ciento cuarenta instituciones públicas. Conviene decir también que, durante el 2012, se realizaron doce Audiencias Públicas Sectoriales de Rendición de Cuentas del Ejecutivo a nivel nacional, con la participación de más de siete mil personas. Con estos instrumentos normativos e institucionales, se busca fomentar la transparencia y eliminar las prácticas de corrupción del Estado (MCPGAD, 2012). Dos indicadores dan cuenta de los resultados del esfuerzo del gobierno nacional en este sentido: 1) el grado de transparencia obtenido por el Ecuador en el Latinobarómetro de 2011 (51 puntos) supera el promedio de la región en cuatro puntos y ubica al país en el sexto lugar en la región; 2) el Ecuador logró la segunda mejor calificación en relación al grado de transparencia en los procesos presupuestarios, según el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria (ILTP), y solo fue superado por Costa Rica. Además, también se percibe una importante evolución histórica de 40 puntos (en 2007) a 52 (en 2011), en una escala de 1:100. Participación, organización social y cultura democrático-participativa
OBJETIVO 1 2013-2017
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Requerimos de la construcción de una ciudadanía activa, capaz de demandar al Estado el cumplimiento de sus derechos y de colaborar con él para la generación de una sociedad justa, solidaria y soberana. Por ello, debemos fomentar la participación política y la organización social. Además de los instrumentos previstos en la Carta Magna, la promulgación de la Ley Orgánica Electoral-Código de la Democracia (2009) y de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) ha supuesto un gran avance en este sentido. Participación política Como primer peldaño de la participación política, se sitúa aquella que tiene que ver con la democracia representativa: los procesos electorales. Reducir el absentismo ha sido una de las preocupaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil organizada, y se han conseguido buenos resultados. La cita electoral de febrero de 2013, que alcanzó una tasa histórica de participación electoral de 81,1%, se configura como aquella con la mayor participación en el periodo contemplado desde la recuperación de la democracia, en 1979. El siguiente peldaño participativo lo constituyen los instrumentos de democracia directa previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ramírez, Le Quand y
Bastidas, identifican una utilización todavía modesta de estos instrumentos, y la ejemplifican con datos de los últimos dos años. En primer lugar, hablan de la consulta popular: “Aparte del referéndum-consulta convocado por la Presidencia de la República en mayo de 2011, la Dirección de Organizaciones Políticas del órgano electoral da cuenta de nueve solicitudes de Consulta Popular iniciadas entre febrero de 2010 y marzo de 2012[…] Solo dos procesos se han ejecutado hasta su culminación hasta la fecha”. En segundo lugar, tratan la iniciativa normativa: “La información recabada por la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral da cuenta de diecisiete procesos de “iniciativa normativa” iniciados por diversos actores sociales entre el segundo semestre de 2010 y el primer trimestre de 2012”. Finalmente, se refieren a la revocatoria del mandato: “Entre inicios del 2010 y abril de 2012 se han encaminado 784 solicitudes dirigidas al Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de acceder a los formularios que permiten iniciar el proceso de revocatoria de mandato”. Además, manifiestan que, “del total de solicitudes de revocatoria de mandato encaminadas hacia el CNE, 98% están dirigidas a las autoridades locales” (Ramírez, Le Quand y Bastidas, 2013). Como experiencias participativas más novedosas se sitúan los mecanismos y procesos de participación ciudadana. Estos son espacios deliberativos e institucionalizados que se sitúan entre el Estado y la sociedad y que pretenden alargar la intervención de la ciudadanía en la cosa pública, más allá de procesos puntuales como las elecciones o la puesta en marcha de mecanismos de democracia directa. La propia planificación del Estado ecuatoriano se define como participativa y descentralizada; por lo tanto, adquieren gran importancia estas experiencias de incidencia ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. Resulta significativo observar el aumento de participación de las y los ciudadanos en reuniones del gobierno municipal, nivel en el que se concentra la mayor parte de estos mecanismos y procesos. Poder popular La Revolución Ciudadana ha apostado desde su inicio a la necesidad de fortalecimiento de la sociedad civil y a la construcción de poder popular. Debe advertirse, sin embargo, que desde una perspectiva comparativa Ecuador no ha registrado históricamente un elevado nivel de autoorganización social y asociatividad. A pesar de esta constatación, según datos de la ENEMDU procesados por Ramírez, Le Quand y Bastidas (2013),