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EL DIARIO Sábado | 12 de febrero del 2011
PANORAMA > ECUADOR
CORTE. EL PLENO ANALIZARÁ DESTITUCIÓN DE SECRETARIO
Dejan sin efecto lo actuado en caso CN foto: API
Demanda laboral puso en jaque a la Cervecería Un reclamo laboral por el no pago de utilidades, iniciado en el 2008, impidió el 26 de noviembre del 2010 a la Cervecería Nacional (CN) vender Pílsener y Club. La jueza novena de la Niñez y la Adolescencia, Pilar Calva, ordenó la retención de los depósitos de la Cervecería en los bancos hasta por 90 millones de dólares. Los ejecutivos de CN apelaron el fallo y el caso pasó a la Corte Constitucional. El 10 de diciembre del 2010, el juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández, dictó una medida cautelar de protección a favor de los actuales empleados y la CN reanudó sus operaciones.<
El cheque de la supuesta coima genera escándalo El pleno de la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto todo lo actuado en el caso de la Cervecería Nacional por el incumplimiento en el pago de las utilidades a sus trabajadores. La moción fue presentada por el juez Édgar Zárate rEDACCIÓN, ED ecuador@eldiario.com.ec
La Corte Constitucional (CC) decidió por unanimidad, es decir con el voto de sus nueve miembros, dejar sin efecto todo lo actuado dentro del caso de Cervecería Nacional. "Hemos procedido a dejar sin efecto todo lo actuado a partir del comienzo del proceso", expresó Patricio Pazmiño, titular de la CC, en la sesión realizada este viernes. Pazmiño explicó que la decisión obedece a
que el fallo aún no había sido notificado a las partes por lo que la sentencia no se habría ejecutoriado. De esta manera el proceso legal volverá a los juzgados que conocían el caso. En la sesión también se abordó la situación del secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, cuyo hermano -según denuncias- habría tramitado un supuesto soborno. Dos de los vocales de la CC plantearon separarlo del cargo. "El doctor Arturo Larrea Jijón debe ser separado pues la imagen de este
alto organismo del Estado se encuentra cuestionada. Aquí no cabe que la Corte, cuando se apresta a conocer uno de los temas más importantes y relevantes de la vida nacional, se vea interrumpida por hechos bochornosos que afectan a la imagen institucional y la autonomía del órgano de control de la constitucionalidad", acotó el juez Alfonso Luze. Mientras, el magistrado Hernando Morales consideró que lo más apropiado sería que Larrea dé un paso al costado hasta que esclarezca la denuncia.<
El 4 de febrero del 2011 el legislador de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara, acusó de cohecho a los jueces de la Corte y a Alfredo Larrera (foto), hermano del secretario de la institución, Arturo Larrea, por haber recibido de la Cervecería Nacional un cheque con la cantidad de 500 mil dólares. La compañía supuestamente pagó este dinero para dejar "sin efecto todas las causas constitucionales que se tramitaron en varios juzgados del país dentro de un proceso en los que los ex trabajadores de Cervecería Nacional exigían el pago de utilidades", declaró Lara. Larrea acudió ayer a la Fiscalía para declarar sobre el caso. Su salida fue fugaz y evitó que los medios pudieran entrevistarlo. <
»Actuamos apegados a las leyes y no bajo intereses económicos « Patricio Pazmiño
PTE. CORTE CONSTITUCIONAL
ASEGURA MINISTRA COORDINADORA DE LA POLÍTICA
Estado debería investigar caso Fabricio Correa
Pablo Chambers, de la veeduría, aclara que el documento no es una denuncia, sino un informe sobre hechos que se dieron
La ministra coordinadora de la Política, Doris Solís, consideró que los organismos de control del Estado deberían ser quienes investiguen los supuestos contratos que habría mantenido el hermano del mandatario, Fabricio Correa, con el Estado. Solís hizo esta referencia debido al informe que presentó la veeduría ciudadana sobre las investigaciones que realizó sobre los contratos. “Son los organismos de
control del Estado los que tienen que investigar y los que tienen que pronunciarse, y felizmente esa veeduría agregada por elementos de Sociedad Patriótica (SP) se ha convertido en una veeduría política”, mencionó. Asimismo, explicó que en los próximos días presentará un informe de quienes son los grupos interesados en desestabilizar la democracia. Por su parte, Pablo Chambers, veedor de los contra-
tos de Fabricio Correa, pide protección al Consejo de Participación Ciudadana ya que según dice poseen inmunidad y no pueden ser sujetos a demandas penales. “Habíamos solicitado anteriormente al Consejo de Participación Ciudadana que cumpla con su deber de protegernos y si el Consejo de Participación no lo ha hecho, está incumpliendo con la constitución”, afirmó el presidente de la veeduría, Pablo Chambers, quien
presentó un informe donde se señaló que el primer mandatario, Rafael Correa, sí conocía acerca de los contratos que su hermano Fabricio Correa tenía con el Estado. Tras conocer dicho informe el Presidente de la República confirmó ayer que presentará una demanda a los responsables de tal documento, por lo que Chambers aseguró que tal medida sería improcedente ya que el informe no es vinculante. <