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Página 20/LA NACION
Cámara del Crimen
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Carteles callejeros
Avanza el gobierno porteño en la desactivación de neuropsiquiátricos
Polémico fallo por un aborto inconcluso
Denuncia contra dos funcionarios porteños Una firma objeta una licitación
Por Loreley Gaffoglio De la Redacción de LA NACION La Cámara del Crimen sobreseyó de responsabilidad penal a una menor que se había practicado un aborto inconcluso, luego de que la médica que la atendió de urgencia para salvar su vida denunciara la interrupción ilegal del embarazo, informaron ayer fuentes judiciales. El fallo, al que tuvo acceso LA NACION, entendió que existió un “conflicto entre el interés del Estado en determinar la existencia de las presuntas maniobras abortivas y de sus causantes, y el marco de intimidad que rodeó a quien en ese momento era una paciente”. A partir de esa argumentación, los camaristas Julio Lucini, Luis María Bunge Campos y Gustavo Bruzzone consideraron que, si bien la menor necesitaba asistencia médica inmediata, “lejos estaba en su ánimo el poner en conocimiento de la autoridad policial el hecho por el cual su vida corría peligro”. Ello –consideraron–, implicaría una autoincriminación que viola las garantías constitucionales. Añadieron que “ante la violación del secreto médico, no puede tomarse esa manifestación como válida y autoincriminante” como para permitir el avance del proceso. El hecho que generó la causa sucedió en el hospital Santojanni, en Liniers, el 21 de noviembre pasado, cuando una menor, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales, fue asistida por complicaciones derivadas por prácticas abortivas por la doctora Ana Cañizabal, quien luego dio parte a la policía.
Por Laura Rocha De la Redacción de LA NACION
RICARDO PRISTUPLUK
El neuropsiquiátrico Moyano, que alberga a mujeres, dejará de funcionar como tal según el plan del gobierno porteño
Tiene alta médica la mitad de los pacientes del Borda y del Moyano Sin embargo, no salen porque no tienen quien los reciba; el nuevo plan oficial Por Angeles Castro De la Redacción de LA NACION
Secreto médico Invocando una vieja doctrina de 1966, denominada “Natividad Frías”, los jueces argumentaron “que no puede instruirse sumario criminal en contra de una mujer que se haya causado su propio aborto, o consentido que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión”. Los camaristas subrayaron que en la denuncia de la médica se vulneró el deber de preservar el secreto profesional, en razón de lo cual, arguyeron, las pruebas de la instrucción fueron “obtenidas en forma ilegal”. Al citar jurisprudencia, los jueces dictaminaron que “la denuncia efectuada por un médico no puede dar origen a la instrucción de un sumario en contra de aquélla, no obstante que deben mantener su validez las actuaciones encaminadas a responsabilizar a instigadores, coautores o cómplices”. En otras palabras, los jueces dejaron constancia en sus conclusiones de que sólo se exculpa a la menor y no a quienes practicaron el aborto, ya que “éstos no podrán alegar la violación de su intimidad”. De esta manera, desestimaron la investigación contra la menor que había dispuesto en primera instancia el Juzgado de Instrucción N° 44, a cargo del magistrado Eduardo Daffis Niklison.
Debate por el fallo Para el abogado penalista Luis Velasco, coordinador académico del posgrado de Derecho Penal de la UCA, la médica actuó correctamente al denunciar la comisión de un delito y no puede ser imputada de ninguna violación de secreto profesional. Si bien el penalista vislumbró una colisión deberes y responsabilidades en el caso de la médica (el respeto hacia el secreto médico contrapuesto con su obligación de denunciar la interrupción de un embarazo), explicó que la ley obliga a denunciar cualquier delito, sobre todo aquellos contra la vida o el niño por nacer”. El letrado sostuvo, además, que son los jueces quienes en un análisis jurídico posterior deben evaluar si la denuncia puede ser aplicable o no como prueba. “De lo que no puede haber dudas es sobre el accionar del médico, que de haber actuado de otra forma se hubiera convertido en encubridor”, evaluó el letrado. Y parangonó el caso con el médico que debe extraer balas del cuerpo de un delincuente o droga ingerida por las llamadas “mulas”. La especialista en bioética y doctora en filosofía Diana Cohen Agrest se sitúa en las antípodas de esta argumentación. En diálogo con LA NACION sostuvo que “los actos médicos son competencia absoluta de los médicos tratantes, y no se ha de recurrir a la Justicia en aquellos casos que pueden ser resueltos desde la medicina”. “Desde el punto de vista moral – agregó– el médico en ninguna circunstancia puede violar la obligación de confidencialidad hacia su paciente, o violar su derecho a la intimidad y a la privacidad. En una situación de vulnerabilidad como es aquella que vive una mujer que atraviesa un aborto mal hecho, producto del cual su vida corre peligro, elevar una denuncia ante el juez es una expresión no sólo de una falta a las obligaciones profesionales sino al más elemental sentido humanitario”, concluyó.
