Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 143 de agosto 2016

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Bogotá, Colombia Agosto de 2016

El miércoles 17 de agosto se dieron cita en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, los representantes de la CTC (Miguel Morantes), de la CUT (Luis Alejandro Pedraza), la CDP (Jesús Mendoza), la CPC (Orlando Restrepo), y de Fecode (Luis Grubert), para lanzar públicamente la campaña por el SÍ en el plebiscito. Al centro el invitado especial, presidente de la CSA, Víctor Baéz Mosqueira.

VOTE SÍ A LA PAZ EN EL PLEBISCITO

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on suficientes las razones que motivan el llamamiento del sindicalismo a todos los colombianos para salir a votar por el SÍ. Durante más de medio siglo la violencia política ha afectado la vida de los colombianos con catas­ tróficas consecuencias sociales, económicas y en derechos humanos; particularmente el sindicalismo y los luchadores populares han puesto millares de víctimas, han visto el ani­ quilamiento de sus organizaciones, la pérdida de derechos laborales y libertades sindicales, y han soportado la estigma­ tización y el señalamiento de sus actividades reivindicativas y políticas por el aprovechamiento oportunista que las fuerzas reaccionarias han hecho de la violencia. / 3

POR QUÉ, ¡SÍ A LA PAZ!

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éctor Abad Facio Lince, en su columna “Los motivos del Sí”, hace una lista de algunas de las buenas no­ ticias que quizá el país no ha logrado dimensionar. La primera, el cese al secuestro por parte de las Farc, pero además “(...) menos desplazados, menos muertos en com­ bate, menos minas, menos homicidios en general, menos desaparecidos, son suficientes para que defendamos con alegría el Sí en el plebiscito. Y debemos hacerlo así, con felicidad, pues los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”. / 8


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ascontrol

Empleo rural y paz pios del país y albergan el 23% de la po­ blación; el país rural se concentra en 753 municipios (69%) y albergan solo el 25% de la población2.

Carlos Saavedra Zafra Presidente Nacional Ascontrol

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l informe sobre el pri­ mer punto de la agenda: Política de Desarrollo Rural Integral dado a conocer en La Habana el pasado 21 de junio de 2016 precisa que “lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, fami­liar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asocia­ción y cooperativismo, la genera­ ción de ingre­sos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente”. Que se convino “fortalecer el sis­tema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condicio­ nes laborales dignas y la protección de los dere­chos de los trabajadores agrarios. Esto signi­fica promover formas asociativas ade­ cuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabaja­dores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empre­sas en derechos y obligaciones laborales. Adi­ cionalmente se acordó promover y fortale­ cer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo”. En las décadas más recientes, Colombia ha asistido de manera sistemática a pro­ cesos de concentración en la tenencia y propiedad de la tierra resultante del despojo violento y/o del desplazamiento forzado de los titulares originales de la propiedad de la tierra y dicho despojo y desplazamiento es­ tuvo acompañado de la destrucción de vi­ viendas, de la producción agraria (cultivos), el cambio –violento– del uso del suelo1. Todo ello en su conjunto, condujo a la re­ ducción de la participación de la agricultura nacional en el monto global económico de Colombia, a la sustitución de cultivos temporales o semestrales por cultivos permanentes y al establecimiento de gran­ des plantaciones, que geográficamente, coinciden con áreas críticas del conflicto armado y a la consecuente expropiación, extranjerización de la propiedad y al des­ tierro de pequeños y medianos propietarios y a la proletarización y precarización del campesinado. Los sobrevivientes del des­ pojo, del desplazamiento, de la violencia agraria, en términos de Fajardo, les quedó como alternativa de vida la indigencia o su vinculación a los mercados rurales cuyos signos más evidentes son la precarización,

Esta situación social y laboral es la que abordaron las partes en las conversacio­ nes de La Habana y sin que lo acordado pueda desbordar las competencias de las organizaciones sindicales agrarias ni del campesinado organizado ni de los pequeños y medianos productores, que, en últimas, una vez aprobado el plebiscito deberán mediante la movilización social organizada alcanzar las reformas democrá­ ticas que un desarrollo agrario soberano y autónomo requiere.

la tercerización, la sobreexplotación, el tra­ bajo por cuenta propia, y el trabajo familiar sin remuneración (Fajardo, 2014) y con un declive en el promedio total de remunera­ ción del trabajo rural que en general no alcanza al 50% del trabajo en la industria. El conflicto por la tenencia, propiedad, dis­ tribución y uso de la tierra fue subsumido en el conflicto armado entre Estado y gue­ rrillas, y guerrillas y paramilitarismo, y entre la sociedad y todos los actores armados ilegales y todas estas aristas del conflicto social y del conflicto armado condujeron al debilitamiento estructural y social de la agricultura, que se afianza y profundiza aún más con el ingreso masivo de los ca­ pitales provenientes del narcotráfico, que de la mano de paramilitares generaron la más grande contraofensiva no solo en términos militares contra las guerrillas sino ante todo y por sobre todo contra el conflic­ to subyacente por la tenencia y propiedad de la tierra.

La reforma agraria, la distribución de la tenencia, uso y propiedad de la tierra, la titularización de predios, el desarrollo de una política agraria productiva enmarcada en la soberanía agropecuaria y la seguridad alimentaria de la Nación serán el resultado de la movilización social y popular. Sin embargo, el solo hecho de eliminar uno de los actores causantes de la violencia so­ cial y armada rural será suficiente justifica­ ción para salir a apoyar los acuerdos de La Habana respondiendo con un contundente y simple SÍ. Lo demás, son factores de distracción política e ideológica y terminan ayudando es al NO en el plebiscito.

bemos apoyar, impulsar, respaldar el SÍ en el plebiscito. El simple SÍ, sin adjetivos ni complementos. Actuar de otra manera; es decir colocar adjetivos y complementos a la paz, es ter­ minar del lado guerrerista, del lado de la oscuridad, del lado del no. Apoyar el SÍ; es soñar con una Colombia diversa, incluyente, democrática. Decir SÍ, es decirle sí a un futuro de movilización social por el rescate de nuestros derechos conculcados. Por ahora, digamos SÍ en el plebiscito.

**** P. D. La sentencia 379 de 2016 que da vía libre a la realización del plebiscito rei­ tera una postura altamente discriminatoria contra los trabajadores de los órganos de control al impedirles, que una vez se convo­ que al plebiscito, puedan hacer proselitismo a favor del SÍ o a favor del NO. Al hacer­ lo, los puso como ciudadanos de tercera categoría. Pero aun así vamos a decir SÍ.

Notas

Debemos ser certeros y claros

1 Fajardo, Darío (2014). Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Estudio sobre el origen del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Los trabajadores colombianos tenemos di­ vergencias, tal vez, irreconciliables con las políticas económicas, laborales y sociales del gobierno de Santos pero, hoy, y hasta el fin del conflicto armado con las Farc de­

2 Espitia, Mario Enrique; Mora, Luis Sigifredo; Llano, Mauricio (2010). Ruralidad y empleo rural en Colombia. Aproximación a la metodología de la Oecd. Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. Bogotá: Contraloría General de la República.

El anterior panorama facilitó el surgimiento de cultivos con destino al mercado inter­ nacional, el establecimiento de agroindus­ tria, que encontraron en esos campesinos pauperizados y empobrecidos la oferta de mano de obra relativamente barata, des­ organizada y que así mismo, daría viabili­ dad al crecimiento exponencial de formas de vinculación y contratación informales, precarizadas, tercerizadas y con bajo nivel de ingreso. La violencia generalizada, el narcotráfi­ co, las condiciones sociales rurales, el conflicto armado, el despojo, el desplaza­ miento, condujo a que la composición de la población del país sea eminentemente urbano: 69 municipios tienen un carácter Predominantemente Urbano (PU) y en ellos vive el 52% de los habitantes del país; se cuenta con cerca de 274 municipios cuyo carácter es denominado Transitorio, esto es que no son plenamente urbanos pero tampoco tienen vocación predominante rural y representan el 25% de los munici­

ASCONTROL


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Sí a la paz

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EDITORIAL

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VOTE SÍ A LA PAZ EN EL PLEBISCITO

a Central Unitaria de Trabajadores (CUT) definió entre sus principios fundacionales la lucha por una salida política negociada al con­ flicto armado, el rechazo al uso de métodos violentos para tramitar los conflictos sociales y políticos, y la lucha por la democra­ cia y la paz. El gobierno del presidente Santos emprendió una negociación con las guerrillas de las Farc y el ELN, que la CUT ha apoyado desde su mismo anuncio. Esa negociación ha llegado a unos acuerdos que incluyen la finalización de la guerra en la búsqueda de una paz es­ table y duradera, y deberán ser refrendados mediante el proceso constitucional de un ple­ biscito en el que los colombianos tendremos la opción de votar SÍ para aprobarlos cuando estén firmados. Son suficientes las razones que motivan el llamamiento del sindicalismo a todos los co­ lombianos para salir a votar por el SÍ. Durante más de medio siglo la violencia política ha afectado la vida de los colombianos con catas­ tróficas consecuencias sociales, económicas y en derechos humanos; particularmente el sindicalismo y los luchadores populares han puesto millares de víctimas, han visto el ani­

La cultura del deporte es paz.

quilamiento de sus organizaciones, la pérdida de derechos laborales y libertades sindicales, y han soportado la estigmatización y el señalamiento de sus actividades reivindicativas y políticas por el aprovechamiento oportunista que las fuerzas reaccionarias han hecho de la violencia. Para el sindicalismo y las fuerzas democráticas, avanzar hacia la paz representará un mejor escenario de garantías para el ejercicio de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical. Desaparecerá el reprobable pretexto de usar la persecución al enemigo interno como excusa para señalar y reprimir las luchas popu­ lares y reclamos de los colombianos e incluso para justificar la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestros asuntos internos como ocurrió con el nefasto Plan Colombia. Los problemas estructurales que afectan la vida de los colombianos, como el de la profunda desigualdad, no serán resueltos solamente con la firma de los acuerdos, pero, su cumplimiento será un paso en la construcción de la democra­ cia porque entendemos que en esta etapa estos no tienen el alcance de representar un cambio del modelo económico y social dominante, ni de la manera inequitativa de relacionarnos con las potencias económicas y sus multinacionales que han neocolonizado la producción y nuestro tra­

bajo, esto lo alcanzaremos con la movilización social y la lucha política que indiscutiblemente tendrá mejores condiciones con los acuerdos de paz. Votar SÍ a la paz no significa un referendo de apoyo al gobierno de Santos como pretenden distorsionar sectores regresivos que intentan desfigurar el sentido de los acuerdos, y mu­ cho menos el voto por el NO es un rechazo a las políticas sociales y económicas neoli­ berales que han golpeado a los colombianos en las últimas décadas, este enfoque tiene el inaceptable propósito de atacar veladamente el SÍ para confundir a los votantes. Es preciso aclarar que votar SÍ es un espaldarazo a los acuerdos para alcanzar unas mínimas condi­ ciones de garantías democráticas. La CUT llama a todos los colombianos a votar por el SÍ a los acuerdos de paz, y a mantener la oposición a la política económica y social del modelo neoliberal que los anteriores y el actual gobierno han venido imponiendo. Bogotá, 17 de agosto de 2016 Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General


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salud

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El Hospital de Usme en Bogotá se está hundiendo “Este centro de salud, clasificado como primer nivel, está en aprietos. Le adeudan 10 mil millones y su gerencia, desde 2013, no repunta”.

Jhon Edward Páez Huertas

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Tomado de Las2orillas Agosto 8 de 2016

ace ya aproximadamente 6 meses el gobierno de Enrique Peñalosa aprobó la “reorgani­ zación” del sector salud para la capital del país. Como as­ pecto principal este acuerdo (641 de 2016) contenía la fusión de 22 hospitales públicos a tan solo 4, además de la entrada por la puerta grande de la inversión privada por medio de las APP (Alianzas PúblicoPrivadas) al sector salud. Como era de esperar, para tal acuerdo se presentaron estudios insuficientes y que no fueron am­ pliamente divulgados y discutidos con los bogotanos que indicaran la necesidad de tal fusión. En el caso del Hospital de Usme I Nivel, este entra en aprietos a la Sub Red Sur que la integran también el Hospital Nazaret, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal. El síntoma principal de la crisis que padece el Hospital de Usme I Nivel son sus deudo­ res las EPS y la Secretaria de Salud que juntos tienen una deuda con el Hospital que asciende a los $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), deuda que ha desem­ bocado en que el Hospital aplicara, según la orientación del gobierno Santos y con la complicidad de la administración anterior, programas de saneamiento fiscal y finan­ ciero que conllevan a otros síntomas que complejizan su situación actual. La gerencia del Hospital desde el año 2013 ha desarrollado paliativos que no han solu­ cionado la dificultad en la que se encuentra. Tal es el caso del cierre de 17 servicios en los distintos centros de atención en los úl­ timos años, como por ejemplo en el Cami de Usme el cierre del servicio de gineco­ bstetricia, el de ultrasonido y el de electro­ diagnóstico; también el cierre de toma de muestras de laboratorio clínico en el UPA Betania, el de atención preventiva salud oral e higiene oral, el de planificación fami­ liar y vacunación, servicios tan esenciales que prestaba esta UBA ubicada en la zona rural de Usme y de importancia capital para nuestros campesinos. Este es un ejemplo de los servicios que fueron cerrados bajo los parámetros de “eficiencia” y “rentabili­ dad” que al igual que el gobierno Santos en su PND (Plan Nacional de Desarrollo), el alcalde Peñalosa y el secretario Morales vociferan en cuanto acto público y entre­ vista con medios, es decir que se vendrán más cierres de servicios que lesionan a la población de Usme. Sin un cambio en el panorama que vive el Hospital y profundizando los paliativos

para aminorar la crisis, dando cumpli­ miento a lo orientado por el Ministerio de Hacienda y aplicando en el plan de sanea­ miento fiscal y financiero, se optimizó el recurso humano del Hospital y sus costos a tal punto que para inicios de 2016 el Hospital contaba con el 84,8% de perso­ nal tercerizado y tan solo con el 15,2% de planta, este fenómeno deriva en que las condiciones laborales se precaricen y la atención se vea afectada. Esta nueva administración no levanta ca­ beza en materia de salud en la localidad de Usme y en vez de sacar al Hospital de su estado reservado quiere alargar su estancia en cuidados intensivos, ya que nada dice sobre las deudas de las EPS y la Secretaria de Salud que tienen con el Hospital. Sumado a esto, el anhelado proyecto de Hospital de II Nivel en Usme lo acaba de enterrar de un solo plumazo, pues el proceso que estaba cogiendo forma desde el convenio interadministra­ tivo 794 de 2007 pasando por la resolu­ ción 1788/2011 y su prórroga 1624/2014 con proyecto aprobado en Plan Bienal de Inversiones del MinSalud y los cerca de $51.000.000.000 fueron sepultados por Peñalosa y convertidos en un Caps (Centro de Atención Prioritaria en Salud), esto en su afán de darle juego a los priva­ dos en dicho proceso de infraestructura en la localidad, ahora en el PDD (Plan Distrital de Desarrollo) aparece el Hospital II Nivel de Usme como proyecto de esta administración que será construido por APP y que se pagará como bien lo dijo el secretario Morales en el mes de marzo cuando socializaba su proyecto, en mó­ dicas cuotas mensuales a 30 años; allí está el negocio con la infraestructura y las necesidades de las personas, pasando de un proyecto financiado directamente por la Secretaria de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud a uno finan­ ciado por privados.

