Del 17 al 24 de Noviembre:
300 MESAS
en todo el país
¡ACERCATE!
Campaña Nacional
R A L U P O P A Í N A R E B O 100% S Construyendo una
S Í A P e d A IV T A N R E T L A
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS POPULARES DE ARGENTINA
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¿Por qué una Campaña Nacional por
SOBERANÍA POPULAR? Esta revista se propone ser una herramienta para profundizar en los contenidos de la campaña nacional que la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) estará realizando del 17 al 24 de noviembre de 2012. Bajo el lema “100% soberanía popular, construyendo una alternativa de país”, buscamos establecer un diálogo con miles de personas en decenas de ciudades de nuestro país alrededor de cuatro problemas: los recursos naturales, el trabajo, el transporte público y el derecho a la tierra y la vivienda. Se trata de cuatro ejes cruciales de la vida de nuestro pueblo, en los que encontramos las razones para comprometernos día a día dando vida a un proyecto alternativo de país. La campaña estará presente con más de 300 mesas en las esquinas de nuestro país, desde Trelew hasta Tucumán, pasando por Córdoba, Rosario, Buenos Aires y La Plata, entre otras ciudades. Finalmente el 24 de noviembre se realizará frente al Congreso Nacional el segundo Foro por un Proyecto Emancipador que cerrará la campaña, donde distintos paneles y actividades permitirán poner en discusión si verdaderamente somos hoy un pueblo soberano y cuáles serían los pasos a dar para serlo. Con la presencia de luchadores sociales, intelectuales y referentes políticos, las distintas organizaciones de la COMPA buscamos seguir avanzando en la confluencia y la articulación del campo popular. Cuando hablamos de soberanía popular, nos referimos a una perspectiva de desarrollo asentada en los deseos y necesidades de nuestro pueblo, que nos permita ampliar la decisión colectiva sobre el conjunto de la vida social. Tenemos en mente una ruptura con la realidad que estamos acostumbrados a vivir, donde el poder económico de las grandes multinacionales y sus socios locales se enriquece a costa de nuestros recursos y de nuestro trabajo. También a una transformación de la política en la Argentina, dando paso a formas de participación de nuestro pueblo que nos permitan construir democráticamente el horizonte que soñamos, algo que llamamos poder popular. Pensamos en la
unidad de los pueblos de Nuestra América, para desterrar la dominación imperialista de nuestro continente, único modo de ser dueños de nuestro destino. Y por último nos referimos a romper con la dominación patriarcal, con todas las relaciones sociales que provocan la violencia hacia las mujeres, la discriminación y la muerte, respetando la diversidad y todas las elecciones sexuales. En consecuencia, para nosotros la soberanía popular es un sinónimo de liberación social, algo que vemos muy alejado de los objetivos del gobierno nacional actual. Sin embargo no se trata de una idea que se nos ocurre a nosotros, sino de la motivación más profunda que recorre más de quinientos años de lucha popular en esta tierra. La resistencia permanente de nuestros pueblos originarios, las batallas democráticas por la independencia, la lucha por un país federal, los primeros pasos del movimiento obrero, la resistencia peronista, el Cordobazo, la lucha armada de los años setenta, la resistencia a la dictadura, la lucha por memoria, verdad y justicia y la rebelión popular del 2001, entre muchos otros episodios, estuvieron impulsados por la savia vital de un pueblo que siempre buscó su liberación. Nos sentimos herederos de esas distintas tradiciones, de todas esas luchas, y buscamos recrearlas en las condiciones actuales del capitalismo neoliberal para finalmente lograr el triunfo anhelado desde hace tanto tiempo. Somos movimientos populares que pretenden aportar a la construcción de una opción política para nuestro pueblo. Por eso a lo largo de estas páginas vas a encontrar nuestro punto de vista y nuestras propuestas sobre el problema de los recursos naturales, el modelo sojero en el campo, la mega minería y la política energética; el trabajo en negro y precarizado, la libertad sindical y la acción gremial; el derecho a la vivienda y a la tierra y el transporte público que hoy está en un estado calamitoso puesto en evidencia trágicamente en la tragedia de Once, en febrero de este año. Así que abrimos el debate… esperamos tu opinión.
