¿Cómo se construye la sustentabilidad ambiental?
trucción, que también se interesaban por incrementar las capacidades de las organizaciones indígenas para participar de monitoreos ambientales y profesionalizar el recurso humano en temas mineros, ambientales y legales. Las organizaciones de Azuay, Cañar y Chimborazo dieron más énfasis a la participación de los gobiernos locales en la relación entre las comunidades y las empresas, y a los temas de la competencia por la utilización del agua para desarrollar la minería, y del cambio del uso del suelo, que puede afectar la producción de alimentos para el consumo. Las recomendaciones producidas en estos eventos se recogen en el informe del país para el proyecto MMSD América Latina. Estas se centran, sobre todo, en las posibles mejoras a la minería artesanal informal, pero mencionan, además, la necesidad de un fortalecimiento institucional para el control de los efectos ambientales, la construcción de un sistema de información sobre los procesos mineros y el establecimiento de acuerdos de largo plazo con las comunidades y organizaciones indígenas (Sandoval, 2001). Estas recomendaciones se compilaron luego, junto con aquellas de Bolivia, Brasil, Chile y Perú, para formar el informe regional con el que se construyó lo que hoy es el Marco para el Desarrollo Sostenible, como guía de mejores prácticas en el sector minero. Sin embargo, las operaciones de las empresas mineras canadienses siguieron siendo el blanco de un creciente número de críticas, especialmente en Colombia, Sudán, Congo y las Filipinas. Varias denuncias sobre el irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas en estos países llevó al Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense a realizar el informe “Minería en países en desarrollo y responsabilidad social empresarial”, y a una serie de audiencias públicas con los afectados, durante junio de 2005. En el reporte, el subcomité de Derechos Humanos y Desarrollo Internacional enfatiza en la necesidad de terminar con la impunidad efectiva de las empresas basadas en Canadá que operan en el exterior, que se promueve debido a equivocadas prácticas empresariales y a la debilidad de los sistemas de gobernanza de los países que reciben las inversiones (Coumans, 2010). A partir de las recomendaciones del parlamento, el Gobierno se comprometió a incentivar, mediante el financiamiento y la prestación de servicios a las empresas operando en el exterior, el mejoramiento de sus acti170