Contralínea 324 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L

ÍNDICE PORTADA/¿COMBATIR LA CORRUPCIÓN? Zósimo Camacho/Elva Mendoza DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

PORTADA/OMISIÓN DE PGR PODRÍA LIBERAR A ELBA ESTHER Nancy Flores

PORTADA/EN 25 AÑOS, 36 MIL 606 FEMINICIDIOS Flor Goche

SOCIEDAD/EMBARAZO, PRINCIPAL CAUSA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA MUJERES

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx

Flor Goche

A OCHO COLUMNAS/UN DRAMA, ACREDITAR UN FEMINICIDIO EN EL DISTRITO FEDERAL Flor Goche

SOCIEDAD/NUEVO LEÓN: ACUSAN A SACERDOTE DE PEDERASTIA Sanjuana Martínez/Contralínea Nuevo León

SOCIEDAD/PAN: EL RESURGIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ULTRADERECHA Sanjuana Martínez/Contralínea Nuevo León

LÍNEA GLOBAL/REPRESORES ARGENTINOS EVADEN LA JUSTICIA Marcela Valente/IPS

DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN HUASTECA SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ NUEVO LEÓN SANJUANA MARTÍNEZ TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ ASISTENTE DE EDICIÓN DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

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LÍNEA GLOBAL/SE ACELERA EL CALENTAMIENTO GLOBAL Stephen Leahy/IPS

CONTRAPODER LA SEGUNDA SALA DE LA CORTE PISOTEÓ LA CONSTITUCIÓN

4 9 22 30 36 44 50 56 60

OPINIÓN

Álvaro Cepeda Neri

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO

Netzaí Sandoval Ballesteros

OPINIÓN

ALERTA, CON LAS GRANDES EMPRESAS FARMACÉUTICAS

TELECOMUNICACIONES: MUCHO ESTRUENDO, POCAS LEYES Y PERVERSAS12

Xavier Caño Tamayo

Marcos Chávez M

CARTÓN

LA ULTRADERECHA EN EL NUEVO GOBIERNO

DFEMINICIDIOS

Edgar González Ruiz

LA IMPUNIDAD

EX LIBRIS

Jorge Meléndez Preciado

CARTÓN MANOTAZO SOBRE LA MESA

Manrique

ADOLFO GILLY: HUERTA Y SU COÑAC DE MARCA WILSON

Álvaro Cepeda Neri

17 Avilés

AGENDA CULTURAL

Octavio Salas Portada: Carlos Romero Deschamps (Ezequiel Gómez/Procesofoto), Genaro García Luna (Eduardo Miranda/Procesofoto), Felipe Calderón (Enrique Ordóñez/Cuartoscuro), Manuel Bribiesca (Gustavo Graf/Procesofoto) y Patricio Patrón Laviada (Benjamín Flores/Procesofoto)

PASO A DESNIVEL

DE NUEVA CUENTA

Miguel Galindo

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 324, del 4 al 10 de marzo de 2013– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 1 de marzo de 2013. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

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PORTADA Rafael Durán/Procesofoto

¿COMBATIR LA CORRUPCIÓN? La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola. Si la atropellada elaboración del expediente contra la presidenta vitalicia del SNTE fue un acto de justicia y no un ajuste de cuentas con quien se convirtió en un estorbo para el actual gobierno de Peña Nieto, la sociedad esperaría, al menos, el inicio de investigaciones contra otros personajes que emulan o, incluso, superan los desplantes, el derroche y la impunidad de la defenestrada: Carlos Romero Deschamps, Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, Patricio Patrón Laviada, Manuel Bribiesca Sahagún… Zósimo Camacho, @zosimo_contra/Elva Mendoza, @elva_contra

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CONTRALÍNEA

sido documentadas copiosamente por medios de comunicación. Cinco casos destacan en los últimos años.

el colofón de semanas de desencuentros entre la lideresa sindical y el gobierno de Enrique Peña Nieto. El lunes 25 de febrero, el presidente de la República había afirmado que con la reforma se recuperaba la acción rectora y reguladora del Estado sobre el sector educativo nacional, por encima del SNTE. “Nadie está por encima de la ley”, dijo Enrique Peña Nieto en un mensaje transmitido en cadena nacional el pasado miércoles 27 de febrero. Agregó que se investigarían a otros líderes sindicales que pudieran estar haciendo mal uso de los recursos de sus agre-

Romero Deschamps

Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

l sistema político mexicano se percató de que la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ejecutaba operaciones “inusuales” en sus cuentas bancarias y en las del Sindicato, y que realizaba compras en las más caras y prestigiosas tiendas departamentales, entre otros “eventos relevantes”. Y de que los recursos de los maestros eran ejercidos de manera discrecional por la lideresa del sindicato más grande en el Continente Americano. Es decir, apenas unas cuantas faltas de las que han sido documentadas –más profusamente– durante décadas, por los propios maestros, la mayoría de ellos, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y los medios de comunicación. Aunque desde 1990 –cuando se convirtió en secretaria general del SNTE– fueron evidentes los lujos, la opacidad y el autoritarismo con que se conducía, ninguna de las denuncias en su contra prosperó. Fueron 23 años de matrimonio con el poder. Las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón –para quienes los votos y la operación política de la Maestra fueron aliados vitales– nunca encontraron ninguna irregularidad. Las acusaciones de enriquecimiento ilícito y asesinatos contra maestros disidentes nunca prosperaron mientras garantizó mantener a raya a la disidencia magisterial, o votos para un entonces apurado Felipe Calderón que sentía perder la Presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador, en 2006. La detención de Elba Esther Gordillo ocurrió el pasado martes 26 de febrero, unas horas después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículo 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que se concretara, en el papel, la llamada “reforma educativa”. Fue

4Desvío de recursos, usurpación de funciones, asociación delictuosa y fraude, algunas de las acusaciones penales contra Romero Deschamps

miados. La declaración pretendió ser un guiño a los ciudadanos que de manera masiva imploran, a través de las redes sociales, que se inicie una investigación contra otro “dirigente obrero” que no oculta su vida de regalos y derroche. La lista de funcionarios que ofenden a la sociedad con corrupción y abuso de poder parece no acabar. Evidencias que señalan –al menos– corrupción de “servidores públicos” de todo el espectro político, electoral y de empresarios y beneficiarios del erario han

Sobre el senador y secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, pesan acusaciones penales en curso por delitos que van desde desvío de recursos, hasta usurpación de funciones, asociación delictuosa y fraude. De acuerdo con información publicada en Contralínea, al líder sindical se le acusa de peculado electoral y fraude, relacionado con el expediente 55/FEPADE/02 derivado del caso identificado como Pemexgate: el desvío de 640 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa. Tras la candidatura de Romero para fungir como senador de la República durante el periodo 2012-2018, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio pasado confirmaron que desde 2008 se giró una orden de aprehensión en su contra que no ha sido ejecutada. Además, entre las acusaciones penales en curso contra Romero Deschamps también se cuentan la AP1072/DDF/2004 en la PGR, y la FDF/T/T1/467/06-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se le acusa de supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, usurpación de funciones y asociación delictuosa. La PGR integró un expediente derivado del convenio 10-275/04 mediante el cual Raúl Muñoz Leos (exdirector general de Pemex, sucesor de Rogelio Montemayor Seguy) y Carlos Romero Deschamps acordaron la transferencia de 8 mil millones de pesos de las arcas de Pemex al STPRM, en un periodo de 2 años, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, y apoyados por el entonces abogado general de la empresa, Juan Soriano Rosas. 4 DE MARZO DE 2013

PORTADA

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el ahora senador regaló a su hijo un automóvil Ferrari Enzo, valuado en 2 millones de dólares (que representan alrededor de 25 millones de pesos). La marca italiana fabricó sólo 399 unidades entre 2002 y 2004. Para pretender adquirirlo es necesario, entre otras cosas, tener al menos dos vehículos Ferrari y demostrar solvencia económica.

Calderón Hinojosa Por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional Iván Stephens/Cuartoscuro

También enfrenta denuncias de sus agremiados por el manejo de las “donaciones” que la paraestatal ha transferido al STPRM, las cuales continuaron todavía después del escándalo que llevó a Muñoz Leos, en 2004, a su destitución. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2007, Pemex donó al Sindicato 318 millones de pesos; en 2008, 236 millones 800 mil pesos; en 2009, 256 millones, y en 2010 la cifra alcanzó los 250 millones de pesos. En 2008, la PGR integró otro expediente identificado con el número 15/03/ 02/2008 por el delito de fraude. El caso deriva de la denuncia que presentó el líder petrolero Mario Rubicel Ross García, en la que se acusa a Romero de la malversación de 3 mil millones de pesos correspondiente a las cuotas sindicales. Romero enfrenta otra denuncia por fraude derivada de su reelección al frente del STPRM, para el periodo 2007-2012. Los estatutos de este Sindicato permiten una sola reelección. Romero Deschamps se ha reelecto en cuatro ocasiones. Ha sido tres veces diputado federal y dos veces senador de la República. Nació en 1943, en Tampico, Tamaulipas. Llegó en 1972 a trabajar a la refinería de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con versiones extraoficiales, gracias al apoyo de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, 5 años después sería nombrado secretario de la Sección 35 del sindicato petrolero, posición que 16 años más tarde lo llevaría a asumir la Secretaría General, promovido por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. De la lujosa vida que lleva el líder sindical ha quedado constancia en la prensa. Los más recientes episodios fueron protagonizados por sus vástagos Paulina y José Carlos Romero. En mayo de 2012, el periódico Reforma exhibió que la hija del líder petrolero viaja por el mundo en aviones privados acompañada de sus mascotas, que come en exclusivos restaurantes, pasea en yate y compra costosas bolsas de mano. El fin de semana pasado trascendió que

4Cien mil civiles ejecutados (más de 1 mil 300

eran niños y más de 1 mil, migrantes), 26 mil 121 desaparecidos y 250 mil desplazados, saldo de Calderón

podría juzgar a Felipe Calderón Hinojosa y a su gabinete de seguridad. De asumir el juicio, la fiscalía internacional evaluaría la responsabilidad del exmandatario y su equipo por las consecuencias de la política de seguridad: al menos 100 mil civiles ejecutados, 26 mil 121 personas desaparecidas, 250 mil desplazados, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares o policías federales, presentados como delincuentes). En el resumen ejecutivo que la fiscalía entregó a la Presidencia de la República en

el último tramo de la administración de Calderón Hinojosa se documentan crímenes que podrían constituir delitos internacionales. Entre ellos la responsabilidad sobre la ejecución de al menos 60 mil civiles (de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes). Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado a ese tribunal internacional, con sede en La Haya, Países Bajos. Con un margen de apenas 0.56 más votos que Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República en 2006 bajo sospecha de fraude. Según indicadores nacionales e internacionales, Calderón Hinojosa entregó la administración del país con los niveles más altos de corrupción de los últimos años. Bajo su gobierno, México se colocó como el país más corrupto entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por la organización Transparencia Internacional. Entre los casos que destacan se encuentra la construcción de la Estela de Luz, monumento edificado para conmemorar los festejos del bicentenario de la Independencia Mexicana y del centenario de la Revolución Mexicana. Por la Estela de Luz, el gobierno mexicano erogó 1 mil 110 millones 575 mil pesos. La Auditoría Superior de la Federación reveló en su Informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2011 que el monumento se pagó con un sobreprecio de casi 400 millones de pesos, por lo que presentó dos denuncias de hechos.

Genaro García Luna Durante el sexenio de Felipe Calderón fue conocido como el supersecretario, el funcioCONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

brado secretario de Seguridad Pública. Se estrenó 4 días después con la detención de luchadores sociales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sería el inicio de un despliegue nacional de la renombrada Policía Federal. Desde 2007 tuvo en sus manos la principal herramienta de espionaje y sistematización de datos del Estado mexicano: la Plataforma México. A lo largo del sexenio, el proyecto tuvo un costo de más de 4 mil 294 millones de pesos. Los contratos –la mayoría adjudicados de manera directa a Germán Canseco/Procesofoto

nario federal que acumuló más poder sólo por debajo del expresidente de la República. Genaro García Luna fue uno de los protagonistas de la principal política pública del gobierno pasado: la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Fue acusado en los medios de pactar con capos de la delincuencia organizada; enriquecimiento ilícito; ser informante de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense; armar montajes escenográficos en los que se vulneraban los derechos humanos de supuestos delincuentes con fines mediáticos; utilizar la principal herramienta de espionaje de la Policía Federal para neutralizar adversarios; perseguir a periodistas; solapar corrupción y violaciones a derechos y garantías individuales. En su disputa con los subsecuentes procuradores del sexenio –Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales–, siempre contó con el respaldo del entonces presidente Calderón. El conflicto más encarnizado lo tuvo con Medina Mora, quien a la mitad del sexenio renunció para salir del país rumbo al Reino Unido, donde se desempeñó como embajador. Después de Carlos Romero Deschamps y Felipe Calderón, Genaro García Luna es el exservidor público más mencionado en las redes sociales para que sea investigado y, en su caso, sancionado penalmente. Cuenta con 44 años de edad. Es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su carrera en las esferas de seguridad inició en 1989, cuando ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el que hasta 1998 se desempeñó como investigador especialista en movimientos armados y terrorismo. En ese mismo año se convirtió en coordinador General de Inteligencia para la Prevención en la Policía Federal Preventiva. A finales de 2000 fue designado titular de la Dirección de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, que se transformaría, en 2001, en la Agencia Federal de Investigación (AFI). El 1 diciembre de 2006, una vez que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, Genaro García Luna fue nom-

4La PGR “extravió” el expediente original

de las millonarias operaciones bancarias de Patrón Laviada: en 5 años recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos

empresas estadunidenses– fueron firmados directamente por García Luna. En éstos, el Estado mexicano se comprometía a “compartir” de manera automática la información recabada y sistematizada con agencias estadunidenses. El diario La Jornada dio a conocer, hacia el final del sexenio, que altos funcionarios mexicanos estaban desarrollando funciones de informantes al servicio de Estados Unidos. La información del diario incluyó en la lista a Genaro García Luna. Filtraciones de instituciones mexicanas y agencias estadunidenses a la prensa seña-

laron supuestos vínculos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con miembros del narcotráfico, principalmente con los Beltrán Leyva. La columna Oficio de Papel, publicada el 14 de febrero de 2011, documentó que la procuraduría de justicia francesa investigaba operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública mexicano en países de Europa. En México también se abrió un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de ese funcionario por supuestos movimientos financieros que hizo en al menos dos países europeos. La investigación habría iniciado luego de que esa Unidad encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. Otros expedientes pendientes se derivaron de la posesión de un lujoso restaurante en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en manos de su esposa, por el que supuestamente habría pagado 8 millones de pesos en efectivo. La operación se realizó el 18 de febrero de 2008 y quedó constancia de ésta ante el titular de la Notaría número 7. La propiedad sólo era una de las que la prensa dio cuenta. Aunque no fue la única, ni la más grave, la irregularidad más ventilada en los medios de comunicación cometida por García Luna fue el montaje que realizó en complicidad con televisoras para fingir un rescate de personas secuestradas y capturar a los plagiarios. El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2005, cuando todavía se encontraba al frente de la AFI. Con ese golpe mediático, García Luna se presentó como un “gran policía”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaría la libertad a Florence Cassez (detenida después de aquel operativo), supuesta secuestradora, 7 años después, precisamente por las violaciones a las leyes mexicanas cometidas por García Luna.

Patricio Patrón Laviada Acorralado por el Congreso de la Unión, el 4 DE MARZO DE 2013

PORTADA

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Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; y de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. En la acusación presentada por la UIF ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR, se señala que de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del actual titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en seis cuentas del entonces Ban-

Gustavo Graf/Procesofoto

entonces procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, no tuvo otra opción que referirse al caso del panista Patricio Patrón Laviada, exfuncionario federal acusado por la SHCP de supuestamente incurrir en lavado de dinero. Corrían los primeros días de octubre de 2010. Orillado por los diputados, titubeante, prometió investigar y actuar conforme a derecho. Agregó: “no hay ni debe haber distingos”. Sin embargo, tres procuradores habían desfilado como abogados de la nación sin que iniciaran averiguación previa contra la familia del exgobernador de Yucatán y exprocurador ambiental. Otros tres procuradores han desfilado desde entonces. La primera denuncia, presentada en 2006, fue “extraviada” por las autoridades panistas. En 2009 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó otra. La PGR mantiene archivada la denuncia en contra de los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada –este último extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)–, en la que se les acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech. Sin embargo, en septiembre de 2009, Hacienda presentó la misma acusación que ya había hecho en octubre de 2006, sin que el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, iniciara la averiguación previa correspondiente. La PGR había “extraviado” el expediente original en el que se denunciaban las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada. De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 –emitido por la UIF y del cual Contralínea posee copia–, desde el 7 de noviembre de 2008 la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL;

y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio. La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos. Asimismo, consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas son indicios que hacían presumible la procedencia ilícita de los recursos operados por los acusados.

