Formación de organizaciones y agendas antimineras
Ante los intentos de la empresa para generar acuerdos directos con las comunidades y no con las organizaciones regionales que las representan, en 1999 se presentó una demanda de amparo constitucional contra Arco Oriente por la violación de derechos constitucionales (a participar de decisiones estatales que les podían afectar), sobre la cual el Tribunal Constitucional se pronunció favorablemente en 2000. La presentación de esta demanda fue posible por la colaboración de las organizaciones indígenas con varias organizaciones no gubernamentales como el Centro Ecuatoriano de Derechos Económicos y Sociales, Oxfam, la Fundación Pachamama, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, CARE International, la Fundación Chankuap, entre otros (López, 2003).
La defensa de la gestión comunitaria del agua en Azuay A pesar de la existencia de varios proyectos mineros de gran escala en la provincia del Azuay, las organizaciones integrantes de la FOA no se relacionaron con la resistencia de, por ejemplo, las parroquias de Molleturo, donde Acción Ecológica, junto con la CONAIE y CARE International, llevaban a cabo talleres sobre los potenciales efectos de la explotación de una mina propiedad de Rio Tinto Zinc. Esta desconexión responde, como veremos más adelante, a que las organizaciones a las que pertenecen sus principales dirigentes no se encontraban expuestas directamente a la presencia de la exploración minera de metales, y a que el objetivo principal de la organización era buscar el control del gobierno local como estrategia para cambiar la situación de las poblaciones rurales y, sobre todo, la lógica de manejo del agua. De tal manera, la FOA intervino activamente en los debates nacionales sobre el manejo del agua, rechazando varias propuestas de reforma a la política pública establecida en el gobierno militar de la década de 1970, que contemplaba la gestión directa del recurso por parte de los usuarios organizados. Las reformas apuntaban a eliminar esta forma de gestión favoreciendo aquella a través de empresas privadas por medio de convenios mantenidos con los gobiernos locales.
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