tración de la existencia de otros canales de circulación de los debates de interés público fue el resultado de la consulta, con un 81% a favor del Sí. Esto creó un pacto de confianza entre el proyecto y sus electores, que se mantuvo y ratificó con la instalación de la Asamblea, el 29 de noviembre de 2007. La población entiende que la relación de los medios con este proceso obedece más a un estado emocional coyuntural que a un análisis de las condiciones históricas en las que se produce. La mayoría de los medios “cubre e informa” el trabajo de la Asamblea bajo las mismas premisas con las que antes cubrían el Congreso Nacional. No iban en busca de las decisiones que permitirían una transformación del país, sino de los acontecimientos escandalosos, como era habitual en una institución desprestigiada como la antigua legislatura. ¿Porqué el cambio de cultura política habría de penetrar en la inveterada estructura mental de cronistas legislativos cuyo interés en lo que iba a suceder no alcanzaría para mucho más que la constatación de los signos epidérmicos de lo que sucedía, como lo exige el cierre editorial? ¿Porqué, finalmente, tendría que cambiar esa cultura, si algunos asambleístas también habrían de aceptar, con o sin conciencia de ello, ese pacto entre “gatos y ratones” que la fuerza de la costumbre había establecido desde hacía tanto, en los recintos legislativos?
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Así, un planteamiento de revisar los símbolos patrios, que nunca llegó a ser debatido en las mesas, ocupó, durante semanas, titulares en periódicos y noticieros. Las propuestas sobre derechos sexuales y salud reproductiva, que se inscribían en el concepto de soberanía del cuerpo, fueron abordadas por los medios desde la más trasnochada ausencia de laicismo, preconizando los más exaltados discursos antiaborto, sin considerar ni bases científicas, ni el derecho de las personas. Cuando se introdujeron conceptos como el Sumak Kawsay o la noción de la Pacha Mama, provenientes de las culturas originarias de América, en lugar de asumirlos como una manifestación de la diversidad y la vocación incluyente del proceso, muchos medios abrieron sus espacios a ideas dogmáticas que niegan cualquier cambio en los ideales colectivos. Cuando se declaró al Ecuador territorio libre de bases militares extranjeras, la versión de la gran prensa nacional fue alertar sobre el riesgo de afectar las relaciones con los estados que se bene-
fician de la existencia de esas bases, en lugar de entenderlo como un proceso de reafirmación de la soberanía nacional. Son numerosos los ejemplos en los que se vió cómo las iniciativas políticas, en la narración mediática, cambiaron de sentido. En general, los medios hablaron mucho de temas que no eran parte de la labor constituyente. El debate constitucional no estuvo en los medios, tanto como el caso Logroño, las imputaciones contra María Augusta Calle, el hipotético cambio del Escudo Nacional, la supuesta inclusión en la Constitución del Derecho al Placer, y otros asuntos que nunca ingresaron a mesa alguna para su análisis y debate. Gran espacio y largos reportajes se hicieron alrededor de la actuación de las asambleístas que decían estar contra una imaginaria inclusión del aborto como derecho constitucional, así como del matrimonio entre personas del mismo sexo y, en general, de todo lo que apareciese como contrario a los principios católicos y conservadores. Desde la consulta popular del 15 de abril de 2007, se evidenció la oposición de los medios al desarrollo de un proceso político de cambio, sin importar que la posterior elección de asambleístas y la instalación de la Constituyente haya sido a favor de ese proceso. Los grandes titulares, las posturas de los editorialistas y la actitud con la que llegaron muchos reporteros a Montecristi revelaron cuán dura sería la tarea con la prensa, así como el trabajo de la Sala de Prensa José Peralta. Alrededor de 750 periodistas solicitaron credencial. Cada día hubo entre 150 y 200. En los momentos de mayor tensión esa cifra subía. Sin embargo, como quedó anotado, otras formas de comunicación habrían de rebasar toda aquella parafernalia. La Asamblea sintonizó, desde el principio, con esos nuevos canales de comunicación y estableció un sistema que garantizaría la relación entre los asambleístas y la sociedad sobre la base de la información como un derecho básico de las personas y como una responsabilidad del Estado. El portal web de la Asamblea permitió el seguimiento de las sesiones por parte de la ciudadanía, por parte de los medios masivos y por parte de las organizaciones encargadas de la veeduría. Y así contribuyó a la transparencia, incluso poniendo a disposición de todo el que accediera a dicho instrumento, los documentos del proceso. La página web de la Asamblea Constituyente (motivo de dos
tesis de maestría) significó un aporte y una ‘revolución’ en la información institucional. Particularmente, se convirtió en una herramienta de trabajo de comunicación interna de la Asamblea, pero también en un canal potente de información dentro y fuera del país. En marzo de 2008, o sea en menos de cuatro meses de instalación, contabilizó más de un millón de usuarios que buscaban información, proponían debates, seguían las sesiones, las ruedas de prensa y los principales acontecimientos. El sitio web fue, se ha dicho ya, una herramienta para aquellos medios de comunicación pequeños, locales y regionales, que no podían llegar hasta Montecristi. La realización de foros, debates, mesas itinerantes, comisiones generales, se convirtieron también en formas expeditas de construcción de opinión, fuera de los procesos de mediación y sin tomar en cuenta voces “autorizadas” o “legitimadas” mediáticamente. Se afianzó de esta manera la construcción de la opinión pública a partir del diálogo directo entre la población y sus representantes políticos. Como resultado, el 25 de julio de 2008, la Asamblea presentó un Proyecto Constituyente que, so-
metido a referéndum, el 28 de septiembre del mismo año, fue aprobado con un 64% de la votación a nivel nacional. La opinión pública, ese punto de encuentro entre la política y la comunicación, dijo que la reforma política del Estado, mediante un proceso constituyente, tenía un peso histórico superior al que le otorgaron los medios de comunicación tradicionales. La autonomía respecto de esos medios cuando de las grandes decisiones políticas se trata, aquellas en las que está involucrada la participación masiva de la gente, ya comenzó a sentirse con enorme fuerza en los ya lejanos días de “los forajidos”. Allí fue clarísimo: los grandes medios masivos habían perdido la brújula y la gente optó por trasladar su confianza a La Luna, radio pequeña y sincera, convertida por el pueblo en bastión y barricada. Luego de la vivencia en Montecristi y de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, que la prensa no dejó de llamar “congresillo”, vuelve a ser pertinente preguntarse si es posible esperar que aquellos medios otorguen un mínimo de legitimidad a la voz política de la mayoría de la población, en un acto de descendimiento que podría significarles comenzar a recuperar la confianza de las personas.
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