La calidad como ideologfa de la contrarreforma educatit•a
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ción entre todos ellos en la comunidad educativa, la consideración educativa del nivel de O a 3 años, o los recursos económicos destinados al sistema educativo, entre muchos otros factores. Atendiendo a algunos de dichos factores, a modo de ejemplo, se puede prestar atención a la política de calidad en relación al profesorado y a los recursos. Los docentes se enfrentan a unas necesidades educativas que nada tienen que ver con antiguas formas de enseñanza y se encuentran con una representación social negativa y con pocos apoyos por parte de la Administración. Esta situación no es el resultado de la aplicación de la LOGSE, sino de una política educativa que ha limitado los recursos económicos y que no ha valorado la función docente. Este problema es especialmente relevante en la educación secundaria obligatoria, justo el nivel en el que se expresan de forma más clara las diferenciaciones. Para los profesores de secundaria, la escasa formación pedagógica, llega después de la académica. Y muchos cursos que les posibilitan su entrada a la docencia otorgan apenas un barniz pedagógico. Se barajan varias fórmulas, algunas de ellas incorporan un sistema mixto, es decir, prepararse para ser profesores al mismo tiempo que estudian la carrera. Se podría pensar en un modelo similar al francés, que incluyera una formación específica para el que quiere ser profesor. Y es fundamental tamH bién una formación continua. A los que están ya impartiendo clases hay que ayudarles en su trabajo, incentivar su dedi~ cación. Por ejemplo, con recursos humanos (orientadores pedagógicos), con una carrera profesional definida, con jubilaciones voluntarias a una determinada edad, con formación pedagógica continuada (formación sobre didáctica o mejora de la relación educativa) etc. Junto a una mejora sustancial de la capacitación pedagógica, no prevista en la Ley de Calidad, parece imprescindible la revalorización social, así como la mejora de las condiciones laborales y sal aH riales de los docentes y del resto de trabajadores de los centros educativos. En este sentido, parece que la Ley podría haber previsto, por ejemplo, la elaboración de un Estatuto Docente, que garantizara los derechos del profesorado, incluyera medidas para garantizar la formación pedagógica y contemplara medidas para el reconocimiento de su trabajo. En cualquier caso, toda política de calidad requiere financiación suticiente. Al margen de que existan o no propuestas adecuadas, la misma implantación de la LOGSE requería una financiación que el Estado no ha destinado de forma suficiente, colaba~ randa a agravar la silUación. El gasto público destinado a educación por el Gobierno español ha descendido del 5.1% del PIB en 1993 hasta el 4,7% en 2000. Esta reducción del gasto público en educación significa, según datos oficiales, que el Estado gastó en 2000 casi medio billón de pesetas menos que en 1993. Esta reducción aleja a España del objetivo internacional del 6% del PIB dedicado a educación. Este desH censo de la inversión en educación se ve acompañada de un importante desequilibrio en su distribu~ ción por Comunidades Autónomas, con la consecuente profundización de las desigualdades entre Jos ciudadanos del estado. La Ley de Calidad parece ignorar la necesidad de incluir en la normativa los compromisos financieros mínimos que debe adoptar el Gobierno con las Comunidades Autónomas al abordar reformas. Las reformas impulsadas desde el Estado deberían ir acompañadas de una tinancia~ ción extraordinaria finalista para las comunidades, que en los años siguientes se pueda incluir como parte de la financiación transferida a las Comunidades Autónomas. Insuficiencia financiera, presu~ puesto regresivo y desigualdad territorial, parecen problemas graves que al no ser solucionados poco mejoran la calidad de la educación en el Estado. El reto internacional es que el gasto educativo alcance el 6% sobre el PIB, que ya marcó en la pasada década Juegues Delors en su informe La educación encierra un tesoro, realizado para la Unesco y en el que una comisión internacional analizó las necesidades de la educación en el siglo XXI. Actualmente, el estudio internacional de referencia sobre la situación de la educación en los países