BARRIOS E INTEGRACIÓN URBANA Reflexiones de un encuentro* Teolinda Bolívar Barreto Hilda Torres Mier y Terán
Septiembre, 2006
* Advertencia: estos son los materiales de un análisis de las profesoras Teolinda Bolívar e Hilda Torres, coordinadora y relatora del evento respectivamente, y los aportes individuales de los participantes. No tiene todavía elaboración para publicación. Esto está por hacerse.
TÍTULO DE LA OBRA: Barrios e integración urbana. Reflexiones de un encuentro. Resumen: El tema del mejoramiento en la calidad de vida en los barrios urbanos autoproducidos en Venezuela, ha sido por más de 30 años, objeto de estudio por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. En particular, la Escuela de Arquitectura “Carlos Raúl Villanueva”, atendiendo a la necesidad de reflexión académica y participativa, es decir, con la inclusión de los habitantes de barrios populares, prestó el apoyo necesario para la organización de un evento orientado a la discusión del tema de la integración urbana de los barrios urbanos. Este evento, organizado como un encuentro de ideas de diferentes actores interesados, fue coordinado por la profesora investigadora de la Facultad, Arq. Teolinda Bolívar, contando con la colaboración de la Red Solidaria de Comunidades Autónomas (RedSCA), organización civil ésta última, integrada por habitantes de barrios populares, académicos y profesionales. También contó con el apoyo del Centro Ciudades de la Gente, centro de investigación adscrito a la Escuela. El amplio concepto de integración fue abordado por los distintos especialistas y habitantes de barrios, todos expositores invitados, realizándolo según diferentes dimensiones atribuidas al concepto: la urbanística, la social, la legal, la política. La discusión partió de la premisa de que los barrios autoproducidos son parte importante e imprescindible de los territorios construidos contemporáneos. Se propuso la discusión del tema de la integración, con el objetivo de revelar las debilidades y fortalezas que pudiesen identificar los actores para el caso venezolano. De la discusión y el intercambio de opiniones surgieron como elementos destacados: la urgencia de insistir en la habilitación de los barrios urbanos, o el logro de niveles de urbanización convenientes, semejantes a otras áreas bien dotadas de la ciudad, el tema de la necesaria accesibilidad y transporte urbano, la superación de situaciones de oposición y a veces de conflictividad en la convivencia ciudadana entre habitantes de barrios y zonas residenciales formales, manifiesta en los distintos espacios y tiempos de convivencia entre sus habitantes, la necesidad de políticas de Estado estables, asó como de reforzar una cultura de verdadero servicio público en los funcionarios, de eficiencia en la gestión urbana metropolitana, de reconocimiento de prácticas jurídicas que conlleven a asegurar el derecho a la seguridad en ese campo para los habitantes, y la necesidad de inclusión participativa de las comunidades, agentes de producción de un inmenso capital conformado por los barrios urbanos venezolanos. La primera parte del texto sintetiza y comenta reflexivamente, los aportes de los expositores en el evento. La segunda parte, expone los textos que fueron elaborados por los participantes, a partir de las reflexiones orales realizadas en el encuentro propiamente dicho, a solicitud de la comisión relatora Se espera con este texto, realizar un aporte, pero sobre todo una incitación a la reflexión profunda sobre el tema de la equidad y calidad de vida de los barrios autoproducidos, abordando un aspecto en general álgido y de no muy frecuente discusión en los foros y eventos públicos avocados al tema de los barrios urbanos en Venezuela, como es el de la integración verdadera y efectiva de habitantes y espacios urbanos.