Ante este oscuro panorama no parece que pronto se vaya a dar de alta al Hospital de Usme y parece que no se verá en corto plazo el natalicio del Hospital de II Nivel,

pues Peñalosa profundiza un modelo don­ de se creía que peor era imposible, debido a que promueve la salud como un negocio de pocos y tragedia de muchos.


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opinión sindical

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Nuestro patrimonio Hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y den más, que digan mejor hoy que mañana. Comandante Che Guevara

Carlos Velásquez Director Depto. de Recursos Naturales CUT Bogotá Cundinamarca

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os colombianos construimos, creamos, muchas empresas productivas con nuestro capital (Telecom, Inravisión, Adpostal, Isagén, Eeeb), la permisividad de los poderes públicos para entregar el territorio a las trasnacionales nos las han arrebatado, se las han robado, cuando el pueblo es quien debe decidir qué hacer con ellas. La Constitución Política de Colombia la cual tiene un enfoque neoliberal, de liberaliza­ ción de mercados y privatizadora, ejem­

plo: el artículo 365 en cuanto a servicios públicos y el artículo 333 de la iniciativa privada, de estos dos, se desprenden mu­ chas de las ventas de nuestro patrimonio y la entrega de nuestra soberanía. En la misma Constitución, como carta magna, debemos encontrar, así sean pocas, herra­ mientas para defender nuestro patrimonio y encontramos el Título IV en su Capítulo I “De las formas de participación democráti­ ca”, en el artículo 105 “consultas populares

Comité Ejecutivo CUT Bogotá Cundinamarca Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Celmira Herrera Urrea (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Martha Pineda Guío (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Néstor Ramírez Moreno (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

CONSEJO EDITORIAL Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente) Carlos Arturo Rico Godoy (Tesorero), Jorge E. Charry (asesor editorial). Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.co ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego Urrea Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

en departamentos y municipios” con este soporte y la obligación de reglamentar se generan leyes en las cuales se encuentra la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Para optar por esta participación demo­ crática, una cifra que debemos tener en cuenta es el censo electoral de Bogotá emitido por la Registraduría Nacional; en nuestro caso es de 5.423.376 registrado en octubre de 2015. Una forma de parti­ cipación es el Cabildo Abierto donde se puede encontrar, entre otras, una exigen­ cia legal de recolección del cinco por mil del censo, equivalente a 27.117 apoyos (firmas). En la actualidad están en curso varias campañas para realizar cabildos, a saber: los compañeros de Sintrateléfonos, los vendedores informales y el sector agrario. Otra forma es la Consulta Popular, Un grupo de nueve ciudadanos hacen uso de esta forma de participación, mediante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)? Para realizarse, exigencia legal es del 10% de apoyos del censo electoral, es decir 542.377 apoyos (firmas), los cuales se deben entregar a la Registraduría en máximo seis meses, como primera parte del proceso; la experiencia indica que se deben recoger aproximadamente un millón de firmas debido a las que se inhabilitan por diversas razones, a modo de reflexión, la pedagogía de recolección debe pro­ pender por disminuir este porcentaje de errores para que este esfuerzo no afecte el ánimo generado en torno a la consulta. La segunda parte es la votación popular, previo concepto favorable de la corpora­ ción pública correspondiente, a realizarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto o del vencimiento del plazo indicado para ello. Deben participar en la votación no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo además que la pregunta sometida al pue­ blo haya obtenido el voto afirmativo de la

mitad más uno de los sufragios válidos. Es aquí donde se requiere del compromiso de toda la ciudadanía consiente de la defensa del patrimonio público en la recolección de los apoyos (firmas). Habiendo cumplido todos estos requisitos legales la decisión del pueblo será obligatoria, en nuestro caso de aquí en adelante ningún enaje­ nado alcalde o alcaldesa podrán poner en venta de nuevo nuestra ETB. Vemos las trabas que a nivel legal ponen las mismas leyes para “la participación democrática” es por ello que todo debe estar acompañado de la movilización y el compromiso de la comunidad en gene­ ral, movimiento sindical, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, estu­ diantes, campesinos, indígenas, afrodes­ cendientes. Debemos destacar que la táctica hasta el momento es llevar un proceso para no dejar enfriar el furor del inconformismo generado por la agresión y represión social en estos meses de liquidación de Bogotá con esta pésima administración en lo social y humanitario, en la falta de políticas públicas demostrado en el plan distrital de desarrollo convertido en el negocio de Peñalosa, los 32 concejales que lo votaron y los partidos políticos que representan. Debe desencadenar en la estrategia de revocatoria del mandato de Peñalosa fundamentados en la legalidad de sus leyes pero en la legitimidad de la participación ciudadana. Para la revocatoria de mandato se requiere del apoyo de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral distrital de no menos del treinta por ciento de los votos obtenidos por el elegido. Todo debe estar acompañado de la movi­ lización coordinada del pueblo bogotano, realizando un gran paro distrital por la salud, la educación, la dignidad laboral en contra del robo a Bogotá con las alian­ zas público privadas y en contra de ese anti soberano plan distrital de desarrollo que de ser implementado hará metásta­ sis neoliberal en todas las alcaldías de Colombia.


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laborales

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Empresas de vigilancia en Colombia:

CUARTELES SIN TRABAJO DECENTE Héctor Vásquez Fernández Analista Escuela Nacional Sindical

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l sector que conforman las empresas de vigilancia es uno de los que más crecimiento ha tenido en Colombia en los últimos años. Según datos de la Superintendencia de Vigilancia, en 2014 existían en Colombia 740 empresas dedica­ das a este negocio. 538 de ellas (72,7%) son propiamente de vigilancia, 78 son empresas de capacitación (10,64%), 49 son cooperati­ vas (6,62%), 28 son empresas blindadoras (3,78%), 20 son asesoras (2,7%), 19 son arrendadoras (2,57%), y 8 son empresas transportadoras de valores (1,08%). Los datos de la SuperVigilancia muestran que es un negocio atractivo que genera muchas utilidades. Entre 2010 y 2014 los activos totales en el sector (valor de las inversiones) crecieron 1,7 veces, al pasar de $1,86 billones a $3,1 billones, con un crecimiento del 14,8% en el último año. Y respecto a los ingresos operacionales, estos pasaron de $3,1 billones en 2007, a $7,5 billones en 2014, un crecimiento del 141,9% en 7 años, con un incremento del 10,9% en el último año, tal como se aprecia en el cuadro.

empezó a ser dominado por este tipo de compañías, como Brinks, G4S, Prosegur y otras, que no solo incursionaron en el negocio de la vigilancia, sino también en otros igual o más lucrativos, como el trans­ porte de valores, en un proceso marcado por una tendencia hacia la concentración del negocio en cada vez menos empresas. En 2014 había 20 empresas (2,7% del total) que concentraban el 40% de los ingresos.

Como lo indica un estudio que recientemente realizó la Escuela Nacional Sindical, las ra­ zones de este crecimiento tienen dos niveles de comprensión, “uno de orden estructural y el otro de carácter coyuntural. El de orden estructural obedece al conflicto social y ar­ mado que ha signado al país en las últimas seis décadas, y que genera un sentimiento de riesgo que fomenta la adquisición de servicios de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, es preciso señalar que el crecimiento del sector no es una particulari­ dad del país, sino que es correlativo a una perspectiva global, que hunde sus raíces en la tendencia de las empresas a tercerizar aquellas actividades que no constituyen su foco de atención principal (outsourcing)”.

Lo que no ha evolucionado en un sentido fa­ vorable y civilizado ha sido la situación de los trabajadores. El modelo de trato autoritario y despótico, característico de los cuarteles, to­ davía prevalece en la mayoría de las oficinas de relaciones laborales de estas empresas, como si los trabajadores estuviesen con­ denados solo a recibir órdenes y no fueran ciudadanos sujetos de derechos.

En cuanto a las razones de tipo coyuntural, estas obedecen a la situación de crecimien­ to de la economía colombiana, apalancada por el sector minero-energético y la entrada masiva de empresas multinacionales, así como a los elevados costos de intermedia­ ción financiera. Antes de los años 90 en el sector de la vigilancia prevalecían empresas naciona­ les creadas por exmiembros de la policía y el ejército, principalmente, como Atlas, Fortox y Viseg, entre otras. Pero a partir del presente siglo, con la desregulación de la economía y las gabelas tributarias que se les dieron a las compañías trasnacionales para que invirtieran en el país, el sector

Trabajadores: ciudadanos de tercera

Crear sindicatos en este sector ha sido misión casi imposible, pues los trabajado­ res que se atreven a ejercer el derecho de asociación (un derecho propio de la mo­ dernidad, consagrado como derecho hu­ mano fundamental en nuestra Constitución Política) encuentran todo tipo de resis­ tencias: desde las estrategias de choque abiertamente antisindicales con despidos y todas las formas de represión posibles, como las que se aplicaron en Seguridad Atlas; hasta las más sutiles, pero no por eso menos eficaces, utilizadas por Prosegur: imposición de un pacto colectivo ilegal para mantener en condición minoritaria al sindi­ cato; contratación ilegal de trabajadores a término fijo o tercerizados; aislamiento y pagos irregulares a los sindicalizados, judi­ cialización de las relaciones laborales, etc. Como resultado de este tipo de estrategias, un instrumento como el diálogo social, que es clave para la construcción de socieda­ des democráticas y empresas socialmente responsables, es prácticamente inexisten

en este sector. En 2015 este ocupaba 216.151 personas, entre ellas 179.766 vi­ gilantes (83,2%) y 17.387 escoltas (8,1%). Pero, después de muchas bregas y obstá­ culos, apenas se habían podido sindicalizar 4.829 trabajadores, el 2,2% de la población ocupada en este sector. Con un problema adicional: para alegría de los empresarios los sindicatos existentes están comple­ tamente atomizados, cada uno actúa sin coordinarse o unificarse con los demás. Y respecto de la negociación colectiva, en 2015 en el sector había 25 convenios colectivos de trabajo: 12 convenciones colectivas y 13 pactos colectivos, lo que significa que apenas en el 3,37% de las empresas existe alguna forma de diálogo social con los trabajadores, con el agravan­ te de que apenas en la mitad de ellas este diálogo es con sindicatos, pues en el caso de los pactos colectivos el diálogo social es una simulación. En la mayoría de los casos se trata de estrategias empresariales para evitar la formación y fortalecimiento de sindicatos. En este terreno la política sindical debe apuntar hacia la negociación de un acuerdo marco sectorial, que fije condiciones generales mínimas de trabajo para cualquier trabajador que se vincule al sector. Para la concreción de este objetivo se necesita una política sindical que articule la acción de todos los sindicatos del sector. Los trabajadores del sector de la vigilancia requieren pues con urgencia una fuerte organización sindical, que reivindique sus problemáticas y derechos y tenga capacidad para incidir en las políticas de relaciones la­ borales de las empresas, toda vez que sin sindicatos el diálogo social no es posible. Los problemas que deben enfrentar día tras día los trabajadores del sector, son: •• Largas jornadas de trabajo (12 horas o más) e irrespeto de los horarios la­ borales. •• Sobrecarga laboral.

•• Procedimientos disciplinarios arbitrarios sin la garantía del debido proceso. •• Visitas domiciliaras y violación al dere­ cho a la intimidad. •• Bajos salarios. Predomina el salario mínimo, aunque en algunas empresas ni el mínimo se reconoce, por lo que los trabajadores deben trabajar 12 horas o más todos los días del año. •• Falta de compatibilidad entre la vida laboral y familiar. •• Problemas de salud originados por las condiciones de trabajo: se trabaja de pie durante largas horas, sin pausas y lugares adecuados para el descanso, al sol y a las inclemencias del tiempo. •• Asignación de funciones distintas a las contratadas. •• Trato indignante de las directivas y jefes directos. •• Violación de los derechos de las mu­ jeres, discriminación e imposibilidades de ascensos. •• Trabajo temporal y tercerización ilegal. •• Estabilidad laboral prácticamente inexis­ tente, pues la facultad de despedir que tiene el empleador no está regulada en ningún sentido. En el sector es posible mejorar ingresos y condiciones de trabajo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. Aunque el componente principal de la actividad que prestan las empresas lo representa el fac­ tor trabajo, esta actividad genera un alto excedente bruto de explotación. Según la Supervigilancia, en 2015 la tarifa autoriza­ da fue de $6.673.924 por mes, frente a un costo laboral total por mes y durante las 24 horas del día de $3.263.312, o el 48,89% del valor de la tarifa, lo que deja un margen del 51,1% a favor de las empresas, margen que es bastante amplio para cubrir los de­ más costos del sector, y que posibilita que la actividad de los vigilantes sea de verdad un trabajo digno y decente. Publicado 8 de agosto de 2016.