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En defensa de nuestros Recursos Naturales
Justicia SOCIAL Y AMBIENTAL
En la Argentina de los últimos años se ha consolidado y profundizado un modelo económico basado, en buena parte, en la exportación de materias primas a los países centrales a costa de la explotación compulsiva de la naturaleza. Detrás de la recuperación económica y los publicitados números del crecimiento del PBI, se esconde la promoción de un modelo productivo que resulta insostenible a largo plazo por sus niveles de devastación de los recursos, el avasallamiento de los derechos de las comunidades locales, la pauperización de la calidad de vida de innumerables poblaciones, el incremento de los bolsones de pobreza de las grandes ciudades y el avance sobre aquellas voces que intentan plantear alternativas. Todo esto da lugar a la concentración y extranjerización de nuestros recursos naturales y la contaminación y destrucción de los territorios a los fines de crear grandes ganancias para pocos. En este modelo, los bienes comunes naturales sólo son considerados como mercancías puestas a disposición de las grandes empresas trasnacionales, las cuales buscan en los países periféricos los recursos y beneficios que no pueden obtener en sus lugares de origen. Los orígenes de este modelo se encuentran en la década del '90 cuando la implementación de las políticas neoliberales configuró una matriz productiva basada en la extracción de recursos naturales. El fortalecimiento de la agricultura de monocultivo para la exportación de granos, usando tecnología importada, semillas transgénicas y un creciente aumento en el uso de agroquímicos fue acompañada de la novedosa incorporación de la megaminería a cielo abierto. Al mismo tiempo, la venta de YPF, el ingreso al mercado de otras empresas de capitales privados, la transferencia a las provincias del dominio de
los recursos del subsuelo y la desregulación del mercado, convirtieron al gas y al petróleo, valiosos recursos estratégicos, en simples mercancías. En todos estos casos, la satisfacción de las necesidades energéticas y alimentarias de la población y sus condiciones de vida –sobre todo en los sectores más vulnerables– pasaron a depender de decisiones que sólo tuvieron en cuenta las ganancias de grandes empresas. Al día de hoy, Argentina se encuentra produciendo casi 50 millones de toneladas de soja transgénica al año. La falta de acceso a la tierra, los altos niveles de tecnología requeridos para la producción y la concentración de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria hacen que la producción agropecuaria sea accesible sólo a aquellos que disponen de grandes cantidades de dinero para invertir, engrosando los cordones de pobreza en las grandes ciudades.
El proceso de concentración de la tierra tiene a su vez consecuencias directas sobre el precio de los alimentos que componen la canasta básica de los trabajadores. Esto se refuerza debido al acaparamiento del comercio en manos de grandes cadenas de supermercados donde unas pocas empresas y algunos intermediarios imponen los precios. El aumento en la producción y en las exportaciones se hace a costa también de la salud de las poblaciones locales. La soja transgénica ha requerido el crecimiento del uso de agrotóxicos en un 900% en los últimos 20 años. Desde entonces, han aumentado los casos de cáncer, afecciones pulmonares y otras enfermedades. Aún cuando diferentes investigaciones de médicos reconocidos denunciaron estas cuestiones, el uso de
