Asumir los plenos poderes era la única manera de cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano, que exigía cambios reales, de grandes dimensiones.
no teníamos la más remota idea de lo que es una Constitución ni el Derecho Constitucional. ¡Tendrán que aprender los ortodoxos que los mandatos fueron decisiones de la Asamblea Constituyente de Montecristi y que tienen, en su argot ortodoxo, la fuerza de leyes orgánicas. Y que además, tuvieron el poder suficiente, en su momento, para cambiar radicalmente algunas situaciones problemáticas, empezando por asumir los plenos poderes, en contra de la voluntad de la partidocracia y sus representantes en el agonizante Congreso. ¿Cuál fue el sentido de los Mandatos de Montecristi? Los Mandatos fueron en su momento, herramientas muy importantes para ir delimitando esa “cancha” en la que se tenía que hacer el cambio. Entonces, acompañando al proceso de debate constitucional, se configuraron importantísimos Mandatos.
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UN SUEÑO COLECTIVO
Primero, limitar los privilegios: los servidores públicos no podemos tener privilegios y eso está claramente en el Mandato 2. Ahí hubo confusiones: los demagogos le hicieron saber a buena parte del pueblo ecuatoriano (entre ellos muchos maestros) que se había creado un derecho. No era cierto. Había contratos colectivos que, abusando del concepto de contratación colectiva, habían creado privilegios para algunos de los incorporados en él. Entonces, algunos gremialistas salían con indemnizaciones de 600, 700 mil dólares o más. Ese mandato limita a 63 mil dólares la indemnización cuando sean despedidos unilateralmente y a 42 mil, en el caso de la renuncia. Pero no era cierto que quien no era parte de un contrato colectivo (porque era servidor público de una entidad donde no tenía ningún tipo de compensación al salir, por ejemplo) tenía la posibilidad de renunciar el primer mes y había la obligación de pagarle 42 mil dólares. Mucha gente se equivocó renunciando. Fue engañada. Un mandato importantísimo fue el que eliminó la tercerización, que era una forma privada, abusiva, de suplantar la responsabilidad del empleador, con una serie de engaños sucesivos que prácticamente habían pulverizado los derechos de los trabajadores y reducido la capacidad productiva, en términos salariales, a la mínima expresión. Sacar el máximo provecho al trabajador y mientras menos se le pagara, mejor funcionaba el negocio, porque había varios intermediarios que, en este caso, habían precarizado la situación de los trabajadores. Ese fue exactamente el sentido de nues-
tro mandato, evitar la precarización laboral y esa intermediación perversa, porque no era buena ni siquiera para el aparato productivo. Eso fue histórico y muy importante. Otro, y no voy en el orden de promulgación de los mandatos sino en el de los que creo más importantes, fue el llamado Mandato Minero, que puso igualmente las reglas de lo que después dirá la Constitución: la capacidad del Estado para precautelar los recursos naturales no renovables como patrimonio colectivo. Estaban privatizados, en manos de empresas privadas. A eso se le puso fin. Significó más de cinco mil seiscientas concesiones eliminadas. El mandato no ha perdido vigencia por efecto de la Ley Minera, como algunos interesados quieren hacer creer. No es cierto. Otro mandato importante: el llamado Mandato Eléctrico, que lo que primero hizo fue incidir directa y positivamente en la economía de los más pobres, de los más humildes, que casi siempre eran los que llevaban la peor parte. La tarifa eléctrica en el Ecuador era un invento perverso, seguramente de buena fe, de parte de ingenieros eléctricos que buscaban vendernos la idea de que las cosas se resuelven con matemáticas, en esta especie de “mercado más elaborado” que era el gran mercado eléctrico. Había una energía eléctrica que se podía vender a largo plazo y había un remanente de energía eléctrica que se vendía en una especie de subasta, los precios eran fijados por la oferta y la demanda. Pero ocurre que algunas ciudades, no solamente pagaban la dificultad de ser más pequeñas y de no estar en condiciones de ingresar a ese mercado sino que, además, estaban en desventaja porque a mayor densidad poblacional, menor costo unitario. Llegar con electricidad a las personas que viven dispersas en el sector rural, a las que viven en pequeñas provincias que no se han densificado, que no tienen grandes acumulaciones poblacionales, cuesta más. Entonces, como estábamos “en el mercado”, la energía les costaba menos a Quito y Guayaquil (hasta ahora es así) y había provincias como Bolívar, en que el kilovatio/hora costaba más del doble que en Quito o en Guayaquil. El mandato terminó con ese modelo absolutamente injusto, que además había sido creado para, supuestamente, incentivar las inversiones privadas. En treinta años en el área eléctrica no se ha hecho una sola inversión, porque como “el mercado” prevalece siempre sobre los intereses del Estado y de la sociedad, aquellos que tenían electricidad privadamente, la energía más cara, la contaminante, la que usaba como combustible recursos no renova-