Manuel Bribiesca Sahagún

4Manuel Bribiesca Sahagún sí participó en el

fraude cometido contra compradores de la empresa Mexico Gas, pero pagó una fianza de 975 mil pesos para enfrentar en libertad el juicio en su contra

co Internacional, SA (Bital). En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005. La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil

El 14 de septiembre de 2012 el hijo mayor de Martha Sahagún de Fox, Manuel Bribiesca Sahagún, admitió ante la justicia estadunidense que sí participó de manera activa en el fraude cometido contra compradores de gas de la empresa estadunidense Mexico Gas, de la que él se ostentó como representante, presidente y propietario. De acuerdo con el expediente 8-cr4274-JAH, Bribiesca pagó una fianza de 75 mil dólares (975 mil pesos) para evitar ir al Centro Correccional Metropolitano de Chicago y enfrentar en libertad el juicio en su contra. El caso de North Star Gas, LLC, de Grupo D’Amiano, a la que le revendió gas LP a sobreprecio, es apenas una de las irregularidades –y no la más grave– que involucran a Manuel Bribiesca, y que desde México fueron documentadas por la prensa. Hacia finales de 2004 y principios de 2005, el hijastro del expresidente Vicente Fox concedió dos entrevistas a Miguel Badillo, mismas que se dieron a conocer en la columna Oficio de Papel y en Contralínea. El primogénito de Marta Sahagún aceptó –entre otras cosas– que familiares suyos gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía. 3 CONTRALÍNEA

Cuartoscuro

a averiguación previa en contra de Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y tres de sus colaboradores, carecería del elemento clave: el delito previo, predicado o subyacente que habría derivado en el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que daría sustento, a su vez, a la acusación de delincuencia organizada. La omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) se desprende de la información dada a conocer por su titular, Jesús Murillo Karam, y por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo, quienes hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta a la solicitud de entrevista. El pasado 26 de febrero, Gordillo Morales, Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores fueron detenidos y encarcelados por supuesta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, expertos en el estudio del blanqueo de capitales coinciden en que éste sólo se puede dar cuando lo antecede un delito (con

CONTRALÍNEA

Una omisión de la PGR podría dejar en libertad a la expresidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo: la averiguación previa no indica el delito previo, predicado o subyacente –considerado como elemento clave en las investigaciones de este tipo– que habría llevado a la Maestra y a sus supuestos cómplices a lavar unos 2 mil 600 millones de pesos. En la querella sólo se señalan el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, ninguno de los cuales es posible sin la comisión de un primer ilícito, señalan expertos. José Luis Marmolejo, exfiscal antilavado de la Procuraduría General de la República, considera que en este caso no hay elementos que hagan presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita: las cuotas sindicales tienen un origen legal Nancy Flores/@nancy_contra

excepción de los pasionales): robo, fraude, narcotráfico, secuestro, extorsión, peculado, evasión fiscal, trata de personas, tráfico de órganos, etcétera. Y es que el delito predicado es el que genera el dinero ilícito. En este caso, la PGR

no definió en la averiguación previa consignada ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, qué delito cometieron Gordillo Morales y sus supuestos cómplices para que los recursos de las cuotas sindica4 DE MARZO DE 2013

les –de origen lícito– se transformara en dinero sucio. Esta omisión podría dejar en libertad a los cuatro acusados. En el caso de Elba Esther Gordillo “no se da el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no hay un delito previo, predicado o subyacente que genere ilicitud en el dinero. Es cierto que movió cantidades exorbitantes y que utilizó el sistema financiero mexicano hacia el extranjero, pero no tenemos, o al menos no está visible, dónde está el delito previo que pudiera dar ilicitud a ese dinero”, explica a Contralínea el experto en combate al lavado de dinero José Luis Marmolejo García. El extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR agrega: “se entiende que esos recursos salieron de las cuentas del Sindicato, entonces son aportaciones que los propios maestros han hecho, lo cual implicaría que es producto del trabajo de los maestros, es un trabajo lícito. No hay ninguna ilicitud en esos recursos. Podría configurarse cualquier otro delito. No estoy diciendo que no hay un hecho delictivo ahí [en el manejo de los recursos], pero, para mí, lavado no hay”. Para Marmolejo García, “la ilicitud tendría que estar de origen en el dinero para poder hablar de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ese dinero, o al menos lo que tenemos a la vista, proviene de una fuente de trabajo; no proviene ni del narco ni de un secuestro o de cualquier otro delito. En este caso no hay ningún delito a la vista que permita presumir que ese dinero tiene una fuente ilícita”. El artículo 400 bis del Código Penal Federal señala que “se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”. El especialista en inteligencia artificial, prevención de lavado de dinero y directivo de la española Aplicaciones en Informática 10

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Especial

PORTADA

4Una de las propiedades atribuidas a Elba Esther Gordillo, ubicada en Paseo de la Reforma 2090, en la delegación Miguel Hidalgo

Avanzada, José María Morera, explica a Contralínea que el blanqueo de capitales, por definición, implica que hay un delito previo. Por ejemplo, cuando no se pagaron impuestos y ese recurso, que es producto de la evasión, es gastado; o cuando el dinero del narcotráfico es colocado en el circuito financiero. La omisión sobre el delito previo no sería la única falla en el caso. Abogados fiscalistas señalan que se violó el derecho de audiencia garantizado a todos los indiciados por delitos financieros previamente a la consignación del expediente. En este caso, la Maestra no tuvo oportunidad de disipar las dudas que hubiera sobre el origen del dinero.

Necesario, configurar delito previo En los próximos días, la PGR tendrá que demostrar que tanto la expresidenta nacional del SNTE como sus subordinados lavaron 2 mil 600 millones de pesos. En ese lapso, la Maestra deberá presentar sus pruebas en descargo para probar que el dinero que gastó es producto de ingresos lícitos, dice el maestro en ingeniería financiera Jorge Retana Yarto. Al provenir de cuotas sindicales y ser un recurso lícito de origen, el destino de la exlideresa magisterial y de sus subalternos estaría en manos del SNTE, único –por su autonomía sindical– capaz de reclamar el des-

vío de recursos. Y es que de los artículos 17 (fracciones I y III), 24 y 79 (fracción XIII) del Estatuto del Sindicato se desprende que es el Comité Ejecutivo Nacional el que decide legalmente el destino de ese dinero. Sin explicar cuál es el delito predicado en este caso, la doctora Mireille Roccatti opina que, por tratarse de cuotas sindicales, no se pueden utilizar para el pago de cuentas personales. “No son honorarios o ingresos lícitos de una persona física. No es lícito que una persona física haga uso de esos recursos para efectos personales. Ésa es la ilicitud”. No obstante, para Retana Yarto, integrante de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la acusación de la PGR no es del todo contundente. Por el manejo mediático del tema “parece que no existiera un proceso legal, que ya se comprobó y está en la cárcel porque es culpable. Legalmente, todavía es presunta responsable y como tal la detuvieron y la encarcelaron. Si la Procuraduría no hace más sólidos los criterios de la acusación penal, algún juez dirá en 1 año o más: ‘la señora no es responsable’, y la van a liberar; o en su caso, el juez dirá: ‘efectivamente, la señora utilizó dinero que no era legalmente de su propiedad, lo desvió para actividades de carácter personal, dañó el patrimonio de una organización y la señora es culpable del delito de lavado de dinero’”.3 CONTRALÍNEA

OPINIÓN

Telecomunicaciones: mucho estruendo, pocas leyes y perversas Marcos Chávez M*

ino nuevo en pellejos viejos. Para justificar la imposición de un nuevo ciclo de las desacreditadas, antisociales y en bancarrota contrarreformas estructurales neoliberales como son la educativa, la fiscal, la energética o en las telecomunicaciones, ahora pintarrajeadas con la pátina del pelambre priísta, devenido del vistoso tricolor nacionalista-revolucionario al lustre rata-gris que asume la estafeta para seguir esparciendo el bacilo de la peste del prehistórico liberalismo económico, Enrique Peña Nieto y sus falanges no han dudado en desempolvar la anticuada, desgastada e insultante monserga priísta. Con la alternancia, Tartufo retornó como publicista gubernamental. En los juegos florales del tartufismo, un cortesano se ha destacado en la promoción de las impresentables contrarreformas. Manlio Fabio Beltrones, el tribuno sin pueblo –no fue elegido por los votantes, sino por el plurinominal dedo divino de Enrique Peña como pago a la declinación de sus ambiciones presidenciales a su favor, permitiéndole continuar ejerciendo alegremente sus versátiles habilidades de saltamontes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, sin necesidad de la reelección–, no ha dudado en recurrir ardorosamente a su hiperbólica oratoria adolescente-juvenil. Sin ruborizarse por los saltos de carnero que se ve obligado a dar y con meliflua entonación, no ha mezquinado en florituras. Con ampulosa verbosidad, que quizá ni los mismos priístas soportan, manosea las palabras trilladas para exaltar cada uno los compromisos enumerados en el catecismo peñista (el Pacto por México), tratar de mostrar sus virtudes y convencer a sus pares del Congreso para que los aprueben y conviertan en ley, en los casos que sea necesario. Siempre repite las mismas fórmulas, indistinta y chocantemente, sin preocuparle cuál sea el tema en cuestión: “pluralidad”, “consenso”, “prisa”, “las reformas que requiere México”, “urgencia de crecer en forma sostenida”, “crear empleos bien remunerados”, “beneficio social”, “fortalecer el mercado interno”, “eficiencia”, “competencia”, “productividad”… Más allá del estruendo, nada importa si esos cambios son los que realmente necesita un país heterogéneo, de intereses y necesidades disímbolas y a menudo contrastantes. Si se cumplirán o no los beneficios sociales ambiguamente enunciados y que, por principio, se contraponen a los económicos: eficiencia, competencia, productividad, vocablos que delinean el contenido neoliberal, antisocial y excluyente del programa peñista. Al cabo es el país de sus maravillas. Controlan los poderes del Estado para imponer su programa sin necesidad de aparentar el consenso. “El tema es quién es el que maneja las palabras... Nada más”. “Cuando uso una palabra –dijo Humpty Dumpty, con un tono bastante soberbio– esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique... Ni más ni menos”. 12

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A la reforma en telecomunicaciones se le prodigan toda clase de dudosas virtudes: 1) que recuperará la rectoría del Estado en el sector al fortalecerse la Comisión Federal de Competencia, al darse la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (¿con desvergonzados Mony de Swaan al frente de ambas comisiones?), al crearse tribunales especializados en la materia o con los cambios a la Ley de Amparo que los oligopolios manipulaban impunemente para eludir las resoluciones de los reguladores; 2) que tres nuevas cadenas televisivas, dos privadas, en cuya licitación no podrán participar los dueños de las existentes, y una estatal, restaurarán la competencia en el ramo, afectarán la concentración de Televisa y Tv Azteca, estimularán la innovación tecnológica, elevarán la calidad y la oferta de los servicios; 3) que la apertura en la telefonía fija y móvil y en los servicios de datos tendrá los mismos efectos esperados en la televisión y la radio; 4) que Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim bufarán de rabia e impotencia por el eclipsamiento de sus oligopolios y fortunas (los ricos también lloran y se empobrecen) y los usuarios se beneficiarán porque se les garantizará el derecho al acceso equitativo a las comunicaciones (por ejemplo, a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado), no serán discriminados y recibirán mejores servicios con tarifas primermundistas (los pobres también llorarán de felicidad). La revolución neoliberal les hará justicia. México será el paraíso del “mercado libre” en las telecomunicaciones. ¿Qué garantiza que las reformas cumplirán con tan nobles propósitos?, nada. ¿La reforma democratizará a dichos servicios? No. 1. Relación política gobierno-oligarquía industrial-financiera. Algunos analistas han señalado que la reforma de Enrique Peña Nieto busca restaurar el poder político del Estado sometido y degradado ante el poder económico-político-oligárquico, en especial CONTRALÍNEA

ante Azcárraga y Salinas, que con los panistas llegó a un grado escandaloso, y distanciarse de esos grupos de dominación que jugaron un papel relevante en su hediondo ascenso a la Presidencia de la República, y de otros como el de Carlos Slim. Esto con el objeto de ampliar su margen de autonomía ante los intereses de esos y otros grupos de poder, que le garantice un mayor margen de gobernabilidad para la instrumentación de sus proyectos; establecer alianzas con otros grupos empresariales (del Estado de México, del centro y otras regiones) y acuerdos con los otros partidos y otras organizaciones seleccionados, controlados desde la Presidencia, que le sirvan de contrapeso frente a aquéllos; labrar la credibilidad que no pudo obtener legítimamente a través de las urnas; afianzar las bases que aseguren la permanencia de los priístas en el poder con los políticos que llegaron con él a Los Pinos. Esos razonamientos no son desdeñables. Pero existen otros matices nada despreciables y, sin duda, más relevantes. Los efectos que suscitarán las reformas no socavarán el poder económico ni el político de esos grupos oligárquicos ni el de otras fracciones, ni alterarán su relación con el gobierno. No implicará un viraje estratégico entre el poder político y el económico que produzca a una ruptura e incite a la reacción pavloviana de los hombres de presa en defensa de sus intereses. No los llevarán a que desempolven el viejo expediente del enfrentamiento, la conspiración, la desestabilización, las tentaciones golpistas que emplearon ante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, que llevó a este último a la nacionalización bancaria y al control del mercado cambiario como forma de restaurar el poder del Estado, al margen de que se esté o no de acuerdo con esas medidas. No soltarán a la jauría en contra de Peña Nieto ni instrumentarán una rabiosa estrategia de linchamiento, como lo hicieron contra Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña, Manlio Fabio Beltrones, priístas y panistas han guardado silencio ante un hecho relevante que provocó el descontento del movimiento Yo Soy 132 en contra de Televisa, Tv Azteca y sus gacetilleros. Que en Venezuela llevó al fallido golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez, en el cual participó Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, el Azcárraga de Televisa de ese país. Que en Ecuador los medios asedian a Rafael Correa, quien dijo en abril de 2012: “Si me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro, y si lo pateo, me denuncian”; sus “verdades a medias son doble mentira y dicen que debemos tolerar la mentira en nombre de la libertad de expresión”; “la libertad CONTRALÍNEA

de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la empresa”; que se caracterizan por su “falta de objetividad y el sesgo en la información”; “si calumnian a un gobierno es libertad de expresión, y si un presidente osa contestarles es un atentado a la libertad”; “cualquier regulación es satanizada como un atentado a la libertad de expresión, cuando lo que proveen es un bien indispensable y un derecho que nadie te puede quitar y que no puede estar sujeto a la lógica de mercado”; “muchas veces los negocios de la comunicación se encuentran vinculados íntimamente con otros intereses empresariales, distintos a los de la comunicación”; “los medios están en manos de [unas cuantas] familias”; “los medios de América Latina estuvieron siempre en contra de los procesos de cambio populares”; “no somos intolerantes, somos intolerantes con la mentira, la corrupción, la mediocridad, la mala fe”; “el desafío es liberar a la libertad de expresión de la dictadura del capitalismo, democratizar la propiedad de los medios de comunicación e independizarlos del capital, que sean medios públicos sin fines de lucro y exigir una información plural, veraz, chequeada y sin censura previa”. Que en Argentina detonó el enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández con el mayor conglomerado mediático, Grupo Clarín y llevó a la emisión de la ley que, bajo el principio de que los servicios de comunicación audiovisual son “de interés público”, que se contrapone a la de “servicio público”, dividió a la industria en tres tercios, el privado, el público y el social, y que obligó a desmantelar los oligopolios, su poder económico y político. La reforma de Peña Nieto y demás dejó de lado el elemento fundamental, que los oligopolios de los medios son autoritarios. Son enemigos de la libertad de expresión, de la democracia. Usan los bienes públicos para manipular, falsear la información, chantajear, atacar, difamar, acumular fortunas de dudoso origen. El gobierno no pretende la democratización de las telecomunicaciones ni la libertad de expresión ni mejorar la calidad de los contenidos ni abrir espacios a otros sectores sociales. La relativa tranquilidad con que Azcárraga, Salinas, Slim y demás depredadores de las telecomunicaciones han recibido las reformas lleva a afirmar que los cambios serán intrascendentes y no afectarán su poder económico-político. Los intereses involucrados en ambos lados del bloque hegemónico y los acuerdos palaciegos existentes entre ellos, poco pulcros legalmente, impiden cambios de mayor trascendencia. Enrique Peña no es un radical. Su gobierno es débil. Está subordinado a la oligarquía y no desea desecharla como su interlocutor. Sólo aspira a replantear algunos acuerdos. Sabe que el compromiso con los partidos es frágil y temporal. No busca apoyarse en la sociedad por los riesgos que implica un trato con ésta. 2. La razón de Estado y mercado. Peña Nieto es un convicto y confeso neoliberal, proyecto que ha beneficiado a la oligarquía. Sus contrarreformas son, para ellos y otros nuevos, invitaciones al banquete depredador. Ellos son los garantes de su mandato y él es su administrador. La compleja extensión del poder de la oligarquía desborda a las telecomunicaciones y si deseara afectarlos tendría que modificar otras relaciones con el Estado. Cualquiera que tenga nociones elementales de economía sabe que el ingreso de más oligopolios en el mercado no implica la libre competencia, ni redunda en una mayor calidad y cobertura ni en la innovación ni en la reducción de precios ni elimina los acuerdos mafiosos entre ellos. El sistema financiero se abrió a otros grupos y sigue controlado por tres de ellos. Sus servicios son infames y el cobro por ellos es voraz, ante la impotencia de los usuarios y la pasividad estatal. ¿Qué puede decirse de la Comisión Federal de Electricidad que no se sepa? Lo más que esperarían Azcárraga, Salinas, Slim y demás es verse obligados a compartir un pedazo de la torta del mercado. Telmex tendrá que ceder un poco del 80 por ciento del control que ejerce en la telefonía fija y Telcel, del 70 por ciento, en la móvil. Televisa, algo del 70 por ciento de la televisión abierta y de la mitad de la de paga. Televisa y Tv Azteca, algo del 90 por ciento del mercado en la televisión abierta que dominan. También parte de la publicidad, de la cual Televisa capta el 71 por ciento y Tv Azteca, el 28 por ciento. Lo mismo ocurrirá con los 13 grupos que controlan el 86 por ciento de las estaciones de radio. De la televisión estatal no se puede esperar gran cosa y un nuevo canal en nada alterará la dinámica de la industria. Además en 2013, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray castigarán presupuestalmente a los medios públicos. ¿Y la sociedad? Seguirá rumiando su exclusión con los cambios que no cambiarán nada. ¿Quiénes serán los nuevos empresarios de los medios que serán beneficiados con la oronda reforma neoliberal festejada por la izquierda rosa oficial? Serán unos ingratos si no agradecen el regalo del nuevo príncipe.3 *Economista 4 DE MARZO DE 2013

OPINIÓN

La ultraderecha en el nuevo gobierno Edgar González Ruiz*

a ultraderecha católica se ha ido de la Presidencia de la República, a la que accedió en el periodo de Vicente Fox y alcanzó mayor notoriedad bajo el periodo de Felipe Cal-

derón. Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene en su fracción parlamentaria y en puestos directivos de ese instituto político a conocidos personajes de la extrema derecha, lo mismo que a exfuncionarios y parientes de Calderón.

