¡ Quédate en casa ¡
Editor: Fernando Alvarado de la Fuente E-mail: bioferdi@hotmail.com Blog: http://fernandoalvaradodelafuente.blogia.com/ FaceBook: Fernando Alvarado BioFerdi WEB: www.ideas.org.pe Facebook: http://www.facebook.com/centroideas.peru
NOTICIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
NINO BARIOLA: “¿PARA QUÉ QUERRÍAMOS TRANSGÉNICOS EN NUESTRO PAÍS?” Apasionado del estudio de las dinámicas culturales y políticas de los mercados, la desigualdad, la alimentación y la corrupción. Hablamos hoy sobre transgénicos. Escribe Paola Miglio (@paola.miglio) Nino Bariola es un apasionado del estudio de las dinámicas culturales y políticas de los mercados, la desigualdad, la alimentación y la corrupción. Candidato a PhD en sociología por la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) y máster en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad, su tesis doctoral examina los orígenes y efectos sociales y ambientales de la reciente expansión transnacional de la gastronomía peruana. Hoy hablamos con él sobre cómo el debate sobre transgénicos se extiende más de la ciencia. No vamos a discutir sobre el perfil científico de los transgénicos o el glifosato. Hablemos de los que muchos científicos no ven: salgamos del laboratorio. ¿Son buenos para el Perú? Una pregunta clave algo opacada en el debate actual en el Perú es la de para qué querríamos cultivos transgénicos en nuestro país. En las naciones vecinas, el uso de transgénicos está orientado casi exclusivamente a la agricultura industrial de escala masiva para la producción de alimento animal. Es por eso que varios expertos hablan de la convergencia entre el “giro biotecnológico” de la agricultura y la creciente tendencia hacia la “carnificación” del consumo global. En Argentina y Brasil, vemos justamente eso. La socióloga Amalia Leguizamón da cuenta en su investigación que en Argentina la soya transgénica ocupa cerca del 50% de toda la tierra cultivable del país, constituye más del 30% de las exportaciones, y esas exportaciones se destinan a países que la utilizan como forraje animal. ¿Es ese el modelo agroalimentario por el que queremos apostar en el Perú? Me parece que no. Este modo de producción genera e intensifica problemas sociales y ambientales serios como la deforestación y la concentración de tenencia de tierra. Hay amplia evidencia científica que da cuenta de estos problemas y que apunta al rol de los transgénicos en cómo y cuánto se vienen agravando. Varios biólogos sugieren que en el Perú se podría dar usos distintos y más ceñidos a los transgénicos. Eso es imposible dadas las condiciones institucionales y estructurales actuales. Y no debemos ser ciegos ante el hecho de que en el resto de países de la región los transgénicos se usan fundamentalmente para ese modo de producción masivo ni olvidar que los intereses de las poderosas corporaciones metidas en el tema (como Bayer) tienen también ese horizonte. Creer en este marco que el Perú va a ser excepcional en la adopción de esta tecnología me parece más un acto de fe que otra cosa. Tenemos un país marcado por distintas matrices culturales. Pero el Estado comete errores como darle anchoveta a un niño que vive la Amazonía y no entiende por qué está mal. Los científicos caen en lo mismo al no prestar atención a las características de los lugares en los que quieren implementar la biotecnología. ¿Por qué nos somos capaces de analizar el contexto? Hay varios apuntes que desgranar sobre la relación entre ciencia, agricultura, Estado y sociedad. Tenemos un Estado con una capacidad institucional muy limitada—y es particularmente limitada en materia ambiental-. La debilidad del Estado puede ser una verdad de perogrullo, pero cabe traerla a
colación porque algunos biólogos parecen olvidarse de ella al abogar por ya permitir cultivos transgénicos con solo crear un marco regulatorio para su uso. Asumir que eso es factible en el Perú a corto plazo y que va a funcionar adecuadamente es pecar de inocencia. No ha sido posible crear institucionalidad del calibre necesario en los 10 años de la moratoria. En países como Argentina y Brasil, donde el Estado es mucho más fuerte que el peruano, hay problemas para regular y manejar el tema. Y el grado de inocencia de esta idea es incluso mayor cuando tenemos en cuenta, además, que varias de las corporaciones más grandes y poderosas del mundo son parte de la ecuación: estas compañías son dueñas de las semillas transgénicas que se utilizan en gran parte de cultivos de este tipo en el continente. Falta muchísimo pan por rebanar todavía en el Perú en términos del desarrollo de una institucionalidad ambiental sólida que pueda hacerse cargo con solvencia de un tema como este. ¿Los transgénicos serían entonces una imposición al campesinado? Otro aspecto vinculado con la limitada capacidad del aparato estatal peruano tiene que ver con su falta de habilidad para articular demandas y perspectivas de los sectores menos favorecidos de la población. La situación es más grave incluso cuando son dichos sectores los que se verían afectados más significativamente por la medida que está en juego. En el caso de los transgénicos, su ingreso para cultivos afectaría principalmente a los campesinos y las campesinas del país. Un gran número de gremios y asociaciones campesinas e indígenas ha dejado clara su posición al respecto: pese a la pandemia, han podido organizarse eficazmente y logrado el apoyo masivo de sus bases y de aliados en distintos sectores de la sociedad para solicitar al Ejecutivo y al Congreso que se extienda la moratoria vigente para el ingreso de transgénicos. El Congreso hizo suyo el pedido de las organizaciones y aprobó una extensión de la moratoria por 15 años. Pero el Ejecutivo ahora planea observar la propuesta de norma. El Presidente no debería darle la espalda a las organizaciones y asociaciones campesinas. Debería firmar y promulgar la ley sin demora. Es más, esta debería ser la primera de una serie de normas que configuren una política sustantiva de apoyo a la pequeña agricultura. La situación en la que la pandemia está dejando a la población campesina es especialmente precaria y requiere de la atención urgente del gobierno. Muchos expertos anotan que “la gente tiene libertad de elegir”, y que prohibir los transgénicos es paternalista. Pero la libertad de elegir también se desprende del derecho a estar informados. ¿Estamos suficientemente informados? Más que reducir el debate a si estamos