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Lunes 17 de octubre de 2016
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Renuncia presidencial arriesga la gobernabilidad
El alto nivel de desaprobación, no solo a la gestión sino a la persona del Presidente, y la prolongación y profundización de la crisis política, agrandan el riesgo de caer en la ingobernabilidad y que la polarización política se agrave Por: Redacción HP
Págs. 04 y 05
Cae prestigio del Ejército por guerra contra el narco La participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico ha sido motivo de debate y críticas, con los argumentos de que se ha militarizado la seguridad pública, pero es evidente que las policías municipales y estatales, no lo pueden hacer por su sociedad con el crimen organizado Por: GEA y Asociados Págs. 06 y 07
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Javier Duarte, otra batalla perdida del Presidente y del PRI
OPINIÓN Miguel A. Vichique
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on la solicitud de licencia de Javier Duarte al Gobierno del Estado de Veracruz, a 48 días de concluir su período -luego de incontables omisiones, errores y confusiones priistas-, se pretende una insostenible versión de que este partido no solapa la corrupción en sus filas, en un intento desangelado por enarbolar una lucha que no puede ganar, al menos en el corto plazo: la que se refiere a honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Incluso su dirigente Enrique Ocho Reza sostuvo que ellos han actuado contra gobernadores “como Jesús Reyna García, de Michoacán, y Andrés Granier Melo, de Tabasco”. Claro, omitió nombrar tanto a los actuales que merecen cárcel como a aquellos ex gobernadores que gozan de buena salud, aunque también de desprestigio, y que continúan blindados por el tricolor. En este sentido, especialmente oportuna resulta la declaración del entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto durante el programa Tercer Grado, de Televisa, en mayo de 2012, cuando estableció que en su partido había un “cambio de actitud”. “El entreveramiento generacional al interior de los partidos –dijo- ha sido un proceso natural y que, creo, en mi partido se ha vivido de una manera muy intensa. Y pongo
simplemente, para acreditar esto...” -¿Nombres de nuevos priistas?, le preguntó Denise Maerker. -Pongo nombres. Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el gobernador de Quintana Roo, ‘Beto’ Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, el gobernador de Campeche, todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido, manifestó entonces. La realidad sepultó dicho discurso de renovación partidista, sobre todo si observamos la situación de los ejemplos. Sin fuero, exgobernante parece no estar consciente de su circunstancia y ubicación, al punto de asegurar que se separa del cargo porque Veracruz necesita un gobernador de tiempo completo y él requiere dedicarse a defenderse de todas las acusaciones que se le atribuyen. Y en la despedida, mientras el priista saliente decía: “Quiero agradecer al Presidente de la República Enrique Peña Nieto por todo el respaldo que dispensó a Veracruz durante mi gestión, mismo que hoy se traduce en obras que en el presente y en el futuro nos ha-
rán más grandes”; Ochoa Reza puntualizaba que estaban “limpiando la casa” (sic). El Congreso local nombró a Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno, como gobernador interino, quien vía Twitter aseguró: “Coordinaremos un proceso de conclusión de la administración estatal con orden, legalidad y transparencia”. Bueno… Más de alguno se debe estar preguntando por qué no coordinó un proceso honesto y eficiente en esa misma administración estatal con-orden,-legalidady-transparencia, sobre todo teniendo un cargo tan importante como el que tenía, mismo que implica cierta corresponsabilidad, al menos formal. El saldo de Javier Duarte: corrupción, deuda, secuestros, robos, inseguridad, crimen organizado, violencia, droga, deuda impagable, desorden, ilegalidades, escándalo… Pobre Veracruz, después de Fidel Herrera – quien fuera nombrado como uno de los mexicanos más corruptos por la revista Forbes del 2013, y actual cónsul en Barcelona-, Javier Duarte significa una nueva vergüenza pública –dentro de una estrategia tan fallida como extemporánea-, otra batalla perdida del Presidente y del PRI.