El PAN de Dios Luego de las elecciones de 1994 y bajo la influencia de Carlos Salinas de Gortari, el PAN obtuvo una importante posición en el gabinete, al ser designado como procurador General de la República Antonio Lozano Gracia, sumiso a las facciones más extremistas de ese partido. Bajo esta premisa, grupos de la ultraderecha (como la Unión Nacional de Padres de Familia) se acercaron a esa dependencia, en la que fungieron como colaboradores oficiosos. 14

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Puesto que no llegó por el apoyo del PAN únicamente, sino de las corrientes antipriístas a través del llamado “voto útil”, Fox formó un gabinete plural, donde incluyó a personajes de la derecha más católica, como Carlos Abascal Carranza y Ana Teresa Aranda. El primero de ellos fue secretario del Trabajo y Previsión Social, y posteriormente de Gobernación, puestos desde los cuales hizo alarde de su voluntad de destruir el Estado laico, empresa en la que no le fue favorable la voluntad de Dios, pues se lo llevó a mejor vida el 2 de diciembre de 2008. Aranda –cuyo único mérito para estar en el gabinete fue su ferviente activismo como dirigente del grupo ultraderechista Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem)– fue titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, e incluso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el foxismo. Desde esos cargos se empeñó en apoyar a los grupos antiabortistas, autodenominados “defensores de la familia”. Más católico que Fox, Calderón consideró importante mantenerla en el gabinete nada menos que como subsecretaria de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, para complacer plenamente al Episcopado. Como titular del Instituto Nacional de Migración durante el calderonismo, fungió otra ultracatólica exdirigente de Ancifem: Cecilia Romero, también sin otros antecedentes más que su militancia político-religiosa en esa organización y en el PAN. En el gabinete de Peña Nieto, la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos está a cargo de Paloma Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos y graduada en derecho, economía y administración pública. Nombramientos como este último marcan un giro ideológico importante en comparación con lo que fue el panismo en el poder. Otros panistas mochos y sin gran trayectoria (fuera del Yunque y de organizaciones similares) ocuparon puestos estratégicos en el gobierno de Calderón, como fue el caso de José Luis Luege Tamargo, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Agua, donde demostró su encono contra la Ciudad de México, que se ha distinguido por sus tendencias progresistas. Bajo el PAN, secretarías tan importantes como la Sedesol y como la Secretaría de Educación Pública (SEP) estuvieron al mando de personajes como Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio, quienes no demostraron gran capacidad, pero sí gran su-misión a los intereses clericales y empresariales. A Vázquez Mota el pueblo la derrotó en forma contundente en las urnas en julio de 2012, cuando pretendió llegar a la Presidencia de la República, mientras que a Lujambio se lo llevó Dios, como dirían sus correligionarios, el 25 de septiembre de 2012. Vázquez Mota no tenía otros méritos para ocupar cargos importantes en la política que haber cultivado relaciones en el PAN y en el sector empresarial, además de ser autora de un frívolo folleto de autoayuda titulado Dios mío, hazme viuda por favor. CONTRALÍNEA

José de Jesús Castellanos, activista de la ultraderecha y extitular de los medios de prensa del Arzobispado, pasó a ser funcionario de la Sedesol en la época de Fox; actualmente es representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México (http://mx.linkedin.com/in/josejcastellanos). Ahora la Sedesol está a cargo de la exjefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, quien como tal logró avances importantes en temas como la despenalización del aborto. Integrarse al gabinete de Peña Nieto no habla bien de la fidelidad de Robles a su militancia de izquierda, pero su designación sí fue una decisión atinada de Peña Nieto, al elegir para ese cargo a una funcionaria mucho más recomendable que cualquiera de los panistas que ocuparon esa cartera con Fox o con Calderón. En la SEP, Peña Nieto designó a Emilio Chuayffet Chemor, un conocido y experimentado político priísta. En suma, en el gabinete federal destaca la ausencia de esos panistas que habían pasado de los grupos católicos y de la misa dominical a las altas esferas de la política; una ausencia muy afortunada para el país y para el propio gobierno priísta. Pero en las elecciones de 2009 y de 2012, el PAN no sólo perdió el gobierno federal, sino el de muchos estados de la República, donde también había prevalecido la ultraderecha católica encarnada en alcaldes y gobernadores mochos que llegaban al poder con la urgencia de apoyar moral y económicamente al clero católico.

de Calderón. Actualmente es presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores. Otro de los personajes a los que el PAN y Felipe Calderón protegieron con una senaduría es Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Calderón y colaborador de Vázquez Mota en su campaña presidencial. En enero de 2013 se acusó a Gil Zuarth de haber recibido 800 mil dólares para garantizar la apertura de casinos de manera irregular. En ese tiempo, él era secretario particular de Felipe Calderón (www.sdpnoticias.com/nacional/2013/01/10/vinculan-a-gil-zuarth-c on-trafico-de-influencias-en-casinos-como-me-puedodefender-si-no-hay-ninguna-prueba-indica). Hay, en suma, un fuerte contingente de calderonistas o excalderonistas en la fracción panista en la Cámara de Senadores. Entre los diputados panistas se cuenta a Maximiliano Cortázar, quien estuviera a cargo de Comunicación Social de la Presidencia bajo el calderonismo, así como Juan Pablo Adame Alemán, hijo del ultra-

La extrema derecha se reacomodó en el Congreso, tras perder la Presidencia. Algunos de sus representantes son Luisa María Calderón, Mariana Gómez del Campo, Ernesto Cordero, Javier Lozano y Romero Hicks

A excepción de Guanajuato, donde el conservadurismo católico tiene cierta base social, el PAN ha logrado acceder a gobiernos –como el de Puebla– solamente con la ayuda de otros partidos políticos, incluso del Partido de la Revolución Democrática, que se prestan a formar coaliciones aberrantes con la derecha católica con tal de derrotar al PRI y así obtener algunas posiciones políticas.

Senadores derechistas Sin embargo, el PAN de la extrema derecha católica y empresarial, y el de los beneficiados por los gobiernos de Fox y de Calderón, lo mismo que por el nepotismo, se mantiene en la fracción parlamentaria de ese partido lo mismo que en cargos directivos dentro de la misma institución. Entre los senadores del PAN se encuentran dos parientas de Calderón, prepotentes, católicas y antiabortistas, que son su hermana Luisa María Calderón y su sobrina política Mariana Gómez del Campo, quien rápidamente hizo su trayectoria política al amparo del espurio. Varios de los senadores fueron exfuncionarios del gabinete de Calderón: Ernesto Cordero, Javier Lozano Alarcón (el polémico exsecretario del Trabajo y Previsión Social), así como Salvador Vega Casillas, quien fuera secretario de la Función Pública en el gobierno de Calderón y se le considera muy cercano a éste. También es senador el yunquista Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y extitular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el periodo CONTRALÍNEA

derechista exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame. Como evidencia de que en el PAN persisten y prosperan los más mochos y los más abusivos, Federico Döring es diputado local en el Distrito Federal. Döring se ha distinguido por su oposición a la izquierda, al Estado laico, a las libertades y a los derechos de las mujeres. Ésa es la oferta del PAN para la Ciudad de México. Otro de los panistas, y de los más cuestionados, es Juan Molinar Horcasitas, señalado como responsable de la tragedia en la guardería ABC, en Sonora, en 2009. Es hoy nada menos que vocero del PAN, mientras que el exgobernador de Guanajuato, el yunquista Juan Manuel Oliva, funge como secretario general adjunto de Elecciones del PAN. En fin, el PAN arropa a los peores de entre sus miembros y dirigentes: a los más abusivos, a los más reaccionarios.3 *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México 4 DE MARZO DE 2013

OPINIÓN

La impunidad Jorge Meléndez Preciado*

no es político; el otro, empresario (aunque ambos grillan y han sido beneficiados con negocios en los cuales los gobiernos en turno han sido no únicamente complacientes, sino incluso omisos para castigar sus tropelías). Los dos están hoy en el centro de la atención por diversas razones, pero saben que tienen una larga vida de placeres en tanto la impunidad sea lo cotidiano en México. Tanto que vamos como cangrejos en eso de aplicar la ley. Estamos, en el índice mundial de corrupción, en el lugar 105 de 174 países. Hablamos de Jorge Emilio González, mejor conocido como el Niño Verde, y de Germán Larrea, accionista principal del Grupo México, compañía que maneja salas de cine, mineras y otras empresas donde hay enormes ganancias y generalmente se viola la Ley Federal del Trabajo. El primero, dos veces diputado e igual número de ocasiones senador, recibió hace tiempo una franquicia de su padre Jorge González Torres: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Éste es el único en el mundo que no está afiliado a la internacional de esas organizaciones por dos razones, entre otras: levantar como bandera la pena de muerte y oponerse a las corridas de toros, contradicción flagrante. Eso no ha importado al PVEM, ya que lograron, con engaños y con propaganda subliminal, captar los votos requeridos para obtener curules. Desde luego, en este sinuoso transitar los han ayudado las autoridades electorales, pues recientemente el llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les perdonó un castigo millonario debido a que realizaron propaganda ilegal con actores de Televisa. Y el duopolio televisivo, por cierto, utiliza a los Verdes en contra de quienes desean un proyecto en telecomunicaciones que abra las puertas a la variedad informativa y a la libertad de expresión. Recientemente Jorge Emilio, a quien Froylán López Narváez motejó como el Niño Muerde –ya que se le filmó pidiendo una cuota millonaria a un edificador, el cual quería construir en Quintana Roo–, fue detenido en el Distrito Federal por conducir en estado de ebriedad. Hizo el numerito clásico de los prepotentes: insultó a la autoridad, se negó a soplar en el alcoholímetro, llamó a sus guaruras, éstos “cesaron” a los policías que realizaban su trabajo y, finalmente, al verse perdido, dijo llamarse de otra manera. Logró un amparo, medida no muy sana, pero que han podido realizar cientos. Después alegó que hizo ese trámite porque eran horas de la madrugada y tenía frío, hambre y sed (resaca mediante). Espetó: “No había agua para tomar agua” (sic líquido). La mayoría de sus compañeros políticos lo censuraron, incluidos los priístas, entre ellos Emilio Gamboa, quien le pidió actuar con más cuidado. Casi todos los consultados al respecto lo zarandearon en serio. El escritor Agustín Sánchez González, quien es un experto en José Guadalupe Posada y en las historietas de la Familia Burrón, dijo: Jorge Emilio debe ser petrolero: “cuando no está crudo, está refinado”. No debemos olvidar que Jorge Emilio tiene otras historias aparte de los sobornos, como el de una dama búlgara que se arrojó en Cancún de un departamento titulado a su nombre. En aquella ocasión dijo que había rentado el lugar a otra persona. Y un exdiputado de su club verde, Arturo Escobar, fue detenido en el Sureste cuando transportaba 1 millón de pesos en efectivo en una maleta.

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Dice bien Julio Hubard en un ensayo acerca de la democracia (Letras Libres, 170): “a la larga, resulta mucho más lesiva una devaluación de la palabra que de la moneda”. Germán Larrea no es hombre de palabras, más bien las elude porque su verbo es el dinero. Por medio de ese dios de los financieros ha sabido comprar voluntades, tantas que espanta. A 7 años (19 de febrero de 2006) de la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida, no hay investigaciones al respecto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del panismo al actual priísmo, enmudecieron. Afortunadamente el obispo de Coahuila, Raúl Vera López, dijo: “fue un crimen oculto”, ya que varios investigadores y científicos demostraron que luego de la explosión había rastros de vida. Empero, nada se hizo para sacar los cadáveres (y las posibles víctimas). Algo que continúa hasta la fecha. Para el clérigo, “restaurar la justicia y reparar el daño significa garantizar la no repetición del hecho”. Y ya sabemos que luego de este grave acontecimiento sucedieron otras tragedias mineras, sin que en ningún caso, el hoy valentón Javier Lozano moviera un dedo para rescatar a los trabajadores, consolar a las familias, indemnizar convenientemente a las víctimas y hacer un homenaje póstumo a quienes ofrendan su existencia para que unos cuantos se hinchen las bolsas de lana. Pero, como son insaciables los acumuladores de dólares, hoy otra empresa de Larrea, Cinemex, tiene en la mira la compra de los 31 complejos cinematográficos de Cinemark. De lograr ese propósito, tendría el manejo de casi el 40 por ciento de las pantallas. Y sabemos que el cine es un negocio muy rentable por su elevada tarifa: de 50 a 80 pesos la entrada por persona. Además, en dicha salas no se promueven, sino ocasionalmente, los filmes mexicanos, ya que los tradicionales son los estadunidenses. En este último caso, la venta de Cinemark a Cinemex, falta que la Comisión Federal de Competencia dé su aval. Aunque será difícil oponerse a tan poderoso caballero. De llevarse a cabo la fusión, la compañía de Larrea junto con Cinépolis serán el duopolio en la exhibición cinematográfica. Algo parecido a lo que ocurre en televisión con las empresas de Emilio Azcárraga tercero y Ricardo Salinas Pliego. El México de la impunidad no acepta la demagogia oficial.3 *Periodista CONTRALÍNEA

CARTÓN

Manotazo sobre la mesa

CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

La constitucionalidad de las policías comunitarias de Guerrero Netzaí Sandoval Ballesteros*

ecientemente autoridades del Estado mexicano, periodistas, opinadores, abogados y hasta el ombudsman nacional han desatado una ola de “condenas” en contra de las policías comunitarias de Guerrero (instituciones que operan desde hace varios lustros), al tratar de equipararlas con “grupos de autodefensa” que surgieron apenas hace algunos meses y que se prestan a exhibiciones mediáticas. En respuesta, algunos de los más respetados filósofos y organizaciones civiles mexicanas han expuesto que el sistema comunitario de justicia indígena muestra mayor coherencia y sabiduría que el sistema penal occidentalizado (http://bit.ly/12LGKcy) y que tiene una legitimidad preexistente a la del Estado mexicano (http://bit.ly/12rjTmj). Incluso es posible encontrar sustento constitucional para las poli-

sustentan en elecciones de autoridades indígenas de conformidad con usos y costumbres; y que estas policías comunitarias no operan encapuchadas. Las imágenes que recientemente han causado escándalo nacional, con personas armadas y con el rostro cubierto, evidentemente no corresponden en ningún sentido a las policías comunitarias ni a su forma de operar desde hace más de 17 años (ver http://bit.ly/XobcFZ). Los argumentos que se esgrimen contra la policía comunitaria (al homologarla con los grupos de autodefensa) son básicamente dos: que las detenciones que realizan serían arbitrarias y que violarían el orden jurídico al realizar linchamientos o juicios populares. Sin embargo, ambas tesis resultan falaces. En cuanto a las detenciones que practican las policías comunitarias hay que recordar que el Artículo 16 constitucional establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en

Resulta condenable y vergonzoso que la CNDH no distinga a las policías comunitarias de los grupos de autodefensa. Al señalar que se asemejan a paramilitares y que su origen se dio con el incremento de la delincuencia se incurre en abiertas mentiras y en contradicciones con la Constitución

cías comunitarias indígenas sin necesidad de romper con el paradigma del “estado de derecho” occidental, que prevalece entre las autoridades y los abogados en México. Resulta condenable y vergonzoso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no distinga a las policías comunitarias, organizadas en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de los grupos de autodefensa. Al incluirlos en el mismo conjunto, al señalar que se asemejan a grupos paramilitares y al explicar su origen en un incremento reciente de la delincuencia se incurre en abiertas mentiras y en patentes contradicciones con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para demostrar la manipulación del manejo noticioso que se ha desatado recientemente, basta decir que las policías comunitarias se 18

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que comete un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, para ponerlo sin demora a disposición de la autoridad. Como hemos dicho, el Sistema de Seguridad y Justicia Co munitaria de la CRAC funciona a través de autoridades electas por los pobladores de la región que coordinan el proceso de reeducación y operan conforme a un importante reglamento que sistematiza las formas indígenas de resolución de conflictos, con lo que dota de seguridad jurídica a los indígenas que se encuentran sometidos a su jurisdicción. Con relación a las sanciones que se imponen dentro del sistema propio de las policías comunitarias, cabe destacar que el Artículo 2 de la Constitución, en su apartado A, fracción II, reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: CONTRALÍNEA

“Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.” Como se observa, la existencia de una jurisdicción indígena está constitucionalmente prevista. Por lo tanto, quien se escandaliza junto con la CNDH por la supuesta “justicia por propia mano” en que incurrirían los indígenas, solamente exhibe su ignorancia sobre el contenido del texto de nuestra Constitución. Adicionalmente, la jurisdicción indígena está prevista en instrumentos internacionales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México desde 1990, establece en su artículo 9.1 que deben respetarse los métodos tradicionales de represión de los delitos usados por los pueblos indígenas en la medida en que sean compatibles con los derechos humanos. El artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con los derechos humanos. Con estos y otros argumentos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a las naciones, en abril de 2011, a respetar la jurisdicción indígena. También señaló la falta de respeto a la aplicación de los sistemas jurídicos indígenas a pesar de constituir un “derecho reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos”. Es más, la jurisdicción indígena funciona en Oaxaca, Chiapas y otras entidades federativas. En el caso de Chiapas se creó incluso una sala indígena estatal, que hace las veces de segunda instancia para los juzgados indígenas que operan en los pueblos y municipios. Además, los alcances de la jurisdicción indígena y las competencias de sus autoridades pueden, incluso, ser ampliadas por los legisladores locales, pero en ningún caso pueden restringirse más allá de lo que establece la Constitución. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al respecto emitió la tesis 185566 bajo el rubro: “Derechos de los indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pueden ser ampliados” por las legislaturas locales dentro del marco de aquélla. Ante esto, debe replanCONTRALÍNEA

tearse el pretendido decreto del gobierno del estado de Guerrero, que busca limitar las facultades de las policías comunitarias. Si para la CNDH las policías comunitarias y las autodefensas en contra de narcotraficantes constituyen un mismo fenómeno, ¿por qué tardó 17 años en iniciar una queja? (sobre el origen de la policía comunitaria ver http://bit.ly/YefHTK). El ombudsman debería renunciar si considera realmente que la institución que encabeza ha sido omisa durante todo este tiempo. Si la CNDH realiza un estudio con mayor detenimiento y profundidad, tendrá que reconocer que sus declaraciones no pueden aplicarse a las policías comunitarias propias de los pueblos na’saavi (mixteco) y me’ phaa (tlapaneco), por lo que tendría que realizar un deslinde y un reposicionamiento público al respecto. Es muy posible que el surgimiento de los grupos de autodefensa haya tenido el propósito de desprestigiar y limitar los esperanzadores avances de las policías comunitarias de Guerrero reunidas en la CRAC. El intento de “regular” o “institucionalizar” ambos fenómenos –como si fueran un mismo “problema”– así lo denuncian. El proyecto de la CRAC es un orgullo para el país y un ejemplo de éxito en materia de seguridad humana. Las difamaciones que se difunden contra la policía comunitaria nos lastiman a todos los guerrerenses. Pero las agresiones contra su sistema de justicia minan las bases de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello este asunto merecería un nuevo pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o del Congreso Nacional Indígena. El caso de los grupos de autodefensa que sí operan con el rostro cubierto y fuera de los sistemas indígenas para la resolución de conflictos, amerita una reflexión distinta. Sin embargo, incluso en este caso cabría preguntarse ¿por qué el ombudsman no compara a las corporaciones privadas de seguridad con paramilitares, pero sí lo hace con los policías que trabajan para los pobres? ¿Por qué nadie se alarma cuando los millonarios transitan por todo México con guardaespaldas arma dos hasta los dientes? ¿Por qué nadie encuentra problemas de constitucionalidad, extraterritorialidad o soberanía cuando las empresas contratan instituciones de seguridad privada que únicamente las obedecen a ellas? ¿Es que vivimos en un país lleno de gente clasista? ¿O será que la Constitución permite discriminar por razón de origen étnico y atendiendo a la condición social de las personas?3 *Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia 4 DE MARZO DE 2013

OPINIÓN

Alerta con las grandes empresas farmacéuticas Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

rescientos millones de dólares es la multa que pagó la farmacéutica Pfizer por actuación comercial “indecente e inaceptable”, como vender su antiinflamatorio Bextra en dosis de 80 miligramos más caro, cuando sólo habían verificado, científicamente, las dosis de 10 miligramos (ocho veces más que la dosis aprobada por la agencia federal de Estados Unidos para control de medicamentos). Pfizer también promovió ilegalmente Geodon (contra la esquizofrenia), Lyrica (analgésico) y Zyvox (antibiótico) con sobornos a médicos para que los recetaran. Pfizer además fue responsable de la muerte de 11 niños en Nigeria, al ensayar su medicamento Trovan con menores de edad convertidos en conejillos de indias. Pagó 75 millones de dólares a las familias de las víctimas para evitar el juicio penal. Glaxo Smith Kline y Abbott-Laboratories son otras dos grandes empresas farmacéuticas que también pagaron multas astronómicas por

Thomas Steitz, premio Nobel de Química en 2009, ya reveló que las grandes empresas farmacéuticas no invierten para conseguir antibióticos que curen definitivamente, porque lo que les interesa son medicamentos que hay que tomar toda la vida, no que curen de una vez. Ignacio Ramonet nos recuerda que un informe de la Comisión Europea denunció que las grandes empresas farmacéuticas recurren al juego sucio, al gastar fortunas en abogados para impedir el consumo de medicamentos genéricos sin marca, protegida por una patente, mucho más baratos que los fármacos con patente. Y eficaces. La relación de trampas, juego sucio, actuaciones rechazables y prácticas comerciales deshonestas es mucho más larga. Pero no hablamos de “fabricar zapatos”, sino de la salud y la vida de millones de personas. Teresa Forcades, doctora en medicina y monja benedictina española, en su libro Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas, nos cuenta que de 2000 a 2003 casi todas las trasnacionales farmacéuticas de Estados Unidos pasaron por los tribunales de justicia, y que ocho de las mayores farmacéuticas fueron condenadas a pagar más de 2 billones de dólares en multas e indemnizaciones. Y, para que “nos hagamos cargo” del obsceno poder económico de esas empresas, Forcades explica que, en 2002, los beneficios de las 10 farmacéuticas más poderosas fueron muy Roche y Glaxo, fabricantes del Tamisuperiores al resto de los de las 490 empresas que, con flu, vinculados financieramente con los ellas, forman la lista de las 500 compañías más ricas y rentables que publica anualmente la revista Fortune. Esas expertos que asesoraron a la OMS 10 farmacéuticas ganaron ese año, entre todas, casi 36 durante la crisis de gripe tipo A billones de dólares. En 2000, muy pocos ciudadanos y ciudadanas tenían conciencia del peligro que era y es el sector financiero desregulado, sin control y a su aire. La estafa (que vender sus medicamentos para enfermedades para las que no estaban empeñan en llamar crisis) estalló a finales de 2009. Parte de la ciudaindicados y también por pagar sobornos a médicos. danía global reaccionó, informó, organizó y se movilizó. Hoy buena parte Las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes del Tamiflu contra la de esa ciudadanía es mucho más consciente respecto de quien ataca y gripe tipo A, tenían claros vínculos financieros con los expertos que aseviola nuestros derechos irrenunciables, quien pretende hacernos retrosoraron a la Organización Mundial de la Salud en la campaña contra la ceder al primer tercio del siglo XX es el sector financiero: la banca con gripe tipo A en la que se vendieron millones de dosis de Tamiflu. la ayuda de sus ejecutores, cómplices, voceros y encubridores. Y desde hace unos 15 años, grandes empresas farmacéuticas no De igual modo, la ciudadanía ha de ser consciente, de una vez, de aumentan sus beneficios con nuevos productos, sino que inventan “nue- que un sector farmacéutico muy poderoso sin las reglas necesarias, norvas aplicaciones” para sus medicamentos. Amplían así las ventas sin mas y controles realmente adecuados, es un peligro. Y se ha de incorponuevos medicamentos, sin invertir en investigación. También manipulan rar a la lucha por recuperar los derechos de la inmensa mayoría y a la opinión pública (al comprar a “expertos”, médicos y medios de comu- establecer la democracia de verdad el enfrentarse al poderoso e inmoral nicación) para crear la falacia de que procesos y hechos naturales de la sector de las grandes corporaciones y grupos farmacéuticos.3 vida (como la tristeza, la menopausia o la timidez) son enfermedades *Periodista y escritor que hay que tratar con medicamentos.

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CARTÓN

DFeminicidios

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En 25 años

36 MIL 606 feminicidios 22

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León Braojos CONTRALÍNEA

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PORTADA

El Estado de México encabeza la lista de las entidades con más asesinatos de mujeres en los últimos 25 años. En ese periodo, las ocho administraciones fueron del PRI. “Hay una gran preocupación por lo que ha sucedido en el pasado, en gobiernos priístas y panistas, y que no debe de suceder en el futuro, con independencia del origen partidista de los gobiernos”, asegura el diputado Beltrones. En las 2 décadas y media, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas en México. Con la llamada “transición”, entre los 20 gobiernos que más feminicidios han registrado se incluyen los del PRD y del PAN Flor Goche/@flor_contra

n los últimos 25 años, que abarcan las administraciones federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las entidades con más feminicidios han sido el Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Oaxaca y Guerrero. Los saldos más violentos para las mujeres se han registrado en gobiernos estatales priístas, aunque con la llamada “transición” también hay administraciones locales panistas y perredistas. Del análisis de las estadísticas vitales de mortalidad de la Secretaría de Salud (consultadas en el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010) se desprende que en las ocho gestiones del Estado de México son en las que más asesinatos de mujeres se han perpetrado, con ello esa entidad se coloca como la primera en materia de violencia de género. Los encargados de las mismas fueron los priístas José Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor, Mario Ramón Beteta, Alfredo del Mazo González, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas, Alfredo Baranda García y Enrique Peña Nieto. 24

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De 1985 a 2010, periodo en que estos políticos gobernaron el Estado de México, se contabilizaron 10 mil 502 muertes violentas de mujeres en el que se considera como el bastión priísta más importante. Esto representa el 28.68 por ciento de las 36 mil 606 defunciones femeninas con presunción de homicidio certificadas a nivel nacional en estos 25 años. En el gobierno de Pichardo Pagaza se registró el mayor número de feminicidios: 9.4 mujeres cada semana. Entre 1989 y 1993, 1 mil 957 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso. CONTRALÍNEA

Rashide Frías/Cuartoscuro Octavio Gómez/Procesofoto

4Estado de México, La segunda administración con mayores índices de feminicidios fue la de Emilio Chuayffet Chemor, actual secretario de Educación Pública. En el año y medio que duró su mandato (1993-1995) se cometieron 681 asesinatos de mujeres, es decir, 8.73 por semana. El tercer gobierno con más homicidios de mujeres fue el de Mario Ramón Beteta, exdirector general de Petróleos Mexicanos. Entre 1987 y 1989, 877 víctimas mortales femeninas, lo que equivale a 8.43 por semana. El diputado federal Manlio Fabio Beltrones se muestra serio cuando se le consulta al respecto. Desde CONTRALÍNEA

la entidad con mayor número de feminicidios

4Durante el gobier-

no mexiquense de Pichardo Pagaza se cometieron 1 mil 957 asesinatos de mujeres

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Moisés Pablo/Cuartoscuro

PORTADA

4En el gobierno del actual secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, se registraron 681 feminicidios

Inti Vargas/Cuartoscuro

el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la bancada del PRI asegura que “hay una gran preocupación por nuestra parte de lo que ha sucedido en el pasado en gobiernos priístas o panistas, y que no debe suceder en el futuro, sea un gobierno de cualquier partido”. Agrega: “De lo que no debe quedar duda es que es una preocupación mayúscula del grupo par-

4Durante la gestión de Mario Ramón Beteta en el Estado de México, 877 mujeres murieron de manera violenta

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lamentario del PRI el encontrar, si la fórmula es legislativa, cómo atajar este vergonzoso tema de los feminicidios en cualquier estado de la República donde se presente, y si es un tema de los órganos encargados de darnos seguridad y procuración de justicia, exigir que se hagan los arreglos y las correcciones necesarias, porque esto no debe seguir sucediendo”. —¿Qué está fallando? —Es una combinación de leyes más estrictas y funcionarios más capaces. —¿Qué hará su partido para erradicar este fenómeno ahora que está a cargo de la conducción del país? —Primero, encontrar un nuevo código de procedimientos penales; que todos los estados tengan una misma fórmula para poder procesar eventos de esta naturaleza, con lo cual integraríamos de mejor manera los expedientes para poder resolver los problemas. Con el objetivo de rebatir los resultados de este análisis, María del Rocío García Olmedo, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, muestra a Contralínea las conclusiones del reporte Información estadística sobre feminicidios y violaciones en México. “En el Estado de México se observó una caída en el número de homicidios de mujeres: de 5.4 –que lo colocaba en 2005 como la entidad con mayor número de homicidios por cada 100 mil mujeres– a 3.7 –que lo coloca, en 2009, en el lugar 11–”, se lee en el documento elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Para la diputada priísta, esta disminución en el número de feminicidios es una prueba del compromiso de su partido con las mujeres. García Olmedo rechaza que en el futuro inmediato se incrementen los asesinatos cometidos contra mujeres. “Hay que hacer una revisión de carácter integral, un análisis integral; no un análisis tramposo de un tema tan delicado. Es un tema tan delicado como para estar solamente poniéndole números desde una visión partidista”, señala la también exfuncionaria del gobierno de Puebla. A decir de García Olmedo, las muertes violentas de las mujeres “mucho tienen que ver con la materia económica, social y educativa”. Por eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto “está poniendo los dedos en la llaga en todos esos temas”, asegura. De acuerdo con el estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010 (elaborado por la Cámara de Diputados, la Organización CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

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PORTADA de las Naciones Unidas Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y El Colegio de México), ante la falta de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género, las estadísticas del registro de defunciones respecto de las muertes violentas representan un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio. En la primera parte de esta investigación, que abarca de 1985 a 2009, se señala que “el Estado de México se ha caracterizado por presentar las tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio más altas del país: ocupó el primer sitio nacional de 1988 a 1997, bajó un puesto en 1998 y otro en 1999, para volver al primer lugar en 2000, 2003 y 2005”.

Las administraciones con más violencia Las estadísticas vitales de la Secretaría de Salud respecto de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, referidas en el informe Violencia feminicida en México, permiten ubicar las 20 administraciones de entidades federativas en las que se han cometido más asesinatos de mujeres en los últimos 25 años. Destacan las que encabezaron actuales funcionarios de primer nivel del gobierno federal. Tales son los casos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública federal. Durante sus gobiernos en el Estado de México se cometieron casi 2 mil feminicidios. En el primer caso, 8.73 crímenes

4De 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas en el país. Además del Estado

Miguel Dimayuga/Procesofoto

bién se registraron altos índices de homicidios

4Para el PRI es una prioridad atajar este vergonzoso tema de los feminicidios: diputado Manlio Fabio Beltrones

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por semana; en el segundo, una tasa de 4.75 semanales. Otro funcionario que sobresale es José Reyes Baeza Terrazas, actual vocal ejecutivo del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En su gestión en Chihuahua se registró una tasa de 3.66 asesinatos de mujeres cada semana. La gestión de la ahora secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en el Distrito Federal también forma parte del recuento. En 2000, cuando la experredista ejerció el cargo de jefa de gobierno, sucedieron 2.21 muertes violentas de mujeres semanalmente en la capital del país. Así, las administraciones estatales priístas no son las únicas con altos índices de feminicidios. Dentro de las 20 gestiones en las que se detectaron más asesinatos de mujeres entre 1985 a 2010 figuran otras dos del Distrito Federal: la del expriísta y hoy senador Manuel Camacho Solís (1988-1993), con 588 asesinatos; y la del perredista y hoy senador Alejandro Encinas Rodríguez (2005-2006), con 170. CONTRALÍNEA

de Méxi

Demián Chávez/Cuartoscuro

Respecto de las 20 administraciones locales que registraron mayores índices de violencia para las mujeres, la integrante del Partido Acción Nacional indica que “puede ser que haya faltado voluntad política para atender esta problemática”. Consultada vía telefónica, la expresidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres explica que aunque recientemente se ha avanzado en materia de políticas públicas con enfoque de género, visión que hace 25 años era “muy incipiente”, aún falta trabajar desde diferentes frentes: en la sensibilización de los servidores públicos, en un cambio cultural desde la sociedad y la educación, en la armonización de las leyes que protegen a las mujeres, pero sobre todo, en la aplicación de la legislación existente. Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, declina opinar respecto de estos datos extraídos del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010. Argumenta que hace apenas 1 mes conoció el documento, por lo que sus asesoras aún trabajan en la síntesis del mismo. La diputada perredistas se enfoca en enumerar las acciones que la Comisión que preside planea para contribuir a la solución de las problemáticas que aquejan a las mujeres, particularmente en materia de violencia: reuniones con los procuradores de las entidades, buscar que cada procuraduría cuente con un protocolo de investigación del feminicidio, reformar la alerta de género y vigilar el cumplimiento de las órdenes de protección.3