informados o no, habría que pensar que hay diferentes niveles de conocimiento necesarios para abordar el tema y distintas perspectivas al respecto. Se viene procurando construir la imagen de que la oposición de los campesinos y las campesinas ante el tema está basada en la mera falta de información veraz y de que si tan solo escucharan a los biólogos cambiarían de opinión. Esta es una falacia bastante problemática. En primer lugar, varias de las organizaciones campesinas que se vienen pronunciando sobre el asunto están sumamente bien informadas sobre los impactos que han traído los transgénicos en países vecinos. Muchos de sus líderes, como Luis Gomero y Clímaco Cárdenas, tienen años siguiendo y estudiando el tema. Es insultante asumir, como hacen algunos personajes en redes sociales, que la oposición a los transgénicos tenga necesariamente que ver con desconocimiento. Por otra parte, hay sin duda muchos científicos que conocen bien el tema y seguramente tienen la mejor de las intenciones. Pero ante preguntas críticas sobre, por ejemplo, el impacto del glifosato o la deforestación, tienden a responder esquivamente sugiriendo que esos son efectos de los usos de la tecnología y no de la tecnología en sí, o recurren al discurso utópico según el cual los transgénicos son esenciales para incrementar la productividad de los cultivos y tienen así el potencial de mejorar la vida de los campesinos. Estos dos tipos de respuesta son cuestionables. La idea de que los avances tecnológicos son neutrales y que pueden ser aplicados sin prestar atención a las condiciones específicas del contexto socio-ambiental en el que se quieran implementar ha sido problematizada por una larga tradición de historiadores de la ciencia. En este caso, estamos hablando de una tecnología que, en gran medida, ha servido los intereses de grandes corporaciones multinacionales y que ha sido notablemente funcional a un régimen agroalimentario neoliberal y a las dinámicas sociales y ambientales propias de dicho modelo—acumulación por desposesión, monocultivos, entre otras-. El que algunos biólogos desmerezcan estos puntos o que prefieran no comenzar la conversación por allí es problemático, porque por ese lado van las preocupaciones que tienen muchos campesinos. He leído en redes que científicos llaman ignorantes a los agricultores. ¿Qué piensas sobre eso? Es
lamentable ver a científicos que llaman “ignorantes” o “bárbaros” a quienes están en desacuerdo con ellos. Estos científicos (que, cabe señalar, son un puñado de gente y no toda la comunidad de las ciencias) parecen creer que su propia voz debe prevalecer por sobre la del resto en este tema porque ellos son expertos en la materia. Siendo yo mismo alguien que viene estudiando años en un programa doctoral, puedo entender sus ganas de hacerse escuchar. Pero hay pues límites para esa convicción. Quedan en offside mal cuando insultan a quienes expresan preocupaciones completamente comprensibles y legítimas sobre el tema. Esto ha ocurrido en varios foros, presentaciones y redes sociales. Ante preguntas, por ejemplo, sobre los efectos ambientales de los transgénicos, algunos científicos han respondido con sorna o aduciendo que estaban siendo manipulados, que estaban desinformados por fake news o se les tachaba de anticiencia. Juzgan desde la comodidad de escritorio a quienes tienen una vasta experiencia en el campo… Siguiendo el punto anterior, la pericia de los científicos puede bien residir en temas genéticos; pero los problemas de los transgénicos no son (solo) de ese orden; son, también, problemas políticos, sociales y económicos. En ese sentido, para evaluar consistentemente los impactos de los transgénicos hay que saber sobre cosas que van más allá del campo disciplinario de la biología. Hay que saber sobre las dinámicas sociales del régimen agroalimentario neoliberal y sus efectos en la soberanía alimentaria, sobre los procesos de expropiación de tierras y la acumulación por desposesión que cunden en el mundo rural latinoamericano, sobre los factores que generan o incrementan la deforestación, sobre el funcionamiento del Estado y, en particular, sobre la historia de las relaciones Estado-campesinado y pueblos indígenas. El desarrollo rural es un asunto multidimensional y que debe ser analizado contemplando diferentes escalas. Plantear una jerarquía de conocimientos basada en la experticia de una disciplina específica, como procuran hacer algunos de estos cinetíficos, resulta limitado y simplista en virtud de que ignora dimensiones cruciales del asunto. Si campesinos andinos— que han sido guardianes de semillas y de la biodiversidad, y que en el pasado no han necesitado comprarlas—tienen que hacerlo, se podrían enganchar con los transgénicos. ¿No se comenzaría a generar un círculo vicioso que favorece a grandes empresas mas no a ellos? Los precios bajarían enormemente, ¿no? Si hay más producto, se paga menos porque los productos no tendrían valor agregado. Los proponentes de los transgénicos tienden a repetir un discurso que circula transnacionalmente según el cual estos cultivos resultan esenciales para el incremento sustantivo de la productividad de la producción agrícola, y que eso es absolutamente providencial dado el crecimiento demográfico de la población global. Como dice el sociólogo Pablo Lapegna, este discurso a menudo viene sazonado con un imperativo moral que presenta a los cultivos transgénicos como una tecnología para ayudar a los campesinos más pobres. Comento parte por parte. Los metaestudios más exhaustivos que hay al momento sugieren que los cultivos transgénicos, en general, no son más productivos que los cultivos convencionales. Así lo señala un reporte de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos, además de múltiples otras fuentes. Este punto es crucial porque pone en cuestionamiento uno de los pilares de los argumentos con los que se promociona los transgénicos. Por otra parte, la propuesta de resolver el problema de la alimentación del mundo con la implementación de biotecnología no es nueva. Pero a estas alturas ya tendría que estar claro que plantear que los transgénicos son la solución mágica ante el problema del hambre, implica desconocer las raíces del asunto. Múltiples expertos han dejado claro que hay suficiente alimento para la población del mundo. Sabemos que el problema del hambre es generado por pobreza y desigualdad, más que por escasez. La gente más pobre, por sus limitados recursos, no puede acceder a los alimentos que hay disponibles en mercados locales. Esto ocurre no solo a escala global, sino que es una descripción precisa de lo que ocurre en el Perú también: casi 3 millones de peruanos y peruanas no tiene qué comer, pero el país desperdicia 33% de todos los alimentos que se producen. Esta es una de las ironías más trágicas de un país en el que hay una efervescencia nacional alrededor de la gastronomía. Finalmente, ¿puede la biotecnología ser beneficiosa para los campesinos más pobres? El sociólogo Gerardo Otero nos recuerda que las semillas transgénicas son commodities, y como tales, han sido desarrolladas y son distribuidas para generar lucro. El que las semillas se encuentren patentadas, el que los campesinos que las utilizan deban periódicamente comprar nuevas y el que sea necesario en
