Monográfico de Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres by comunicacio Fundació Sida i Societat

MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO

Situación de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres

AMÉRICA LATINA, Y CATALUNYA JUNIO 2011

Fundació Sida i Societat

MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO Situación de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres. América Latina y Catalunya Fundació Sida i Societat - SEMlac, Barcelona, 2011

Edición: Sara Lovera Sara Mas Gemma Garreta Jordi Casabona Samira Hammouti María Jesús Lucas Meritxell Sabidó Fabiola Llanos Un producto de: Fundació Sida i Societat Con el apoyo de: SEMlac - Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe XIDPIC.CAT - Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya Y la financiación de:

Diseño, edición y producción: Fabiola Llanos Comunicación y sensibilitzación Fundació Sida i Societat

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La salud, entendida como el bienestar físico, emocional y psicológico, es un derecho fundamental de todas las personas y un elemento esencial para poder participar en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. Es un derecho de la toda Humanidad.

ÍNDICE 4

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

ARGENTINA Aborto, la ineludible deuda social Por Norma Loto

BOLIVIA Postergada la salud sexual de las mujeres Por Helen Álvarez Virreira

CHILE Los derechos que no son Por Tamara Vidaurrázaga

COLOMBIA La violencia tiene rostro de mujer, pero la recuperación también Por Ángela Castellanos Aranguren

GUATEMALA Y las mujeres siguen muriendo Por Alba Trejo

MÉXICO Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres Por Soledad Jarquín

NICARAGUA “No cambiamos derechos por votos” Por Sylvia R. Torres

PERÚ La maternidad no deseada podría costar la vida a las mujeres Por Julia Vicuña Yacarine

REPÚBLICA DOMUNICANA Narco y trata, crimen y rentabilidad Por Mirta Rodríguez Calderón y Mercedes Alonso

50 URUGUAY Momento clave para la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos Por Isabel Pérez 54

CATALUNYA Salud de la Cooperación ante el VIH/sida Por Fabiola Llanos

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO

PRESENTACIÓN

La respuesta a la pandemia del VIH. Reflexiones a 30 años de los primeros diagnósticos del sida* Por Jordi Casabona i Barbarà

El 5 de junio de 1981 se publicó en Estados Unidos el caso de cinco hombres homosexuales con una pulmonía por Pneumocystis carinii, un agente infeccioso muy poco frecuente. Fue la primera de una serie de evidencias que permitieron describir una entidad clínica desconocida hasta entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). En 1983 se identificó el agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), unas siglas que ahora -a diferencia de otros muchos acrónimos de bacterias y virus- casi todo el mundo reconoce. Este 2011 se conmemoran pues (no estoy nada de acuerdo con utilizar la palabra celebrar) los 30 de años de los primeros casos de sida. En 30 años suelen pasar muchas cosas, pero la pandemia del sida, aparte de su dramático impacto, ha hecho del mundo un lugar más pequeño y ha espoleado cambios impensables el año 1981, no sólo en el ámbito científico, sino también en lo económico, social y político. En el ámbito científico, el estudio del VIH ha facilitado el desarrollo de tecnologías que han cambiado radicalmente la investigación biomédica, el desarrollo de fármacos antirretrovirales (ARV) impensables hace 20 años y de nuevas aproximaciones preventivas. Económicamente, al mismo tiempo que ha hipotecado el desarrollo de los países más afectados, ha creado un mercado sin precedentes para la industria farmacéutica y miles de puestos de trabajo en todos los sectores. Socialmente, el sida ha sido capital para la defensa de derechos civiles básicos, ha cambiado la relación médico/apaciente, ha mediatizado las conductas sexuales de una generación y ha consolidado el tercer sector, haciendo de las oenegés una pieza imprescindible en la respuesta a la pandemia. El sida ha cambiado también el discurso y la agenda política, tanto local como globalmente. Y -al menos en Occidente- ha pasado de ser una enfermedad letal a una enfermedad crónica; la estigmatización de las personas afectadas ha disminuido; y en muchos países se ha articulado una respuesta efectiva. La conmemoración de los 30 años es, pues, un buen momento para reflexionar sobre qué hemos hecho bien y qué no tanto. Hoy por hoy y aun cuando el VIH/sida siga prevaleciendo a nivel global en población masculina, urbana y con prácticas homosexuales o bisexuales, en los países donde la via de transmisión predominante es la heterosexual y donde los patrones sexuales facilitan que los hombres tengan relaciones concurrentes con diversas mujeres, se produce un aumento persistente de las infecciones entre la población femenina. Epidemiológicamente, si bien la proporción de mujeres que se infectan sigue siendo menor que la de los hombres, el número de contagiadas aumenta en casi todo el mundo, siendo crítica en algunos países donde incluso está sobrepasando a la de los hombres. Las mujeres tienen -especialmente en los paises más pobres-, factores de vulnerabilidad social y cultural que se suman a los biológicos. Socialmente, las mujeres siguen siendo las más pobres dentro de los círculos de la pobreza, lo que las vuelve más dependientes y con escasas posibilidades de acceder a información y servicios adecuados de salud. Culturalmente, los axiomas dominantes dificultan a las 4

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mujeres el negociar prácticas de sexo más seguro con sus parejas. Esto sucede por ignorancia, miedo o subordinación a los comportamientos social e históricamente aceptados. Las intervenciones preventivas respecto al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) deben tener en cuenta tanto los factores biológicos, como los conductuales y estructurales. Esto es lo que denominamos intervenciones multinivel y es la aproximación que desde la Fundació Sida i Societat queremos dar a todos nuestros proyectos. La experiencia en Guatemala nos ha reafirmado en este sentido. En el caso que nos ocupa sólo la perspectiva de género como herramienta transversal puede disminuir de manera eficaz la vulnerabilidad de las mujeres, aumentando el poder de ellas sobre sus propios cuerpos, creando sinergias para que puedan satisfacer derechos fundamentales, como el de la salud y la educación al que muy probablemente no accederían sin la intervención de la propia sociedad civil. En definitiva, ha demostrado ser un elemento imprescindible para potenciar el efecto de las intervenciones biomédicas y conductuales de nuestros proyectos. Un ejemplo de este poder de incidencia de la sociedad civil, especialmente el promovido por las propias mujeres organizadas, es el hecho de que en los últimos años se han visto modificados muchos de los programas que tanto los gobiernos como las instituciones y organizaciones habían desarrollado para la “población general” y no específicamente hacia las mujeres. El haber impulsado el concepto de grupos de riesgo centrados en colectivos de riesgo y población general, durante la primera década de la pandemia, entre otros problemas, ha traído como consecuencia que a las mujeres no se las considerase sino hasta hace unos 10 años como un sector especialmente vulnerable de la población. Por estos motivos, siempre he defendido la necesidad de separar los conceptos de “grupo de riesgo o grupo nuclear”, un concepto bàsicamente epidemiológico y que describe a subgrupos de la población con una alta prevalencia y una alta tasa de contactos entre ellos, de los “grupos vulnerables”, un concepto mucho más estructural, en el que los fatores de vulnerabilidad social, económica o cultural son claves. En algunos grupos, pueden evidentemente

coincidir ambos componentes. Las decisiones y prioridades de las políticas sanitarias deben tener en consideración ambos conceptos, para no caer ni en la demagogia de decir que “todos estamos en riesgo”, ni en la negligencia de obviar colectivos como el de las mujeres más desfavorecidas, que no necesariamente son “grupos nucleares”. Ante un panorama de crecientes necesidades y decrecientes recursos, el debate está directamente relacionado con la capacidad de cambio hacia la salud y el bienestar de cada grupo, mediante el debate multidisciplinario y multisectorial. Hace poco, en una entrevista me preguntaron qué creía que era lo más relevante que debería suceder. No dudé: evitar el reduccionismo biomédico, que las decisiones y la distribución de recursos se basen en la evidencia científica y en la experiencia del trabajo comunitario. Ciertamente, el sida -por sus características-, ha ido acompañado de un excepcionalismo que no tienen otras enfermedades. En Catalunya, el resultado ha sido la existencia de centros clínicos, de investigación básica y de epidemiología -como el que tengo el honor de dirigirpioneros en el estado español y competitivos internacionalmente; así como la consolidación de una red de oenegés que también ha liderado el discurso social y que ha sido clave en la visualizuación de los factores estructurales que mediatizan tanto la epidemia, como la respuesta generada ante ella. Pero para que el árbol no nos impida ver el bosque, la preocupación por las formas no nos debe llevar a obviar el análisis objetivo de los resultados, ni la autocomplacencia impedir la imprescindible autocrítica por las cosas que no se han hecho bien. En el Estado español, apenas ahora vemos los efectos positivos de la generalización de los programas de reducción de daños entre las personas usuarias de drogas por vía parenteral iniciados en los años 90, y por eso seguimos siendo uno de los países europeos con la tasa de VIH más alta. Ahora, los hombres que tienen sexo con hombres y las personas migradas son los colectivos con un mayor crecimiento de nuevos casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis. Es preciso repensar las intervenciones, pero mientras que en el estado español ya gastamos más de 700 millones de euros anuales en ARV, los presupuestos destinados a prevención son proporcionalmente exiguos y casi siempre vinculados a campañas informativas, fotogénicas, pero de incierta efectividad. ¿Esperaremos también demasiado? La atención a las personas afectadas se concentra en los grandes hospitales y el aumento de la supervivencia hace que cada vez haya más pacientes en tratamiento y con buena calidad de vida; y los costes -pese a que se diga lo contrario- seguirán aumentando con la aparición de nuevos fármacos. ¿Es sostenible este modelo de atención y financiación? La creciente evidencia sobre la efectividad de los ARV tomados de forma continuada para prevenir la infección hará aún más complejo el marco de respuesta.