En los primeros 2 años del actual gobierno de Baja California, que aún encabeza el panista José Guadalupe Osuna Millán, se cometieron 348 feminicidios. Entre los gobiernos de políticos activos que integran este listado se encuentran los de César Camacho Quiroz, actual presidente del PRI; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales del Distrito Federal; Marcelo Ebrard Casaubón, presidente de la Red Global de Ciudades Seguras, y Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional. —¿Qué se espera para las mujeres cuando los titulares de esos gobiernos que dejaron saldos tan violentos para ellas siguen en activo? —Habría que preguntárselo a ellos. Yo sólo les puedo pedir que se avance en la materia, que se exija el cumplimiento de la ley y se contemple el desarrollo integral de la mujer. También es necesario no volver a políticas asistencialistas, que lejos de empoderar a las mujeres las convierten en instrumentos políticos –dice la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, secretaria de la Comisión de Equidad y Género. CONTRALÍNEA

Guillermo Perea/Cuartoscuro

el Estado de México, en Chihuahua, el Distrito Federal, Baja California, Oaxaca y Guerrero tam-

4El tema de los feminicidios es tan delicado como para estar poniéndole números desde una visión partidista: diputada García OImedo

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SOCIEDAD

EMBARAZO principal causa de discriminación laboral contra mujeres La condición de embarazo constituye el principal motivo de discriminación laboral contra las mujeres, de acuerdo con las denuncias que recibe el Conapred. Durante el sexenio pasado ingresaron a ese organismo 318 quejas y reclamaciones al respecto. Hilda Téllez, directora general adjunta de Quejas, declina opinar sobre la responsabilidad de la política laboral del gobierno. Para ella, este fenómeno sólo obedece a factores culturales Flor Goche/@flor_contra

n pleno siglo XXI la discriminación laboral por condición de embarazo es una constante en el país. Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que se refieren a la gestión de Felipe Calderón, revelan que de 2007 a 2012 llegaron a ese órgano un total de 255 quejas (contra particulares) y 63 reclamaciones (contra servidores públicos) respecto de este rubro. Estas cifras colocan a la maternidad como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito del trabajo, ya sea para ingresar a un empleo o de permanecer en éste, asegura Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Conapred. En entrevista con Contralínea, la funcionaria habla de la dificultad de dejar constancia de este tipo de situaciones, pues generalmente ocurren de manera silenciosa. Así, por ejemplo, aunque la mayoría de los contratistas (privados o públicos) no contempla la 30

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prueba de embarazo dentro de los requisitos de ingreso, durante el proceso de selección sí la aplican. El Reporte sobre la discriminación en México 2012 evidencia el extremo de la ilegalidad en este terreno: el condicionamiento de la plaza laboral a la realización de pruebas de embarazo. El documento, presentado a finales de 2012 por el Conapred, apunta que esta práctica es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 4 consagra el derecho de procrear libremente. Respecto del despido por condición de embarazo, que representa la causa número uno de quejas de mujeres contra particulares que atiende el Conapred (de 2009 a 2012 fueron 198), Téllez Lino refiere las dificultades que representa el acreditar esta circunstancia ante los tribunales laborales, situación que orilla a las mujeres a denunciar como si se tratara únicamente de un despido injustificado. Y es que en estos casos no basta con que la mujer presente su certificado de gravidez y asegure que por esa razón la privaron de su empleo. CONTRALÍNEA

León Braojos CONTRALÍNEA

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Misael Valtierra/Cuartoscuro

SOCIEDAD

4Ser mujer, impedi-

mento para acceder a fuentes de empleo formal y bien remunerado

Iván Stephens/Cuartoscuro

—Yo creo que la dificultad está en el nivel probatorio ¿Qué pruebas utilizas para eso? Necesitarías pruebas testimoniales… Y qué compañero de trabajo se va a aventar a decir: “Yo soy tu testigo”. Es difícil. Muchas personas mostrarán su solidaridad, pero cuan-

Despido por embarazo, otra forma de violencia de género

4Discriminación por embarazo, apariencia física, condiciones de salud y discapacidad, entre las denuncias que atiende el Conapred

do las manden a llamar ante la autoridad laboral no van a decirlo. La directora general adjunta de Quejas del Conapred advierte sobre el riesgo de que estas denuncias sigan clasificándose como despidos injustificados y no como lo que realmente son: “Nosotros tuvimos reuniones con la gente de la Secretaría del Trabajo [y Previsión Social] porque les planteamos la preocupación de que esto se había elevado. Cuando ellos revisaban sus estadísticas de cuántas demandas laborales patrocinaban relacionadas con la situación de embarazo, no había [ningún caso clasificado como tal]. Entonces ahí sí hay una gran bronca, porque si no haces visible que ésa es la situación que está ocurriendo en agravio de las mujeres, difícilmente puedes pegarle a la parte preventiva”. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas es un acto discriminatorio. No obstante, hoy día el embarazo continúa siendo una de las razones primordiales de no contratación o despido laboral en contra de las mujeres.

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Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la discriminación en el ámbito laboral por razón de embarazo constituye “otra forma de violencia contra las mujeres”. En su Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación apunta que a pesar de que las convenciones y tratados internacionales obligan al Estado mexicano a proteger a las mujeres de la discriminación por embarazo, ya sea en el proceso de contratación o posterior a éste, la Ley Federal del Trabajo sólo las salvaguarda una vez que hayan sido contratadas. Así, “las pruebas de embarazo previas a la contratación quedan en una especie de limbo”. Para dar cuenta de la magnitud de esta problemática, el documento presentado a los senadores el pasado 13 de febrero alude a los resultados de la Encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares (Endireh) de 2011. CONTRALÍNEA

Alfredo Guerrero/Cuartoscuro

4El Consejo Nacional De acuerdo con esa investigación, al 14.2 por ciento de las mujeres trabajadoras le han solicitado una prueba de embarazo como requisito para obtener un empleo; en tanto que el 3.1 por ciento de ellas ha sido despedida o le han disminuido el salario por su periodo de gestación. La Endireh aporta también información sobre el perfil de las 49 mil 435 mujeres a las que les fue solicitada una prueba de embarazo durante los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Resalta que se trata primordialmente de mujeres jóvenes (33.7 años en promedio), sin hijos, que viven en unión libre y en zonas urbanas, de estrato socioeconómico medio y con alta escolaridad. Además subraya que, en orden jerárquico, son las mujeres empleadas en fábricas, instituciones públicas y en el sector educativo quienes más sufren de discriminación por condición de embarazo. CONTRALÍNEA

Mujeres, las más discriminadas A partir de las quejas y reclamaciones que recibe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de Quejas, asevera que las mujeres son el principal blanco de la discriminación laboral, seguidas de las personas con discapacidad, respecto de otros grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, la discriminación por condición de embarazo, por apariencia física, por condiciones de salud y por discapacidad encabezan, en ese orden, la lista de las denuncias que atiende el Conapred. Factores culturales estarían en el origen de la discriminación por género, a decir de Téllez Lino. “Históricamente la mujer siempre había guardado un esquema en donde no tenía acceso similar al em-

para Prevenir la Discriminación, sin elementos para determinar los alcances de la política del gobierno de Felipe Calderón respecto de las condiciones laborales de las mujeres

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SOCIEDAD

pleo, donde sus posibilidades de acceder a la educación estaban más reducidas. En los últimos años ha habido un cambio impresionante, pero no necesariamente este cambio social permea de manera rápida dentro de las instituciones”, explica. —¿La política laboral del gobierno federal, por ejemplo en materia de legalización del outsorcing (subcontratación), ha tenido algún efecto, negativo o positivo, respecto de la no discriminación hacia las mujeres en el ámbito del trabajo? —Ahí no tendría elementos ahora para decir claramente si tiene que ver una práctica promovida desde un gobierno anterior o de éste. No tendría elementos para responder eso. —¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano, en su papel de garante de los derechos de las mujeres trabajadoras, para evitar este tipo de discriminación? —De entrada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que apuntalar una serie de medidas importantes, propiamente en ejercicio de las atribuciones que tiene por ley, tanto para que las empresas públicas como las privadas eviten este tipo de prácticas. 34

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Consultada respecto de los focos rojos en materia de discriminación laboral contra las mujeres, la directora general adjunta de Quejas del Conapred manifiesta que es más importante referirse a los “buenos ejemplos” en el tema. Se trata, dice, de todas las empresas o instituciones que están adheridas a la guía Institución Comprometida con la Inclusión. La servidora pública explica que el Conapred no cuenta, en cambio, con un registro de las empresas o instituciones que más recurren a prácticas discriminatorias contra las mujeres, puesto que “la variedad es tan amplia que no podría decir tal empresa en particular tiene una práctica así. No, es muy amplio el esquema y además esos son también datos que se quedan bajo resguardo por protección de datos personales”. El Reporte sobre la discriminación en México 2012 refiere otras formas de discriminación laboral contra las mujeres que, a decir de Hilda Téllez, no figuran entre las quejas y reclamaciones que ingresan al Conapred. Destaca el hecho de que muchas mujeres reciben salarios más bajos que los de los hombres por igual trabajo y que tienen menos posibilidades de ocupar puestos de alta jerarquía.3 CONTRALÍNEA

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UN DRAMA acreditar un feminicidio en el Distrito Federal Karen Sánchez, estudiante de la UNAM, fue asesinada el 11 de junio de 2012 por Mario Enríquez, a quien conocía de años atrás. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación 43 del hotel Clavería, en la delegación Azcapotzalco. Presentaba signos de asfixia y lesiones provocadas por un “objeto romo”. A pesar de que organizaciones de la sociedad civil aseguran que se trata de un feminicidio por las razones de género que lo revisten, para las autoridades es un “homicidio calificado”. De julio de 2011 –cuando se tipificó el delito de feminicidio en el Distrito Federal– a la fecha, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF ha iniciado 42 averiguaciones previas por este tipo penal Flor Goche/@flor_contra

or última vez, Karen portó un pomposo vestido color rosa con miriñaque y acabados en diamantina. Su fiesta de 15 años fue la primera; la segunda, en una coreografía; y la

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tercera, en su funeral. Su mamá y su tía acordaron que tan preciada prenda debía acompañarla, incluso, en el lecho de muerte. Al velorio asistieron familiares, amistades, vecinos, conocidos, compañeros de escuela y una representación de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), institución en la que la joven de apenas 20 años de edad cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Producto del cariño cultivado, pero también de la indignación que causó la forma en que la mayor de cuatro hermanos

fue muerta, la funeraria Gayosso, alquilada para el ritual de despedida, lucía repleta. Flores y personas invadieron incluso los camellones aledaños al lugar. “Era una niña muy seria, decente, trabajadora, que con nadie se metía. Todo el mercado la quería. Lo que le pasó nos dolió CONTRALÍNEA

tanto, como no tienes idea”, dice Ema García, locataria del Mercado de Tacuba, en el que la familia de Karen tiene un pequeño negocio de zapatos. El 12 de junio de 2012, alrededor de las 14:00 horas, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en el hotel Clavería, de la delegación Azcapotzalco. El administrador del negocio había solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El tiempo alquilado a los usuarios de la habitación 43 en el segundo piso había vencido, no obstante, nadie respondió al llamado de la recamarera, quien en repetidas ocasiones golpeó la puerta de madera. Un cadáver semidesnudo y en posición decúbito dorsal estaba sobre una cama matrimonial cubierto con doble sábana blanca; la cabeza, debajo de una almohada del mismo color. El rostro femenino se encontraba untado de sangre; el cuerpo todo, invadido de una lividez cadavérica. Las ropas esparcidas por la habitación, algunas flotando en el retrete, confirmaron la identidad: Karen Joanna Sánchez Gochi, quien soñaba con ser bailarina profesional, conductora de radio o televisión o defensora de la verdad. Una blusa rosa, un pants negro, un chaleco negro con gorra, un par blanCONTRALÍNEA

Cortesía de la familia Sánchez Gochi

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4“Políticamente, la autoridad [del Distrito Federal] no quiere que haya feminicidios, pero la realidad es que los hay”. En la imagen, la estudiante de ciencias de la comunicación, asesinada por cuestiones de género

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co de tenis... Como consta en la averiguación previa FAS/TI/642/1206, Karen habría muerto 15 horas antes como “consecuencia del mecanismo de asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”. A decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMD PDH) –organizaciones civiles que acompañan el caso–, el asesinato de Karen es un claro feminicidio. Las autoridades ministeriales, en cambio, optaron por catalogarlo como un homicidio calificado agravado. 38

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Para Rodolfo Domínguez, del Área Jurídica de la CMDP DH, esto obedece a que a pesar de que la capital del país es considerada como de vanguardia en la materia, ni la autoridad ministerial, encargada de investigar, ni la judicial, a cargo de las sanciones, “están sensibilizadas para comprender este tipo penal”. Además de que “políticamente la autoridad no quiere que haya feminicidios, pero la realidad es que los hay. La realidad es que las mujeres se están muriendo de formas complejas que están reflejando una razón de género”. Transcurridos casi 9 meses del crimen que truncó la vida de una joven universitaria, Mario

Gabriel Enríquez Pérez, el asesino confeso, se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; y el proceso legal, en etapa de inspección ante el Juzgado 52 en Materia Penal del Distrito Federal. En esta fase, la defensa legal de la familia Sánchez Gochi busca, a través de la presentación y el desahogo de pruebas, visibilizar los elementos de violencia y discriminación de género, independientemente de que el caso se investigue o no como un feminicidio. Dos de ellos se desprenden de la propia escena del crimen. Las lesiones que Karen presentaba en el cráneo y el labio, ambas producidas “por el meca-

nismo de contusión al contacto con agente vulnerable de consistencia dura y bordes romos [sin filo]”, hablan de un estado de indefensión y sometimiento del cuerpo de la muchacha; su ropa encontrada al interior del inodoro, de aislamiento e incomunicación o de desprecio, explica Rodolfo Domínguez. Respecto al móvil del homicidio, la testimonial del presunto asesino permite entrever que, acorde con una visión machista, para él fue más importante proteger “su honra” que la vida misma de Karen: “Comencé a besarla, acostados en la cama, y entré en un estado de miedo, de nervios, mucho miedo de que ella reCONTRALÍNEA

velara algo [sobre los encuentros que ocasionalmente sostenían] porque para mí era muy importante la relación con mi pareja y con mi familia. En lo que yo la besaba, ella cerró los ojos y comencé a sujetarla de las mejillas con ambas manos y mirándola le dije que ella no tenía que revelar nada; ella me respondió con una risa y agregó que aun así lo diría. Después le dije que se dejara llevar, acto seguido la sujeté por el cuello; ella pensó que era parte de acto sexual. Yo la seguía sujetando del cuello y le coloqué una almohada en la cara apretándola para no dejarla respirar y, a la vez, con la otra mano le apretaba el cuello.” Karen y Mario se conocieCONTRALÍNEA

ron aproximadamente 4 años atrás en una academia de baile; él, 1 año mayor que ella, era su maestro. Guadalupe Gochi, madre de Karen, refiere que desde entonces Mario pretendía a su hija, quien a pesar de mostrarse entusiasmada, tenía sus reservas: el hecho de que él no estudiara era el principal “pero”. Las ilusiones juveniles se esfumaron cuando Mario empezó a tener una relación de noviazgo con otra de sus alumnas. El 11 de junio de 2011, alrededor de las 22:00 horas, Karen volvió apresurada de su clase de box y pidió permiso a su mamá para salir a platicar con Mario. Le dijo que sólo se tardaría un momento, pues después de 2

horas de intenso ejercicio se sentía agotada y sudorosa. Su mamá accedió, sin imaginarse que esa sería la última vez que vería con vida a su primogénita. “Se quedaron botas sin estrenar, vestidos sin estrenar…”, pronuncia Guadalupe Gochi, quien no puede disimular el gesto de profundo dolor.

Fallas en la aplicación del Protocolo A partir del 25 de octubre de 2011 opera en el Distrito Federal el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. No obstante, el mecanismo dependiente de la Procuraduría General de

Justicia capitalina presenta fallas de aplicación. El Protocolo establece que los titulares del Ministerio Público adscritos a las fiscalías desconcentradas que inicien una averiguación previa por la privación de la vida de una mujer, salvo que se trate de una conducta culposa, tendrán la obligación de informar de manera inmediata a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio con la finalidad de coordinar la práctica de las diligencias correspondientes. 4 DE MARZO DE 2013

Cortesía de la familia Sánchez Gochi

De éstas, dice, 17 ya han sido consignadas y, por tanto, puestas a disposición de la autoridad judicial. Las otras 25 se encuentran en trámite. El disminuido número de averiguaciones previas que por el delito de feminicidio ha atendido esta Agencia obedece a dos factores, a decir del fiscal. Por un lado, a que todos los asuntos se inician como homicidios, por lo que “necesitan transcurrir ciertas circunstancias” antes de determinar que se trata de feminicidios. Por otro, a que las fiscalías desconcentradas también cuentan con la facultad de consignar por este delito cuando se trata de un caso in fraganti.

David Cilia

además, nos dejan intervenir al ciento por ciento en todas las diligencias, inclusive aunque ellos lleven el número de la averiguación: aunque ellos tengan físicamente el expediente, nos dejan intervenir”, precisa. Consultado respecto del número de feminicidios que ha atendido la Agencia Especializada desde la incorporación de la figura jurídica en el Código Penal para el Distrito Federal el 27 de julio de 2011, Reyes Peña refiere que se trata de 42 averiguaciones previas, en las que por las razones ya expuestas no figura la de Karen Sánchez. Su caso fue, en cambio, definido como homicidio calificado con agravante.

