2003 taller diálogo ambiental y desarrollo sustentable

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Primer Taller del Diálogo Ambiental y Desarrollo Sustentable 17 y 18 de junio del 2003 San Nicolás – Provincia de Buenos Aires

CONCLUSIONES y LISTADO DE PARTICIPANTES

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Diálogo Argentino Mesa sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable Conclusiones I. Introducción 1. La Mesa sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable se propone instrumentar un diálogo intersectorial con la finalidad de generar acuerdos básicos y líneas de acción prioritaria en la materia. A tal fin, se ha planteado un trabajo gradual y por etapas, a partir de la identificación de prioridades que vayan abordando aspectos críticos de la política y la gestión ambiental en la República Argentina. En esta primera etapa la Mesa abordó la problemática de las instituciones con relación a la protección del derecho al ambiente y el logro de un desarrollo sustentable. 2. La Constitución Nacional en su art. 41 consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo, en aras del logro de un desarrollo que satisfaga las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las de las generaciones futuras. Este precepto constitucional hace referencia a un modelo de desarrollo que integre y articule los requerimientos del crecimiento económico con la satisfacción de las necesidades sociales y la protección del ambiente. De esta manera, la protección y uso sustentable de los recursos naturales –base física del desarrollo-, junto a la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades insostenibles de producción y consumo, constituyen objetivos generales, a la vez que requisitos esenciales del desarrollo sustentable (Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002).

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3. La concreción de este programa de base constitucional requiere del esfuerzo y la participación de los diversos sectores de nuestra sociedad (gubernamentales, de las organizaciones sociales, de la producción, del sector académico, etc.), de acuerdo a sus niveles de responsabilidad y capacidad. 4. Tanto las conclusiones de las reuniones preparatorias para la constitución de esta Mesa, como así también diversos documentos y declaraciones de diferentes sectores involucrados en esta temática, subrayan la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental como un requisito clave para el desarrollo sustentable. Nuestro país requiere de estructuras de gobierno aptas, que permitan integrar las dimensiones sociales y ambientales con los objetivos de desarrollo, de acuerdo al objetivo previsto en la Constitución Nacional. 5. En este contexto, esta Mesa identificó y abordó tres ejes críticos para la construcción de una institucionalidad que posibilite un modelo sustentable de desarrollo. En primer lugar, la organización institucional del poder ejecutivo nacional (PEN) en materia de ambiente y desarrollo sustentable.1 En segundo término, la relación nación- provincias/ ciudad autónoma de buenos aires (CABA). Finalmente, la participación pública e información

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En esta etapa, la Mesa ha centrado su trabajo en las instituciones del Poder Ejecutivo Nacional, dada la urgencia en dar respuestas a las necesidades de una organización administrativa adecuada para responder a los requerimientos de un modelo sustentable de desarrollo. Esto no implica, desconocer la crucial importancia que el Poder Legislativo y Judicial poseen en este sentido.

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II. Organización Institucional del Poder Ejecutivo Nacional 6. Este punto se refiere a cómo es la asignación de competencias y funciones sobre temas ambientales y de desarrollo sustentable a nivel de la administración nacional, y cuáles son los mecanismos de coordinación existente entre las distintas áreas y reparticiones de gobierno. Es claro que la forma en que se organiza una administración para abordar la problemática de ambiente y desarrollo sustentable, y cómo se integra el tema en el proceso de toma de decisiones publicas, refleja el nivel de atención y prioridad que se le otorga al mismo. 7. La fragmentación de responsabilidades ambientales, la debilidad institucional y operativa de la autoridad en materia de ambiente y desarrollo sustentable nacional, el escaso o nulo nivel de integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales y de desarrollo, y la debilidad de los mecanismos de coordinación horizontal, son algunas de las cuestiones clave identificadas que requieren ser abordadas para fortalecer la capacidad de la administración pública nacional de proteger el derecho al ambiente y promover un desarrollo sustentable. 8. En este aspecto, recomendaciones:

