4º Informe Nacional Derechos Humanos de las personas con VIH 2013-2015 by Carlos Manuel Gómez García

sobre la situaci贸n de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave

Créditos

Equipo técnico revisor: Oscar David Morales López Institución del Procurador de los Derechos Humanos Rodrigo Pascal ONUSIDA/UNAIDS Guatemala Joel E. Ambrosio A. Asociación Vida Pedro Avedillo OPS/OMS Martha Eugenia Salazar Rodríguez PNUD Rocio Samayoa Fundación Fernando Iturbide Consultoría realizada por: Lorenza Laynes y Luis Galindo Diseño y diagramación: Jaroslava Lemus A.

Esta producción ha sido elaborada con el apoyo de HIVOS, receptor principal del Fondo Mundial, dentro del marco de la Propuesta “Conteniendo la epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones de prevención y atención integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias de Guatemala”, acuerdo de subvención GUA-311-G05-H para el Componente de VIH/SIDA. Las opiniones contenidas en la misma, no necesariamente reflejan el punto de vista de HIVOS. Los puntos de vista descritos en este documento pertenecen a esta institución y no representan las opiniones del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, ni hay cualquier aprobación o autorización de este material, expresa o implícita, por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y PEMAR

Informe nacional sobre la situaci贸n de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave 2013-2015

Guatemala, noviembre de 2015

“Cada día se cometen dos violaciones de los derechos de las personas con VIH y población en más alto riesgo”

INDICE DE CONTENIDO

Prólogo 5 Abreviaturas y acrónimos 7 Resumen ejecutivo 9 Capítulo 1: antecedentes 1.1 Epidemia de VIH a nivel nacional y mundial 1.2 Discriminación y estigma 1.3 Marco jurídico internacional de protección a los derechos de las personas con VIH y población clave 1.4 Mecanismos nacionales de respuesta ante VIH y de protección a los derechos humanos 1.5 Sobre la Red Legal y su Observatorio

13 13 18

Capítulo 2: metodologia 2.1 Objetivo general 2.2 Objetivos específicos 2.3 Entidades que orientaron el 4º informe 2.4 Forma de procesamiento de denuncias 2.5 Fases en la elaboración del 4º informe

25 25 25 26 26 27

Capítulo 3: avances y pendientes en la protección de las personas con VIH y población clave 3.1 Agenda nacional y en desarrollo 3.2 Agenda internacional

28 28 44

Capítulo 4: reporte de casos de violaciones de los Derechos Humanos de personas con VIH y poblaciones claves 4.1 Denuncias registradas por año 4.2 Nivel de escolaridad 4.3 Edad de las víctimas 4.4 Derechos Vulnerados 4.5 Instituciones denunciadas 4.6 Lugar de residencia de los denunciantes 4.7 Casos según personas con VIH y población clave 4.8 Casos según identidad étnica

49 50 53 54 57 60 63 66 68

Capítulo 5: conclusiones Capítulo 6: recomendaciones Capítulo 7: bibliografía

69 72 75

19 21 22

PRÓLOGO

Hacer visible ante la sociedad guatemalteca el vínculo entre los Derechos Humanos y el complejo fenómeno que trajo la expansión, la educación, la atención, la prevención del VIH y el VIH Avanzado no ha sido un trabajo fácil a pesar del esfuerzo realizado desde su aparición hace 30 años. En estas tres décadas transcurridas hemos observado cambios, avances y a veces retrocesos en todo su entorno. En septiembre del 2000, Guatemala participó en la “cumbre del Milenio”, promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y realizada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En este evento los líderes mundiales se plantearon ocho objetivos conocidos como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), los cuales debían ser cumplidos en septiembre de 2015; sin embargo, expertos y analistas consideran que el panorama en nuestro país es desalentador, dado que se ha avanzado poco en cuanto a lograr la enseñanza primaria universal de calidad, promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida y otras enfermedades, así como garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En este sentido, el lll Informe de Avances de los ODM, de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan 2009) expone que “entre los principales hallazgos del diagnóstico de tendencias está que el país sí avanza, que ha mejorado sus indicadores de desarrollo vinculados con los ODM; sin embargo, si bien se han hecho innegables progresos, también es cierto que estos ocurren a un ritmo insuficiente para ponernos a tono con los países de la región”. El avance es además, bastante desigual entre objetivos, metas e indicadores. A casi finalizar el año 2015 podemos concluir que aún hace falta mucho por hacer en el cumplimiento de compromisos adquiridos como Estado, con especial énfasis en Combatir el VIH/sida y otras enfermedades. La atención del VIH y VIH avanzado, a la fecha, no ha sido un trabajo fácil; por el contrario ha sido necesario abrirse brecha entre una complejidad de problemas Sociales entre ellos la discriminación y la exclusión que se han mantenido latentes en el país. Las instancias que integran la Red Legal y su Observatorio en Derechos Humanos, VIH y población PEMAR y la institución del Procurador de los Derechos Humanos, involucradas en este lV Informe, tenemos una visión integral de los Derechos Humanos, esto significa que trabajar por el respeto de un derecho o un grupo de los mismos supone también luchar por la vigencia de todos los derechos.

Según el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de enero a septiembre del 2015 se han detectado 1,108 nuevos casos de VlH, acumulando a la fecha un total de 34 mil 512 personas diagnosticadas con VlH, de las cuales un 75% aproximadamente recibe atención con antiretrovirales. Es importante señalar que los departamentos Sacatepéquez, Zacapa, El Progreso, Retalhuleu, Escuintla, Guatemala e Izabal, según el CNE, son los que mayor incidencia en VIH reportan. Un desafío grande, como se ha expresado con anterioridad, continúa siendo la lucha en contra del estigma y la discriminación por presunción de tener VlH, afectando a las poblaciones en mayor riesgo, (hombres que tiene sexo con otros hombres, población trans, mujeres trabajadoras del sexo). La crisis de salud ha venido a afectar también a las personas con VIH y a imposibilitar que reciban una atención de calidad, vulnerando con ello el derecho a la vida, la salud, la atención integral y la seguridad social Tenemos un compromiso como país en cuanto a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2020, los cuales incluyen la prevención, tratamiento y erradicación del VlH. La decisión de unir esfuerzos con el fin de cumplir con los denominados 90- 90- 90 se refieren a: • El 90 por ciento de todas las personas con VIH estarán diagnosticadas • El 90 por ciento de las personas diagnosticadas recibirán antirretrovirales • El 90 por ciento de las personas tratadas con antirretrovirales lograrán una supresión duradera de la carga viral en el organismo. Ojalá que este lV Informe sirva para reflejar la situación actual de las personas que viven con VIH y PEMAR y que de ese conocimiento se deriven acciones eficaces para la prevención y atención de ese flagelo y cuando sea elaborado el siguiente lnforme, las circunstancias actuales hayan sido superadas. Guatemala, diciembre de 2015

M.A. Jorge Eduardo De León Duque Procurador de los Derechos Humanos

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ASI

CAS CC CNE CESPS CICIG CIDH CODISRA COPREDEH DESC HIVOS IFES HSH IGSS INDI INE IPDH IRI ITS LAMDA LGTBI MP MSPAS MTS OACNUDH OAV OEA OMES

Asociación de Salud Integral Colectivo Amigos contra el Sida Corte de Constitucionalidad Centro Nacional de Epidemiología Consorcio para el fortalecimiento de los procesos políticos y elecciones Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos Derechos Económicos, Sociales y Culturales Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo Fundación Internacional para los Sistemas Electorales Hombres que tienen Sexo con Hombres Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales Instituto Nacional de Estadística Institución Del Procurador de Derechos Humanos Instituto Republicano Internacional Infecciones de Transmisión Sexual Organización por la igualdad, la dignidad y los Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual Lesbianas, Gay, Trans, Bisexuales e Intersexuales Ministerio Público Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Mujeres Trabajadoras Sexuales Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de Atención a la Víctima Organización de Estados Americanos Organización de Mujeres en Superación

ONU ONUMUJERES ONUSIDA OPS/OMS OTRANS PASCA PASMO PEMAR PF-PIDESC PNC PNUD PV REDMUTRANS REDNADS RENAP SEPREM SICOMP SIDA SVET TARV TRANS UAI UNFPA USAID VIH

Organización de las Naciones Unidas Entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud Organización Trans Reinas de la Noche Programa para fortalecer la respuesta centroamericana al VIH Organización Panamericana de Mercadeo Social Poblaciones en más Alto Riesgo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales Policía Nacional Civil Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Persona Viviendo con VIH Red Multicultural de Mujeres Trans Red Nacional de la Diversidad Sexual Registro Nacional de las Personas Secretaria Presidencial dela Mujer Sistema Informativo de Control de la Investigación del Ministerio Público Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de personas Tratamiento Antirretroviral Transexual Unidad de Atención Integral Fondo de Población de Naciones Unidas Agencia de Los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional Virus de Inmunodeficiencia Humana

RESUMEN EJECUTIVO

Las organizaciones de sociedad civil que trabajan por el respeto de los Derechos Humanos de las personas con VIH, población en más alto riesgo y comunidad LGTBI ven la necesidad de realizar una evaluación de la situación de los Derechos Humanos relacionados con el VIH en Guatemala, partiendo de las iniciativas a nivel jurídico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional, así como de las denuncias registradas de casos de violaciones a estos derechos. El tercer Informe nacional realizado por la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y PEMAR cubrió hasta diciembre 2012, desde entonces se ha impulsado una serie de iniciativas nuevas a nivel internacional, en tanto a nivel nacional las organizaciones sociales han propuesto una diversidad de mecanismos como respuesta a la epidemia de VIH y en búsqueda del respeto de los Derechos Humanos relacionados con el VIH. El actual informe cubre el período de enero 2013 a junio 2015, siendo elaborado con los objetivos de caracterizar la situación de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave en Guatemala; analizar los avances y desafíos en la defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave; y presentar un análisis de la situación de los derechos de las personas con VIH y poblaciones clave en Guatemala en base al registro realizado por la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y PEMAR, sus organizaciones socias y el Procurador de los Derechos Humanos. En la construcción de este informe se tuvo el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, entidades de la cooperación internacional que trabajan en Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos. La respuesta mundial ante la epidemia del VIH muestra signos alentadores en cuanto a disminución de casos de personas que adquieren el VIH por año, mayor acceso a tratamiento antirretroviral y disminución de muertes relacionadas con el sida. En Guatemala empieza a verse un descenso en los casos notificados por año, si bien aún se calcula un sub-registro de 50%. Las personas que adquieren el VIH no sólo ven afectada su salud; hay un comportamiento discriminatorio hacia ellas, que se da en el ámbito privado, familiar e incluso desde el mismo Estado. Estas personas suelen ser tratadas con estigma, lo que al mismo tiempo condiciona que las personas se hagan la prueba de VIH por temor a ser marginadas.

Las iniciativas que se están desarrollando para la defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave se encuentran en distintos niveles de avance, algunas han sido aprobadas como la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la IPDH, el reglamento de salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo, en tanto otras están en desarrollo o estancadas como las reformas a la Ley 272000 conocida como “Ley de VIH”, la Política pública para la prevención de violaciones a los Derechos Humanos de la población LGTB y la Ley de identidad de género para personas trans, entre otras. Si bien hay que ir actualizando el marco nacional de atención al VIH y de Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave, el marco existente debe ser aplicado por el Estado y por las personas individuales. El informe constata que no hay una coordinación interinstitucional dentro del mismo Estado a la hora de solucionar casos puntuales en lo administrativo y en la aplicación de leyes, en tanto que servidores públicos como médicos, enfermeras, personal uniformado, administradores, secretarias y otros comenten actos discriminatorios en contra de personas con VIH que llegan al grado de violentar sus Derechos Humanos, en el ámbito de la seguridad social, acceso a la salud, a la vida, trabajo, educación y otros. La sistematización de denuncias permite constatar que las personas con VIH, de la comunidad LGTBI o de población clave, pueden ver violentados sus derechos cualquiera sea su edad, su identidad étnica, su grado de escolaridad, en distintos ámbitos

como laboral, de salud, privado, familiar y esta violación de sus derechos puede provenir de personas particulares y desde el propio Estado. Las denuncias incluidas en este informe provienen de reportes de la IPDH y de la Red Legal y su Observatorio, así como de sus organizaciones socias, por lo que no necesariamente representan denuncias realizadas ante el sistema de justicia. Las organizaciones de sociedad civil hacen incidencia hacia las instituciones denunciadas, a fin de lograr una solución a los casos. Los casos registrados por la Red Legal y su Observatorio ascienden a 1,084 denuncias individuales de enero de 2013 a junio de 2015, en tanto la IPDH registra 110 denuncias, individuales y colectivas, presentadas por 199 personas. Debido a la cantidad de casos presentados en este informe se puede afirmar que cada día se comenten dos violaciones de los derechos de las personas con VIH y población en más alto riesgo. La institución mayormente denunciada es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), igualmente hay denuncias hacia el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) sobre los hospitales públicos, Ministerio de Gobernación sobre el Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil, municipalidades, Ministerio de la Defensa; la empresa privada y personas individuales también atentan contra los derechos de las personas con VIH y población clave. Un factor que incide en la presentación de denuncias hacia el IGSS es la presencia de una organización de sociedad civil (Asociación Vida) que motivan a presentar las denuncias, dan acompañamiento y buscan soluciones a

la problemática denunciada. Este modelo de trabajo que permite un monitoreo constante in situ, puede ser replicado en otros servicios de salud pública, y extenderse a otros ámbitos como lo laboral y educativo. Llama la atención que en el sistema educativo hay pocas denuncias por acoso escolar basado en orientación sexual e identidad de género, en consonancia las denuncias presentadas por menores de edad son muy pocas. Esto sugiere la necesidad de hacer un trabajo de sensibilización hacia estudiantes, maestros y directores de establecimientos. Otro hallazgo importante es que las personas con poca o nula escolaridad presentan igualmente pocas denuncias, por lo es importante desarrollar un trabajo de empoderamiento de sus derechos.

Las acciones, luchas y denuncias que contiene el 4º informe se desarrollan en un contexto político convulsionado, marcado fuertemente por la corrupción, que ha derivado en una crisis presupuestaria en el Ministerio de Salud, que conlleva el desabastecimiento de medicamentos y cierre de consultas. Ello pone en riesgo la vida de las personas con VIH. Las organizaciones sociales se encuentran actualmente haciendo incidencia a nivel local e internacional para evidenciar esta situación y procurar soluciones sostenidas en el tiempo. Esta misma acción social debe acompañar las luchas por la defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos de las personas con VIH, de la comunidad LGTBI y población en más alto riesgo.

A nivel regional, hay varias iniciativas que se están desarrollando para apoyar la respuesta al VIH y los Derechos Humanos relacionados. Destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Objetivos de tratamiento 90-9090 para 2020. El Estado de Guatemala debe honrar los compromisos que a nivel internacional ha asumido, lo que requiere ineludiblemente garantizar un presupuesto adecuado y suficiente para atenderlos. Igualmente, hay recomendaciones a nivel internacional, como las emanadas de la Audiencia temática sobre Discriminación por orientación sexual en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la sociedad civil está llamada a dar seguimiento y hacer incidencia para su cumplimiento.

36.9 En el 2015

MILLONES

viven con VIH al rededor del mundo

Antecedentes 1.1

CAPÍTULO

Epidemia de VIH a nivel nacional y mundial

De acuerdo a las estimaciones a nivel mundial para el año 2015 el número de personas que viven con VIH (adultos y niños) es 36.9 millones, en tanto las nuevas infecciones ese año llegaron a 2 millones de personas; 1.2 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida. Ante la epidemia mundial del sida se crea en 1994 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA (ONUSIDA), mediante una resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas e inició funciones en enero de 1996.1 En Guatemala se notificó el primer caso de VIH avanzado en el sexo masculino en el año 1984; el primer caso en el sexo femenino fue reportado en 1986. “Estimaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social refieren 8 personas infectadas diariamente. Estas estimaciones se realizan cada dos años e incluyen los resultados de estudios recientes en la poblaciones clave2: Hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras del sexo, clientes de las trabajadoras del sexo, población trans, embarazadas y otras,…datos de vigilancia epidemiológica en encuestas; población del Instituto Nacional de Estadística (INE); número de casos en tratamiento ARV (antirretrovirales) en adultos, niños; y prevención en embarazadas”.3

1 http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/HowAIDSchangedeverything/factsheet consultado 28.8.15 2 Es aquella parte de la población que tiene más probabilidad de estar expuesta al VIH o de transmitirlo; es clave en la epidemia y en la búsqueda de una respuesta para la misma. En todos los países, la población clave engloba a las personas que viven con el VIH. En la mayoría de los escenarios, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los transexuales, las personas que se inyectan droga, los trabajadores sexuales y sus clientes, y las personas seronegativas dentro de una pareja cero discordante se encuentran en mayor riesgo de exposición al VIH que otras. ONUSIDA, Orientaciones terminológicas, 2011, pp. 20-21 3 http://infecciosashr.org/wp-content/uploads/2014/12/VIH-GUATEMALA-Boletin-VIH-actualizadoSep2014.pdf, consultado 3.9.15

De acuerdo a datos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el total de casos acumulados de 1984 a 2015 es de 34,512 de los cuales el 22% fue notificado en los primeros 20 años y el 78% en los últimos 11 años. “Para el año 2014 fueron notificados un total de 1898 casos, de los cuales 64.5% (1224) correspondieron a casos de VIH y el 35.5% (674) a casos de VIH avanzado. El 61% corresponde a hombres y el 39% a mujeres. Hacia octubre de 2015, 68.5% corresponde a hombres y 31.5% a mujeres. La relación de masculinidad ha venido disminuyendo, de 7:1 en 1997 en relación a estos últimos años, que se puede observar 2:1, lo cual podría explicarse por el aumento en la oferta de pruebas a embarazadas”.4 Ese comportamiento puede indicar una o ambas de las siguientes tendencias: “a mayor exposición de mujeres a la epidemia o a que son las mujeres las que tienen mayor acceso a la prueba de VIH”.5 De acuerdo con el CNE la tasa de notificación a nivel nacional es de 12.02 por 100,000 habitantes y esta tasa es superada por ocho departamentos a nivel nacional, como se muestra en el Cuadro No. 1. Afirma el CNE que a pesar de lo anterior, es el departamento de Guatemala el que notifica casi el 30% de los casos a nivel nacional, lo cual podría deberse a que es en la capital donde se encuentran los dos hospitales de referencia nacional y primeros en brindar atención con tratamiento antirretroviral.