4A pesar de las características, el caso de Karen Sánchez fue

definido como homicidio calificado con agravantes y no como feminicidio

En el caso de Karen Sánchez Gochi, víctima de feminicidio el 11 de junio de 2012, no fue así. A pesar de las lesiones que presentaba en el cráneo y en labio, así como de los restos de sangre encontrados en la sábana que cubría su cuerpo inerte, la fiscalía desconcentrada en Azcapotzalco, la primera que visitó la escena del crimen en aquella habitación de hotel, no dio el aviso correspondiente. En entrevista con Contralínea, Marco Enrique Reyes Peña, fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reconoce que “ahí hay una falla”, pero no de la Fiscalía que preside, sino de 40

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los responsables de emitir el aviso. “No nos avisaron, nos enteramos del caso cuando ya se consignó”, afirma. El titular de la Fiscalía –de la que depende la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio– asegura, sin embargo, que a partir de agosto pasado, mes en que el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo celebró su primera reunión, la comunicación entre la agencia y las desconcentradas ha mejorado significativamente. “Ha sido más inmediato;

4“Yo pensé que una vez sepultada mi hija esto terminaría, mas no sabía que iba a llevar un largo proceso y que yo tenía que estar ahí para que se le haga justicia”: Guadalupe Gochi

CONTRALÍNEA

Cortesía de la familia Sánchez Gochi

y sancionar a los responsables de estos crímenes? —Estamos conscientes del dolor por el que pasan las familias. Nosotros mismos hemos atendido de manera personal a muchas de ellas. Sabemos lo que significa una vida: no más cumpleaños, no más graduaciones, no más contacto con el ser querido. Hablando específicamente de los feminicidios, sí me gustaría que sepan que tenemos un equipo de profesionales al servicio de estas investigaciones; que los casos no se cierran tan fácilmente; que agotamos todas y cada una de las diligencias, con el afán, siempre, de buscar la verdad.

Vía crucis familiar Hartos del vía crucis que les ha representado la búsqueda de

4Karen y Mario Enríquez, el asesino confeso. Imagen tomada

durante la presentación de una coreografía en la que ambos participaron David Cilia

A partir del estudio del caso de Karen, así como de otros feminicidios perpetrados en el Distrito Federal, Rodrigo Domínguez, del equipo jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se pronuncia porque la Agencia especializada se transforme en una fiscalía, puesto que “la Agencia ya es insuficiente” en materia de personal y turnos. —¿Considera viable la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil respecto de que esta Agencia se convierta en una fiscalía? —Yo creo que la Agencia funciona bastante bien, y esta opinión de crear una fiscalía creo que no me corresponde a mí. Creo que debe medirse en razón de los asuntos que conoce, de la gravedad de los casos e inclusive de los resultados. Entonces, si estamos hablando de 42 casos desde la reforma, pues no sé qué tan viable sería. Eso tendrían que valorarlo ya otras instancias –responde Marco Enrique Reyes. El fiscal de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF refiere que la Agencia Especializada está integrada por al menos 19 servidores públicos: la titular, que es Lucía Reza Jiménez; cinco ministerios públicos, cada uno auxiliado por dos oficiales, y un grupo de tres policías adscritos. —¿Qué mensaje da a las familias que hoy día están enfrentado el feminicidio u homicidio de una hija y que, en su camino a la justicia, tienen que lidiar con las instituciones mexicanas encargadas de investigar

4Las lesiones que presentaba en el cráneo y en el labio, así como los restos de sangre encontrados en la sábana que cubría su cuerpo inerte y su ropa arrojada al retrete, evidencias del dolo

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Cortesía de la familia Sánchez Gochi

4“A mi hija no le hicieron el examen toxicológico por falta de tubos. Tampoco hicieron el levantamiento de las sábanas ni la reconstrucción de hechos al momento”. En la imagen, la familia de la víctima

justicia por el feminicidio de su hija Karen, una joven de 20 años de edad, Luz Guadalupe Gochi Vera y Conrado Sánchez Huerta acceden a reunirse con Contralínea para compartir su historia. Buscan que su experiencia sirva a otras familias que atraviesan por una situación similar. Además del expediente judicial, llevan consigo el álbum familiar, las tareas en las que su hija especulaba sobre su prominente futuro y las zapatillas que la acompañaron en las tempranas lecciones de ballet. “Yo pensé que una vez sepultando a mi hija esto terminaría, mas no sabía que iba a llevar un largo proceso y que yo tenía que estar ahí para que se le haga justicia porque, de lo con42

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trario, nos hemos dado cuenta de tantas negligencias por parte de la Procuraduría [General de Justicia del Distrito Federal]. Una de ellas es que a mi hija no le hicieron el [examen] toxicológico por falta de tubos. Tampoco hicieron el levantamiento de sábanas y reconstrucción de hechos al momento”, dice Guadalupe Gochi. Apuntar el nombre de toda autoridad con que se reúnen y utilizar las redes sociales como mecanismo de difusión del caso, son dos de las lecciones aprendidas. Gracias a ello, la familia conoce, por ejemplo, los nombres de los servidores públicos que en cuanto supieron la edad de Karen, se negaron a levantar la denuncia por desaparición. Se

trata de Javier Enrique Iturriaga García y de Alfonso Díaz Pauli, oficial secretario y supervisor en turno, respectivamente, de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros. Asimismo, de Jaime Malvaez Zapien, oficial secretario de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo. Y es que cuando los padres de Karen aún desconocían que su hija había sido asesinada por Mario Gabriel Enríquez Pérez, acudieron a estas instancias. Ahí se toparon con la misma respuesta: “¡No se preocupen, seguramente su hija se fue con su novio o hizo un berrinche: ya volverá!”. Karen jamás volvió. A esas horas su cuerpo sin vida yacía en la habitación 43 del hotel Clavería.

Rodrigo Domínguez, abogado, cita otras de las irregularidades que han acompañado este caso: las primeras actuaciones se hicieron muy mal, pues hay una descripción muy somera de los hechos, la atención ministerial brindada a la familia es “pésima” y las autoridades actuaron de manera muy lenta. Si no hubiera actuado la familia como actuó y si no hubiera intervenido el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de manera oportuna, este caso hubiera pasado desapercibido, “porque difícilmente se hubiera encontrado y atrapado al responsable”, sentencia el integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.3 CONTRALÍNEA

REDES SOCIALES 1/18/13 1:41 PM Pรกgina 63

SOCIEDAD

NUEVO LEÓN acusan a sacerdote de pederastia Siete niños y seis niñas señalan a un sacerdote de haber abusado sexualmente de ellos en el Colegio Guadalupe del Sagrado Corazón. Los hechos habrían ocurrido cuando los menores esperaban ser confesados por el religioso. A pesar de las denuncias, el clérigo fue puesto en libertad por el Ministerio Público Sanjuana Martínez/Contralínea Nuevo León

¡ “

Nuestros niños no son mentirosos, son niños valientes que lo denunciaron a la primera! ¡Dicen la verdad! ¡Queremos que lo detengan! ¡Queremos justicia!”, exige Luz Gutiérrez, monja y miembro del Consejo Directivo del Colegio Guadalupe del Sagrado Corazón, donde supuestamente el sacerdote Manuel Ramírez García abusó sexualmente de 13 menores: siete niños y seis niñas. Sentada en la casa de las religiosas, ubicada al lado del plantel educativo en el municipio de San Pedro Garza García, hace un recuento de uno de los peores momentos que le ha tocado vivir en sus 40 años de carrera religiosa. Fue el 27 de noviembre de 2012 cuando los alumnos de quinto grado de primaria, de entre 9 y 11 años

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de edad, se formaron para recibir el sacramento de la confesión por segunda vez en su vida. Una semana antes, los pequeños habían hecho su primera comunión, y en esta ocasión fueron invitados a hacer un nuevo examen de conciencia para enmendar sus pecados. Estaban entusiasmados y alegres de recibir la visita de cuatro sacerdotes de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la orden de los Franciscanos, encabezados por el párroco Juan Barba. Los niños se mostraban igualmente ilusionados de confesarse y recibir la correspondiente penitencia y, por supuesto, la absolución. El día siguiente sería especial porque iban a recibir la eucaristía: el cuerpo y la sangre de Jesucristo.

CONTRALÍNEA

León Braojos CONTRALÍNEA

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Benjamín Flores/Procesofoto

SOCIEDAD

4Los testimonios de las 13 víctimas indican que, al momento de la confesión, el clérigo los habría besado en la boca y tocado los genitales. En la imagen, una protesta contra el abuso infantil

Eran las 10:00 horas cuando fueron pasando uno por uno al altar de la parroquia. Durante 1 hora los niños iban desfilando ágilmente. Después de eso, tres de los sacerdotes se disculparon y se fueron a atender otros asuntos. Sólo quedó el padre Manuel, que hasta las12:00 horas atendió a los menores. La fila de los niños fue avanzando de manera más lenta. Los niños subían al altar y en una esquina, discretamente colocado, estaba el cura. Fue allí donde sucedieron los abusos. “En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, dime tus pecados”, les decía de entrada. Mientras los niños iban contando sus faltas, el padre habría aprovechado para acariciarlos. “A mí me gustan mucho los niños y las niñas”, les habría dicho, y abruptamente los habría besado en la boca y tocado los genitales. Algunos infantes no se dejaron: sencillamente esquivaron el abuso como pudieron. Desconcertados, sin poder reaccionar, los niños descendían del altar muy inquietos, pálidos, temblando, incluso llorando, cuenta la hermana Gutiérrez. “Se lo dijeron a la catequista. Y ella inmediatamente reaccionó. Se lo comunicó a la coordinadora de la For46

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mación y la Fe del Colegio, pero ella decidió no actuar. Sin una explicación coherente, simplemente permitió que los niños salieran en su horario normal para volver a sus casas.” Ahora esta coordinadora ya no trabaja en el Colegio. “Fue una irresponsabilidad. Eso fue lo que los papás nos reprocharon y con razón. Ella tenía que haber comunicado a los padres de familia lo que sucedió en ese momento... Pero ya no está aquí. No dio tiempo a despedirla; ella se fue”, explica. Con alevosía y ventaja, el sacerdote Manuel Ramírez habría aprovechado su ascendencia religiosa, su carácter de pastor y maestro, su superioridad física y moral para atacar a los más indefensos del rebaño católico: los niños y las niñas.

Pastor que devora corderos En caso de ser culpable, ¿de cuántos niños ha abusado sexualmente el presbítero Manuel Ramírez? ¿Cuántos años lleva con esta conducta? ¿Hay más víctimas en otras parroquias o colegios? CONTRALÍNEA

La hermana Luz Gutiérrez dice que ésas son las grandes incógnitas. “Nosotros no tenemos esa información y sus superiores dicen que tampoco. Obviamente si la tienen, no nos van a decir. Pero que a los 75 años salga con estas mañas, pues que no nos cuenten”. El día de los hechos la directora del Colegio, Gabriela Rodríguez, y parte del Consejo Directivo se encontraban en Guadalajara en una reunión de trabajo. Cuando les notificaron lo sucedido regresaron a Monterrey de inmediato y al día siguiente, a las 07:00 horas, convocaron a una reunión con los padres de familia de las niñas y los niños presuntamente afectados. Los padres exigieron la presencia del sacerdote supuestamente abusador Manuel Ramírez. Querían verlo, reclamarle, exigirle explicaciones. El cura acusado por las víctimas se resistió a aceptar los hechos. Contestó con evasivas. La reunión se prolongó hasta las 19:00 horas. En ese momento decidieron presentar la denuncia y fueron

Justicia Acusatorio (juicio oral), y durante un periodo de 48 horas fue puesto a disposición del juez cuarto de control penal, Pedro Cisneros Santillana. En la sala oral, durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre, que congregó a todas las partes y duró casi 5 horas, el cura argumentó ser inocente, al señalar que los niños y niñas estaban mintiendo. Contrario a lo que los familiares de las víctimas, defendidas por el abogado Víctor Díaz, esperaban del Poder Judicial, el sacerdote fue puesto en libertad bajo el argumento de que el delito que enfrenta, “atentados al pudor”, no es grave. “Fue la agente del Ministerio Público quien determinó su libertad con base en unas medidas cautelares, no fui yo”, se defiende, en entrevista, el juez Cisneros. En su despacho, el magistrado explica que la ley permite la vinculación equivalente a la formal prisión y se le otorgan 3 meses para la investigación de los hechos, que concluyeron este 28 de febrero:

Durante la audiencia pública del 30 de noviembre de 2012, el sacerdote de 70 años de edad se negó a declarar: se acogió al Artículo 20 de la Constitución, que le permite guardar silencio. Sin embargo, sí señaló ser inocente y argumentó que los siete niños y las seis niñas que lo acusan de abuso sexual estaban mintiendo

turnados a la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales. Durante toda la noche y parte de la madrugada se tomaron declaraciones a las víctimas, a sus padres y a la catequista. Para preservar y cuidar su identidad, los testimonios de los niños –en los que explican claramente los hechos así como el sentimiento que les despertó la agresión– sólo tienen las iniciales de sus nombres. En el video que documenta la audiencia pública, el cura se muestra omiso. Cuando se le cuestionó sobre los hechos, se negó a declarar acogiéndose al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le permite guardar silencio.

Protección y encubrimiento El sacerdote fue favorecido por el nuevo Sistema de CONTRALÍNEA

“Nuestro Código [de procedimientos penales] establece un catálogo de medidas cautelares y, a solicitud del Ministerio Público, una vez que el imputado escuchó la acusación, se le prohibió regresar al Colegio, acercarse a los menores agredidos y someterse al sistema de vigilancia; por lo cual tiene que venir a firmar cada semana”, dice. De acuerdo con la carpeta judicial 238/2012, el Arzobispado de Monterrey no tomó la iniciativa de suspender al sacerdote de su ministerio pastoral. Fue una orden judicial la que exigió que el cura quedara impedido para seguir oficiando misa de manera temporal, aclara el juez Cisneros. En ocasiones previas, la jerarquía católica y los superiores de los sacerdotes pederastas, es decir, los obispos y cardenales, han actuado bajo un código de protección, encubrimiento y silencio en torno a los delitos sexuales del clero y contra las víctimas. 4 DE MARZO DE 2013

Félix Márquez/Cuartoscuro

SOCIEDAD

Saúl López/Cuartoscuro

La impunidad ha sido la constante, porque la jerarquía católica mexicana se ha negado a abrir los archivos secretos para determinar el camino que han seguido los curas agresores, a pesar de que se especula que un 30 por ciento de los 15 mil sacerdotes han cometido abusos sexuales contra menores, según un estudio del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos. El escándalo del sacerdote Ramírez coincide con la llegada del nuevo arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien declaró que desconocía el asunto a pesar de haber sido publicado por la prensa local. La orden de los Franciscanos dio refugio al sacerdote, quien ha desaparecido, aunque debe presentarse cada semana a firmar mientras se integra la averiguación. “Será un tribunal de juicio, es decir, un tribunal

4La liberación del supuesto cura pederasta se dio bajo el argumento de que el delito para exigir justicia por las agresiones sexuales contra menores de edad

4Por orden judicial, el clérigo fue suspendido de su ministerio pastoral. En la imagen, ciudadanos piden justicia por pederastia en Iglesia

4 DE MARZO DE 2013

colegiado con tres jueces, el encargado de dictar sentencia”, dice el juez Cisneros. Al cuestionar las razones de la libertad del acusado, el juez responde: “Nosotros, como autoridad judicial, siempre vamos a depender de lo que determine el Ministerio Público”. Tras recordar a Cisneros que casi no hay sacerdotes encarcelados por pederastia, dice que en este caso el Poder Judicial dio seguimiento en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público. Aclara que, para evitar que el supuesto delincuente cometiera de nuevo el delito, se aplicó la medida cautelar, es decir, retirarlo de funciones para que no se acercara a los menores que lo denunciaron. CONTRALÍNEA

que enfr

En caso de ser culpable, “no se tomaron medidas para impedir futuros ataques sexuales”: juez

el delito que enfrenta, “atentados al pudor”, no es grave. En la fotografía, una manifestación

Sobre la posibilidad de que el supuesto delincuente pudiera atentar contra otros niños, el juez aclara que no se tomaron medidas que pudieran impedirlo. Finalmente, el Colegio Guadalupe decidió emitir un comunicado para dar aviso a los padres de familia sobre lo sucedido y así intentar tranquilizar a la población estudiantil de primaria y secundaria.

