgos concomitantes para las comunidades locales. No obstante, existe poca información pública respecto a proyecto mineros específicos que se llevan a cabo, así como también de sus impactos sociales, económicos y ambientales o sobre las garantías para el CLPI resguardadas por las leyes.

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Subsecretaría de Planificación Económica del Ministerio de Economía y finazas Públicas: Informe Especial: complejo Minero: Litio; Informe Especial 2011; Lenntech página web: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/li.htm

10

45

En lo cultural: Para las comunidades indígenas que ancestralmente habitan las tierras en las que se hallan las salinas y fuentes de litio, la relación con la tierra y sus recursos naturales

son fundamentales y conforman su identidad cultural.

Afectar este sentido de identidad y tradición de modo irreversible es uno de los posibles impactos de la explotación de este mineral en la Puna Argentina.

¿Qué empresas extraen o pretenden extraer Litio en Argentina?

Nombre de la Empresa

Origen del capital

Lugar de Extracción

Orocobre Limited

Australia

Salar de Olaroz y Salinas Grandes.11

Minera Exar S.A.

Estados Unidos

Salar de Cauchari y Olaroz en Jujuy y Salar de Incahuasi, Pocitos y Arizaro en Salta.12

Minera del Altiplano S.A.

Estados Unidos

Salar del Hombre Muerto. 13

Lithium Americas

Estados Unidos

Salar de Cauchari y Olaroz.

Incahuasi, Pocitos y Arizaro .14

Dajin

Canada

Salinas Grandes.15

Ady Resources

Australia

Salar del Rincón

Bolloré

Francia

Salar Centenario

Bolera Minera

Nacional

Salar Chancarí

Ekeko

Coreana

Salar de Pozuelos

TNR Gold

Canadá

Salar de Llullaillaco.16

http://www.orocobre.com.au/Projects_Olaroz.htm http://www.mineraexar.com.ar/proyecto.html 13. http://www.mineria.gov.ar/proyecto/salta/hombremuerto.htm 14. http://www.lithiumamericas.com/project/principal-property-cauchari-olaroz/overview/ 15. http://www.dajin.ca/ 16. http://negocios.iprofesional.com/notas/128637-Riqueza-argentina-en-otras-manos-diez-empresas-extranjeras-ya-controlan-la-materia-prima-del-futuro 11.

12.

46

VI.

6.1. Modelo de pedido de informes SOLICITA SE PROVEA INFORMACIÓN

Anexo legislación Señor (nombre completo del titular del organismo consultado y cargo que ocupa) _____________________________________________________ _____________________________________________________ S/D (Nombre Solicitante), DNI ____________________ , en mi carácter de habitante de la ciudad de ______________, con domicilio real en ____________________________________ (domicilio completo), de dicha localidad de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio para todos los efectos procesales en el arriba indicado, ante el Señor _________ _____________________________________________________ respetuosamente me presento y digo: I. OBJETO: Que de conformidad con lo establecido por las Leyes Nacionales Nº 25.831 y 25.675 y concordantes, vengo a solicitar que el organismo a vuestro cargo me informe puntualmente acerca de las cuestiones que a continuación se detallan:

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II.- MARCO FáCTICO Y JURíDICO (Breve reseña de los hechos que motivan el pedido de informes) La participación ciudadana es un derecho fundado en uno de los pilares del sistema gubernamental republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la admi­nistración. La falta de información conspira contra cualquier posibilidad de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el acceso a la información pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana.

En cuanto al marco legal, el Art. 1° de la Ley Nº 25.831 garantiza el “…derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas”. Asimismo, en cuanto a qué considera por información ambiental, esta ley establece en su Art. 2° “…toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable.

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En particular: a) el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente”.

Por último, en cuanto a la legitimación para ejercer el derecho, la mencionada ley dispone que el mismo “…será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada...” y agrega que para acceder a la misma “…no será necesario acreditar razones ni interés determinado”. La amplia legitimación se ve complementada, en pos de un mayor acceso, con el principio de Informalidad, cuyo único requisito es que la realización del mismo sea formulada por escrito y con la identificación del requirente (Art. 3º).

Se suma a ello la Ley Nacional Nº 25.675 (denominada Ley General del Ambiente), la cual en sus arts. 16 a 18 establece la facultad de todo habitante de “obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”.

Frente a los motivos expuestos, que conforme a la legislación es innecesario de todas formas detallar, es que solicitamos al Sr.____________________________________ que nos informe acerca de las preguntas que seguidamente se formularán.

