¿Qué exigirle a nuestros congresistas …y qué no?
Marcela Escandón Vega Historiadora, politóloga. Máster en Ciencia Política Directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política @MarceEscandon
En Colombia no es ningún secreto que el Congreso de la República es una institución con gran desprestigio, altos riesgos de corrupción, influencia de actores ilegales y uno de los peores niveles de credibilidad en el país. Las jornadas electorales de este año –tanto legislativas como presidenciales- significaron nuevos cuestionamientos al legislativo colombiano ante la persistencia de presiones al ciudadano, compra de votos e influencia de actores ilegales en los resultados electorales. Sin embargo, y aunque resultan legítimas estas denuncias y preocupaciones, también debe reconocerse que buena parte de los debates que los ciudadanos tenemos en torno a lo que falla en nuestro sistema legislativo se dan en medio de la ignorancia. Esto sucede no sólo porque el 63% de las personas no recuerda por quién votó para que lo representara en el Congreso1, sino porque muchos desconocen la organización interna, competencias, responsabilidades y limitaciones de esta institución. En este contexto, el presente artículo busca problematizar algunos de los escándalos, críticas recurrentes y lugares comunes que se han ido construyendo en torno al Congreso colombiano, con el fin de abrir una discusión menos superficial y más responsable sobre aquello que debemos exigirle a nuestros congresistas, pero sobre todo, acerca de aquello que no debemos reclamarles.
Fuente: Barómetro del Capital Social, BARCAS, 2011. Fundación Restrepo Barco.
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¿Que asistan a todos los debates y no viajen tanto? Medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos del común han discutido y criticado las inasistencias y viajes de los congresistas, preguntándose por qué se dan el lujo de “pasear” tanto para faltar a los debates legislativos y quién asume los costos. Para comprender el asunto: los viajes de los congresistas son semanales y están financiados con dineros públicos2 , lo cual no sólo es legal sino deseable, puesto que la labor de un congresista no se lleva a cabo únicamente en el Capitolio Nacional en Bogotá. Los legisladores deben viajar a los departamentos que representan o a sus regiones de mayor votación para mantener contacto con su electorado, y en el mejor de los casos, para rendirles cuentas. Así, los viajes constantes de un congresista - normalmente de jueves a domingo- son legales y además deseables. Con respecto a las asistencias, este no es un buen indicador de la actividad legislativa, no sólo porque un buen congresista no es aquel que no falla a ninguna sesión, o el que presenta más proyectos, sino porque las inasistencias pueden convertirse en una estrategia política intencional para que no pueda darse la votación de un proyecto y este no se convierta en ley. Por ello es una herramienta utilizada por la oposición en Colombia y otros países. Del mismo modo, cuando algunos debates giran en torno a temas distintos de su especialidad temática o no resultan de impacto para las comunidades que representan, algunos legisladores deciden ausentarse de los debates. En cualquier caso, es un tema más complejo de lo que se discute con indignación en algunos prestigiosos medios del país, y en consecuencia, publicar las inasistencias a las sesiones dice poco de la labor –buena o mala- de un congresista.
¿Que se acaben las bancadas regionales? El aumento de la bancada costeña en el Congreso ha sido objeto de debate reciente, en especial por su influencia en las actuales mesas directivas. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos sobre ésta y otras bancadas regionales al interior del legislativo. ¿Es la pertenencia a una región un incentivo suficiente para la coordinación, a pesar de las diferencias políticas? Y si así fuera, ¿es esto una confabulación o una buena práctica? Pues bien, el trabajo conjunto entre representantes regionales es bastante deseable, e incluso debería exigirse, pues preocupaciones comunes como las irregularidades en el acueducto de Yopal, Casanare o la desnutrición infantil en La Guajira debería ser suficiente para superar cualquier diferencia ideológica. En Bogotá, por ejemplo, una bancada capitalina habría podido prevenir muchos de los desastres en contratación. En el caso costeño, se han intentado adelantar sin éxito iniciativas como la creación del Ministerio del Mar o el “voto caribe”3 . ¿Son entonces estas bancadas una amenaza para los intereses nacionales, o la democracia? Depende en buena medida del control ciudadano a nuestros representantes, para demandar debates responsables en temas como la descentralización y el tan necesario balance entre la planeación nacional y las autonomías regionales.