>> >> >> >> >> 100% Soberanía Popular << Página 5 >> este herbicida no ha sido prohibido. Es más, luego de la condena judicial a empresarios rurales por el uso de glifosato en cercanías del Barrio Ituzaingó Anexo, de la provincia de Córdoba, la presidenta CFK reafirmó su alianza con Monsanto al habilitar la producción de una nueva semilla de soja transgénica denominada “Intacta RR2”, también tolerante al glifosato. El gobierno nacional profundiza activamente este modelo de producción dependiente de las empresas privadas y los grandes productores rurales. Ya en 2011 apostó a la expansión del monocultivo con la aprobación del Plan Estratégico Agroalimentario 2010- 2020, que proyecta un aumento de la superficie producida de 34 a 42 millones de hectáreas, lo que implica continuar con el violento desalojo de campesinos e indígenas de sus territorios y la eliminación de bosques y otras producción dedicadas a abastecer los mercados locales, con la pérdida irrecuperable de biodiversidad que esto implica. Por otro lado, se decidió avanzar en un proyecto de ley que obligara a pagar regalías por la compra de semillas a las grandes empresas, lo cual aumentará el precio de ese insumo e impedirá a los agricultores que guarden, produzcan o intercambien sus semillas. Es decir, se transforma a la semilla en una propiedad privada concentrada en megaempresas extranjeras. Asimismo, pese al discurso de ruptura con el neoliberalismo que plantea este gobierno, las leyes y proyectos que promueven la mega-minería contaminante continúan vigentes. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales argumentan que todos necesitamos metales en nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, afirman que en una zona donde presuntamente sólo hay un desierto de piedra, la mega-minería es la única posibilidad de darle un uso productivo a la región, generar fuentes de empleo y conseguir ingresos para atender a las necesidades de los sectores más pobres de su población. Quienes nos oponemos a esta actividad, sostenemos que la misma con las características que se presentan, es indeseable e insostenible. Y esta posición lejos está de ser un capricho. Nos oponemos a esta actividad, pero no estamos en contra de toda clase de minería sino de la que se extrae a cielo abierto. La mega-minería a cielo abierto utiliza cientos de toneladas de explosivos para volar montañas y obtener rocas que serán separadas del mineral a través de una mezcla de agua y químicos (algunos muy contaminantes). No sólo se consumen millones de litros de agua por día en zonas áridas, sino que su impacto ambiental implica la contaminación del aire por la voladura de montañas, afectación de la salud y de los ríos, generación de residuos químicos que tardarán miles de años en desaparecer y destrucción de glaciares que son una importante provisión de agua dulce. A su vez, existe una severa afectación a otras actividades productivas regionales.
Estas voces exigen cambios concretos que el gobierno nacional ignora, apoyando la actividad a través del sostenimiento del marco legal que fue desarrollado en los '90. El mismo garantiza 30 años de estabilidad fiscal a las empresas y prevé excepciones en el pago de impuestos (no pagan derechos de importación de sus maquinarias, los gastos de las etapas previas a la explotación se deducen del impuesto a las ganancias, tienen subsidios provinciales al agua, el combustible y la electricidad y los costos de transporte se deducen del 3% que percibe el Estado como regalías). Finalmente, las regalías se calculan en base a la cantidad de metal que las mineras declaran que extraen. No existe ningún control sobre las cantidades y los metales que sacan. Los metales no quedan en el país por lo que no alimentan a ningún sector productivo local. Por otro lado no es real que la mega-minería dé respuesta a las necesidades de nuestra población, porque ella se sostiene sobre la extracción y el saqueo de metales suntuosos que se utilizan para la acumulación o la ruleta financiera en los mercados internacionales. No es el uso, sino la especulación la finalidad central de estos recursos. Si se quiere dar un fin productivo a zonas áridas para satisfacer las necesidades de la población, se les debería recordar a los gobiernos locales que gran parte de esas áreas actualmente desérticas tuvieron un uso agrícola hace mucho tiempo. Existe tecnología de punta para recuperar dichas áreas desérticas y tener una actividad agrícola que pueda ser utilizada tanto para producir alimentos como para destinarlas a alguna actividad industrial.
