Coalición antiminera y reacciones institucionales
piente, a pesar de la creación de instituciones y del desarrollo de prácticas denominadas responsables o sustentables. Esta institucionalización está caracterizada por la instrumentalización de la participación social, la cual no llega a ocupar los roles de “iluminadora” de las consecuencias perversas de las políticas públicas y definidora de acciones correctivas. El vehículo de la institucionalización es la carencia de regulación sobre las prácticas de responsabilidad social empresarial, que ha permitido la reproducción sistemática de la impunidad efectiva de las empresas ante los impactos sociales que han creado en las zonas de exploración. Un factor clave en limitar aquella institucionalización y permitir la instrumentalización ha sido la perversa aplicación de la descentralización en la gestión ambiental y, de forma más general, en la planificación del desarrollo en el país. Mientras el Ministerio del Ambiente fue descentralizado y modernizado de acuerdo a la ideología neoliberal, este proceso sirvió para que los niveles subnacionales de control de los impactos ambientales y sociales no pudieran desarrollar capacidades suficientes y ejercer un poder político que permitiera manejar los impactos negativos de la exploración minera antes de que se produjeran crisis, y el ejercicio de la violencia se volviera rutinario. A pesar de su importancia en la institucionalización del desarrollo sostenible, el Ministerio del Ambiente es el gran ausente de las coaliciones. A pesar de la extensa influencia que tienen las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional sobre la institución, esta no ha sido incluida en la coalición anti minera para legitimar las preocupaciones sobre la verdadera capacidad de control que el Estado podría desarrollar sobre la industria. Se confirma, entonces, que de no ser por la iniciativa de las ONG interesadas en la conservación y el desarrollo, el Ministerio del Ambiente no es una entidad que esté en capacidad para proveer servicios que permitan el correcto ejercicio de los derechos, sino que, como eje de la institucionalización del desarrollo sostenible, opera exclusivamente a través de los instrumentos legales de los que dispone para que el Estado sea la instancia final de decisión sobre el uso de los recursos, independientemente de los resultados. Otros actores que han sido dejados de lado son los gobiernos seccionales. Si bien algunos tienen un interés particular en el desarrollo de ciertos 335