Crímenes de lesa humanidad La política de encubrimiento y silencio del Vaticano en torno a los delitos sexuales del clero en el mundo ha generado que la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes interpusiera una denuncia ante el CONTRALÍNEA

Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la santa sede. El modus operandi de las distintas diócesis católicas en el mundo ha sido, a lo largo de la historia, cambiar a los curas pederastas de parroquia, estado o país. Los sacerdotes acusados de abuso sexual son enviados a una especie de “clínicas”, donde se les prescriben pastillas para disminuir su apetito sexual, pero después de 3 o 6 meses vuelven a quedar en libertad y son enviados a una nueva parroquia. Esto ha generado que haya sacerdotes pederastas que llevan más de 30 o 40 años abusando sexualmente de menores, como el caso del cura Nicolás Aguilar, quien violó a más de 90 niños en México y Estados Unidos, con la supuesta protección del cardenal Norberto Rivera. Este último enfrenta todavía un proceso en la Corte Superior de California por conspirar para cometer pederastia. Pese a la gravedad del caso, el padre Nicolás nunca fue arrestado ni fue extraditado a Estados Unidos, donde el fiscal William Hodgman solicitaba su arresto. El sacerdote Aguilar sigue libre, con lugares de residencia en Puebla y Morelos. En Nuevo León, la clínica para curas pederastas se llama El Refugio y está ubicada en la Cola de Caballo, en el municipio de Santiago. Es una especie de spa de cinco estrellas oficialmente utilizada para retiros espirituales por el cardenal Francisco Robles Ortega. Ahí se han enviado a los sacerdotes con problemas de alcoholismo, “mujeres” y pederastia. Está también a la Casa Alberione, en Tlaquepaque, Jalisco, dirigida por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y la Casa Rougier, en el Estado de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera. Las tres casas, que incluso han sido investigadas por la Interpol (policía internacional), funcionan como guarida de criminales. En caso de ser responsable, está fundamentado el temor de los familiares de que el sacerdote Ramírez quede impune. “Queremos justicia; que pague [por] lo que hizo”, dice, de manera contundente, la hermana Gutiérrez. En el Colegio, las maestras y religiosas están apoyando sicológicamente a las víctimas y sus padres.3 4 DE MARZO DE 2013

Manrique

SOCIEDAD

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CONTRALÍNEA

onterrey, Nuevo León. En los orígenes del Partido Acción Nacional (PAN) hay una semilla del nazismo; un elemento ideológico que ha estado presente en algunos de sus miembros y que en la actualidad vive un resurgimiento. A pesar del repudio internacional, el nazismo sigue generando adeptos en distintos países. En México, los grupos neonazis se concentran en estamentos de la vida política y empresarial en diferentes estados de la República. Nuevo León podría considerarse cuna de movimientos ultraderechistas y fascistas. La historia incluye la participación de empresarios y políticos ligados al Partido Acción Nacional con la creación de este tipo de grupos, algunas veces armados, otras más, sólo de corte ideológico. En la entidad destaca el llamado Grupo San Nicolás, formado por ilustres panistas, como Zeferino Salgado, exalcalde y actual militante del PAN a

CONTRALÍNEA

quien llaman el Führer, como se conoce popularmente a Adolfo Hitler. En reuniones secretas, miembros del PAN sostienen una ideología basada en la pureza racial, el odio a judíos, masones, homosexuales o comunistas. Entre sus muy diversos objetivos se encuentra la esterilización de los indígenas y la supremacía de una doctrina de clase dominante sobre los “débiles”. Hace unos meses fue creada la Hermandad Algiz, un grupo supuestamente neonazi que opera en San Nicolás de los Garza y otros municipios del área metropolitana, promueve el nacionalsocialismo, distribuye y pega panfletos contra homosexuales y comunistas bajo la apariencia de defender valores universales: “Nos regimos por el honor, orgullo y lealtad. Sólo hay tres cosas que cada n.s. [nacionalsocialista] y ciudadano deben saber: amar a tu país, valorar tu trabajo y valorar y amar a tu familia. Queremos un México sano y puro para las próximas generaciones. Es tiempo de despertar, nuestro país nos necesita” (sic), dice uno de los volantes ilustrado con símbolos nazis. 4 DE MARZO DE 2013

SOCIEDAD Además de la presencia del Partido Nacional Socialista, existen grupos diversos neonazis como la Organización por la Voluntad Nacional, que se opone a la influencia cultural estadunidense en México y rechaza “la ocupación estadunidense” de territorios que pertenecieron a México.

Una larga historia

Especial

Desde la fundación del PAN en 1939 con la participación de cristeros, la Unión Nacional Sinarquista, unida con la Iglesia Católica y la Falange Española de las JONS, lograron incrustar en ese partido una serie de principios ideológicos fascistas, cercanos al nacionalsocialismo fundado por Adolfo Hitler y que aún perduran.

Secretaría de la Función Pública, y Rafael Mendoza, todos de Chihuahua, y contaban con más de un centenar de seguidores en el Distrito Federal y Guadalajara. Los Tecos son considerados como una agrupación de corte nazi y opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Incluso se les ha vinculado con el Ku Klux Klan. Entre sus simpatizantes y seguidores se encuentran destacados panistas, como Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón. La historia de Los Tecos y su ideología fascista han trascendido las fronteras de Jalisco. En Baja California, por ejemplo, fueron cooptando parte de la estructura del PAN y de los distintos gobiernos en su poder. En el Estado de México, Óscar Sánchez Juárez fue elegido y luego rechazado recientemente como dirigente del Partido Acción Nacional. El ultraderechista se ha declarado públicamente simpatizante de Hitler, de quien admira, dijo, su “liderazgo” para que miles de personas estuvieran dispuestas a “dar la vida” por él.

Nuevo León, un semillero

4Omar Barona, quien se desempeñó como secretario particular del ya fallecido subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora

En 1941 fueron desclasificados por la Marina de Estados Unidos documentos que ofrecen los detalles de la relación del PAN con los nazis, sinarquistas y miembros de la jerarquía católica. La ultraderecha ha creado agrupaciones clandestinas, como México Despierta, fundada por Juan Iván Peña Neder, coordinador de Asesores de Abraham González, subsecretario de Gobernación durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Peña Neder, denunciado por su exesposa por violación, está acompañado en esta organización secreta filofascista por Carlos Villar Erives, exfuncionario en la

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En la fundación del PAN, los empresarios regiomontanos han tenido un aporte importante, incluso cuando el sinarquismo se unió a ese partido a través de las hazañas de Charles Maurras, fundador e ideólogo de Action Française (Acción Francesa). La raíz filonazi del PAN y su estrecha relación con la Iglesia Católica une a estos empresarios y simpatizantes de clases altas y medias con el movimiento cristero y la Falange Española de las JONS. En un principio, el enemigo era el cardenismo. “La Falange Española y el grupo Acción Francesa sirven de modelo para el PAN, posteriormente estos grupos se conectan con el movimiento sinarquista. De hecho, parte de los fundadores pertenecieron al grupo secreto La Base, con los sinarquistas que fueron financiados por los nazis. Son considerados un brazo armado. Es la base de donde se nutrió el PAN como partido”, dice en entrevista Juan Alberto Cedillo, autor del libro Los nazis en México. Y añade: “siempre ha habido un grupo dentro del PAN con una visión fascista. A veces la esconden, otras más la sacan. Hay una relación de los empresarios regiomontanos con los nazis, un grupo muy fuerte de empresarios, obviamente son panistas y simpatizantes de Hitler; algunos se vestían con el uniforme de [los] camisas pardas, internamente tenían relación con grupos empresariales alemanes y se saludaban con el heil Hitler”. CONTRALÍNEA

Contralínea Nuevo León

La moda nazi en la década de 1940 llegó a tal grado en Monterrey, a través de estos empresarios panistas, que aún existen casas antiguas que conservan adornos con los símbolos: esvásticas en el piso o en las paredes, como en el Instituto Estatal de las Mujeres. A pesar del rechazo a esta vertiente ultraderechista, los grupos ultraconservadores están viviendo una reactivación: “hay un resurgimiento de este tipo de grupos neonazis, y en México hay un crecimiento de los mismos, incluso el Ku Klux Klan lo está financiando”. Cedillo cuenta que el empresario Jorge Lankenau le hizo una revelación: “Tuve la oportunidad de entrevistarlo y me comentó que él y otros compañeros del Tec [Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey] pertenecieron a un grupo neonazi con toda la parafernalia que eso implica: leían el libro Mi lucha, tenían los símbolos nazis… Me confirmó que había un grupo fuerte neonazi en el Instituto, no me dijo si había maestros o sólo alumnos”. El autor señala que, en México, la difusión de la ideología nazi y el adoctrinamiento a través de estos grupos y de partidos políticos no es un delito.

Heil Hitler Uno de los bastiones del PAN en Nuevo León se encuentra en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde la hegemonía de ese partido les ha permitido llevar a cabo un nuevo modelo político basado en el control de masas. La derecha del PAN y su simpatía por el nazismo a veces se manifiestan, y otras más permanecen ocultas en grupos secretos. El diputado Guadalupe Rodríguez, quien fue regidor de ese ayuntamiento durante la administración 2006-2009 de Zeferino Salgado, por el Partido del Trabajo, cuenta que el llamado Grupo San Nicolás, encabezado por el panista Jesús Hinojosa, se transformó por los miembros más jóvenes de ese partido. “El grupo fue transformándose por estos muchachos que conformaban un equipo que fue escalando posiciones, y al final desplazaron a la gente de Hinojosa y se apropiaron del aparato municipal. Ellos usan siempre un pin con una esvástica. Aprendieron a perfeccionar el uso del aparato de Estado para orientarlo hacia la conformación de organismos de control de masas que permiten la hegemonía del PAN en el municipio de San Nicolás”, asegura. Y añade: “territorialmente, cubrieron las áreas clasemedieras de San Nicolás, un municipio que para ellos es la colonia Anáhuac y de allí a todos los alrededores, CONTRALÍNEA

4En el municipio es decir, la clase alta y media, donde aplicaron su proyecto para conformar distintas actividades de adoctrinamiento y políticas en preparación para la participación electoral”. Explica que al utilizar ese modelo se han hecho de una importante base social, y de esa manera se entiende que San Nicolás sea el único lugar donde el PAN tiene una presencia de masas: “están en medio del tejido social, enraizados y, de manera insidiosa, penetrados en el tejido social. Esa combinación de un grupo dirigente con ideología de ultraderecha nazi se impuso con el exalcalde Zeferino Salgado”. Al expresidente municipal lo detuvieron cuando le encontraron en su poder un arma larga. Ha dicho públicamente que le apodan el Führer y nunca ha ocultado su ideología ultraderechista. Entre sus iniciativas destaca la construcción de barreras en las colonias para separar San Nicolás del depauperado municipio de Guadalupe, bajo el argumento de la inseguridad.

de San Nicolás, los neonazis “están en medio del tejido social, enraizados”

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SOCIEDAD

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“Es el líder de un grupo dirigente de ultraderecha que dirige un sector de masas de la clase media, amplio, que le da resultados tangibles en el terreno electoral, que le reproduce su propio esquema y les da estabilidad. ¿Si eso no es fascismo entonces qué es? La postura de ellos, ultraderechista, es transparente. Nunca hicieron una manifestación pública de simpatía al nazismo, pero su propia actuación nos habla de un grupo de gente enferma, con una visión torcida de la realidad, una visión ultrarreligiosa, de discriminación hacia los pobres; una visión de supremacía de la clase media y rica. Todo esto con el objetivo de mantener un aparato que hoy en día sigue operando”.

4Recientemente se creó la Hermandad Algiz, un supuesto grupo neonazi que opera en el municipio de San Nicolás de los Garza. Sus acciones incluyen propaganda en las calles

Violencia nazi El llamado Grupo San Nicolás estaría conformado por Zeferino Salgado, su hermano –el actual alcalde, Pablo Salgado–, Carlos de la Fuente Flores y Fernando Larrazábal, entre otros: “Larrazábal es menos doctrinario, pero esta gente vive con el arma a mano. Estamos seguros de que ellos tienen entrenamiento paramilitar y tienen una inclinación hacia las armas y conforman todas las características de un grupo abiertamente fascista, nazi. Ellos conservan la pureza de su grupo, parte importante del panismo en Nuevo León”. Afirma que se trata de una variante del PAN que preocupa: “es un grupo extremadamente belicoso, beligerante y muy combativo. En el ambiente de violen-

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cia actual de México, viven como fieras acorraladas, extremadamente agresivos”. El resurgimiento de los grupos ultraderechistas filonazis, dice, es una realidad que va en aumento: “el nazismo nunca ha dejado de estar presente en el PAN como doctrina, de hecho, es una vertiente doctrinaria. Ellos son la ultraderecha. Asumieron una aparente posición ciudadana y la lucha político-electoral de lleno en el salinismo”. Cuenta que Luis Echeverría se refirió a ellos como los panistas “encapuchados del Chipinque”: “se trataba de la gente que conspiró en el gobierno federal con una visión estratégica para acotar las posturas populistas de Echeverría que consideraban muy socializantes, y eso les alarmaba bastante”. Debido a esa “pugna interburguesa”, señala, nacieron reacciones en la sociedad como el Frente Popular Tierra y Libertad, el Movimiento Urbano Popular y la propia guerrilla que el mismo Partido Revolucionario Institucional se encargó de exterminar. Desde entonces, dice, en Nuevo León hay grupos secretos: “Partimos de la idea de que existen estos grupos secretos que profesan posturas ideológicas que, afortunadamente hasta este momento, solamente han sido manifestaciones rituales y sus derivaciones. En este momento de violencia del crimen organizado están replegados, no tienen espacio, no hay espacio para más acciones violentas en México, la violencia la monopolizan el Estado y el crimen organizado”. Recuerda que en otras épocas, el brazo armado de los grupos ultraderechistas del PAN –incrustados en el empresariado regiomontano– ha actuado de forma violenta, como después del atentado que le costó la vida a Eugenio Garza Sada: “se dio una violencia inédita contra los grupos de estudiantes de la izquierda que militaban en la guerrilla; y los grupos armados de la derecha, coludidos con el aparato de inteligencia del Estado, la Dirección Federal de Seguridad, se encargaron de hacer limpieza, exterminaron a profundidad. Al compañero Corral lo depositaron a un lado de la estatua del David, en la colonia del Valle, torturado y muerto. Lo dejaron como ejemplo en un ajuste de cuentas por la muerte de don Eugenio”. Estos grupos que aparentemente sólo cuentan con una parafernalia, adoctrinamiento y acción política, en algún momento pueden pasar a la acción si el Estado no interviene: “ellos en el momento apropiado van a manifestarse todo lo violento que sea necesario, como lo han hecho inescrupulosamente todas las veces que han sido necesarias”.3 CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL

Represores argentinos EVADEN LA JUSTICIA Militares y agentes de seguridad argentinos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de la dictadura burlan la ley y las sentencias dictadas en su contra. Ante la laxa vigilancia de los arrestos domiciliarios, los culpables de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y sustracción de menores viven en total libertad. Organizaciones demandan cumplimiento cabal de la ley Marcela Valente/IPS

uenos Aires, Argentina. A pesar de las recurrentes violaciones al arresto domiciliario que cometen algunos enjuiciados por delitos contra la humanidad durante la dictadura argentina, organizaciones no gubernamentales reivindican el beneficio, pero exigen una mejor supervisión de los tribunales. La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado indica que 37.8 por ciento de los 813 detenidos por delitos de lesa humanidad que había a fines de 2012 cumplen arresto domiciliario. La detención en sus viviendas puede ser otorgada 56

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por los jueces a procesados o condenados mayores de 70 años, enfermos terminales o con problemas de salud que no puedan ser tratados en unidades penitenciarias. Pero debido a la falta de control, esta modalidad es violada con frecuencia por los beneficiarios. “Siempre se conocen casos en los que las víctimas los reconocen y los denuncian, y si no se denuncian más es porque no se les reconoce”, dice a Inter Press Service (IPS) el abogado Alan Iud, de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a hijos de personas detenidas-desaparecidas por la dictadura que rigió en Argentina de 1976 a 1983. En enero fue visto trasladándose en bicicleta por calles de Buenos Aires el exagente del Batallón de Inteligencia 601, Carlos Hidalgo Garzón, procesado por CONTRALÍNEA

Manrique CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL más de 200 delitos de lesa humanidad y condenado por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis, hija de una pareja desaparecida. Hidalgo fue reconocido por la propia De Sanctis, a quien había inscrito como su hija biológica y que lo denunció ante la justicia. El exmilitar estaba bajo arresto en un centro geriátrico de Buenos Aires, donde vivía. El tribunal le revocó el beneficio y lo derivó a un hospital que funciona en la Colonia Penal de Ezeiza, en las proximidades de la capital argentina. A principios de febrero, el obstetra Jorge Luis Magnacco, condenado por apropiación de menores y procesado por intervenir en numerosos partos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en un barrio residencial de Buenos Aires –donde funcionaba uno de los más emblemáticos centros ilegales de detención de la dictadura–, fue visto caminando por la calle junto con su esposa. El ingreso de Magnacco a un centro comercial y luego a un local de comidas fue filmado por integrantes de la agrupación Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). El tribunal que le había otorgado el beneficio decidió también revocar el arresto y trasladar al médico condenado a un complejo penitenciario. Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que no están en contra del beneficio para casos puntuales debidamente justificados. Sin embargo, coinciden en que el arresto en el domicilio no se puede otorgar sin ningún control o supervisión. “El juez debería controlar el arresto domiciliario, que no equivale a excarcelación”, aclara Lorena Balardini, coordinadora del Área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización humanitaria orientada a temas jurídicos y de derechos humanos. “Limitar el arresto domiciliario no es una opción, porque es parte de las garantías del debido proceso para cualquier delito. Pero tampoco se puede dejar al detenido a su libre albedrío”, señala la experta a IPS. “El problema no es el beneficio en sí mismo, sino la desidia en el control”. Para Balardini, el arresto se revoca cuando se violan las condiciones, porque el detenido hace una salida que no está pactada con el juez. “Este tipo de arresto tiene ventajas porque el detenido está en la comodidad de su hogar, y ello está fundado en criterios legales y humanitarios”, sostiene. 58