Pobre Veracruz, después de Fidel Herrera, Javier Duarte significa una nueva vergüenza pública
Hojas Políticas es editado por HP. • Director: Rafael Herrera Piedra • Editor: Richard Ibarra • Coordinador de Análisis Nacional, Héctor Moreno • Coordinador de Diseño, Esequiel Vásques. • Coordinador Gráfico, Eduardo Gutiérrez Colaboradores: Juan Lorenzo Simental, David Mendívil, César Gaytán. Dirección, J Guadalupe Aguilera 709, Col Guillermina, Durango, Dgo. Tel (618) 8 36 07 36; (618) 8100 200, email: hojaspoliticas.suplemento@hotmail.com
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Mantiene Peña Nieto rechazo ciudadano Redacción HP
La encuesta realizada por GEA ISA ratifica la desaprobación que sufre la gestión del priista Enrique Peña Nieto
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l alto nivel de desaprobación, no solo a la gestión sino a la persona de Enrique Peña Nieto, y la prolongación y profundización de la crisis política, agrandan el riesgo de caer en la ingobernabilidad, y que la polarización política se agrave. Entre las salidas, la más adecuada, como lo plantean los opositores que pretenden capitalizarlo políticamente, no sería la renuncia del Presidente, ya que ello agravaría la polarización política y social, y dificultaría el proceso de reemplazo, lo que a su vez, impactaría de manera negativa en la gobernabilidad. Lo anterior es parte del análisis que complementa la encuesta nacional realizada por GEA–ISA, con el tema “México: política, sociedad y cambio”, relacionada con los escenarios de gobernabilidad. Producto de los hallazgos que generó el estudio de opinión que se realizó del 3 al 5 de septiembre pasados, con una muestra de 990 casos efectivos, GEA–ISA concluyó que el elevado nivel de desaprobación de Peña Nieto, es un fenómeno que se retroalimenta fácilmente, y crea un círculo vicioso, que afecta de manera negativa no solamente al gobierno y
La descalificación es a la gestión y a la persona del Presidente Peña Nieto su capacidad de ejecución y convocatoria, sino para el país. Debe preocupar a los mexicanos, y de manera especial a los detractores de Peña Nieto, que un escenario con la renuncia del Presidente, a nadie conviene, por lo que debe preocupar la crisis política, y que el 17 DE OCTUBRE DE 2016
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reacomodo del respaldo social a los partidos políticos, le imbuya al primer mandatario del país, la fuerza que requiere para conducir y ejecutar con éxito el proyecto de gobierno, en la etapa final de su administración. La opinión de los ciudadanos según la encuesta es devastadora para Peña Nieto. La extensión y profundización de la crisis, según las respuestas encontradas, es atribuible a malas decisiones, como la de la entrevista con Trump, criticada duramente. Otro factor es el manejo de las finanzas públicas, reflejado en una deuda creciente, y que provocó el re-
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La renuncia del Presidente sería inadecuada porque agravaría la polarización social y política chazo de la Iniciativa Privada (IP) e incluso, de las calificadoras internacionales. Aunado a los gasolinazos e incremento en tarifas eléctricas. El ocultamiento de lo sucedido en Tanhuato, el operativo mal planeado y peor realizado en Nochixtlán, permitió el reposicionamiento de la CNTE, con la fuerza para echar abajo la reforma educativa, según se vislumbra. El gobierno también ha dado escasa importancia a la tendencia creciente de inseguridad, lo del mensaje presidencial con jóvenes, también fue mal evaluado, así como los nombramientos de Luis Miranda en Sedesol, y ratificación de Alfredo Castillo en Conade, fueron severamente cuestionados. Según las respuestas de los ciudadanos, Peña Nieto no tiene credibilidad en la población, lo que reduce los espacios de capacidad de ejecución y convocatoria, además debilita al gobierno. El mal ánimo social, debe preocupar a todos.
