[ 230 ] FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE
En una segunda instancia, sugerimos que el Gobierno nacional promueva el ordenamiento ambiental de otras regiones naturales (mar argentino, humedales, pastizales, áreas cordilleranas) a través de la inclusión de la variable ambiental dentro de las iniciativas en marcha de ordenamiento territorial lideradas por el Ministerio de Planificación Federal (COFEPLAN), y que esto se cristalice en una legislación acorde. Para ello, se podrá tomar como base la experiencia ya en marcha de la implementación de la Ley de Bosques. Este proceso debería brindar el marco para discutir el perfil de desarrollo para cada región y la conveniencia de impulsar distintas actividades productivas (minería, por ejemplo) en cada una de ellas. Avanzar hacia una planificación espacial marina nos permitirá como país fortalecer el rol internacional en la gestión estratégica del territorio marino y en la consolidación de los derechos soberanos. Finalmente, en una tercera etapa, se debería trabajar para alinear las políticas y la legislación existentes, y para generar otras que promuevan los mejores usos del territorio. Alinear los mecanismos ya existentes de promoción de diferentes actividades productivas con los resultados del ordenamiento territorial aportaría un mecanismo de financiamiento adecuado cuya implementación no requeriría un significativo incremento de la inversión pública. Estas medidas pueden ser complementadas con incentivos económicos directos, así como a partir de mejoras en materia de infraestructura que acompañen el proceso.
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Proteger el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina a partir del fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) y de la promoción de una normativa que fije estándares mínimos y políticas comunes entre diferentes jurisdicciones Las áreas protegidas (reservas naturales) son las mejores herramientas para conservar a largo plazo muestras representativas de nuestra diversidad biológica, terrestre y marina. Pero también la forma de encontrar otros modelos de desarrollo, basados sobre la conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas, y sobre la promoción de actividades económicas como el turismo. A su vez, contar con una red de áreas protegidas facilitará el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos (Convenio de Diversidad Biológica, ONU). En una primera etapa, resulta esencial fortalecer al Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) que funciona en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), con la estructura y recursos necesarios para coordinar entre las diferentes jurisdiccio-