Cuadro No. 1 Prevalencia de VIH por departamento

Departamento

Tasa por 100,000 habitantes

Retalhuleu

33.43

Escuintla

33.23

Izabal

20.32

San Marcos

17.52

Guatemala

16.59

Chiquimula

13.60

El Progreso

13.22

Suchitepéquez

12.79

Fuente: CNE, 20147

Asimismo, el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA afirma que “La distribución geográfica de la epidemia de VIH y VIH avanzado en el país coincide con las rutas de desarrollo económico a través de los departamentos con mayor actividad comercial. Estas rutas son también las descritas para la migración externa en el país”.6 El grupo de edad de 20 a 39 años presenta el 60% de casos (1138/1898), sin embargo fueron notificados 120 casos (6%) entre el grupo de edad de 10 a 19 años, lo que hace pensar que son personas que están iniciando su relación sexual muy jóvenes o han sido víctimas de violencia sexual. Fuente: CNE, 20147

4 García, Judith; CEN. Vigilancia de VIH y VIH avanzado. Guatemala, 2014, p. 2; y 2015, p. 5 5 Red Legal y su Observatorio. Boletín electrónico No. 1, marzo 2015, p. 2

6 MSPAS, Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Lucha Contra el VIH y sida, 2014; p. 7 7 García, Judith; CEN. Vigilancia de VIH y VIH avanzado. Guatemala, 2014

Datos del Centro Nacional de Epidemiología CNE demuestran un descenso en la cantidad de casos notificados a partir del año 2013 (ver gráfica No. 1). Para octubre 2015 se registraron 1,108 casos8 (hacia finales del año, podría haber 1,330 según esa tendencia). Según esos datos, en 2012 se notificaban 6.74 personas al día, en tanto que en 2015, se reduce a 3.64 personas al día. A pesar de estos datos, el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/ VIH/SIDA estima “un sub-registro9 de alrededor del 50%”. La epidemia se sigue concentrando en población clave. Según el CNE, la vía de transmisión sigue siendo sexual en un 93% y 4% de transmisión madre-hijo. Ante el descenso de los casos reportados, la capacidad de respuesta del Estado debería ser más eficiente y con atención integral y se debería privilegiar el derecho a la prevención y una protección social sensible con respecto al VIH. La respuesta al VIH a nivel mundial muestra signos positivos: descenso en nuevas infecciones de VIH por año, más personas con acceso a tratamiento antirretrovírico, menos niños adquirieron el virus, menos personas que fallecen por enfermedades relacionadas con el sida.

Cuadro No. 2 Signos positivos en la respuesta al VIH en el mundo 36.9 millones son las personas con VIH en el mundo a 2014 3.1 millones Personas que adquirieron el VIH en 2013

2 millones Personas que adquirieron el VIH en 2014

Las nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 35 % desde el año 2000 13.6 millones Personas con acceso a tratamiento antirretrovírico a junio 2014

15 millones Personas con acceso a tratamiento antirretrovírico a marzo 2015

El acceso a tratamiento antirretrovírico ha aumentado 18% desde 2010 520,000 Niños que adquirieron el VIH a escala mundial en el año 2000

220,000 Niños que adquirieron el VIH a escala mundial en el año 2014

Las nuevas infecciones por el VIH entre los niños han disminuido en un 58% desde el año 2000 2 millones Personas que murieron por enfermedades relacionadas con el sida en 2005

1.2 millones Personas que murieron por enfermedades relacionadas con el sida en 2014

Las muertes relacionadas con el sida han disminuido 42% desde el nivel máximo alcanzado en 2004 Fuente: ONUSIDA: How Aids changed everything. Hoja de datos, p. 1

8 Elaboración propia con base en datos de García, Judith; Centro Nacional de Epidemiología. Vigilancia epidemiológica del VIH. Guatemala, octubre 2015, p. 2 9 MSPAS. Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA, Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Lucha contra el VIH y sida. Guatemala, marzo de 2014, p. 7

El tratamiento antirretroviral o antirretrovírico tiene una serie de beneficios, lo “que ha quedado demostrado ampliamente, disminuyendo de manera dramática la mortalidad asociada al SIDA que se producía al inicio de la epidemia en todo el mundo. Está diseñado para suprimir la replicación viral”, “…mejora la función inmune, retrasa la progresión clínica y prolonga el tiempo de sobrevida. Es considerada como una de las mejores estrategias costo-efectiva introducidas en la última década, porque reduce el número de hospitalizaciones, la incidencia de infecciones oportunidad, la mortalidad y mejora la calidad de vida”.10 En Guatemala, según cifras oficiales del MSPAS, las personas con VIH en tratamiento con antirretroviral son 16,386 en 2013 (datos publicados en noviembre de 2014). El 31% de las personas con VIH estimadas reciben tratamiento antirretroviral, el 18% tienen carga viral menor a 1000 copias por ml11.

Cuadro No. 3 Casos de VIH y tratamiento en Guatemala

34,512

50%

Casos de VIH acumulados desde 1984 a octubre de 2015

Estimaciones de subregistro de casos

De casos de VIH son HOMBRES, en 2015

De casos de VIH son MUJERES, en 2015

68.5%

16,386

Personas con tratamiento ART a 2013

31.5% 1,108

Casos nuevos de VIH registrados de enero a octubre de 2015

Fuente: elaboración propia, en base a datos del MSPAS

“El tratamiento antirretroviral, además de salvar vidas y recuperar la salud de las personas, reduce la carga viral y puede reducir sustancialmente la capacidad de transmitir el VIH” MSPAS, Programa Nacional de Prevención y Control ITS/VIH/SIDA. Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la lucha contra el VIH y el sida. Guatemala, 2014, p. 28 10 MSPAS, Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA. Manual de Tratamiento Antirretroviral y de Infecciones Oportunistas en Guatemala. Guatemala, 2012, p. 7 11 MSPAS, Programa Nacional de Prevención y Control ITS/ VIH/SIDA. Resultados de la Evaluación de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral, Cascada de servicios de atención de VIH y Condiciones Institucionales que puedan influir en el proceso en Guatemala. Guatemala, noviembre 2014

El Estado de Guatemala da atención a pacientes con VIH en 18 Unidades de Atención Integral (UAI), ubicadas en diez diferentes departamentos del país, aunque la mayoría se ubican en la ciudad de Guatemala.

Cuadro No. 4 Unidades de atención integral al VIH en Guatemala y pacientes atendidos12 No.

Unidad de Atención Integral

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hospital San Benito, Petén

Pacientes activos ARV 2013 MSPAS 377

Hospital de Escuintla

503

Hospital Rodolfo Robles

621

Hospital de Zacapa

Hospital Regional de Occidente

546

Hospital de la Amistad Japón, Puerto Barrios

643

Hospital Regional de Coatepeque

1,832

Hospital Elisa Martínez, Puerto Barrios

648

Hospital de Cuilapa, Santa Rosa

215

Hospital de Huehuetenango

111

Unidad Integral de Antigua

229

Clínica de Enfermedades Infecciosas, Hospital Roosevelt

3,725

Clínica Familiar Luis Ángel García, Hosp. San Juan de Dios

2,420

Hospital de Malacatán Sanidad Militar Hospicio San José Instituto Guatemalteco de Seguridad Social TOTAL

242 59 359

4,110 16,386

Fuente: MSPAS, Programa Nacional de Prevención y Control ITS/VIH/SIDA13

12 Por razones que se desconocen, no se incluye en este cuadro el Hospital Nacional de Retalhuleu, cuya unidad de atención integral fue instalada desde noviembre de 2013, con lo que sumarían 18 las UAI en el país. 13 MSPAS, Programa Nacional de Prevención y Control ITS/VIH/SIDA. Resultados de la Evaluación de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral, Cascada de servicios de atención de VIH y Condiciones Institucionales que puedan influir en el proceso en Guatemala. Guatemala, noviembre 2014

1.2

Discriminación y estigma

La vulneración de los Derechos Humanos relacionados al VIH se relaciona con el estigma y discriminación que sufren las PV y población clave. Tales comportamientos se fundamentan en falta de información, desinformación y mitos sobre la forma de adquirir el VIH, en particular porque se le asocia directamente a la conducta de la persona, a la diversidad sexual y al trabajo sexual. El análisis de los casos de violaciones de Derechos Humanos de personas que viven con el VIH y población clave que se detallan en este informe (ver capítulo 4) muestra una constante de estigma que se traduce en actos discriminatorios en diferentes ámbitos en la vida cotidiana, tales como privado y familiar, en los servicios de públicos, en el trabajo, educación y otros. Las poblaciones clave de hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales y personas trans son las más vulnerables al VIH como consecuencia de la deficiencia en los servicios de salud así como la criminalización, los entornos punitivos, la marginación social y la estigmatización y discriminación continuadas a las que se enfrentan. En la sociedad guatemalteca la influencia de creencias religiosas motiva igualmente discriminación hacia las PV y población clave. Existe “una fuerte influencia de las creencias religiosas, especialmente en maestros quienes equiparan la infección por VIH con un castigo divino como consecuencia de conductas inapropiadas desde los cánones religiosos”.14 Los Estados y las sociedades pocas veces reconocen el costo social y económico de la exclusión. A ese respecto, expertos han desarrollado un modelo para medir el costo de la exclusión de las minorías sexuales y debatieron sobre las legislaciones punitivas aprobadas en países de todo el mundo.15 14 IDEM, p. 25 15 Banco Mundial, “La importancia de la inclusión. Fundación para la prosperidad compartida”, 2013

“El estigma relacionado con el VIH es un fenómeno multiestratificado que tiende a aprovechar y reforzar connotaciones negativas por medio de la asociación del VIH y el sida con comportamientos ya de por sí marginados como el trabajo sexual, el consumo de drogas y las prácticas entre HSH y personas transexuales. El estigma está profundamente arraigado y opera dentro de los valores de la vida cotidiana; las imágenes asociadas al sida están modeladas para asegurar que el estigma relacionado con éste, se entremezcle con las desigualdades sociales y contribuya a reforzarlas”. Estudio diagnóstico de estigma y discriminación hacia personas con VIH, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trabajadoras sexuales (MTS), HIVOS, 2012, p. 13

“Las leyes punitivas están afectando a nuestros esfuerzos por acabar con la epidemia de sida y repercuten en la economía de los países. Las respuestas inclusivas y basadas en los derechos son la marca distintiva de la respuesta al sida y ofrecen plataformas sobre las que apoyarse. Necesitamos más pruebas y datos para convencer a los legisladores y políticos de la necesidad de abordar las cuestiones sobre LGBT y la homofobia para garantizar la protección de los Derechos Humanos y la igualdad en salud y desarrollo”. Dr. Luiz Loures, Director ejecutivo adjunto de ONUSIDA y secretario general adjunto de las Naciones Unidas.16

1.3 Marco jurídico internacional de protección a los derechos de las personas con VIH y población clave

Es necesario tener en cuenta que ante la epidemia del VIH/sida fue necesaria una respuesta mundial, que llevó incluso a la creación de una nueva entidad internacional de las Naciones Unidas para atender la epidemia (ONUSIDA), junto con una serie de normativas para combatir la exclusión y discriminación hacia las personas con VIH y poblaciones en más alto riesgo. Al mismo tiempo se fueron aplicando mecanismos jurídicos existentes, en tanto los Estados hicieron sus propios esfuerzos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia en su artículo 1 que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, este principio de igualdad es reforzado en el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos en su artículo 26, al afirmar que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, derechos contemplados también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2), el Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 3) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1, 17, 23 y 24).

16 http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2014/march/20140314homophobia

La Observación General 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, define los aspectos esenciales de prevención y el tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas. • Párrafo 16: …Establecimiento de programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/sida y las que afectan de forma adversa a la salud sexual… • Párrafo 18: …Se prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, situación económica, estado de salud (incluido el VIH/sida), orientación sexual o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. • Párrafo 19. ...impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos en particular lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación no manifiesta.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Art. 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos

No a la discriminación

s ma a r g nPro preve de ción

Salu

Igualdad Derechos

ARV

Dignidad

1.4 Mecanismos nacionales de respuesta ante VIH y de protección a los derechos humanos

En Guatemala hay una serie de leyes, políticas y programas que amparan la respuesta contra la epidemia del VIH/sida y la discriminación hacia las personas con VIH y población clave. Algunas de estas normativas mencionan directamente el problema y otras contemplan más bien un marco general de Derechos Humanos: • Constitución Política de la República • Decreto 90-97, Código de Salud • Decreto 57-2000, que reforma el Código Penal • Decreto 64-98, que reforma la Ley de Bancos de Sangre • Decreto 27-2000, Ley general para el combate del Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) y de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/sida • Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social • Decreto 81-2002, Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación • Decreto 33-2006, Ley de Régimen Penitenciario y su reglamento, acuerdo gubernativo 513-2011 • Decreto 330, Código de Trabajo • Decreto 9-2009, Ley de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas • Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) • Plan estratégico institucional para la prevención, atención y control de ITS, VIH-SIDA 2010-2015, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) • Presupuesto general de ingresos y egresos de la nación • Acuerdo No. 317-2002, Reglamento de la Ley general del sida (Decreto 27-2000) • Política Pública 638-2005 respecto de la prevención de las ITS y de respuesta a la epidemia del sida • Reglamento para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

1.5 Sobre la Red Legal y su Observatorio

Se define a la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y PEMAR como un espacio intersectorial de la sociedad civil, de carácter nacional, no religioso, no partidista y sin fines de lucro, conformado por personas jurídicas e individuales nacionales que trabajan por los Derechos Humanos relacionados al VIH y poblaciones en más alto riesgo; con el propósito de mejorar el contexto de protección, promoción y defensa de esos derechos, diversidad sexual, identidad de género y ejercicio de la sexualidad. La Red Legal y su Observatorio tienen como asociadas a diversas organizaciones que trabajan en la temática de Derechos Humanos, sean estas organizaciones jurídicas o de base comunitaria, redes y personas individuales. Tiene como fin contribuir, mediante acciones de vigilancia ciudadana, al cumplimiento del marco legal, nacional e internacional en función del respeto de los Derechos Humanos relacionados al VIH y PEMAR, promoviendo una respuesta jurídica y política que permitan un ambiente de respeto, protección y promoción de derechos asociados al tema. Sus objetivos son: • Generar acciones de promoción de respeto de los Derechos Humanos relacionados al VIH y PEMAR, por medio del fortalecimiento de acciones que conlleven a promover, proteger y defender los Derechos Humanos, en atención a las personas con VIH y PEMAR de Guatemala, mediante la coordinación interinstitucional y multisectorial. • Contribuir a la reducción del estigma, discriminación, criminalización y victimización de las personas con VIH y PEMAR, mediante la realización de acciones de capacitación, educación y formación dirigidas a la institucionalidad pública y otros grupos sociales, según se requiera.

• Realizar acciones de incidencia a nivel nacional, que tengan como objetivo mejorar el entorno jurídico - político mediante la promoción y participación en la revisión, formulación y aplicación del marco jurídico - normativo relacionado al VIH y PEMAR, de acuerdo a recomendaciones y compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos. • Propiciar acciones de observancia sobre el respeto de los Derechos Humanos, relacionados al VIH y PEMAR, para la generación de información que contribuya en la toma de decisiones políticas, que mejoren el contexto jurídico y político en respeto a los Derechos Humanos.

Actualmente tiene tres tipos de socios: institucionales, individuales y aliados. También existen otras organizaciones de sociedad civil que representan poblaciones clave, que al momento de la elaboración del 4º Informe no forman parte de la Red Legal.