se arribó a los siguientes consensos y

8.1. Las cuestiones ambientales deberán ser abordadas como políticas de Estado, y la gestión pública debe tener como objetivo central el desarrollo sustentable. 8.2. La política ambiental deberá ser jerarquizada, integrando los aspectos ambientales al proceso de toma de decisiones relativas al desarrollo económico y social. De esta manera, la jerarquización de la materia ambiental y de desarrollo sustentable deberá importar una articulación efectiva con el ejercicio del poder publico en materia socioeconómica. 8.3. El tema ambiental deberá estar ubicado en el máximo nivel de decisión política. Por lo tanto, la autoridad en materia de ambiente y desarrollo sustentable nacional deberá constituirse como un Ministerio o Secretaria de Estado, bajo la dependencia directa del Presidente de la Nación, de manera de asegurar su participación en las reuniones de Página: 4 de 12


gabinete. Asimismo, deberá contar con presupuesto adecuado para sus funciones. 8.4. Resulta necesario que áreas medulares de la gestión ambiental del desarrollo sustentable referentes a la Conservación de la Diversidad Biológica, - así el caso de Parques Nacionales y el uso sustentable de los recursos hídricos -, vuelvan a la órbita de la autoridad ambiental nacional. 8.5. Deberá ponerse en funcionamiento una Comisión de Coordinación Interministerial en temas ambientales y del desarrollo sustentable para superar la fragmentación de las competencias sectoriales de las distintas áreas de la administración nacional. 8.6. A los fines de promover y fortalecer la integración de la dimensión ambiental en las estrategias de desarrollo, los organismos que aplican o ejecutan políticas sectoriales deberán dar necesaria intervención a la autoridad en materia de ambiente y desarrollo sustentable. 8.7. Deberá constituirse el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CNDS), con la finalidad de integrar a los distintos sectores sociales en el diseño de la política ambiental del desarrollo sustentable. El CNDS constituye un espacio de consulta particularmente idóneo para conjugar los propósitos y los resultados expuestos. 8.8. De conformidad al nuevo escenario institucional de base constitucional, el rol de la autoridad en materia de ambiente y desarrollo sustentable nacional ha sido reformulado. Dicha autoridad define la política ambiental nacional y participa activamente en la formulación de la internacional, mientras que la aplicación directa de la normativa ambiental –incluyendo los presupuestos mínimos de protección ambiental- recae, principalmente, en las autoridades provinciales. El rol de la autoridad nacional en materia de ambiente y desarrollo sustentable incluye, fundamentalmente, la definición de las políticas ambientales, el monitoreo de la aplicación de los presupuestos mínimos en coordinación con el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) y la coordinación de la aplicación sectorial de la política ambiental. En principio, la autoridad en materia de ambiente y desarrollo sustentable no tiene por objeto ejecutar la normativa ambiental, a excepción de lo explícitamente asignado por la normativa vigente.

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III. Relación Nación – Provincias/CABA 9. La protección del ambiente, los recursos naturales y de los ecosistemas se caracteriza por no reconocer límites políticos, lo cual plantea importantes desafíos al momento de su tratamiento por las distintas jurisdicciones involucradas. Este es un tema central atento al régimen federal de nuestro país, ya que precisamente comprende la distribución de roles y responsabilidades sobre ambiente y desarrollo sustentable, entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno sobre el territorio (Nación, provincias, CABA, municipios), como así también los mecanismos de coordinación interjurisdiccional. 10. El nuevo marco legal que establecen las leyes de presupuestos mínimos y en particular la Ley General del Ambiente ( Ley 25.675), parte de reconocer la necesidad de articulación entre las distintas jurisdicciones y plantea una oportunidad concreta de avanzar en la construcción de un federalismo de concertación en materia ambiental y de desarrollo sustentable. En consecuencia, esta Mesa ha avanzado en la identificación y reflexión sobre las condiciones necesarias para el fortalecimiento del Sistema Federal Ambiental, a través del COFEMA. 11. En este sentido, se arribó a los siguientes consensos y recomendaciones: 11.1. Es menester asumir plenamente el mandato que surge del art. 41 de la Constitución Nacional, párrafo 3ro. y urgir la vigencia y aplicación de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, para definir y mejorar la relación Nación- Provincias/CABA, en el marco de los principios del federalismo de concertación. 11.2. Deberá analizarse la normativa vigente en materia ambiental o sectorial con alcance ambiental, en el ámbito nacional, provincial, CABA y municipal, con la finalidad de adecuarla –cuando sea incompatible- al nuevo marco constitucional y legislativo en materia de presupuestos mínimos.