III. INFORMACIÓN SOLICITADA Por lo expuesto al Señor Intendente solicitamos que respecto de los la problemática detallada, nos informe: (Describir la información solicitada de modo preciso y claro.

Hacerlo en formato de cuestionario. Recuerde que el perso-

nal administrativo deberá comprender la información solicitada a fin de proveerla) PONEMOS COMO EJEMPLO EL CASO DE INFORMACIÓN RESPECTO A UNA INDUSTRIA: 1. Si la empresa posee habilitación municipal, rubro habilitado y el nombre del/los titulares de la misma.

2. Cuál es la categorización industrial de la misma según Ley 11.459.

3. Si se ha presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y si se ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental.

4. Si disponen del permiso de emisión de efluentes que la actividad realizada requiera (líquidos, gaseosos, sólidos y especiales).

5. Cuál es la zonificación aplicable al área comprendida entre las calles ______________________________________ __________________________________________ , y cuáles son las actividades permitidas conforme a ordenanzas municipales, decretos y Ley 11.459 en dicha área.

6. Si las edificaciones existentes cumplen en un todo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Decreto -Ley N° 8.912).

7. Si se realizó alguna Evaluación Ambiental Estratégica en relación al área en cuestión, y en caso de ser así, se brinde una breve reseña de sus conclusiones.

8. Se informe si, previo al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, y de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, se llevará a cabo una Audiencia Pública.

IV. DERECHO: La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 inciso a) y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, y artículos 6 y 10 y el artículo 16 de la Ley Nº 25.675.

V. FÓRMULA RESERVA De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nacional Nº 25.831, formulamos reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido.

Asimismo, de configurar la información recibida una violación a la normativa de protección del medio ambiente, formulamos desde ya reserva de ocurrir ante la justicia en procura de una protección del medio vulnerado.

VI. AUTORIZACIONES: Quedan autorizados a diligenciar el presente y tomar vista del mismo, (Poner NOMBRE Y DNI de otras personas que podrán consultar el trámite además del firmante)

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VII. PETITORIO: Por lo expuesto al Señor _____________________________ solicito:

6.2 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

1. Me tenga por presentado y constituido el domicilio legal denunciado en el epígrafe.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

2. Se tenga presente el derecho invocado.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

3. Se provea la información requerida en los plazos establecidos en la normativa invocada.

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957; Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.

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Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales; Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (Núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; y, Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.

PARTE I - POLITICA GENERAL Art. 1.1. El presente Convenio se aplica: a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; y, b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

51

Art. 2.1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

Art. 4.-

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultura, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y,

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Art. 3.-

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Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Art. 5.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; y,

c) Deberán adaptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Art. 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y, c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Art. 7.1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán

53

ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

mente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.Art. 8.-

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Art. 10.-

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Art. 9.-

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1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicional-

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Art. 11.La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Art. 12.- Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

PARTE II - TIERRAS Art. 13.-

cesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

2. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

3. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del habitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Art. 14.1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean ne-

Art. 15.-

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

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Art. 16.1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado reubicación.

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4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad, cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Art. 17.1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Art. 18.- La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Art. 19.- Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que disponga sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; y,

b) Remuneración igual por trabajo de igual valor;

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

PARTE III CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO Art. 20.1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; y,

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen; b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

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c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; y, d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

PARTE IV

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto, deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

FORMACION PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRIAS RURALES

Art. 23.-

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Art. 21.- Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Art. 22.-

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2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido equitativo.

PARTE V

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD Art. 24.- Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Art. 25.1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

PARTE VI EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION Art. 26.- Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Art. 27.1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación,

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con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Art. 28.1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

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Art. 29.Un objetivo de la educación de los mismos de los pueblos

interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

Art. 30.1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Art. 31.- Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos.

A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

PARTE VII CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERA Art. 32.- Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económicas, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

PARTE VIII ADMINISTRACIóN Art. 33.1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

2. Tales programas deberán incluir: a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; y, b) La proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX DISPOSICIONES GENERALES Art. 34.- La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Art. 35.- La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

PARTE X DISPOSICIONES FINALES Art. 36.- Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Art. 37.- Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Art. 38.1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

caciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Art. 39.1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

Art. 41.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Art. 42.- Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Art. 40.62

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratifi-

Art. 43.1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; y, b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor.

Art. 44 La versión inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

6.3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007 La Asamblea General, Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta, Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí

mismos diferentes y a ser respetados como tales, Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación, Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,

63

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran, Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño, Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional, 64

entre los pueblos indígenas y los Estados,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados, Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promo-

ción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera, Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo: Artículo 1 Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6 Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 2

Artículo 7

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.