SOCIOS INSTITUCIONALES

1. Alianza Nacional de Grupos de Personas que Viven con VIH o sida de Guatemala 2. Asociación Alas de Mariposa 3. Asociación Amistad Positiva, Petén 4. Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral (IDEI), Quetzaltenango 5. Asociación de salud Integral (ASI) 6. Asociación de servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Chimaltenango 7. Asociación Gente Nueva 8. Asociación Gente Positiva 9. Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO), Quetzaltenango 10. Asociación Vida 11. Asociación de Educación en Salud C’aslen Vida 12. Colectivo Amigos contra el sida (CAS) 13. Consejo de VIH de Escuintla (CODESIDA) 14. Fundación Fernando Iturbide 15. Gente Unida, Quetzaltenango

16. Grupo de Auto apoyo Paso a Paso de personas con VIH Hospital Roosevelt 17. Grupo de Incidencia Solidaridad Positiva 18. Organización por la Igualdad, la Dignidad y los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual (LAMBDA) 19. Organización Mujeres en Superación (OMES) 20. Organización Trans, Reinas de la Noche (OTRANS) 21. Pastoral Social, Quetzaltenango 22. Programa para la Prevención de las ITS, VIH, SIDA de la Universidad de San Carlos 23. Proyecto Vida, Quetzaltenango 24. Red Suroccidente (REDSO), Quetzaltenango 25. Red VIH Petén 26. REDMMUTRANS 27. Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS) 28. Vidas Paralelas, Quetzaltenango

SOCIOS INDIVIDUALES

1. Juan Humberto López 2. Cesar Estrada 3. Oscar Morales 4. Víctor Hugo Fernández

SOCIOS ALIADOS

1. Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA) 2. Organización Panamericana de la Salud (OPS) 3. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 4. Catholic Relief Services (CRS) 5. Instituto Humanista de Cooperación para el desarrollo (HIVOS) 6. Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH) 7. Red Centroamericana de Personas Con VIH (REDCA) 8. Asociación de Abogados, Notarios y Profesionales de las Ciencias Sociales y Afines (Líderes Profesionales) 9. Red de VIH de Izabal

Metodología

CAPÍTULO

2.1 Objetivo general

Caracterizar la situación de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave, de 2013 a 2015 en Guatemala.

2.2

Objetivos específicos

• Analizar los avances y desafíos en la defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave. • Presentar un análisis de la situación de los derechos de las personas con VIH y poblaciones clave en Guatemala en base al registro realizado por la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos y PEMAR, organizaciones socias y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.

2.3 Entidades que orientaron el 4º informe

Al inicio del proceso, se invitó a representantes de entidades nacionales e internacionales que trabajan en temas de VIH, diversidades sexuales y Derechos Humanos. Con ellas se conformó la mesa técnica, cuyo rol fue apoyar la orientación del informe, facilitar información clave, dar acompañamiento en las reuniones de avance y hacer observaciones y sugerencias para la elaboración del informe final. Las entidades que integraron esta mesa técnica fueron el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH), la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS).

Asimismo se tuvo un acompañamiento cercano con la comisión técnica de la Red Legal y su Observatorio, integrada por representantes de organizaciones socias entre ellas Asociación Vida, Fundación Fernando Iturbide, Asociación Gente Positiva, Proyecto Vida/REDSO y Colectivo Amigos Contra el Sida, cuyo rol es establecer la estrategia de trabajo de la Red Legal para articular ejes de incidencia pública y política. Esta instancia dio orientación para la elaboración del informe, aportó información, hizo observaciones, validó contenidos y aprobó el informe final. Las socias de la Red Legal y su Observatorio reportaron casos de violaciones a los Derechos Humanos de la población que representan, compartieron información contextual, expusieron sus acciones y participaron en la orientación del 4º informe.

2.4 Forma de procesamiento de denuncias

Se sistematizaron casos de violaciones de Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave, provenientes de dos fuentes principales: a) la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y b) la Red Legal y su Observatorio, junto con sus socias. Hay una diferencia importante que debe ser tomada en cuenta en la manera como fueron registrados los casos: La Red

Legal y su Observatorio reportan casos individuales, en tanto que la IPDH reporta casos individuales y colectivos. Los casos colectivos se presentan en este informe como un solo caso, de manera que en los dos años y medio que cubre este estudio, los casos de la IPDH suman 122, que representan denuncias presentadas por 199 personas (ver capítulo 4).

2.5 Fases en la elaboración del 4º informe

El proceso se planificó y desarrolló de la siguiente manera:

1ª fase

Instalación de condiciones para el marco de sustento del documento Instalación de condiciones para iniciar la construcción de la estructura del documento, así como afinación de su orientación general, acercamiento a la institucionalidad de la Red Legal y su Observatorio y su coordinación técnica. Por otro lado, realización de una reunión de acercamiento con la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y con instancias clave del proceso. Asimismo, en esta fase se comenzó a hacer una revisión bibliográfica que incluyó los previos informes nacionales de la situación de los Derechos Humanos elaborados por la Red Legal y su Observatorio.

2ª fase

Registro de casos y análisis de contexto En la siguiente fase se priorizó el intercambio de información, se elaboraron criterios y socializaron instrumentos para obtención de información, se realizó el acercamiento con las organizaciones socias de la Red Legal y su Observatorio, agencias de cooperación que se involucraron en la realización de este informe, así como con el Procurador de los Derechos Humanos. Asimismo se inició la revisión de la base de datos de Red Legal y su Observatorio para la consolidación de información de las denuncias. Inicio de redacción.

3ª fase

Análisis de información, validación de avances y redacción de primer borrador Se analizó la información obtenida y se presentaron los avances en la elaboración del 4º informe ante la Mesa Técnica y la Comisión Técnica para su validación y orientación. Se afinó la información de la base de datos de la Red Legal y su Observatorio y en el proceso se agregó la información de la IPDH. Con la información y orientación recibidas se procedió a la elaboración y presentación del primer borrador del 4º informe, del cual se recibió la retroalimentación respectiva.

4ª fase

Elaboración del informe final En esta fase se ingresaron las observaciones al primer borrador, con lo que se redactó el informe final y se agregaron el prefacio y el informe ejecutivo. Se hicieron los arreglos respectivos para su diagramación y con ello el informe quedó listo para ser presentado públicamente.

CAPÍTULO

Avances y pendientes en la

protección

de las personas con VIH y población clave

3.1 Agenda nacional y en desarrollo

Algunas de las iniciativas que se describen en este capítulo son el resultado de las acciones que impulsan las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con VIH y población clave, en concordancia con su agenda de incidencia política hacia el Estado guatemalteco para que honre compromisos asumidos ante mecanismos internacionales y por el cumplimiento y exigibilidad de sus Derechos Humanos. La institucionalidad del Estado va paulatinamente adquiriendo conocimiento, sensibilidad y en algún grado compromiso con estos derechos. Es un proceso lento, especialmente por las características de la sociedad guatemalteca. Suelen ser los funcionarios que atienden directamente a los usuarios de servicios públicos quienes comenten prejuicios y violentan los derechos de las personas con VIH o poblaciones clave, lo que lleva a que esas situaciones deban plantearse en instancias de justicia o Derechos Humanos al más alto nivel, especialmente debido a la falta de protocolos, rutas y mecanismos de coordinación, que son una constante que ponen a muchas personas en una situación de vulnerabilidad de sus derechos.

“Por medio del activismo de base, la defensa y la participación en el establecimiento y puesta en práctica de políticas públicas, las acciones de las mismas personas que sufren discriminación, de sus familiares y amigos/as pueden ser una fuerza radical a favor del cambio y contribuir a derribar las barreras que impiden la plena realización de los Derechos Humanos”. Karla Urízar, Asociación C’aslen

Hubo una serie de programas, planes, legislación, comisiones, etc. que en su momento formaron parte de la respuesta inicial del Estado de Guatemala a la epidemia de VIH/sida, uno de los iniciales fue el Acuerdo Gubernativo 342-86 “Sida como enfermedad de notificación obligatoria” de 1986. Con el avance de la epidemia y la respuesta internacional, se fueron formulando nuevas iniciativas, unas desde el Estado y otras desde la sociedad civil, en la vía de actualizar la estrategia de intervención, con un enfoque de Derechos Humanos para las personas con VIH y población en más alto riesgo. En ese contexto ha sido evidente la beligerancia de la sociedad civil en el impulso de una serie de acciones para la adopción de políticas públicas, leyes, diálogos y otros mecanismos a través de los cuales se vele por los derechos de las personas con VIH y población clave, cada iniciativa en distinto grado de progreso. A continuación, un listado de las iniciativas que se han impulsado o que siguen impulsándose en la actualidad.

 Audiencia temática sobre “Discriminación por Orientación Sexual en Guatemala” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) En noviembre de 2012 se llevó a cabo la audiencia temática sobre “Discriminación por Orientación Sexual en Guatemala” ante la CIDH en Washington en ocasión de su 146º período de sesiones, en la que las organizaciones de sociedad civil, incluyendo a la Red Legal y su Observatorio de DH, dieron a conocer la situación de Derechos Humanos de la comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) y presentaron un petitorio17, que entre otras peticiones contenía: • Formular e implementar políticas públicas integrales e incluyentes, que tiendan a empoderar a las personas de la comunidad LGTBI para el ejercicio de sus Derechos Humanos. • Aprobar leyes para la protección de esta comunidad en contra de todas las formas de discriminación. • Esclarecer los delitos contra la vida cometidos hacia la población LGTBI. • Aumentar recursos y personal para el programa de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud.

• Capacitar a la Inspección General de Trabajo para que su personal pueda actuar eficazmente frente a las denuncias contra empleadores que discriminen sobre la base de orientación sexual y/o padecimiento de VIH/SIDA. • Promover campañas educativas para garantizar educación igualitaria. • La instalación de una mesa técnica y política de diálogo con el fin de dar seguimiento a las solicitudes presentadas.

17 El petitorio fue publicado en el estudio “Discriminación por orientación sexual e identidad de género y una aproximación a la interseccionalidad con otras formas de discriminación en Guatemala”, realizado por la Fundación Myrna Mack, Guatemala, 2012, pp. 36-37

Este marco es importante pues de este se derivan varias acciones que han tenido resultados concretos, algunos de los cuales se citan en este apartado, como producto de las recomendaciones al Estado que hiciera la CIDH y el seguimiento e incidencia de las organizaciones de sociedad civil para su cumplimiento. Por otra parte, como seguimiento a la audiencia temática fue elaborado un Plan de Incidencia y Agenda Política por la Red Legal y su Observatorio en el año 201318

que prioriza acciones inmediatas en el marco del petitorio y que van cobrando cada vez mayor vigencia y atención de parte del Estado de Guatemala. Es de resaltar la incidencia en este ámbito que ejercieron las organizaciones de sociedad civil en un esfuerzo colectivo en vías al reconocimiento de sus derechos a la salud, la ciudadanía, el trabajo, la no discriminación, la atención especializada e integral, además de la promoción y sensibilización de Derechos Humanos a la sociedad en general.

18 Documento Asistencia Técnica para la Documentación de la Audiencia Temática sobre la Violación de los Derechos Humanos de la Población de la Diversidad Sexual en Guatemala, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 146º período de sesiones, realizado por la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, abril 2013

 Reforma al Decreto 27-2000, Ley general para el combate del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) y de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/Sida En el año 2013 la Red Legal impulsó una iniciativa de reforma del Decreto Ley 27-2000 (Ley de VIH) con el objetivo que responda a la realidad nacional que día a día enfrentan las personas que viven con VIH; este trabajo intersectorial busca entre otros aspectos reformar varios artículos correspondientes a la revelación del diagnóstico, considerando que es violatorio del derecho de confidencialidad de la prueba y del diagnóstico, lo que pone en riesgo la dignidad de la persona. Por otro lado las organizaciones concluyen que el abordaje de conceptos, la atención, vigilancia y todo lo referente a los Derechos Humanos ha ido en una constante evolución por lo que la ley, a 15 años de haberse aprobado, necesita actualizarse desde una perspectiva de Derechos Humanos y en el marco de las directrices internacionales sobre el VIH/SIDA19. Se tiene registro que desde el año 2008 se han presentado propuestas de cambio a dicha ley, sin embargo el Congreso de la República únicamente hizo la recepción de las iniciativas y no avanzó en su discusión ni análisis. Estas iniciativas caducaron en tiempo y en lo que motivaron su origen, la respuesta al VIH ha ido en constante evolución y el enfoque desde una perspectiva de Derechos Humanos cobra mayor vigencia. Actualmente las organizaciones de sociedad civil promueven reuniones de socialización de la propuesta de reforma a nivel nacional. 19 Ver anexo, propuesta de reforma socializada y consensuada en Asamblea de Red Legal, de 13 de noviembre 2014

 Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans en Guatemala En el año 2011 inició un proceso liderado por OTRANS con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en el que se identificó que una de las necesidades referidas por la comunidad trans es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no cuenta con un modelo ni normas de atención diferenciada para la atención de las personas trans en los servicios de salud y que la atención que ofrece se circunscribe al diagnóstico y tratamiento de ITS y a la oferta de pruebas de VIH. Por tanto, carece de un modelo integral que dé respuesta a las necesidades de salud de una manera más amplia y que contemple el abordaje integral de los componentes psicológicos y de tratamiento hormonal, aspectos estrechamente vinculados con los procesos de modificación del cuerpo de acuerdo con la identidad de género. No se les ofrece a las personas trans, por ejemplo, exámenes mamario, genital y/o anal.

Este proceso ha contado con el apoyo técnico y político de las agencias de Naciones Unidas en Guatemala (UNFPA, ONUSIDA, PNUD, OPS/OMS y OACNUDH) y el acompañamiento de representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En diciembre de 2013 se obtuvo un aval de las autoridades del MSPAS para la aprobación de esta estrategia. Durante 2014 y 2015 diferentes dependencias del MSPAS fueron incorporadas en la mesa técnica establecida por el Ministerio con el fin de hacer modificaciones y replanteamientos al documento presentado en el 2013. Al término de este informe la “Estrategia de Atención Integral Diferenciada en Salud para Personas Trans en Guatemala 2016-2030” había sido firmada, presentada y oficializada públicamente el día 27 noviembre de 201520.

Ante ello se formula la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans en Guatemala, resultado del esfuerzo colectivo impulsado por las lideresas de OTRANS, a la cual se han sumado otras organizaciones como la Red Nacional de Personas Trans Guatemala (REDTRANS) y la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS).

20 http://otrans.blogspot.com/2015/11/ministro-de-salud-firma-la-estrategia.html

 Propuesta de Ley de Identidad de Género para Personas TRANS

La existencia de una Ley de Identidad de Género para personas Trans garantizaría un acceso real a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales de esta población que frecuentemente sufre el estigma, la criminalización y la negación de sus derechos. La ley también permitiría que las personas Trans puedan cambiar su nombre y género en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) sin ningún requisito previo que implique algún procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo u otros afines, contemplando la identidad como un derecho humano fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades; ello incluye el tener un nombre y la identificación a través de los documentos oficiales de conformidad con el género que escoja cada persona. Desde 2011 se ha hecho público el impulso de esta iniciativa por OTRANS, cuyas integrantes siguen demandando que se conozca y se atienda su necesidad de ser reconocidas en el marco de su identidad de género. Esta demanda no ha sido escuchada hasta ahora, pese al respaldo de los mecanismos internacionales de los cuales el Estado de Guatemala es signatario. Lo que se evidencia con esta negativa es que el ejercicio de legislar se hace desde una postura conservadora, marcada por una tendencia patriarcal, discriminadora y fundamentalista. La ley no ha sido aprobada. Mientras se desarrolla el proceso de la Ley de Identidad de Género, el Consorcio para el Fortalecimiento de los Procesos Políticos y Elecciones (CEPS), conformado por la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (INDI), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Defensoría de la Diversidad Sexual de la IPDH y ONUSIDA, realizan talleres dirigidos a funcionarios públicos del RENAP con el objetivo de generar espacios de reflexión y diálogo sobre la diversidad sexual y de género en un marco de Derechos Humanos, con énfasis en el derecho a la identidad de las personas trans y a partir del mandato institucional del RENAP.

 Propuesta de Política Pública LGTBI Derivado de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala ante la CIDH en mayo de 2013, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) instaló la Mesa Técnica Interinstitucional de Seguimiento para la protección de los Derechos Humanos de la Población LGBTI. Está integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las cuales destacan los ministerios de Gobernación, Salud y Asistencia Social, Trabajo y Previsión Social, Educación, el Ministerio Público, Organismo Judicial, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Instituto de la Defensa Pública Penal, Secretaría de la Mujer (SEPREM), Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), la Comisión Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), Policía Nacional Civil, el Registro Nacional de Personas (RENAP), la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) y las organizaciones no gubernamentales Gente Positiva, la Red Legal y su Observatorio, LAMBDA, REDNADS y Organización Reinas de la Noche (Otrans) con el objeto de consolidar una agenda política a fin de promover e implementar acciones concretas de protección de los Derechos Humanos a favor de la población LGBTI. La propuesta de Política Pública para la Prevención de violaciones a los Derechos Humanos de la Población LGBT tiene como objetivo: instituir programas, planes y líneas de acción incluyentes de la diversidad sexual en materia de servicios públicos, acceso a la justicia, participación civil, así como la pro-

tección de defensores de Derechos Humanos pertenecientes a esa comunidad. Además de instituir acciones que permitan su inclusión en el ámbito político del país, teniendo como ejes centrales la no discriminación por motivo de identidad de género y orientación sexual, así como el reconocimiento del Estado de Guatemala de la existencia de la comunidad LGBTI, sus derechos y garantías establecidas en el marco constitucional, así como la plena vigencia de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos21. Si bien este paso se constituye como una ventana de oportunidad para el reconocimiento de los derechos y la ciudadanía de las poblaciones LGTBI, se teme que este esfuerzo pueda no concluirse con el cambio de gobierno en enero de 2016; las organizaciones hicieron grandes esfuerzos en sensibilizar a los representantes de las instituciones de gobierno que formaban parte de la Mesa Intersectorial y lograr así la comprensión de la necesidad de dicha política. “Al principio fue un proceso de diálogo estéril, sin comprensión del marco de Derechos, poca sensibilidad y apertura de parte de los representantes gubernamentales, cuadros medios y técnicos sin capacidad de toma de decisión, con quienes trabajamos casi un año en sensibilizarlos en la temática, pero por otro lado nos damos cuenta de la poca oferta profesional experta en la temática de política pública LGTBI ya que se realizó una propuesta de política que no llenó las expectativas de las organizaciones LGTBI”. Carlos Romero, REDNAS.”

