¿Cómo se construye la sustentabilidad ambiental?
el país. Una inversión destinada casi exclusivamente a la extracción de recursos naturales, que no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los más pobres y que ha dejado enormes pasivos ambientales como aquellos de la era Texaco1. El crecimiento de la industria minera metálica como tal no tuvo un papel protagónico dentro de estas movilizaciones de las organizaciones indígenas, que apuntaron, sobre todo, a la industria petrolera, a la defensa de los sistemas comunitarios de agua en las zonas rurales, y a la protección de este recurso como un derecho humano fundamental. Durante las protestas contra la industria petrolera, el desempeño de la empresa estadounidense Occidental en el denominado Bloque 15 de la Amazonía adquirió un espacio destacado. La empresa fue acusada de incumplir con sus obligaciones con el Estado, específicamente en cuanto a respetar las tasas de extracción y transferir derechos a la empresa canadiense Encana. Por estos motivos, Petroecuador declaró la caducidad de su contrato con Occidental en junio de 2006, una vez disminuidas las protestas y cerradas las negociaciones para el tratado de libre comercio. La minería fue tardíamente incluida en el paquete de actividades repudiadas por las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas en sus tierras y territorios. Estas se preocuparon por dar a conocer a nivel nacional los nocivos efectos sobre la seguridad alimentaria, la agroproducción para la exportación, la salud y la protección de las fuentes de agua. Las movilizaciones lograron, además, reactivar a las organizaciones indígenas de la Amazonía, que durante su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez habían afrontado una serie de escisiones internas. Es así el caso de la CONFENIAE, cuyos dirigentes buscaron, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, crear alianzas con la empresa privada, dando lugar a la formación de la empresa Amazonía Gas, que proyectó 1
Los pasivos ambientales dejados por las operaciones conjuntas de la empresa Texaco en Ecuador y del Estado ecuatoriano, a través de sus empresas CEPE y Petroecuador, provocaron que en el año 1993 se presentara una acción de clase contra Texaco en Estados Unidos. El Frente de Defensa de la Amazonía se organizó en Ecuador para agrupar las demandas de indemnizaciones y perjuicios contra la empresa. El juicio a Texaco ha tenido varias etapas, siendo la última el reciente pronunciamiento de la Corte de Nueva Loja, que recibió la demanda en 2002, en el que el juez dictaminó que Chevron-Texaco debe pagar ocho mil millones de dólares por los daños causados en sus operaciones.
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