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sindicales

Trabajadores portuarios Fundan sindicato de Impala en Barranca, en Manpower votaron por tribunal de arbitramento

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Agencia de Información Laboral

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n su primer pulso con Impala, empresa que opera el transpor­ te de hidrocarburos por el río Magdalena, los trabajadores afiliados a la subdirectiva que el sindicato Unión Portuaria creó en la sede de esta empresa en Barrancabermeja, fueron a votación para optar por huelga o tribunal de arbitramento, y ganó esta última opción. La votación se realizó el miércoles y jue­ ves de la semana pasada, y a ella se llegó luego de que Impala se negara a avanzar en la negociación del pliego petitorio que le presentó el sindicato. Por tal razón, una vez terminó la etapa de arreglo directo sin ningún acuerdo, este convocó a todos los trabajadores, tanto afiliados como no afi­ liados al sindicato, para votar por las dos opciones que establece la ley: huelga o tribunal de arbitramento. En la votación participaron los 29 trabajado­ res afiliados al sindicato y 48 no afiliados, 77 en total. Y de estos, 30 votaron por tribunal y 47 lo hicieron por la huelga, nú­ mero que a pesar de ser mayoritario no fue suficiente para que se impusiera la opción de la huelga, toda vez que, como sindicato minoritario, no logró superar la mitad de la nómina de la empresa en Barranca, que es de 159 trabajadores, entre personal administrativo y operativo. De ahí que el presidente de la subdirec­ tiva sindical, Álvaro Hernández, calificara

el ejercicio como “positivo y alentador”, pues se trata de una organización que tiene pocos meses de creada y es la pri­ mera negociación colectiva que intenta con Impala. “A pesar de la fuerte campaña interna que hizo la empresa para que los trabajadores se abstuvieran de votar en la consulta, los logramos movilizar y poner en primer plano el tema de las condiciones laborales. Tanto así que, de los 100 trabajadores operativos, votaron 77, cuando el sindicato solo tiene 29 afiliados. Lo que quiere decir que hay buen margen para crecer el número de afiliados y continuar la lucha”, explicó el señor Hernández. Lo que sigue ahora, agregó, es proceder a conformar el tribunal de arbitramento, integrado por representantes de los tra­ bajadores, de la empresa y del Ministerio de Trabajo. Impala es una empresa de transporte filial de la multinacional sueca Terasfigura, que desarrolla una oferta alternativa de trans­ porte multimodal tanto por el Caribe como por el Pacífico. Actualmente opera en el moderno terminal portuario de Barrancabermeja, construido en su primera fase en la margen derecha del río Magdalena. Además, tiene presen­ cia en el puerto de Buenaventura y parti­ cipa en la construcción del Ferrocarril del Pacífico. Transporta crudos livianos, cru­ dos pesados y nafta, y mueve 1,5 millones de toneladas de carga al año. Publicado 17 de agosto de 2016.

l pasado 19 de mayo, 28 vale­ rosos trabajadores de la em­ presa prestadora de servicios Manpower Professional SAS, tomaron la decisión de crear la organiza­ ción sindical. La Subdirectiva de la CUT Bogotá y Cundinamarca ha estado atenta a su desarrollo. Los compañeros, cansados de la explota­ ción patronal, el acoso laboral, el maltrato y la discriminación de parte de la empresa, los abusos cometidos con trabajadores que han sufrido accidentes en moto y no han sido reconocidos como tal, las jornadas laborales de más de diez horas diarias, la presión y acoso de los funcionarios de Coltabaco en relación con las altas cuotas impuestas a todos los vendedores men­ sualmente, entre otros, decidieron confor­ mar la organización sindical.

Persecución Después de la fundación de Sintramanpower y notificación a la empresa Manpower, esta no se quedó quieta y comenzó la represión contra los trabajadores afiliados a la organi­ zación sindical, valiéndose de las mentiras y engaños de las señoras Patricia Vargas, Carol Espitia y Tatiana Carvajal “superviso­ ras” que se prestaron para comenzar toda una ofensiva para hacer desafiliar a los tra­ bajadores afiliados al sindicato, al punto de lograr en su momento una desafiliación de 20 personas de las que habían ingresado posteriormente a la fundación de la organi­ zación y que prestan servicios a la empresas de comunicaciones UNE en Bogotá, pero gracias a la información de compañeros afiliados estos dos últimos personajes nos dieron la oportunidad de cogerlos con las manos en la masa haciendo el trabajito y logramos contrarrestar toda esa información errada trasmitida a los trabajadores. La persecución no termino ahí, comenza­ ron a llamar a descargos a los vendedores del programa Coltabaco, donde en este momento el sindicato tiene su mayoría de trabajadores afiliados, argumentándoles incumplimiento en metas de venta trazadas por esta empresa, acusándolos además en tiempos de demora en visita de un cliente al otro, y lapsos demasiado largos en aten­ ción de cada cliente, cuando ni siquiera han hecho un estudio real y cierto en cuanto a los minutos que uno debe dedicarle a cada venta, o ¿será que quieren que uno le ponga un revólver al cliente y le diga me compra ya? Ahora en esta ciudad tan complicada de trafico uno se puede estar demorando bastante tiempo entre un nego­ cio y otro, pero como para ellos es tan fácil mandar detrás de un escritorio.

Trabajadores de Impala votando la Huelga.

Con respecto a esta persecución y acoso laboral, ya viene en camino una serie de

acciones en el Ministerio de Trabajo, otras jurídicas y penales que tienen que ver con violación al libre derecho de asociación, contemplado en la norma, la OIT y la Constitución.

Pliego de Peticiones Como los objetivos de toda organización sindical es mejorar el nivel y calidad de vida de los trabajadores, luchar porque se cumplan las jornadas laborales de 8 horas, se respeten los derechos que tenemos con respecto a salud ya que para esta empresa las citas médicas tienen que ser por fuera del tiempo laboral. También la organización sindical debe velar por unos presupuestos reales y alcanzables para todos los que trabajan en ventas independientemente de las empresas donde Manpower tenga con­ tratos, y por mejores condiciones laborales sin tanta explotación como existe ahora. Pero ante todo, debemos luchar por el res­ peto a la dignidad y los derechos de todos y cada uno de los trabajadores, por ello ela­ boramos y presentamos un pliego petitorio a la empresa el pasado 14 de junio donde se pretende no solamente mejorar la situación económica de todos los compañeros, sino que se regule y se dé cumplimiento a la ley, pero con estabilidad no solo para los que prestamos los servicios a Coltabaco como lo recalcaron en toda la etapa de negociación directa, pues una de nuestras aspiraciones es lograr la firma de una convención colec­ tiva que beneficie a todos los compañeros de Manpower Professional, que son cerca de 7.000, según informe de la empresa. Como no fue posible acercarnos por lo menos un poquito en los ofrecimientos de la empresa y nuestras aspiraciones, dimos por concluida la etapa de arreglo directo de la negociación, ya que no tenía desde ningún punto de vista una justificación para proponer una prorroga entre las partes, más aun cuando las pretensiones de ellos es que fuera la negociación solo para el personal que presta servicios a Coltabaco. Por todo lo anterior, solo le queda a la or­ ganización y los trabajadores acogerse a la ley convocando asamblea y solicitando tribunal de arbitramento para que dirima el conflicto. Junta Directiva


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opinión sindical

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Por qué, ¡sí a la paz! María Cristina Orozco Lugo Secretaria de Asuntos Pedagógicos Adec. Directora Ceid Cundinamarca La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein

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olombia históricamente ha padecido una paradigmática crisis a nivel político económi­ co y social con innumerables violaciones a los derechos humanos, y por supuesto, una constante crisis de gobernabilidad. Como mujer, ma­ dre, maestra y dirigente sindical, hablaré del sí a la paz como tema trascendental, de vital importancia y oportunidad histórica que no podemos sentarnos simplemente a ver pasar. Pese a los múltiples y fallidos in­ tentos, jamás asumiría sobre mis hombros la responsabilidad de no apoyar la paz y ne­ garle así a las generaciones de niños, niñas y jóvenes de hoy y mañana, el disfrute de un nuevo país con nuevas oportunidades y posibilidades. El haber nacido y pade­ cido este vergonzoso conflicto no me da derecho a condenar a otras generaciones de colombianos(as), a padecer la misma hecatombe siniestra de asesinatos desa­ pariciones, secuestros, desplazamientos forzados y pérdidas inútiles de innumera­ bles vidas en una guerra en la que todos hemos perdido. Revisando la memoria histórica, podemos remontarnos a la inva­ sión o más conocida conquista española, para evidenciar la larga historia de violencia que cargamos. En distintos apartes, tales como la patria boba, la guerra de los mil días, las incursiones en guerras foráneas que no eran de nuestra incumbencia; el asesinato del doctor Jorge Eliecer Gaitán conocido como bogotazo, que terminó en el famoso Frente Nacional con la alternancia de poder entre los dos partidos que han

manejado a Colombia. Luego, la violencia marimbera, el asesinato de los integrantes de la UP, el paramilitarismo, las bacrim... en fin. Conclusión, no hemos podido saber qué es vivir en un país en paz. Este mo­ mento histórico como dice la historiadora Diana Uribe, es propicio para dejar de ma­ tarnos, y si otros lo han logrado, ¿por qué nosotros no? En otras palabras, y como lo afirma Alfredo Molano en su columna del 6 de agosto en El Espectador “(...) votar No a los acuerdos de La Habana en el plebiscito, es votar Sí a la guerra, no en forma abstracta sino en forma concreta: la continuidad de la guerra en la que estamos, que ha costado 280.000 muertos en la última mitad (1980-2015) y que ya había costado otros 500.000 en la primera mitad (1946-1980)”. Así las cosas, decirle sí a la paz, es la esperanza de rom­ per con la crisis de gobernabilidad, es dar un paso firme hacia la democracia, es in­ clinar la balanza a favor de reconstruir una Colombia con las siempre pospuestas re­ formas educativas, sociales y económicas en pro del pueblo y del fortalecimiento de la conciencia política. Obviamente, decirle sí a la paz exige modificar los tratados de libre comercio mediante actos legislativos que amparen y fortalezcan la producción nacio­

Luis Grubert Ibarra, presidente de Fecode, con César Gaviria dialogando sobre el Sí a la Paz.

nal; implica repensar el tipo de enseñanza y de escuela que se requiere para resistir la nefasta macropolítica adoptada sin mi­ ramientos y sin tener en cuenta las verda­ deras necesidades de los colombianos(as). Desde Fecode, el Pepa y su proyecto “La Escuela como Territorio de Paz” cobran vital importancia a través de los Círculos pedagógicos y las Experiencias pedagó­ gicas alternativas. A estas alturas, es innegable que ya hay hechos concretos que evidencian la impor­ tancia para nuestro país, de los acuerdos de La Habana. Héctor Abad Facio Lince, en su columna “Los motivos del Sí”, hace una lista de algunas de las buenas noticias que quizá el país no ha logrado dimensio­ nar. La primera, el cese al secuestro por parte de las Farc, pero además “(...) menos desplazados, menos muertos en combate, menos minas, menos homicidios en gene­ ral, menos desaparecidos, son suficientes para que defendamos con alegría el Sí en el plebiscito. Y debemos hacerlo así, con felicidad, pues los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”. Por otra parte, comprender el sí por la paz, es poner en evidencia mi sentido de patria, de país, mi sentido colectivo y una nación en pro del desarrollo humano, científico y tecnológico donde la educación gratuita, de calidad y universal desde los tres grados del preescolar hasta la universidad, per­ mitan decir de verdad, que Colombia es la más y mejor educada. Decir sí a la paz implica nuevas formas de gobierno donde se incremente el PIB de tal manera que los artículos 356, 357 y 358 de la CP sobre

SGP permitan vivenciar el Estado social de derecho que planteó la Constitución de 1991 con recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Decir sí a la paz, es cambiar nuestro legado de guerra por un legado de paz en donde nuestras premisas sociológicas, antropoló­ gicas y filosóficas, estén conjugadas por el verbo amar; parafraseando a Hugo Assman en prólogo de Leonardo Boff en “Placer y Ternura en la Educación”; palabra que tiene que hacer mella en nuestra mente y en nuestro corazón, pues implica rescatar la ternura, la ilusión de ver una Colombia fresca y ávida por el deseo de ser plena y libre al servicio de nosotros mismos, del universo, de la humanidad. Un país donde haya justicia social, renazca la confianza y tengamos esperanza. El sí a la paz es comprender al otro, reco­ nocerlo como interlocutor válido y ejercitar la mente a partir de prácticas pedagógi­ cas sobre el rescate de nuestra memoria histórica, para no repetir la tragedia que tanto daño nos ha hecho en lo personal y en lo colectivo y convalidarnos como seres racionales que podemos construir una nueva historia. Finalmente, en el sí a la paz, tener presente a Mandela cuando afirmó que “la educación es el arma más potente para cambiar el mundo”, por ello, como pedagogos debemos tener claro que la pedagogía es política y que la política es cambio en pro del pueblo y las futuras generaciones; cambio que no será posible si no formamos desde la vivencia diaria de la democracia escolar con libertad y para la autonomía.


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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL (CSI) EN LÍNEA En la Declaración del L20 a la Cumbre del G20 en China

Los sindicatos solicitan a los líderes del G20 incrementar la participación de los salarios en el ingreso nacional

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os líderes mundiales se reunirán el próximo mes de septiembre para celebrar la Cumbre del G20 en Hangzhou (China) al tiempo que el crecimiento de la economía global se contrae y la participación de los salarios en el ingreso nacional sigue cayendo. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional ha dicho que los líderes del G20 tienen que apoyar los nuevos principios relativos a la participación de la renta del trabajo en la renta nacional bruta en lo que se refiere a la desigualdad de ingresos acordados por los ministros de Trabajo del G20. “Una de las prioridades de los líderes mun­ diales que se reunirán en Hangzhou debe ser aplicar un programa de políticas que permita reestablecer unas instituciones del mercado de trabajo fuertes con vistas a crear empleo de calidad y a reducir la des­ igualdad de ingresos. Si los Gobiernos si­ guen haciendo lo de siempre, el fracaso será inevitable. Los salarios tienen que aumentar, y con inversión pública en infraestructura se conseguirá que la economía mundial crez­ ca”, ha declarado Sharan Burrow. El año 2016 está demostrando ser el año más peligroso económicamente desde 2009. El hecho de que el 45% de la pobla­ ción mundial esté subsistiendo en condi­ ciones precarias y el 53% apenas consiga salir adelante, representa un desastre económico y social, señala la Encuestas Nuevos Frentes 2016 de la CSI. “Los compromisos por parte de los minis­ tros de Trabajo del G20 de reducir la bre­ cha salario-productividad ofrece una base sobre la cual los Gobiernos del G20 pueden conseguir que el modelo de crecimiento inclusivo adquiera contenido real. Los compromisos asumidos por los minis­ tros de Trabajo requieren el apoyo pleno y explícito en la Cumbre del G20 que se celebrará en Hangzhou el próximo mes

de septiembre, y es preciso integrarlos en las numerosas líneas de trabajo del G20”, ha dicho John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva (Tuac) ante la Ocde. La Declaración del Labour 20 a la Cumbre del G20 establece seis medidas para que los líderes mundiales puedan construir una economía global para todos los trabajado­ res y trabajadoras y sus familias, a saber: 1. Una acción coordinada para el creci­ miento a través del incremento de sa­ larios e inversión pública. 2. U n programa renovado de políticas estructurales para hacer frente a las crecientes desigualdades. 3. Medidas en materia de empleo juvenil, integración de los migrantes y brechas de género. 4. Medidas contundentes para cumplir los objetivos climáticos y lograr avances tecnológicos socialmente aceptables. 5. Desarrollar un sistema internacional de comercio e inversión comprometido. 6. Garantizar la coherencia política y el diálogo social a través de las líneas de trabajo del G20. “El mundo tiene que aumentar la parti­ cipación de la renta, un nivel mínimo de protección social, un salario mínimo que permita a las personas vivir con dignidad, y una negociación colectiva reforzada. Es lo único que permitirá abordar la desigual­ dad, relanzar la maquinaria económica y restablecer una medida de justicia social”, concluye Sharan Burrow. Leer la Declaración del L20 a la Cumbre del G20 http://www.tuac.org/en/public/edocs/00/00/12/6A/document_news.phtml La CSI representa a 180 millones de tra­ bajadores y trabajadoras en 333 organiza­ ciones afiliadas nacionales en 162 países y territorios.