21 http://www.copredeh.gob.gt/index.php?showPage= 2053&nwid=533

 Creación de Comisión Técnica Multisectorial de Apoyo a la Prevención de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en Poblaciones en Mayor Riesgo Como respuesta a las demandas que promovieron las organizaciones LGTB en el seno de la audiencia temática en la CIDH en 2012, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) crea a través del Acuerdo 1-2012 esta comisión como un ente articulado de promoción, diseño, desarrollo y coordinación de acciones conjuntas para la socialización de la normativa relacionada con la violencia sexual, explotación y trata de personas, y la prevención de esos delitos. Está integrada por representantes de estas instancias: SVET, USAID, ONUSIDA, ONUMUJERES, PASCA y PASMO. Entre sus funciones están desarrollar estrategias, analizar y contextualizar la problemática de los grupos Pemar, diseñar y ejecutar estrategias de comunicación, y gestionar recursos financieros para la implementación de las acciones vinculadas al trabajo de la comisión. La Vicepresidencia de la República, a

quien responde la SVET, expresa que son logros de esta comisión el establecimiento de una ruta crítica de atención grupos Pemar y la realización de mesas exploratorias con instituciones de seguridad y de atención a grupos Pemar desde el Estado.22 Si bien este es un mecanismo que se suma a los pocos existentes en el nivel gubernamental para población LGTBI, carece de una representación de organizaciones de sociedad civil que trabajan a favor de estos derechos, tiene poca difusión y al momento, con los cambios políticos del país y el futuro cambio de gobierno (el 14 de enero de 2016), no se sabe si continuará funcionando o teniendo suficiente apoyo. ...”La PDH ha recibido información de que pocas organizaciones conocen la existencia de esta mesa, y en ella no participan organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos de las personas LGBTI”.23

 Reformas al Código Penal para tipificar la discriminación como delito Guatemala carece de un marco normativo nacional que garantice los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI y que obligue a la institucionalidad del Estado a atender de manera especial y profesional a esta población. Ninguna normativa nacional contempla el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI, en especial en lo referente a su orientación sexual e identidad de género, lo que se evidencia en los crímenes de odio, constante acoso por parte de funcionarios públicos como la Policía Nacional Civil, funcionarios del sistema penitenciario, falta de registros reales sobre denuncias y violaciones a los Derechos Humanos, discriminación en el ámbito privado, entre otros.

22 Memoria de labores 2012, SVET, pp. 23-24 23 Procurador de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado, Situación de los Derechos Humanos y Memoria de Labores, 2014, apartado referente a 1.5.9 Personas de la diversidad sexual y de género, p. 107

En septiembre de 2002 fue aprobada una reforma al Código Penal, precisamente sobre el delito de discriminación. El decreto 17-73 del Congreso de la República adiciona el artículo 202 bis, Discriminación, considerando como tal “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido”. La inclusión de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género no se incluye de manera expresa, sin embargo, el artículo puede ser aplicable al mencionar “cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia”. Esto es positivo a nivel jurídico, ya que su aplicación podrá contribuir a evidenciar, documentar y judicializar los actos de discriminación y estigmatización de los cuales son víctimas quienes pertenecen a la comunidad LGTBI. Sin embargo, a nivel político es recomendable proseguir la incidencia para que sea incluido en ese artículo, expresamente, la discriminación por orientación sexual e identidad de género como un delito. A ese respecto se trabajó una propuesta de las organizaciones de sociedad civil con el apoyo de la Comisión Presidencial contra el Racismo (CODISRA), que necesita ser retomada e impulsada.

 Presupuesto para VIH/sida El Estado guatemalteco sigue teniendo pendiente dar una respuesta integral y sostenible ante el VIH y apostar porque se puedan ir reduciendo las nuevas infecciones y muertes por el VIH y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH en el país. Hasta el momento no se conoce de un plan concreto que le dé continuidad a las acciones que hoy se desarrollan para la prevención y atención con apoyo de la comunidad internacional. Lo anterior pudo evidenciarse cuando en marzo 2014 se estuvo a punto de perder los fondos para la implementación de la fase II del Fondo Mundial debido a que el Congreso de la Repúblico no sesionaba para hacer la aprobación del mismo, esta situación pudo haber causado el desabastecimiento de medicamentos y dejar a miles de personas sin el tratamiento de antirretroviral. Pese a esta dependencia de recursos por parte del Estado para dar respuesta a la epidemia, tuvo que hacerse presión ante el organismo legislativo para que sesionara y conociera a favor de aprobar los fondos. A finales del año 2015 el legislativo no logra aprobar el presupuesto nacional de ingresos y egresos para el año 2016, un primer análisis del proyecto de presupuesto para el 2016 presentada por el Organismo Ejecutivo contempla una disminución en el presupuesto para Prevención y Control de VIH/sida de Q61 millones. Desde el año 2010 se implementan en el país las acciones del Acuerdo de Subvención del Proyecto “Intensificación de las acciones de prevención y atención integral del VIH/SIDA en grupos vulnerables y áreas prioritarias de Guatemala”, del Fondo Mundial, siendo su receptor de fondos el Ministerio de Salud y Asistencia Social como el ente rector de salud en el país, actualmente se ejecuta la fase II de dicho fondo.

La permanente crisis presupuestaria en los últimos años ha venido a agravar la situación en todo el sistema de salud, no ha permitido que el Estado de Guatemala asuma los procesos de adquisición y costos de los medicamentos, ni mucho menos la contratación del personal clave a cargo de estos procesos, que se ha formado y capacitado a través de los años del proyecto del Fondo Mundial. Los constantes cambios y rotación de personal derivados de que en el transcurso de 2015 sucedieron tres cambios de ministro de Salud, mismos que afectaron al Programa Nacional de Sida (PNS) son un agravante más a esta crisis.

Por otro lado es incierto el presupuesto total con el que cuenta el Programa de Control de ITS, VIH/SIDA. Las cifras que muestran distintos documentos oficiales de SEGEPLAN y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) no coinciden, no muestran claramente el presupuesto nacional asignado; existe un presupuesto “aprobado” y uno “vigente” que es distinto al aprobado, por otro lado en algunos informes presentan la suma total de fondos estatales y de donación internacional. La Contraloría informa sobre la base de lo ejecutado en total, con poca evidencia de respaldo de gastos.

El cuadro siguiente, de SEGEPLAN, muestra la ejecución pero no la asignación, no se aclara si son fondos de donaciones o si los recursos provienen de ingresos del Estado, de enero a octubre 2013-2014 (Las cifras están en miles de Q). Cuadro No. 5 Ejecución Presupuestaria del programa Control del ITS, VIH/Sida en 2014 Ejecutado 2012

Ejecutado 2013

Ejercicio fiscal 2014 VIGENTE

EJECUTADO

% de ejecución al 15 de octubre 2014

48,112.40

41,116.95

105,587.95

57,591.81

54.545

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN en base a dados del Sistema de Contabilidad Integrado, Ministerio de Finanzas Públicas, 2014

Es importante mencionar que con los fondos nacionales hay posibilidad de maniobra pues pueden ser utilizados para “otros” gastos que no necesariamente tengan que ver con las acciones que implementa el Programa de Control del ITS, VIH/SIDA ya que muchas veces el personal cubierto con estos fondos es asignado a otros servicios. Caso contrario es el de los Fondos de Donación que tienen sus restricciones de uso y obligan a que el programa únicamente se limite a las acciones previstas en el marco del convenio; esto provoca dependencia de los recursos y poca o nula proyección de sostenibilidad con fondos propios del Estado. Es imperativo que el MSPAS y los demás entes del Estado asuman la responsabilidad política manifiesta en la asignación de recursos financieros para garantizar el tratamiento antirretroviral –TARV- adecuado y de calidad, priorizando a las poblaciones con mayores prevalencias de VIH, además de dar seguimiento a los tratamientos y pruebas especiales que hasta hoy fueron cubiertos con los recursos del Fondo Mundial. 36

 Hacia un nuevo Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y control de ITS, VIH y SIDA (PEN)

El Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y control de ITS, VIH y SIDA (PEN) concluye en el año 2015 su período de implementación, derivado de ello el MSPAS en coordinación con organizaciones de la cooperación internacional realizó la evaluación del cumplimiento de las acciones implementadas, evaluación que concluyó a inicios de 2015.24 Varias organizaciones de sociedad civil participaron en la evaluación, misma que recoge elementos importantes a considerar por todos los actores interesados cuando se inicie el proceso de elaboración del PEN 2017-2020, como concluye la evaluación. Entre los hallazgos cabe mencionar: el sentido de urgencia con el que se elaboró el PEN 2011-2015 dado el contexto de desarrollo de la Nota Conceptual del VIH para el Fondo Mundial en su Fase I; no fue lo suficientemente divulgado; los funcionarios de salud pública lo desconocían; muchas organizaciones también desconocían la estrategia; la estructura organizativa de la misma no fue exitosa; las acciones entre actores y sectores fue descoordinada, muchas veces centralizada. El PEN no fue una agenda a seguir ni de referencia para las organizaciones. Esta evaluación marca un antes y un después sin mayores éxitos, pero puede aprovecharse la oportunidad para reorientar su marco de acción; se menciona en este capítulo porque es parte de la agenda organizativa y puede considerarse la oportunidad de aportar al desarrollo del documento desde un nuevo enfoque y con mayor y diversa participación de todos los actores sociales.

24 Documento, Guatemala, Evaluación Final del Plan Estratégico Nacional de ITS, VIH y Sida –PEN- 2011-2015, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala, marzo 2015.

 Diálogo con actores clave sobre la respuesta nacional al VIH El Mecanismo de Coordinación de País Guatemala (MCP-G) es una instancia multisectorial, funcional y de consenso conformada por entidades gubernamentales, sociedad civil y agencias internacionales. El MCP-G realiza acciones para el desarrollo y presentación de propuestas y la supervisión y seguimiento de los procesos realizados dentro de la fase de ejecución de las iniciativas aprobadas por el Fondo Mundial para dar una respuesta al VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. En ese marco apoya y coordina con otras iniciativas que se encuentren dentro de los planes estratégicos de VIH/SIDA, Tuberculosis, Malaria u otras enfermedades.

El MCP-G realizó en 2015 el diálogo sobre la respuesta al VIH con actores clave orientado al análisis de la respuesta nacional ante la epidemia del VIH y factores facilitadores y restrictivos; el análisis de los hallazgos de la evaluación del PEN; y conocer y consensuar las directrices del Fondo Mundial. Este diálogo nacional tuvo una amplia participación de todos los sectores. Las organizaciones de sociedad civil ven acertada esta iniciativa de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de VIH para los próximos cinco años y la formulación de la Nota Conceptual Simplificada 2016-1017 para el Fondo Mundial.

 Acuerdo Gubernativo 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Publicado en el Diario Oficial el día 8 de agosto de 2014 y que entró en vigencia el 8 de febrero de 2015, en donde se establece en sus artículos 5 y 6 la obligación de los patronos de informar a todos su trabajadores sobre el tema de VIH/SIDA; proporcionar a las personas que viven con la infección de VIH/SIDA, todo lo necesario para que el trabajador pueda desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad y condición. Así también se prohíbe a los patronos constituir como requisito para obtener un puesto laboral la prueba de VIH/SIDA, considerar la infección de VIH/SIDA como causal para la terminación de la relación laboral, discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual tienen derecho estas personas.

 Trabajo sexual Una de las organizaciones referente en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales es la Organización de Mujeres en Superación (OMES), conformada hace más de 15 años. Propugnan tanto el reconocimiento político como la mejora de la atención en salud de las trabajadoras sexuales, el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades y en general a mejorar el entorno del trabajo sexual. Los principales problemas para desempeñar el trabajo sexual en Guatemala que OMES ha detectado son el desconocimiento del marco regulatorio del ejercicio del trabajo sexual actual de Guatemala, en especial del Acuerdo Gubernativo 57-2012, Reglamento de ITS, tanto por el personal de salud como por la Policía Nacional Civil, los prejuicios del personal de los servicios de salud, la violencia de las autoridades policíacas, entre otros. Ello ha dificultado un abordaje integral de atención en salud de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, a la fecha les siguen exigiendo la realización de pruebas de VIH y otras ITS, el libreto y presentarlo a la policía local, que suele utilizar la existencia de condones como medio de prueba de ejercer el trabajo sexual, en una interpretación errónea del Decreto 9-2009, Ley contra la Trata y la Explotación Sexual (artículos 36 y 39), que ha impedido que se llegue a realizar acciones de integración efectiva al sistema de salud para muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual tanto el de los bares como el clandestino.

En noviembre 2013 OMES y el MSPAS realizaron la firma del “Macro convenio de cooperación para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y cumplimiento de las normas y acuerdos de salud en el área de profilaxis sexual”, a favor de las trabajadoras sexuales. Para el impulso y posicionamiento de temáticas relacionadas con el trabajo sexual ha sido importante sumarse a iniciativas a nivel regional como la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (REDTRASEX), donde OMES ha logrado posicionarse como referente del trabajo con Mujeres Trabajadoras Sexuales y aporta en el marco de “Trabajadoras de Sexo de Latinoamérica y el Caribe, trabajando para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad al VIH, una estrategia regional para un verdadero impacto” en el marco de la Subvención del Fondo Mundial. La experiencia en acciones de incidencia pública y política (foros, conversatorios, caminatas, talleres de capacitación y sensibilización, plantones, etc.) dirigidas a las diferentes instancias de gobierno individualmente y en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, ha logrado una proyección social y posicionar el tema en la agenda pública.

 Inclusión de la población LGBTI en el formulario de denuncias de la PNC y en el sistema del Ministerio Público REDNADS han impulsado una serie de acciones de coordinación para la incidencia con el Ministerio Público (MP) y las Oficinas de Atención a la víctima (OAV) de la Policía Nacional Civil (PNC), logrando que en el Sistema informativo de control de la investigación del Ministerio Público (SICOMP) se añadiera un campo que permite agregar información específica sobre la orientación sexual e identidad de género; asimismo en las boletas para la recepción de denuncias que manejan las OAV fue incorporado un apartado en “datos generales de la víctima” que también especifica la orientación e identidad de género de las personas LGTBI. Este logro es significativo para las organizaciones LGTBI porque permite de alguna manera que los funcionarios públicos que son parte del sistema de justicia tengan conocimiento y sensibilización en la atención hacia la población LGTBI, evitando así la re-victimización y se pueda contar con la documentación de casos y datos oficiales que permitan visibilizar los casos de crímenes de odio y otros tipos de violencia que puedan afectar a la comunidad LGTBI.

 Personas privadas de libertad En Guatemala existen 21 centros penitenciarios que dependen de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Estos centros fueron creados con el concepto de atender hombres y mujeres todos adultos, las condiciones en las que operan son precarias en presupuesto, condiciones físicas, atención por parte del personal, alimentación y medidas de seguridad interna. En Guatemala existían al año 2014 un aproximado de 18 mil privados de libertad, de los cuales el 91% son hombres, con una tasa de ocupación carcelaria de 260%. La prevalencia de VIH en personas privadas de libertad es de 0.9%, sin embargo debe analizarse los factores de riesgo a los que constantemente están expuestas, como la sobrepoblación, uso de objetos personales,

exposición a relaciones sexuales sin protección y sin consentimiento, contacto con fluidos corporales infectantes y constante exposición y vulnerabilidad a las infecciones de transmisión sexual. En orden a asegurar su derecho a la salud, es necesario el establecimiento de normas, guías, rutas y protocolos de atención específicos a manera de asegurar un manejo adecuado del VIH que permita dar una oportuna atención, prevenir nuevas infecciones y atender sus necesidades de salud, dentro de las normas que rige el Sistema Penitenciario. En este sentido la Fundación Fernando Iturbide ha venido impulsando la “Guía para la Prevención y atención del VIH en personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios” y la “Ruta de atención a personas privadas de libertad con VIH en los centros penitenciarios”.

En el año 2014 organizaciones LGTB iniciaron la realización del primer Diagnóstico de Necesidades de la Población LGTB privada de libertad, paso importante debido a que el Sistema Penitenciario carece de protocolos de atención a esta población, situación que ha llevado en muchos casos a poner en riesgo la integridad física y hasta la vida de las personas privadas de su libertad que pertenecen a esta comunidad. Este diagnóstico concluyó que ha habido una serie de actitudes denigrantes y discriminatorias de las cuales son víctimas los internos identificados dentro de la comunidad LGTB y que el personal del sistema penitenciario desconoce cómo brindar orientación y atención adecuada. A raíz de ese diagnóstico, REDNADS y Asociación Lambda, las organizaciones que lo impulsaron, subscribieron una Carta de Entendimiento con la Dirección General del Sistema Penitenciario que derivó en la realización de talleres para socializar y sensibilizar sobre los derechos de la población LGTB, además de promover la elaboración de un protocolo de atención diferenciada.

 Finalización de la Unidad de VIH del Procurador de los Derechos Humanos Actualmente, la Defensoría de la Salud absorbe dentro de sus funciones el trabajo relacionado con VIH. Dentro de sus funciones tiene: “Desarrollar con especial énfasis la verificación del cumplimiento de los derechos de las personas diagnosticadas con VIH, así como realizar el acompañamiento necesario para todo lo que signifique su derecho a la salud”.25 Esto implicó la finalización de lo que se conoció como Unidad de VIH, modificación que se dio a raíz del cambio de Procurador de los Derechos Humanos, en agosto de 2012. Las organizaciones de sociedad civil consideran que esto resta impacto al trabajo que se realizaba con respecto al VIH; las funciones que le correspondían a la unidad de VIH no parecen haberse trasladado en su totalidad a la Defensoría de la Salud, por lo que el trabajo sobre VIH tiende a invisibilizarse y puede verse en la disminución de registro de denuncias de violaciones a los derechos de las personas con VIH (ver tema 4.1).