Decretos 870 de 1989 y 299 de 2005. Convocatoria electoral simbólica realizada en 2010 para solicitar la constitución de esta región como ente territorial con autonomía de gestión. 2 3
¿Que reduzcan sus altos salarios? El impopular asunto de los salarios de los congresistas ha sido discutido ampliamente, especialmente en octubre de 2013 cuando un decreto presidencial le aumentó el salario a los congresistas, luego de que una sentencia del Consejo de Estado redujera dos de las primas que estos perciben. Muchas comparaciones se hicieron entonces para mostrar que tales salarios son exorbitantes e incluso superiores a otros países de América Latina y Europa. Sin embargo, un primer elemento a considerar es que un salario competitivo es un incentivo para que personas preparadas y capaces decidan ingresar al sector público. Además, si bien los sueldos altos no garantizan ausencia de corrupción, si eliminan la necesidad económica como una de sus causas. A esto se suma que los sueldos de los congresistas en Colombia no son los más altos de América Latina, pues en este sentido, somos superados por países como Chile, México y Brasil. En efecto, Chile encabeza el listado con el equivalente en pesos colombianos de más de 53 millones (más del doble de Colombia), pero también encabeza la lista del Índice de Transparencia Legislativa en la región4 por buenas prácticas de transparencia y acceso a la información. Finalmente, debe mencionarse que la designación salarial del Congreso está a cargo del Gobierno nacional y no de los propios congresistas, como muchos piensan. En consecuencia, lo cuestionable es la ausencia de debate sobre los criterios de designación de sueldos a altos dignatarios del Estado, con altas primas en lugar de un salario integral justo y competitivo.
¿Que eliminen la mermelada? Quizá el asunto más polémico del Congreso en lo que va corrido de este año, en especial en elecciones, es el de la llamada “mermelada”. El fenómeno no es más que los Cupos Indicativos que gestionan los congresistas con recursos del orden nacional para beneficio de sus regiones. Esta labor es legal, tal como lo ha señalado la Procuraduría, pero además es legítimo que busquen reelegirse mostrando esta labor, la cual resulta deseable en tanto fueron elegidos para representar intereses y necesidades de los pobladores de sus departamentos (representantes) o zonas de mayor votación (senadores). Lo que resulta cuestionable es la manipulación de contratos en favor de terceros, y otras irregulares posteriores que sabemos que ocurren pero que podrían evitarse con mayor seguimiento ciudadano y con una acción contundente de los entes de control. En definitiva, una gestión adecuada de estos recursos podría hacer la diferencia, por ejemplo, para superar la terrible sequía que hoy vive la costa Caribe.
¿Que hagan algo con el “desprestigio” del Congreso? Numerosos investigadores han documentado la influencia de actores e intereses ilegales en el Congreso, a lo cual se suman las condenas por corrupción y aquellas figuras polémicas que siguen socavando la imagen del legislativo (recordemos a Eduardo Merlano negándose a practicarse una prueba de alcoholemia, a Corzo y su subsidio de gasolina o a Gerlein y su intolerancia frente a la homosexualidad masculina). Pese a ello, un panorama más amplio nos muestra que estos son errores individuales que debemos estar en capacidad de identificar y rechazar, pero que no por ello el 30% de los colombianos debería estar a favor de gobernar sin un Congreso5 , pues esta institución es el ente máximo de representación de los ciudadanos, y el pilar de cualquier democracia contemporánea.
Esta medición es elaborada por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. En septiembre de 2014 serán publicados los resultados de esta medición para 2014. 4
Fuente: Barómetro de las Américas, LAPOP Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la impopularidad de los congresos es un fenómeno relativamente generalizado. En efecto, la naturaleza plural del legislativo y su principal función–discutir y aprobar leyes- son de difícil comprensión para el ciudadano y su impacto no es fácil de identificar, mientras los gobiernos, por el contrario, ejecutan presupuestos y políticas frente a las cuales la gente puede tomar posición y entender más claramente cómo afectarán sus vidas. Así, la naturaleza misma de la institución congresional la hace vulnerable a la desconexión con la ciudadanía en cualquier parte del mundo. En el caso latinoamericano, el nivel de confianza en la rama legislativa es de cerca del 40% por lo que el Congreso colombiano no está muy lejos del promedio de la región a pesar de alcanzar en 2013 el nivel más bajo de confianza en los últimos años (38%). En últimas, si bien los cuestionamientos por influencia de actores ilegales, corrupción y demás Fuente: Barómetro de las Américas, LAPOP, 2012. Ver iniciativas como www.observatoriolegislativoicp.org.
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problemas de legitimidad en el legislativo persisten, la responsabilidad no es sólo de los congresistas. Nuestro deber ciudadano es ejercer control social y demandar cada vez más y mejor información. Las redes sociales y las nuevas generaciones, más abiertas al intercambio de información y su inmediatez, hacen cada vez más fácil la denuncia y el monitoreo6 . Por lo tanto, la responsabilidad en nosotros de manera más clara, como ciudadanos, como electores y como jefes de nuestros representantes. Sin lugar a dudas, el Congreso debe autoreformarse. Lo consignado aquí no es una defensa ingenua a un Congreso incomprendido, o un intento por desconocer sus debilidades institucionales. Es un llamado es a construir una ciudadanía crítica, que tenga claro qué exigir a un congresista y qué no; que en la era de las redes sociales y el wifi no se quede dormida para indignarse hipócritamente cada cuatro años por la compra de votos… siendo ella quien los vende.