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nota de tapa
critica de la argentina
Jueves 12 de junio de 2008
PATRICIO CABRAL
el gobierno dijo que hubo tiros en un piquete. el juez lo negó
Más dudas que balas
Policía. La Justicia hizo varios rastrillajes para buscar indicios de la pelea en las rutas de Victoria, Entre Ríos.
Camioneros y transportistas se enfrentaron en Entre Ríos. En la pelea está involucrado un sobrino del represor Bussi. ANDRÉS FIDANZA Desde Victoria
E
n Victoria, Entre Ríos, un pueblo de 40 mil habitantes dedicado a la producción agropecuaria, un confuso hecho policial que involucró a un sobrino nieto del represor tucumano Antonio Bussi obligó a suspender el piquete de transportistas planificado para ayer. Los primeros relatos mencionaban que un grupo de camioneros se había enfrentado a los tiros con un piquete de transportistas en la ruta, lo cual fue desmentido por el juez que investiga el episodio. José Alejandro Calleja, juez de instrucción del departamento de Victoria y encargado de la causa, explicó a este diario lo que ocurrió en la madrugada de ayer. “Pasó un convoy de seis camiones cargados de combustible con destino a la ciudad de Paraná –dijo–.
Pasaron por Victoria y, cuando se iban, una camioneta interceptó el tercer camión. Se bajaron tres o cuatro personas, que se subieron al estribo del camión. Profirieron amenazas y golpearon la cabina con elementos contundentes, como fierros con punta.” –¿Hubo disparos? –Los vestigios que presenta el camión en el análisis técnico hecho por la división de criminalística determinan que las huellas responden a otros elementos. No se trató de armas de fuego. –¿Cómo surgió la confusión al respecto? –Porque el muchacho del camión, según me dijo textualmente, escuchó un ruido similar a un disparo. Pero en ningún momento vio en un arma de fuego o algún fogonazo. El ruido pudo haber sido el reventón del neumático del camión que venía atrás, porque tiraron clavos miguelito.
Randazzo: “Esto es lamentable”
E
l ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el único funcionario del Gobierno nacional que salió ayer a opinar sobre el enfrentamiento en Victoria. “Esperamos que el nivel de agresión y de intolerancia quede a un costado porque esto es lamentable”, dijo en declaraciones a Todo Noticias. Randazzo afirmó que “hay sectores dispuestos a cualquier cosa” con tal de lograr lo que pretenden, aunque se preocupó por aclarar que no se refería con eso a todos los productores rurales. “Hechos como los de anoche son realmente preocupantes”, dijo Randazzo, y consideró “una vergüenza” que los ruralistas, “sobre todo los grandes, por una diferencia de cuatro puntos en las retenciones, estén haciendo lo que están haciendo en nombre de la Patria, la Bandera, el Himno nacional y la Escarapela”. El ministro sostuvo que en Victoria hubo disparos y que se arrojaron miguelitos contra uno de los seis camiones que trasladaban combustible hacia Paraná.
Eso está comprobado. También se pudo haber confundido con los disparos de balas de goma al aire de un policía. Apenas ocurrió la agresión, Calleja acudió al corte con el fiscal y la división de criminalística. Escucharon el testimonio del conductor agredido y empezaron las pericias. Además, Calleja ordenó el secuestro de la camioneta 4 x 4, cu-
yo dueño es Jorge Bussi, sobrino nieto del represor y ex gobernador tucumano. Bussi, “Jorgito”, como le dicen sus vecinos de Victoria, es dueño de una empresa que transporta cereal. Según los que lo conocen, se trata de un “hombre de trabajo”, pero que también es “bastante irascible”. En Victoria aún se recuerda el asesinato de su padre en un intento de robo.
En el juzgado de Victoria dijeron, además, que Bussi tiene un antecedente penal por una pelea. Más allá de sus características personales, en el juzgado lo señalan como el principal sospechoso de la agresión. “No hay dudas”, confiaron en off a este diario. El abogado de Bussi, Claudio González, dijo a la radio que su defendido “estaba en su casa mientras sucedió el ataque”. l
un fiscal pidió procesar a dirigentes del campo
El rebenque judicial sigue en cartel E l fiscal federal de San Nicolás, Patricio Murray, pidió ayer el procesamiento de los ocho ruralistas que habían sido detenidos el 30 de mayo, acusados de cortar la ruta 9 y de incendiar pastizales en la zona de río Tala, a la altura de San Pedro. La decisión final quedará ahora en manos del juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo. La tarde del viernes 30, la protesta agropecuaria seguía al lado de la ruta como cualquier día desde el comienzo del conflicto. Los chacareros detenían los camiones con granos mientras el resto de los autos continuaba su camino. La Prefectura también mantenía su control de rutina. El día sólo se volvió distinto porque el humo de un incendio de pastos a mil metros del piquete llegó hasta la ruta. Ése fue el argumento que usó la Prefectura para detener por acción flagrante –esto es, cuando el delito sucede delante de una
fuerza de seguridad– a dirigentes del campo que estaban presentes en el lugar del reclamo. La decisión significó un cambio total de política del gobierno nacional. La Prefectura depende del Ministerio de Justicia y, desde el comienzo de la era kirchnerista, ninguna fuerza de seguridad se atrevería a tomar una decisión sobre una movilización social sin la autorización de su jefe, Aníbal Fernández, o sin una orden judicial. A pesar de que la Casa Rosada negó cualquier vinculación con la medida de la Prefectura, lo cierto es la política del Ejecutivo fue clara hasta ahora. Los testimonios de los prefectos, las filmaciones que ellos tomaron esa tarde y la grabación de un joven sampedrino en una radio local –quien dijo haber visto a los que prendieron el fuego– son los elementos que usó Murray para pedir al juez que procese por “incendio do-
loso e interrupción de la circulación en la ruta 9” al titular de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores, su hijo Rufino y los productores Juan y Fernando Morreres, Juan Kissiling, Fabián Pascual, Reinaldo Bianchini y Alberto Batalla. Mientras la causa de los ruralistas avanza, retrocede el expediente en el fueron acusados por el corte de la ruta –en un episodio ocurrido otro día– las dirigentes de la Coalición Cívica y de Pampa Sur, Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón. En este caso, ambas fueron imputadas por el fiscal Murray debido a un corte de la ruta 9 del 19 de marzo. Según una decisión de ayer de Villafuerte Ruzo, en la causa no hay elementos “suficientes para el llamado a indagatoria a las ex legisladoras”. Falta saber si el juez mantendrá el criterio en la causa contra los ruralistas. l