El Banco Mundial debería promover las normas de la OIT en nueva salvaguardia laboral

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a actualización del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, cuyo borrador será considerado por el Directorio Ejecutivo del Banco el 4 de agosto, introduce una nueva norma laboral que requeriría, por primera vez, que los países prestatarios cumplan una serie de condiciones en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo, en los proyectos financiados por el Banco. La adopción de una salvaguardia laboral para los préstamos del Banco Mundial al sector público sería una medida positiva; los préstamos de la agencia del Banco que se ocupa del sector privado, la CFI, viene aplicando una salvaguardia laboral desde 2006. No obstante, la versión de la “Norma ambiental y social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” (NAS 2) que se remitirá al directorio incluye algu­ nas referencias atenuadas en compara­ ción con el borrador que fuera publicado hace un año. Incluyen la provisión de que la libertad sindical en los proyectos del Banco deberá respetarse únicamente “en una manera que sea consistente con la legislación nacional”. Tal salvedad no ha sido añadida a otros requisitos sobre normas fundamentales del trabajo en la NAS 2, como la prohibición de la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Además, la última ver­ sión traslada la responsabilidad del Banco Mundial y el prestatario al proveedor, a la hora de identificar los riesgos de trabajo infantil, trabajo forzoso y condiciones de trabajo peligrosas en la cadena de sumi­ nistros primaria. Este último borrador conserva además una importante deficiencia que la CSI, otros grupos de la sociedad civil y numerosos Gobiernos pidieron fuese corregida por el Banco en la versión anterior, al no incluir referencia alguna a los convenios funda­ mentales de la Organización Internacional del Trabajo.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, instó al Banco a que se reconozca el papel de la OIT en tanto que es el orga­ nismo encargado del establecimiento de normas laborales, y a trabajar en estrecha colaboración con ella en la implementación de la nueva salvaguardia: “Los otros bancos multilaterales de desa­ rrollo que cuentan con una salvaguardia laboral, incluyendo la CFI del propio Banco Mundial, incluyen una referencia explícita a los convenios de la OIT sobre normas fun­ damentales del trabajo, que todos los paí­ ses miembros están obligados a cumplir, independientemente de si han ratificado o no dichos convenios. El Banco Mundial de­ bería cumplir este precedente, no apartarse de él. Nos preocupa la implicación de que la provisión sobre libertad sindical pueda ser ignorada en los proyectos financiados por el Banco, si la legislación nacional no protege plenamente este derecho, pese a que la política asevere que no se tolerarán el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación de género o de cualquier otro tipo, independientemente de lo que digan las leyes nacionales. Esto introduce un preocupante doble criterio sobre qué derechos fundamentales de los trabajado­ res definidos por la OIT deben respetarse en los proyectos del Banco”. Sharan Burrow manifestó asimismo la necesidad de que el Banco refuerce las disposiciones respecto a los trabajadores de los proveedores primarios: “Tres años después de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh y un mes después de que la Conferencia Internacional del Trabajo se centrase en medidas para eliminar con­ diciones de trabajo inaceptable en las ca­ denas mundiales de suministro, el Banco Mundial y los Gobiernos prestatarios deben poner de su parte, en lugar de traspasar la responsabilidad a los proveedores. Resulta irrealista e impracticable esperar que los potenciales proveedores se comprometan a autodenunciar sus prácticas laborales inaceptables”.

VOTE SÍ A LA PAZ EN EL PLEBISCITO


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reseña bibliográfica

CUADERNOS DE FESCOL Por considerarlas de mucha importancia para el movimiento sindical, queremos promover dos publicaciones de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, Fescol, una sobre el derecho de huelga y la otra sobre la anunciada reforma tributaria, de las cuales publicamos tan solo apartes que muevan a su lectura completa. Fescol contribuye al desarrollo del sindicalismo colombiano.

El derecho de huelga, ¿derogado? Una encuesta global sobre las últimas tendencias Edlira Xhafa Mayo 2016

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Introducción

l derecho de huelga está bajo amenaza. En un número crecien­ te de países se informa sobre in­ cidentes en relación con huelgas suspendidas, sancionadas o prohibidas por nuevas leyes. Los trabajadores y sus sindicatos luchan en varios frentes para obtener, proteger y defender su derecho de huelga. A escala global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está en el centro de esta lucha. En la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2012, el Grupo de Empleadores cuestionó la existencia de un derecho de huelga reconocido en el plano internacional, protegido por la Convención Nº 87 de la OIT. La contro­ versia que siguió debilitó efectivamente el mecanismo internacional más afianzado para llevar a la atención de un público global casos de violación del derecho de huelga.

Esta situación impulsó a la Fundación Friedrich Ebert (FES) a llevar a cabo una encuesta para evaluar hasta qué punto esta controversia no resuelta a escala in­ ternacional tiene un correlato en ataques al derecho de huelga en el plano nacional. La intención de la encuesta era identificar tendencias y patrones de violación de este derecho en países de todo el mundo, especialmente en los últimos cinco años (desde 2012 hasta 2016). La encuesta identifica y mide el alcance de las violacio­ nes, es decir, de restricciones al derecho de huelga más allá de los límites estable­ cidos por los órganos de supervisión de la OIT, tanto en el marco legal existente como en la práctica.

***** Edlira Xhafa investigadora en el área del trabajo. Es licenciada de la Global Labour University (Alemania) e hizo su doctorado en Estudios Laborales de la Universidad de Milán, Italia. Ver: file:///C:/Users/PC/Downloads/ 160804_Briefing_Xhafa_spanisch_ ptxt_online%20(1).pdf

La propuesta de la Comisión para la reforma tributaria y su incidencia sobre los trabajadores:

Un análisis desde la economía política internacional Consuelo Ahumada Mayo 2016

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Análisis •• La política fiscal integral es el mecanismo fundamental con que cuentan los Estados para alcanzar los objetivos del desarrollo. •• Sin embargo, si la reforma tributaria, como parte de esa política fiscal, parte del afianzamiento del modelo económi­ co predominante, se presenta más bien como un mecanismo para recaudar los ingresos fiscales que requiere el Estado para seguir cumpliendo con la función que se le ha asignado durante las últimas décadas en el orden económico vigente. •• La propuesta presentada por la Comisión para la reforma tributaria recoge las reco­ mendaciones de organismos internacio­ nales y los criterios del llamado Consenso de Washington, del cual derivan las re­ formas neoliberales de la década del 90. •• Para tratar de compensar la pérdida de recursos fiscales por la reducción de los impuestos al comercio exterior y a la renta para las grandes empresas y dueños del capital, se generalizaron los impuestos in­ directos, de carácter regresivo. También

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se puso el énfasis en incrementar la tribu­ tación de los sectores laborales. A diferencia de lo que sucede en otros países de la región, en Colombia las clases dirigentes no han cuestionado ni mucho menos han planteado alternativas al modelo de desarrollo predominante en el mundo. El informe presentado por la Comisión tampoco lo hace. Por ello, las propuestas que se plantean buscan ante todo ga­ rantizar las mejores condiciones para la inversión privada, en especial extranjera. Uno de los puntos de mayor controversia del informe tiene que ver con la vaguedad con la que se define el tratamiento tribu­ tario a las empresas mineras y petroleras del país. Por el contrario, las propuestas de la Comisión frente a los trabajadores son bastante severas. Una reforma tributaria que le sirva al de­ sarrollo del país debe partir de criterios opuestos a los planteados en ese informe.

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Consuelo Ahumada. Ph.D. en ciencia po­ lítica por New York University. Profesora universitaria y consultora independiente. Ver: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ kolumbien/12654.pdf


3 Unidad sindical en medio de la adversidad POR PAZ, SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS LABORALES Segundo y tercer Congreso de la CUT: obrera y se condenaron, de forma vehemente, las reformas regresivas a la Constitución de 1991 y el famoso “revolcón” neoliberal, que destruyó el Estado Social de Derecho, llevado a cabo por el saliente gobierno nacional, en cabeza de Cesar Gaviria3.

Felipe Pineda Ruiz Investigador y analista político1

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espués de un segundo congreso sin sobresaltos, de rigor, en donde se ratificaron los principios y los acuerdos del primero, la CUT llegó a su tercer encuentro, realizado en 1995, en la peor crisis de su historia. La salida de Jorge Carrillo, y el nombramiento pocos días después de realizada la tercera convención de Orlando Obregón, como ministro de Trabajo del gobierno de Ernesto Samper, diezmaron la incidencia de la antigua Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), dentro del principal conglomerado sindical colombiano. Esto desató una pugna ideológica entre dos tendencias, que el tiempo permitió que dejase de ser insoslayable a la hora de concertar las decisiones de la central: sindicalismo clasista versus sindicalismo democrático.

Corriente clasista, corriente democrática El sindicalismo clasista estaba conformado por todas aquellas corrientes de ascendencia comunista, y orientación marxista-leninista, mientras a la segunda se suscribían quienes hacían parte del denominado sindicalismo independiente, influenciado fuertemente en aquel entonces por el sindicalismo sociopolítico, en auge por la creación simultanea de Centrales Unitarias de Trabajadores en Brasil, Chile, Perú y Paraguay, cuyo núcleo principal estaba constituido por organizaciones políticas menos radicales. La polarización político-ideológica, en el seno del movimiento sindical, no era simplemente una contradicción caprichosa que acontecía únicamente en el ámbito nacional. A nivel global, y a pesar del fin de la denominada “guerra fría”, el antagonismo seguía con vida: la existencia de dos corrientes sindicales mundiales, una encabezada por la por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), y su filial en América, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (Orit), y otra representada por la Federación Sindical Mundial (FSM), adscrita al bloque de la antigua Unión Soviética, mantenían con vida las tensiones previas a la caída del Muro de Berlín (1989), aún en pleno 1995.

Principios de los noventa: neoliberalismo global y la apertura económica de Gaviria, a nivel local

Segundo Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

El debilitamiento de la FSM y las transformaciones en la Orit2, sumadas a los cambios vertiginosos en la Ciosl, fortalecieron el accionar de la denominada “corriente democrática” dentro de la CUT. Esto permitió que el acercamiento de las organizaciones que recién dejaban las armas como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento M-19, se consumase. Estos antiguos grupos subversivos supieron hacer su propia “perestroika”, a su manera, una vez reinsertados a la vida civil. Nombres como Julio Carrascal, Miguel Ángel Pérez y Patricia Buriticá jugaron un papel fundamental en ese proceso dentro de la misma central.

Antecedentes del III Congreso de la CUT

de precios sobre servicios prestados por el Estado (energía, acueducto) y algunos productos y servicios por fuera de su tutela como los alimentos, las matrículas escolares, los arrendamientos y el transporte y, tercero, suprimir el término plusvalía e introducir la premisa de productividad, definiendo un concepto y una fórmula, de común acuerdo entre empresarios, gobierno y centrales obreras, que respondía concretamente a los siguientes interrogantes ¿qué se entiende por productividad?, y ¿cómo medir dicha productividad?

III Congreso de la CUT: por la vida, la paz y la democracia El tercer encuentro, de la central obrera más importante del país, se llevó a cabo en

Bogotá los días 15, 16 y 17 de noviembre de 1995. Con la presencia de 1.046 delegados nacionales y 13 internacionales, y con el lema “por la vida, la paz y la democracia” el congreso tuvo lugar al fragor de una coyuntura histórica marcada por la violencia antisindical (vida); la desmovilización de varios grupos armados (paz) y la Constitución de 1991 (democracia). Algunas de las decisiones principales, aprobadas durante estos tres días de deliberaciones y debates cruciales, fueron las siguientes: se eliminó de los principios de la CUT el párrafo correspondiente a la no afiliación internacional; el artículo 20 de los estatutos de la central fue reformado para eliminar el requisito de las dos terceras partes para tomar la decisión; se aprobó por unanimidad la elección directa de los integrantes de los ejes organizativos de esta confederación

Uno de los tópicos principales de discusión, previos al tercer congreso, se centró en la interpretación del papel del movimiento obrero y su propia autonomía: la disyuntiva giraba en torno a si la CUT debía cumplir un rol de opositor per se o si, por el contrario, debía asumir una posición más propositiva y convocante. Otro aspecto, que desató controversia y suscitó un álgido debate, previo a la realización de tercera cumbre de la central, fue el acuerdo con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) sobre productividad, precios y salarios. Este pacto marcó una nueva etapa en las negociaciones entre la CUT y el gobierno nacional ya que logró tres conquistas fundamentales en ese momento: primero, que el ajuste de salarios dejara de hacerse sobre la inflación causada y empezara a realizarse en base a la inflación proyectada; segundo, lograr pactar un control

Tercer Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

El tercer congreso estuvo marcado, a nivel histórico, por el fin de la guerra fría: la bipolaridad de la disputa entre el bloque soviético y occidente fue reemplazada por una mirada unipolar y globalizadora que rigió al planeta después de la caída del Muro de Berlín. La doctrina del neoliberalismo, una vez finalizada la pelea entre Moscú y Washington, se convirtió casi en una religión aceptada por unanimidad a nivel global. El desmantelamiento del Estado, el debilitamiento de los Estados-Nación y la injerencia en la soberanía, el manejo de la política fiscal y el pago de la deuda externa de países en vía de desarrollo, por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hicieron parte de lo que en su momento se denominó “Consenso de Washington”, término acuñado por el economista británico John Williamson que definía un paquete de medidas económicas y sociales, impuestas por las naciones desarrolladas al resto de países, como parte de un Nuevo Orden Mundial que, de ese momento en adelante, se encargaron de deconstruir la relación entre la sociedad, el individuo y los Estados.

El mundo del trabajo fue una de las principales víctimas de los efectos devastadores de las políticas del gobierno de Gaviria. La reforma laboral, sintetizada en la Ley 50 de 1990, acabó con las pocas prerrogativas con las que contaba el grueso de la población colombiana: la flexibilización, la privatización parcial de la seguridad social, los despidos colectivos, la aparición de agencias de empleo temporal y el denominado “retiro voluntario” suprimieron no solo conquistas sociales sino, como en el caso estatal, decenas de miles de puestos de trabajo. Según el investigador Mauricio Archila “La privatización de empresas públicas en las áreas de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones y seguridad social (ley 1 de 1990 y decretos presidenciales 2156 a 2171 de 1992), causó miles de despidos de empleados públicos; alrededor de 40.000 según el gobierno y más de 77.000 según Fenaltrase4.

el Ministerio del Trabajo un convenio denominado ‘Impacto de las transformaciones económicas en el mundo del trabajo’ que incluyó la realización de talleres a nivel nacional con activistas y dirigentes sindicales. La información recolectada permitió abrir un espacio deliberativo dentro de la CUT, previo a la preparación del III Congreso, en torno a nuevos métodos de organización en el movimiento sindical que hicieran contrapeso a las nuevas formas de contratación laboral que empezaban a emerger: menos trabajadores vinculados de forma directa; aumento de la contratación temporal y auge del denominado ‘outsourcing’. Las conclusiones del estudio mencionado sirvieron para abrir el debate sobre la necesidad de luchar, como central, por la contratación directa y la creación de sindicatos por ramas de la economía. Infortunadamente en ese momento no estaban dadas las condiciones políticas y subjetivas para que ese debate triunfara en el seno de la CUT”.

