— Lissett Loretta Monzón Valencia de Echevarría —
anulacióndelactoqueselehasometidoperosinpoderreformarlo, es decir, modificarlo; no puede más mantener el acto, si desecha el recurso o anularlo (…) y sobre todo no puede pronunciar una condenación pecuniaria” 5. Siendo así, resulta evidente que el proceso de nulidad objetiva, también conocido como de revisión, era un proceso judicial, que si bien es cierto pretendía que los actos administrativos sean controlados por el Poder Judicial, dicho control estaba supeditado o limitado a la legalidad administrativa; es decir, de ampararse la acción contenciosa administrativa, solo se declaraba la nulidad, mas no se pronunciaba sobre el derecho invocado. Por dicha experiencia se sostiene que “Toda tesis que pretenda reducir las potestades de la Magistratura en orden a encausar la legalidad de la actuación administrativa, es contraria a la lógica de un Estado de derecho, en el que es consustancial que los jueces puedan ejercer sin restricciones el control jurídico de la Administración Pública, en tutela del orden constitucional y de los derechos e intereses de los administrados”6. 2.2. Modelo de Plena Jurisdicción o de Nulidad Subjetiva El modelo del proceso contencioso administrativo de Plena Jurisdicción, fue incorporado a nuestra legislación con la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo desde el año 2002; con su entrada en rigor se efectúa el trasvase o derogatoria del modelo de nulidad objetiva o de revisión objetiva. Por ello actualmente, el Juez Contencioso Administrativo, no sólo tiene facultad para declarar la nulidad del acto administrativo contrario a Ley, sino además puede pronunciarse sobre el fondo del asunto en controversia e inclusive utilizar todos los mecanismos legales necesarios para ejecutar sus decisiones. 5 MARGAIN
MANAUTOU, Emilio. De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimidad, Editorial Porrua, México, 2002, p. 05. 6 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “El Proceso Contencioso Administrativo en materia Tributaria”, en Themis Revista de Derecho, Segunda Epoca /2000/ Nº 41, Lima, pp. 73 al 97.
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