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2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8 1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos; c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; d) Toda forma de asimilación o integración forzada; e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9 66

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad

con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan

educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.

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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17 1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18 68

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos

de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19 Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando pro-

ceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22 1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicina-

les, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental.

Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

Artículo 25 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

69

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27 Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

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2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en

tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30 1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 32

Artículo 34

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimien-

71

tos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38

Artículo 35 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 36

Artículo 39

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

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2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los

Artículo 40 Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41 Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones

de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42 Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43 Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44 Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena.

Artículo 45 Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46 1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2 En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe.

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6.4 Ley General del Ambiente POLITICA AMBIENTAL NACIONAL Ley 25.675 Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto mínimo. Competencia judicial.

Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental.

ARTÍCULO 2º— La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

Sancionada: Noviembre 6 de 2002

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Bien jurídicamente protegido 74

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

ARTÍCULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; j) Establecer un sistema federal de coordinación interjuris-

diccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

ARTÍCULO 3º— La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

Principios de la política ambiental ARTÍCULO 4º— La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e

integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. .

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

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Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

rias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Competencia judicial ARTÍCULO 7º— La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

ARTÍCULO 5º— Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental ARTÍCULO 8º— Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes: 1. El ordenamiento ambiental del territorio

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Presupuesto mínimo

2. La evaluación de impacto ambiental.

ARTÍCULO 6º— Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesa-

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

4. La educación ambiental.

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Ordenamiento ambiental ARTÍCULO 9— El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.

ARTÍCULO 10— El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b) La distribución de la población y sus características particulares; c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

Evaluación de impacto ambiental ARTÍCULO 11— Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, ARTÍCULO 12— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

ARTÍCULO 13— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

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Educación ambiental ARTÍCULO 14— La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 15— La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental.

Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal.

Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.

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Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

ARTÍCULO 17— La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

ARTÍCULO 18— Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.

El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

Información ambiental

Participación ciudadana

ARTÍCULO 16— Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.

ARTÍCULO 19— Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

ARTÍCULO 20— Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

ARTÍCULO 21— La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Sistema Federal Ambiental ARTÍCULO 23— Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

ARTÍCULO 24— Ratificación de acuerdos federales ARTÍCULO 25— Se ratifican los siguientes acuerdos federales: 1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I. 2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.

Seguro ambiental y fondo de restauración ARTÍCULO 22— Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

Autogestión ARTÍCULO 26— Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a: a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas; b) La implementación de compromisos voluntarios y la auto-

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rregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental;

culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y autorizados.

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

Daño ambiental

ARTÍCULO 30— Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

ARTÍCULO 27— El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

ARTÍCULO 28— El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

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ARTÍCULO 29— La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

ARTÍCULO 31— Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo

que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

ARTÍCULO 32— La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia.

El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

ARTÍCULO 33— Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.

Del Fondo de Compensación Ambiental ARTÍCULO 34— Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial.

ARTÍCULO 35— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

•

REGISTRADA BAJO EL Nº 25.675 —

• EDUARDO O. CAMAÑO.—JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano.— Juan C. Oyarzún.

––––––––

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6.5 Régimen de libre acceso a la información pública ambiental Ley 25.831 Sancionada el 23/11/2003 - Publicada en el Boletín Oficial del 06/01/2004REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA AMBIENTAL ARTÍCULO 1°— Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

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b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.

ARTÍCULO 3°— Acceso a la información. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.

En ningún caso el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por esta ley.

ARTÍCULO 2°— Definición de información ambiental. Se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular:

ARTÍCULO 4°— Sujetos obligados. Las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.

a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente;

ARTÍCULO 5°— Procedimiento. Las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los pro-

cedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 6°— Centralización y difusión. La autoridad ambiental nacional, a través del área competente, cooperará para facilitar el acceso a la información ambiental, promoviendo la difusión del material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones.

ARTÍCULO 7°— Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos: a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales; b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial; c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual; d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

por falta de datos suficientes o imprecisión; g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.

La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 8°— Plazos. La resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 9°— Infracciones a la ley. Se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece.

En dichos supuestos quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes.

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados;

Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre en las prescripciones de este artículo, será pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 25.164 o de aquellas que establezca cada jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud

Las empresas de servicios públicos que no cumplan con

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las obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 10— Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de noventa (90) días.

ARTÍCULO 11— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. — REGISTRADO BAJO EL N° 25.831 — EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.