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Pide Sedena apoyo moral GEA y Asociados
La violenta emboscada contra soldados provocó el enojo del Ejército por el desgaste sufrido en 10 años de lucha contra el narcotráfico
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n la madrugada del pasado viernes 30 de septiembre, un convoy del Ejército –integrado por 17 soldados en dos vehículos Hummer —que custodiaba una ambulancia en la que trasladaban un narcotraficante herido a un hospital de Culiacán, en el estado de Sinaloa— fue atacado por alrededor de 50 sicarios con armas de alto poder, incluyendo bazucas y granadas. El saldo fue cinco militares muertos y 11 heridos, seis de ellos de gravedad, los dos vehículos quedaron completamente calcinados. Los atacantes se llevaron la ambulancia y al herido y se desconoce si este murió en el ataque. La reacción del secretario de la Defensa fue severa. En un discurso pronunciado durante el homenaje realizado en memoria de los soldados muertos, el general Salvador Cienfuegos llamó a los miembros de las organizaciones delictivas “bestias criminales” y les advirtió “que no descansaremos hasta que sean juzgados por sus delitos con todo el rigor de la ley. Vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria. Que la fuerza que apliquen tendrá la respuesta que corresponda por parte 17 DE OCTUBRE DE 2016
La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es una decisión obligada por la ausencia de policías eficaces y confiables
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de la autoridad”. Además, le pidió a la sociedad mucho mayor apoyo moral a su esfuerzo por garantizar la seguridad de los ciudadanos. El mensaje fue interpretado como una señal de enojo e impaciencia del general secretario por la lucha contra las organizaciones del narcotráfico –en la que el Ejército lleva la principal carga— que dura ya 10 años y ha provocado un severo desgaste en las fuerzas armadas, sin que ese esfuerzo haya sido reconocido y valorado por la sociedad de manera explícita. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en ese periodo, los miembros del Ejército han sufrido tres mil 847 agresiones – poco más de una diaria durante los 10 años de lucha— en las que han muerto 237 soldados y mil 362 han sido heridos. La participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico ha sido motivo de debate y críticas muy fuertes por parte de ciertos sectores sociales y políticos –en especial de los partidos de izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos—con los argumentos de que se ha militarizado la seguridad pública y ello ha
provocado una violación sistemática de los derechos humanos por parte de los soldados. Es evidente que el Ejército ha enfrentado el problema y la tendencia de quejas ha sido claramente decreciente. Además, también ha hecho esfuerzos por castigar a los responsables. Un total de 389 militares han sido involucrados en las violaciones a derechos humanos, de los cuales 118 fueron procesados, 53 sentenciados, ocho absueltos y 13 se encuentran fugados. La razón por la cual el entonces Presidente Felipe Calderón involucró al Ejército en el combate al narcotráfico a partir de diciembre de 2006 fue la debilidad estructural de las policías mexicanas de los tres órdenes de gobierno. Esta debilidad se evidenció ante la expansión y el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento de la violencia e inseguridad. En aquel año, la Policía Federal y la Policía Ministerial Federal, responsables de perseguir al narcotráfico, no rebasaban los 10 mil elementos. Además no tenían la capacitación ni el equipamiento adecuado
hojas políticas para enfrentar a siete cárteles de la droga que existían entonces, que las superaban en número de elementos y en armamento (en los primeros cinco años de la lucha contra las organizaciones criminales, a los siete carteles les fueron decomisadas más de 160 mil armas). Las policías de los estados y municipios –en su conjunto sumaban 300 mil elementos— presentaban graves deficiencias de todo tipo: desde salarios muy bajos (en promedio ganaban alrededor de cinco mil pesos mensuales), nula capacitación y equipamiento deficiente. Además, muchas policías llevaban décadas trabajando para las organizaciones del narcotráfico. En síntesis, no se tenían policías suficientes, eficaces ni confiables. No había otra opción y no era lo ideal porque la lógica militar (destruir al enemigo) no es la policial (llevar ante la justicia a los delincuentes). Sin embargo, se consideró que, en todo caso, era un mal menor ante la otra opción: dejar completamente indefensa a la ciudadanía. Eso significó que pese a que las fuerzas armadas no están entrenadas para desempeñar las tareas policiales y eventualmente ello ha significado violaciones graves a los derechos humanos, era peor permitir que territorios completos –y de paso todas las instituciones estatales ahí presentes— fueran dominados por las organizaciones criminales. Como se ha mencionado en reportes anteriores, el retraso en la reconstrucción de las policías es severo. Es una irresponsabilidad mayúscula que después de 10 años de que el Ejército saliera masivamente de sus cuarteles a realizar tareas propias de las policías, la clase política no se haya dado a la tarea de diseñar e instrumentar una estrategia seria y sistemática para reconstruir las instituciones policiales. En 2008, los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que consideraba acuerdos muy puntuales en ese sentido, la mayoría de los gobernadores no lo tomaron en serio y se avanzó muy poco. En 2010, el Presidente Calderón envió al Congreso su iniciativa de reforma del diseño institucional de las policías, la del mando único policial en los estados, que nunca fue aprobada por la oposición del PRI.