Sobre las discusiones que tuvieron lugar en aquel momento en el seno de la CUT, relacionadas con la defensa de los trabajadores desde el sindicalismo, del omnipresente neoliberalismo de principios de los años noventa, Miguel Ángel Pérez Gamboa, Secretario del Departamento de Educación acota lo siguiente: “Cómo preparación, de ese Tercer Congreso, la CUT suscribió con

Violencia antisindical La primera parte de la década de los noventa será recordada también por el recrudecimiento del genocidio contra dirigentes sindicales. Los picos históricos en número de víctimas, de los años 1993 (201 homicidios) y 1995 (228 casos), solo han sido superados a lo largo de la historia nacional

Dichos crímenes de lesa humanidad, durante este periodo histórico comprendido entre 1990 y 1995, no solo fueron cometidos por los autores materialesintelectuales a los que tradicionalmente se le atribuyen ente tipo de asesinatos. La violencia desatada en la región del Urabá en aquel entonces, atribuida a la confrontación bélica-territorial entre una escisión del Ejercito Popular de Liberación (Comandos Populares) y las Farc, también aportó un número significativo a tan escabrosa cifra de sindicalistas caídos, quienes históricamente fueron víctimas de agentes del Estado y grupos paramilitares. 10 años después de su fundación, y pesar de esta seguidilla de traspiés, la Central Unitaria de Trabajadores supo, durante este periplo de sucesos ininterrumpidos, marcados por el neoliberalismo, la arremetida contra los derechos laborales de los colombianos, la violencia antisindical, el fin de la guerra fría y una nueva Constitución nacional, sobrevivir, sobreponerse, y surgir, como el ave Fénix, de las cenizas de este conjunto de factores externos y de una inédita crisis interna para construir unidad sindical en medio de la adversidad.

Notas 1

La deuda externa creciente de los países del tercer mundo fungió como el principal mecanismo de presión para que las exigencias de los organismos económicos internacionales, a sus acreedores, se consumaran: la liberalización económica y financiera de los países, la privatización de los activos estatales y los recortes a la inversión pública hicieron posible que la frase “más mercado, menos Estado”, que sintetiza el credo neoliberal, se hiciese realidad. En el plano local, dicho proceso de transición económica hacia el neoliberalismo, 1986-1994, iniciado por Virgilio Barco e implementado en su totalidad por Cesar Gaviria se denominó “apertura económica” e incluyó reformas al sistema cambiario, arancelario y comercial.

por la estadística de 1996, año en el cual se presentaron 282 muertes (Escuela Nacional Sindical, 2011).

Delegados al III Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

El autor agradece a Héctor Fajardo y a Miguel Ángel Pérez, miembros del Comité Ejecutivo de la CUT durante la realización del tercer congreso, por la colaboración brindada en la elaboración del presente texto. 2 Al respecto, Héctor Fajardo, miembro del comité ejecutivo de la CUT en ese tercer congreso, señala: “La Orit en aquel entonces estaba controlada por la férula de los Estados Unidos. Sin embargo, después de los congresos de Caracas y de Melbourne, y bajo la conducción del panameño Luis Anderson, comienza un replanteamiento en este núcleo sindical. La primera decisión que toma la Orit, posterior a estos dos encuentros, es rescatar su declaración de principios fundacionales. Esto significó una ruptura total con el rumbo y la política previa de esta organización que había apoyado previamente la invasión a Nicaragua y las dictaduras militares en el cono sur. 3 Central Unitaria de Trabajadores (1995), conclusiones del III Congreso Nacional de la CUT, Bogotá, p. 72, 104-105. 4 Archila N, Mauricio (1995). Tendencias Recientes de los Movimientos Sociales, en Francisco Leal B. (compilador), En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa. Tercer MundoIepri-Colciencias, Bogotá, p. 263.


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30 años CUT

30 AÑOS DE LA CUT

De Usitrás hacia una CUT sociopolítica Carlos Arturo Rodríguez Díaz Expresidente CUT La debilidad que presentaba el sindicalismo santandereano para confrontar la agresión de que era objeto llevó a los dirigentes sindicales de las federaciones regionales, Utrasan-UTC, Festra-Cstc, Fetralsa-CTC y al sindicalismo no federado a realizar accio­ nes coordinadas, que se convirtieron en un imperativo y que nos obligó a dialogar sobre fórmulas unitarias para impedir la vulnera­ ción de los derechos de los trabajadores. Fue así como el 11 de abril de 1981 asis­ timos a un seminario en la sede del club social de los trabajadores de Cementos Diamante, en el que reflexionamos sobre la problemática sindical y concluimos, fir­ mando un convenio unitario, en el que las tres federaciones sindicales reiteraron su voluntad de unión y se invitó al sindicalismo no federado a fortalecer este proceso. Para afianzar esta dinámica se integró un equipo de trabajo con cinco delegados por cada una de las tres federaciones y dos por el sindicalismo no federado. Se estudiaron los procedimientos para hacer la fusión y el primero de mayo de 1981 mediante decla­ ración pública convocamos a la fundación de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, Usitrás, congreso que se realizó el 12 de febrero de 1982. Esta federación rompió el mito del secta­ rismo y marcó una importante pauta en la marcha de los trabajadores hacia la unidad, contribuyendo con los procesos regionales hacia la construcción de la Central Unitaria de Trabajadores. Al acordarse las reglas de juego tuvimos como criterio trabajar unitariamente, lo que significó que los sindicatos de Utrasan con­ tinuarían afiliados a la UTC, los de Festra a la Cstc, los de Fetralsa a la CTC y los sin­ dicatos no confederados permaneceríamos independientes. El destacado dirigente sin­ dical de la época, Víctor Buitrago, se refirió a este proceso en estos términos: Nuestro aporte al proceso de unidad sin­ dical cobra su proyección nacional en la medida que las diferentes organizaciones y sectores sindicales inicien un trabajo de análisis y discusión sin prevenciones ni sectarismos acerca del momento político que atravesamos y la importancia de la unidad sindical. No es la unidad de gru­ pos o tendencias, tampoco la unidad en torno de posiciones hegemónicas para el fortalecimiento de tal o cual aparato; es la unidad de los trabajadores en torno a unos principios de clase, a una política amplia y democrática por la defensa fundamental de los intereses de la clase obrera y de nuestro pueblo. No niega la libre expresión de las diferentes propuestas políticas, pero tampo­

Tercer Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

co se sujeta verticalmente a ellas; es ante todo, la suma de esfuerzos y voluntades hacia los mismos objetivos. Por ello, desde Santander estamos convocando a todos los sectores de la clase obrera a asumir una responsabilidad y una tarea urgente con los intereses de nuestro pueblo. La concreción de la unidad sindical. Nosotros, como Sindicato de Trabajadores de Electricidad en Colombia, Sintraelecol, desde 1975 veníamos trabajando un des­ tacado proceso unitario. Por ello, asumi­ mos bien este compromiso por la unidad sindical regional y apostamos con todo a su construcción. En Usitrás, al inicio fui elegido como director del Departamento de Comunicaciones y a partir de 1986, como Secretario General, donde asumí las banderas del diálogo na­ cional, la paz y la apertura democrática. Este proceso unitario, ligado con la búsque­ da de la paz, fue respondido con violencia por las fuerzas oscuras enemigas de las libertades democráticas, cobrando amena­ zas, desapariciones y muerte de dirigentes sindicales. Esta compleja y grave situación, nos llevó a designar una comisión para visi­ tar y sensibilizar a muchas otras federacio­ nes departamentales sobre la urgencia de la unidad regional y lo imperativo de la unidad nacional, para confrontar la pérdida de de­ rechos laborales y demandar la defensa de la vida. El itinerario nos llevó a visitar a casi todas las federaciones departamentales y sindicatos nacionales. Mientras esto ocurría en Santander, dentro del movimiento sindical nacional se daban importantes transformaciones encaminadas a producir cambios dentro de las centrales sindicales más antiguas, pues en su seno se generaron brechas insalvables, surgiendo de ellas tendencias como Renovación CTC, liderada por Pedro Julio Caro, y Renovación UTC, liderada por Jorge Carrillo. Estas fracciones con­ formaron un comando unitario para crear una central sindical amplia, democrática y pluralista.

En este marco renovador, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el 14 de febrero de 1986 convocó a un seminario sobre unidad sindical y en el mismo, Usitrás, con una importante delegación presente, le planteó al sindicalismo no confederado, que hiciera un llamado a la centralización y le propusiera a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, Cstc, unirse en una nueva central sindical. La idea fue acogida de inmediato por los asistentes, dando lugar a la creación de una Coordinadora de Unidad Sindical, integrada por la Cstc y la casi totalidad del sindicalis­ mo no confederado, en la perspectiva de crear una central sindical clasista, demo­ crática y revolucionaria. Dada esta realidad, por iniciativa de Usitrás, constituimos un equipo de trabajo confor­ mado por ocho dirigentes sindicales de Santander, para convocar un evento de las dos instancias sindicales recientemente creadas para abordar las coincidencias e implementar un plan de trabajo. En este evento, se plantearon dos etapas para la unidad: primero constituir una nueva central sindical sin la Cstc y luego proyec­ tar la integración de la Cstc. Frente a esta propuesta Usitrás con su ejemplo unitario argumentó la trascendencia que tenía la unidad con la Cstc y con serios argumentos se logró que la unidad sindical se diera con todos y se consensuó que esta noticia se comunicaria el 19 de agosto de 1986. Cuando el 19 de agosto de 1986, en re­ unión del Comando pro-CUT, integrado por organizaciones disidentes de UTC, CTC y representantes de la Coordinadora de Unidad Sindical, se le comunicó al país que habíamos adquirido el histórico compromiso de trabajar en el propósito de construir una Central Sindical Unitaria, Clasista, Democrática y Progresista, que acogiera en su seno a todos los trabaja­ dores, sin distinción de raza, sexo, credo religioso o militancia política, se generó un positivo estado de ánimo y un entusiasmo sindical, que trajo como consecuencia la

convocatoria al Congreso Constitutivo de la Central Sindical para los días 15, 16 y 17 de noviembre de 1986. El Congreso se realizó con la asistencia de dos mil quinientas personas y la sala de reuniones del Club de Empleados Oficiales de Santafé de Bogotá fue testigo de este extraordinario acontecimiento. Este primer congreso eligió como presidente al compa­ ñero Jorge Carrillo Rojas, que venía de ser ministro de Trabajo. Una vez concretado este anhelo unitario, empezó su desarrollo cualitativo; es decir, la dinamización de las tareas aprobadas, como el Plan de Desarrollo Económico y Social, la consolidación de los procesos regionales de unidad y la contribución a la búsqueda de la paz. Pero, al tiempo que los trabajadores nos movilizábamos para la concertación, los enemigos de la unidad estigmatizaban la Central y el oscurantismo arreciaba la campaña de asesinatos contra nuestros dirigentes sindicales, llegando a cifras escalofriantes, que evidenciaban que el país se hundía en el fango y la sangre de una barbarie, rindiéndole culto ficticio a un Estado teórico de derecho. Los adversarios de la CUT se unían para impedir que en Colombia se demostrara que es posible la unidad dentro de la diversidad, que la tolerancia y el pluralismo pueden ser principios rectores de la vida nacional y que la autonomía es requisito vital para el avance sindical. Afortunadamente, la Central Unitaria de Trabajadores desde su fundación estipuló como política establecer diálogos y concer­ tación con el gobierno y los empleadores, para propiciar acercamientos entre los diversos actores de la sociedad, con el objeto de encontrar salidas viables a los acuciantes problemas sociales, económicos y políticos que vive la nación.


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⇒ La Central solicitó al gobierno que se suspendiera la apertura económica indis­ criminada y que se consensuara con los trabajadores y empleadores la internacio­ nalización de la economía. Así mismo, pidió concertar la política laboral y la seguridad social. También jugó un importante papel en la promulgación de la nueva Constitución Política y participó con varias iniciativas, contenidas hoy en la misma. Podría enumerar las propuestas sindicales que cundieron exitosamente en la vida na­ cional, recordar su acompañamiento a los procesos de paz, señalar los aciertos que ha tenido en los campos organizativo, po­ lítico y unitario, pero sobre todo, es preciso resaltar su potencial cuando, al unísono, ha marchado en procura de materializar sus formulaciones. Pero el camino unitario dentro de la CUT tampoco ha sido fácil. En pleno desarrollo del Segundo Congreso, dados los altos niveles de polarización, se optó por sus­ pender indefinidamente sus deliberaciones para impedir la ruptura de la Central. Infortunadamente, frente a este impasse, el radicalismo apostó por la división, haciendo infinidad de conjeturas sobre el futuro de la Central. En aquel momento, se habló de crear una Central Sindical conformada solo con la izquierda tradicional y el Moir, dando nacimiento a la Corriente Sindical Clasista. Como reacción a esta pretensión, el sin­ dicalismo democrático optó por la crea­ ción del Frente Unitario de Trabajadores Demócratas (Futd). Esta actitud contrastó con la de quienes creemos que la unidad, en medio de la diversidad, es un proceso y entendimos la situación que en ese momento padeció la CUT como un problema más dentro de la cadena de aprendizaje que iniciamos en 1986 y que aún se mantiene. Pasadas las tensiones y al cabo de algunos meses, reanudamos la parte que faltaba del Segundo Congreso. De todas maneras, los hechos acaecidos generaron algunas re­ flexiones entre quienes propugnamos por defender, este proceso de unidad, como amplio e incluyente. Por tanto, recurrimos a Voltaire, uno de los filósofos de la Ilustración que más escribió sobre la tolerancia, quien decía que esta es la consecuencia de la comprensión de que somos personas fa­ libles y que como todos cometemos con­ tinuos errores, es necesario aprender de ellos, para saber sortearlos ante todo. Que los viejos conflictos y los profundos proble­ mas que nos afligen, están enraizados en diferencias de todo tipo, haciendo que viva­ mos en un mundo sectario e intolerante, con un costo moral y material tan elevado, que todo triunfo impuesto es una victoria pírrica. Por el contrario, ganar unidad en medio de la diversidad significa triunfar en el em­ peño de construir una democracia nueva, en donde nadie pueda sentirse excluido y donde gracias a una cultura de la tolerancia podamos manifestar nuestras opiniones sin temor. Por ello, el pluralismo, con el grado de libertad “negativa” que lleva con­ sigo, reconoce que los fines humanos son múltiples, no todos ellos conmensurables y están en perpetua rivalidad unos con otros. La tolerancia, como lo repetí en mi adiós sindical, hay que empezarla a construir, desarrollando una pedagogía creativa que nos permita a todos ser constructores de nuestra propia esencia y artífices funda­

