Coalición antiminera y reacciones institucionales
tancia plurinacional para la rectoría del recurso hídrico, en la que se verían representadas las organizaciones sociales en igual medida que el Estado. Durante el anuncio de la subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas del 10 de abril de 2007, sobre la suspensión de todas las actividades mineras de exploración o explotación hasta que se solucionaran los conflictos, la elaboración de una nueva política minera discutida con la población fue presentada como el objetivo del diálogo minero. Este diálogo prometió ser una primera etapa de discusión para recopilar la información mínima necesaria para entender los impactos sociales y ambientales de la actividad minera en el país6. El objetivo de las primeras reuniones con mineros artesanales fue el desarrollo de un plan social que racionalizara y formalizara al sector bajo criterios de sustentabilidad social, ambiental y financiera. El ministerio anunció, además, el lanzamiento de un plan en conjunto con el Ministerio de Bienestar Social para asistir con servicios básicos a las familias de los mineros artesanales, y se comprometió a conformar comisiones de auditorías a las concesiones, en especial, aquellas ubicadas en los lugares más conflictivos: las provincias de Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Imbabura y El Oro. No puede haber minería sustentable si las actividades productivas de la zona se van a pique, si campesinos, ganaderos, agricultores pierden la posibilidad de sus fuentes de trabajo a cuenta de desarrollar la minería […] hoy existen 4 112 concesiones, una verdadera hemorragia de concesiones sin ningún criterio, apenas 600 tienen manifiestos de producción (Entrevista a Alberto Acosta, 5 de abril de 2007 [Diario La Tarde]).
En la primera sesión del diálogo, el Ministerio anunció que “la sociedad tendrá la última palabra”7. Sin embargo, a medida que se desarrollaron los encuentros, la discusión sobre la moratoria se diluyó y fue reemplazada por discusiones sobre mecanismos para constituir empresas regionales mineras mixtas para ofrecer servicios, fortalecer a las organizaciones gremia6 7
En el Anexo N.° 3 se muestra un mapa de la conflictividad en el sector minero elaborado por el gobierno de Correa; en él se identifican las áreas más problemáticas. El Tiempo, 05 de abril de 2007.
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