Retos, por tanto, no faltan, especialmente en el presente contexto de crisis económica. Por eso es más importante que nunca evaluar qué se hace y definir prioridades. No podemos renunciar a todo lo que se ha conseguido científica, social y políticamente, pero tampoco caer en el error de instalarnos en el discurso excepcionalista, políticamente correcto, pero desvinculado de los resultados. Como siempre, no es responsabilidad exclusiva de la clase política; hace falta el esfuerzo y sobre todo el debate abierto y honesto de toda la sociedad: profesionales, activistas y responsables institucionales. Ya sabemos que qui dia passa, any empeny (cast: “quien día pasa, empuja el año”), pero los hechos han demostrado que retrasar las acciones acaba saliendo más caro… y no sólo económicamente. El compendio de trabajos que aqui presentamos sobre Salud y Mujer en America Latina y Caribe, es un magnífico ejemplo de elementos contextuales que incrementan la vulnerabilidad de la mujer al VIH, otras ITS y a la falta de salud sexual y reproductiva en general. No debemos olvidar que tanto la salud sexual y la reproductiva, o -mejor dicho- la ausencia de estas, supone la segunda causa de carga de enfermedad en muchos de los países de la region y globalmente, el 36% de la morbididad de la mujer, frente al 12% del hombre. La salud sexual y reproductiva, incluyendo la salud maternoinfantil, deben ser prioridades en salud pública en los países con pocos recursos. Los elementos que se presentan en este monográfico son un excelente material de divulgación periodístico para incluir en la respuesta, necesariamente transversal a estos problemas.

Jordi Casabona i Barbarà

Médico epidemiólogo Presidente y Director científico de la Fundació Sida i Societat

*Parte de este articulo fue publicado en ‘El Periódico de Catalunya’, el día 3 de junio del 2011.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO

INTRODUCCIÓN

El laberinto de la salud de las mujeres Por Sara Lovera López

La idea de salud es una idea integral. El bienestar depende del cuerpo, el espíritu y la condición social. Es un derecho humano incontrovertible y su cuidado y desarrollo depende de las políticas de Estado. Para las mujeres la salud significa mucho más que un hecho biológico. Está ligado a factores biológicos, psicológicos y sociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales de la salud), de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad. Lo que este cúmulo de reportajes elaborados por un grupo de corresponsales de SEMlac y el de nuestra compañera de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Catalunya muestra, es el contorno y los resultados específicos de cómo se vive y busca la salud de las mujeres de Latinoamerica, considerada como la más desigual del mundo, no sólo por la marginación y la pobreza, sino por el modo y el trato con que transcurren las vidas de millones de mujeres y la de las familias que les toca mantener. Este acercamiento a algunas realidades a través de este monográfico, muestra el laberinto donde salud o enfermedad dependen de las condiciones socioeconómicas, de las visiones conservadoras o liberales que persisten respecto de las mujeres. En Colombia se las obliga al desplazamiento; en la mayoría de países se les niega su derecho a interrumpir un embarazo; en República Dominicana la pobreza e ignorancia las convierte en carnada para el negocio de la trata y la esclavitud sexual. También narra el funcionamiento de la violencia institucional, delincuencial y de género que se impone y que las hace convivir con el desastre cotidiano, lo que les produce un intenso y pernicioso estado mental que las desgasta y segrega. Las deprime y menoscaba. Los déficit en atención y derechos, expuestos en cuadros estadísticos y cifras que espantan, y que afectan a millones de mujeres, es especialmente lamentable cuando se enuncia que son constantes y siempre contra las más pobres y las más jóvenes. La situación, desafortunadamente, está teñida de una ideología conservadora que -al negar el derecho a un aborto seguro- conduce a la desgracia. La muerte materna que se prometió detener desde que en 1985 los Estados tuvieron la oportunidad de conocer y tomar conciencia de que medio millón de mujeres en el mundo mueren cada año a consecuencia de parir, aun es una realidad en latinoamérica. Podemos leer que en la región aun se niega el ejercicio en libertad de los derechos sexuales y reproductivos para la mitad de la población, así como también se regatea la información sobre el VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión sexual y no se facilita el acceso a los tratamientos de cura o paliativos. Se obstaculizan incluso las mejores prácticas de la anticoncepción, en nombre de la falta de recursos y de moralidad. Estos reportajes, inclinados hacia la salud sexual y reproductiva y al tema del aborto y las infecciones de transmisión sexual como centro y fuente de la pérdida de salud, muestran que debido a las secuelas 6

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múltiples y diversas y a la nefasta administración de los recursos internacionales que llegan directamente a los gobiernos, quienes regatean derechos que los organismos internacionales han elevado a acuerdos, convenciones y programas de acción, no están exentos del contexto en que ello sucede: la falta de democracia y de interés político. En abril de 2011, como hacen notar algunos de los escritos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a sus Estados Miembros a eliminar las barreras en el acceso a los servicios de salud reproductiva y a comprometerse a dar buenos servicios en todos los casos de interrupción legal del embarazo. Solamente en Chile, El Salvador y Nicaragua está totalmente prohibida la interrupción del embarazo, mientras que otros países, acotan este derecho a través de leyes que hacen excepciones, o no tienen reglas claras o persiste una sistemática negativa a reconocer esas excepciones. Según la Organización Mundial de la Salud (como enuncia el reportaje de México), el 11 por ciento de las muertes de mujeres en la región tienen que ver con el aborto inseguro. La muerte, dice RSMLAC, afecta mayormente a migrantes y/o desplazadas, a las que habitan zonas rurales o urbano-marginales, a las mujeres de distintas etnias, a quienes tienen capacidades diferentes y a quienes optan por una preferencia sexual distinta a la biologista. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de sus derechos humanos, del derecho a la salud integral y de sus derechos sexuales y reproductivos. LA VIOLENCIA Las indagaciones periodísticas ponen sobre la mesa los datos y los hechos más recientes. Se dirigen al tema de la interrupción legal de los embarazos, por representar en este vértice la evidencia más clara de cuál es la condición social, económica, política y cultural de las latinoamericanas mayores de 14 años.

Madres adolescentes, sin alfabetizar y sin información sexual y de salud; niñas que se trafican, enfermedades venéreas en los espacios marginados, prostitución y desplazamiento. Miedo y subordinación. La violencia que hoy muestra el centro de la exclusión femenina, ha sido perfectamente ligada en los escritos, a la condición de salud mental y física de las mujeres de Colombia, México y Guatemala, sin que ello exima a las de Argentina, Chile, Republica Dominicana, Bolivia, Nicaragua, Perú y Uruguay, donde todavía es la violencia machista el signo principal. Violadas, traficadas, vulnerables, desplazadas, acorraladas por la ley, las mujeres latinoamericanas y del mundo entero sufren en su cuerpo atrocidades inenarrables. El feminicidio empieza a significar un indicador ligado a la falta de ciudadanía femenina, igual que la negativa a ejercer una vida libre y sana, al ejercicio de su sexualidad. Y en contradicción, se puede leer a la ideología que reconoce en las mujeres su capacidad reproductiva-maternal como excelsa, y se cae pecho tierra cuando se miran las cifras de muerte materna en Guatemala y México. En éste último país, suman más de 2 mil mujeres asesinadas al año, por sus parejas o familiares, pero a manos de militares, policías y sicarios cada vez más. Los efectos del miedo, la viudez y el abandono, como el desplazamiento en Colombia, donde desde hace 50 años que se vive la guerra, empiezan a tener un documental preocupante. EL VIH/SIDA La violencia sistemática y normalizada contra las mujeres en nuestras sociedades, sumada a problemáticas como los abortos clandestinos, la desinformación y relegación de las mujeres a la maternidad y al cuidado, sumado a la incapacidad de las políticas estatales para dar una respuesta integral, no deja de mostrar la labor de la sociedad civil desde nuestras sociedades y desde otras, a través de la cooperación internacional, y el apoyo a entidades de trabajo comunitario e incidencia política locales. Habría que hacer un rescate aparte para honrar a todas las mujeres que forman parte de grupos comunitarios, ONGs y particularmente a quienes conforman las redes de Mujeres Viviendo con VIH, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW) y el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), así como a la Red de Trabajadoras Sexuales (REDTRASEX) y la red Transgénero de Latinoamérica y Caribe (REDLACTRANS). Según los datos oficiales, las mujeres que viven con VIH todavía son discriminadas en los servicios de salud, así como privadas de sus legítimos derechos reproductivos y sexuales. La violencia contra las mujeres y niñas de América Latina se encuentra entre las más altas del mundo y la cobertura de los servicios que reducen la transmisión madre-hijo del virus sólo es accesible para el 53% de las embarazadas latinoamericanas viviendo con el VIH. Pendiente está el abordar de qué hablan los crímenes de odio contra personas trans en toda la región, así como la todavía minsa disponibilidad de servicios sociales para las personas trabajadoras del sexo, que podrían contribuir a reducir su vulnerabilidad. LA PERSPECTIVA Los textos aquí reunidos, prácticamente en todos los casos, muestran la urgencia de trabajar aceleradamente en todos los frentes para mitigar la condición de salud de la población femenina en América Latina, Caribe y de las migradas y pobres en Catalunya.

Y luego de que han pasado 17 años desde que se celebró la Conferencia Internacional en el Cairo, ocasión en la que los estados se comprometieron a responder con políticas efectivas ante los estragos de la salud sexual y reproductiva, a crear mecanismos permanentes para la atención de las mujeres y donde -se creyó-, ligaron esta situación a la condición de género de las latinoamericanas, se hace claro que todo parece insuficiente. En la perspectiva no parece haber razones para pensar que las cosas pueden cambiar pronto. Los relatos de Chile, Bolivia, México, Colombia, Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Perú, Guatemala y Argentina, muestran paralelamente cómo la ideología que mantiene a las mujeres en una condición discriminada por ser mujeres, impide el cumplimiento de compromisos y echa por tierra los planes y los programas de atención y financiamiento para evitar que el deterioro nulifique cualquier política o decisión sobre la ciudadanía de las latinoamericanas. Poco se puede hacer. Cada uno de los reportajes muestran cómo se impide el mejoramiento de las leyes estatales, cómo la prohibición del aborto ha llevado a las mujeres a la cárcel o a la persecución, como en Chile, México y Nicaragua. Y de qué manera los prejuicios sociales y gubernamentales hacen que amar a las mujeres signifique pensar en que sólo la maternidad las eleva a una posición de igualdad como discurso. Las periodistas que aquí han colaborado han realizado una reflexión informada sobre la salud de las mujeres, han rescatado datos y opiniones, y nos muestran a algunas mujeres concretas, con nombre y apellido que hablan de ese laberinto que les impide el goce de esa vida plena y saludable a la que cualquier persona puede aspirar. Un reconocimiento a su trabajo y su dedicación para Norma Loto en Argentina, Helen Álvarez en Bolivia, Ángela Castellanos en Colombia, Tamara Vidaurrázaga en Chile, Soledad Jarquín en México, Alba Trejo en Guatemala, Sylvia R. Torres en Nicaragua, Mirta Rodríguez y Mercedes Alonso en República Dominicana, Julia Vicuña Yacarine en Perú, Isabel Pérez en Uruguay y Fabiola Llanos en Catalunya.