bles como el petróleo, era la que prevalecía. Porque era la que ocasionalmente se podía vender más cara. Un mandato que puede aparecer como anecdótico (el Mandato 10) puso en evidencia, sin embargo, que había derechos ciudadanos que estaban absolutamente vulnerados por “el mercado”: cuando uno adquiere una línea telefónica para la casa, o en el sistema móvil, paga -supuestamente- por el número. Pero ocurría que cuando aparecían las promociones en “el mercado” y uno se quería cambiar a la empresa, que presumiblemente le iba a ofrecer mejores ventajas, una de las sanciones era perder el número, perder la conectividad. Mis propios (y supuestos) derechos de acceder al mercado eran falsos. El mandato para permitir la portabilidad, no es otra cosa que decirle al ciudadano: “Usted es dueño de su número, igual que el de la cédula de identidad, eso le pertenece a usted”. El resto sí es un asunto de mercado, uno podrá escoger la tarifa, pero el número es propio. Nadie se lo va a poder quitar, es un elemento de tipo personal que le va a acompañar para siempre. Privilegiar derechos, que son los elementos vitales de la Constitución, es de lo que se trata. Y dar garantías para esos derechos. Para algunos, los mandatos se ajustan más bien a un concepto jurídico de facto... Es el mismo concepto que le quieren dar a la Asamblea Constituyente. No hay cosa más democrática, de mayor contundencia de derechos, que una Asamblea Constituyente, porque es el origen de todo el resto. Confundir una decisión de la Asamblea Constituyente con el decreto de una dictadura es, además de ignorancia, un acto de mala fe. El pueblo del Ecuador se dio la mayoría que quizo darse y nosotros, los que estamos en el movimiento político que obtuvo la mayoría de los votos, fuimos simplemente uno de los grupos escogidos por el pueblo ecuatoriano para ser sus portadores, para ser sus mandatarios. Por lo tanto, la legitimidad de la presencia política de los asambleístas no provino de un acuerdo entre dirigentes. Fue algo inédito, pero no por eso menos democrático. ¿Iguales críticas tuvieron las amnistías? La de los “tauras” y la de la gente que tenía menos de dos kilos de droga, las “mulas”. Estos temas son clave, en los cuestionamientos por haber usado los plenos poderes para “ese tipo de cosas” versus la obligación “única” de hacer la Constitución.
No hay ruptura entre lo uno y lo otro. En la Asamblea Constituyente lo que siempre cuidamos, y para eso el debate y el diálogo fueron esenciales, es que jamás una ley estuviese “en contravía”. Lo que se dio fueron estos “anticipos” a lo que sería el propio texto de la Constitución. El mandato que modificaba la Ley de Consumo de Estupefacientes, por ejemplo, permitió diferenciar al transportista de droga, llamado “mula” en el argot popular (los pobres, que eran simplemente engañados), de los verdaderos autores de ese delito. La historia nos ha dado la razón porque, de todos los liberados, menos del 1% ha sido nuevamente apresado por reincidir, lo que querría decir que hicimos algo útil y justo para el 99% restante. Las seis leyes que hizo la Asamblea Constituyente están en la misma línea de cambio… Sí. Una de las exigencias del cambio -requerido y exigido todavía por el Ecuador- es que parte de ese mundo de privilegios está hecho por las exensiones: ese trato discriminatorio para los ciudadanos, versus los “productores de riqueza”. En el Ecuador se ha ido configurando un modelo tributario que privilegia los impuestos indirectos. El Estado, a través del SRI, es un gran cobrador ¡Claro, porque nos pusieron IVA! (Que permite ingresos significativos, pero que realmente no es tan justo: al rico y al pobre le cobran exactamente lo mismo). El impuesto más justo es el impuesto redistributivo, el impuesto directo: el Impuesto a la Renta. Empezamos una reforma que lo que busca es la equidad tributaria; y así se llamó la Ley, que pudo ser mucho más completa y mejor, pero que de todas formas marcó el camino para la búsqueda de la equidad. El resto es un proceso, habrá que ir mejorando y ese es un aprendizaje de la sociedad, del Estado, del SRI, de todos los ciudadanos. Uno de los epítetos que nos han endilgado es que “siempre estuvo restringido el debate” y que las leyes “se aprobaron sin debate”, pero, extrañamente, esas leyes gozan de un prestigio enorme. Está en vigencia, más de un año, la Ley de Tránsito y no tiene todavía mayores contradictores, más allá de los normales cambios que habrá que hacer para mejorarla. La Ley de Contratación Pública, es otra ley de gran impacto, más allá de los defectos que hay que corregir. Ambas van en la misma dirección de los mensajes concurrentes con la Constitución. El eje fundamental de las leyes y los mandatos era siempre, privilegiar derechos y garantías de derechos; y, obviamente, reivindicar también lo público, que es parte del concepto de soberanía.
Confundir una decisión de la Asamblea Constituyente con el decreto de una dictadura es, además de ignorancia, un acto de mala fe... Por lo tanto, la legitimidad de la presencia política de los asambleístas no provino de un acuerdo entre dirigentes. Fue algo inédito, pero no por eso menos democrático.
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