Miércoles 25 de junio de 2008
“Según estimamos, en los hospitales Borda y Moyano la mitad de los 2400 pacientes tienen alta médica, o sea, permiso para salir, pero no hay quien los reciba, porque las familias los abandonaron en la mayoría de los casos.” La frase del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, en la etapa previa de la desactivación de ambos neuropsiquiátricos, fue dicha a LA NACION en virtud de la puesta en marcha del plan de salud mental del gobierno de la ciudad. Dicho programa prevé la construcción de diez hospitales de día y de 12 casas de medio camino (el llamado a licitación fue publicado el domingo pasado), que recibirán a parte de los 2400 enfermos alojados hoy en ambos establecimientos. Además, el gobierno propone alternativas para reintegrar a sus familias a los internos con alta médica. Tal vez, lo más curioso del plan lo constituye la posibilidad para aquellos que no tengan un hogar al que regresar: buscarles familias sustitutas que cobrarán un subsidio a cambio de recibir al paciente. Son los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la ciudad los que trabajan en la estructuración de los pasos que demandará una aplicación progresiva del plan de salud mental oficial, que tiene como objetivo un cambio del modelo de atención de los enfermos psiquiátricos, hoy basado en la internación en grandes manicomios, que funcionan más como asilos que como centros de tratamiento médico. “La reforma persigue dar cumplimiento a la ley de salud mental de la ciudad, aprobada en 2000, que promueve la desinstitucionalización de los pacientes que llevan años internados y la oferta de otras alternativas terapéuticas. Progresivamente, en el futuro, los enfermos se alojarán por períodos cortos en unidades especia-
les dentro de los hospitales generales. Apostamos a tratar a los pacientes mentales como a otros, con las consideraciones del caso, por supuesto”, explicó Lemus. El esquema de atención a personas con patologías psiquiátricas diseñado por el gobierno porteño, que los funcionarios prometen que entrará completamente en vigor dentro de dos años, incluye: ● Un centro de evaluación y derivación de pacientes, que tendrá su sede en las actuales instalaciones del hospital de emergencias psiquiátricas Torcuato de Alvear, en el barrio de Agronomía. ● Centros de internación dentro de los hospitales generales; los primeros cuatro se estrenarán en los hospitales generales Rivadavia, Muñiz, Udaondo y Ferrer, que, tras ser reformulados, contarán con unidades especiales para salud mental. ● Diez hospitales de día para tratamientos ambulatorios ● Doce casas de medio camino,
o sea, centros de convivencia para enfermos en recuperación, que sirven como el paso previo a su reinserción social.
Costos La reforma integral del sistema de salud mental de la ciudad, informó Lemus, demandará 140 millones de pesos. “No hay que pensarlo mucho. En el arreglo de los hospitales Borda y Moyano ya se invirtieron 70 millones y, sin embargo, se conserva el sistema asilar, donde los pacientes quedan depositados para siempre”, indicó Lemus. En el camino de reinsertar a ese 50% de internos en la comunidad trabaja el Ministerio de Desarrollo Social. La subsecretaria de Promoción Social porteña, Soledad Acuña, indicó a LA NACION que actualmente sus equipos avanzan en el relevamiento mediante entrevistas de la población del Moyano menor de 60 años y con menos de cinco años de institucionalización, con el objetivo
Las licitaciones de proyectos ■ En el primer grupo se licitará
un centro de evaluación y derivación, en Chorroarín y Raulies (Hospital Alvarez), con un plazo de ejecución de 12 meses. También se licitará un centro de internación de adultos, en Elpidio González 4286, con un plazo de ejecución de ocho meses. El presupuesto oficial para estos emprendimientos es de 54.181.520 pesos. ■ En el segundo grupo se licitarán tres centros de atención de adultos, situados en Rawson de Dellepiane y Benito Correa; Vélez Sarsfield 401 y Mariano Acosta y F. de la Cruz, con un plazo de ejecución de ocho meses. Además, se licitarán dos hospitales de día, en Perito Moreno 1400 y Lacarra 2000, con
Presentaron un edificio giratorio
EFE
El proyecto para la construcción de los primeros edificios giratorios, en Dubai y en Moscú, fue presentado en Nueva York por el arquitecto David Fisher, quien bautizó a su creación la Torre Dinámica. Tendrán 80 pisos.
