Entre Logroño y Angostura
De los muchos eventos políticos que ocuparon la atención nacional durante aquellas jornadas hubo dos que por su relevancia, vale la pena reseñar. Uno de ellos porque puso a prueba la integridad de los miembros de la Asamblea Constituyente. El otro porque, además de constituir una afrenta a la soberanía del Estado ecuatoriano, puso también en el tapete conexiones de miembros de la Asamblea con aquellos acontecimientos: los casos Logroño y Angostura.
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UN SUEÑO COLECTIVO
La Asamblea respondió solidariamente con la presidenta de la Mesa 9, de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, María Augusta Calle, cuya comparecencia solicitó el Fiscal General colombiano Mario Iguarán, en relación a sus supuestos vínculos con las FARC.
El 22 de enero de 2008, el Ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, denunció un supuesto complot para comprar conciencias dentro de la Asamblea Constituyente y señaló al líder del Partido Sociedad Patriótica, el ex presidente Lucio Gutiérrez, como cabecilla de la operación. Uno de los asambleístas, Gabriel Rivera de Esmeraldas, era quien había alertado al gobierno, aportando datos al caso al referir que había sido contactado telefónicamente para actuar como enlace con otros 25 asambleístas a fin de conseguir su apoyo a la postura, esgrimida por Sociedad Patriótica, de no aprobar la nueva Constitución, a cambio de dinero. Se hizo público un video en el que se podía constatar el intento de soborno (por parte de los ciudadanos Cao Lay Muñoz y Bolívar López) que había denunciado el asambleísta Gabriel Rivera del Movimiento País y del que había sido objeto. El asambleísta Julio Logroño, de Sociedad Patriótica, fue señalado también como pieza clave en el caso, por haber sido identificado como el vínculo entre la cúpula de su partido, Sociedad Patriótica, y el resto de asambleístas. Otro video, grabado en su domicilio, lo inculpaba.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación. También, el 27 de febrero del 2008, mediante una resolución (Nº12), la Asamblea estableció una comisión multipartidista de investigación conformada por los asambleístas Betty Amores, Jaime Hurtado, Mauro Andino, Fausto Lupera y José Vicente Taiano, para investigar el caso del asambleísta Logroño. Logroño adujo haber sido convocado por las Fuerzas Armadas para participar en una operación de inteligencia encubierta que tendría como objetivo poner al descubierto el pretendido plan para comprar conciencias dentro de la Asamblea. El jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, capitán Patricio Martínez, mencionado por Logroño como el oficial de enlace de la investigación, ante los requerimientos de la Comisión, se acogió al derecho de silencio y las Fuerzas Armadas, como institución, deslindaron responsabilidades en el tema. La Comisión debía presentar su informe en el plazo de hasta diez días laborables, de forma tal que éste fue conocido por el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y aprobado el 13 de marzo, para presentarlo al día siguiente ante el Pleno. Las conclusiones de la Comisión fueron que el asambleísta Logroño había ejecutado actos “con voluntad y conciencia, sin tener coacción alguna” por lo que consideró que ameritaba la sanción de suspensión de su calidad de asambeísta por el término de 20 días. Mediante la resolución Nº 13 presentada el 26 de marzo de 2008, la Asamblea en Pleno resolvió “Sancionar con la suspensión temporal de la calidad de asambleísta por el término de sesenta (60) días al doctor Julio Humberto Logroño Vivar…” (Artículo 2).
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