Sara Lovera Periodista

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Argentina Aborto, La ineludible deuda social Por Norma Loto

Bolivia Postergada la salud sexual de las mujeres Por Helen Álvarez Virreira

Chile Los derechos que no son Por Tamara Vidaurrázaga

Colombia La violencia tiene rostro de mujer, pero la recuperación también Por Ángela Castellanos Aranguren

Guatemala Y las mujeres siguen muriendo Por Alba Trejo

México Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres Por Soledad Jarquín

Nicaragua “No cambiamos derechos por votos” Por Sylvia R Torres

Perú La maternidad no deseada podria costar la vida a las mujeres Por Julia Vicuña Yacarine

República Dominicana Narco y trata, crimen y rentabilidad Por Mirta Rodríguez Calderón y Mercedes Alonso

Uruguay Momento clave para la consolidación de derechos sexuales y reproductivos Por Isabel Pérez Catalunya Salud de la Cooperación ante el VIH/sida Por Fabiola Llanos

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Movilización el 25 de noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en Córdoba

1. Argentina

Aborto, la ineludible deuda social Por Norma Loto* Fotos: Laura Zurbriggen y Maria José Villafañe

Buenos Aires, mayo 2011.- El acceso a la salud y a la justicia son derechos inalienables que ningún Estado debe omitir. Por eso, si pensamos en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como un aspecto vinculado a la salud y a la justicia social, puede considerársele una deuda ineludible que la democracia debe saldar. Esa deuda está repleta de muertes y clandestinidad. Por si ello fuera poco, esa clandestinidad discrimina porque no afecta de la misma manera a las mujeres con recursos e información que las de escasas posibilidades.

personales que los derechos de las mujeres.

Según un informe de 2010 de la organización internacional Human Right Watch, denominado “¿Derecho o Ficción? Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”2 , “con frecuencia, las Traducido todo esto en números, en Argentina mujeres desconocen las circunstancias en hay 500.000 interrupciones voluntarias del las cuales podrían someterse legalmente a embarazo por año, lo que significa un aborto un aborto”. por minuto, según datos oficiales. Añade que las pocas personas que sí lo Se estima que en el negocio de los abortos clandestinos se mueven al año alrededor de 1.200 millones de pesos (273.000 dólares aproximadamente), mientras una mujer muere cada dos días por complicaciones derivadas de esa intervención y 80.000 ingresan a hospitales públicos por igual causa.

solicitan deben soportar los “procedimientos complejos y la hostilidad de los proveedores en el sistema de salud y judicial. Si bien muchas mujeres embarazadas, en situación de crisis, acuden directamente a proveedores de servicios clandestinos, algunas recurren a los tribunales para exigir su derecho a la Para la legislación argentina, un aborto no atención médica, con distinto grado de éxito”. es punible cuando el embarazo entrañe un “El resultado concreto de esto —sostiene el riesgo para su salud física o psíquica, o sea informe de HRW— es más sufrimiento y, en ocasiones, muertes que podrían haberse resultado de una violación. evitado”. Pese a que así lo refleja la ley, a veces —casi siempre— queda sólo en letra muerta, pues En abril de este año, la Comisión quienes están en alguna de estas condiciones Interamericana de Derechos Humanos, deben enfrentarse a absurdos e interesados dependiente de la OEA, tras recibir información procesos de judicialización impuestos por de 12 países de la región, manifestó su un sistema en el que más pesan los dogmas preocupación ante las dificultades en

el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, en particular al aborto terapéutico. En este sentido, Natalia Gherardi3, abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dijo a SEMlac que este gesto de la CIDH “es sumamente importante ya que reitera el interés de la comunidad internacional sobre la salud reproductiva de las mujeres, señalando que debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección. Gherardi, recalca a SEMlac que con este gesto la CIDH les recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente “como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres, cuya finalidad es salvar la vida de la mujer cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo”. “Claramente –continuó la Directora Ejecutiva de ELA- el Estado argentino tiene una deuda con la salud y la vida de las mujeres. La visibilización de este problema en los foros internacionales refuerzan las campañas que se llevan adelante en la Argentina, en las que asegurar el acceso al aborto terapéutico es

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sólo uno de los temas de preocupación de la agenda Actividad pública realizada en Córdoba, el 28 de mayo de 2010, por las organizaciones que participan en la Campaña del movimiento de mujeres” Nacional por el Derecho al Aborto. Foto: Laura Zurbriggen.

En el plano político-social

En Argentina se desarrolla desde 2005 la Campaña por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito4 con el lema: “Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir”. Se trata de una acción que logró instalar, en el discurso social, la necesidad de hablar de la legalización de esta práctica. “Este es un momento muy interesante para la Campaña, porque nos acompañan voces de sectores que no se involucraban en la temática. Por ejemplo, el académico, a través de sus consejos superiores de las universidades nacionales”; dice a SEMlac Estela Díaz5, secretaria de género de la Central de Trabajadores de la Argentina. Además, hay una acumulación política a lo largo de los años de la Campaña, que tiene que ver con la presentación del proyecto que hicimos en 2007 como iniciativa de la sociedad civil. Luego, en 2008, se presentó con la firma de 22 diputadas y diputados, mientras que en 2010 hemos conseguido 50 firmas de diputadas y diputados de un amplio espectro político”, añade Díaz. Las voces que piden saldar esta deuda social no salieron solo de la sociedad civil y política, pues un amplio sector de la sociedad cree en la legalización del aborto. Durante 2010, una encuesta de la consultora privada Ibarómetro aseguraba que casi 60 por ciento de los argentinos no está de acuerdo con que se penalice a una mujer que se realizó un aborto, mientras que 58,5 por ciento de las personas consultadas cree que ellas tienen derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales, y solo 30 por ciento no lo cree así. Por su parte, la consultora Ipsos Mora y Araujo difundió, también en 2010, que para 44 por ciento el aborto debería ser legalizado. El 25 por ciento se inclinó por la penalización en todos los casos y 24 por ciento expresó que sólo debe habilitarse en ocasiones excepcionales6.

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Si bien lo que relata Díaz es un avance a nivel de aceptación social y compromiso político, no se puede obviar la posición contraria de la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Desde su análisis, Díaz no omite que la Presidenta tuvo expresiones contrarias a la legalización del aborto, pero —según su percepción— en caso de aprobarse el proyecto, la jefa de gobierno no lo vetará. Además, en términos generales, el gobierno nacional no puso obstáculos, en el sentido de interponer cuestiones desfavorables. Asimismo, otros espacios del poder ejecutivo han sido aliados, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que puso en su agenda de prioridades el derecho al aborto.

¿Qué dice el proyecto de la Campaña? El proyecto de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito7 dice, en sus fundamentos, que “la despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que Marcha del Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná, en octubre de 2010. Foto: Laura Zurbriggen.

recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Sólo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer”, apunta. “La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres”, continúa la fundamentación. En su articulado, el proyecto dice que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”. Además, garantiza que el aborto “se podrá realizar en todos los servicios del sistema de salud”. Luego aclara que fuera del plazo de las 12 semanas, indicadas en el primer artículo, las mujeres tendrán derecho a decidir la interrupción de su embarazo cuando este fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial, o formulada en un servicio de salud, estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones

fetales graves. También se refiere a la objeción de conciencia en los profesionales y personal de la salud y estipula que deberán manifestar su postura a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente, podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio.

La discusión en un año electoral

Por este motivo, Díaz estima que, si bien este año “se podría avanzar mucho, no estoy segura si llegaremos al debate en el recinto. Sí creo que podemos seguir avanzando en el debate en las comisiones; además, hay un compromiso por parte de Carlos Vega, presidente de la Comisión Penal, para llamar a una audiencia pública con el propósito de tratar los proyectos”. En este año electoral, “debe entenderse que el aborto no es un tema ‘piantavotos’ (que asusta a los votantes) porque la sociedad lo ve bien y es parte de lo cotidiano. Además, es una enorme injusticia social que afecta a las mujeres pobres, pues el resto sufrimos la clandestinidad porque, al tener recursos económicos e información, el aborto deja de ser un problema; salvo para las mujeres pobres”, subraya Díaz. Referente a los argumentos contrarios provenientes de los sectores conservadores—católicos, Díaz considera que estos Actividad pública realizada en Córdoba, el 28 de mayo de 2010, por las organizaciones que participan en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Foto: Laura Zurbriggen.

“no tienen la misma capacidad de movilización e influencia, como se demostró, por ejemplo, en 1987, cuando se trató la ley de divorcio”. “Me parece que las posiciones tan dogmáticas y cerradas han perdido peso, más en un país donde hay una reivindicación de los derechos humanos y donde se sabe que hubo mucha complicidad durante la última dictadura militar por parte de la iglesia y que aún no ha pedido perdón públicamente”.

En noviembre de 2010, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició, de manera simbólica, la discusión en torno a los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que 2011 es un año electoral, cuando se elegirá quien presidirá el país por los próximos cuatro años, y además se renuevan gobernadores de algunas provincias y un porcentaje del poder legislativo.

