VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
está en este caso siendo molestado a causa de sus opiniones y además se configura un abuso de poder en el cual se utiliza este para llevar a cabo la campaña de descrédito. Finalmente, existe también una discriminación, en el sentido de que se le impide acceder a determinada información a causa de sus opiniones políticas. La sanción en contra del Diario Tal Cual al cual se le prohibió tener información directa de autoridades acreditadas del servicio de transporte, luego de una publicación en la que se refería a determinada falla en el servicio, constituye también una discriminación a causa de sus opiniones y por ende violación a la libertad de expresión.
Internet: nueva frontera para el atropello a la libertad Erika Rosales1
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taques cibernéticos, usurpación de identidades, violaciones a la privacidad en cuentas de correo electrónico y redes sociales- facebook, twitter- destrucción de información personal y profesional así como hostigamiento verbal, fue el escenario que se evidenció en Venezuela a finales del 2011, período durante el cual se vulneraron los derechos humanos de los ciudadanos que emplean Internet como plataforma para el ejercicio de la libertad de expresión. El monitoreo realizado por Espacio Público registró 30 casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet que afectó a personalidades públicas que incluyen a muchas que realizan críticas a la gestión gubernamental del presidente Chávez, con lo cual se limita la posibilidad del debate político y la libre circulación de ideas, elementos necesarios para la construcción de una sociedad democrática. Con estos hechos, se vulnera el derecho individual de las personas a expresarse a través de los canales electrónicos que habían sido construidos a lo largo de una trayectoria de meses e incluso años, como es el caso de las cuentas en twitter. Al mismo tiempo, la intromisión ilegal vulnera el derecho social a la libertad de pensamiento y expresión de todas aquellas personas que utilizaban esos canales de comunicación con las personas directamente afectadas para mantenerse informados sobre diferentes temas de interés, limitando así su derecho a conocer la opinión de los demás. Estas violaciones presentan un claro patrón de intimidación que tiene como principal responsable al grupo autodenominado “N33”2, quienes se [1] Oficial de Proyecto del Programa de Responsabilidad Social y Medios de Espacio Público. [2] N33 grupo de personas identificada como pro oficialista dedicado a realizar crakeos a cuentas de personalidades críticas a la gestión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
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identifican como partidarios del proceso político de Hugo Chávez, que desde el mes de agosto de 2011, iniciaron la campaña denominada “Trinchera 2.0 de la guerra 4G”, esto ante la mirada indiferente del estado venezolano. La motivación de N33 para vulnerar la privacidad de las cuentas de correo electrónico y usurpar identidades en la red social Twitter de los críticos a Chávez se debe al “uso indebido”3 de estas plataformas, con la finalidad de evitar que sus legítimos dueños empleen “la excusa la libertad de expresión” para atacar la solemnidad de las instituciones venezolanas y del jefe de Estado. El mecanismo empleado por los piratas cibernéticos consiste en apoderarse de las cuentas de correo y de sus usuarios en las redes sociales para emitir mensajes que cuestionan tanto la labor realizada por sus dueños así como la otros personajes de la sociedad venezolana que no comparten el proyecto político que plantea la “Revolución Bolivariana”. N33 extrae de las cuentas “crackeadas”4 la información registrada en las plataformas con el objeto de amenazar a sus propietarios con divulgar sus contenidos, intimidar a las fuentes de los periodistas e insultarlos por su trabajo. Una de las primeras víctimas fue la periodista Ibéyise Pacheco, el 31 de agosto, el “cracker” usurpó su identidad5 en la red social Twitter y difundió mensajes que cuestionaban su más reciente libro “Sangre en el Diván”, además publicó comentarios ofensivos sobre el trabajo de otros comunicadores sociales del país. Asimismo, el dirigente político Eduardo Semtei, también fue atacado por el pirata cibernético, quien le bloqueo el acceso a su cuenta twitter y envío mensaje a sus seguidores para cuestionar la actuación de periodistas y políticos6. La actividad de N33 continúo con Leonardo Padrón, dirigida a vulnerar la privacidad de sus cuentas de correo electrónico y de Twitter, este hecho ocurrió el 01 de septiembre de 2011. [3] Comunicado del Grupo N33. Publicado el 02 de septiembre de 2011. [4] Es un anglicismo que se utiliza para denominar a los hackers de sombrero negro, es e decir personas que usan su conocimiento con fines maliciosos, antimorales o incluso ilegales, como intrusión de redes, acceso ilegal a sistemas gubernamentales, robo de información, distribuir material ilegal o moralmente inaceptable. [5] Información sustraída de la captura de pantalla de la cuenta de twitter en manos del grupo N33 [6] Declaración de Eduardo Semtei en el programa Aló Ciudadano transmitido por Globovisión. Consultado el 31 de agosto en http://www.youtube.com/watch?v=Giwg0siSrko&feature=player_embedded.