Delegados al III Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

mentales de nuestro desarrollo moral, in­ telectual y social. Este tiempo nos permitió entender que re­ queríamos hacer de la tolerancia y del plu­ ralismo un principio rector, pero que sería en vano el desarrollo del espíritu tolerante, si a la sociedad no se le permite participar en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Por ello, es necesario luchar por construir sociedades abiertas, donde todos los gru­ pos, por minoritarios que sean, tengan la posibilidad de ser oídos, respetados y tenidos en cuenta, desarrollando una peda­ gogía del orden, donde la ley no se sienta hecha para aplastar, sino para proteger, donde el ser humano esté por encima de las instituciones y el diálogo sea más eficaz que la fuerza. Los demócratas creemos en la convivencia, la tolerancia y la democracia; por ello, pro­ pugnamos porque en Colombia y en la CUT se profundicen los espacios democráticos, para caminar juntos. En nuestro país y en la CUT se percibe que parece ser más fácil poner a detonar las ar­ mas de corto y largo alcance, que sentarnos a dialogar y concertar políticas y estrategias sociales y económicas en función del de­ sarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la superación de las violencias de todo orden. Estas reflexiones se daban en el marco generado por las tensiones internas, pero en lugar de generar un salto cualitativo, apareció la política de los consensos pa­ ralizantes que frenó, aún más, el impulso institucional de la Central y se optó por funcionar con las dos corrientes sindicales al interior de la misma. Vino el Tercer Congreso de la CUT, en noviembre de 1995, cuyos principales ejes fueron la vida, la paz y la democra­ cia. Además, se modificaron los estatutos, dando paso a la elección directa de los in­ tegrantes de las estructuras organizativas de la central sindical. Este importante hecho ejemplarizó, pues es la única central de trabajadores en el mundo, que lo realiza. El Cuarto Congreso de la CUT dio el salto que se necesitaba, pues logró trascender la política de los consensos paralizantes, dan­ do paso a la iniciativa política de avanzar sin atropellar a la minoría, pero asumiendo con decisión la ejecución de la carta de navegación definida en el congreso. Aquí se adoptó, por primera vez, una real política educativa, que llamamos Educación para la Organización y la Acción, acordando

un efectivo proceso organizativo, sintetiza­ do en la ecuación menos sindicatos y más afiliados para tener mayor capacidad de negociación y mayor incidencia en el des­ tino nacional. El Quinto Congreso de la CUT fue uno de los más complejos por la disputa po­ lítica que llevaba consigo. Veníamos de romper la política de los acuerdos para ejercer la democracia sindical con plenas garantías a la oposición. Sin embargo, desde el momento en que el sindicalismo democrático asumió la dirección de la CUT, los obstinados críticos de siempre no vacilaron en iniciar una infame cam­ paña de calumnia y de estigmatización, al afirmar que los paramilitares y el uri­ bismo se habían tomado la CUT, lo que generó muchas amenazas al colocarnos en la mira de los violentos. Como el ambiente en el quinto congreso constataba una amplia mayoría del sin­ dicalismo democrático, fruto del arduo trabajo, la sala en donde se realizaban las deliberaciones denotaba un caldeado áni­ mo que presagiaba una plenaria llena de complejidades. Así sucedió. Cuando yo puse en considera­ ción los debates de las comisiones, uno de los delegados, con la intención de generar el caos y en un acto de provocación inten­ cional, me lanzó una botella llena de agua, la que afortunadamente no me golpeó en la cabeza, pero que generó de inmediato un conato de pelea, la que rápidamente se logró controlar. El afán desestabilizador de quienes se ne­ gaban a admitir su derrota, llevó inclusive a que se realizara una votación secreta sobre si la central sindical mantenía su política de diálogo, o si por el contrario regresaba a la confrontación. Por supuesto que el sindicalismo democrá­ tico le infringió otra derrota al sindicalismo delirante, reafirmando, por amplia votación, su política de una central sindical para la concertación y no solo para la confronta­ ción. Habíamos dejado para el final la votación sobre la afiliación de la CUT a la Nueva Central Sindical Internacional. A esta altura del congreso, todos los deba­ tes habían sido ganados por el sindicalismo democrático; por ello, era evidente la exa­ cerbación de los ánimos, lo que nos obligó a tomar todas las precauciones para que el evento no cayera en ninguna provocación. Orientamos rodear con dirigentes la urna para garantizar la transparencia del conteo,

pero cuando la votación se acercaba a la mitad, el sindicalismo, delirante una vez más, negándose a aceptar la democracia, suspendió la luz eléctrica del auditorio con el fin de crear pánico, lo que afortu­ nadamente se evitó, porque los jurados de votación, de inmediato colocaron sus manos sobre la urna de votación, evitan­ do la intención que tenían los perdedores de llenar la urna con votos por el no a la afiliación internacional. Afortunadamente, pronto se restableció el fluido eléctrico y se reanudó la votación. Una vez terminado el escrutinio, se anunció que la CUT, por amplia decisión mayorita­ ria, había tomado la decisión de entrar a formar parte de la Nueva Central Sindical Internacional. En este trasegar, la puja ideológica fue intensa, pero poco a poco el sindicalismo democrático afianzó su política con resul­ tados positivos.

•• De una central sindical para la confron­ tación pasamos a una central sindical para la concertación. •• De una central sindical para la toma del poder a una central sindical en defensa del Estado Social de Derecho. •• De una educación partidaria y marxista leninista a una educación plural, libera­ dora y democrática. •• De un sindicalismo como correa de transmisión de los partidos políticos, a organizaciones sindicales deliberantes y autónomas. •• Del sindicalismo clasista al sindicalismo sociopolítico. •• De un sindicalismo para apoyar la combinación de las diferentes formas de lucha a un sindicalismo civilista y democrático. •• De un sindicalismo que justificaba la vio­ lencia revolucionaria, a un sindicalismo que condena el terrorismo en todas sus manifestaciones y la violencia venga de donde venga. •• De una central sindical independiente de la afiliación internacional a una cen­ tral afiliada a la Confederación Sindical Internacional. Así las cosas, los trabajadores colombia­ nos afianzamos el camino hacia el obje­ tivo de tener una CUT sociopolítica, para hacer del pluralismo un principio rector y avanzar en pos de una Central Sindical de Trabajadores y no exclusiva de sectores partidarios.


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sindicales

DECLARACIÓN

Centrales sindicales y federaciones internacionales hacen frente común contra tercerización laboral

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as organizaciones sindicales par­ ticipantes del Encuentro Nacional contra la Tercerización convo­ cado por las centrales obreras CUT y CTC, las federaciones internacio­ nales sindicales Industri-All, UNI, Uita, ICM, ISP, ITF (coordinadas a través del Capítulo Colombia), los centros de apoyo Cedetrabajo, Cajar y ENS, durante los días 28 y 29 de julio de 2016 en la ciudad de Bogotá,

Declaran: 1. La tercerización laboral se ha convertido en el instrumento principal del Gobierno y los empresarios en nuestro país para profundizar el proceso de precarización del trabajo dentro de la aplicación del modelo neoliberal, desde el gobierno de Virgilio Barco hasta el actual de Juan Manuel Santos, cediendo a los intereses del gran capital, las multinacionales y de las superpotencias. Las reformas laborales impuestas por los diferentes gobiernos, como la Ley 50 de 1990, el Decreto 789 de 2002, el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 583 de 2016 expedido por el Gobierno actual, se han encaminado a profundizar estas formas indebidas de contratación, las cuales se han constituido en el más grave de los obstáculos para el empleo decente y para ejercer los derechos de asociación sindical, de negociación co­ lectiva y huelga. 2. La tercerización en Colombia afecta al 50% de la Población Económicamente Activa a través de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las socieda­ des por acciones simplificadas (SAS), los contratos sindicales, empresas de servicios temporales, contratos de prestación de servicios, informalidad laboral, entre otros, resaltando que

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es el Gobierno el que ha dado el peor de los ejemplos en esta materia apli­ cando estas formas de contratación y alcahueteando a través del Ministerio del Trabajo su aplicación en todos los sectores productivos. El contrato sindical, contra el cual ra­ tificamos nuestro rechazo, ha crecido exponencialmente en los primeros 4 años del Gobierno de Santos, pasando de 50 en el año 2010 a más de 2.000 en el año 2015. Cerca de 15 millones de trabajadores no tienen contrato formal y más de 7 millones tienen contratos ilegales. Las mujeres y los jóvenes se constitu­ yen en los dos sectores más golpea­ dos por la aplicación de estas formas de precarización con mayores tasas de desempleo, desigualdad salarial y condiciones de trabajo absolutamente indignas. 3. En su lucha contra el flagelo de la terce­ rización, el Encuentro Nacional adopta como guía la declaración del Encuentro de Organizaciones Sociales, Sindicales y Políticas, convocado a través del Comando Nacional Unitario, realizado el pasado 8 y 9 de julio en Bogotá, la cual traza las directrices para impulsar el voto por el SÍ en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz de La Habana, al tiempo que llama a confrontar con la movilización y el paro la política econó­ mica y social de Santos, dentro de la cual se encuentra inscrito el rechazo a toda forma de intermediación y precarización laboral. 4. La afiliación de los trabajadores terceri­ zados a los sindicatos se constituye en un imperativo, no solo para fortalecer las organizaciones sindicales, sino para mejorar las condiciones de trabajo de quienes están bajo estas figuras ilega­ les a través de su incorporación a las

COMUNICADO DE PRENSA SINDICONS

l Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Obras Públicas, Sindicons, lamenta profundamen­ te el fatal accidente del pasado 19 de agos­ to en la construcción del estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva, en el cual perdieron la vida 4 trabajadores y resultaron afecta­ dos otros tantos.

nejos irregulares, por lo tanto solicitamos a la autoridad competente una exhaustiva investigación que permita una sanción ejemplar o los responsables de tan graves sucesos.

Cabe anotar que el consorcio ejecutor del proyecto ya tenía antecedentes por ma­

José Isaías Ríos Tejada Presidente Nacional

De igual manera nos solidarizamos con las familias afectadas por estos graves hechos. Junta Directiva Nacional Sindicons

plantas con contrato de trabajo digno, haciéndolos beneficiarios, a través de la lucha, de las convenciones colec­ tivas de trabajo. Esta tarea obtendrá mejores beneficios en la medida que construyamos grandes y poderosos sindicatos y avancemos en la negocia­ ción por rama.

Tareas: El Encuentro establece, además, las siguientes tareas conducentes a hacer más efectiva nuestra lucha en contra de la tercerización y la precarización laboral: •• Crear el Comité Nacional contra la Tercerización, integrado por represen­ tantes de las tres centrales sindicales, el capítulo Colombia de las FIS y las organizaciones sindicales y sociales

que deseen vincularse en forma per­ manente. •• Realizar anualmente el Encuentro Nacional contra la Tercerización y la pre­ carización laboral en la última semana del mes de julio. •• Establecer como fecha nacional de movilización nacional contra la terceri­ zación el 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente. •• Instar a las centrales a impulsar un re­ ferendo popular que genere un proceso de acción mediática, de movilización, educación y sensibilización nacional e internacional en contra de la terceriza­ ción laboral, para lograr así la derogato­ ria del Decreto 583 de 2016 y de todas las normas que viabilizan las diferentes formas de intermediación existentes en el país.


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crónica

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Nuevo libro sobre memoria histórica

Los trabajadores de la palma cuentan la historia de violencia antisindical en el sur del Cesar Agencia de Información Laboral

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intraproaceites, sindicato del sector palmicultor del depar­ tamento del Cesar, presentará este viernes en Bucaramanga un libro que recoge la historia de la cruenta arremetida que el paramili­ tarismo llevó a cabo contra esta organiza­ ción durante la década de los años 90, la cual cobró la vida de ¡más de 100! de sus afiliados, entre ellos 6 presidentes de sus diferentes subdirectivas. El libro, que tiene por título “Las familias trabajadoras de la palma contamos nuestra historia”, es el resultado de la investigación llevada a cabo por la fundación Fundesvic, integrada por exdirigentes y miembros de Sintraproaceites con el objeto de atender y brindar apoyo económico y sicosocial a las víctimas de la violencia antisindical en el sur del Cesar, así como adelantar un trabajo de memoria histórica. Según Aníbal Mendoza, expresidente del sindicato, y la persona que lideró la inves­ tigación y el proyecto del libro, se trata de un esfuerzo por recuperar la memoria de esa violencia contra los sindicalistas del sector de la palma, en la perspectiva de la Ley 1448 de 2011, la cual reconoce la re­ paración colectiva como un derecho de los grupos y organizaciones sociales y políticas afectadas por el conflicto armado. De esta manera Sintraproaceites y Fundesvic se suman a otros sindicatos que también fueron fuertemente victimizados y que han realizado, o están realizando, trabajos de memoria histórica sobre la violencia ejercida contra ellos, como la USO, Adida (Asociación de Institutores de Antioquia), Sintraunicol Córdoba, Sutimac, entre otros. El libro, cuya edición contó con el apoyo del fondo de la solidaridad de la Unión Europea, será presentado este viernes en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, en un acto al que asis­ tirán familiares de las víctimas y delegacio­ nes sindicales de la región. La entrada es libre para quien quiera asistir.

