Mociones de IU para el pleno de marzo 2014

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MOCIONES QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO ORDINARIO DE HOYO DE MANZANARES Marzo de 2014


MOCION I

Plan de Empleo para Hoyo de Manzanares El desempleo y especialmente la falta de creación de empleo local, sigue siendo en Hoyo de Manzanares el principal problema social de nuestra localidad. Así lo demuestran las cifras de paro aportadas por el Observatorio regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, según las cuales, al contrario de lo que ha sucedido en el conjunto de nuestra región, el paro ha crecido en Hoyo de Manzanares. Pero no podemos resignarnos a que las políticas económicas dominantes habitúen a los ciudadanos a que el paro y la exclusión es la única realidad de millones de ciudadanos y a que las medidas no se encaminen a erradicar este drama que tiene nombre y apellidos en cientos de nuestros vecinos y vecinas. No se puede consentir que la administración más cercana a la ciudadanía no tome todas las medidas que están en su mano para acabar con esta injusta e ilógica realidad, desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares creemos firmemente que es posible crear empleo, estable y de calidad y que entre todos y todas debemos poner manos a la obra El Plan de Empleo para Hoyo de Manzanares está basado en el estudio “SI, SE PUEDE CREAR EMPLEO”, elaborado a solicitud del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y que presentamos para su debate y, en su caso aprobación, está basado no sólo, ni principalmente en la creación u recuperación de empleo público municipal, lo cual también es necesario, si no que se sustenta fundamentalmente en una recuperación económica no basada en exclusivamente en el turismo, sino sobre todo en la instalación de empresas basadas en las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de los recursos naturales fomentando las producciones ganaderas, la industria agroalimentaria familiar y cooperativa y las producciones de cercanía”. Este Plan de Empleo no anula y, como no podía ser de otra manera, no va en contra ni del “Plan de Acción Turístico” de Hoyo de Manzanares, ni de la iniciativa “Crea Empleo Verde en la Sierra de Guadarrama”, elaborado por ADESGAM. Muy al contrario, de aprobarse esta propuesta, el primero de ellos quedaría englobado en la misma como una parte muy importante de ella; mientras que el segundo sería un complemento comarcal que le arroparía y daría mayor fuerza. Indudablemente llevar a la práctica este Plan de Empleo, con las aportaciones que otros Grupos Municipales pudieran hacer, supondría una redacción diferente del actual modelo de presupuestos municipales y, como ya decíamos al principio de este documento, para que ello sea posible y tenga un verdadero contenido social y de creación de empleo, el único camino es el de la elaboración de los presupuestos municipales de forma participativa. No somos utópicos, aunque la utopía de conseguir un pueblo mejor es lo que nos guía, por ello somos conscientes de que estas medidas, así como las que se añadan como


consecuencia de la participación ciudadana, no es posible de llevarlas a la práctica en una sola legislatura. Algunas pueden ser de aplicación inmediata, otras sin embargo precisarán de cambios normativos en Ordenanzas Municipales así como de medidas previas –por ejemplo formación de trabajadores, etc…-. Por último no pueden financiarse todas ellas al mismo tiempo, por lo que tendrán que irse aplicando de manera progresiva, en varias legislaturas Por último señalar que antes de su redacción final es Plan de Empleo fue debatido con los colectivos sociales como, la Asociación de Empresarios, las asociaciones ecologistas, los sindicatos, la Asociación de mujeres, etc…, de cuyas opiniones sobre él mismo se han recogido propuestas que han sido incorporadas a la propuesta final. Por ello, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO: 1. Aprobar y adoptar las medidas necesarias para la puesta en marcha del presente “Plan de Empleo para Hoyo de Manzanares”. 2. Poner en marcha en el presente ejercicio presupuestario 2014 aquellas medidas que no precisen de dotación presupuestaria o que esta sea de poca cuantía, efectuando las modificaciones de crédito necesarias para ello 3. Crear en los Presupuestos Municipales de 2015 una partida presupuestaria dotada con 300.000 Euros para empezar a acometer las medidas propuestas en este Plan. 4. Traer al próximo Pleno Ordinario la aprobación de la constitución del “Consejo Económico y Social de Hoyo de Manzanares”, según establecen el “Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares”, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 27 de Agosto de 2012.