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Estado de la Salud ARGENTINA De acuerdo con datos publicados por el Entre 2007 y 2009, el 88 por ciento de los Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva varones y el 84 por ciento de las mujeres (abril 2010), en Argentina, durante 2008, diagnosticadas se habían infectado de ese murieron 40 mujeres cada modo. 100.000 nacidos vivos (NV) por El mencionado informe alternativo subraya: causas relacionadas con el embarazo, parto “Es especialmente preocupante la falta y puerperio. de prevención o protección

Las estadísticas oficiales indican que en 2008 ocurrieron 112.034 nacidos vivos de madres menores de 20 años, lo cual corresponde al 15% del total de nacimientos (746.460). Esta cifra implica un aumento en relación al 2001, cuando se registraron 100.082. Mientras que los nacimientos de madres menores de 15 años evidencian también una tendencia al aumento ya que en el 2005 se produjeron 2.699 nacimientos de madres menores de 15; en el 2008, hubo 2.937 nacidos de menores de 15.

adecuada de las mujeres adolescentes y jóvenes (15 a 24 años) para no infectarse con el VIH, motivo de la falta de educación sexual a las escuelas, la ausencia de campañas dirigidas a esta población y la resistencia de los servicios de salud sexual y reproductiva a atender a las mujeres adolescentes y jóvenes sin la compañía de un/a adulto/a y a proveerles preservativos”. Si bien por ley se establece la cobertura para las personas con sida, en muchos casos se observa que a las mujeres

las rechazan en los servicios La fecundidad adolescente de salud sexual y reproductiva, alcanza 64 por mil, presentándose las tasas si declaran que tienen VIH. “Esto más bajas en la ciudad de Buenos Aires (34 por mil) mientras que en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Santa Cruz y Santiago del Estero las tasas superan al 80 por mil.

exige que se capacite a los profesionales acerca del derecho de estas mujeres tanto a tener como a no tener hijos, según su deseo”, dice a SEMlac la epidemióloga Mabel Bianco9, presidenta de la Fundación Estudio “Esta tasa (fertilidad de las adolescentes de e Investigación de la Mujer. 15 a 19 años) ha evolucionado notablemente. El cáncer de cuello de útero es En 1980 era de 78,3 por mil, luego hasta el el segundo más diagnosticado 2004 fue descendiendo —en el 2003 era de en las mujeres argentinas: se estima que 56,4—, pero desde entonces se registra una cada año hay 3.000 nuevos casos y se umento: 62,8 en el 2004, 63,7 en el 2005 y producen aproximadamente 2.000 muertes los últimos datos disponibles indican que el a causa de esta enfermedad. La realización nivel actual de la fecundidad adolescente en del Papanicolaou, que sirve para detectar la Argentina llega al 64 por mil”, afirma el lesiones o células anormales, es gratuito y se informe sombra CEDAW, Derechos Humanos puede llevar a cabo en todos los hospitales de las mujeres: Asignatura pendiente del y centros de salud. Este estudio permite Estado argentino8. reducir hasta en 80 por ciento la incidencia El Boletín Sobre VIH/sida en la Argentina, y mortalidad.

publicado en 2010, señala que hay El 35 por ciento de las mujeres argentinas alrededor de 130.000 mil personas no cumple con el control necesario para infectadas por VIH. De ellas, la la detección del cáncer de mama. Se mitad desconoce su condición y diagnostican entre 15.000 y 43.000 permanecen bajo tratamiento. 18.000 nuevos casos por año. La razón hombre/mujer en infecciones por VIH es estable desde mediados de la actual década y se ubicó en 1,7 varones por cada mujer diagnosticada en el período 20072009.

Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), según un registro del Programa de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual, durante 2008 el 90% de las infecciones de transmisión sexual reportadas Durante los últimos 10 años, hay un al Ministerio de Salud de la provincia de aumento en la edad media de las Buenos Aires, se trató de sífilis. personas diagnosticadas, de 35 y 31 años Durante 2008, registraron en la provincia para varones y mujeres, respectivamente. 1.576 casos de esta patología, En los últimos tres años, una de cada cinco de los cuales 1.026 eran personas diagnosticadas con VIH tenía mujeres, 545 hombres y 5 sin determinar. 45 años o más. Las relaciones sexuales Respecto al grupo etario, la mayor cantidad desprotegidas siguen siendo la principal vía de casos observados se encuentran en la franja que va de los 20 a los 29 años. de transmisión del virus.

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Acceso a la salud

En Argentina, hay tres tipos de cobertura: del sector público, los innumerables fondos de seguridad social por obras sociales, y las prepagas (empresas de medicina privada). El subsistema de salud público (depende de la administración pública nacional, provincial o municipal) está integrado por una red de centros de salud y hospitales destinados a brindar cobertura universal de salud para todas las personas que lo requieran. En tanto que el régimen de seguridad social comprende las obras sociales de los trabajadores y trabajadoras registradas y el sistema de salud privada –que es muy costoso- se brinda a través de sanatorios y centros de diagnóstico privados. De acuerdo al informe realizado por ELA, denominado “Las deudas del bicentenario. Una agenda de trabajo por los derechos de las mujeres en Argentina: Informe Sombra y Observaciones del Comité de la CEDAW al Estado Argentino”10, “estos tres sistemas coexisten sin mayor coordinación, bajo la dirección general del Ministerio de Salud de la Nación. Las referencias a la cobertura de salud, son en realidad referencias a la cobertura de salud paga, fundamentalmente a través del sistema de seguridad social de las obras sociales. En ese sentido, se registran importantes diferencias en el acceso a la cobertura de la salud entre varones y mujeres y, en particular, en el acceso a servicios en áreas urbanas y rurales. En los estados provinciales con menor desarrollo de infraestructura las dificultades de acceso a los servicios de salud se acentúan por la falta o mala condición de los caminos y otras obras de infraestructura, que determina muchas veces que para los habitantes de las áreas rurales sea mas sencillo trasladarse a otras provincias que a los centros de salud ubicados en la ciudad capital de la provincia”. En tanto que las disparidades entre varones y mujeres en este terreno, se observan dos factores: menor cobertura y mayor proporción de asalariadas sin descuento de obra social en la ocupación. “Esto es consecuencia de posibilidades diferenciales de acceso a puestos de trabajo del sector privado formal, ya que las mujeres que logran insertarse en el mercado de empleo lo hacen en ocupaciones de menor calidad, informales, no registradas, y por lo tanto sin cobertura de salud”, observa el informe de ELA.

Referencias

Aborto, la ineludible deuda social

*Norma

Loto es periodista y docente universitaria. Se especializa en temáticas de género, niñez y medio ambiente. Fue colaboradora y productora de varios medios y emprendimientos periodísticos. Colaboradora y autora de publicaciones académicas y de la sociedad civil. Como periodista con visión de género integra la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una comunicación No Sexista, a la vez es miembro de la Comisión de Formación de la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género. Desde 1998 es corresponsal argentina de la Agencia SEMlac (Servicios de Noticias de la Mujer para Latinoamérica y el Caribe). 2 Marianne Mollmann: “¿Derecho o Ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”, Human Right Watch, agosto de 2010, p.23. 3 Abogada y docente universitaria. Magíster en Derecho, London School of Economics and Political Science, Gran Bretaña. Dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría en Derecho y Políticas Publicas de la Universidad Nacional de Lanús. Sus principales aéreas de interés son el acceso a la justicia, trabajo y las políticas de conciliación entre trabajo productivo y familia, violencia contra las mujeres y salud sexual y reproductiva. Ha realizado trabajos de consultoría para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es autora de artículos en libros y revistas nacionales y extranjeras, sobre los temas de su especialidad. 4 La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue decidida por más de 20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Mendoza (ubicada en la región cubana), en 2004, y fue lanzada el 28 de mayo de 2005 . Cuenta con alrededor de 300 organizaciones de un amplio espectro político y social en todo el país y además ha recibido el apoyo de cientos de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la academia, las letras, el ámbito científico y los derechos humanos. El 25 de noviembre de 2005, integrantes de la Campaña fueron acompañadas por una movilización callejera de 15.000 personas presentaron en el Congreso de la Nación 100.000 firmas que reclamaron el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 8 de abril de 2011, la Campaña emitió una solicitud rubricada por 400 personalidades y organizaciones del ámbito de la política, la cultura, el sindicalismo, la academia, el movimiento de mujeres y la sociedad civil. Entre ellas, referentes en la lucha por los derechos humanos como Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto, y representantes de la cultura como Alejandro Dolina, Diego Capusotto, Florencia Peña, Soledad Silveyra, Ronnie Arias, Federica Pais, Antonio Grimau, Mex Urtizberea, Carla Czudnowsky, Gustavo Garzón, Carla Conte, Jean Pierre Noher, Inés Estévez, Marta Bianchi, Albertina Carri, Cristina Banegas, Liliana Herrero, y Beatriz Sarlo. La solicitud lleva la firma de organizaciones y organismos, incluidos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, universidades de distintos puntos del país, sindicatos, ONGs, y el movimiento de mujeres. Claudio Morgado y María Rachid , presidente y vicepresidenta del INADI, el juez Carlos Rozanski e integrantes de la Legislatura porteña: Diana Maffía, María Elena Naddeo, María José Lubertino, Aníbal Ibarra entre muchas otras personas. 5 Estela Díaz es feminista, especialista en temas de género y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina - CEMyT – CTA. Responsable de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina e integrante de

la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Integrante del Consejo Directivo del Fondo de Mujeres del Sur e integrante de la Red de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Columnista en temas de género en AM Cooperativa programa 7.0, conductora del Programa radial “Esas Mujeres” de radio universidad de la Plata (www. esasmujeres1390.blogspot.com). 6 El relevamiento fue publicado en julio de 2010 y fue realizado entre 1.200 personas de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Neuquén. La encuesta compara datos obtenidos en 1994, 2004 y 2010. En 1994, 26 por ciento apoyaba la iniciativa de legalización, una década después esa percepción subió a 32 por ciento y en 2010 ascendió a 44 por ciento. Según la encuesta, desde 1994 hasta 2010, se modificó también el otro extremo, ya que en 1994 el 13 por ciento opinaba que el aborto debería ser penalizado en todos los casos; en 2004, subió a 15 por ciento y, en 2010, esta postura subió a 25 por ciento. Merece destacarse que la mayor aceptación del aborto, según la encuesta, aparece en el segmento de jóvenes entre 18 y 29 años (46%). La zona del país con mayor adhesión a la despenalización del aborto es el área metropolitana de Buenos Aires ( 49% ), en cambio en el interior del país el 42% no acepta el aborto. 7 Proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Artículo 1º: Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional. Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley. Artículo 3º: Fuera del plazo establecido en el art 1º toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud. b) Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer. c) Si existieran malformaciones fetales graves. Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Artículo 5º: Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los arts. 1º y 3º y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. Asimismo deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos. Artículo 6º: Aquellos médicos/as y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio. Los/as profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica. Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en

la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa. Artículo 8º: En caso de que la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales, o en su ausencia o inexistencia de su guardador de hecho. En todos los casos la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849). Artículo 9º: Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio se requerirá el consentimiento informado de su representante legal. Artículo 10º: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación. Artículo 11º: Deróganse los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación. Artículo 12: De forma. 8 Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Marco De La Presentación del Sexto Informe Periódico de los Estados Parte Ante el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -Cedaw- 46º Período de Sesiones Argentina 2010, realizado por: Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis –Presidenta; C.D.E.M, María Luisa Storani –Presidenta; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Mariana Romero –Investigadora Asociada; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier –Director Ejecutivo- y Andrea Pochak – Directora Adjunta; Comité contra la Tortura – Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañon –Presidente de la Comisión- y Roberto Cipriano García –Coordinador del Comité; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) (Sección Argentina), Adriana Guerrero –Coordinadora Nacional; Feministas en Acción, Susana Pastor –Presidenta: Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco –Presidenta; INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo), Susana Chiarotti –Directora; Mujeres Trabajando, Susana Stilman –Presidenta. 9 Mabel Bianco es médica, magíster en Salud Pública y especialista en Epidemiología. Fundadora y presidenta de FEIM, ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas. Es consultora de distintas organizaciones nacionales e internacionales y de agencias del sistema de Naciones Unidas. Además, es autora de más de 100 artículos publicados en revistas científicas y medios de comunicación, cinco libros y participó con capítulos en otras siete publicaciones. En 2011 fue seleccionada por la asociación Women Deliver para integrar la lista de las 100 personas comprometidas por las mujeres y las niñas del mundo y la revista Newsweek internacional la incluyó en otra lista que agrupó a las 150 mujeres que mueven el mundo. 10 “Las deudas del bicentenario. Una agenda de trabajo por los derechos de las mujeres en Argentina: Informe Sombra y Observaciones del Comité de la CEDAW al Estado Argentino”, 1a ed., Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, 2011.