Itinerario de la violencia contra Sintraproaceites Aníbal Mendoza, exdirigente de Sintraproaceites que sobrevivió a la andanada violenta del paramilitarismo en el sur del

Cesar, y principal promotor de esta ini­ ciativa de memoria histórica, ubicó el año 1985 como el comienzo la historia que se plasma en el libro. Esto porque aquel año tres organizaciones sindicales de la agroindustria de la palma asentados en los municipios de El Copey, San Martín y San Alberto, sur del Cesar, decidieron conformar un solo sindicato de industria, al que llamaron Sintraproaceites, que en aquel momento fue una organiza­ ción fuerte. La sola subdirectiva de San Alberto tenía 1.600 afiliados, casi todos vinculados a la empresa Indupalma, la pri­ mera procesadora de aceite en la región y en toda Colombia. Pero, además, era un sindicato que no se limitaba a liderar la lucha gremial y reivin­ dicativa de los trabajadores. También, en alianza con otras organizaciones sociales y movimientos cívicos, acompañó y apoyó la lucha de los campesinos por la recupera­ ción de tierras y el reclamo de los habitan­ tes por mejores servicios públicos. Luchas que lo pusieron en la mira de las fuerzas más reaccionarias de la región, y generó los primeros asesinatos de sus militantes. Ese fue solo el comienzo, dice Mendoza, porque a partir de ese momento la violencia contra el sindicato escalará dramáticamen­ te a lo largo de toda la década de los 90, años en que Sintraproaceites hizo parte de la Unidad Política Cívica, un movimiento que se propuso disputarle a los partidos tradicionales el poder político en las elec­ ciones populares de alcaldes y concejos. Y a fe que lo logró. Entre 1991 y 1998 este movimiento alternativo logró ganar la alcaldía de San Alberto en sucesivas elecciones.

les que empezaron a pulular y a sembrar muerte y terror en la región. El periodo más crítico de la andanada violenta se ubica entre 1993 y 1998, años en que se registró el mayor número de asesinatos de sindicalistas a manos de los comandos paramilitares que medraron en el sur del Cesar. Información que fue corroborada en las sentencias de condena de la justicia transicional contra Juancho Prada, principal comandante paramilitar de la zona, y varios de sus lugartenientes, quienes confesaron muchos de esos críme­ nes, por los cuales pagaron menos de ocho años de prisión y ya recobraron su libertad. Así recuerda Mendoza aquellos sucesos:

Entonces la reacción de los terratenientes ganaderos, arroceros y empresarios de la palma, no se hizo esperar. Iniciaron una campaña de desprestigio y estigmatización contra el sindicato y demás organizacio­ nes que conformaron el movimiento cívico ganador en las urnas. A este respecto Mendoza recuerda:

“Los paramilitares llegaron amenazando y diciendo que debíamos obedecer a la empresa y remarcándonos que teníamos relación con la guerrilla. A algunos los ma­ taron en el propio frente del trabajo, a otros los bajaron de los buses que los transpor­ taban desde la planta a sus residencias, frente a los demás compañeros, y a otros los sacaron de las casas”.

“Empezaron a regar el cuento de que el movimiento sindical estaba infiltrado por la guerrilla y que su misión era quebrar la empresa. El mismo gerente de Indupalma, Rubén Darío Risaralde, lo dijo públicamen­ te en una entrevista que dio a la revista Semana”, afirma Aníbal Mendoza. Y agre­ ga que por esa razón Sintraproaceites se vio en medio de la vorágine de violencia que desataron los grupos armados ilega­

Luego del año 2000 la violencia amainó y cesaron los asesinatos, pero ya el daño estaba hecho. Se consolidó el control del paramilitarismo en la región y la membresía sindical quedó en el mínimo. Y hubo tam­ bién desbandada. De los 1.600 afiliados que llegó a tener la subdirectiva de San Alberto, solo quedaron 180. Muchos de­ bieron salir de la zona por desplazamiento forzado.

La lista de crímenes contra el movimiento sindical, que el libro documenta en deta­ lle, incluye 102 asesinatos, 380 despla­ zados, 10 desaparecidos y 12 familias en el exilio, entre ellas la del propio Aníbal Mendoza, quien, en 1995, siendo presi­ dente de la subdirectiva del sindicato en San Alberto, debió salir de huida de la zona para evitar que lo asesinaran. Era uno de los más amenazados, no solo por su activismo sindical, sino por haber ga­ nado la consulta interna del movimiento cívico y se perfilaba como nuevo alcalde de ese municipio.

Fundesvic Uno de los propósitos que tuvo la creación de Fundesvic, dice Mendoza, fue realizar un trabajo de memoria histórica en la pers­ pectiva de la reparación colectiva del sin­ dicato y de las víctimas individuales, en el marco de la Ley 1448 de 2011. El resultado es el libro que este viernes se presenta en Bucaramanga. “El objetivo de este libro es que se sepa lo que pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables, para que se haga justicia. Los paramilitares que fueron juzgados se adjudicaron muchos de esos crímenes, pero nada se sabe de la responsabilidad que tuvieron las em­ presas y el mismo Estado. No hay nin­ gún proceso en ese sentido”, puntualizó Aníbal Mendoza. Publicado 11 de agosto de 2016.


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juventud

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Declaración / 12 de agosto de 2016

Día Internacional de la Juventud 2016

Erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles a través de trabajo decente para los jóvenes

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n este Día Internacional de la Juventud, nos centramos en el tema “El camino hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles”. Nuestro futuro lo está forjando la juventud, una generación de mujeres y hombres que tienen el potencial necesario para acelerar el avance hacia los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Hoy celebramos la capacidad de lideraz­ go que tienen estos jóvenes para adoptar modelos sostenibles de consumo y produc­ ción. Con todo, estas personas creativas y con capacidad de liderazgo dependen de que haya oportunidades de lograr un em­ pleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, elementos que constituyen un objetivo transversal de la Agenda. El acceso a un trabajo productivo y a un trabajo decente es la mejor solución para hacer realidad las aspiraciones de los jóvenes, mejorar sus condiciones de vida y darles un papel activo en la socie­ dad. El trabajo decente para los jóvenes fortalece las economías y fomenta un entorno de jóvenes que consumen, aho­ rran y producen. Se pueden citar muchos ejemplos de jóve­ nes que lideran iniciativas para encontrar y aplicar soluciones sostenibles, y que tienen que lidiar a la vez con el desafío del empleo juvenil. Podemos citar en particular el caso de Oren Tamba, que vive en Koindu, una población de Sierra Leona que fue diez­ mada por la guerra civil. En 2012, Oren propuso una solución empresarial que transformaría la producción y el consumo de agua limpia gracias a la utilización de prácticas sostenibles y responsables. Oren capacitó a otros 12 jóvenes para re­ parar pozos, purificar agua y envasarla, y les impartió competencias empresariales y aptitudes interpersonales. Comercializó la prestación del servicio, una idea que las comunidades acogieron muy favorable­ mente. Con el apoyo de la OIT, la solución empresarial de Oren se convirtió en una cooperativa formalizada. Han pasado cua­ tro años desde entonces, y la cooperativa no sólo sigue suministrando agua limpia a

Koindu y a otras poblaciones del otro lado de la frontera, en Guinea y Liberia, sino que también fomenta los medios de sub­ sistencia y oportunidades para un futuro mejor y más sostenible. Oren es tan solo uno de los millones de hombres y mujeres jóvenes que con su búsqueda de trabajo decente han mejo­ rado las perspectivas de empleo de otros jóvenes y los modelos de consumo y pro­ ducción de su entorno. La capacidad de innovación, el espíritu empresarial y la de­ terminación de todos estos jóvenes ya han tenido efectos positivos y concretos en la vida diaria de muchas personas que ahora pueden acceder más fácilmente a servicios básicos, infraestructuras sostenibles, y so­ luciones que fomentan un uso eficiente de los recursos y la energía.

“El acceso a un trabajo productivo y a un trabajo decente es la mejor solución para hacer realidad las aspiraciones de los jóvenes, mejorar sus condiciones de vida y darles un papel activo en la sociedad”. Guy Ryder, director General de la OIT

El trabajo decente para los jóvenes surge cuando convergen los derechos y las opor­ tunidades. El trabajo decente garantiza a los jóvenes la posibilidad de expresarse y de ejercer su liderazgo, en el mundo actual y en el futuro. La OIT está comprometida con la promo­ ción de las oportunidades de empleo para los jóvenes en todo el mundo. Esta inmen­ sa tarea requiere colaboración, iniciativa y conocimientos técnicos. Hemos elegido esta fecha, en el Día Internacional de la Juventud, para lanzar una plataforma de recursos y conocimien­ tos llamada “What Works in youth employ­ ment”, que ha sido diseñada con el objetivo de lograr una mejor comprensión del tipo de políticas y acciones que permiten mejorar los resultados de los mercados de trabajo a favor de los jóvenes. Esta plataforma de conocimientos respon­ de al llamado que formulamos en la CIT en 2012 (“La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción”), y destaca ámbitos clave de intervención que abordan el reto del empleo juvenil, en particular: la adqui­ sición de competencias, la promoción de la iniciativa empresarial, los servicios de empleo, el empleo subvencionado, las polí­ ticas de empleo y las políticas económicas, y los derechos de los jóvenes. También sirve de base de conocimientos con respecto a la “Iniciativa Global sobre

Empleo Decente para los Jóvenes” de la ONU, que busca ampliar las actividades y las alianzas de colaboración en materia de empleo juvenil e influir a nivel mundial en las inversiones a favor de los jóvenes a fin de garantizarles oportunidades y la posibilidad de elegir las competencias que quieren adquirir y de convertir su energía y sus ideas en productos y servicios a efec­ tos de promover modos de vida menos contaminantes y más sostenibles en todo el planeta.

Ya hay suficiente te experiencia colectiva para poder demostrar cuando una solución funciona. Sabemos que los jóvenes tienen el dinamismo, la voluntad y la determinación necesarios para forjar un futuro mejor para todos. Ahora lo que necesitamos es actuar por medio de políticas y de colaboración, en todos los ámbitos, para incrementar las in­ versiones en el empleo de los jóvenes. Esto es indispensable si queremos hacer realidad nuestra ambición colectiva de erradicar la pobreza y trazar un futuro sostenible.


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medio ambiente

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internacional

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Monsanto en retirada:

El abajo que se mueve Silvia Ribeiro Investigadora del Grupo ETC

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Alai Amlatina, 08/08/2016

esde el 1 de agosto corre la noticia de que Monsanto tuvo que abandonar la construc­ ción de una de las plantas más grandes del mundo de semillas de maíz transgénico que sería instalada en Córdoba, Argentina, en la municipalidad Malvinas Argentinas. Desde ahí, pretendían distribuir a América Latina y más allá. Es un hecho de enorme trascen­ dencia, pero la empresa no lo ha querido admitir públicamente, porque la razón de su salida es la persistente resistencia popular de vecinos, jóvenes y madres, que mantie­ nen bloqueada la planta desde 2013. Es una victoria que no sólo tiene un enorme significado para la lucha de este pueblo de 12.000 habitantes, sino para todo el mundo, para las muchas luchas populares desde abajo que tantas veces se enfrentan a inte­ reses que parecen gigantescos e imposibles de derrotar. Es un freno a los venenos de la trasnacional semillera más grande y resisti­ da del planeta, pero además es un mensaje de aliento a los que en todas partes luchan por la defensa de sus territorios y comuni­ dades, urbanas y rurales, por su vida y la de sus hijas e hijos, a contrapelo de la lógica dominante que intenta convencernos que son luchas imposibles. La primera noticia la trasmitió la Asamblea del Bloqueo en Malvinas el pasado 1 de agosto, cuando la empresa Astori Estructuras llegó al terreno a desarmar las instalaciones por encargo de Monsanto. (http://tinyurl.com/j28t82f). Dos días des­ pués, un artículo en Profesional relató que fuentes de la trasnacional explicaron que se van porque había bajado el área de producción de maíz en el país y con las protestas de los vecinos, ya no resultaba rentable construir la planta. Monsanto tiene otra planta de producción de semillas de maíz transgénico en Rojas, provincia de Buenos Aires y por ello dicen que ahora no sería necesaria una segunda planta, aun­ que en 2012 afirmaron sería una inversión de 1.500 millones de dólares. Vanesa Sartori, vecina integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, declaró al portal lavaca.org que el argu­ mento de la baja de producción es sola­ mente formal, “una salida elegante” para la trasnacional. Monsanto no puede aceptar públicamente que gente de a pie, vecinas, jóvenes y madres organizadas contra los agrotóxicos, hayan podido derrotar a la mayor trasnacional semillera del planeta.

Aunque Vanesa advierte que aún quieren confirmación definitiva, agrega que ya “Malvinas se ha convertido en un ícono de resistencia. Es una demostración de que el pueblo puede organizarse y, por más que parezca que está todo listo, cerrado y sella­ do, se pueden revertir esas decisiones. Si la gente se organiza, puede”. (http://tinyurl. com/jmkbddh). La lucha contra Monsanto en esta localidad se inició desde el anuncio oficial de la plan­ ta en 2012. El bloqueo, con un campamen­ to que se mantuvo por casi tres años bajo frío, calor, lluvia y viento, se instaló al fina­ lizar el festival “Primavera sin Monsanto”, en septiembre 2013. Vecinas y vecinos de la localidad, jóvenes y las Madres de Ituzaingó –un barrio de Córdoba fuerte­ mente afectado por los agrotóxicos de la siembra de transgénicos, donde muchas han perdido hijos y otros familiares por cáncer–, han sido el corazón de la resis­ tencia, que creció hasta repercutir a nivel nacional e internacional, apoyados también por médicos y científicos críticos. Han su­ frido ataques y amenazas constantes. El camino no ha estado exento de conflictos y divisiones internas, como tantas veces nos pasa en las luchas, pero los esfuerzos están dando fruto. En el festival de 2013, informando y acom­ pañando a los vecinos a instalar el bloqueo estuvo el científico Andrés Carrasco (falle­ cido en 2014), que denunció los efectos de glifosato y transgénicos en la salud, por lo que fue fuertemente atacado por empresas y grandes asociaciones agrícolas. Madres y vecinos lo recuerdan y le dedican este momento. La noticia de la retirada comenzó a cir­ cular el 1 de agosto, justamente en una gran jornada de protesta contra una nue­ va de semillas, llamada “ley Monsanto”,

convocada por una amplia coordinación de organizaciones campesinas, socia­ les, sindicatos, ambientalistas, barria­ les. Carlos Vicente, de Grain, Argentina, recuerda que esta ley que ahora va al Congreso, fue anunciada por el gobierno argentino en 2012 al mismo tiempo que la nueva planta de Monsanto en Córdoba, claramente como requerimiento de las trasnacionales. La nueva ley pretende eliminar y criminalizar el derecho de los agricultores a guardar su propia semilla para la siguiente cosecha. Como si fue­ ra una concesión en lugar de un robo, Syngenta hasta plantea crear una “tarifa social sojera” para los agricultores chicos (http://tinyurl.com/h65aqqp). Sumado al revés en Córdoba y a la resis­ tencia a esta “Ley Monsanto”, la empresa está en otra confrontación inusitada para

el mundo, en la Suprema Corte de la Nación en Argentina: el rechazo judicial en mayo 2016 a patentar una metodología para hacer semillas transgénicas (http:// tinyurl.com/jx5apf9). La sentencia cues­ tiona que la modificación del ADN de una planta, permita a las empresas apropiarse de toda la planta, que no es un “invento” sino naturaleza y trabajo campesino. Hay mucha movilización social en apoyo a esta sentencia, que sería la primera vez que le niegan por vía judicial a Monsanto patentar semillas transgénicas. También en México se mantiene por casi tres años una demanda colectiva contra las trasnacionales que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico. Y también allí y en muchas otras partes sigue el tejido desde abajo, resistiendo y construyendo, ese capaz de tornar posible lo imposible.


