Revista Rumbo Minero N° 69

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EDITORIAL

La agenda pendiente Aprovechando las conversaciones que hemos sostenido con ejecutivos del sector respecto a temas diversos que abordamos aquí y abordaremos en nuestras próximas ediciones de Rumbo Minero, les hicimos a ellos una pregunta simple: ¿cuáles son las tres demandas principales que deberían ser parte de la agenda de tratamiento urgente del sector para potenciar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo? Las respuestas a esa interrogante dieron como resultado una lista extensa de temas pero, ordenados por la recurrencia de su mención, podemos decir que los más importantes fueron tres: crear condiciones permanentes de estabilidad social para el desarrollo de operaciones mineras; mejorar la infraestructura relacionada con las fases de post producción; y, por último, formar más y mejores recursos humanos especializados para el sector.

Y en cuanto a infraestructura viene haciendo esfuerzos por poner en marcha proyectos diversos (viales, energéticos, portuarios) bajo distintos modelos (concesión, sistema de Obras por Impuestos, Proyectos de Iniciativa Privada), pero claramente no con la fuerza ni la velocidad que la situación exige. Pero en donde se evidencia su total carencia de iniciativa es en todo lo relacionado a la tercera demanda: formación de recursos humanos especializados.

De la evaluación de estas propuestas, hay una variable que salta a la vista como común denominador: el rol que debe jugar el Estado en la tarea –urgente, por lo demás– que se debe emprender para la solución de esas tres demandas.

Y es que, contrariamente a las experiencias que se vienen dando en el mundo, no se observa ningún intento o iniciativa del Estado por revertir lo que existe en este ámbito; esto es, un sistema de educación que, en todos sus niveles, funciona absolutamente desarticulado y ajeno a los requerimientos de desarrollo productivo del país. Y esto, pese a que como nunca antes tenemos claro hoy las actividades en las que tenemos las mayores ventajas y potencialidades.

¿Qué tanto es consciente el Estado de esa responsabilidad y cuánto ha hecho para asumirla? Debemos decir, a modo de respuesta, que menos de lo que se esperaba.

La agenda pendiente, entonces, está definida. Y es hora de que la preocupación y la responsabilidad por abordarla seriamente no sean solo del sector privado.

Porque a partir de lo sucedido con el Proyecto Conga, ciertamente ha comenzado a dar los primeros pasos para encarar la solución de la demanda relacionada a las condiciones de estabilidad social. La creación de la Oficina

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Nacional de Diálogo y Sostenibilidad es una prueba de ello. Pero respecto a las otras dos –infraestructura y educación–, muy poco.

RUMBO MINERO

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