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11.3. Deberán perfeccionarse los mecanismos recíprocos de comunicación constante entre la Nación, las provincias/CABA y los municipios. 11.4. El nuevo escenario legal e institucional ambiental enfatiza el rol político del COFEMA, y consecuentemente exige el fortalecimiento de sus aspectos institucionales, administrativos, operativos y presupuestarios. 11.5. En tal sentido, se deberá considerar la relación del COFEMA con otras instituciones federales con competencias en materia de recursos naturales, en particular, los consejos federales relativos al uso de recursos naturales y políticas de desarrollo (v.g. Consejo Federal Minero, Consejo Federal de Inversiones, Consejo Federal Pesquero). 11.6. Asimismo deberá fortalecerse la organización regional del COFEMA, y de su labor, con la finalidad de mejorar su eficacia. 11.7. Deberá generarse un compromiso político y jurídico de la Nación, las Provincias y la CABA con la finalidad de jerarquizar al COFEMA, mediante la promoción de las aprobaciones del mismo por parte de las jurisdicciones que todavía no lo han hecho. En particular, se sugiere que el Presidente de la Nación asuma el compromiso político para impulsar la aprobación del COFEMA por parte de las provincias. 11.8. Deberá propiciarse que las provincias y CABA sean representadas ante el COFEMA por su máxima autoridad ambiental. 11.9. Resulta necesario contar con una estructura administrativa propia y permanente del COFEMA. Esto requiere de las asignaciones presupuestarias correspondientes. En este sentido, el Presupuesto Nacional deberá asignar una partida especifica a tal fin. 11.10. Deberán considerarse instancias de consultas y participación de distintos actores en el proceso de adopción de recomendaciones y resoluciones del COFEMA. 11.11. Es necesario remarcar el rol fundamental de los municipios en materia ambiental, y el necesario cumplimiento por parte de las provincias del art. 123 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía municipal. Esta Mesa entiende que la cuestión municipal ambiental es un tema de especial importancia a profundizar en futuros diálogos.

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IV. Participación Pública e Información 12. La participación ciudadana es una de las claves del desarrollo sustentable. La experiencia nos enseña que a medida que más se abren los procesos e instituciones publicas a la información, participación y monitoreo de la ciudadanía, mayores son las posibilidades de integrar las consideraciones sociales y ambientales con los objetivos del desarrollo. El Principio 10 de la Declaración de Río plantea que para avanzar en este camino se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, a los procesos de adopción de decisiones públicas y a la justicia. Estos puntos configuran una suerte de modelo básico de democracia participativa para el desarrollo sustentable. 13. El marco político- institucional ofrece una suerte de estructura de oportunidades para la participación, en forma de posibilidades o límites para el involucramiento de los actores sociales en las cuestiones públicas. En este sentido, se plantearon los siguientes consensos y recomendaciones: 13.1. La participación ciudadana en materia de ambiente y desarrollo sustentable requiere, fundamentalmente, de la educación formal y no formal. 13.2. Acceso a la información. Deberán dictarse las normas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en general, y a la información ambiental en particular. En este sentido deberán tenerse en cuenta los proyectos de ley de acceso a la información pública y de presupuestos mínimos en materia de información ambiental, que ya cuentan con media sanción del congreso. 13.3. Toda la información de acceso público debe ser realizada en un lenguaje accesible y entendible. Con relación a la obligación de generar información ambiental por parte de las autoridades, establecida por la Ley General del Ambiente, se debe elaborar en el marco del COFEMA un listado de contenidos mínimos que deberán incluir los informes ambientales nacional y provinciales. A tal fin, será necesario tener en cuenta los indicadores de sustentabilidad. Para la elaboración de los contenidos mínimos y de los indicadores, el COFEMA deberá consultar