muchos casos comprar herbicidas específicos puede ser un esquema de negocios lapidario para los productores, aunque sea ciertamente muy beneficioso para las compañías dueñas de la tecnología. Si es que el interés legítimo tras el ímpetu de aprobar los cultivos transgénicos en el Perú articula realmente una preocupación por los campesinos más pobres y por incrementar sus oportunidades, ¿por qué entonces otras medidas y políticas de desarrollo agrícola no reciben la misma atención de los científicos en general? ¿Por qué los científicos que salen ahora a reclamar no dijeron nada acerca del realmente pobre nivel gasto público en agricultura que tiene el Perú? ¿Cuáles son los ángulos que el Estado debería analizar para permitir (o no) el ingreso de los transgénicos a Perú? ¿Crees necesaria esta moratoria? Nuevamente, es esencial que el Ejecutivo haga propia la perspectiva de las organizaciones campesinas e indígenas que se han pronunciado sobre el tema. Los miembros de esas asociaciones y gremios serían los principales afectados si es que llegará a abrirse paso a los cultivos transgénicos. Su voz, por eso, carga particular importancia y debería encontrar eco en los múltiples poderes del Estado. También es importante considerar, como ha dicho Eduardo Zegarra, que los cultivos transgénicos podrían poner en jaque la competitividad que ha ganado el Perú como exportador de materias primas y productos de alta gama. La gastronomía peruana ha aportado significativamente a que varios de estos productos sean valorados, y el éxito de nuestra cocina tanto a nivel local como en la escala transnacional depende, en buena medida, de la amplia despensa con la que cuenta el país. La admisión de cultivos transgénicos podría afectar esta ventaja comparativa, no tanto por posibles instancias de contaminación, sino más bien porque afectaría la reputación que el terroir andino y amazónico ha ido consolidando. En los nichos más exigentes de mercado trasnacional, los transgénicos no tienen lugar. Poder garantizar que los productos están completamente libres de ellos otorga valor agregado y en no pocos casos, incluso, es condición de posibilidad para poder siquiera ser parte de esos mercados. El Estado debe seguir promoviendo la investigación en el tema y la comunidad científica debe aprovechar los años que propone la nueva moratoria para establecer lazos de colaboración con gremios y asociaciones campesinas y para exigir al gobierno apoyo en este sentido. Considerando todo lo dicho, ¿tiene sentido incurrir en los riesgos que implica abrir el país al ingreso de cultivos transgénicos? Me parece que no. No están dadas las condiciones estructurales e institucionales para que sea posible controlar los riesgos. Etiquetas: transgénicos, moratoria, cultura, desigualdad, dinámicas culturales, nino bariola, sociólogo, entrevista Fuente: http://www.eltrinche.com/datos-calientes/nino-bariola-para-que-querriamos-transgenicos-ennuestro-pais/
Estudio analiza lobbies de la industria contra el etiquetado de alimentos en América Latina Un informe elaborado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y El Poder del Consumidor, de México, analiza la interferencia de la industria para impedir la aplicación del etiquetado frontal de advertencia en Chile, Perú, Uruguay y México. Explica cómo las empresas productoras de alimentos y bebidas ultraprocesadas tienen acceso privilegiado a funcionarios públicos para modificar normas que los perjudican. Por Kennia Velázquez La presión alta, los niveles de azúcar elevados, sobrepeso y obesidad, son la causa del 44% de las muertes en América Latina. Estas afecciones son provocadas por la alimentación poco saludable en la región: en promedio cada latinoamericano consumió 129,7 kilos de productos ultraprocesados en
2013. Pero las políticas para impulsar la alimentación saludable en la región tienen un poderoso actor al frente: la industria de alimentos industrializados. Un estudio de dos importantes organizaciones en el tema de alimentación saludable en América Latina, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), de Colombia, y El Poder del Consumidor (EPC) de México señala que esta industria que debería ser regulada participa en su propia regulación. El reporte analiza la interferencia de la industria para impedir la aplicación del etiquetado frontal de advertencia en Chile, Perú, Uruguay y México. El informe encuentra en los cuatro países estrategias similares: cabildeo en el Congreso y negociación con legisladores, financiación de campañas electorales, pago de expertos con conflicto de intereses, influencia en medios de comunicación, difusión de argumentos falaces que generan miedo económico, cooptación de líderes sociales y voceros, lavado de marca mediante acciones de responsabilidad social empresarial, utilización de puertas giratorias, demandas judiciales a las normas e intimidaciones a organizaciones de derechos humanos promotoras del etiquetado. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que en todos los países se necesitan medidas regulatorias para los productos poco saludables, sea por medio de normas en políticas fiscales, sobre el etiquetado, la promoción o la publicidad. Desde 2015, cuando Chile decretó la Ley de Alimentos que obliga a los productores a establecer un etiquetado frontal de advertencia, en la región se han impulsado diversas disposiciones para desincentivar el consumo de estos productos, siguiendo los pasos del modelo chileno. Por su parte la Organización Panamerica de la Salud (OPS) hizo público un estudio en el que muestra la eficacia del uso de los octógonos negros para que los consumidores opten por productos más saludables, pues “permiten al consumidor identificar de manera correcta, rápida y fácil de los productos que contienen cantidades excesivas de insumos críticos”. Distintos países, mismas tácticas El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, el doctor Dainius Püras, ha denunciado que las presiones de la industria son “una influencia indebida” en la toma de decisiones de los gobiernos y que éstos deben garantizar que las regulaciones que previenen los daños a la salud de la población tomen en cuenta los derechos humanos y la evidencia científica libre de conflicto de interés. Así lo señaló en su llamado a no permanecer pasivos frente a las enfermedades no transmisibles y a "abordar de manera proactiva e integral los factores de riesgo prevenibles". El informe de la Corporación Colectivo de Abogados y El Poder del Consumidor considera que la interferencia de la industria representa un riesgo para la democracia debido al “acceso privilegiado de la industria a los funcionarios de gobierno por fuera del ámbito de debate democrático, lo que se tradujo en un aumento de su capacidad para retrasar o modificar los reglamentos, con el fin de que le fueran más favorables”. EL INFORME ENCUENTRA EN LOS CUATRO PAÍSES ESTRATEGIAS SIMILARES: CABILDEO EN EL CONGRESO, FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS, PAGO DE EXPERTOS CON CONFLICTO DE INTERESES PRIVADOS. Concluye también que existen asimetrías de poder entre la industria y la sociedad civil que exigen garantías para mejorar el derecho a la salud, debido a que con la captura de los espacios de decisión, “la industria ha atentado contra la naturaleza representativa de los procesos de formulación de políticas públicas propias de los regímenes democráticos”. Esto es posible gracias a los “procesos y mecanismos opacos y por la falta de control sobre las actividades de cabildeo, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, el financiamiento a campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, la contratación de despachos de abogados que realizan estrategias legales a gran escala, y que contribuyen a generar ambientes propicios para que las malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población”.
El estudio sostiene que muchas de estas empresas tienen estrategias de comunicación que las muestran como promotoras de estilos de vida saludable y como actores socialmente responsables, de tal suerte que “su actuar corporativo e interferencia en la formulación de políticas públicas de salud” es visto como normal. En los diferentes países analizados, para lograr el apoyo de la opinión pública, los representantes de la industria de alimentos ultraprocesados generan miedo económico, tanto en Chile, Perú, Uruguay como en México “fue frecuente que los representantes de la industria dijeran que de ser aprobado el etiquetado frontal de advertencia tendría efectos adversos en las economías nacionales. Argumentaron que afectaría los empleos de la industria, a los anunciantes, a los productores de empaques y a la economía en general”. PARA LOGRAR EL APOYO DE LA OPINIÓN PÚBLICA, LOS REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS GENERAN MIEDO ECONÓMICO. En el caso chileno se ha demostrado que no ha habido impactos negativos ni en el empleo, ni en los salarios reales en la industria agroalimentaria; por el contrario, en diciembre de 2019 el sector industrial chileno creció un 3,2%. Pese a ello, se ha visto que en la medida que más países discuten la posibilidad de contar con un etiquetado frontal de advertencia, las multinacionales utilizan argumentos similares. Por un lado, el reporte recoge casos en los que estas compañías se dicen comprometidas con el combate de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, pero al mismo tiempo aseguran que los sellos no son la medida efectiva para combatir las enfermedades crónicas, pues dicen que “estigmatiza comestibles, atemoriza al consumidor y oculta información nutricional relevante “. Una vez aprobados los sellos, cuando se trabaja la regulación, en los cuatro países “la reglamentación del etiquetado frontal de advertencia ha sido un momento clave que aprovecha la industria para interferir y desnaturalizar la medida”. El proceso suele estar en manos del ejecutivo, normalmente por medio del Ministerio de Salud, “el ejercicio de interferencia en estos escenarios puede resultar más provechoso para la industria. Esto ocurre con mayor claridad cuando el poder ejecutivo está en cabeza de gobiernos pro-empresariales o con vínculos con la industria, como en el caso de Chile con Sebastián Piñera y el de Enrique Peña Nieto en México”. En los cuatro países, la industria propuso que los sellos no fueran octógonos negros con texto blanco, sino círculos o rectángulos con el porcentaje de valor diario de nutrientes críticos. También han presionado para cambiar la leyenda de “Exceso de…” por “Alto en”. Solo en México la industria no logró el cambio. En varios países, la industria recurrió al poder judicial o administrativo para frenar la medida. En Chile demandaron por violación de las normas de propiedad intelectual; en Perú, por implementar barreras burocráticas al libre comercio y en México porque el proceso de discusión y formulación de la norma fue poco transparente. En los cuatro países la industria ha apelado a las normas internacionales de comercio y al Codex Alimentarius para señalar que el etiquetado frontal de advertencia es ilegal o inadecuado. En Uruguay han dicho que se debe adecuar el etiquetado al Mercosur y en México, que es incongruente con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La investigación explica que si el etiquetado ha sido posible en Uruguay, México, Perú y Chile se debe al trabajo de “la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales y los gobiernos garantistas de los derechos humanos”. Mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia y otras naciones, la industria ha sido más efectiva. Sellos que sí funcionan En su informe “Etiquetado frontal como herramienta política para la prevención de enfermedades no transmisibles en las Américas”, la OPS considera a los octógonos como una herramienta óptima, pues “mejorar la información disponible en el sistema alimentario, el acceso a la información y la capacidad de utilizar la información de manera eficaz puede facilitar cambios individuales, ambientales y sistémicos que sean más coherentes con los objetivos de salud pública”.