Finalmente, y aunque en el sector hidrocarburífero el kirchnerismo tomó una serie de medidas positivas con
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recuperemos el ´ transporte publico! El sistema de transporte argentino viene atravesando en las últimas décadas una situación crítica. A las privatizaciones de los años 90, se suma la presencia privilegiada de grandes grupos económicos y una irresponsable política de Estado, dando como resultado el sistema deficiente y colapsado que conocemos hoy. Así es que cada día se registran 22 muertes por accidentes en el sistema de transporte, un número que asciende a más de 8.000 al año. La tragedia de Once en el mes de febrero, expresó una vez más las consecuencias de esta política de deterioro. Se trata de una situación invisibilizada en los medios de comunicación, pero que se padece diariamente en nuestro país. Lo cierto es que cada sistema de transporte está fuertemente vinculado con el modelo de desarrollo propuesto. El hecho de que nuestra economía se apoye, entre otras cosas, en la exportación de bienes naturales para la obtención de dólares, implica una conformación fuertemente unitaria del sistema de transporte, siempre orientado hacia la Capital Federal y no hacia la comunicación de todas las regiones del interior entre sí. Tres grandes grupos intervienen directamente con un poder de decisión real: funcionarios estatales, las empresas de transporte y producción de vehículos y las direcciones sindicales del mismo sector de la economía. Los primeros han decidido la privatización y la continuación de las concesiones en la explotación de los ferrocarriles, acompañadas con importantes sumas de dinero en concepto de subsidios a quienes se suponen deben garantizar un servicio en buenas condiciones. La realidad es que el pequeño grupo de actores empresariales que han sido beneficiados con las administraciones de los pocos ferrocarriles que quedan en el país - Cirigliano y Roggio fundamentalmente- no sólo no han cumplido con las obligaciones de sus contratos, sino que además, bajo una lógica perversa, fueron desviando los fondos recibidos como subsidios hacía inversiones personales en el sector de transporte automotor de larga distancia. En otras palabras, unos pocos empresarios tomaron el dinero que debían utilizar para invertir en los ferrocarriles y lo utilizaron para fundar y conformar un gran conglomerado de colectivos de línea, mucho más rentables que el tren que ellos mismos solicitaron regentear para luego destruir. Así es como el sistema de transporte privilegia la utilización y la proliferación de automotores. Estos
<< Página 8 >> 100% Soberanía Popular << << << << << vehículos son más inseguros y contaminantes, consumen más energía, son mucho más caros y por ende más exclusivos. Para las clases populares viajar es un verdadero problema, ya sea para trasladarnos a nuestros trabajos y hogares, como también a la hora de realizar un viaje de larga distancia. Ahora bien, explicar las falencias del sistema de transporte desde una mirada estructural no significa que podamos repensar el transporte público en una perspectiva soberana. Lejos de asumir nuestro sistema de transporte como una mercancía o un negocio para unos pocos, consideramos parte de nuestro proyecto concebirlo como un derecho. Esto implica priorizar el impulso de medios de transporte más seguros, económicos, eficientes, ecológicos y que apunten a conectar todos los puntos del país, garantizando movilidad de bajo costo para el conjunto de nuestro pueblo. Creemos que una de las tareas fundamentales es recuperar los trenes en manos del Estado, bajo gestión y control de sus trabajadores y usuarios. Por otra parte, acompañamos una de las reivindicaciones centrales del movimiento estudiantil a lo largo de nuestro país, como es la implementación de un boleto educativo a nivel nacional, de carácter gratuito para estudiantes primarios y secundarios y a un 50% de descuento para terciarios, universitarios y trabajadores de la educación. Entendemos que el boleto educativo, también es parte de la lucha por educación pública y gratuita.