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2. Bolivia

Postergada la salud sexual de las mujeres Por Helen Álvarez Virreira* Fotos: Yuri Fukushima

La Paz, abril 2011- Las estadísticas de la salud sexual de las bolivianas son alarmantes y las políticas públicas insuficientes para salvarles la vida: 65 mueren cada año por abortos clandestinos y dos al día por complicaciones en el embarazo, parto y postparto.

Cada año se denuncian unas 200 violaciones a niñas y adolescentes, y una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 21 por ciento de jóvenes de 15 a 19 años son sexualmente activas y sólo el 1,6 por ciento usa algún método anticonceptivo moderno; el 16 por ciento de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez.

ciento a adultas de entre 50 y 65. Ese año, el Seguro Universal Materno Infantil2 (SUMI) atendía a seis de cada 100 mujeres, aunque se preveía un aumento de la cobertura, pues el servicio gratuito se amplío a todas las mujeres hasta los 60 años y se incorporó como prestación el examen de papanicolau.

El cáncer de cuello uterino, la principal causa de mortalidad femenina en Bolivia, mata a cinco mujeres a diario y el de mama a 8,71 de cada 100.000. La sífilis congénita afecta a 12 de cada mil nacidos vivos, de manera que la tasa de prevalencia es 24 veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2006 también, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud dieron a conocer que la salud del 65 por ciento de la población estaba desprotegida. Desde entonces, se ha proyectado el Seguro Universal de Salud, aunque la propuesta es rechazada por varios sectores, porque se plantea unir el sistema público, la seguridad En cuanto al acceso y protección en salud, social sectorial y la medicina tradicional. una encuesta realizada por la Coordinadora A pesar de esos datos, la problemática de de la Mujer, en 2006, dio por resultado que la salud sexual de las mujeres está pasando 66 de cada 100 mujeres no tenían seguro inadvertida en la redacción de los estatutos de salud y que la mayoría de éstas eran autonómicos de los nueve departamentos de indígenas. Bolivia, que permitirán la plena aplicación El 25 por ciento de las mujeres entrevistadas nunca consultaron un servicio de ginecología. De ese total, el 69 por ciento correspondía a jóvenes de entre 15 y 18 años, 33 por ciento a mujeres de entre 19 y 24 años y 23 por

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del régimen autonómico, vigente desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el 17 de julio de 2010. Sobre esto se cuestionaron las asambleístas

departamentales con las que conversó SEMlac, Hilda Rea Galloso3 y Rose Marie Sandoval Farfán4, de los departamentos orientales de Beni y Santa Cruz, respectivamente; María Luisa Cabrera Padilla5, de Cochabamba, y Marlene Salinas Durán6, de Chuquisaca, ambos situados en la región de los valles, y Marilú Aguilar Mejillones7, suplente por La Paz, que se localiza en el occidente del país. Las asambleístas de los nueve departamentos, convocadas por la Coordinadora de la Mujer, se reunieron en la ciudad de La Paz, para articular una estrategia de trabajo que posibilite la incorporación de los derechos de las mujeres en los estatutos departamentales. En términos generales, las problemáticas de la salud sexual de las mujeres son comunes en todas las regiones del país, así como la falta de respuestas concretas. Haciendo un resumen de los criterios de las asambleístas, esto se debe al machismo y sexismo de la sociedad y de sus instituciones, a la fuerza de las iglesias, a la inexistente educación sexual y al acceso restringido a los servicios de salud, a pesar de la existencia de un SUMI. Entre otros aspectos en común aparecen la

de Salud y Deportes. Por su parte, Salinas sostiene que el mayor problema de salud que enfrentan las mujeres en Chuquisaca es el cáncer uterino; por ello, en ese departamento, así como en Oruro y en la ciudad de El Alto, se llevó adelante el primer plan de vacunación contra el virus del papiloma humano en 2009. En Chuquisaca, el cáncer de mama tuvo una incidencia del 12 por ciento entre 2005 y 2006, sólo superado por el cáncer de cuello uterino, con un 50 por ciento del total de los cánceres registrados en ese departamento. En Cochabamba, Cabrera identifica a las violaciones como un serio problema de salud pública que afecta especialmente a niñas y adolescentes y que deriva también en embarazos no deseados y abortos inseguros, ya que el aborto terapéutico no se realiza, a pesar de que el Código Penal lo permite desde 1972. Aguilar, oriunda de una comunidad indígena de La Paz, considera que el problema más grave en las áreas rurales es la falta de acceso a los servicios de salud y la desconfianza que éstos generan en las mujeres. De ahí que, por ejemplo, el 78 por ciento de los partos ocurra en los domicilios, según datos del Ministerio de Salud y Deportes. Allí, el embarazo adolescente también es muy frecuente.

Familia en La Paz. Foto: Yuri Fukushima escasa y desactualizada información estadística, lo que limita el alcance de las políticas públicas, y la deficiente aplicación de la legislación vigente que, en general, es favorable para las mujeres, a criterio de algunas entrevistadas.

Las particularidades por región

Los estatutos en discusión

Sin embargo, cada departamento tiene algunas particularidades. En el caso de Beni, Rea identifica al embarazo adolescente, e incluso infantil, como lo más preocupante. Esta situación también se presenta con elevada frecuencia en Santa Cruz y La Paz, lo que suele derivar en abortos.

Al ser las mujeres las reproductoras de la vida, su salud debería ser una prioridad en la adecuación de las normativas a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), sobre todo en la redacción de los estatutos para las autonomías departamentales y de las cartas orgánicas para las autonomías municipales; pero esto no está ocurriendo, lamentó Marilú Aguilar.

Las adolescentes bolivianas tienen las tasas de fecundidad más altas de la región: 4,4 por ciento para menores de 19 años, en relación al 3,8 por ciento de las mujeres en edad fértil del país. Las jóvenes constituyen el 21% de los embarazos esperados, por lo que 14 de cada 100 adolescentes ya son madres o están embarazadas. Sandoval, a su vez, se refiere al VIH/sida, ya que en Santa Cruz se encuentra 55 por ciento del total de personas afectadas en el país, según datos del Ministerio

Aunque llegó a la Asamblea Departamental de La Paz por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), ella considera que el gobierno no está actuando como debería. La Carta Magna establece que las políticas del sistema de salud

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Vista en 360 grados de una cuadra de la calle Max Paredes, en la ciudad de La Paz, donde hay nueve letreros visibles de consultorios que ofrecen pruebas de embarazo. En toda la vía, que abarca cinco cuadras, hay unos 30 consultorios de ese tipo. En estos lugares suelen realizarse abortos inseguros. Foto: Yuri Fukushima

son competencia exclusiva del nivel central del Estado, mientras que la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad les competen a los gobiernos departamentales autónomos. Los estatutos deberán ser sometidos a un referendo para su aprobación por voto popular. La percepción de estas mujeres es que, en este momento en que se redacta esta nota, las representaciones del oficialismo y de la oposición están midiendo sus fuerzas en las asambleas departamentales. Esto ocurre, sobre todo, en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, pues sus autoridades llevaron adelante referendos de aprobación de sus estatutos autonómicos en 2008, cuando la figura no existía legalmente en el país. En estos cuatro casos, se definió realizar una adecuación a la CPE. Rea representa al oficialismo e indica que la adecuación del estatuto de Beni permitirá incorporar al texto los derechos de las mujeres. Sin embargo, la oposición dentro de la Asamblea, dice, se niega a abrir la posibilidad en esta y en otras temáticas. Santa Cruz también está adecuando su estatuto y Sandoval, de la oposición, afirma que el tema de mayor debate y tensión es la distribución de competencias entre los niveles central, departamental y municipal, y la asignación de recursos para cumplir las nuevas responsabilidades. Sin embargo, en cuanto a la salud sexual ella sostiene que la juventud cruceña ha asumido la discusión y las propuestas en el marco de la Ley Departamental de la Juventud. La Asamblea Departamental de Cochabamba aún está recogiendo propuestas para la redacción del estatuto, dice Cabrera que representa a la oposición. Chuquisaca también está en esa fase y Salinas, del oficialismo, considera que este momento parece muy politizado, porque el objetivo es modificar incluso el pensamiento. El proceso de cambio, que va lento, será acelerado con los estatutos y las cartas orgánicas, asegura.