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Aún sin un horizonte de cuándo puede el Ejército regresar a sus cuarteles
La Policía Federal, que pasó de seis mil a 36 mil elementos durante el gobierno de Felipe Calderón, dejó de crecer en lo que va del actual sexenio (apenas tienen 37 mil elementos, según el último informe de gobierno), e incluso su presupuesto se redujo a los niveles de 2010, por lo que no está en capacidad de relevar al Ejército. De la misma manera, el Ejército ha solicitado que se legisle para darle mayor solidez jurídica a su actuación en materia de seguridad pública, sin que a la fecha se haya encontrado una fórmula legislativa adecuada. Si al panorama anterior se agrega el hecho de que ya está en curso un violento enfrentamiento entre los cárteles del Pacífico (“El Chapo” Guzmán) y Jalisco Nueva Generación (Nemesio Oseguera) por el dominio del negocio de las drogas en varias entidades del país, es evidente que el Ejército seguirá participando de manera destacada en la lucha contra el crimen organizado durante varios años, más con el riesgo de que su desgaste se acentúe. Las opciones del gobierno para reducir ese problema no son muchas. Si es muy improbable que el descontento se compense presupuestalmente (para contratar más personal y disponer de mejores salarios y equipamiento para las tropas) la respuesta tendrá que ser política. El secretario de la Defensa insiste en que si el Ejército seguirá participando en la lucha contra el crimen organizado (que ya no se limita al narcotráfico, pues ahora se ha diversificado a otros mercados ilegales como el robo de hidrocarburos y el tráfico de indocumentados),
es necesario legislar para darle mayores facultades legales y una mejor protección jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden. Por tanto, no sería extraño que antes de que termine el periodo de sesiones del Congreso (15 de diciembre) se discutan varias iniciativas que ya están en manos de los legisladores y que alguna de ellas sea aprobada. Y más recursos para el ejército significará muy probablemente no dárselos a las policías, lo cual alargará su participación en tareas policiales y agravará los problemas de los que ahora se quejan. Se crearía un círculo vicioso. Quizá la solución sea transferir de manera definitiva a alrededor de 50 mil soldados a la Policía Federal, y reentrenarlos como policías, pues ello permitiría efectivamente retirar al Ejército de las calles ya que sería la Policía Federal la que asuma por completo la lucha contra la delincuencia organizada.
Legislar sobre facultades del Ejército en tareas de seguridad, demanda pendiente
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¿Quiénes son los latinos en Estados Unidos?
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oy en Estados Unidos hay 55 millones de personas de origen latino, que representan el 17 por ciento de la población total. Es ya la primera minoría, por arriba de los afroamericanos, y la que más crece. La media de edad es de 27 años, 10 manos que la población general. En 2015, el poder adquisitivo de la comunidad latina se estimó en 1.5 billones de dólares, cantidad semejante al PIB de México, para ese mismo año. Los analistas anotan que esto ha creado mercados propios al interior de Estados Unidos dirigidos a esa población. Para los integrantes de la tercera generación de origen latino el idioma básico que más usan es el inglés (69%) y otro grupo se maneja indistintamente en español e inglés (29%). Solo el 1.0 por ciento utiliza más el español, de acuerdo con un estudio del Real Instituto
Elcano, de España. El 80 por ciento de ellos piensa en inglés, el 7.0 por ciento en forma indistinta y el 13 por ciento más en español que en inglés, según ese mismo estudio. El dato contrasta de manera radical con los integrantes de la primera generación donde el 61 por ciento utilizaba como idioma básico más el español y el 65 por ciento pensaba más en español que en inglés. En 2012, de los 25 millones de latinos que podían votar solo lo hicieron el 48 por ciento, que representa 11 millones. Es un porcentaje menor al de otras minorías como los afroamericanos (69.1%) y los asiáticos (51.7%). En esa ocasión votó el 78.9 por ciento de la población blanca. El estudio Los Latinos y las industrias culturales en español en Estados Unidos (2015), elaborado por el Real Instituto Elca-
OPINIÓN Rubén Aguilar
@RubenAguilar
no, muestra como la comunidad latina “crece más como consumidores que como ciudadanos” y que por eso mismo a nivel político tiene todavía poca relevancia en la sociedad estadounidense a pesar de su número. La palabra latino o hispano, dice el estudio, engloba a millones de personas de distintos países, culturas y clases sociales, pero el idioma (español) y la religión (catolicismo) actúan como vasos comunicantes. Estas realidades todavía actúan como factores de identidad, que les permite reconocerse. Los principales mercados de consumidores latinos se concentran en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y Chicago, pero crecen con rapidez en Charlotte, Atlanta, Orlando y Seattle. Esto a pesar de estar alejados de los sitos donde tradicionalmente han vivido los latinos. Este grupo, como lo dijo en días pasado The New York Times, en un histórico editorial en inglés y en español, es el que puede decidir la elección presidencial del próximo 8 de noviembre entre Hillary Clinton y Donald Trump. Eso depende si los latinos que pueden votar se deciden a hacerlo. Ahora 25 millones pueden ejercer ese derecho. ¿Cuántos lo van a hacer?