un plazo de ejecución de seis meses. El presupuesto oficial es de 51.594.244 pesos. ■ En el tercer grupo se licitarán tres centros de internación de adultos en Galván 4100, Lope de Vega 900 y Olivera 500, con un plazo de ejecución de ocho meses. Además, se licitarán dos hospitales de día, en Melián 4160 y Beiró 4653/77, con un plazo de ejecución de seis meses. El presupuesto oficial es de 51.594.244 pesos. ■ Los pliegos de las licitaciones son gratuitos y pueden adquirirse en el área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad, en la avenida Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
de determinar quiénes poseen los niveles de autonomía necesarios para la externación. Más adelante, comenzará un estudio similar con los pacientes del Borda. Una vez concluido el proceso, el gobierno porteño planifica ofrecer distintos tipos de dispositivos sociales para reintegrar a las personas aptas a sus familias o sus hogares. Entre ellos, figuran: ● El simple regreso con sus parientes. ● El regreso con sus parientes, con subsidio para el paciente incluido, de manera que no altere la economía y la rutina familiares. ● El regreso al seno familiar, pero junto con un acompañante terapéutico –que serán profesionales convenidos con ONG– para ayudar durante el día en la reinserción social; por ejemplo, asistir a la persona mientras viaja en colectivo, o hace compras o trámites. ● El regreso a inmuebles de su propiedad que quedaron vacíos y fueron usurpados por familiares o curadores. ● La incorporación a una familia sustituta, que cobraría un subsidio por recibir al nuevo integrante. “Se trata de restituir a los pacientes los derechos que les fueron vulnerados por la excesiva institucionalización. Para financiar las primeras cuatro alternativas tenemos el presupuesto correspondiente asignado para este año. La alternativa de las familias sustitutas no está del todo delineada y los fondos sólo figurarán para 2009”, indicó Acuña. El tiempo no la corre. Tampoco a Lemus. Como se dijo, los grandes neuropsiquiátricos sólo serán desactivados dentro de dos años, “una vez que sea completado el plan de infraestructura”, confirmó el ministro de Salud, y aclaró que, mientras tanto, el gobierno porteño “continuará las obras previstas para su mantenimiento y mejora”. La evacuación, coincidieron ambos funcionarios, será así gradual y realizada de manera tal de no causar traumas a los internos.
Una nueva denuncia se sumó al trabado proceso de licitación del llamado mobiliario urbano, conformado por las pantallas publicitarias, los refugios de colectivos y los postes indicadores de calles, entre otros elementos, que está vencida desde hace más de una década. Sin embargo, en el gobierno sostienen que el proceso continúa y que a mediados de julio se conocerán las ofertas técnicas. Spinazzola, que hoy explota la publicidad de los refugios de colectivos en la Capital, denunció ante la Justicia a dos funcionarios por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber preseleccionado a Publicidad Sarmiento SA, una empresa acusada de falsificar documentación. La denunciante, que habría quedado afuera de un negocio multimillonario, también presentó una impugnación administrativa que será contestada por el gobierno la semana próxima, según explicó a LA NACION el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Los funcionarios denunciados son Piccardo y Tomás Palastanga, director de Política y Desarrollo del Ministerio de Ambiente, ambos responsables de seleccionar las ofertas técnicas para la renovación total del mobiliario urbano, que demandará una inversión de cerca de 30 millones de pesos en los primeros tres años. “Las ofertas fueron evaluadas en detalle por la comisión, y luego fue aprobado el proceso por la Procuración. No hay nada que esconder ni que ocultar. Una empresa que pierde lamentablemente utiliza este tipo de artilugios para retrasar una renovación que se adeuda hace años”, dijo Piccardo. En Spinazzola explicaron que hay una causa en trámite contra los hermanos Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento, por falsedad de documentación. Además, por haber informado erróneamente sobre su capital accionario. “El gobierno porteño había sido informado verbalmente y yo envié una nota escrita a Palastanga y otra a Piccardo. Sin embargo, no fueron tenidas en cuenta”, explicó Mariano Bergés, abogado de la empresa cuya causa tramita en el juzgado de primera instancia N° 34 de la Capital.
Acciones En Publicidad Sarmiento indicaron que nunca se presentó documentación falsa. “La empresa adjuntó dos notas que no eran un requisito, según el pliego, que son las que están en duda. Y con respecto a la composición accionaria la empresa siempre fue de los hermanos Terranova. El Bank of America tuvo el 23 por ciento de las acciones entre 2000 y 2006, pero hoy esa participación no existe”, dijo Carlos Malaret, apoderado de Publicidad Sarmiento. El gobierno encabezado por Mauricio Macri resolvió adjudicar el mobiliario urbano por diez años a tres empresas. Según la comisión evaluadora, sólo cuatro cumplen con los requisitos técnicos necesarios: Publicidad Sarmiento, que actualmente explota 1000 pantallas iluminadas; Viacart, ligada a Daniel Hadad, y Grupo del Sur, a nombre de los hijos y la ex esposa de Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación. En cuarto lugar quedó PC Publicidad, que hoy tiene la concesión de carteles en la avenida Lugones. Según informó Piccardo, el proceso avanza a pesar de la denuncia. “Pensamos abrir la oferta económica a mediados del mes próximo”, dijo.