Las políticas públicas En tanto, desde el gobierno central se han definido algunas políticas públicas que se están llevando adelante. Es el caso de la obligatoriedad de efectuar la prueba de VIH/sida y sífilis a mujeres embarazadas, responsabilidad que ha recaído en las alcaldías municipales de todo el país, pues deben cubrir el costo a través del SUMI. Esta decisión, anunciada por la ministra de Salud, Nila Heredia, en septiembre del año pasado, se debe al incremento de la transmisión vertical

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del VIH, es decir, de madre a hijos e hijas. De 162 casos detectados, que representan el tres por ciento del total, 74 corresponden a menores de cinco años, según la agencia de noticias municipales Enlared. Por otro lado, desde 2009 se inició un plan de vacunación anual gratuita a niñas de entre 10 y 11 años contra el virus del papiloma humano, uno de los causantes del cáncer uterino. Ese año vacunaron a 3.800 niñas, en 2010 a 30.000 y en 2011 se pretende llegar a 50.000 preadolescentes en los municipios de mayor riesgo en el país. Además, la prueba de Papanicolau para diagnosticar el cáncer de cuello uterino es gratuita desde 2005; sin embargo, datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que sólo un 30 por ciento de las mujeres se hace el control anual. Por esto, en abril de 2011, el Ministerio de Trabajo dispuso otorgar un día libre a todas las trabajadoras de los sectores público y privado, para que se realicen el examen. La despenalización del aborto, por otro lado, ni siquiera está en discusión, a pesar de que es la tercera causa de muerte materna. El estudio “Situación de salud. Bolivia 2004” señala que en el país la relación es de un aborto por cada 12 partos; los peores índices están en Beni y Tarija, donde se produce un aborto por cada seis partos. De las cinco asambleístas consultadas, Hilda Rea, Rose Marie Sandoval y Marilú Aguilar apoyan la despenalización del aborto, sobre la base de la decisión soberana de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. María Luisa Cabrera y Marlene Salinas no están de acuerdo, pero sí creen que el Código Penal debe aplicarse de forma seria y ser replanteado en el marco de la CPE. En Bolivia, de acuerdo con los resultados de los tres últimos censos mencionados en el estudio “Situación de salud. Bolivia 2004” , la tasa global de fecundidad alcanzaba a 6,7 hijos e hijas por mujer en 1976; 4,9 en 1992 y 4,39 en 2001. Actualmente, el promedio está en casi cuatro, dos más de lo que quisieran tener, según datos de la organización Marie Stopes.

Consultorio donde suelen realizarse abortos inseguros, por lo inadecuado de los espacios. Foto: Yuri Fukushima

Estado de la Salud BOLIVIA Bolivia: Distribución de casos de VIH/sida por departamentos (1984-marzo 2011)

Referencias

Postergada la salud sexual de las mujeres * Periodista con 15 años de experiencia profesional y docente universitaria. Corresponsal de SEMlac en Bolivia. 2 El SUMI se instituyó el 21 de noviembre de 2002, mediante Ley Nº 2426, para atender todas las patologías de las mujeres durante el embarazo, parto, posparto hasta los seis meses y de la niñez hasta los cinco años. Se amplió a las mujeres desde los cinco hasta los 60 años, por Ley 3250 del 6 de diciembre de 2005. Es cubierto con recursos nacionales para el pago del personal y municipales para la adquisición de insumos y medicamentos; dispone también de fondos del programa de alivio a la deuda. El servicio se presta en los 327 municipios del país, aunque en las áreas rurales la cobertura es reducida por las dificultades de acceso a los establecimientos de salud. 3 Hilda Rea Galloso es socióloga. Asambleísta electa por territorio del departamento del Beni por el partido gubernamental Movimiento al Socialismo. 4 Rose Marie Sandoval Farfán es comunicadora. Asambleísta electa por población del departamento de Santa Cruz por el opositor Partido Verde. 5 María Luisa Cabrera Padilla es maestra. Asambleísta electa por territorio del departamento de Cochabamba por el opositor Unidad Nacional-Consenso Popular. 6 Marlene Salinas Durán es ingeniera de sistemas. Asambleísta electa por población del departamento de Chuquisaca por el Movimiento al Socialismo. 7 Marilú Aguilar Mejillones es enfermera. Asambleísta suplente por territorio del departamento de La Paz por el Movimiento al Socialismo.

DEPARTAMENTO Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz

Casos notificados 126 1.010 1.252 157 58 133 3.541

Población 2010 650.570 2.839.946 1.861.924 450.814 788.406 522.339 2.785.762

Beni

144

445.234

Pando

81.160

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia

Incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en América País/región

Tasas ajustadas (x 100.000 mujeres)

Mortalidad

Haití BOLIVIA Nicaragua Paraguay Perú Ecuador

90,6 56,55 54,15 7,15 44,05 41,45

50,8 26,3 24,2 20,95 20,2 19,85

El Salvador

43,1

19,65

Guatemala R. Dominicana Venezuela Colombia México Panamá Am.del Sur Brasil Chile Argentina Uruguay Canadá

35,1 34,6 37,15 34,65 35 29,7 29,75 27,35 27,5 18,7 16,3 7,95

17 16,55 16 15,95 15,6 13 12,45 10,9 10,8 7,7 7,3 2,65

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia

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3. Chile

Los derechos que no son Por Tamara Vidaurrázaga* Fotos: Paulina González Rocha

Santiago de Chile, abril.- En Chile la salud fue un derecho por igual para hombres y mujeres hasta la dictadura militar de Augusto Pinochet, que instauró el sistema de salud privado, dividiendo así entre quienes pueden pagar por una salud eficiente y de primer nivel, y otra pública en la que se depende de las listas de espera y de la demanda, que siempre supera la capacidad de respuesta. Mientras el 75,6 por ciento de los hombres cotizan en la salud pública, las mujeres lo hacen en 80,1 por ciento. Esta cifra se entiende, ya que los planes de las ISAPRES (Instituto de Salud Provisional) -sistema de salud privado- para mujeres entre 20 y 60 años triplican los precios de los cotizantes varones, según el estudio de la Corporación Humanas “Radiografía de la desigualdad”, publicado en 2009. Para que el costo de las ISAPRES no sea tan alto, muchas mujeres contratan planes “sin útero”, lo que significa que sus embarazos y partos no son cubiertos. El propio Ministerio de Salud reconoció en 2002 que los co-pagos de las mujeres en el sistema de salud privado son 36 por ciento más alto que el de los varones, sistema que además no acepta en sus listas a mujeres ya embarazadas o personas con enfermedades previas a la inscripción. Tener un parto en el sistema de salud

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público implica que las mujeres no pueden elegir al personal profesional a cargo, o el establecimiento donde se realizará. En caso contrario, deben desembolsar el dinero suficiente que cubra la elección.

hijo que esperaba y que era incompatible con la vida. Buscó soluciones legales e ilegales, y no encontró quien la ayudara, porque en Chile las interrupciones están prohibidas en todos los casos, incluso si el hijo o hija no tiene De acuerdo con la Organización Mundial posibilidades de vivir, es producto de una de la Salud2 (OMS, 2007), la práctica de violación o la vida de la madre corre peligro. los servicios públicos en la regulación de Osvaldo nació hace dos años y vivió, al la fecundidad revela un sesgo de género, contrario del diagnóstico médico. O más bien pues sólo 0,6 por ciento de los usuarios de sobrevivió al embarazo. Al nacer se comprobó métodos anticonceptivos corresponden a que padecía de holoprosencefalia semilobar, hombres; mientras que por cada vasectomía una malformación del cráneo resultado de practicada a un hombre se producen 250 que el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se divide durante las primeras semanas esterilizaciones a mujeres. Por otra parte, la misma fuente señala que de gestación y, por tanto, no se forman casi nueve de cada 10 pacientes atendidos adecuadamente los hemisferios izquierdo y por depresión en el sistema de atención derecho. primaria son mujeres.

Hoy la ficha médica de Osvaldo es mucho más larga que cuando nació: “Tetraplejia Derecho al aborto espástica, epilepsia en grado 2, microcefalia, Karen Espíndola3 solicitó públicamente hipotiroidismo, laringomalacia (subdesarrollo interrumpir su embarazo en 2008, al de la garganta), insuficiencia renal, retraso enterarse de la gravedad de diagnóstico del

mental severo, desnutrición, alteración de la deglución. Todas estas patologías, además de la gastrectomía (remoción total o parcial del estómago) que le tuvieron que realizar para alimentarlo por sonda”, cuenta a SEMlac Karen, su madre.

pobres como para costear doctores y tratamientos privados que eleven la calidad de vida de nuestro hijo, pero somos demasiado ricos como para ser beneficiarios de la escasa ayuda que entrega el gobierno a personas en nuestra situación”, explica Karen a SEMlac.

Pese a que el Estado chileno le negó a Karen la posibilidad de un aborto, este mismo Estado no se hace cargo de la salud de Osvaldo una vez nacido, lo cual significa un descomunal gasto monetario y de otros recursos para ella y su familia.

Esta chilena continúa creyendo que el aborto es una salida en casos como el suyo: “La enfermedad en sí es dura, muy dura, pero en tu propio hijo, es lo más fuerte que existe. Es contra natura, irracional, injusta. El dolor, el peor que existe. Cuando miro a mi hijo y no está bien --que ya son más días que los buenos--, no veo felicidad. Y cuando está algo mejor, sufro porque puedo ver tras su minusvalía un gran potencial frenado por la cruel enfermedad. Como si fuera dos personas en una”, indica.

Cuando quiso abortar, tuvo miles de ojos encima; hoy, cuando trata de salir adelante con su hijo, se encuentra más sola que nunca. Incoherencias que las mujeres en Chile deben vivir día a día porque, desde 1989, la dictadura de Augusto Pinochet abolió la posibilidad legal del aborto terapéutico, que hubiera permitido a Karen interrumpir un embarazo problemático.

Karen no es la única a favor de las interrupciones de embarazo: la encuesta que Corporación Humanas realizó en 2008 indicó que 79 por ciento de las mujeres chilenas está de acuerdo con la legalización del aborto terapéutico. Se calculan entre 160.000 y 200.000 los abortos clandestinos por año en el país.

Para esta mujer, “vivir no es respirar”. Por eso cree que las interrupciones, en casos como el suyo, son un tema de humanidad. Hoy se encuentra con una depresión que la ha llevado a querer quitarse la vida y a estar internada en un sanatorio psiquiátrico, porque no soporta ver el sufrimiento diario de su hijo y se siente atada de manos, sin poderle dar a Osvaldo todos los tratamientos que requiere.

Anticoncepción de emergencia

Las interrupciones de embarazo no son lo único ilegal en Chile. Cuando el Ministerio de Salud introdujo en 2006 la llamada “píldora del día después” para todas las mujeres, que previene embarazos tomándola hasta 72 horas después de un acto sexual sin protección, la derecha y la Iglesia católica adujeron que era abortiva y, por tanto, ilegal.

Los mismos que antes la obligaron a parir, hoy están ausentes. “En el Ministerio de Salud siempre me dijeron que mi caso era especial y que me ayudarían. Pero a la hora de la verdad —esto es, cada vez que debo ir al hospital—, debo pasar malos ratos y reclamar para conseguir ayuda para el asunto específico. Francamente, es indignante, impresentable y vejatorio el trato que hemos recibido”, señala Karen.

Con este argumento, 36 diputados de derecha tramitaron la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Control de Fertilidad ante el Tribunal Constitucional, institución que en abril de 2008 prohibió la distribución del fármaco en los servicios públicos de salud.