25 http://www.pdh.org.gt/defensorias/de-la-salud.html

 Creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual del Procurador de los Derechos Humanos El 1 de abril de 2014 fue instituida la Defensoría de la Diversidad Sexual, que tiene las siguientes funciones: Referir denuncias de casos de violación a los Derechos Humanos, asesorar y dar seguimiento a casos, hacer incidencia legislativa y en políticas a favor de la comunidad de la diversidad sexual y realización de trabajos de investigación en este campo, entre otras. Si bien este es un logro para la comunidad LGTBI que años atrás se venía trabajando con el fin de hacer visibles sus Derechos Humanos, recae en esta oficina la gran tarea de ser la garante de los Derechos Humanos de la población LGBTI que día con día sufre el estigma y la discriminación por su orientación sexual e identidad de género. La propia Defensoría destaca que ha generado “la capacidad de fiscalizar a la administración pública respecto de las garantías y el goce de los derechos de las comunidades LGTBI”, así como el poder “promover y generar información sobre las violaciones y vulneraciones de las garantías fundamentales de estas comunidades”.26

 Campañas de sensibilización Estos últimos años fueron caracterizados por varias campañas públicas de sensibilización en medios escritos, televisivos, digitales y a través de mupis que buscaron incidir en la población guatemalteca y sensibilizarla alrededor de los derechos de la población LGTB, hacer frente al estigma y discriminación e informar acerca de los derechos como la prevención, Derechos Humanos y la solidaridad con las personas con VIH.

que ponen de manea visible, frases que conducen a una actitud positiva y es parte de las acciones afirmativas a posicionar ante la sociedad guatemalteca.

Se puede considerar un caso emblemático la campaña lanzada por la Fundación Fernando Iturbide con el apoyo de Hivos en junio 2013, que consistió en el lanzamiento de mensajes contra el estigma y la discriminación hacia los gays, trans, mujeres Estas campañas han generado una serie de trabajadoras sexuales y personas viviendo comentarios y posicionamientos de rechazo, con VIH a través de vallas y rótulos luminolo que pone de manifiesto la intolerancia, la sos en buses urbanos, donde se invitaba a homofobia, el estigma y la discriminación los guatemaltecos a ser respetuosos de la por parte de grupos conservadores del país, diversidad y a respetar las diferencias enpero por otro lado es importante decir que tre las personas. La campaña tuvo que ser la sociedad guatemalteca no es ajena a retirada por un tiempo y luego vuelta a lanlos esfuerzos que hace la población LGTB zar, tras tener que negociar con autoridades para el posicionamiento de sus derechos, municipales que se opusieron a ella. 26 http://www.pdh.org.gt/noticias/semblanzas/item/4736-defensor%C3%ADa-de-la-diversidad-sexual-genera-confianzaen-la-poblaci%C3%B3n-lgbti.html#.VjWuEbcveUk

Las campañas estuvieron caracterizadas por la creatividad con la que fueron presentadas, no fueron campañas posicionadas en su mayoría en solitario, sino en coalición entre varias organizaciones, la cooperación internacional y personalidades que son referentes políticos y sociales. La coyuntura del país fue propicia para posicionar la ciudadanía de la población LGTB con la compaña “VOTO CRITICO” en el marco de las elecciones generales 2015, instando a los partidos políticos a la inclusión de la diversidad sexual en sus planes de gobierno, campaña impulsada por REDNAS. En ese contexto electoral en 2015, se realizaron dos foros presidenciales; el primero, “Por un compromiso real frente al VIH” en la primera vuelta y el segundo, “Una respuesta real frente al VIH” con candidatos a la presidencia; fueron organizados por Gente Positiva. La compaña “Voto sin Estigma y sin TRANSFOBIA” promovía públicamente la participación política y ciudadana de las mujeres trans guatemaltecas y fue impulsada entre otras organizaciones por el Tribunal Supremo Electoral y USAID, 2015.

 Otras campañas: • “Qué va a querer?, qué va a llevar?”, impulsada por Colectivo Amigos contra el Sida (CAS), 2014 • Campaña contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, 2014 • Campaña para la Reducción del Estigma y Discriminación #yo Respeto, 2015 • Jornadas de pruebas rápidas de VIH a nivel departamental impulsadas por Gente positiva, 2015

Campaña #yo Respeto

Campaña ¿Qué va a querer?, ¿Qué va a llevar? 43

3.2 Agenda internacional

A nivel internacional la agenda de respuesta al VIH sigue en una constante de acciones que conllevan recomendaciones, llamados, objetivos y metas con el fin que permitan mostrar un cambio sustantivo en el número anual de nuevas infecciones, alcanzar a poblaciones vulnerables, una atención oportuna, eficaz, eficiente, presupuestos para programas de prevención y un enfoque basado en los Derechos Humanos de las personas. En este apartado se mencionan algunas de esas acciones que han sido consecuencia de importantes foros, encuentros y declaraciones a nivel regional y mundial de cara a una respuesta al VIH/SIDA basada en los de Derechos Humanos.

 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Como parte de la agenda del desarrollo después de 2015 las Naciones Unidas lanzan la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que consta de 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, pretendiendo con esto lograr algunas metas rezagadas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero hace mención especial a hacer realidad los Derechos Humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En la Declaración, en su numeral 23 expresa que “Es necesario empoderar a las personas vulnerables. Esta Agenda refleja las necesidades de todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad (más del 80% de las cuales viven en la pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes, entre otros...”; el numeral 26 dice “De igual modo aceleraremos el ritmo de los progresos en la lucha contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, el ébola y otras enfermedades transmisibles y epidemias, incluso abordando la creciente resistencia a los antibióticos y el problema de las enfermedades desatendidas que afectan a los países en desarrollo”.

Y en su objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; apartado 3.3: “Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”.27 En consonancia, a nivel nacional los Estados miembros deben elaborar lo antes posible respuestas nacionales ambiciosas para la implementación de dicha agenda. Si se hace un análisis de dicha agenda se establece que únicamente hace referencia a la equidad entre los géneros y empoderamiento de las personas vulnerables, pero en ninguna parte del documento se menciona la identidad de género o las diversidades sexuales.

 43ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Los días 4 a 6 de junio se realizó la 43a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Antigua Guatemala, en la que se adoptó la Resolución para la promoción y protección de los Derechos Humanos de personas vulnerables, afectadas y que viven con VIH/SIDA; también se aprobaron dos Convenciones Interamericanas contra la Discriminación: 1. Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e intolerancia y 2. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Discriminación e Intolerancia; asimismo, se adoptó la Resolución sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género. El Estado de Guatemala expresó que mantendría reservas en ambas convenciones, acotando lo siguiente: “El Estado de Guatemala declara que promueve y defiende todos los Derechos Humanos, y con respecto a las provisiones de esta resolución, no discrimina de ninguna manera”; ”Guatemala considera que el no reconocimiento legal del matrimonio del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria”. En ese mismo marco, la Conferencia Episcopal de Guatemala exigió al Presidente de la República la no adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Discriminación e Intolerancia, ni a la resolución sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, cuestión que fue aprovechada por el presidente Otto Pérez para hacer declaraciones en el sentido de que la sociedad guatemalteca es conservadora como para tratar “esos temas”, refiriéndose al matrimonio entre las personas de mismo sexo y el aborto. Esto no venía al caso pues tanto la Convención como la resolución de lo que tratan es de un llamamiento a promover la igualdad y el respeto de las diferencias, a promover la ciudadanía y evitar actos de intolerancia.

27 Proyecto de resolución presentados por el Presidente de la Asamblea General, Proyecto de documento final de la cumbre del as Naciones Unidas para la Aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, 12 de agosto 2015, documento en español, original en inglés.

Sin embargo, a nivel regional, en las organizaciones LGTBI había un sentimiento de celebración de un acontecimiento histórico ya que era la primera vez que en la región se mencionaba la orientación sexual e identidad y expresión de género en un instrumento internacional. En cuanto a la Convención sobre Promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas vulnerables al VIH/SIDA, viviendo con VIH/SIDA y afectadas por este, entre los aspectos importantes que la Asamblea hizo saber es su preocupación por la tasa de infecciones nuevas por VIH, así como por la cantidad de personas vulnerables al VIH/SIDA, viviendo con VIH/SIDA y afectadas por este en las Américas, en particular mujeres y niñas; reconoció los esfuerzos para la promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas vulnerables a la epidemia y el diseño de campañas masivas de información sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad en un marco de protección de los Derechos Humanos e inclusión social combatiendo la exclusión y discriminación de todo tipo. También reconoce como barreras el estigma y la discriminación que ejercen los líderes comunitarios y religiosos, proveedores de servicios de salud, agentes del Estado o aun sus propios familiares, la falta de acceso a seguro médico o servicios de salud adecuados, la pérdida o negación del empleo, y por ende del ingreso económico, la falta de acceso a créditos y la pérdida de vínculos familiares y sociales, entre otros obstáculos.

 Objetivos de tratamiento 90-90-90 para 202028 “90-90-90” son las nuevas metas 2020 para controlar la epidemia de VIH/sida en América Latina y el Caribe. Fueron suscritas por los países de la región, comprometiéndose a: • Aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico, • Incrementar a 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral y • Que el 90% bajo tratamiento tenga una carga viral suprimida.

Estos objetivos buscan reducir las nuevas infecciones por VIH y disminuir la mortalidad por sida, incrementar el diagnóstico de la infección, aumentar el número de personas bajo tratamiento antirretroviral (ARV) y reducir su carga viral a valores indetectables. Si bien constituyen una orientación para los Estados, en la práctica estas metas dependen en gran medida de la voluntad política de los funcionarios que ejercen poder de decisión para la implementación de las acciones propuestas. 28http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=371&lang=es

 Resolución CD52.R6: Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans (2013)29 En esta resolución emanada del 52º Consejo Directivo/65ª. Sesión del comité regional de la Organización Panamericana de la Salud se resolvió instar a los Estados Miembros entre otros puntos a: • Trabajar para promover la prestación de servicios de salud a todas las personas con el respeto pleno de la dignidad humana y el derecho a la salud, dentro del alcance del marco jurídico de cada Estado Miembro, teniendo en cuenta la diversidad de las expresiones de género y la identidad de género; • Otorgar prioridad a promover el acceso igualitario a los servicios de salud en las políticas, los planes y la legislación, y considerar la posibilidad de elaborar y fortalecer políticas integrales universales de protección social, incluida la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención de salud, y de promover la disponibilidad de los bienes y servicios esenciales para la salud y el bienestar y el acceso a ellos, teniendo en cuenta el estigma, la discriminación y la persecución que experimentan los integrantes de la comunidad LGBT; • Recopilar datos acerca del acceso a la atención de la salud y a los establecimientos de salud de la población LGBT, teniendo en cuenta los derechos de privacidad con respecto a toda información personal relacionada con la salud a fin de fortalecer la planificación, la ejecución y el seguimiento de los servicios y la atención de salud, y de las políticas, los programas, las leyes e intervenciones para la salud de las personas LGBT. Igualmente se solicita a su directora que elabore un informe sobre la situación de salud y el acceso a la atención de las personas LGTB, los obstáculos que pueden enfrentar para obtener acceso a los servicios de atención de salud y las repercusiones del acceso reducido de esta población, en consulta con los Estados Miembros y los interesados directos pertinentes.

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) En septiembre 2014 se presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el LIII período de sesiones el Informe Alternativo al III informe periódico del Estado de Guatemala sobre la aplicación del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

29 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4434/CD52-R6-esp.pdf?sequence=2&isAllowed=y

El informe describe en su capítulo 4 lo concerniente a la No-discriminación e igualdad de derechos para hombres y mujeres y comunidades de la diversidad sexual (artículo 2, párrafo 2 y 3 PIDESC). Expresa que a pesar que la Constitución Política de la República de Guatemala contiene el principio de igualdad y la no discriminación, la comunidad LGTBI continúa siendo violentada en sus Derechos Humanos y se percibe el abandono por parte del Estado al no reconocer su identidad de género y orientación sexual. Por otro lado se determina la homofobia como un factor relacionado con los crímenes de odio. El Estado de Guatemala, a través de sus funcionarios, hace declaraciones que contribuyen a la estigmatización social reforzando la discriminación hacia esta población. Se menciona también cómo la iglesia hace presión hacia el Estado desde un enfoque fundamentalista y muchas veces tergiversado del contenido de las Convenciones internacionales que buscan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, como lo sucedido en el 46º período de sesiones de la OEA realizado en Guatemala, donde el Estado de Guatemala fijó una postura frente al matrimonio gay cuando el sentido de las convenciones era otro. En este marco el Comité DESC hace la siguiente recomendación en cuanto a la no discriminación: “El Comité toma nota de la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual. Sin embargo, lamenta que persista la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual en el empleo, la vivienda y el acceso a la educación y la atención de la salud (artículo 2). El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas en particular de sensibilización para garantizar que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) no sean discriminados por su orientación sexual e identidad de género”. Asimismo alienta al Estado de Guatemala a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.30 El Protocolo Facultativo es un tratado internacional que permite a las víctimas de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), presentar denuncias a nivel internacional cuando las personas no pueden acceder a la justicia en los tribunales de su país por violaciones a estos Derechos. Sin embargo, el país debe primero convertirse en Estado parte del PF-PIDESC a través de una ratificación o adhesión. El PF-PIDESC es una herramienta de defensa y exigibilidad de los DESC.

30 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala, en su 53º período de sesiones, 10 al 28 de noviembre, 2014

Reporte de casos de violaciones de

derechos humanos

de las personas con VIH y poblaciones clave

La Red Legal lleva un registro de violaciones de Derechos Humanos que se alimenta de las denuncias que sus organizaciones socias reportan. Se registran aspectos como lugar donde ocurrió el hecho, derecho violentado, institución denunciada, así como datos relacionados con la víctima como edad, nivel de escolaridad, orientación sexual y otros.

La Red Legal lleva un registro de violaciones de derechos humanos que se alimenta de las denuncias que sus organizaciones socias reportan.

Las organizaciones que reciben las denuncias suelen también darles seguimiento, que pueden ser acciones como llamadas telefónicas a la entidad denunciada, acompañamiento a la víctima, hasta llegar a un estado de finalización del caso, que en muchas oportunidades tiene que ver con el otorgar medicamentos a un paciente, una conciliación, un resarcimiento o alguna medida administrativa. En diversas oportunidades, los casos son remitidos a la oficina de la IPDH por la Red Legal y su Observatorio o sus socias, aunque igualmente las víctimas suelen ir directamente a esa instancia a presentar sus denuncias.

CAPÍTULO

Esto marca una cuestión fundamental: estos casos no necesariamente representan denuncias realizadas ante el sistema de justicia. Del total de casos, pocos son judicializados, es decir que no necesariamente se busca darles seguimiento a nivel del sistema de justicia. La mayoría de casos no entran al sistema de justicia sino se les busca soluciones administrativas, con acompañamiento de la Red Legal y su Observatorio y/o sus organizaciones socias, o bien de la oficina de la IPDH. En este capítulo se presentan información proveniente del registro de casos de violaciones de los derechos de las personas con VIH y población clave que lleva a cabo la Red Legal y su Observatorio a través de sus organizaciones socias y de información proporcionada por el Procurador de los Derechos Humanos.

A continuación se citan las organizaciones que aportaron registros de casos para este informe. Para ver todas las organizaciones socias de la Red Legal y su Observatorio, ver capítulo 2, Antecedentes.

Listado de organizaciones Asociación Amigos contra el SIDA Asociación Gente Nueva Asociación Vida LAMBDA Líderes profesionales

Hay organizaciones que trabajan estos temas que no son socias de la Red Legal y su Observatorio, pero con quienes en algunos momentos se han coordinado esfuerzos. No se incluye el registro de casos que hacen esas organizaciones en este informe. También es necesario aclarar que no todas las organizaciones socias de la Red Legal y su Observatorio tienen como parte de sus acciones, llevar un registro de casos de violaciones de Derechos Humanos de la población que representan. Cuando se presen-

4.1

Asociación de Salud Integral (ASI) Asociación Gente Positiva Fundación Fernando Iturbide Red Sur Occidente (REDSO) IPDH

tan estos casos, suelen trasladarlos a la IPDH o a la Red Legal y su Observatorio. Por lo tanto se puede concluir que a pesar de la cantidad de denuncias presentadas en este informe, hay un sub-registro en la cantidad de casos de violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave, ya que no se incluyen casos registrados por organizaciones no pertenecientes a la Red Legal y su Observatorio, además de los casos que no son denunciados por las víctimas.

Denuncias registradas por año

Los informes de la Red Legal y su Observatorio registran casos de violaciones a los derechos de las personas con VIH y población clave a partir de 2009, se puede comparar ya una tendencia, a seis años de iniciada esta labor de registro y denuncia.

