Ciudad de México, a 02 de febrero del 2018. Defensores de derechos humanos conforman círculo de protección para Marco Antonio Sánchez Flores y su familia Cuando víctimas de violaciones a derechos humanos denuncian acciones de Estado se colocan en una situación de extrema vulnerabilidad. El hecho de que la exigencia de justicia dependa de la participación de la víctima hace que esta sea susceptible de acciones de difamación, criminalización, amenazas o agresiones pudiendo estar en riesgo su integridad física y vida. La gravedad de las violaciones a los derechos de Marco Antonio Sánchez Flores, así como la falta de voluntad por parte de las autoridades para investigarlas de manera imparcial y efectiva, motiva a un grupo de defensores de derechos humanos a desarrollar dos estrategias de protección para él y su familia: 1. Litigio en cadena. La Red por los Derechos de la Infancia, El Instituto de Justicia Procesal Penal y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia asumen la defensa del caso autorizadas para actuar como representantes legales de los denunciantes. Una organización encabeza las acciones de litigio y las demás asumen el compromiso de dar continuidad al caso si ésta organización tuviera que desistir por razones de seguridad. 2. Denunciantes solidarios. Un grupo de reconocidos defensores de derechos humanos, juristas y personajes públicos se constituyen formalmente como denunciantes junto con las víctimas. Su participación en las acciones legales garantiza que las exigencias por justicia continuarán aún y cuando una víctima deba desistirse por su propia seguridad. Lydia Cacho Luis González Plascencia José Antonio Guevara B. José María Yazpick
Se unen a las denuncias presentadas en contra de quienes resulten responsables por los delitos y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de Marco Antonio Sánchez Flores.
Han transcurrido ya ocho días de la detención arbitraria y probables tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desaparición forzada cometidas contra el adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, por al menos dos agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México adscritos a Azcapotzalco. Quizá los gobiernos encabezados por Miguel Ángel Mancera [CDMX] y Alfredo del Mazo [Estado de México] y sus funcionarios consideren que el haberlo localizado, presentado con vida y entregado a su familia es suficiente para resolver satisfactoriamente lo sucedido. ¡Estamos muy lejos de eso! Reiteramos la exigencia de que la investigación se enfoque en la desaparición forzada, con base en los mejores estándares aplicables, con criterios de independencia, transparencia y razonabilidad. Pero también que se garanticen integralmente los derechos humanos de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, incluido el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso legal, tanto para que se desahoguen todas las líneas de investigación posibles como para que se respete y proteja la seguridad personal e integridad moral de Marco Antonio y su familia. Sobre esto último, recordamos a las autoridades sus responsabilidades sobre la garantía de protección de la privacidad, de los datos personales, la imagen y la honra de Marco Antonio y su familia, exigiéndoles expresamente que dejen de filtrar información protegida por la ley. Finalmente, queremos recordar que el derecho a la justicia tiene como meta crucial, de acuerdo con las normas internacionales y nacionales, el derecho a saber, lo cual exige una investigación rigurosa, suficiente para esclarecer los hechos, identificar a quienes los habrían perpetrado y sancionar penalmente a las o los responsables, a través de un juicio justo. De esto, además, depende el que las víctimas en este caso accedan a otro requisito nodal de la justicia: el resarcimiento del daño. ¡No cesaremos en la exigencia de justicia!