Chile es uno de los tres países en el mundo —junto a El Salvador y Nicaragua—- que prohíben el aborto en todos los casos. Al mismo tiempo, esta nación cuenta con una salud privada costosa y una pública deficiente. El plan AUGE —que financia enfermedades graves en la salud publica— costea solo cinco de las más de 300 enfermedades congénitas existentes. Por otro lado, en el sector privado cobran un alto costo por incorporar a alguien con los antecedentes médicos de Osvaldo y no están obligados a aceptarlo. “La expectativa de vida de estos niños, y su calidad, dependen de los cuidados que tengan. La paradoja es que nosotros somos demasiado

La pelea fue dura. Alrededor de 15.000 personas se reunieron en la calle para exigir derechos sexuales y reproductivos en lo que los medios de comunicación llamaron “Pildoraza”. Como nunca en Chile, mujeres y hombres, especialmente jóvenes, salieron a las calles a protestar por el retiro de la píldora de los consultorios de salud, puesto que en las farmacias privadas siempre se ha vendido. El punto era que, con dinero, se tenía acceso a ella y, sin dinero, se negaba, en un país donde la maternidad adolescente llega a 15 por ciento, lo que redunda en que más de 12 por ciento de las mujeres entre los siete y 24 años de edad no asiste a centro educacional alguno, por ser madre o estar embarazada, según el Informe de derechos humanos de

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años había 6,5 hombres con VIH por cada mujer con esta condición. Entre 2003 y 2007, la cifra se estabilizó en 3,7 hombres por cada mujer. Sin embargo, cada vez que se han hecho campañas públicas para informar sobre el VIH, instituciones católicas –como el canal 13 de televisión- se han negado a difundir el uso del preservativo, argumentando que la única forma 100 por ciento segura de prevenir este virus es la abstinencia y la pareja única. La feminización el VIH/sida no es la única brecha de género en este ámbito, según documenta el informe presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH.

Corporación Humanas, divulgado en 2009. En 2008, el colectivo “Mujeres Públicas” lanzó una acción de Apostasía, masiva, consistente en que aquellas personas que hubiesen sido bautizadas por la Iglesia Católica pidieran su excomunión por no compartir la censura de esta institución a un derecho fundamental para las mujeres, como la anticoncepción de emergencia. Más de 500 personas exigieron no continuar siendo parte de esta iglesia. En el blog que convocó a la Apostasía, el colectivo feminista señala: “Exigimos nuestro derecho a no formar parte de una institución que atenta contra la libertad de las personas y que interviene directamente en las políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción. Queremos un Estado laico que represente a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas; en el papel, la Iglesia y el Estado se separaron hace muchos años, hoy queremos que esta separación sea real. La democracia es laica, si no, no es democracia”. Según la encuesta de Corporación Humanas de 2008, 80 por ciento estuvo en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la anticoncepción de emergencia en la salud pública. En la actualidad, la píldora se entrega en cada municipio según decisión reservada del alcalde o la alcaldesa, y en la práctica este fármaco es difícil de encontrar en el comercio, puesto que las farmacias dejaron de venderla. Esta resolución implica que, en los municipios dirigidos por la derecha, se niega la entrega de la píldora en los servicios de salud. Esto sucede en el mismo país que tiene una cifra de un 15 por ciento de nacimientos correspondientes a madres menores de 20 años, y en el que un 12,3 por ciento de mujeres entre 7 y 24 años no asiste centros educacionales por ser madre o estar embarazada, según el informe sobre derechos humanos 2009 de Corporación Humanas.

VIH-Sida Según el MINSAL, 60 por ciento de las notificaciones e infecciones de transmisión sexual (ITS) corresponde a mujeres, cifra que se incrementa a 72,8 por ciento en adolescentes. En ellas, 50 por ciento e las ITS notificadas corresponden a condiloma, 12,6 por ciento a sífilis y 11,5 por ciento a canididiasis genital. La más grave de las ITS, el VIH, se ha feminizado en el mundo y también en Chile. Según CONASIDA (Corporación Nacional del SIDA), hace 15

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El informe “Dignity Denied” señala que las esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de “consentimiento informado”. Sin embargo, un estudio de Vivo Positivo de 2004 evidenció que 29 por ciento de las participantes –todas mujeres seropositivas- señalaron que fueron presionadas en los servicios de salud para esterilizarse, y 12,9 por ciento dijo haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento. Otro problema que revela una brecha de género es la vinculación entre violencia y VIH/sida. El 2009, la Fundación EPES (Educación Popular en Salud) publicó un informe llamado “Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres y feminización del VIH/ sida”, realizado a partir de un estudio con un centenar de mujeres con VIH. Según la investigación, una de cada dos mujeres con VIH vivieron violencia de cualquier tipo, de manera previa al diagnóstico, y una de cada tres de estas últimas sufrieron violencia múltiple, referida a más de un tipo de violencia. Del total de la muestra, una de cada 10 vivió todos los tipos de violencia que fueron estudiadas (abuso sexual, violencia física, sicológica y sexual). Respecto al interés en vincular violencia-mujeres-VIH, María Eugenia Calvin4, de EPES, indicó a SEMlac: “Hay investigaciones de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que señalan la prevalencia de violencia en mujeres que viven con VIH. Estas dos pandemias se trabajan de manera separada, pero la violencia es un factor de vulnerabiliad para el VIH y viceversa”. Fundación EPES denunció, tras la investigación, la falta de estudios oficiales que articulen las estadísticas de violencia de género con la feminización del VIH, y la falta de programas y campañas dirigidas especialmente a las mujeres. “La experiencia de violencia hace que una mujer no pueda imponer medidas de prevención, no puede controlar el uso del condón y por lo tanto viven relaciones sexuales no siempre consentidas”, señaló María Eugenia. Al mismo tiempo, la especialista indicó que, además, las mujeres viven el VIH con mucha discriminación, porque se asume que son “poco castas, prostitutas o tuvieron muchas parejas”.

Cáncer El cáncer de mamas ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en Chile y provoca el fallecimiento de unas 2.000 mujeres al año por esta causa.

De las 10 primeras causas de mortalidad femenina en Chile entre los 20 y los 44 años, se encuentra en cuarto lugar el cáncer de mamas, en quinto el de cuello uterino y en el décimo el de ovarios. Entre las mujeres de 45 a 66 años, el tumor de mamas avanza hasta el tercer lugar de todas las causas de mortalidad femenina en Chile, según datos del MINSAL. Por ello, en 2009 el colectivo “Memoria Feminista” inició una campaña que tiene por objetivo reunir firmas para exigir vacunas gratuitas en los centros de salud para prevenir el cáncer uterino producido por el virus papiloma humano (VPH). En algunos países como España y México, esta vacuna se distribuye gratuitamente a las mujeres. En cambio, en Chile solo está disponible en clínicas privadas y tiene un costo que asciende a los 600 dólares estadounidenses, por lo que mujeres sin recursos económicos no pueden acceder a la prevención de esta enfermedad por esa vía.

Los derechos que no son Para Adriana Gómez5, coordinadora de Comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), “el impacto de la penalización absoluta del aborto, las restricciones de acceso a la anticoncepción de emergencia, el discurso fundamentalista que permea las políticas públicas del área, el discurso pronatalista del gobierno de derecha, la estigmatización y restricción de la sexualidad adolescente, recaen con especial fuerza en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres y las más jóvenes”, señaló a SEMlac.

Estado de la Salud CHILE

• Karen Espíndola • e hijo

Desde su propia experiencia de vida, Karen Espíndola comparte la visión de una iglesia católica demasiado entrometida en la vida sexual de las mujeres en Chile: “Como dije anteriormente, yo respeto todas las creencias religiosas; se debe dejar fuera los argumentos religiosos para imponer conductas, entender que el debate sobre el aborto terapéutico no se trata de un asunto maniqueo: de buenos versus malos; de personas pro vida versus personas anti-vida”, señaló. “En efecto, lo esencial para abrir un debate, con altura de miras, es saber que ambas posturas pueden perfectamente fundarse en el amor. La diferencia es que el amor se observa desde distintos prismas. Precisamente por eso, creo que debe ser una opción”, añadió. RSMLAC lanzará en 2011, como cada año, la Campaña Permanente por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Mujeres y Niñas, en conmemoración del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La coordinadora de comunicaciones señala que la campaña “pretende constituirse en un proceso continuo y sostenido, y articulado con todas las organizaciones de nuestra membresía, para lograr transformaciones estructurales que permitan mejorar sustancialmente la vida de mujeres y niñas”.

• Mortalidad materna: 41 mujeres por cada 100 mil habs. (tasa de 16,5) (MINSAL 2008). • Mortalidad por aborto: 5 mujeres por cada 100 mil habs. (tasa de 2,0) (MINSAL 2008). • Entre las 10 principales causas mortalidad mujeres se encuentra el cáncer de mama, cuello del útero y ovarios. (MINSAL 2008). • En promedio 1 mujer muere semanalmente por femicidio (Red contra la Violencia Doméstica y Sexual 2009). • El 2007 el sistema público atendió 23 mil casos de complicaciones por aborto provocado, detectando que por cada 100 partos se producen 14 abortos (MINSAL 2007). • El 87 por ciento de los pacientes por depresión en el sistema e atención primaria corresponde a mujeres (OPS/ OMS 2007). • Por 1 vasectomía se producen 250 esterilizaciones a mujeres. • El acceso al parto sin dolor excluye a zonas con menos de 500 mil habs. (Humanas 2009).

Referencias

Los derechos que no son * Tamara Vidaurrázaga es periodista y Magíster en Género y Cultura en América Latina. 2 OMS: “Radiografía de la Desigualdad” de Corporación Humanas, 2007 3 Karen Espíndola se hizo conocida cuando, a fines de 2008, solicitó que se le realizara un aborto terapéutico ante el diagnóstico que aseguraba que su hijo no podría mantenerse con vida una vez nacido. 4 María Eugenia Calvin es asistenta social, educadora en Salud, encargada de Planificación Institucional e integrante del Comité Ejecutivo de EPES. 5 Adriana Gómez es comunicadora y encargada de Comunicaciones de RMSLAC.

