Manifiesto de La Plataforma en Defensa de la Educación Pública para la retirada de la LOMCE

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Declaración de la Plataforma Andaluza en defensa de la Educación Pública ante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) PLATAFORMA ANDALUZA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA La Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, formada por los sindicatos CC.OO, CGT, FETE-UGT y USTEA, el Sindicato de Estudiantes, la asociación juvenil SURGENTE, y las Confederaciones de padres y madres CODAPA y CONFEDAMPA, ha decidido presentar al conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad andaluza en general, tras un detenido análisis del contenido del Anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una valoración sobre esta norma, a aplicar en los próximos cursos académicos, que acompañada de los recortes efectuados en los últimos tiempos en educación en España - en profesorado, en becas y ayudas al estudio, en recursos educativos, en la atención a la diversidad del alumnado…), pueden suponer un paso atrás en nuestra democracia, nunca antes visto, respecto a los avances de la educación en las últimas décadas. La Plataforma pone de manifiesto su preocupación en algunas de las medidas que contiene dicho Anteproyecto: Sacraliza al mercado, con continuas alusiones a términos como competitividad, globalización, necesidades del mercado, usuarios/clientes, empresas educativas/empleabilidad, rendimientos económicos… Términos que predominan a lo largo del texto por encima de la formación integral de las personas para incorporarse a la construcción de una sociedad cada día más justa y democrática. Ningunea a la comunidad educativa (Familias, alumnado y profesorado), siendo poco democrática, al no permitirles su opinión y participación con un debate sosegado que nos llevará al necesario acuerdo/pacto, en torno a las medidas que pudieran ser necesarias para mejorar la calidad educativa. Mientras otras Leyes educativas fueron debatidas y participadas durante años, ésta -la LOMCE- se presenta a finales de junio, dejando solo el verano para enviar propuestas a la web del MECD, a pesar de la importancia de la educación como factor para salir de la crisis y estando previsto el Dictamen del Consejo Escolar del estado para finales de este mes de octubre. Profundiza en la falta de estabilidad normativa tan necesaria en la educación, cambiando ésta con los cambios de gobierno, de forma que España en los últimos 42 años ha tenido 7 Leyes (LGE, LODE, LOGSE, LOPGSE, LOCE, LOE y LOMCE), poniendo a la educación en el centro del debate y la rentabilidad partidaria coyuntural y volviendo a impedir el necesario Pacto por la Educación en este país. Contiene propuestas autoritarias, como las de dotar a los directores de plenos poderes en el centro, en detrimento de los consejos escolares -ahora sólo consultivos- y de los claustros de profesores. Directores que tenderán al servilismo al ser nombrados prácticamente por la Administración educativa. Y recupera el viejo y extinto cuerpo franquista

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de directores. Favorece la quiebra del principio de igualdad, transparencia, mérito y capacidad en la definición de las plantillas docentes de los centros, pues será el director quién les seleccione, abriendo una puerta franca al futuro de la privatización de los centros públicos. Pretende acabar con el fracaso y el abandono escolar temprano, cuando lo que realmente hace es crear una carrera de obstáculos -reválidas-, devolviéndonos al tardofranquismo en educación (Libro Blanco de la Educación de 1969), clasificando a los centros según los resultados obtenidos en las evaluaciones externas, cuestionando las capacidades del profesorado, al tiempo que segregan al alumnado más vulnerable, aquél que proviene generalmente de las familias socio-económicamente más desfavorecidas. Eso sí, excluyendo prematuramente a muchos de ellos para evitar que sean valorados por los estudios PISA. Se ampara en estudios internacionales que no cita a lo largo del texto, los sesga y manipula para que avalen sus propuestas, en relación con que un mayor gasto en educación no representa necesariamente mejores resultados educativos. Pero al mismo tiempo soslaya que esos mismos estudios relacionan los inputs (gasto educativo, nº de profesorado, ratios, recursos…) con los ouputs (resultados del alumnado), Es más, con la eficiencia y la calidad en equidad del sistema educativo. Sin embargo, el Gobierno del PP lo evita, pues pretende rebajar el gasto educativo en nuestro país del 5% al 3,9% del PIB, favoreciendo la segregación y la exclusión de gran parte del alumnado y alejándonos de la convergencia con los países de la UE-15. Por todo ello, la Plataforma, defensora de un sistema educativo público, democrático y participativo, universal, gratuito, integrador y multicultural, que favorezca la atención a la diversidad del alumnado considera que estos principios están en peligro con esta nueva Ley; y conscientes de que la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión y la inclusión social, la superación de las desigualdades de origen, la igualdad entendida como libertad igual para todos y todas, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el verdadero progreso individual y social, no sólo el de unos pocos, pide la retirada de este anteproyecto que representará una auténtica contrarreforma educativa.

enseñanza

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