El organismo considera que los sellos ayudan a informar a los consumidores de una manera rápida, correcta y sencilla si un producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas y sodio. “No prohíbe a los consumidores comprar productos; les ayuda a tomar una decisión informada”. La prohibición ha sido uno de los argumentos más utilizados en contra de los sellos, pues la industria apela a que el consumidor tome decisiones “libremente”. La OPS es contundente y dice que los gobiernos deben intervenir “cuando la salud de la población está en riesgo, se deben tomar medidas de salud pública urgentes y rigurosas”. Lo siguiente que se pide es que se eduque a la población y no inhibir el consumo de los productos chatarra. La OPS considera que una campaña para informar a la población sobre comidas saludables, por sí sola, “no permitiría que los consumidores conozcan de forma rápida y sencilla qué productos son ricos en azúcares, grasas y sodio”, así que se deben utilizar ambas. También se ha dicho que el sistema de semáforo es más eficaz para informar a los consumidores, sin embargo es lo contrario, por ello fue adoptado voluntariamente también por la industria pues “se dieron cuenta de que podían aumentar las ventas de productos no recomendados”. Las empresas de bebidas azucaradas lo utilizan “voluntariamente como estrategia de marketing para aumentar sus ventas al ofrecer luz verde al sodio y las grasas en sus productos azucarados”. Los detractores encuentran que el perfil de nutrientes de la OPS es demasiado riguroso, en cambio, el organismo señala que “simplemente significa que los productos exceden las metas recomendadas de ingesta de nutrientes. Las recomendaciones de salud pública se basan en evidencia, los riesgos para la salud y la carga asociada. Si se cambiaran las recomendaciones, basándose en el mercado y no en la ciencia, los consumidores serían engañados al creer que están comprando un producto que es más saludable de lo que realmente es”. Sobre la posibilidad de que las etiquetas de advertencia nutricional tengan un impacto negativo en la economía, la OPS dice que por el contrario, es una oportunidad “para que muchas empresas desarrollen y amplíen la oferta de alimentos recomendados como parte de una dieta saludable”. Y aunque la industria ha dicho que el etiquetado de alimentos les cuesta millones de dólares, para la agencia internacional los ahorros derivados de las vidas salvadas superan los costos asociados con la modificación de las etiquetas de los productos. El etiquetado tampoco es una barrera de libre comercio, “porque los acuerdos comerciales preservan el derecho a regular para proteger la salud”. La OPS no encuentra que los sellos violen los acuerdos comerciales de SICA, Caricom, T-MEC, Mercosur o de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El etiquetado latinoamericano Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México explica que al ser América Latina una de las regiones que más consumen comida chatarra los gobiernos han optado por una estrategia como la del etiquetado porque es una política que no requiere de tecnología y sí de creatividad y de coordinación. “Afortunadamente el efecto dominó en Latinoamérica está funcionando bien: el concepto de alimentos procesados viene de los estudios de Carlos Monteiro de Brasil, el impuesto a bebidas salió de México, el etiquetado de Chile. América Latina va impactando en el mundo”, sostuvo. Por las multinacionales están bien activas en la región. Diego Rodríguez, integrante de la Alianza de enfermedades no transmisibles de Uruguay afirma que “cuando se pide armonizar con el Mercosur, uno sabe que eso es una dilatoria, porque este tipo de definiciones llevan entre tres y seis años”. EN VARIOS PAÍSES, LA INDUSTRIA RECURRIÓ AL PODER JUDICIAL O ADMINISTRATIVO PARA FRENAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ETIQUETADO DE ALIMENTOS. En Brasil, desde hace 6 años, organismos de la sociedad civil están trabajando por tener un etiquetado, se ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema” dice Ana Paula Bortoleto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor. En Colombia no hay regulaciones, “sólo hay una reglamentación que termina en que se autoregule la industria”, denuncia
la directora de la organización Red PaPaz, Carolina Piñeiros. Ahí el camino aún es largo, pues aún son pocos los actores políticos que trabajan por contar con octógonos. En Argentina esta semana comenzó la discusión del etiquetado en el congreso. Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón, explica que anteriormente en las mesas de discusión “se espera el consenso y uno de los actores que interviene es la industria de alimentos, que dificultan y obstaculizan el proceso”. Bortoleto cree que al haber más países con etiquetado obliga a los otros a adoptar la misma estrategia. Castronuovo ve que “el paso que dio México genera presión, porque hay países que van avanzando y otros que no y el paso de más que dio con cafeína y edulcorantes permite elevar los estándares”. Diego Rodríguez ve con optimismo los avances, “vamos lento, pero se va avanzando, esperamos que se llegue a rotular, por un derecho de los consumidores, por derechos humanos, por derecho a la salud, para evitar la gran epidemia de enfermedades no transmisibles”. En este momento de incertidumbre, el exviceministro de salud de Perú, Enrique Jacoby llama a estar atentos “lo que digo es que la industria está muy prendida para aprovechar el momento de pandemia y sobreexplotarla. Esta es la gran lucha que Latinoamérica tiene por ofrecer en realidad al mundo entero, que es presa de este tipo de comidas malsanas, que nos están destruyendo y la razón por la que las enfermedades crónicas han subido en el mundo”. Kennia Velázquez @KenniaV kenniavelazquezc@gmail.c Fuente: https://ojo-publico.com/2169/estudio-analiza-lobbies-de-la-industria-alimentaria-contraetiquetados?fbclid=IwAR0bv5diyIS94xSSiQ8HzoAl7zEEVcNMyRpRvkYt_-X_qdPkuKlW-PFuLeo