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“Esto implica un compromiso por parte de estas personas de cumplir con las reglas del juego, pero si no se hace, hay que revocar el arresto domiciliario, porque ésa también es una forma de darle entidad al beneficio. “Pero no hay que caer en la trampa de concluir que el problema es el arresto domiciliario”, aclara. Balardini considera que lo principal es que el imputado esté detenido. “La modalidad, si es instrumentada con idoneidad, no es importante. Como organización de derechos humanos que trabaja con personas privadas de libertad por delitos comunes, no queremos que esta práctica sea erradicada”, advierte. La abogada también alerta sobre el riesgo de crear reglas especiales para delitos de lesa humanidad. “Estos juicios son emblemáticos, pero no pueden tener reglas diferentes, porque eso puede ser peligroso para su legitimidad. El derecho penal dispone del arres-

4Son las víctimas quienes reconocen a los criminales de lesa humanidad en la calle, Argentina no vigilan a quienes gozan de ese beneficio

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lo cual s

www.misionesparatodos.com www.asociacion-memoriaverdadjusticia.blogspot.com

4A principios de febrero, el obstetra Magnacco fue filmado mientras

4”Una vez que se ordena el arresto domiciliario debe de haber un

paseaba con su esposa

www.abuelas.org.ar

control, que hoy no existe”

la calle, lo cual significa que están violando su arresto domiciliario. Las autoridades de

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to domiciliario y es el juez el que decide cuándo aplicarlo”, subraya. Iud, abogado de la organización Abuelas, coincide: “No estamos en contra del instituto del arresto domiciliario, que responde a razones humanitarias que deben ser atendidas caso por caso, pero sí creemos que, una vez que se ordena y que está estrictamente justificado, debe de haber un control, que hoy no existe. “Es el juez o su secretario o personal del tribunal el que debe encargarse de verificar si se cumple la orden judicial. Puede ser mediante una visita sorpresiva, una llamada telefónica o una guardia eventual. Hay que buscar un mecanismo, porque hoy no hay ningún control, y ellos [los arrestados] lo saben”, alerta. Para Iud, el juez no puede escudarse en la falta de recursos, porque bastaría un llamado para verificar de manera periódica si se está cumpliendo con la orden. En caso de no ser posible, debería habilitarse una institución que se encargue de esta vigilancia. El abogado sostiene que podría ser el Patronato de Liberados, una asociación civil que depende del Ministerio de Justicia y que tiene presupuesto del Poder Judicial. Los procesos contra militares y civiles que actuaron durante la represión tienen a 1 mil 13 personas procesadas y 378, condenadas. Esta última cifra se quintuplicó respecto de 2008, debido a que se unificaron causas y se aceleraron los procesos, según datos de la Unidad Fiscal.3 4 DE MARZO DE 2013

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El mundo debería prepararse para un clima 5 grados más caliente. Los continuos fracasos de acuerdos para emitir menos contaminantes a la atmósfera pasarán factura antes de 15 años. Nuevos descubrimientos científicos demuestran que las naciones perdieron la oportunidad para detener el calentamiento del planeta y ahora existen pocas posibilidades de que el cambio sea menor a los 5 grados Stephen Leahy/IPS

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Se acelera el calentamiento

GLOBAL

xbridge, Ontario, Canadá. Científicos descubrieron que, cuando el permafrost (capa del suelo permanentemente congelada en las regiones polares) se derrite y el carbono atrapado en éste se libera y queda expuesto a la luz del sol, se convierte en dióxido de carbono a un ritmo 40 veces más rápido. “Esto realmente cambia el rumbo del debate” sobre cuándo y cuánto carbono se liberará a medida que el permafrost se derrita debido a temperaturas aún más altas en el Ártico, explica la investigadora Rose Cory, de la La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Hay 13 millones de kilómetros

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cuadrados de permafrost en Alaska, Canadá, Siberia y partes de Europa. Como informó previamente Inter Press Service (IPS), un estudio de 2011 estimó que el recalentamiento planetario podría liberar suficiente carbono del permafrost para elevar a 3 grados las temperaturas globales, además del producido por las emisiones humanas derivadas del petróleo, el gas y el carbón. Las emisiones humanas están causando un recalentamiento que se dirige a los 4 grados, alertó la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Se requiere una rápida “descarbonización del suministro eléctrico” para evitar ese futuro, señaló esa entidad al divulgar el nuevo libro Electricity in a climate-constrained world (La electricidad en un mundo climáti4 DE MARZO DE 2013

www.eu-atp.org

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4Las emisiones camente limitado). De acuerdo con el libro, “las soluciones son bien conocidas: una mayor eficiencia energética, más investigación y desarrollo de la producción de energía de bajo carbono, y ponerle un precio realista al carbono”. Las proyecciones de la AIE no incluyen las emisiones de carbono del permafrost; los modelos climáticos tampoco, señala Cory a IPS. Y nadie ha tomado en cuenta el reciente descubrimiento de que la luz del sol acelera la conversión de carbono antiguo en dióxido de carbono. “En este momento estamos intentando ahondar en este hallazgo para obtener una estimación de cuánto carbono más podría liberarse”, explica. Cory y sus colegas estudiaron lugares del Ártico en Alaska, Estados Unidos, donde el permafrost se está derritiendo y colapsa la superficie de tierra que lo recubre y que forma hoyos de erosión y deslizamientos de tierra, además de exponer a la luz del sol suelos enterrados durante mucho tiempo. Concluyeron que la luz solar aumenta por lo menos 40 por ciento la conversión bacterial del carbono que se encuentra en el suelo expuesto en dióxido de carbono, en comparación con el carbono que permanece en la oscuridad. El equipo reportó sus hallazgos en un artículo publicado el 11 de febrero de 2013, en la versión para internet de la revista estadunidense Proceedings of the 62

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humanas están provocando un aceleramiento de 4 grados en el calentamiento climático de la tierra

4Hasta ahora, ignorado el reciente descubrimiento de que National Academy of Sciences. “Esto significa que el carbono del permafrost es potencialmente un factor enorme que ayudará a determinar cuán rápidamente se calienta la tierra”, explicó el coautor del informe, George Kling, de la Universidad de Michigan. “No podemos decir cuán rápidamente este carbono del Ártico retroalimentará el ciclo global del carbono acelerará el calentamiento climático sobre la tierra, [pero] el hecho de que estará expuesto a la luz significa que ocurrirá más rápido de lo que pensábamos”, señaló Kling en un comunicado. Una vez que el Ártico se caliente lo suficiente, las emisiones de carbono y metano derivadas del derretimiento del permafrost iniciarán una retroalimentación que amplificará el actual ritmo del calentamiento, explicó anteriormente a IPS el científico Kevin Schaefer, del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve, CONTRALÍNEA

la luz so

David Cilia

o de que la luz solar apresura la conversión de carbono antiguo en dióxido de carbono: “hay que prepararse para un mundo 5 grados más caliente”

en Boulder, Colorado, Estados Unidos. No hay estimaciones precisas sobre las emisiones de metano, un gas cuyo efecto invernadero es 40 veces más potente que el del dióxido de carbono. El metano puede tener un gran impacto sobre las temperaturas en el corto plazo, aseveró Schaefer. En 2011 la investigación de Schaefer mostró que faltaban apenas entre 15 y 20 años para que el permafrost llegara a su “punto de inflexión”. A la luz del descubrimiento de Cory, ahora esto tendrá que ser revisado. La única pregunta es cuánto tiempo antes ocurrirá. Hay que prepararse para un mundo 5 grados más caliente, advirtió Robert Watson, expresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés). Al hablar el 12 de febrero pasado, en un simCONTRALÍNEA

posio en Londres, Watson, director científico del Centro Tyndall de Estudios de Cambio Climático, señaló que el mundo ha perdido su oportunidad de permanecer por debajo de los 2 grados. “Todas las evidencias, en mi opinión, sugieren que vamos rumbo a un mundo [con un recalentamiento de] entre 3 y 5 grados”. Cuando Watson fue presidente del IPCC (1997 y 2002), existía gran optimismo en cuanto a que habría un acuerdo mundial para limitar las emisiones contaminantes. “Esperábamos que éstas no aumentaran al ritmo tremendo en que lo están haciendo ahora”, dijo al servicio británico de noticias Climate News Network. Ahora, “todas las promesas del mundo, que en cualquier caso es improbable que cumplamos, no nos darán un mundo [con un recalentamiento] de apenas 2 grados”.3 4 DE MARZO DE 2013

EX LIBRIS

Adolfo Gilly: Huerta y su coñac de marca Wilson Para Renato Castillo Félix

Álvaro Cepeda Neri*

or las páginas del libro Cada quien morirá por su lado. Una historia militar de la Decena Trágica, Adolfo Gilly recrea la canallada golpista que del 9 al 18 de febrero de 1913 culminó con el asesinato de Francisco I Madero y José María Pino Suárez. Sus ejecutores fueron Victoriano Huerta y sus matones, encabezados por Aureliano Blanquet, Francisco León de la Barra y Henry Lane Wilson, desde Washington, DC, Estados Unidos, precedente de las

intervenciones estadunidenses contemporáneas a través de la Agencia Antidrogas , la Oficina Federal de Investigación y la Agencia Central de Inteligencia (todas estadunidenses), para afirmar el expansionismo comercial que sabotea, en complicidad con los nuevos Huertas, nuestro desarrollo y crecimiento económico y sólo favorece a los “Luis García Pimentel, multimillonario jefe del Partido Católico [Nacional], [quien] dio más dinero para la [contra]revolución con64

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tra Madero”, y que hoy emulan los Azcárraga, los Salinas Pliego, los Slim, Larrea, etcétera. El autor, profesor universitario, historiador y periodista recrea en casi 200 páginas los acontecimientos protagonizados por un borrachín que movió los hilos y se dejó manipular como títere de los intereses estadunidenses y desnacionalizados que imaginaron ser amenazados por Madero. Y muestran los actos y omisiones de quien resultó un mártir, no un político; un apóstol, no un revolucionario, que se puso la soga al cuello por sus decisiones a favor de Victoriano Huerta, su verdugo. Y entrampado en el incumplimiento de sus compromisos, tras el derrocamiento de Porfirio Díaz “…6 meses después quien estaba cercado era ese presidente [Madero] que no había tenido palabra y (…) acosado entre la rebelión agraria organizada en armas en el Ejército Liberador del Sur y la persistencia (…) del antiguo régimen encarnada en los altos mandos del Ejército Federal, en las páginas de la gran prensa y en la opinión de los dueños de la tierra, de la industria y del dinero…” Victoriano Huerta era un porfirista usurpador y canalla, y Madero lo nombró general y dueño del Ejército Federal. Un borracho de coñac y un ebrio de poder que con el mismo método que usaría Adolfo Hitler, se hizo de la Presidencia del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Y al que el historiador (con la colaboración de Tatiana Pérez Ramírez y Édgar Urbina Sebastián) muestra como un perverso que utilizó la traición hasta contra sus compañeros de viaje, golpista para, con su amigo-enemigo Félix Díaz, llevar hasta sus últimas consecuencias la llamada Decena Trágica. Esta reinterpretación del golpe de Estado está apuntalada con inserciones documentales que intentó la contrarrevolución, y que Francisco Villa y Emiliano Zapata, con el desafío de los gobernadores de Sonora, José María Maytorena; de Chihuahua, Abraham González, y de Coahuila, Venustiano Carranza, que se negaron a reconocer el gobierno de Huerta, rescataron la Revolución de 1910 que culminó con la reforma a la Constitución de 1857 y dio a luz a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El texto cuenta con una bibliografía sustentada en archivos, libros, revistas, y periódicos y una entrevista de Odile Guilpain con Carmen Álvarez de la Rosa de Castañeda, además de un índice onomástico que preside al índice general de sus once capítulos.3

Ficha bibliográfica: Autor: Adolfo Gilly Título: Cada quien morirá por su lado. Una historia militar de la Decena Trágica Editorial: Ediciones Era, 2013 *Periodista CONTRALÍNEA

AGENDA CULTURAL Octavio Salas

TEATRO4 El cártel de Neza. La ficción como parangón de la realidad queda corta. Leer este libro es leer el más inverosímil y exagerado libreto hollywoodense; es echar por tierra las más obscenas ideas que se tienen acerca de la crueldad o la corrupción. Pero no es ficción. Afuera hay una realidad cambiante, cotidiana, que siempre será más increíble que cualquier producto de la imaginación. Por eso existe el periodismo, porque el hombre común tiene la necesidad de conocer qué pasa en derredor suyo sin lisonjas; por eso la comunicación es ciencia, porque sirve para conocer en qué se ha transformado la especie humana en medio de sus códigos. Este libro provoca la obligación de reaccionar, de darse cuenta de que la crueldad no conoce límites y que es tan expandible, tan ocurrente –así como el amor– que siempre hallará cómo superarse a sí misma, al encontrar maneras más “astutas” de hacer daño, vengarse y eliminar a sus iguales. ¿Qué busca el ser humano dotado de capacidades cognitivas, de construcción, de finos y antiquísimos modos de imponer su razón sobre lo(s) demás? ¿Es el mismo que se jacta de sus artes y su filosofía? ¿Su principal deseo será sobrevivir como el gran vencedor, ése que pudo escalar la cima de las clases sociales derrotando a quien osara intentar una convención o una igualdad? ¿Hay quien quiera ser el último hombre lleno de riqueza y de poder a costa de su soledad y la extinción? ¿Será que el destino del hombre es tornarse insensible ya de tanta muerte y sufrimiento infligidos por él mismo y su paradójica cerrazón de ser racional? A lo largo de las páginas de El cártel de Neza se perciben la tristeza y la enajenación, la ruptura, los choques, enfrentamientos con la propia familia, no hay amigos ni valores, hay rencor, odio, traición, muerte, y todo para pasear en automóviles lujosos, portar alhajas únicas, comer exquisitos platillos en exclusivos restaurantes... Nada queda de esperanza después de ver tan cerca la obsesión por lo que al final no vale nada; con cada palabra escrita mengua la esperanza de que algo cambie para ser libres. Y es que en el afán de la búsqueda del poder o el dinero se va trastocando poco a poco lo que queda de ideales. Triste, el hombre que le puso precio a su dignidad y amor propios; triste, quien a pie, juntillas, obedece los dictados de la corrupción y hace trizas el respeto por los demás; triste es la maldita sociedad que lo anima a destacar por el puñado de billetes que trae consigo. Éste es un libro en el que insólitos mundos dantescos aparecen en la casa vecina. La cercanía con que se mira la fragilidad de la urbe y sus instituciones cala hondo en la perspectiva de lo cotidiano, que siempre toca, hiere, porque está más cerca de lo que parece. Con este texto, el relato de un narcotraficante (hoy desaparecido), a través de una serie de entrevistas que sostuvo con el periodista José Antonio Caporal, busca el indulto de su propia conciencia. Y pondrá la atención en las redes de corrupción en el Estado de México, particularmente en Ciudad Nezahualcóyotl; también en varias delegaciones del Distrito Federal, en el contrabando de drogas en el Aeropuerto CONTRALÍNEA

Internacional de la Ciudad de México, en las llamadas narcotienditas (cómo laboran y se organizan), en la protección de elementos policiacos y otros servidores públicos de todos los niveles para que la distribución de cocaína resultara sin contratiempos, además de arrojar luz sobre las cantidades de dinero que se emplean en ese negocio y el “nivel de vida” que se adquiere. Es la historia de Joaquín Quintero, el Sapo, y de cómo la sociedad –su sociedad– se encargó de rechazarlo y orillarlo a delinquir, problemas familiares, la ruptura definitiva entre sus miembros, aunado a la carencia de recursos que devino en la absoluta perversión de cualidades tan subjetivas como el valor, la lealtad, la hermandad o la pertenencia. Fueron aquéllos los motivos que habrían de generar un rencor contra quienes le rodeaban, así que Joaquín buscó métodos más rápidos para obtener dinero y sentir (saber) que sobresalía. Pero la pesadilla viene después, cuando todo eso se volvió realidad gracias a su pericia para plantear soluciones, su imbatible constancia obedeciendo órdenes, y tener la sangre “fría” para poder burlar obstáculos que le impidieran alcanzar sus objetivos sin remordimiento, todo en nombre “del negocio”, que finalmente, no sin miedo, le dio lo que buscaba. El Sapo cuenta que trabajó con una banda llamada los Lobos Rojos robando autos y casas habitación, con el cártel del Centro y luego con el de Neza ya como parte del aparato logístico del narcomenudeo, justo en la transición entre los siglos XX y XXI. El cártel de Neza es una disección de la vertiginosa carrera ilegal para obtener dinero y poder (poder de matar), auspiciado por la complicidad de servidores públicos, vista a través de los ojos de un periodista y los testimonios de viva voz de un narcomenudista que trabajó bajo las órdenes de Delia Patricia Bustos Buendía, conocida como la Ma Baker, líder del temible cártel de Neza. No hay reivindicación, tampoco justicia, pero en algún momento un funcionario asume congruentemente su papel de servidor público y decide hacer frente a una de las tantas organizaciones existentes del crimen organizado poniéndole fin, siempre ante una férrea resistencia. Sin embargo, en medio de este sistema de impartición de justicia mexicana en el que el dinero es quien lleva la palabra, “esto es natural, un espacio que es dejado por un grupo, inmediatamente es ocupado por otro”. 4Título: El cártel de Neza Autor: José Antonio Caporal Editorial: Random House Mondadori, 2003 4 DE MARZO DE 2013

PASO A DESNIVEL

De nueva cuenta

4 DE MARZO DE 2013

Miguel Galindo

CONTRALÍNEA

ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L