Con toda certeza, el Principio de las Formas Procesales se expresa en la ley cuando ésta determina el modo según el cual el acto ha de ejecutarse, pudiendo ser escrito u oral, en papel común o en papel oficial, personalmente o a través de apoderado, ante la autoridad judicial o sin presencia de ella. Asimismo, con fundamento en este precepto, la ley establece solemnidades relativas al tiempo en que deben ejecutarse los actos, ya sea antes del comienzo del proceso o con posterioridad a él, en la primera o en la segunda instancia, dentro de un lapso concreto. Debe enfatizarse además, que la Legalidad Procesal, es un precepto cuya observancia reviste obligatoriedad, puesto que los efectos derivados de su incumplimiento pueden consistir en pérdida de la oportunidad para ejecutar el acto en cuestión o la nulidad del mismo, acompañada del consiguiente perjuicio procesal. La vigencia del Principio de la Legalidad Procesal obedece a la necesidad de garantizar los derechos y las libertades individuales de las personas. Puesto que si no existiera este principio rector, no sería posible asegurar la efectividad y rectitud del Proceso, y por ende la del propio sistema de justicia. Habiendo concluido estas reflexiones preliminares, cabe ahora iniciar el estudio del Principio de la Legalidad Procesal.
EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Dentro de la Constitución venezolana pueden hallarse varios artículos en los que se manifiesta el Principio de las Formalidades Procesales. No en vano conviene enfatizar que las disposiciones referidas a los mismos se vinculan con materias específicas de la legislación venezolana, a excepción del ya citado artículo 253, el cual instituye, mejor que ningún otro artículo, la Legalidad Procesal como precepto general que rige el Proceso jurisdiccional extendiéndose a todas las ramas del derecho nacional. Verbigracia, el Principio de la Legalidad Procesal fundamentado en el artículo 49 referente a la Materia Penal. Esta disposición consagra con rango constitucional la Legalidad de los procesos penales, al establecer que:
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