Agrocombustibles: tierras y recursos para alimentar motores (y no personas)
29 octubre, 2020
Uno de los destinos industriales de los dos granos transgénicos cultivados masivamente (soja y maíz) es la producción de agrocombustibles, llamados biocombustibles por el Estado y por las empresas: soja para biodiesel y maíz para el bioetanol (que también puede elaborarse con caña de azúcar, sorgo, canola y grasas animales). Una de las principales críticas a estos procesos es que requiere dedicar millones de hectáreas de cultivo con el único fin de sostener la industria de automóviles y no para producir alimentos. Publicitada como un “solución verde” (porque reduciría el uso de combustible fósil), la producción de los agrocombustibles implica en realidad un alto consumo de energía y existen controversias acerca del balance energético resultante (se discute si se genera más energía de la que se consume para su producción). En Argentina, el 55% del etanol se realiza en base a maíz, mientras que el 45% proviene de la caña de azúcar. El país cuenta con diez plantas industriales en base a azúcar localizadas en las provincias del noroeste (Tucumán, Salta y Jujuy) y otras cinco que producen etanol en base a granos (casi exclusivamente maíz) en el centro del país. Se utilizaron en 2018 más de 1,5 millones de toneladas de maíz para etanol: el 4,9% de la cosecha. La industria de biodiesel cuenta con 38 fábricas, con una capacidad de producción anual cercana a 4,4 millones de toneladas al año. En 2016 produjo cerca de 2,6 millones de toneladas de biodiesel,
exportando 1,6 millones de toneladas y generando divisas por 1.175 millones de dólares. Para el 2018, el consumo interno de biodiesel en Argentina fue estimado en 1,2 millones de toneladas (aproximadamente 1.350 millones de litros de biodiesel a base de soja que van a incorporarse al diesel como corte obligatorio). Por su parte, en Bolivia, la producción de etanol es comercializada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y, por el momento, es para uso exclusivo del mercado interno. Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se comercializaron once millones de litros de Súper Etanol 92 en las 40 estaciones de servicio que existen en todo el país. La producción de agrocombustibles en el país es un componente clave de la política pública agraria. Con una alianza entre el sector privado y público, el Gobierno y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) lanzaron en 2018 el programa “Bolivia en la era de los biocombustibles” y desde entonces se perfilan diversos proyectos y acciones orientados a la producción de agrocombustibles. En septiembre de 2018 se promulgó la Ley 303/2017-2018, de “Aditivos de Origen Vegetal”, que permite la producción y venta de alcohol vegetal para mezclar con gasolina y diesel. Según el Centro Boliviano de Economía de Cainco estima que el proyecto de agrocombustibles (implementado en 2019) podría contribuir con el PIB global de Bolivia en 0,2 %, lo que equivale aproximadamente a 90 millones de dólares anuales, para los próximos cinco años (un total de 450 millones). Sin embargo, según advierten organizaciones de la sociedad civil, el avance de los agrocombustibles impactará en mayor deforestación: en principio, se desmontarán 150.000 hectáreas para la producción de caña de azúcar y 250.000 para la soja. La Fundación Tierra alerta que corren riesgo entre tres y cuatro millones de hectáreas que podrían ser incluidas en planes de agrocombustibles para los próximos diez años. Fuente: https://www.ecoportal.net/paises/agrocombustibles-alimentarmotores/?fbclid=IwAR1FVCOSBwqz8TPiRbY744J7hoh0p_tcMDRvEGbDw8wi2kMQScXT1SAP6i4
Opinión / COMENTARIO
La democracia peruana agoniza La mayoría de los peruanos se oponía a la destitución del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, un sistema político marcado por componendas y corrupción ha logrado vacarlo a cinco meses de las elecciones poniendo de nuevo al país al borde del caos. Por Alberto Vergara Es politólogo peruano. 12 de noviembre de 2020 Por 105 votos contra 19, el congreso peruano destituyó el 9 de noviembre al presidente Martín Vizcarra y al día siguiente asumió el poder quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino. En los últimos tres años, hubo cuatro procesos de vacancia presidencial, se disolvió un congreso y Merino resulta el tercer mandatario. La democracia peruana se muere. Diagnosticar la enfermedad que la está matando es difícil. Porque las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia. No muere a manos de Gulliver, sino de unos enanos ciegos que chocan entre sí ad infinitum y han generado un régimen impredecible, caótico y, ahora ya, agonizante: la democracia peruana es un dilema del prisionero desbocado. Como es natural, en este río revuelto hay unos malos pescadores que tratan de sacar provecho. Pero la agonía solo puede explicarse de la comunión entre pescadores y el sempiterno río. El sistema político peruano en los últimos años ha funcionado como una tómbola corrupta. El negocio
