La conservación y ordenación de los documentos en nuestro ordenamiento jurídico administrativo (II): una mirada más allá de la normativa archivística. Enrique Jorge Payá Sellés En la primera entrega de este trabajo, hicimos referencia a las previsiones que, en materia de ordenación y conservación de documentos, aparecían recogidas en la legislación sobre función pública. Continuamos ahora, con el análisis de la normativa de organización y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En este sector del ordenamiento, frente a la escasez de referencias a la conservación y ordenación de los documentos en la ley de procedimiento administrativo común, destacan las previsiones contenidas en la normativa específica o sectorial. Normativa básica común: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común (Ley 30/1992). En la exposición de motivos de esta ley se afirma que “las reglas esenciales del procedimiento administrativo son una pieza fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad y de su Administración”. Sin embargo, pese a que el expediente es considerado “la materialización de aquél, el procedimiento hecho papel” (GUAITA, 1964), el legislador no incluyó en esta Ley las reglas relativas a su formación. Por ello algún autor afirma que “el tratamiento del concepto expediente en la Ley [30/1992] resulta
bastante
esca-
so” (RIVERO ORTEGA, 2008). © Jorge Payá Sellés
SÍMILE nº 21