Intervención del Prof. Federico Villanueva Sector de Estudios Urbanos Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Central de Venezuela Dado que los barrios de ranchos albergan al 51 % de la población de Venezuela, el enfrentamiento de su normalización urbanística es fundamental para una adecuada política nacional de vivienda. Sin duda, deben mejorarse las condiciones físicas de estructuración de los barrios con el resto de la ciudad de la que forman parte, es decir, realizar las obras principales de prevención de riesgos, fundamentalmente geotécnicos e hidrológicos, de vías principales, de grandes drenajes, de acueductos de aducción, de colectores matrices de aguas servidas, de subestaciones eléctricas y de equipamientos comunales de ámbito metropolitano o intermedio que correspondan a las distintas grandes zonas continuas de barrios que existen en nuestras ciudades. Asimismo, deben realizarse las obras locales de infraestructuras, de equipamientos comunales, de las viviendas de sustitución que resulten imprescindibles y de la cualificación de condominios compartidos por grupos de viviendas, que permitan equiparar la calidad de dotación de las zonas de barrios con la de urbanizaciones populares correctamente planificadas, diseñadas y construidas. Tal es el contenido técnico de la política de habilitación física de barrios. Su contenido socio-comunitario fundamental es que sólo puede realizarse adecuadamente apoderando al máximo a los pobladores de los barrios, a través de la delegación en sus comunidades organizadas de la administración de los recursos públicos a invertir. Esta política pública se emprendió, en gran escala nacional, en dos oportunidades durante la presente gestión presidencial, llegando a beneficiar en distinto grado hasta a 1.500.000 ciudadanos con unos 300 proyectos. Estos avances se desarrollaron desde el CONAVI en 1999-2000 y desde el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de finales de 2004 a finales de 2005. Sin embargo, se descontinuó la política al finalizar ambos períodos. Es por ello que presentamos nuestra opinión en cuanto a las determinaciones que condujeron a la descontinuación de la política y el programa de habilitación física de barrios, y en referencia a las perspectivas y oportunidades para las comunidades interesadas en ellos. Nos parece improcedente cualquier tentativa de retroceder la discusión sobre la situación actual de las políticas sobre los barrios y sus pobladores, al superado nivel de suponerlos, unos y otros, “marginales”. Si bien los barrios son asentamientos subnormales en materia de estructuración dentro de las ciudades, servicios de infraestructura y equipamientos comunales, sus pobladores constituyen mayoría de la población del país y reproducen, en su inserción social, las formas características de los sectores de bajos y medios bajos ingresos económicos. Además, los pobladores de los barrios constituyen el mayor grupo social beneficiario y sustentante de la política general de inclusión social pregonada durante los últimos años. De allí el absurdo de replantear, a estas alturas, un debate sobre presunta “marginalidad”, superado teórica y evidentemente décadas atrás.
Aún así, la política pública de habilitación física o transformación endógena de los barrios ha vuelto a ser puesta de lado. Como toda política pública de vivienda o urbana, aquella frente a los barrios es, ante todo, una política. Como tal, se encuentra múltiplemente determinada. Y a pesar de la racionalidad que la habilitación física parece entrañar para una administración pública y un régimen político como los actualmente instaurados en Venezuela, su desarrollo se ha suspendido y no por primera vez. En esa paralización, un factor a considerar es que la experiencia cultural acumulada en materia de vivienda por la sociedad venezolana desde 1928, se refiere a la construcción de nuevas unidades por promoción pública o privada, sin necesidad de mayor participación comunitaria. Esto dificulta concebir políticas nacionales para los desarrollos existentes, necesariamente con enfoques distintos y participativos. Más coyunturalmente, existe evidencia de la fuerte resistencia de los promotores privados de vivienda, de viejo y nuevo cuño, al otorgamiento de importantes recursos financieros del estado a la habilitación física de barrios, en la medida que consideraron que ello comprometía los recursos públicos destinados a la promoción o construcción de nuevas viviendas. Temor injustificado en vista de la coyuntura larga de altos ingresos petroleros considerando que la inversión total en la habilitación física de todos los barrios del país se estima en 30.000 millones de dólares estadounidenses, en un lapso mínimo de quince años. Mientras que siempre se ha defendido la necesidad de construir nuevas viviendas, al promedio de 130.000 unidades anuales durante diez años, con una inversión total para ese período, de 18.000 millones de dólares en precios actuales. Cifras al alcance del sector público venezolano y, en el segundo caso recuperables, en buena medida, para la rotación del financiamiento a corto y largo plazo. Sin embargo, en la primera cifra de inversión pública, en habilitación física de barrios, no existe una clara posibilidad de actuación de la promoción privada tradicional, sino a lo sumo, de empresarios constructores. Es conocido que los empresarios promotores privados son el sector dominante y el que obtiene el mayor beneficio en la producción de vivienda “social” y que, directa o indirectamente, su actividad depende del financiamiento público. De allí una probable fuente de resistencia a que una parte muy importante de la inversión del sector público se destine a la habilitación física de barrios, donde en todo caso los recursos serían controlados por otro tipo y escala de “privados”: las socializadas comunidades organizadas beneficiarias. Esta última acotación podría contener también la clave de la resistencia al desarrollo de la política de habilitación física de barrios, dentro del propio sector público. La política de vivienda siempre ha venido siendo utilizada como instrumento de dominio y control del poder establecido. Ideológicamente, los recursos públicos y entre ellos los que se destinen a vivienda, “pertenecen” a los jefes de gobierno de distinto nivel y ellos los “otorgan” al pueblo, de acuerdo a su grado de generosidad y preocupación por la justicia social. Este punto de vista generalizado en la sociedad venezolana podría calificarse de prerrepublicano y no muy avanzado, pero existe en el colectivo profundo de los venezolanos.