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medio ambiente

Papúa Nueva Guinea: Detengan la minería en el fondo marino

Una compañía minera canadiense tiene permiso para llevar a cabo una idea des­ cabellada que podría convertirse en un desastre planetario: la primera mina en el fondo del mar. Todos sabemos lo devastadoras que pue­ den ser las minas tóxicas para los eco­ sistemas terrestres. Imagínate empresas desatadas buscando minerales en el lecho marino lejos de cualquier escrutinio. ¡Es lo último que necesitan nuestros océanos moribundos! La buena noticia es que esta compañía está encontrando dificultades para recau­ dar fondos. Vamos a condenar este pro­ yecto con la fuerza del mar, a ahuyentar a cualquier posible inversor y a asegurarnos de que esta nueva y terrible amenaza a nuestro medioambiente desaparezca rápi­ damente. ¡Haz clic para firmar la petición, que haremos pública y mandaremos a todos los inversores potenciales!

Al gobierno de Papúa Nueva Guinea y po­ sibles inversores: “Como ciudadanos preocupados de todo el mundo, les exigimos que pongan de su parte para detener los esfuerzos de Nautilus Minerals para destrozar el lecho marino de Papúa Nueva Guinea. La minería en el fondo del mar podría tener resultados catastróficos para nuestro clima y nuestra biodiversidad. Nuestros ecosistemas son frágiles y sen­ cillamente desconocemos los riesgos que comporta este tipo de actividad industrial. Tienen en su poder desencadenar daños incalculables para la salud y el futuro de nuestro planeta o establecer un precedente de protección crucial les pedimos que actúen teniendo en cuenta esta responsabilidad”. Firma: https://secure.avaaz.org/es/ png_nautilus_sust/?bqXiRdb&v=79930& cl=10456328726&_checksum=aa228d0c af45480812fc54be4c2d10ba77e2f35f28c­ 3c77571f30ce9ea773b94

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diáspora

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Tres notas desde las redes

A propósito del desplazamiento de los habitantes de calle del Bronx Me siento frustrada Paola Cervera Quintero Ayer con Gabito visitamos a unos amigos a quienes amamos. Al salir, tomamos un “transmi” y cuando íbamos a la altura de la estación Ricaurte, tipo 10 de la noche, me sorprendió y conmovió profundamente lo que vi: Aproximadamente 100 habitantes de calle se desplazaban hacia el occidente, con sus cobijitas, me llamó la atención que uno de ellos que tenía una almohada, la mostraba como orgulloso de ella. Era una noche de 6ºC, la calle estaba oscura, fría y se veía sospechosamente mojada, quizás llovió, no lo sé. Lo que sí sé, es que vi muchos agentes de policía por todo lado, guardan­ do las esquinas para que los "caminantes" no retornaran a la zona, con vallas, indicán­ doles una vez más, que ese territorio his­ tóricamente suyo, ya no les corresponde. Parecía película de terror, como una noche zombie, en donde las almas perdidas tran­ sitan en medio de una diáspora incierta.

Exijamos atención digna Liliana Olaya No me los puedo traer para mí casa, no ten­ go plata para ayudarlos, pero puedo exigirle al Alcalde que les de atención integral, es su obligación. El habitante de calle no es un indigente, ni un desechable, es un ser

humano vulnerable que requiere interven­ ción del Estado, si ellos están en la calle es porque el Estado genera factores que permiten que para algunos la calle sea su opción de vida. Se llama Joaquín, me contó que realizó estudios universitarios, viajó por el plane­ ta entero, tiene una familia, sus hijas son médicas, su inteligencia es extraordinaria, escritor, su lenguaje y modales son impe­ cables, tuve la oportunidad de escuchar todo el proceso de cómo terminó viviendo en la calle, supe todas sus experiencias y sufrimientos en manos de quienes se suponen nos protegen, sueña con ser el mismo de años atrás pero sólo quien conoce lo que es la habitabilidad en calle sabe que no es fácil, le duele el rechazo de la gente más que cualquier otra cosa, " no todos somos delincuentes, estamos enfermos", sería importante recordar que todos incluidos nuestros hijos esta­ mos vulnerables de que nuestra historia cambie, nada está escrito, debemos ser prudentes con las palabras al referirnos a

ellos, no hablemos ni actuemos desde la ignorancia. No lo he vuelto a ver, la últi­ ma vez que nos encontramos planeamos encontrarnos una semana después para partir una torta en la calle y celebrar su cumpleaños, estaba feliz porque comería "pudin", nunca llegó al punto de encuentro, le di mi número de celular y nunca me lla­ mó, me quedó de recuerdo un libro que me obsequió con una dedicatoria de su puño y letra, siempre lo recordaré y sería feliz en poder compartir con él una vez más. Gracias por los mensajes de aprecio y re­ conocimiento que me han obsequiado algu­ nas amistades desde el día de ayer por las imágenes que he publicado con mi amigo el habitante de calle, estoy convencida que con muchas personas de la red tenemos una empatía verdadera, sin embargo acla­ ro que ese no es mí objetivo, siempre he sido una convencida de que el amor entre humanos se debe evidenciar en los actos y no tanto en las palabras, también conside­ ro que lo que hace la mano derecha no se debe enterar la izquierda, mi único objetivo

es sensibilizar, tocar esas fibras que en oca­ siones se duermen por nuestra indiferencia y que sólo necesitan moverse un poco para recordar que somos humanos.

Trato humano a los más vulnerables Yezid García Expulsar a los habitantes de calle desalo­ jados del Bronx a las orilla de los caños y las corrientes de agua, de manera improvi­ sada, tan improvisada que no se le arrancó un pelo a las mafias ni existía un plan de atención integral a unos seres humanos enfermos y controlados por bandas delin­ cuenciales que les suministran gratis dosis de drogas para enfrentarlos a la comunidad y a la policía, es poner en riesgo la vida de hombres, mujeres y menores, como des­ afortunadamente se evidenció hoy con las primeras lluvias de la segunda temporada invernal. Peñalosa y su secretario de se­ guridad estaban advertidos de lo que iba a pasar, y sin embargo, no tomaron ninguna medida para proteger la integridad física y la vida de estas personas. El rumor crecien­ te es que de los casi cincuenta que fueron arrastrados en la noche por las aguas crecidas ya se encontró un cadáver que presuntamente corresponde a un habitante de calle. Es hora de la intervención de los organismos de control, de derechos huma­ nos y de la Fiscalía ante semejante impro­ visación irresponsable de la Administración Distrital; y de la protesta y la movilización popular que exija tratamiento digno a los sectores más vulnerables de la sociedad.


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cultura

El creador del

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Petronio Luis Guillermo Restrepo Satizabal

entender lo que hay detrás de un alabao, de un abozao, de un aguabajo. De las no­ venas, de las alegrías, de los San Pachos.

Tomado de elpais.com.co 13/08/2016

C

En fin, de la felicidad, el amor y la cultura que permite a millones de personas superar con dignidad y altivez el abandono secu­ lar. Divulgar lo que descubría se convirtió en un deber para Patiño que no perdió la oportunidad de cumplirlo cuando el gober­ nador Villegas lo designó gerente cultural del Departamento. En ese momento lanzó su idea de hacer un festival, una fiesta de varios días con todos los recursos posibles para construirle a la cultura de los negros colombianos el lugar que le corresponde en nuestra Nación.

Germán poseía la más ecléctica de las for­ maciones. Marxista y uno de los fundadores del Moir, su espíritu libre y crítico le permitió pasar por encima de los dogmatismos y los guettos que han hundido a la izquierda co­ lombiana en las divisiones eternas. Su filoso­ fía libertaria le llevó a viajar por el interior de Colombia, a conocer la cocina y la literatura de todos los rincones del planeta y hasta tener un bar de salsa en Cartagena después de ser cadete de la Armada Nacional.

Así nació el Festival Petronio Álvarez, de­ dicado a quien fue símbolo de esa cultura. Y convenció a quienes trabajamos con él sobre la importancia y la grandeza de su empeño. Así lo emitimos desde el principio por Telepacífico, consiguiendo grandes audiencias. Cuando le preguntaron por qué no se realizaba en Buenaventura, Patiño contestó que esa cultura había que sacar­ la del Litoral y ponerla en Cali, la segunda ciudad de Colombia y la que, según él, es la capital natural del Pacífico.

orría 1995. A la goberna­ ción del Valle llegó Germán Patiño como asesor y hom­ bre de confianza del go­ bernador Germán Villegas. Desde ese momento, su propósito de darle importancia a la cultura del Pacífico se transformó en obsesión que culminó en el festival folclórico más importan­ te de Colombia y el de mayor convocatoria en América.

Y volvió al Valle luego de haber andado medio mundo, de haber estudiado en la Universidad de los Andes, donde lo conocí, y de haber probado todos los saberes, los sabores y las comunidades posibles. Fue así como descubrió la riqueza de la cultura negra que vivía casi enterrada en la indife­ rencia de la otra Colombia, la de los blancos y mestizos que ignoraban casi a propósito el tesoro del litoral y de su gente. Entonces cambió la salsa por el sonido mágico del Chocó con sus chirimías, del Valle, Cauca y Nariño con las marimbas y los cununos, del Patía y el norte del Cauca con los violines y las cuerdas. Entonces se le convirtió en obsesión el contar lo que había visto, el estudiar lo que descubría, el

Tuvo razón en todo. Tiempo después fue nombrado secretario de cultura de Cali, y se trajo la organización del Petronio. Desde en­ tonces, el Festival se ha multiplicado hasta convocar a más de cien mil espectadores en sus presentaciones. Y aunque hay aspectos que deben ser corregidos, sigue siendo la mejor muestra de esa cultura negra que Patiño se empeñó en divulgar. Veinte años han pasado desde el nacimien­ to del Festival Petronio Álvarez en el teatro al Aire Libre Los Cristales. La música y la cultura la siguen haciendo los negros del Pacífico, sus músicos asombrosos, sus cantaoras y sus tradiciones. Pero a nadie se le puede olvidar el apostolado que ejer­ ció Germán Patiño Ossa para construir el espacio que lo hace posible.


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La nación latinoamericana

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Las tareas de las jóvenes repúblicas Pascual Amézquita Zárate

Docente universitario PhD. en Economía

RETOMANDO EL HILO: En el último tercio del siglo XIX se estableció el modelo económico conocido como agroexportador: latifundios, exportaciones primarias, pobreza.

Características del modelo agroexportador

E

l modelo agroexportador, como queda anotado, fue el resultado de la ausencia de una clase burguesa fuerte, lo que se expresa en la inexistencia de un sector industrial en casi toda Latinoamérica. En cambio, los terratenientes eran la fuerza económica y política predominante. Todo ello se tradu­ jo en una política económica que perpetuó el atraso. Como consecuencia, al cabo de cincuenta años, el resultado fue que, con contadas excepciones, Latinoamérica fue rezagándose de Europa y Estados Unidos. El modelo agroexportador extendió por medio siglo más las mismas condiciones de atraso que le dieron origen, pero agravadas por un hecho: mientras ello ocurría por estas latitudes, el mundo económico y político asistía a la aparición de una etapa nueva en el desarrollo del capitalismo, el imperialismo.

La importancia del mercado interno En estas entregas se ha hecho hincapié en que el ta­ maño del mercado interno refleja el grado de desarrollo de un país, pues es la suma de todo lo que se produce y se consume en una nación. Hipotéticamente, un país que exporte todo lo que produce y que en consecuencia tenga que importar todo lo que consume, carece de mercado interno. En el desarrollo de las naciones, como lo puso de presente el mismo fundador de la economía política capitalista, el británico Adam Smith, lo fundamental es el fortalecimiento del mercado interno. Cuando este se ha afianzado el país se convertirá, de manera sólida y permanente, en exportador. Según Smith, este modo de desarrollo fue el que primó en la China de ese entonces, y el que él defendió para su patria en su libro Investigación en torno al origen de la riqueza de las naciones. El marxismo volvería muchas veces sobre este análisis, y en particular Lenin dedicaría parte de sus estudios a ahondar en este tema, tanto desde el punto de vista del desarrollo de Rusia, como en lo referente al asunto teórico general. Pues bien, en América Latina el camino que se escogió no tuvo en cuenta el fortalecimiento del mercado interno y en cambio sí su mayor debilitamiento.

… No se promovió la industrialización En efecto, estas economías se embarcaron en la ex­ portación de productos básicos como actividad

predominante, con dos grandes efectos. El primero de ellos, que, salvo contadas excepciones, no había proce­ samiento del producto.

… Ni crecimiento de los salarios

De esta manera, las mercancías (caucho, café, cacao, banano, nitrato, cobre, estaño, caña, ganado, lana) no tenían ninguna transformación, lo que significaba que a pesar de su abundancia nunca se convirtieron en fuente de desarrollo industrial. Una actividad tan primaria como la maderera puede convertirse en base de una fuerte industria si hay una adecuada política, como lo pone de presente, por ejemplo, Suecia.

Al lado de la producción el otro componente del mercado interno es la existencia de compradores, para lo cual se requiere que se paguen salarios. Al respecto, América Latina presentaba dos problemas derivados de las ca­ racterísticas anotadas: El primero, que menos del 10% de la población estaba vinculada a la principal actividad económica. Es decir, apenas una baja proporción de la población trabajaba en el sector que producía la mayor cantidad de productos, el agroexportador. El resto de trabajadores eran, en la jerga moderna, independientes.

También es fuente de una potencial industria establecer fábricas para elaborar las herramientas para la extrac­ ción del producto. Pero la minería y la agricultura en Latinoamérica se hacían bajo formas tan atrasadas que casi eran manuales, de manera que tampoco jalonaban el desarrollo de herramientas y maquinarias para hacer más productivas esas actividades.

Pero el problema no era solo la baja cantidad, sino que los salarios eran muy, pero muy bajos, como lo ejempli­ fica la historia ampliamente conocida de los trabajadores bananeros vinculados a la United Fruit Company, lo que ocasionaría la huelga de 1928. Ese fue el común deno­ minador de los trabajadores latinoamericanos durante el siglo XIX y los inicios del XX.

Un caso excepcional lo constituyó el establecimiento de un importante sector industrial en Argentina a finales del siglo XIX relacionado con la exportación de carne, que implicó crear una industria de procesamiento y refrigeración del producto, lo que a su turno obligaba a capacitar la mano de obra requerida, como ingenieros y técnicos.

Al no haber ingresos salariales significativos tampoco podía surgir un sector industrial, pues no tendría com­ pradores. Por eso fracasaron de los pocos intentos para crear industrias textiles o de alimentos en aquella época, por no hablar de renglones más desarrollados como el acero o a la electricidad, algo ya común en Europa.

En síntesis, en Latinoamérica la oferta de productos dife­ rentes a una decena de exportables era casi inexistente. Ya se ha dicho que buena parte de la población vivía en una economía autárquica, es decir, una economía de autosubsistencia, sin excedentes para la venta.

En síntesis, el modelo agroexportador no daba im­ pulso a la base del desarrollo capitalista, el mercado interno, al no propiciar ni crecimiento industrial ni altos salarios.


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