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6.6 Acceso a la Información Pública ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA Decreto 1172/2003 Apruébanse los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.

Bs. As., 3/12/2003

Anexo VII REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

ARTÍCULO 2º— AMBITO DE APLICACIÓN El presente Reglamento General es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

Las disposiciones del presente son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

ARTÍCULO 3º— DESCRIPCIÓN El Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2º.

ARTÍCULO 1º— OBJETO

ARTÍCULO 4º— FINALIDAD

El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo

La finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y

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promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz.

ARTÍCULO 5º— ALCANCES

El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.

Se considera información a los efectos del presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.

ARTÍCULO 8º— PUBLICIDAD

El sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla.

ARTÍCULO 10— ACCESIBILIDAD

ARTÍCULO 6º— SUJETOS

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ARTÍCULO 7º— PRINCIPIOS

Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 2º.

ARTÍCULO 9º— GRATUIDAD El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante.

Los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en el presente. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.

CAPITULO II SOLICITUD DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 11— REQUISITOS La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

ARTÍCULO 12— RESPUESTA El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.

En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.

La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.

ARTÍCULO 13— DENEGATORIA El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la infor-

mación objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el presente.

La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General.

ARTÍCULO 14— SILENCIO Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 12 la demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa en brindarla, quedando expedita la Acción prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 19.549 y modificatorias.

ARTÍCULO 15— RESPONSABILIDADES El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este Reglamento General, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.

ARTÍCULO 16— EXCEPCIONES Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

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a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior; b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; e) información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;

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i) información referida a datos personales de carácter sensible —en los términos de la Ley Nº 25.326— cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada; j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.

ARTÍCULO 17— INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el artículo 2º deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 16.

ARTÍCULO 18— AUTORIDAD DE APLICACIÓN

f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

La Autoridad de Aplicación del presente Reglamento es la SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

g) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;

ARTÍCULO 19— DENUNCIAS

h) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;

La Oficina Anticorrupción del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables, las denuncias que se formulen en relación con el incumplimiento del presente régimen.

Legislación y bibliografía consultada: Constitución Nacional y tratados internacionales

Ley Nº 5063 Ley general del Medio Ambiente

Ley Nº 4444 Reglamentación de la ley 5063

Decreto Nº 5980 de Publicidad de los actos de go bierno y de libre acceso a la información

Constitución Nacional: Art. 41, Art 43, Art. 75. Inc. 17.

Convenio Nº 169 de la OIT. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Entrada en vigor: 05 septiembre 1991)

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

Normativa Ambiental y de Acceso a la información Pública

Ley General de Ambiente Nº 25675

Ley de Acceso a la información Pública Ambiental N 25831 (Nación)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrático: “Una aproximación al Ordenamiento Ambiental

del Territorio como herramienta para la prevención y trasformación democrática de conflictos socioambientales - Volumen 1”; Buenos Aires; 2010.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales: “Manual de Ciudadanía Ambiental, Herramientas

para ejercer los derechos de Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia”; Buenos Aires; 2010.

Decreto Nº1171/03-Anexo VII Búsqueda de leyes nacionales: Normas provinciales

Salta

Ley Nº 7070 de Protección del Medio Ambiente

Decreto Nº 3097 Reglamentación de la ley 7070

Jujuy

www.infoleg.gov.ar Búsqueda de leyes de Salta http://www.diputadosalta.gov.ar/index.php?option=com_ search&view=search&Itemid=44

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Búsqueda de leyes de Jujuy http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/wwwisis/SIBLE.01/form. htm

Contactos de Organizaciones de la sociedad civil que intervienen en el proyecto Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Tucumán 255, piso 6º “A”, CABA Teléfono (5411) 4312-0788/2422 Info@farn.org.ar www.farn.org.ar Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) Calama N. 255 casilla de correo: 3302 Cochabamba – Bolivia Telf-Fax: (591-4) 4252401-4257839-4501077 www.cedib.org

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Fundación Ambiente y Recursos Naturales Tucumán 255 - Piso 6 - Oficina A - (C1049AAE) Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: [54-11] 4312-0788 / 2422 / 2183 4313-8631 www.farn.org.ar info@farn.org.ar http://twitter.com/farnargentina Facebook: FARN Argentina Esta publicación está disponible en forma gratuita en: http//www.farn.org.ar Derechos de autor 2012 © No es posible duplicar, copiar o distribuir sin autorización de FARN Diseño: Marta Biagioli Noviembre 2012