- PROPONEMOSSistema de transporte en manos del Estado, bajo gestión de trabajadores y usuarios
- PROPONEMOSboleto educativo para estudiantes primarios, secundarios, terciarios, universitarios y trabajadores de la educación
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´ Basta de ajuste y precarizacion
Trabajo genuino y salario digno Desde hace casi diez años, la economía de nuestro país se ha recuperado a un ritmo sostenido, más allá de ocasionales coyunturas de crisis, luego del estallido social y económico de diciembre de 2001. Desde el kirchnerismo explican ese crecimiento como resultado de las virtudes mágicas del “modelo”, pero se cuidan muy bien de ocultar que una de las razones fundamentales de esa recuperación son los bajos salarios y la precarización de nuestros trabajos. Los diversos sectores empresarios (industria, agro, comercio, bancos, entre otros) han ganado mucho más que en la década de los ´90. Sin embargo, ante el inocultable impacto de la crisis internacional que también se hace sentir en Argentina, el gobierno nacional empezó a implementar la llamada “sintonía fina”: una serie de medidas que miradas en su conjunto buscan sostener la ganancia empresarial en perjuicio de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Mientras unos la “levantan con pala”, como dijo la Presidenta, a otros la inflación nos come el sueldo y vuelve más vulnerable nuestra situación. La reducción de los altísimos niveles de desocupación que durante los años ´90 y principios del 2000 golpearon duramente a nuestra clase trabajadora, se logró principalmente a través de la creación de una enorme cantidad de empleos precarios. Tal es así que hoy casi un 40% de los trabajadores y trabajadoras asalariados se encuentran en situación de precariedad laboral, tanto en el sector privado como en el público. Uno de cada tres asalariados trabaja “en negro” o se encuentra precarizado y el Estado mismo es uno de los principales precarizadores: impone la tercerización del empleo; vulnera derechos laborales elementales y condena a la miseria salarial a decenas de miles de trabajadores/as estatales. Las consecuencias de la precarización sobre nuestras vidas son variadas y profundas. La extensión de la jornada laboral, la ausencia de obra social y jubilación, así como la aparición de nuevas patologías y enfermedades crónicas son naturalizadas como resultado de los niveles de explotación. Ni hablar de los miles de trabajadores y trabajadoras que anualmente pierden sus vidas o sufren graves secuelas en accidentes de trabajo absolutamente evitables. En este marco, resulta una verdadera infamia la nueva Ley de Riesgos del Trabajo promovida por el gobierno nacional, de clara defensa de las ganancias empresariales
a costa de la salud y la sangre de los trabajadores y trabajadoras. Por esa razón, resulta muy importante resistir a esta reforma neoliberal y avanzar en la creación de una nueva normativa de riesgos del trabajo, que tenga como objetivo primordial prevenir y garantizar la seguridad y salubridad en el trabajo. De lo contrario continuarán los accidentes que son resultado de la voracidad y desidia empresarial.
Los bajos salarios completan el alarmante cuadro de precariedad. Hoy en día tener un trabajo no asegura salir de la pobreza. Las cifras indican que la mitad de los/as trabajadores/as que están ocupados o subocupados en distintos sectores de actividad (7,5 millones de personas), registrados o “en negro”, gana menos de $ 3.000. Y está claro que con ese único ingreso –que se ubica muy por debajo de los $6000 en que se estima el valor actual de la canasta familiar- ninguna familia puede vivir dignamente. La destrucción de las estadísticas públicas, a partir de la intervención oficial del INDEC en el año 2006 a fuerza de patotas, hace imposible el acceso a datos confiables. Los números oficiales, elaborados a medida de las necesidades y deseos de la Casa Rosada, dibujan un país de fantasía que no se corresponde en nada con lo que vivimos día a día cuando vamos a hacer las compras. En ese momento, cualquiera de nosotros se da cuenta de que es imposible que alguien pueda comer con $6 por día; que una familia tipo (matrimonio con dos hijos) pueda cubrir todas sus necesidades con $54 diarios o que sólo haya un 6,5% de pobres en nuestro país. Lejos de esto, el poder adquisitivo de nuestros salarios no para de caer a causa del alza sostenida del precio de los alimentos y otros productos de consumo popular, lo que afecta especialmente a quienes vivimos exclusivamente con los ingresos de nuestros salarios. Sin embargo, no a todos nos va igual. Los empresarios son los que se quedan con las porciones
<< Página 10 >> 100% Soberanía Popular << << << << << más grandes de una torta cada vez más ajena. Para lograrlo, imponen verdaderas dictaduras en los lugares de trabajo: dividen a los/as trabajadores/as en permanentes y contratados; persiguen al que se anima a reclamar o defender sus derechos y dificultan al extremo la organización gremial de base. En no pocos casos cuentan con la colaboración silenciosa o abierta de diversas burocracias sindicales que en lugar de defender nuestros derechos como laburantes cubren las espaldas a los patrones. Para revertir esta situación, los trabajadores y trabajadoras tenemos que organizarnos para defender nuestras condiciones laborales. Unirnos desde abajo y democráticamente para conquistar nuestras reivindicaciones y derechos, emprender un camino de lucha que muchas veces pone por delante la necesidad y el desafío de recuperar nuestras herramientas gremiales para ponerlas realmente al servicio de los trabajadores y trabajadoras.