Casos de Red Legal y su Observatorio: El actual período bajo análisis inicia con un descenso en la cantidad de denuncias reportadas, disminuyendo un 40% de 2012 a 2013. Al siguiente año, 2014, se registra una cantidad de casos similar a la de 2012, con 451, (99% de 2012). Por aparte, el incremento en el registro de casos de 2013 a 2014 es de 64.6%. Si bien para 2015 la gráfica No. 2 muestra un descenso, hay que tener presente que el informe cubre solamente el primer semestre del año. Para tener una mejor idea de la evolución de registro de casos, conviene hacer una proyección simple (ver gráfica No. 3): en el primer semestre de 2015 había registrados 359 casos, se proyecta entonces el doble de casos para finales del año, que serían 718. Por lo tanto, la tendencia es que se elevaría el número de casos, proyectando que sería 2015 el año de mayor número de casos registrados desde que se elaboran los informes de la Red Legal y su Observatorio, considerando que el primer semestre de 2015 es el de mayor registro de casos en los 7 años de registro. El incremento de 2014 a 2015 se proyecta en un 59.2% de casos registrados.

Gráfica No. 2 Denuncias registradas por año*

*El dato para el año 2015 únicamente corresponde al primer semestre de ese año.

Gráfica No. 3 Proyección a diciembre 2015

El ascenso en la cantidad de casos registrados por la Red Legal y su Observatorio en los últimos años puede deberse a varios factores, entre los que cabe mencionar que puede haber una mayor concientización de hacer valer los derechos a través de la presentación de denuncias, ante las actividades que han realizado tanto la Red Legal y su Observatorio como sus socias en sensibilización, empoderamiento de la víctima, acompañamiento, campañas en medios, incidencia y otras. Asimismo, la fluctuación entre 2012 a 2014 puede deberse a que hay organizaciones de sociedad civil que dejan de ser socias de la Red Legal y su Observatorio, cuyo registro de casos no se incluyen en este informe, en tanto también hay nuevas socias.

Casos de la IPDH: El registro de la IPDH muestra igualmente un descenso en el registro de casos de 2013 a 2014, pero mucho más dramático, del orden del 77.3%, al registrar apenas 29 casos, en tanto en 2012 se habían registrado 128 casos. Si bien la tendencia también es de recuperación hacia 2014 como en el caso de los registros de la Red Legal y su Observatorio, lo es en menor escala, pues en ese año se registran 55 casos, que representan el 43% de casos de 2012; el incremento de 2013 a 2014 es de 90%. En la proyección matemática simple que se propone, es decir multiplicar al doble los casos registrados en el primer semestre para aproximar los que se registrarían hacia finales del año, resulta que a finales de 2015 habría 76 casos, aún 40.6% menos de los de 2012. Este descenso en la cantidad de casos registrados en la IPDH en los últimos años, podría deberse a la supresión del “Programa para la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y sida y poblaciones vulnerables”, cuya especificidad ayudaba a caracterizar las violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH, población LGTBI y demás población clave. Este programa se redujo a una de las acciones que contempla la Defensoría de la Salud, que contempla en general, “desarrollar con especial énfasis la verificación del cumplimiento de los derechos de las personas diagnosticadas con el VIH, así como realizar el acompañamiento necesario para todo lo que signifique su derecho a la salud”. Si bien la IPDH creó la Defensoría de la Diversidad Sexual en 2014, la cantidad de casos registrados en ésta no refleja la realidad de esta población y se muestra muy por debajo de los registros en años anteriores.

Es importante para la Red Legal y su Observatorio coordinar esfuerzos con la IPDH para hacer un registro homogéneo de casos de violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH, comunidad LGTBI y población clave; y retomar los aspectos que contemplaba el programa de VIH. Lo anterior puede ayudar a dinamizar el registro de los casos de población LGTBI, población clave y personas con VIH en todos los departamentos del país, que en la actualidad se concentra en la ciudad de Guatemala. Hay casos que se remiten desde las socias de la Red Legal y su Observatorio a la IPDH. Si bien esos registros se duplican, se puede determinar fácilmente cuáles son, en la revisión de las bases de datos tanto de la Red Legal y su Observatorio como de la IPDH. De tal manera, el total de casos que se registraron por año por ambas entidades, eliminando la duplicidad, fueron: 2013, 299; 2014, 476; 2015 (1er semestre), 370. Desde 2014, se registra más de un caso por día (1.3), en tanto que en 2015, cada día se comenten dos violaciones de los derechos de las personas con VIH y población en más alto riesgo (2.15 al día). Un registro de casos apegado a la realidad es importante, ya que tiene implicaciones sociales, jurídicas y económicas. Es importante la incidencia política de las organizaciones de sociedad civil para que en el Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, sea incluida una partida acorde con la realidad de la epidemia de VIH y los derechos de las personas que lo padecen y la población clave. Al momento de la redacción de este informe, aún no había sido aprobado el presupuesto para 2016, subsiste el temor de que se disminuya en Q61 millones los fondos destinados a VIH/Sida (ver tema 3.1).

4.2

Nivel de escolaridad

Determinar el nivel de escolaridad de los denunciantes permite orientar la toma de decisiones en cuanto al accionar de las socias de la Red Legal y su Observatorio, para orientar acciones de sensibilización sobre la denuncia, identificar comportamiento discriminatorio, instancias y rutas de denuncia. Este desglose corresponde a los casos que registran la Red Legal y su Observatorio, pues el formato de la IPDH no incluye ese dato. Las personas que más presentan denuncias se encuentran en un rango de escolaridad entre la secundaria y la universidad. Entre ambos estratos presentaron el 76% de los casos en 2013, el 86% en 2014 y el 70% en 2015. En los tres años, es ligeramente superior el grupo con un nivel de secundaria completo o parcial al de nivel universitario. Destaca que en 2015 la distribución en los rangos es menos dispar, ya que sube a 16% los casos presentados por personas con un nivel de primaria, también sube a 6% la cantidad de casos de personas con altos estudios; a nivel de maestría y doctorado, suman 22 los casos presentados por este estrato durante el primer semestre de 2015 para hacer el 6% de los casos. Se aprecia que los casos presentados por personas sin estudios van disminuyendo en el período del informe, de 13% en 2013 a 11% en 2014 y luego a 8% en 2015; en tanto, se incrementan los casos presentados por personas con altos estudios, que va del 2% en 2013 a 1% en 2014, subiendo a 6% en 2015, la más alta del período que cubre el informe.

Gráfica No. 4 Nivel de escolaridad de los denunciantes

2013 2014 2015

En el caso de las personas con un nivel de educación primaria completo o parcial, el comportamiento es fluctuante en los 3 años, representando en 8% en 2013, descendiendo a 1% en 2014 y llegando hasta un 16% en 2015. Los datos anteriores muestran que es necesario fortalecer el trabajo de las organizaciones socias con la población con poca o nula escolaridad, a fin de que puedan presentar denuncias cuando sean violados sus derechos. El nivel de escolaridad influye de forma directa en el comportamiento hacia la denuncia. La gráfica muestra claramente que a mayor nivel de escolaridad de las personas, mayor es su valoración de la denuncia.

4.3

Edad de las víctimas Un aspecto que ha importado a la Red Legal es la edad de las personas con VIH y población clave que sufren violaciones de sus Derechos Humanos. Se aprecia que las personas que se hacen las denuncias se ubican principalmente en el rango de edad de 29 a 39 años con 33% en 2013, 30% en 2014 y 37% en 2015; muy poco por debajo de este grupo está el de 40 a 49 años, con 31% en 2013, 29% en 2014 y 29% en 2015. Son las personas en estos dos rangos de edades las que mayormente hacen denuncias, manteniéndose de la misma manera en los tres años que cubre este informe. El rango de 50 a 59 años es también significativo, manteniéndose en promedio en 19% en los tres años.

Gráfica No. 5 Edad de los denunciantes

2014 2013

2015 Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015. Para leer esta gráfica: el círculo interior muestra el año 2013, el de en medio 2014 y el externo 2015. Las categorías descritas en la leyenda se localizan en el sentido de las agujas del reloj, iniciando en la parte superior (a las 12).

En menores de edad, quienes suelen encontrarse en distintos niveles del sistema educativo, la denuncia de casos de violaciones a sus Derechos Humanos es sumamente pequeña, alcanzando como máximo el 2% de las denuncias en los tres años que cubre este informe. Se evidencia la necesidad de un trabajo con niños y adolescentes, y del acompañamiento de sus padres o encargados, en temas de tolerancia, diversidades sexuales, autoestima y empoderamiento de sus derechos, que lleve a valorar la denuncia ante violaciones de sus derechos. Es prácticamente ausente la denuncia por casos de acoso escolar (bullying) en las denuncias presentadas (ver tabla 1, derechos vulnerados) que puedan sufrir menores de edad en la escuela, por su orientación sexual e identidad de género. Según una encuesta a nivel nacional del Ministerio de Educación, en 2014 en el nivel de educación media los estudiantes afirmaron haber percibido que se trata de forma desigual a los estudiantes que tienen una preferencia sexual distinta, llegando a 11.4% en tercero básico y a 10.5% en quinto diversificado.31 La coordinación de la Red Legal y sus socias con el Ministerio de Educación y la IPDH es importante para atender estos casos y definir rutas de acción.

Por aparte, el comportamiento del grupo de 18 a 28 años, que son personas en su juventud plena, representa solamente el 7% de las denuncias registradas, mismo porcentaje en todos los años que cubre el informe. Llama la atención que al contrario de este segmento, el grupo de 60 años o más es bastante constante, constituyendo el 10% de las denuncias en 2013 y el 11% tanto en 2014 como en 2015. Es inquietante que el grupo de personas de mayor edad (60 ó más) en el informe, que incluye a la tercera edad, presenta más casos que el grupo de 18 a 28. Esto muestra que las personas mayores ven más violentados sus derechos que los jóvenes, pero también que se prestan más a presentar denuncias. Es lamentable que adultos mayores se vean desprotegidos por el Estado y estigmatizados por la sociedad. Con los datos recopilados, se puede afirmar que todas las personas con VIH y población clave, desde la niñez hasta la tercera edad, son susceptibles de ver violentados sus Derechos Humanos. A mayor edad, hay más conciencia de lo que representa para las personas la violación de sus derechos y la valoración de la denuncia.

31 Ministerio de Educación. Encuesta Nacional sobre violencia y clima escolar. Guatemala, 2015, p. 98.

¿Cómo vive una menor de edad la violación de su derecho de acceso a la salud? CASO REAL

Personas de una asociación en Alta Verapaz realizan visita domiciliaria a una familia con el propósito de sensibilizar a los padres de su hija de cuatro años con diagnóstico de VIH, debido a que desde hace varios meses sus padres renunciaron al tratamiento en una clínica. La familia se molesta por las visitas, indicando que ellos no tienen interés en seguir con el tratamiento ya que “esperan la voluntad de Dios” y que los medicamentos les provocan efectos adversos, además amenazaron al personal de salud y consideran trasladarse a otra comunidad. SEGUIMIENTO: La IPDH coordinó con la Auxiliatura de Salamá, Baja Verapaz, para buscar los mecanismos legales de protección de la niña. El señor Auxiliar presentó las acciones correspondientes ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación, acordando con los padres de la niña llevarla a un hospicio en Guatemala para reiniciar el tratamiento antirretroviral, y los padres permanecer dos días en cada cita para recibir charlas y retomar su terapia antirretroviral. En caso los padres no acaten esta disposición del Juzgado, la PGN tendría bajo su resguardo a la niña y podría ubicarla en una institución o alberge temporal. 56

Se vive una situación dramática en el caso de esta niña cuya familia llega al grado de desesperación que se traduce en una violación al derecho a la salud de la niña. Hay una institucionalidad del Estado que puede funcionar en la protección de los menores con VIH, aunque no hay muestras de una clara coordinación interinstitucional, por ello fue necesaria la intervención de la IPDH en el caso. Los menores de edad con VIH son vulnerados en sus Derechos Humanos, debido a que la normativa del IGSS les da caso concluido al cumplir 15 años y se ven obligados a trasladarse al sistema público de salud. Esto tiene un impacto negativo en su salud por la forma diferente de atención en lo que respecta al tratamiento que se proporciona, ya que en el IGSS reciben medicamentos de primera línea, en tanto que en los hospitales de tercera línea. Los padres suelen denunciar que no hay un procedimiento claro respecto a esta decisión, contraviniendo los derechos establecido en la Ley 27-2000. En ese sentido, Asociación Vida y la IPDH han acompañado en procesos legales a los pacientes, llegando a la máxima instancia, la Corte de Constitucionalidad (CC). En respuesta a amparos a favor de los menores, la CC ha ido modificando sus resoluciones, al principio ordenaba que se les diera atención a los menores hasta la mayoría de edad, pero recientemente falla en el sentido que se traslade a los menores al sistema nacional oficial de salud, previamente hechos los arreglos administrativos pertinentes.

4.4

Derechos vulnerados

Las violaciones de Derechos Humanos suelen ser complejas al involucrar varios derechos a la vez, ante todo porque subyace la discriminación ya sea del Estado o de la sociedad hacia las personas que viven con VIH, población LGTBI y población clave en general. La Red Legal y su Observatorio y la IPDH llevan registros que se buscan determinar los derechos violentados, como se presentan a continuación. Este informe lo que constata y evidencia es que el derecho más vulnerado se refiere a la salud de las personas PV, comunidad LGTB y población clave, sin embargo, hay toda una serie de situaciones en los casos registrados que vulneran otros Derechos Humanos.

La Red Legal y su Observatorio presentan un aumento en los casos denunciados con respecto a la salud, de la misma manera que la IPDH. Las denuncias suelen ser por falta de medicamentos en los centros de atención médica, falta de atención, desamparo en el acceso a la seguridad social. Estos datos demuestran el impacto que ha tenido la crisis hospitalaria por falta de presupuesto en los últimos cuatro años, que se caracterizó por cierre de consultas, desabastecimiento de medicinas, insumos y alimentación, retraso en los pagos al personal médico, huelga de médicos, entre otros.

Tabla No. 1 Derechos vulnerados AÑO Derecho vulnerado Discriminación Educación Familia/comunidad Integridad física Salud Trabajo Vivienda TOTAL

2013 Red L IPDH 8 15 1 243 20 8 1 1 1 267 31

2014 Red L IPDH 5 9 1 3 4 3 9 414 26 3 5 427 55

2015 Red L IPDH 4 1 9 1 3 331 33 7 1 354 36

Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015.

Las denuncias de violaciones al derecho de la salud van de 91% en 2013, 97% en 2014 a 93% en 2015 en los registros de la Red Legal y su Observatorio, en tanto en la IPDH van de 65% en 2013, 47% en 2014 y 94% en 2015. Estas denuncias refieren falta de medicamentos, cambio de medicamentos sin previo aviso, falta de atención, entrega de paquetes incompletos de medicamentos, discriminación en el trato, ausencia de personal médico; todo ello atenta contra el derecho a la salud y el derecho a la vida.

Las personas con VIH siguen siendo víctimas del sistema de salud, los pacientes refieren que cuando son internados en el Hospital San Juan de Dios, los médicos tratantes dejan las recomendaciones pertinentes al personal de enfermería, sin embargo su cumplimiento queda al criterio de quien quede a cargo del cuidado del paciente. En ocasiones se recomienda dieta blanda y les proporcionan dieta libre, reciben malos tratos y actitudes discriminatorios por ser VIH positivos. Ante las quejas la supervisión de enfermería aduce que ha realizado las llamadas de atención según procedimientos internos, pero las quejas siguen siendo las mismas en varios casos. Algunos familiares de pacientes con VIH han denunciado que los médicos tratantes les han negado la atención médica, aduciendo que los pacientes ya no tienen “cura”, motivo por el cual los dejan largas horas en la sala de espera frente a la mirada de familiares que no logran comprender la actitud de los médicos. ¿Cómo se viola el derecho a la salud? CASO REAL: Una persona de sexo masculino de 36 años de edad se encuentra internado en sala de aislamiento en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Es PV y tiene complicaciones por tuberculosis. Ingresó al hospital con una fístula pulmonar infectada, la cual no siempre es limpiada correctamente. Su familia contrató una enfermera por medio tiempo para su cuidado, sin embargo al terminar ella su turno el personal de enfermería del centro hospitalario le da mala atención, es discriminado por ser PV y a pesar de tener indicada dieta blanda le llevan dieta libre, la cual tiene dificultad en ingerir. SEGUIMIENTO: La IPDH indica que se habló con la jefa de enfermería, quien identificó al personal que atiende mal a los 58

pacientes en especial si son PV manifestando que en varias oportunidades les han llamado la atención por estos tratos discriminatorios y por no hacer su trabajo eficientemente; la profesional indicó que tomaría cartas en el asunto y aplicaría las medidas según el reglamento del hospital. A pesar de varios procesos de sensibilización con personal del Ministerio de Salud y de la obligación de los empleados de hacer su trabajo con eficiencia, se evidencia en las denuncias que hay funcionarios públicos que no aplican un enfoque basado Derechos Humanos a la hora de brindar la atención. Cuándo se comete alguna falta contra un paciente el funcionario únicamente recibe una llamada de atención como parte de una medida administrativa y no una sanción ejemplar. En el caso de niñez con VIH se puede constatar algunos casos en los cuales quedan al cuidado de sus familiares y son víctimas de abuso y maltrato infantil, lo que agrava su situación de salud. La IPDH reporta el caso de un menor de 4 años que regularmente presenta golpes, señales de descuido y contantes fiebres debido a que su tratamiento no es completo por la falta de medicamentos en el Seguro Social. El menor fue enviado a un hogar temporal, acá claramente se puede notar una cadena de acontecimientos que ponen en riesgo el bienestar del menor y atentan directamente contra su vida. En algunas situaciones, al hacer un seguimiento se ha encontrado que los menores ya fallecieron. Por otro lado padres de menores por cuenta propia deciden no continuar con el tratamiento para sus hijos e hijas, aduciendo que los medicamentos tienen efectos adversos y que esperaran “la voluntad divina” sobre la salud de sus menores. Esto se traduce en condenarlos a la muerte.