MOCION II

Los pliegos de condiciones deben incluir cláusulas sociales y laborales iguales a las de los trabajadores municpales En el pasado año fue objeto de atención de la opinión pública un hecho que ha ilustrado perfectamente las nefastas consecuencias de la privatización de los servicios públicos. Nos referimos las condiciones salariales que se querían imponer a las y los trabajadores de la contrata del servicio de limpieza viaria de Madrid. Sin embargo, esta precariedad laboral no constituye una novedad, puesto que son varias las contratas municipales cuyas condiciones salariales se sitúan en niveles que ni tan siquiera permiten cubrir las necesidades básicas del propio trabajador o trabajadora y mucho menos de una familia. Sirvan como ejemplo casos que también han sido noticia en otras ocasiones como la contrata de limpieza de los edificios municipales o la contrata de ayuda a domicilio. Es sabido, reconocido y manifiesto que todo proceso de privatización lleva consigo un empeoramiento de las condiciones laborales. Por ello, y entre otras razones, desde Izquierda Unida rechazamos las privatizaciones. Privatización, liberalización, reformas laborales, despidos y rebajas salariales, reformas de pensiones y un largo etc. son todas medidas que forman parte de una misma estrategia sustentada en la lógica del beneficio privado que tiene como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras y cuyos únicos beneficios son los que obtienen las empresas concesionarias. Desde lo público, la atención debiera estar puesta en la calidad de los servicios, las condiciones en las que son prestados y el propio papel de la administración como garante de ambas cosas. La administración es la última responsable de la prestación de dichos servicios públicos, estén o no privatizados, y por lo tanto de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas, de forma directa o indirecta. Sigue siendo obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos. Y esas condiciones de vida, dependen en gran medida, de las condiciones laborales de los trabajadores. De su salario depende cubrir sus necesidades básicas y poder desarrollar un proyecto vital. Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral y, lo que es más grave, promovida por los propios poderes públicos. Por ello, este Ayuntamiento, no puede permanecer ajeno a las consecuencias que estas privatizaciones tienen sobre la vida de las personas. Este Ayuntamiento no puede seguir promoviendo condiciones laborales precarias en la prestación de sus propios servicios municipales. En consecuencia se hace necesario tomar medidas que, dentro de los escasos márgenes que la legislación de Contratos del Sector Público permite, establezcan mecanismos que impidan la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores.


Por ello, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO: 1.- Encargar a los servicios técnicos municipales el estudio y redacción de las cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de contratación de este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas similares a las de los trabajadores municipales, así como unas condiciones medioambientales adecuadas. 2.- Adquirir el compromiso de aplicar dichas cláusulas a los nuevos pliegos de condiciones para la contratación. 3.- No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas.

MOCIÓN III SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Pocos temas hay tan polémicos como la interrupción voluntaria del embarazo. En el debate entran en juego concepciones y creencias personales muy íntimas que nos obliga a revisar conceptos tales como la vida, el papel de la mujer en la sociedad, la autonomía, la libertad, el derecho a decidir libremente sobre la maternidad, el poder de influencia de la religión y el de los poderes públicos para inmiscuirse en asuntos privados. Quienes reducen el debate a “Aborto si/Aborto no” suelen ser personas con creencias religiosas, en España fundamentalmente católicas, que introducen una carga afectiva muy fuerte apelando a la vulnerabilidad del feto y a su derecho a la vida. La vida para estas personas tiene un valor unívoco. La vida es la vida y la del embrión lo es desde el momento de la fecundación. La vida de la mujer como tal no se tiene en cuenta y sólo se la considera receptáculo y entorno en el que vive el feto. Para otros, la vida tiene matices; no es lo mismo la vida vegetativa, en la que no hay actividad cerebral, que la vida consciente; un pre embrión, es decir un embrión de menos de 14 días, no tiene vida humana, sino que es un conjunto de células sin diferenciar; la vida debe llevar aparejada una calidad de la misma para que sea digna de un ser humano; las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propia vida…, es decir, la vida está íntimamente relacionada con otras cuestiones que tienen que ver con características intrínsecas del ser humano, tales como la libertad, la toma de decisiones conscientes, la responsabilidad o la dignidad. Establecer argumentos entre quienes defienden el aborto y los que no es un error. Nadie está a favor del aborto. Ninguna mujer desea abortar si no es por razones muy justificadas y después de un proceso de toma de decisiones muy difícil, pero existe un hecho incontestable: el aborto existe desde tiempo inmemorial como remedio para poner fin a un embarazo no deseado, porque siempre ha existido el conflicto entre la vida del embrión/feto y la de la mujer en todas sus dimensiones personales.