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Ese mismo día, aproximadamente a las 10 pm, Jesús Torrealba, conductor del programa Radar de los Barrios7 transmitido por Globovisión, es alertado por colegas sobre la publicación de una serie de mensajes insultantes que se emitían desde su usuario de twitter @radardebarrios. Posteriormente, el correo electrónico asociado a la red social sufre una intrusión, una vez que Torrealba procedió a denunciar los acontecimientos en su blog, el grupo N33 vulneró la cuenta de correo que permitía el enlace a ese gestor de contenidos web, afectando el derecho de los líderes comunitarios que luchan por dar a conocer los problemas de su comunidad. Los ataques prosiguieron, y desde la cuenta de la periodista Berenice Gómez, crackeada el 03 de septiembre, el grupo N33 afirmó “no deseo acallar voces y de hecho, ninguna voz se ha acallado. Mi objetivo es aleccionar sobre el debido uso de Twitter”8. En el caso de Berenice Gómez no sólo se crackearon sus cuentas de correo electrónico y twitter sino que fue contactada vía telefónica9 por los delincuentes informáticos para acusarla de “mentirosa”, de poseer información de “inteligencia” de carácter “ilegal” y amenazarla con publicar la información profesional de más de 15 años de trabajo, de tal forma que revelaría las fuentes periodísticas, ya que, indicaron que conocían a sus informantes. No sólo los periodistas o políticos son las víctimas de este delito sino otras personalidad de la vida venezolana, como es el caso del politólogo y humorista, Laureano Márquez, quien el 03 de septiembre, fue crackeada su cuenta (@laureanomarquez), que usaba poco porque prefería emplear @laureanomar que posee más de 300.000 seguidores. Sin embargo, el grupo N33 quien asumió las responsabilidades de estos hechos, vulneró la cuenta de correo electrónico que contenía información personal y profesional, su acción principal consistió en eliminar todos los contenidos allí almacenados lo que representa un daño significativo para el humorista venezolano. Similares acciones fueron emprendidas contra los activistas políticos Richard Blanco, David Smolansky, Luis Trincado10, Enrique Ochoa [7] Radar de los Barrios es una asociación civil integrada por activistas comunitarios y populares de la Gran Caracas que cuenta con plataformas de publicación como es el programa de televisión transmitido por Globovisión, cuenta de twitter y blog para realizar sus denuncias y protestas. [8] Entrevista realizada por Álvaro Pérez Kattar el 04 de septiembre de 2011 [9] Llamada realiza por el Grupo N33 a Berenice Gómez. [10] Entrevista realizada por Espacio Público el noviembre 29, 2011.
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Antich11, los periodistas Milagros Socorro12, Sebastiana Barráez, Tulio M. Capriles -director del Diario El Siglo (Aragua)-, el internacionalista Julio César Pineda, el economista Orlando Ochoa13 y Luis Vicente León, el animador Nelson Bustamante, la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel14 y la organización Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.
Sanciones y denuncias El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, dicha responsabilidad no cesa hasta que se investigue, sancione a los responsables, se impulsen las medidas de reparación y ofrezcan garantías de no repetición de estos hechos. La intromisión ilegal a la correspondencia y otros sistemas informáticos viola el derecho al honor, reputación, intimidad, confidencialidad y la vida privada de las personas afectadas. Este derecho se consagra en el Artículo 48 y 60 de la Constitución Nacional, así como el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada, que las comunicaciones privadas sólo pueden ser interferidas por orden de un tribunal competente y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en su correspondencia. Además, el delito de violación a la privacidad o información de carácter personal se encuentra tipificada en la Ley especial contra los delitos informáticos15 en su artículo 20 que reza Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. El que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las cuales [11] Artículo de Enrique Ochoa Antich publicada en el diario Tal Cual (28/11/2011). Consultado el noviembre 29,11 en http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=62435 [12] Entrevista realizada por Espacio Público el febrero 01, 2011 [13] Imágenes de la línea de tiempo de Orlando Ochoa en manos de N33. Consultado el octubre 6, 2011 en [14] Entrevista realizada por Espacio Público el octubre 10, 2011 [15] Ley Especial Contra los Delitos Informáticos sancionada el 01 de septiembre de 2001. Consultado en http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm el 15 de octubre de 2011.