Muy relacionado con lo anterior se encuentran los casos por discriminación, que suelen presentarse por violación al derecho a la confidencialidad y obligatoriedad de la prueba, malos tratos, atención diferenciada, negación de la atención. Suele haber violaciones a los derechos de familia y comunidad como abandono a familiares con VIH, agresiones físicas, amenazas, difamación, estigma y divulgación de su condición de ser PV, entre otras. Existen denuncias en las cuales las personas agraviadas manifiestan sentirse amenazadas y con temor debido a que algunos de sus vecinos conocen su diagnóstico y con frecuencia son puestas bajo acoso publico diciéndoles que son “sidosos/sas” que debían morir, desaparecer o incluso son amenazadas de muerte. En cuanto al derecho al trabajo, en todos los años se han registrado casos tanto por la Red Legal y su Observatorio como por la IPDH. Estas denuncias suelen ocurrir por despidos directos e indirectos cuando el empleador se entera que el empleado es PV, bajas de salario, cambio de puestos; de la misma manera, varios casos de discriminación se dan en el ámbito laboral, cuando los compañeros de trabajo de una persona con VIH se enteran de su condición. En este sentido existen denuncias sobre la obligatoriedad de la prueba y revelación del diagnóstico lo que desemboca en un constante acoso de jefes superiores y de compañeros de trabajo, con la tácita intención de que la persona abandone su trabajo. En el ámbito de la educación solamente se registran 6 casos en total en 2014. Ello no muestra la realidad discriminatoria que sufren muchas personas con VIH o población clave. Es evidente que no se hayan regis-

trado casos de acoso escolar (bullying) en este período, considerando la idiosincrasia de la sociedad guatemalteca, marcada por la homofobia, la exclusión y la discriminación. Un estudio sobre el bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Chile, Guatemala y Perú, afirma que “Mientras el bullying homofóbico en el caso de los muchachos es una forma muy frecuente e importante de bullying, que afecta también a muchos jóvenes que son vistos fuera del patrón de masculinidad hegemónica por motivos no sexuales (por ejemplo, por no ser agresivos); en el caso de las muchachas es una forma menos frecuente y más específica de bullying y afecta a aquellas que son vistas más claramente como masculinas. En términos generales, aquel/ella que, por cualquier razón, no se ajusta a estos moldes y expectativas, que se muestra diferente, que rechaza los “rituales de socialización” o que no cumple con lo esperado para un varón o una mujer, es vulnerable de sufrir el maltrato entre pares”.32 La falta de denuncias en el ámbito de la educación se relaciona con la edad de los denunciantes (ver gráfica No. 5) que muestra que los casos reportados por o sobre menores de 18 años es igual o menor al 2% del total. Es necesario ahondar en el trabajo con las personas que viven con VIH y población clave en su conocimiento y empoderamiento de sus Derechos Humanos, los datos muestran que la gran mayoría de los casos que se denuncian ocurren en el ámbito de la salud. Hace falta que las personas se empoderen también otros derechos que los son inherentes en su entorno social.

32 UNESCO, PNUD “Era como ir todo los días al matadero…”. El bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Chile, Guatemala y Perú”, 2013, p. 13

4.5

Instituciones denunciadas

Las situaciones de vulneración de los Derechos Humanos ocurren en el ámbito privado y en el público, en este último en entidades que tienen que ver con situaciones tan diferentes como el gobierno municipal, la salud, seguridad. Se incluye el registro de casos de la Red Legal (Red L) y de la IPDH, en el período que cubre el presente informe, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015. La institución más denunciada es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estando esto en consonancia con las violaciones al derecho a la salud (ver tabla No. 1). El IGSS recibió en la Red Legal y su Observatorio 267 denuncias en 2013, 438 en 2014 y en apenas 6 meses de 2015 ha recibido ya 340 denuncias en su contra, en tanto que la IPDH ha recibido 58 denuncias en los dos años y medio que cubre este informe.

Tabla No. 2 Entidades denunciadas AÑO ENTIDAD Empresa privada/persona individual IGSS Ministerio de Defensa Ministerio de Educación Ministerio de Gobernación/SP/PNC Ministerio de Salud Ministerio Público Municipalidades ONG’s Otras dependencias del Estado TOTAL

2013 Red L IPDH 2 3 247 12 4 4 10 10 1 3 267 29

2014 Red L IPDH 6 17 407 18 1 4 4 5 6 3 2 3 7 438 45

2015 Red L IPDH 3 1 319 28 2 3 3 1 1 5 1 4 5 340 36

Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015.

Las denuncias hacia el IGSS están relacionadas con la violación al derecho a recibir servicios de salud como es atención a los pacientes y falta de medicamentos, que se vuelve grave cuando se trata de personas con VIH. En contexto, esa falta de medicinas y falta de atención tradicionalmente se justifica por sus autoridades en la carencia de recursos financieros en el seguro social. Sin embargo, es de conocimiento público los casos de corrupción y malas prácticas que se suceden en el IGSS, tales como robo de me60

dicamentos, contratos fraudulentos, negligencia médica. En este mismo ámbito de la salud, hay denuncias contra el Ministerio de Salud, que incluye al personal de los hospitales públicos, aunque son mucho menos las denuncias. Durante 2015, esta institución fue señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio Público de dos graves casos de corrupción, que involucran a sus más altas autoridades.

Caso IGSS-Pisa: El 20 de mayo de 2015 se detuvo a los miembros de la Junta Directiva del IGSS, entre ellos su presidente, sindicados de aprobar y avalar el contrato irregular suscrito con la droguería Pisa de Guatemala S. A., para proporcionar servicios de diálisis peritoneal. Los sindicados recibieron sobornos contratar a esta empresa, que dio un servicio defectuoso y provocó la muerte de al menos 13 pacientes con insuficiencia renal. Actualmente hay unas 23 personas detenidas y ligadas a proceso judicial.

Caso Negociantes de la salud: El 27 de octubre 2015 otra estructura criminal fue desarticulada, se capturó a 11 funcionarios y empleados del IGSS así como a particulares, que favorecían a determinados proveedores de medicamentos a cambio de sobornos o “comisiones”, llegando al grado de manipular los listados de medicamentos de acuerdo a los intereses de los comerciantes. Actualmente están detenidos y/o ligados a proceso judicial 11 personas, incluyendo médicos del IGSS.

Esos casos muestran la verdadera razón de la falta de fondos, de por qué los pacientes no son la prioridad. Estos casos se hicieron públicos, se sospecha que a través de los años, el IGSS ha sido un foco de corrupción. En cuanto a las demás entidades denunciadas, se da una serie de denuncias contra el Ministerio de Gobernación, que incluye al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional Civil, igualmente en una entidad que tiene que ver con la justicia, como es el Ministerio Público. En el sistema penitenciario, las denuncias suelen ser por que no se agilizan los permisos para que los privados de libertad con VIH atiendan citas en hospitales, por retención de medicamentos y por falta de atención adecuada en los centros carcelarios. La variedad de ámbitos donde ocurren las violaciones de Derechos Humanos incluye a las municipalidades, y aunque con pocos casos registrados, a los ministerios de Educación y Defensa. Existen denuncias que en la Brigada Militar Mariscal Zavala, se ha dado de baja a algunos elementos del ejército por su condición de PV,

bajo argumentos de “cumplimiento de edad de servicio”, los agraviados manifiestan que quedan en una situación de desprotección debido a que al término de su relación con dicha institución no contarán con los medicamentos, que no se les hace entrega de ninguna constancia de situación o condición de salud. Ante estos señalamientos la institución aduce que 29 años es la edad límite para prestar servicio y que la institución no contrae ninguna relación laboral con los elementos por lo que no existe ningún compromiso más allá de ese tiempo. Y que sólo se limitan “a cumplir sus normas”. Una vez más, lo administrativo sobre los derechos de las personas. En el caso de algunos pacientes privados de libertad, ellos mismos se han rehusado a seguir con el tratamiento, aducen que desean morir y que las normas del sistema penitenciario no les permiten hacerse los chequeos con frecuencia, aunado a ello las condiciones precarias en que se encuentran les hace proclives a desarrollar enfermedades oportunistas como la tuberculosis y producto de ello, algunos han fallecido; a ello se suma la tardanza en las salas de sentencia (del Organismo 61

Judicial) en autorizar el traslado de privados de libertad a un centro asistencial. Por otro lado un factor no atendido es la salud mental de las personas con VIH privadas de libertad, ya que su condición de salud aunada a la privación de libertad tiende a deprimirlos, por ello algunas no ven sentido a continuar con su tratamiento. En el ámbito privado y de relaciones interpersonales también se suscitan casos, como lo muestra la tabla en lo que respecta a casos en ONGs y en empresas privadas/persona individual. Nuevamente llama la atención que no hay denuncias sobre acoso escolar, que pudiera reflejarse en lo referente al Ministerio de Educación; es importante que las socias de la Red Legal y su Observatorio incluyan en sus actividades algunas acciones hacia la población estudiantil para valorar la denuncia por acoso motivado por orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo se viola el derecho a la salud en el IGSS? CASO REAL: Una persona proveniente de Izabal (a unos 300 kms. de ciudad de Guatemala) se presentó a consulta médica en el área de Infectología del IGSS en la capital, en farmacia le dijeron que no había en existencia el fármaco Cianocobalamina Cod. 10853; tras inversión de tiempo, dinero y gestiones laborales, debe volver a su casa sin medicamentos y con su salud en riesgo. SEGUIMIENTO: En muchos casos como este, Asociación Vida presiona al IGSS para la adquisición de medicamento y da acompañamiento al paciente hasta que se corrobora que haya recibido el medicamento. Venir de otro departamento hasta la capital implica para un paciente dejar trabajo, familia y representa gastos. Y luego es un duro golpe no encontrar los medicamentos en una institución que debe garantizárselos, a pesar de que el presupuesto de la entidad 62

debería alcanzar para ello, son los casos de corrupción en el IGSS los que merman su capacidad para dotar de medicamentos a sus afiliados. Se corrobora que en la actualidad, es por la presión y con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil que se da respuesta a las demandas de los pacientes de VIH afiliados a esta entidad. En el caso del VIH, violentar el derecho a la salud de una persona significa atentar directamente contra su derecho a la vida. Una de las razones por las cuales se evidencian mayormente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave en el IGSS es por el modelo de seguimiento desarrollado por Asociación Vida, socia de la Red Legal y su Observatorio, que tiene presencia física en la clínica de infectología del IGSS, lo que facilita la recepción y atención de las denuncias así como su resolución por la vía administrativa.33 Lo anterior debe interpretarse en el sentido que así como hay violaciones al acceso a la salud en el IGSS, también las hay en los hospitales nacionales, la diferencia en el registro de estas denuncias es que no hay organizaciones de sociedad civil que tengan presencia permanente en esos lugares para darles seguimiento. Cabe recordar las constantes crisis en los hospitales nacionales en los últimos años, que llevaban a huelgas de médicos, falta de medicamentos, cierre de la atención. Esto constituye un llamado de atención para que la Red Legal pueda crear nuevas alianzas o que sus socias actuales puedan extender su accionar en dichos centros hospitalarios, lo cual es válido también para la IPDH.

33 Ver 3er informe nacional sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con VIY y población en más alto riesgo. Guatemala, 2013, pp. 35-36.

4.6

Lugar de residencia de los denunciantes

¿Dónde ocurren los casos de violaciones de los Derechos Humanos? ¿Están focalizados o suceden en todas partes? La base de datos de la Red Legal y su Observatorio permite determinar el lugar de procedencia de la persona que hace la denuncia y con ello se puede determinar dónde ocurren los casos, que registran sus socias que se ubican en diferentes departamentos del país. Por su parte, la IPDH cuenta con sus oficinas centrales en el departamento de Guatemala y con auxiliaturas departamentales y municipales que cubren los 22 departamentos del país.

Tabla No. 3 Casos según lugar de residencia de los denunciantes AÑO DEPARTAMENTO

Guatemala El Progreso Sacatepéquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Sololá Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango Quiché Baja Verapaz Alta Verapaz El Petén Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa TOTAL POR AÑO

2013 Red L IPDH

173 4 5 1 25 2 2 8 1 3 2 3 3 13 2 3 3 2 255

27 1 1 29

2014 Red L IPDH

305 7 9 3 37 7 9 8 5 9 1 4 5 6 5 13 6 3 442

39 3 1 1 1 45

2015 Red L IPDH

188 5 5 48 6 3 11 12 2 9 6 3 6 4 13 2 3 1 9 336

35 1 36

Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015; se excluyen de esta tabla casos donde no se encontró el lugar de residencia de los denunciantes.

Casos de la Red Legal:

Casos de la IPDH:

En la tabla resalta que la mayoría de casos ocurren en el departamento de Guatemala, fueron 173 en 2013, 305 en 2014 y 188 el primer semestre de 2015; le sigue Escuintla con 25, 37 y 48 respectivamente y luego Izabal con 13 en cada año, lo que está en sintonía con los departamentos con mayor prevalencia de VIH (ver cuadro No. 1).

En cuanto a la IPDH, de los 111 casos registrados en los dos años y medio que cubre el informe, 102 (92%) se reportan en el departamento de Guatemala; en tanto que solamente nueve de los registros se suscitaron en otros seis departamentos, destacando Quetzaltenango con un caso en 2013 y tres en 2014. Luego con un caso Totonicapán (2013), uno en Escuintla (2015) y también con un caso en Izabal, Chiquimula y Petén (todos en 2014).

En Guatemala se registran el 67% de casos en 2013, 71% en 2014 y 56% en 2015, es decir que hacia 2015 el registro de casos tiende a ser menos concentrado en un solo departamento, superando apenas la mitad. Si bien esto confirma de alguna manera el tradicional centralismo por estar en este departamento la capital del país, cabe que aclarar que la mayoría de organizaciones que registran casos de violaciones de Derechos Humanos se encuentran ubicados en la ciudad capital. En el período que cubre el presente informe, solamente en Totonicapán no se registran casos, pero sí en los informes previos. Es un desafío para la Red Legal y su Observatorio llegar a contar con organizaciones socias en más departamentos del país, de donde se obtendrían datos más amplios para el registro de casos. Esto pasa también porque las personas con VIH y población clave se organicen a mayor escala y se creen redes de cooperación e incidencia. El comportamiento por departamento se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Llama poderosamente la atención la poca cantidad de denuncias fuera del departamento de Guatemala recibidas en la IPDH, en un promedio de tres por año; considerando que tiene una cobertura geográfica a nivel nacional, con 21 auxiliaturas departamentales y 14 municipales (4 de ellas móviles).34 En los previos informes nacionales sobre la situación de Derechos Humanos elaborados por la Red Legal y su Observatorio, las denuncias registradas en esos 21 departamentos han sido más significativas, llegando a 29 en 2012 y 2013, y 36 en 2010. A través del actual registro de casos, se constata que las violaciones de los Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave se cometen en todos los departamentos del país. Igualmente muestra que en todos los departamentos del país, las personas con VIH o población clave han valorado la denuncia como una herramienta para reivindicar el respeto a sus Derechos Humanos.

34 datos tomados de www.pdh.org.gt

Gráfica no. 6 Casos según lugar de residencia de los denunciantes (registro de Red Legal)

2015 2014 2013

Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015. Para leer esta gráfica: el círculo interior muestra el año 2013, el de en medio 2014 y el externo 2015. Las categorías descritas en la leyenda se localizan en el sentido de las agujas del reloj, iniciando en la parte superior (a las 12). El azul que domina equivale a Guatemala, el siguiente en rojo es El Progreso, luego de verde es Sacatepéquez y así sucesivamente. Los que no tienen un porcentaje asignado en la gráfica, equivalen a 1% o menos. Si el color correspondiente a un departamento no aparece, significa que no hubo casos ese año en dicho lugar.

4.7

Casos según personas con VIH y población clave

Los casos denunciados denotan la vulneración de la que son objeto las personas con VIH en el país. Sus derechos son violentados especialmente en lo que atañe a su salud. Al hacer una relación con las otras gráficas y tablas, se puede apreciar que una persona con VIH puede sufrir de violación a sus derechos independientemente de su edad, de su grado de escolaridad y de su lugar de procedencia. Los casos de violaciones a los Derechos Humanos de las poblaciones en más alto riesgo tienden a aumentar.

Tabla No. 4 Casos según PV o población clave AÑO ENTIDAD Personas con VIH Población clave (en más alto riesgo) TOTAL

2013 Red L IPDH 257 29 7 264 29

2014 Red L IPDH 432 32 7 13 439 45

2015 Red L IPDH 289 32 49 4 338 36

Este informe incluye denuncias registradas del 1 de enero 2013 al 30 de junio 2015.