es así: en tiempos de campaña los dueños de inscripciones electorales (hiperbólicamente llamadas “partidos”) reciben aportes y subastan los puestos en sus listas para el Congreso. A más dinero, más encumbrada tu candidatura. Esto generó una política sin lealtades partidarias ni vínculos entre candidatos, partidos y sociedad. La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de campaña. La coima que cobran autoridades subnacionales, llamada diezmo, se institucionalizó, y los empresarios se sumaron sin reparos a la corrupción de las obras públicas en el Perú del boom económico. Líderes de opinión, tecnócratas, empresarios y políticos aplaudieron y alentaron a ese país de crecimiento económico sin ley. Pero el sistema entró en franca descomposición cuando reventó la Operación Lava Jato. El elenco estable de la política peruana, de derecha a izquierda, había recibido aportes y sobornos de constructoras brasileñas y la fiscalía los tocó uno a uno. Loquearon. Al poco tiempo, como en la canción de Tom Waits, constatábamos que “everyone I used to know, was either dead or in prison” [todos los que conocía estaban muertos o en la cárcel]. Se fueron los cabecillas, pero sobrevivió la codicia cortoplacista. Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, obtuvo una bancada exigua que, como era natural en este sistema, se deshizo. No pudo gobernar. Renunció. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, percibió que podría ser presidente si se entendía con el fujimorismo, los verdugos de su jefe. Una vez en el poder, sobrevivió matándolos mediante la disolución del congreso. Vizcarra aparecía triunfante. Hasta que llegó el nuevo Congreso, otra vez colmado de amateurs: liquidaron al presidente para arrancar jirones de poder. El lector extranjero pensará que es ridículo destituir a un presidente cuando solo faltan cinco meses para las elecciones generales, pero en el sistema peruano lo ilógico sería no hacerlo. Es una política de carteristas. Y bajo las reglas del carterismo, Vizcarra ha aceptado su expulsión. Entonces, los políticos peruanos carecen de organizaciones, ideas, militantes. Merino repite las carencias. Hasta hace unos meses nadie sabía de su existencia. Fue elegido para completar el año y medio restante en el mandato del Congreso disuelto y obtuvo poco más de 5000 votos. Y las encuestas indican que la gran mayoría de la población estaba en contra de la vacancia. Su legitimidad para ejercer la presidencia es cercana a cero. Pero conocía el guion: se unió con otros insignificantes y dieron el zarpazo. Y, en esa misma línea, Merino ha nombrado primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4 por ciento de los votos y cuya hondura y visión de país pueden apreciar en este video. Ahora bien, este proceso —que como el filósofo Cornelius Castoriadis podríamos denominar el ascenso de la insignificancia— ha sido posible gracias a algunas disposiciones legales. De un lado, hace unos años se prohibió toda reelección para los parlamentarios, con lo cual el amateur insignificante es una necesidad. En segundo lugar, nuestros políticos precarios descubrieron que la Constitución poseía unas bombas nucleares, como la destitución del presidente. Pero no entendieron que su uso está reservado para casos excepcionales. Con lo cual se hizo cotidiano que el poder ejecutivo amenazase disolver al Congreso, mientras el legislativo trivializaba la vacancia presidencial. Un quinquenio abusando de esas figuras constitucionales. Dentro de este sistema irracional y volátil, sin embargo, pervive la razón ilegal. Los financistas de la política peruana trabajan para dinamitar el Estado de derecho con el fin de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios. Lo veremos en estos días. Un excelente ejemplo son las universidades privadas de mala calidad. Luchan para zafarse de una esforzada reforma universitaria que procura impedir que sigan estafando a jóvenes peruanos. Para desmantelarla los dueños de universidades fletan políticos. Aquí un bosquejo de lo que podríamos presenciar pronto: el presidente Merino es del partido Acción Popular, uno de cuyos líderes principales es Raúl Diez Canseco, magnate dueño de universidades; el estudio de abogados de Flores-Araoz ha defendido a la universidad Telesup, cuyos dueños poseen el partido llamado Podemos; y quien quedará a cargo de la presidencia del legislativo, forma parte del
partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, dueño de un conglomerado de universidades privadas. Podemos apostar sin riesgos a que la reforma universitaria será atacada desde el primer día. Y este no es el único caso: hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias contra la “ideología de género”, etc… El propósito es desactivar la universalidad de la ley y el Estado de derecho. Los congresistas que han llevado a Merino a la presidencia también buscan terminar con investigaciones judiciales. De los 130 congresistas, 68 tienen juicios abiertos. El fujimorismo espera boicotear las investigaciones contra Keiko Fujimori. En Podemos buscan descarrilar las investigaciones que han generado una orden de detención para uno de sus fundadores, José Luna Gálvez. La cabeza de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, tiene 36 procesos abiertos y ha apoyado la vacancia esperando que el flamante presidente libere a su líder, Antauro Humala, preso por el asesinato de varios policías. Parece que el objetivo principal de la coalición vacadora es, entonces, desmantelar el Estado de derecho y mantener el privilegio, la prebenda y la impunidad. Por eso están desesperados por nombrar cuanto antes los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Además, los vacadores han tomado el poder mientras se prepara el presupuesto público para el próximo año. Se relamen. Quieren aumentar indiscriminadamente el gasto, eliminar controles y orientarlo de manera electorera. O sea, al utilizar el dinero público con fines particulares también torpedean el Estado de derecho. El presidente Vizcarra debía y debe ser investigado por las acusaciones ventiladas por la prensa, pero habría que ser ingenuo hasta la tontería para creer que esta coalición lo echó del poder por su entereza moral, la justificación de la vacancia. La legalidad de lo ocurrido es controversial y no soy un constitucionalista calificado para determinar si en el Perú ha ocurrido un golpe de Estado. Pero sí ha habido un asalto al Estado. Una coalición de políticos ligeros e intereses tóxicos intenta secuestrar la república. Si llegaran a tener éxito mereceríamos padecerlos. Pero me inclino a pensar que no será así. La ciudadanía movilizada, la prensa, la presión internacional y los bolsones saludables de institucionalidad, lo impedirán. Más aún: confío en la mediocridad política del bando vacador. Sin embargo, más allá del episodio concreto, es importante entender que, si no se realizan reformas, a esta coalición contraria a los principios de la república, le seguirán otras. Alberto Vergara es profesor e investigador en la universidad del Pacífico, Lima. Fuente: https://www.nytimes.com/es/2020/11/12/espanol/opinion/peru-vizcarra-vacancia.html
