Venezuela: la Revolución como espectáculo
manera extraoficial se denunció que la cifra total de manifestaciones para el año 2009 es superior a la registrada para el año 2008, lustro de mayor movilización durante la gestión del presidente Chávez con 2.893 protestas. En este año se reprimieron una de cada quince protestas. Además siete manifestantes fueron asesinados por participar en una manifestación, cinco a manos de funcionarios estatales y dos por acciones de civiles armados. Los datos desmienten la matriz de opinión difundida por el gobierno venezolano que afirma que la mayoría de las protestas ocurridas en el país son convocadas por la oposición partidista para demandar derechos políticos –como el rechazo al fin de la concesión a medios de comunicación privados–. El monitoreo realizado por organizaciones de derechos humanos establece que el 67.30% de las protestas tienen como motivaciones los llamados derechos económicos sociales y culturales, siendo las manifestaciones por derechos laborales las principales con más del 30% del total, seguidas por las marchas por el derecho a la vivienda y por el rechazo a la violencia, en tercer lugar. Es interesante que si bien la inseguridad continúa siendo percibida como el principal problema de los venezolanos y venezolanas apenas ocasione el 12% del total de protestas. Esta intensidad de la protesta popular amenaza con seguir su curva ascendente para el año 2010. Los recortes en el suministro de la energía eléctrica y el servicio de agua –debido entre otras razones a una deficiente planificación y desinversión en el sector– han originado en su primer mes cierres de calles en todo el país. Relacionado a lo anterior se encuentra la creciente criminalización de la protesta promovida por el gobierno bolivariano donde, paradójicamente, sus principales víctimas son los activistas chavistas de base que, al intentar hacer realidad el discurso oficial sobre la justicia social, sufren largos procesos de presentación en tribunales y, como el caso de Rubén González, castigo tras las rejas. González es un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que en el mes de agosto de 2009 protagonizó una huelga en la planta de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar. El 23 de enero de 2010 un tribunal lo castigó con una pena de cinco meses de casa por cárcel, tiempo en el que tiene prohibido declarar a los medios de comunicación. Este caso, convertido en emblemático, se da en un contexto en el que decenas de trabajadores y dirigentes sindicales tienen juicios en proceso, los cuales son diferidos durante años como manera de erosionar la solidaridad. Un ejemplo es el juicio contra once trabajadores y tres dirigentes sindicales de la contratista de la siderúrgica estatal SIDOR por haber participado en una manifestación en
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