En consonancia con las gráficas previas que muestran que el derecho más violentado es la salud y que la institución más denunciada es la encargada de la seguridad social, (IGSS), la tabla muestra que la mayoría de casos son denunciados por personas con VIH. Según información de la Red Legal y su Observatorio, la tendencia es hacia el incremento de casos de población clave. En 2013 fue el 3% del total de casos denunciados, en 2014 fue el 2% y en 2015 llega al 14%. Ese incremento de casos de la población clave, vislumbra una mayor variedad en el registro de los casos y en diferentes ámbitos. Si bien en la información de la IPDH no se registraron casos de población clave en 2013, sí se registran 13 casos en 2014 y cuatro en 2015. 66

La población con VIH es la que más casos denuncia, llegando a ser, en registro de la Red Legal y su Observatorio, el 97% en 2013, 98% en 2014 y 86% en 2015, en tanto que la IPDH muestra 100% en 2013, 72% en 2014 y 89% en 2015. Estos casos tienen que ver principalmente con el ámbito de la salud, aunque son extensibles a otros ámbitos como discriminación, trabajo, educación, justicia, vida privada y familia. Con todas las denuncias registradas, en necesario insistir en que no se trata sólo de una cuestión de salud sino en general de Derechos Humanos. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que con este amplio registro de violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH, es necesario que exista específicamente un programa de VIH dentro de la IPDH, se necesita darle una atención particular que no sólo sea desde la óptica de la salud.

Caso que muestra la homofobia hacia la población LGTBI

CASO REAL: Una psicóloga es amenazada y amedrentada por un vecino del edificio en donde reside y tiene su clínica, al anunciar terapias a personas de la comunidad LGBTI. Las amenazas llegan al punto de pintar en la pared afuera de la clínica: “curandera de Maricas”, indicando que van a correr ríos de sangre si esas personas ‘innombrables’ son atendidas allí. SEGUIMIENTO: Líderes Profesionales, organización socia de la Red Legal y su Observatorio, procede a realizar audiencia en el Ministerio Público y se solicita individualizar al presunto responsable y presentarlo a primera declaración, ante el peligro de una agresión física. Caso en trámite.

Esto es una clara muestra del grado de homofobia hacia la comunidad LGTBI en la sociedad guatemalteca, donde el paternalismo, racismo, machismo siguen estando presentes. Es a eso a lo que el ex presidente Otto Pérez (quien se vio forzado a renunciar a su cargo y actualmente en prisión preventiva y ligado a proceso judicial por actos de corrupción) se refirió cuando, siendo presidente, dijo que “Guatemala es una sociedad conservadora como para tratar esos temas” Afirma la columnista Andrea Ixchíu que “Son ya indistinguibles el racismo, el machismo, el clasismo, la homofobia, porque se unifican en contra de los pobres, que insisten en serlo, los indios que insisten en serlo, las mujeres que insisten en abandonar sus roles tradicionales, los gays que insisten en serlo, los que a pesar de que no la han hecho insisten en seguir viviendo”. Homofobia y discriminación son comunes denominadores hacia personas con VIH y personas de la comunidad LGTBI. La judicialización de estos casos es muy importante, para sentar precedentes e ir generando jurisprudencia con relación hacia actos y actitudes.

4.8 Casos según identidad étnica

Los pueblos indígenas han sufrido una marginación histórica desde el siglo XVI con la invasión europea y la usurpación de sus territorios. Se conoce que las personas de pueblos indígenas sufren violaciones a sus derechos de toda índole, y en el ámbito del VIH también sucede.

Gráfica No. 7 Casos por identidad étnica

2015 2014 2013

Es un porcentaje considerable el de denuncias de personas indígenas, que tiende al alza, de 8% en 2013 a 4% en 2014, llegando a 11% en 2015. Conforme pasan los años, empiezan a aparecer casos de personas del pueblo garífuna que denuncian casos de violaciones de sus Derechos Humanos en relación con el VIH, equivalente a 1% en 2014 y 2% en 2015.

Conclusiones

CAPÍTULO

1. Durante el año 2015, en Guatemala se cometen dos violaciones diarias a los Derechos Humanos de las personas con VIH y población en más alto riesgo. 2. Una persona con VIH puede sufrir la violación de sus derechos a toda edad, en cualquier parte del país, independientemente de su identidad étnica, nivel de escolaridad y en diferentes ámbitos de la vida social, familiar, personal y desde el mismo Estado. 3. La respuesta mundial a la epidemia de VIH muestra una tendencia positiva en cuanto a: menos personas adquieren el virus por año, existen más personas con tratamiento antirretroviral, las infecciones en menores de edad han disminuido y menos personas mueren por enfermedades relacionadas con el sida. 4. En Guatemala el registro de nuevas infecciones al año 2013 ha disminuido, sin embargo, debe considerarse que aún existe un sub registro de 50%. 5. Las organizaciones de sociedad civil que trabajan en respuesta al VIH realizan incidencia en a todo nivel para hacer una correspondencia entre las acciones que se realizan a nivel mundial y las de nivel nacional para garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas con VIH, han dado acompañamiento, hacen monitoreo constante y presión política donde la cooperación internacional ha jugado un rol fundamental. 6. El estado de Guatemala, a través del MSPAS, creó un marco de respuesta ante la epidemia del VIH/sida desde mediados de la década de los años 80s, pero se ha adolecido de falta de un presupuesto suficiente, funcionarios poco sensibles en la temática, poca relación con la sociedad civil, no se ha sido eficiente en el monitoreo y el acompañamiento de casos de VIH, no hay calidad de atención, personal, medicamentos, la respuesta no es suficiente ni adecuada, el Estado se quedó con lo que hizo a inicios de la epidemia y no ha evolucionado. 7. Existen acciones en las cuales se ha avanzado en su análisis, discusión y algunas hasta cuentan con propuesta como: la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans en Guatemala, la Política Pública LGTBI, Ley de Identidad de Género para Personas Trans que deben avanzar en su aprobación e institucionalización. 69

8. El Instituto de Seguridad Social de Guatemala, los hospitales nacionales y el sistema de justicia siguen siendo los entes mayormente denunciados por actos de discriminación y estigma hacia personas con VIH, población clave y LGTBI esto a pesar de los procesos de formación, sensibilización y la existencia de un marco nacional e internacional de Derechos Humanos que se debe respetar, es evidente que es el operador de justicia, médicos, enfermeras, el personal uniformado, personal técnico, administradores y otros son quienes violentan los Derechos Humanos de las personas. Los individuos imponen su criterio o discrecionalidad para no hacer valer los derechos de las personas con VIH y población clave, criterios que suelen estar enmarcados por la propia cultura y visión de la persona, a lo que subyace muchas veces el machismo, la homofobia, el fundamentalismo religioso y el clasismo, que se traducen en discriminación. 9. En la atención y resolución de algunas situaciones, se ha hecho evidente que no existe una coordinación interinstitucional dentro del Estado en lo relacionado con el VIH. Las entidades que deben estar primordialmente en coordinación son el IGSS, el MSPAS, el Organismo Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, la Corte de Constitucionalidad. 10. Las personas con VIH y poblaciones clave son víctimas de actos de discriminación que son producto del estigma, en particular los que pertenecen a la comunidad LGTBI. Estos actos se cometen tanto por parte de personas particulares como de servidores públicos, en cuyo caso no parece haber sanciones ejemplares hacia las personas que cometen actos de discriminación. 11. A nivel nacional las organizaciones de la diversidad sexual han mostrado un dinamismo en su agenda para el reconocimiento de sus Derechos Humanos, sin discriminación ni estigma, jugando un rol propositivo y de apuesta a que el Estado de Guatemala cumpla compromisos adquiridos en el marco de los mecanismos internacionales para avanzar el combate al VIH y en garantizar los derechos de las personas con VIH y población clave. 12. Los derechos de las personas con VIH, población LGTBI y demás población en más alto riesgo han sido mayormente atendidos por organizaciones de sociedad civil con el apoyo de la cooperación internacional. Lo anterior muestra que no se han incorporado otros actores relevantes como la empresa privada, autoridades municipales y otras instituciones estatales. A la empresa privada le toca como mínimo asumir y tomar acción en cuanto a la legislación laboral a respecto del VIH, Acuerdo gubernativo 229-2014, proveyendo educación a sus trabajadores, no usando la prueba de VIH como motivo de despido y no tolerando actos de discriminación en contra de trabajadores con VIH. 13. Hay una dependencia de parte del Estado de Guatemala de recursos externos, en particular del Fondo Mundial, para la prevención de VIH en poblaciones clave. Hasta hoy no hay evidencia de que se tenga una propuesta de sostenibilidad en este sentido, lo que deja en un estado de fragilidad el derecho de acceso a la salud de las poblaciones en más alto riesgo.

14. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de VIH y con poblaciones clave también han generado dependencia económica hacia los recursos de la cooperación internacional. Ello contribuye a que sus agendas se apeguen de alguna manera a los lineamientos de la cooperación, lo que a veces conlleva que se deje de hacer incidencia hacia el Estado para que asuma su rol de garantizar los derechos de todos sus habitantes. 15. Las reformas al Código Penal en 2002, artículo 202 bis, incluyen tácitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género como delito. Sin embargo, algunas organizaciones de sociedad civil prosiguen con la incidencia política para que se responda positivamente a la iniciativa de que se reforme ese artículo y se incluya ese aspecto de manera expresa, como una reafirmación de los Derechos Humanos de las personas de la comunidad LGTBI, de la población en más alto riesgo y de las personas con VIH. 16. En el ámbito privado y familiar también se suscitan casos de discriminación y violación de derechos de las personas con VIH y poblaciones clave, lo que afecta profundamente la vida de las personas. No se le ha dado suficiente atención a las secuelas de estos hechos, se ha centrado la acción en aspectos de salud física pero no de salud mental. 17. Las organizaciones de sociedad civil que velan por los derechos de las personas con VIH y PEMAR se encuentran desarrollando varias iniciativas en las que suelen ser cuidadosas de su identidad organizativa y de lucha. Si bien eso es positivo, en algún momento puede debilitar sus acciones de incidencia frente al Estado. Las organizaciones deben estar dispuestas a la participación en redes de cooperación para impulsar agendas conjuntas que benefician a todas las organizaciones interesadas. 18. La Red Legal y su Observatorio constituyen un espacio que permite unir esfuerzos a favor de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual. Su iniciativa de registrar casos y presentar informes periódicos sobre la situación de los Derechos Humanos permite medir los avances y evidenciar las carencias en distintos ámbitos, como en el de salud. Al mismo tiempo permite un ejercicio de colectividad y creación de tejido social entre sus socias y aliados. 19. A raíz de las acciones como resultado del petitorio presentado ante la CIDH en 2012, se hace evidente que a mayor cohesión de las organizaciones de sociedad civil, mayor será su capacidad de incidencia en la institucionalidad del estado. Es importante definir y seguir una agenda común, propia, política y estratégica para acuerpar las demandas de las organizaciones.

CAPÍTULO

Recomendaciones

En este apartado se hace una serie de recomendaciones que deben ser socializadas para que el esfuerzo de la realización del 4º Informe tenga mayor incidencia. Algunas de estas recomendaciones están en concordancia con lo que se ha planteado en los informes previos, ello denota que hay que seguir haciendo incidencia para conseguir los fines que motivan este espacio dentro de la Red Legal y su Observatorio. Entre ellas, recomendaciones hacia el Estado para garantizar fondos y personal en programas de atención en salud, cumplimiento de normas jurídicas ya establecidas, legislación a favor de las personas con VIH y población clave, inclusión de la sociedad civil en la respuesta a la epidemia, la no tolerancia hacia actos de discriminación y homofobia, impulso de campañas de sensibilización a funcionarios y empleados públicos, entre otras.

A la Red Legal y su Observatorio 1. Este informe se constituye como una herramienta. La Red Legal y su Observatorio así como sus socias deben apropiarse de él, de su contenido se desprenden orientaciones que pueden ayudar a la creación de una ruta crítica que lleve a exigir ante el Estado y la sociedad el cumplimiento del derecho de acceso a la salud y del respeto a los Derechos Humanos de las personas con VIH y población clave en distintos ámbitos. En ese sentido, el plan de incidencia y agenda política para el seguimiento al petitorio y a la resolución de la CIDH, elaborado por la Red Legal y su Observatorio en 2013, puede ser una buena guía. 2. Las organizaciones de sociedad civil deben procurar que se ratifiquen con las nuevas autoridades gubernamentales la Mesa intersectorial creada para la elaboración de política pública LGTB convocada por COPREDEH y la Comisión para la atención especializada de población clave y VIH víctimas de violencia convocada por la SVET. En ese proceso se debe buscar que se amplíe la participación de la sociedad civil en esos espacios. 3. La reforma al Código Penal para reformar su artículo 202-bis, para que expresamente se reconozca como delito la discriminación por orientación sexual e identidad de género es importante a nivel político, sin embargo, a nivel jurídico puede interpretarse que cabe utilizarlo desde ya cuando estos casos se susciten. Es importante sentar precedente y que los casos de discriminación no sean castigados únicamente con sanciones administrativas, económicas o morales, sino que deben penalizarse.

4. Que la Red Legal y su Observatorio lleven a cabo una estrategia de incidencia con otras organizaciones de sociedad civil que trabajan en derechos de las personas con VIH, con población LGTBI y con población clave, a fin de que compartan su información sobre casos de violaciones de Derechos Humanos de esa población para que pase a formar parte de los informes nacionales sobre la situación de sus Derechos Humanos; con ello se tendrá cada vez más una visión más completa de lo que sucede en el país en ese ámbito. 5. Establecer criterios de lo que a la Red Legal y su Observatorio les interesa monitorear en cuanto a VIH y población clave, de manera que la matriz de recolección de denuncias sea más focalizada en la caracterización de los casos que se registran. En este sentido es importante hacer un ejercicio de coordinación interinstitucional con la IPDH que permita homogenizar los sistemas de registro de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de las personas con VIH y población en más alto riesgo, a fin de poder sistematizarlas, compararlas y complementarlas de forma fluida. 6. Es importante que las organizaciones de sociedad civil que han generado cierta dependencia de la cooperación internacional a través de la ejecución de proyectos, tengan claras y retomen sus propias agendas y su visión, paralelo al trabajo que hacen con el apoyo internacional. 7. Resulta necesario hacer un trabajo con población estudiantil de primaria y secundaria, para motivar la denuncia de casos de acoso escolar, en particular por identidad de género y orientación sexual. En esto, es imprescindible hacer alianzas con autoridades del Ministerio de Educación, maestros y entidades que trabajan con jóvenes. Idealmente, hacer un trabajo conjunto con la IPDH en este ámbito.

A la IPDH 1. Las funciones que cumplía la Unidad de VIH deben retomarse ya que el descenso en el registro de denuncias a partir de la desaparición de dicha Unidad puede ser una consecuencia de que las funciones han sido absorbidas por la Unidad de Salud teniendo un bajo impacto en el trabajo que se realizaba desde esa Unidad con respecto al VIH. Es imperativo posicionar nuevamente la respuesta ante el VIH a nivel institucional, estar a la altura de la respuesta regional y mundial que requieren las metas, llamamientos y objetivos planteados de cara a disminuir la vulnerabilidad de los derechos de las personas con VIH y poblaciones clave. 2. Las organizaciones especializadas en el tema de VIH deben continuar su trabajo en la sensibilización de funcionarios públicos del sistema de justicia y Ministerio Público, entre otros, para mejorar la implementación de los mecanismos nacionales e internacionales a favor de las personas con VIH. Es importante también que conozcan a profundidad el rol del Procurador de Derechos Humanos y los alcances de sus pronunciamientos. 73

3. La IPDH debe motivar la cultura de denuncia, monitorear y atender las denuncias de violación de los Derechos Humanos de la población con VIH y población clave, a manera de contar con datos reales en todo el país. Se deben tomar medidas para que la cantidad de registros recupere los niveles que se tenían cuando funcionaba la Unidad de VIH y muestren cantidades acordes a la realidad de esta población. 4. A la IPDH y a la Red Legal y su observatorio, dar seguimiento al cumplimiento de la Ley 2292014, para que la empresa privada cumpla con dar a conocer a sus empleados sobre el VIH, la no obligatoriedad de la prueba y no usarla como motivo de despido.

Al Estado 1. Exigir al Congreso de la República legislar a favor de las personas con VIH, poblaciones clave y población LGTBI, así como al Organismo Ejecutivo la creación e implementación de políticas públicas para la misma población, para garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Urge escuchar a las organizaciones de sociedad civil para reformar la Ley 27-2000, cuyos preceptos han ido caducando; así como aprobar la Ley de Identidad de Género y la Política pública LGTBI. 2. Es urgente la de ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, para asegurar que individuos y colectivos tengan acceso a la justicia ante la violación de estos derechos. 3. Exigir al estado de Guatemala aumentar los fondos para el programa de atención de ITS/ VIH/SIDA para cumplir con las metas establecidas a nivel mundial y regional, particularmente las metas 90, 90, 90 y metas de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. 4. Las nuevas autoridades de salud deben retomar acciones de cara a impulsar la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans, garantizar la sostenibilidad financiera para el Programa ITS/VIH/SIDA y el abastecimiento de medicamentos e insumos para los pacientes con VIH. 5. El sistema penitenciario debe mejorar su capacidad de respuesta ante su población privada de libertad con VIH y perteneciente a la comunidad LGTBI, implementando guías, protocolos y rutas que permitan el acceso a la salud, un trato digno y con un enfoque de Derechos Humanos para esta población. En este sentido son importantes la aprobación de la “Guía para la Prevención y atención del VIH en personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios” y la “Ruta de atención a personas privadas de libertad con VIH en los centros penitenciarios”. 6. Exigir a los Organismos Judicial y Ejecutivo que en los casos que involucren a personas con VIH, los procesos administrativos o que tengan que ver con aplicación de la justicia deben ser aplicados de manera inmediata, porque la vida de las personas está en juego. 74

Bibliografía

CAPÍTULO

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4o. Informe nacional sobre la situaci贸n de los Derechos Humanos de las personas con VIH y poblaciones clave 2013-2015