Cambio de gobierno y de régimen Juan de la Puente / La mitad más uno “Ganan el núcleo mafioso de fuera y dentro del Congreso y los restauradores que han impuesto un programa político y económico que el país rechaza” El cambio de gobierno, cuyo propósito decía era sancionar la corrupción de Martin Vizcarra, toma fisonomía final, un cambio de régimen. El acto del 9/11 fue un golpe parlamentario, pero es más, es la restauración plena del neoliberalismo conservador. El Perú acaba de tener un 5 de abril sin Alberto, Vladimiro y Boloña. Y sin el apoyo del pueblo. ¿Cómo se entiende que la vacancia impulsada por las facciones populista y mafiosa del Congreso, que al inicio reunía 27 firmas (20 de octubre), instalara en 48 horas un gobierno neoliberal ortodoxo y
conservador? ¿Cómo se tejió en tres semanas el hilo que enlaza a Antauro Humala, Manuel Merino, César Acuña, José Luna Gálvez, Marco Arana, Keiko Fujimori, Ántero Flores-Aráoz y Patricia Teullet? ¿Cómo se juntaron el agua y el aceite? ¿Cuánto de agua y cuánto de aceite? ¿Más agua o más aceite? El desenlace será dramático; la historia sería fascinante si no fuese un nudo en la garganta de un país ahora mismo ingobernable y fragmentado. Los primeros datos indican que el teatro de operaciones fue el Congreso pero que el guion fue elaborado por varias manos en otros estudios, perfeccionado a medida que avanzaba el drama para tomar en las últimas horas la forma de una restauración. Vizcarra y Merino son figuras que se empequeñecen en el escenario. Existen y pierden luz zarandeados por influencias trascendentes en dos tiempos sucesivos: el primero, una conspiración corta que ejecuta un movimiento estratégico facilitado por la irresponsabilidad de Vizcarra que desmontó su presidencia, y que acaba en la restauración; y el segundo, la formidable respuesta ciudadana que rechaza a Merino y al golpe, pero que se ubica más allá de este. Hemos entrado al tercer tiempo: la lucha por la sobrevivencia del nuevo poder. La primera operación -la conspiración corta- pudo concretarse con los votos de AP y APP, grupos teóricamente provincianos, centristas y plebeyos; el Frepap, grupo milenarista, también provinciano y popular; UPP, un grupo teóricamente antilimeño y nacional populista; Fuerza Popular, el único partido que olfateó la restauración; y el Frente Amplio, teóricamente ambientalista, izquierdista y adversario de los grandes capitales extractivistas. En los resultados, una parte del centro político se ha causado una herida sangrante (AP y APP); los grupos populistas ganan casi nada (¿lograrán el indulto de A. Humala?); y una parte de la izquierda ha pateado contra su propio arco. Ganan el núcleo mafioso de fuera y dentro del Congreso y los restauradores que han impuesto un programa político y económico que el país rechaza. A la coalición vacadora la unía el antivizcarrismo, aunque el arco de intereses era más amplio: enemigos personales de Vizcarra con deseos de revancha, religiosos radicales que veían en él un cuco liberal, corruptos en busca de impunidad y peruanos honrados hastiados de su desempeño sinuoso en lo personal y en la presidencia. Sobre estos sentimientos se ha montado la restauración neoliberal conservadora, un zarpazo de la coalición que perdió dos elecciones (2011 y 2016) y las batallas entre el 2016 y 2020. Estaban ahí, Merino y las bancadas golpistas les abrieron la puerta. Audacia y un desarrollado sentido de oportunidad. No puede pasar por alto que en tercer tiempo iniciado ganan legitimidad otras fuerzas democráticas del centro y la izquierda, y que se ha vitalizado el movimiento de cambio dormido con la pandemia y la crisis. Su primera victoria es haber demolido en pocas horas el relato supuestamente democrático y constitucional del golpe parlamentario y diluido en parte la disyuntiva Vizcarra/Merino. La restauración ha triunfado por ahora, aunque no parece que podrá construir una nueva institucionalidad. El Perú de 2020 no es el de 1992. https://juandelapuente.com/ Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2020/11/13/cambio-de-gobierno-y-de-regimen-por-juan-de-lapuente/
CALENDARIO AGROECOLÓGICO NOVIEMBRE * domingo 1, Día de Todos los Santos, feriado * sábado 7 noviembre, (2002-2020) décimo octavo aniversario del Comité de Consumidores Ecológicos * martes 10 noviembre, Día del Libro * martes 17 noviembre, (1998–2020) Aniversario 22 del Grupo EcoLógica Perú * viernes 20 noviembre, Día Universal de los Derechos del Niño * miércoles 25 noviembre, Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer * domingo 29 noviembre, (1978-2020) el Centro IDEAS celebra su 42 aniversario DICIEMBRE * martes 1 diciembre, Día de la Prevención del SIDA * jueves 3 diciembre, Día Internacional del No Uso de Agroquímicos. * jueves 3 diciembre, Día nacional de la promoción de la Agricultura Ecológica. * sábado 6, (1999-2020) Vigésimo primer Aniversario de la BioFeria de Miraflores. * jueves 10 diciembre, Día de la Declaración de los Derechos Humanos * lunes 14 diciembre, día del Cooperativismo Peruano * viernes 25 diciembre, Navidad, feriado * viernes 1 de enero 2021, feriado
BIOCOMPARTIENDO #51- 2020 ¡ Por una vida productiva, sana y feliz, libre de transgénicos ! Miembro de ▪ Centro IDEAS: Innovando procesos de calidad de vida ▪ RAE Perú (Red de Agricultura Ecológica del Perú) Promoviendo sociedades con cultura agroecológica ▪ Consorcio Agroecológico Peruano - CAP