Todas las conquistas que como pueblo fuimos logrando a lo largo de nuestra historia son el resultado directo de las grandes batallas que supimos dar con el objetivo de acceder a una vida digna. No es esta la excepción: es necesario poner un freno a tanta precariedad de nuestros trabajos y de nuestras vidas. Y está en nosotros animarnos a tomar en nuestras manos la resolución directa de estos graves problemas, como parte de un más amplio y profundo cambio social que debe sostenerse en un ejercicio cotidiano de poder y soberanía popular. Soberanía popular, para nuestros trabajos, significa millones de puestos de empleo estables, con aportes previsionales, cobertura social y salarios acordes a la canasta familiar. Trabajo genuino y digno que permita que nuestras familias puedan alimentarse, vestirse, acceder a la cultura, al descanso y a la recreación, desarrollándonos integralmente en todas las esferas de nuestras vidas. Para ello, debemos organizar nuestra bronca y convertirla en una verdadera alternativa política que luche por un país emancipado, igualitario y libre de todas las formas de opresión.
Si trabajás en negro. Si tenés un contrato flexible o de tiempo parcial. Si no tenés beneficio social. Si no tenés el derecho a organizarte junto a otro trabajadores. Si cada día trabajás más , ganás menos y en peores condiciones:
- ¡ORGANIZATE! -
<< Página 12 >> 100% Soberanía Popular << << << << << En las últimas décadas hemos sufrido las consecuencias de la privatización de cada vez más aspectos básicos para el desarrollo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más las familias y los individuos debemos pagar por los servicios básicos que antes garantizaba el Estado, de forma gratuita y universal. Debido al recorte de fondos, y a veces incluso al vaciamiento de estos servicios, es común escuchar que las familias se endeuden cada vez más para pagar servicios privados, debido al deterioro de la calidad del sistema público (en salud, educación y transporte, entre otros). De la misma forma, resulta habitual que alguna familia decida “ajustarse el cinturón al máximo” por varios años para comprarse una casa, o un lotecito mientras está construyendo muy de a poco. Lo mismo cuando hay que renovar el contrato de alquiler, o mudarse. Y ni hablar de las familias que tienen que amontonarse en una vivienda o construir en el fondo o por encima de la casa de algún familiar. Si estos relatos nos resultan habituales y hasta cotidianos, es porque con el correr de los años nos han querido convencer de que la vivienda no es un derecho del pueblo, por el cual es justo reclamar, sino un “bien de lujo” para algunos pocos. De esta manera, se nos dice que cada familia debe garantizarse su vivienda por sí misma, y los que no pueden: “por algo será”. Y al mismo tiempo, en vez de facilitar el acceso a la vivienda de la mayoría de la población, los gobiernos encaran la política de vivienda como una oportunidad para hacer negocios inmobiliarios y con las grandes empresas constructoras, cuando lo que realmente necesitamos es acceder a un espacio donde desarrollarnos como personas, como familias y como comunidad. La actitud de los diferentes gobiernos frente a esta temática no ha cambiado en lo sustancial con el tiempo, siendo este un problema siempre pendiente en la agenda
política. Como ejemplo, el programa Pro.Cre.Ar recientemente anunciado por el gobierno nacional, si bien ofrece créditos baratos, es una medida pensada principalmente para reactivar la actividad de la construcción, pero no tiene una mirada integral sobre el problema de la vivienda. No cuestiona la sumisión del derecho a la vivienda a las reglas salvajes del mercado y,