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mediante un procedimiento ágil con plazos perentorios a los diversos actores interesados. 13.4. Con la finalidad de fortalecer la sistematización de la información ambiental, debe actualizarse permanentemente el Sistema de Información Ambiental Nacional. En tal sentido deberá realizarse un inventario de la información existente, proveniente de fuentes públicas y privadas (académicas, sector privado, ONGs, etc.). Se subraya el rol del COFEMA para coordinar el Sistema Integrado de Información Ambiental. 13.5. En materia de información ambiental pueden establecerse mecanismos de cooperación público - privada para superar las dificultades de la generación, sistematización y modalidades de acceso de la información mediante la articulación de fortalezas entre el estado, los centros académicos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 13.6. Resulta necesario prever una asignación presupuestaria adecuada para la generación y sistematización de la información, y capacitar a los operadores del Sistema de Información Ambiental. 13.7. Se debe promover en los medios del Estado la difusión de programas tendientes a comunicar la temática de ambiente y desarrollo sustentable, a través de la jerarquización de su función educativa. 13.8. Participación pública. El desarrollo de estrategias en materia de ambiente y desarrollo sustentable debe hacerse con visión de largo plazo, logrando consensos y con la participación de todos los actores. A tal fin, deberán tomarse en cuenta experiencias tales como la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, de Desertificación y Cambio Climático, y documentos internacionales tales como la Agenda XXI, la Estrategia Interamericana de Participación Pública y la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus). 13.9. Es necesario fortalecer los aspectos relativos a la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de adopción de decisiones en materia de ambiente y desarrollo sustentable considerados por la Ley General del Ambiente en los diversos niveles gubernamentales.

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13.10. Es necesario promover el diseño y uso de mecanismos ágiles y simples que posibiliten el involucramiento de la ciudadanía en la adopción de decisiones publicas (v.g. Sistema de comentarios escritos, elaboración participada de normas, etc.) 13.11. Acceso a la Justicia en materia de ambiente y desarrollo sustentable. Es necesario capitalizar el trabajo ya iniciado en el Diálogo Argentino, a través de un enlace entre esta Mesa y la Mesa de Justicia, teniendo en consideración los documentos ya existentes que expresan el trabajo realizado por esta última.

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LISTADO DE PARTICIPANTES DEL TALLER NOMBRES

ORGANISMOS

Bareiro, Ricardo

Subsecretaría de Recursos Naturales (Formosa)

Bielsa, Raquel

COFEMA (Patagonia)

Bigorito, Sebastián

CEADS

Bosso, Andrés

Aves Argentinas

Boyero, Miguel

COFEMA (La Pampa)

Brunet, Ivana

Periodistas Ambientales

Burdisso, Gerardo

Senado de la Nación

Busco, Andrea

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Calegari, Jorge

Gabinete de Jefatura de Gobierno

Castelli, Luis

Fundación Naturaleza para el Futuro

Ceccon, María Paula

Aguas Argentinas

Corcuera, Javier

Fundación Vida Silvestre

Daneri, Jorge

Foro Ecología (Entre Ríos)

De Benedictis, Leonardo

Sector Académico

Di Paola, María Eugenia

FARN

Díaz, Juan Luis

Fundapaz

Dugo, Sergio

Cámara Federal de Apelaciones (La Plata)

Fabris, Aldo

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Fernández, Daniel

Sindicato Luz y Fuerza (Capital Federal)

Florin, Raimundo

CEADS

Gerola, Graciela

AIDIS

González Guerrico, Carlos

CARI

González, Juan Antonio

COFEMA (Tucumán)

Gorosito, Claudio

Diputado de la Nación

Hisas, Liliana

Fundación Ecológica Universal

Jilek, Ricardo

Senado de la Nación

Julia, Martha

Sector Académico

Lara, Albina

PNUD

Luna, Elba

PNUD

Maiztegui, Cristina

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Musmesi, José María

Fundación Patagonia Natural Página: 11 de 12


LISTADO DE PARTICIPANTES DEL TALLER NOMBRES

ORGANISMOS

Muzzuchelli, Sergio

SAFEGE

Ortíz, Eduardo

CAI

Panigatti, José

INTA

Piñeiro, Carlos

UIA

Pedace, Roque

Amigos de la Tierra/UBA

Prieto, Martín

Greenpeace

Ricciutti, Raúl

Minetti

Rodríguez Salas, Aldo

Sector Académico

Rodríguez Vergez, Eduardo Ryan Daniel

FARN

Sabsay, Daniel

FARN

Salichs, Adrián

CEADS

Sapag, Luz

Senadora de la Nación – Presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado

Sosa, Eduardo

OIKOS (Red Ambiental)

Thibaud, Michel

Sociedad Rural Argentina

Villanueva, Claudia

Sector Académica

Walsh, Juan Rodrigo

AIDIS

Zambón, Horacio

COFEMA (Formosa)

INVITADOS ESPECIALES NOMBRES

ORGANISMOS

Dr. Jorge N. Amaya

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Embajador Estrada Oyuela

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

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