El debate debería centrarse en otras cuestiones, tales como quien debe tomar la decisión de interrumpir o no el embarazo; sobre qué estrategias son las más adecuadas para prevenir los no deseados, sobre cuál debe ser el papel del Estado en este tema, sobre las expectativas que la sociedad pone en la mujer como madre-reproductora o por qué se controla tanto el uso y la distribución de la píldora RU-486 cuando está aprobada por la OMS, está disponible desde 1980, es eficaz en el 95% de los casos. En España las mujeres nunca han tenido pleno derecho a decidir libremente sobre su maternidad hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2010 de salud reproductiva y sexual y de interrupción voluntaria del embarazo, Son muchas las voces de las mujeres que abogan por decidir sobre su maternidad, ya que la crianza de hijos e hijas recae sobre ellas, y van a ser ellas quienes tengan que recomponer sus proyectos de vida, quienes deban hacer frente a los problemas económicos, y quienes ven mediatizadas su vida por un embarazo no deseado. Sin embargo estas mujeres se enfrentan continuamente a una parte importante de una sociedad que las culpa por el hecho de no desear ser madres en un momento concreto de sus vidas a no serlo nunca. Siguen siendo muchos los esfuerzos necesarios para que la sociedad empiece a ver a las mujeres de otra manera que no sea exclusivamente la de su papel reproductivo y para que se entienda que la mujer puede tener otros proyectos vitales que no pasen por la maternidad; se nombra a las mujeres como madres antes de serlo, lo que nos lleva a pensar que ser mujer es ser madre. Aunque la sociedad ha ido transformando afortunadamente sus valores y se ha ido cambiando el criterio de lo moralmente aceptable, todavía se ve la maternidad como algo innato para las mujeres que impide que éstas decidan libremente. Tuvieron que transcurrir 25 años para que el Derecho se adaptase a los valores de la sociedad y se reconociese el derecho de las mujeres a abortar sin límite alguno antes de las 14 semanas de embarazo. Durante las primeras 14 semana el Estado da prioridad al derecho de autonomía de la mujer, pero a partir de ese momento tutela el proceso del embarazo dando prioridad al feto, siempre que la vida de la madre no corra peligro. Así, se establece el plazo de 22 semanas para interrumpir el embarazo si hay grave riesgo para la salud de la madre o se detectan graves anomalías en el feto, y se elimina el límite si los defectos fetales si estos son incompatibles con la vida. En España, ya hemos visto que el Estado regula el aborto con la Ley Orgánica 2/2010 que quiere armonizar el derecho a la autonomía de la mujer con la obligación de protección del bien jurídico que supone el feto. En ella se especifican las circunstancias por las que se puede abortar y se pone unos plazos máximos para cada caso. El límite de las 14 semanas por libre decisión de la mujer es el mismo o menor que en la mayoría de los países de Europa. El límite de las 22 semanas por razones de salud materna o fetal es el plazo límite que recomienda la OMS para practicar el aborto y se justifica por el hecho de que antes de ese momento el feto no es viable fuera del seno materno. Los gobiernos, además de garantizar el acceso de las mujeres a unos servicios sanitarios de calidad, deben también de tratar de eliminar los motivos por los que se producen los embarazos no deseados, ya sea por causas achacables exclusivamente a la conducta poco responsable del hombre o de la mujer, a carencias sociales como la escasez de medios económicos para acceder a los métodos anticonceptivos, o a la necesidad de programas de


educación sexual y reproductiva que consigan penetrar en la conciencia subjetiva de los chicos y chicas jóvenes, y no limitarse a informar, para que modifiquen los hábitos sexuales no saludables. Así mismo, el Estado debe promover la investigación dirigida a encontrar métodos anticonceptivos menos lesivos para las mujeres y garantizar la existencia de suficientes profesionales sanitarios no objetores en los hospitales públicos para que nadie se vea obligado a dirigirse al sector privado. Somos muchos los que opinamos que el papel del Estado debe ceñirse a proporcionar los recursos sanitarios públicos suficientes y de calidad para garantizar el acceso libre, gratuito y de calidad a las mujeres que deseen abortar, y no poner límites a la libre elección de la mujer. Estas líneas se escribían en 2011. En tan solos tres años hemos retrocedido décadas con la propuesta de Ley del Parido Popular que modifica la actual, teniendo que volver a reivindicar el principio de autonomía de las mujeres para decidir y el derecho a no tener que abortar en condiciones de clandestinidad e insalubridad o desplazarse a otros países europeos. Por ello, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO: 1. Manifestar su convicción de la plena autonomía de las mujeres para decidir sobre su proyecto de vida. 2. Declarar que el papel del Estado en la interrupción voluntaria del embarazo debe limitarse a proporcionar los recursos sanitarios públicos suficientes y de calidad para garantizar el acceso libre, gratuito y de calidad a las mujeres que deseen abortar, y no poner límites a la libre elección de la mujer. 3. El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las mujeres. 4. Instar al Gobierno de España a retirar y, por tanto, no continuar, la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada. 5. Transmitir este acuerdo al Ministro de Justicia y al Gobierno de España y los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.


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