Ciudad de México, 4 de octubre de 2018
Ante la CIDH, organizaciones exigen al Estado mexicano compromiso para eliminar violaciones a derechos humanos en los servicios de salud En México las personas en centros de atención a la salud mental (hospitales, unidades de psiquiatría, clínicas de tratamiento de adicciones, centros de readaptación psicosocial, entre otros) afrontan graves violaciones a sus derechos humanos, especialmente a su integridad y libertad personal, y al derecho a no ser víctima de tortura y malos tratos. Los esfuerzos del Estado para mejorar el sistema de salud mental no han sido suficientes: los servicios mantienen abordajes violatorios a los derechos y las legislaciones en la materia contemplan o toleran prácticas altamente intrusivas, como los tratamientos e internamientos forzados. A pesar de que el Estado mexicano aseguró que el modelo existente sí respeta los derechos humanos, las y los peticionarios presentaron datos sobre casos extraídos de informes de organizaciones de derechos humanos en donde se da cuenta de múltiples violaciones, por ejemplo, internamiento involuntario, medicaciones excesivas, contenciones mecánicas, abusos y violencia sexual, esterilizaciones forzadas, aislamiento y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Relator sobre la Tortura en 2017 recogió que en México 42% de mujeres con discapacidad psicosocial que habían pasado por instituciones de salud mental había sido víctima de esterilizaciones forzadas o bajo coerción1. Específicamente, advirtieron que en México la legislación permite internamientos por motivo de discapacidad y que 67% de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos fueron ingresadas de forma involuntaria 2; además, señalaron que en uno de los Centros de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México había personas que llevaban más de 20 años encerradas en condiciones insalubres y abandono 3. Con respecto al modelo de atención de salud Miguel Hidalgo cuestionaron que éste sea un camino eficiente para transitar hacia un esquema de atención comunitaria y garantista de los derechos humanos y reiteraron la falta de información púbica y rigurosa con respecto a su operación. Ante esto, los representantes del Estado Mexicano Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud, refrendaron la disposición de colaborar en conjunto con las personas usuarias, las organizaciones de la sociedad civil y los peticionarios en un grupo de trabajo que analice el marco normativo y el modelo de atención vigentes.
1 CDH. Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – México. Documento A/HRC/34/54/Add.4, párr. 90 2 OPS (2013). Informe regional sobre los sistemas de salud mental en América latina y el Caribe, pp. 33 3 Consejo de Derechos Humanos (2014). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Misión a México, Adición. Documento A/HRC/28/68/Add.3, párr. 75
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Si bien el Estado mexicano ha abierto sus puertas a los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, los compromisos adquiridos frente los mismos dilatan en su implementación, persistiendo así las violaciones antes mencionadas. Con miras a avanzar hacia una verdadera transformación de los servicios de salud mental en México, las organizaciones y activistas peticionarios solicitan al Estado mexicano que: 1. Dé inicio a un proceso de reforma de la Ley General de Salud que involucre a organizaciones representantes y personas usuarias; y que formalice un grupo de trabajo para adecuar el marco normativo, las políticas públicas y los programas. 2. Regule, profesionalice y supervise los centros de atención privados que operan fuera de la normativa y se responsabilice de las violaciones que acontecen en su interior. 3. Incremente el financiamiento de operación e inversión de salud mental, ya que actualmente únicamente 2% del presupuesto asignado a la salud se destina a la salud mental. 4. Implemente una estrategia de desinstitucionalización con plazos concretos que prevea la puesta en marcha de servicios de atención a la salud mental comunitarios y de primer nivel que asegure la vida independiente de las personas, como recomendó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 5. Autorice a los peticionarios ingresar a los centros de salud mental, que les permita hacer un diagnóstico sobre los retos y oportunidades para implementar estrategias que mejoren el respeto de los derechos humanos de las personas internas. Por su parte, se solicita a la Comisión Interamericana que: 6. Realice un informe donde se visibilice la situación de derechos humanos que se vive en los centros que prestan servicios de salud mental en la región. 7. Supervise el cumplimiento de estas recomendaciones y dé seguimiento a la información aquí presentada en el marco de la transición del nuevo gobierno.
Peticionarias: Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C / Ágora Ciudadanos Cambiando México A.C. / Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS) / Colectivo Chuhcan A.C. / Colectivo por una Política Integral hacia las
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Drogas A.C. (CUPIHD) / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) / Dilo Escuelas Incluyentes A.C. / Disability Rights International (DRI) / Hacia la vida digna para todas las personas ReverdeSer Colectivo A.C. / Investigación e Intervención Psicosocial A.C.(IIPSI) / Instituto RIA / México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) / Radio Abierta para la Inclusión Social A.C. / Red latinoamericana y del caribe de personas que usan drogas (LANPUD) / Red Mexicana de Reducción de Daños A.C.(REDUMEX) / Angélica María Ospina Escobar / Aram Barra / Cecilia Elena Guillén Lugo / María Teresa Fernández.
Contacto: corinaarriola@gmail.com o al número 5652-7366
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