Más terrenalmente, ha resultado difícil el tránsito al apoderamiento popular en materia de vivienda, en la medida que este implique privilegiar hechos sobre discursos, constituyendo a las comunidades organizadas de los barrios que deben urbanizarse, en administradoras delegadas de los recursos públicos destinados a tal fin. Tal como se preconizó e impulsó durante los momentos estelares de la política y el programa de habilitación física de barrios durante la actual administración. Porque el contenido socio-comunitario fundamental de la política de habilitación física o transformación endógena de los barrios necesariamente fue el de la transferencia de los recursos públicos necesarios a las propias comunidades, organizadas y entrenadas para administrarlos, con el mayor grado posible de participación del conjunto de los pobladores y el mayor control continuo de la base sobre sus voceros o delegados. Se desarrollaron sistemas administrativos transparentes que permiten también a los organismos públicos competentes el control continuo y en tiempo real de la administración que se delegue en las comunidades organizadas, al tiempo que la forma general de desarrollar el programa, por movilización de las capacidades y responsabilidades comunitarias en el desarrollo de la política pública, permitía incrementar sustantivamente el alcance y la capacidad de actuación de los ejecutores públicos delegantes. Pero, mientras que en la guerra “el poder nace del fusil”, un eminente barriólogo y amigo afirma sabiamente que en la paz, “el poder nace de la chequera”. Desde el bien fundado prejuicio comunitario hacia las corruptelas y comisiones posibles en las contrataciones otorgadas por los ejecutores públicos de vivienda, al hecho de que los ingentes fondos públicos destinados a vivienda tienen para el sector financiero, público o privado, más utilidad conservando su forma dinero que metamorfoseándose en componentes productivos, se verían comprometidos ante la generalización de la delegación administrativa en las comunidades organizadas. Aunque ese tipo de intereses se obviasen, evidentemente que, para visiones simples, el control del usufructo de la cosa pública en sus provechos políticos, se vería amenazado. Falso para una visión compleja, porque la cesión de poder real sería la máxima credencial política para los gobernantes. Además y con la máxima importancia entre las principales determinaciones posibles del abandono de la política de habilitación física de barrios, puede que la forma de organización comunitaria de masas, abierta y sin bandería político-partidista, que supone la ejecución de sus proyectos en las escalas técnica y socialmente necesarias para acarrear transformaciones profundas en la estructura física de las unidades de ciudad integradas por barrios, haya despertado susceptibilidades en visiones más excluyentes, de otra escala y alcance, sobre las formas de organización popular pertinentes para Venezuela. Aunque esto constituya un prejuicio sin mayor sustentación, dado que las amplias comunidades organizadas para la habilitación o transformación endógena no conllevan más fin que el de adelantar ese programa y no encierran contradicción con formas de organización comunitaria que puedan considerarse más avanzadas, por su compromiso político y la multiplicidad de sus tareas, puede haber motivado decisiones de alta política contrarias al desarrollo de los programas para barrios que se dieron en 1999-2000 y durante parte del 2004 y 2005. Finalmente, como corolario de las determinaciones del abandono del programa de habilitación física de barrios por el sector público, no puede dejar de mencionarse,
dado que esta modesta política, como toda las humanas se encarna en figuras individuales representativas a pesar de corresponder a los intereses de millones, que pertenecemos a una cultura que heredó sin beneficio de inventario la envidia española del siglo XVI y dónde, volviendo a citar al mismo amigo y barriólogo: “el vil egoísmo aparece hasta en el Himno Nacional”. En cuanto a las perspectivas para las amplias comunidades de pobladores de barrios ya organizadas y movilizadas, para sus voceros y delegados, poseen la fuerza de su unión y coordinación, así como la razón que los asiste por representar formas avanzadas de la democracia participativa y protagónica que consagra la letra de nuestro vigente contrato social, al tiempo que los conceptos y las escalas de sus organizaciones son altamente socializados, en consonancia con la visión de futuro del país imperante. Aunque siempre contarán con el apoyo de aquellos que hemos consagrado buena parte de nuestras vidas al servicio de esas comunidades, nadie puede sustituirlas en la lucha por ejercer sus legítimos derechos.