FLACSO - Chile
mayor ámbito de violación de los derechos humanos. No obstante, uno de los pocos estudios que existen apunta precisamente a dar una explicación del comportamiento policial y entrega una acertada idea de que la Policía Nacional tiene un “código informal” que regula sus acciones, pero al mismo tiempo es una institución consciente de que necesita cambiar y modernizarse (Mansilla, 2003). La existencia de este código informal sería un legado sociocultural de la época colonial enraizada sobre todo en las clases medias e inferiores, tanto urbanas como rurales, grupos que son los que precisamente integran en su mayoría las entidades encargadas de la seguridad. El estudio de Mansilla, quien realizó un seguimiento a todos los hechos delictivos cometidos por miembros de la policía que se hicieron públicos en medios de prensa, concluye que existen “principios” o elementos que formarían esta lógica informal y que pueden ser resumidos en los siguientes puntos: • Se acata pero no se cumple, es decir, existen estatutos y reglamentos, pero alejados de la práctica. Quizá esta actitud pueda responder a la confusión de una legislación posiblemente anacrónica con la posibilidad de cometer transgresiones. • El poder y el dinero aseguran impunidad, la discriminación entonces se da según la posición socioeconómica del afectado y el origen étnico-cultural. • No existe una ética de servicio a la comunidad, sino de beneficiarse de los recursos. Esto también tiene que ver con la militarización de la policía que condiciona
una mentalidad que en primer término es de orden, disciplina y subordinación y no de servicio a la comunidad. • La cultura militar también tiene que ver con la obediencia ciega hacia los superiores y cierto mandamiento de solidaridad con los otros miembros, por lo cual las prácticas corruptas se aceptan y no se denuncian, presentándose el encubrimiento y la negación de las faltas9. • La responsabilidad de un hecho se diluye si la colectividad pasa por alto la falta. • La promesa de mejorar es utilizada como disculpa. En tanto, según Quintana (2005), los elementos que explican el comportamiento policial dicen relación con la política, pues existe un comportamiento discrecional de parte de todas las autoridades públicas y no hay fiscalización parlamentaria ante denuncias de violaciones a derechos humanos, lo que ha creado un ambiente de impunidad cuyos márgenes dieron como resultado la normalización del delito. Más aún, la relación con la política no es evaluada positivamente, pues los policías dicen que los políticos juegan un papel en la discrecionalidad de los ascensos y utilizan la institución para sus fines. De hecho el 5% de los funcionarios policiales confía en los partidos políticos, sólo entre 30% y 40% dice que las normas se aplican por igual a todos los policías y el 76% opina que el sistema de ascensos no es aplicado en forma honesta (PNUD, 2006). A pesar de todas las denuncias en contra de la Policía Nacional por diferentes tipos de
9 Al respecto, conocido fue un caso ocurrido en 1992 cuando un oficial denunció prácticas ilegales y el involucramiento con el narcotráfico, luego fue detenido y torturado por la propia policía; en 1991 un grupo de 40 oficiales fueron dados de baja por conexiones con el narcotráfico, luego fueron reincorporados, hecho que fue negado inicialmente por la policía, pero luego lo reconocieron. En 1998, el Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos fue detenido ilegalmente y los culpables nunca fueron procesados. Posteriormente, en 2001, el caso Blas Valencia también fue conocido: se trataba de un coronel en servicio activo que planificaba asaltos a mano armada y contaba con una amplia red de información, protección y colaboración en la propia Policía, Ministerio del Interior y algunos partidos (casos documentados por Mansilla, 2003).
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