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tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. La pena se incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los hechos anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o información o para un tercero.
Sin embargo, Estado venezolano no ha investigado los hechos, esto a pesar que diversos casos los afectados realizaron la denuncia ante el Ministerio Público y se consignaron pruebas16 ante la división de delitos informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)17 sobre los presuntos responsables de este delito, su ubicación y datos precisos, pero no se ha ejercido acciones contundentes para la reparación de los daños causados a la víctima. Por el contrario se transfirió al fiscal responsable de la división de delitos informático a otra dependencia. Los integrantes de N33 expresaron a través de un comunicado que realizan estas acciones desvinculados de cualquier ente gubernamental “por cuanto ha sido ésta la norma de una irresponsable, ignorante y agonizante dirigencia opositora, cuya agenda política es simplemente culpar de todo al Presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías”18. Este comunicado fue difundido por medios oficiales19 en el programa “La Hojilla” dirigido por Mario Silva y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. Estos delitos vulneran el derecho a la libertad de expresión de las personas que construyeron sus canales electrónicos con base en su trayectoria, que debido a la intromisión ilegal pierden sus seguidores y cuya tarea de recuperación a cabalidad es difícil. Además, estas acciones podrían crear [16] Los abogados de la periodista Berenice Gómez consignaron las pruebas respectivas a la División de delitos informáticos del CICPC el 04 de septiembre de 2011. [17] Luego de colocada la denuncia por parte de algunos afectados se conoció de la destitución del funcionario responsable de estas investigaciones [18] Comunicado N33 publicado 03 de septiembre de 2011.Consultado el septiembre 7, 2011 en http://www.espaciopublico.org/index.php/biblioteca/doc_details/314-comunicadon33?tmpl=component [19] Video del Programa La Hojilla, transmitido por el Canal del Estado, Venezolana de Televisión http://www.youtube.com/watch?v=YqeAT1A4B7U
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desconfianza entre los lectores que podrían dudar sobre la verdadera identidad de sus autores. Por otra parte, por tratarse de delitos cometidos en contra de personas ejercían funciones periodísticas, vulneran el derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes informativas, establecido en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales establecen que el secreto profesional es un derecho del periodista, y ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de los hechos de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión. Al haberse cometido una ilegítima intromisión en los correos y otros sistemas electrónicos de información personal de periodistas, se tiene acceso a las fuentes de información de los hechos, lo cual es una violación a los derechos vinculados con el ejercicio profesional20. Por ello, Espacio Público exige al Estado venezolano investiguen y sancionen los delitos cometidos y a los responsables de los mismos, imponiendo las sanciones penales y civiles a las que haya lugar para el resarcimiento de los daños ocasionados. La reparación y justicia en estos hechos debe hacerse en cumplimiento del derecho al honor y la vida privada, a la libertad de expresión y a los derechos de confidencialidad de fuentes periodísticas.
Barinas: Radiografía del estado de la libertad de expresión Erika Rosales1
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l proceso de constreñimiento de la libertad de expresión en Barinas aumentó desde el año 2008, ubicándose en el 2011 como el segundo estado con mayor número de denuncias con violaciones de este derecho humano, sólo superado por el Distrito Capital. Descalificaciones públicas, restricciones a las fuentes de información oficial, amenazas e intimidación a los periodistas, procesos judiciales ilegítimos y focalizados de acuerdo a la línea editorial, evidencian un proceso sistemático de hostigamiento a la libertad de expresión en el estado Barinas, este recrudecimiento de la situación de la libertad de expresión, coincide con el período de gestión del ejecutivo regional, que durante los últimos 8 años, lidera la familia Chávez en el estado. Cuadro 1. Violaciones a la libertad de expresión (N° de casos)
N° de casos
[20] El secreto profesional en el caso del ejercicio profesional del derecho tiene garantías en la Ley de Abogados y en el Código Penal. El secreto y confidencialidad de la información asociadas al trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos es imprescindible para superar la impunidad y no pueden ser intervenidas sin un proceso judicial.
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[1] Oficial de Proyecto del Programa de Responsabilidad Social y Medios de Espacio Público.
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