por los requisitos que pide, deja afuera a los sectores que más urgentemente necesitan una solución en materia habitacional. En este contexto, los que hacen negocios con la vivienda tienen un modelo de urbanización (de “crecimiento de la ciudad”) que nos excluye: los countries y los edificios-torres. Estos esquemas de negocios consisten en enormes inversiones de dinero destinadas a construir espacios urbanos cerrados en los que los sectores más acomodados de la sociedad puedan desarrollar su vida sin “mezclarse” con el resto del pueblo. Ese modelo de urbanización está creciendo en la Argentina de la mano de un acelerado proceso de e s p e c u l a c i ó n i n m o b i l i a r i a q u e fo m e n ta l a mercantilización progresiva de la tierra en detrimento del uso de la misma basado en su función social. Todo ello, fomentado por una serie de leyes y normas que habilitan y promueven ese tipo de inversiones especulativas. Los enormes montos de dinero puestos en este tipo de actividades encarecen permanentemente el precio de la tierra, de los materiales básicos de la construcción y de los alquileres. Es por esto que las ciudades van “expulsando” permanentemente a los sectores de menores ingresos, obligándolos a mudarse cada vez a zonas más alejadas. Asimismo no podemos dejar de mencionar que, frente a la violencia excluyente que ejerce este modelo y para garantizar su subsistencia, innumerables familias se ven empujadas a tomar tierras como forma de combatir la crisis habitacional. Estas tomas, absolutamente legítimas, son la forma más extrema de acceder a un derecho esencial negado por el sistema desigual en el que vivimos. La redistribución de tierras por parte del Estado debería apuntar a cuestionar el régimen de propiedad actual, garantizando la soberanía popular de nuestra tierra y de nuestros territorios. Por el contrario, en 2011 el gobierno nacional aprobó una ley que pone
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Hacia el...
2EMANCIPADOR DO -
POR UN
PROYECTO
24 DE NOVIEMBRE Plaza congreso - buenos aires El 18 y 19 de Noviembre de 2011 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el 1° Foro por un Proyecto Emancipador. Más de 2mil personas debatieron sobre las distintas problemáticas sociales y las apuestas de las organizaciones populares, como la soberanía popular, el acceso a la tierra y la vivienda, el derecho a la salud pública, la comunicación y la cultura y la democracia sindical, con la intención delinear una propuesta alternativa de país. La próximo edición a realizarse el 24 de Noviembre, se propone retomar y profundizar aquellas primeras conclusiones: desde la reflexión, la participación, como así también desde la experiencia de diversos movimientos y organizaciones populares. El desafío de construir una propuesta de cambio está mas vigente que nunca: aún después de una crisis a escala global, en nuestro continente se sigue apostando a un modelo de desarrollo que compromete nuestros recursos estratégicos, nuestro futuro y del nuestro pueblos. Pero que además, continua sin dar respuestas a las grandes deudas sociales. Por eso, queremos fortalecer una propuesta asentada en la construcción de SOBERANÍA POPULAR. Convocamos entonces a participar este 24 de Noviembre del SEGUNDO FORO POR UN PROYECTO EMANCIPADOR, para compartir nuestras ideas y avanzar en propuestas que expresen los deseos, necesidades e iniciativas de las grandes mayorías.
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10 Propuestas Políticas EMANCIPATORIAS
POR UN
DO -
2EMANCIPADOR PROYECTO
100% SOBERANÍA POPULAR
Construyendo una ALTERNATIVA de PAÍS paneles de debate:
Recursos Naturales Tierra y Vivienda Trabajo Transporte Público
24 DE NOVIEMBRE de 2012 Plaza congreso - buenos aires
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS POPULARES DE ARGENTINA
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