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4. Colombia

La violencia tiene cara de mujer, pero la recuperación también Por Ángela Castellanos Aranguren*

Bogotá, mayo 2011 - Como consecuencia del conflicto armado que vive Colombia desde hace 50 años, las mujeres son las más afectadas por diferentes formas de violencia, pero a la vez son las que más participan en los procesos de ayuda a las víctimas de hechos traumáticos. Aunque según la fuente que se utilice difiere el número de personas en situación de desplazamiento, se calcula que no menos de cuatro millones 300 mil personas se han visto obligadas a abandonar su tierra por amenazas o como única forma de poner a salvo su vida, de las cuales más de la mitad son mujeres pobres de zonas rurales. No obstante, las personas desplazadas no son la únicas víctimas del conflicto armado, también lo son las que han sufrido el secuestro, el asesinato de un familiar o el reclutamiento forzado de un hijo, entre tantos otros crímenes. El número de víctimas del conflicto armado se desconoce, pues muchas de ellas no han denunciado los hechos de violación de derechos humanos de que fueron objeto, particularmente las víctimas de violación sexual, en tanto que otras víctimas no están incluidas en las estadísticas de desplazamiento, pues siguen viviendo en sus tierras. El desplazamiento forzado en sí mismo implica un trauma, pues al dejar su terruño las personas pierden también sus medios de producción (tierra y animales) y sus lazos sociales, lo cual se ve reemplazado intempestivamente por un entorno de pobreza en una ciudad que desconocen, sin protección ni trabajo. En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional ordenó que la atención a las mujeres desplazadas

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debe estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria. La agencia estatal Acción Social coordina estos programas, los cuales son ejecutados por 28 instituciones gubernamentales, entre Ministerios y Comités Territoriales departamentales, municipales y distritales. La atención en salud está liderada por el Ministerio de la Protección Social (salud y trabajo) que ejecuta con apoyo de Pastoral Social-Cáritas Colombia, organización pionera de la atención a desplazados, la “estrategia con enfoque psicosocial para la atención y reparación de las víctimas, a través de la cual se busca mitigar el sufrimiento, brindar atención integral y diferencial y apoyarles en la reformulación de sus proyectos de vida”, según Sofía Gutiérrez2, coordinadora de esta estrategia. Esto implica ayudarles a recuperar la confianza, poder expresar lo que les sucedió, restablecer todos sus derechos y crear una nueva vida, todo ello en forma colectiva, aunque la transformación es individual. De acuerdo con informaciones de Gutiérrez,

desde 2008 a la fecha se han atendido 36 comunidades en 28 entidades territoriales y dos distritos de Colombia. Como resultado, la comunidad ha puesto en marcha 104 proyectos, entre económicos, culturales y organizativos. Además, se han formado 1.240 multiplicadores. ”Todo esto se hace en contextos de violencia —pues sigue el conflicto— y de pobreza, buscamos la inclusión social, no sólo económica sino de participación comunitaria, Por eso hacemos fortalecimiento organizativo”, aclara Gutiérrez. Las mujeres son las que más participan en los procesos de atención psicosocial y son 64 por ciento de los multiplicadores.

Salud mental y atención psicosocial “En general, las víctimas tienen trastornos del sueño, depresión, disfunciones sexuales, gastritis, jaquecas”, asegura a SEMlac Bexi Cruz3, coordinadora del área social del proyecto de atención psicosocial, que desarrolla la ONG Limpal en Cartagena de Indias, una de las ciudades que recibe más desplazadas en la región Caribe. A diferencia de la atención en salud mental,

referida a los trastornos de comportamiento y su tratamiento individual terapéutico, la atención psicosocial en contextos de conflictos bélicos implica el tratamiento de las afecciones emocionales que sufren las personas como consecuencia de violaciones de sus derechos y que atañen a una comunidad.

y sus familias. Como consecuencia, se sienten doblemente culpables, primero por ser violadas —pues es el único delito en el que se presume que la víctima es la incitadora del delito— y luego por el desquite de los agresores. “Para que haya salud mental, tiene que haber procesos de justicia”, concluye.

“Les pregunto qué es lo que les duele cuando recuerdan los hechos violentos. Muchas responden: el vientre. Y es que a muchas mujeres les mataron sus hijos. Les duele la espalda, y es que cargan muchas insatisfacciones, muchos dolores y también muchas necesidades. Les duele la cabeza: y es que no paran de pensar, de estar preocupadas”, explica a SEMlac Sofía Gutiérrez, funcionaria del Ministerio de la Protección Social a cargo de un programa de atención psicosocial para víctimas del conflicto armado.

Como comentó Wilches, a veces, las víctimas se hacen más fuertes porque desarrollan sus potencialidades, y esto es especialmente visible en las miles de colombianas que siguen adelante, secan el llanto, crean empresas y van a los tribunales a denunciar los hechos y a exigir justicia, reparación, restitución de sus tierras, indemnización y garantías de no repetición. Hoy existen unas mil organizaciones, entre nacionales, regionales y locales, conformadas por personas desplazadas.

“Además las mujeres tienen lesiones físicas producto de la violencia sexual, como infecciones urinarias y problemas ginecológicos derivados de abortos que se hicieron para interrumpir embarazos producto de violaciones”, afirmó a SEMlac Ivonne Wilches4, psicóloga y diplomada de la Escuela de Estudios de Género, quien ha trabajado en atención psicosocial. Como resultado del abuso sexual violento perpetrado por los grupos armados en conflicto, 26.453 mujeres resultaron embarazadas. “Algunos grupos armados han usado, como estrategia militar, involucrarse afectivamente con mujeres civiles y tener hijos, especialmente con población indígena y afrodescendiente, lo que genera rupturas sociales; al no estar unida la comunidad, esta se hace más vulnerable”, asegura Andrea Guana5, encargada del área psicosocial de la Corporación Avre, ONG especializada en brindar apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas del conflicto armado, a fin de que reconozcan sus derechos y estén en capacidad de exigirlos. De la misma manera que los impactos del conflicto armado son diferentes para mujeres y hombres, también son diferentes entre las mujeres, según su edad.

Mujeres en medio del conflicto A la situación de desplazamiento se agregan otros hechos traumáticos que sufren las mujeres, como la violación, la esclavitud (servidumbre obligada), el asesinato de sus hijos y el abuso sexual de sus hijas, por parte de los actores armados. En no pocas ocasiones, todas estas formas de violencia las sufre una misma mujer. Una de ellas es C.A., una colombiana de 32 años que vivía de la agricultura en uno de los municipios con presencia de grupos armados en conflicto. “Fui violada, sufrí cuatro desplazamientos, el asesinato de mi hermano, un secuestro por los paramilitares, donde me obligaban a servirles y me amenazaban. Allí vi cómo ‘empalaban’ (violación con palos) a otras mujeres hasta morir desangradas”, relató a SEMlac, sin asomo de emoción alguna, mientras cambiaba el pañal a su hija. Luego agregó: “He recibido apoyo psicológico de la organización Tierra de Hombres, pero dicen que necesito una atención más profunda”.

“Las adultas presentan actitudes más desesperadas y apatía hacia los procesos organizativos, pero después de que se recuperan, superan el duelo y reconstruyen su identidad —que se ha roto con el desarraigo—, participan activamente en estos procesos”, asegura Andrés Bastidas6, director de la Corporación Avre. “Las mujeres víctimas de edad media se vinculan a organizaciones con más rapidez, pero su participación se da mayoritariamente en roles tradicionalmente femeninos, en tanto que las jóvenes, si bien participan, también optan por otros proyectos, e incluso algunas se involucran afectivamente con algún actor Andrés Bastidas, director armado, para asegurar protección, aunque ello las convierta en blanco de la Corporación Avre. de otro grupo armado”, agrega Bastidas. Según testimonios conocidos por la psicóloga Guana, las colombianas violadas temen denunciar, pues si lo hacen reciben represalias contra ellas

“Las mujeres quedan derrumbadas, su autoestima queda devastada, se afecta su sexualidad, pierden confianza en los demás y en sí mismas. Los intentos de suicidio son mucho más frecuentes de lo que se cree. Yo he escuchado testimonios de mujeres que han intentado quitarse la vida con veneno para ratones, que toman ellas y también le dan a sus hijos”, afirmó Wilches.

Entre 2001 a 2009, seis mujeres en promedio fueron víctimas de violencia sexual cada hora en el marco del conflicto armado, según reveló la encuesta de prevalencia que, sobre el tema, realizó la ONG Oxfam conjuntamente con nueve organizaciones de derechos humanos y de mujeres de Colombia.

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Además de la violación carnal, las colombianas han sido víctimas de otras formas de violencia sexual tales como esterilización y acoso sexual, así como prostitución, aborto y servicios domésticos forzados. “Generalmente, cuando una mujer dice que se fue a cocinar a un campamento (de alguno de los grupos armados ilegales) se sabe que también implicaba tener relaciones sexuales”, comentó la psicóloga Wilches. “Hay dos características de este conflicto que se vuelven en contra de las mujeres: una, que no tenemos postconflicto, que no ha habido negociación, ni solución de la guerra, ni desmovilización efectiva, ni transición. Las mujeres deben convivir con sus agresores, los diferentes actores armados que siguen actuando en los territorios, imponiendo sus normas, manteniendo sus amenazas”, explicó Wilches. “Y la otra: la militarización de la vida cotidiana, la intromisión de actores armados en el mundo social y político del país. La legitimación que se ha hecho de la guerra hace que las mujeres perciban que, al denunciar ante un organismo estatal, lo hacen ante aquellos que también representan a sus agresores” añadió. “El mismo Estado que no las protegió, que omitió su deber y su responsabilidad de garantizarles sus derechos fundamentales, que en el caso de los paramilitares propició su creación y fortalecimiento, que actuó en complicidad con ellos, debe recibir sus denuncias, como si se juzgara a sí mismo. Y esto no da confianza”, sentenció Wilches. La investigación de OXFAM “Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del conflicto Armado Colombiano” concluyó que la prevalencia de este tipo de violencia fue de 17,58 por ciento en 407 municipios, con presencia de Fuerzas Armadas de Colombia, guerrilla y paramilitares. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio en disputa y botín de guerra para los grupos en conflicto, ya que a través de la violencia sexual se genera terror en las comunidades y se facilita el control militar, al tiempo que es un medio para cobrar venganza. “A mi esposo lo asesinaron delante de mí, tengo un hijo desaparecido, ellos se lo llevaron. A mí me violaron y a mis dos hijas. Mi nieto mayor es producto de esas violaciones. Tuvimos que desplazarnos, dejar todo: las cosas, los animales, la casita, todo. Nos vinimos con lo que teníamos puesto. A pesar de tanto tiempo, sigo con hemorragias y me duele, pero tengo que trabajar para poder comer, aunque a veces también pasamos hambre”, relata una mujer del grupo de autoayuda de la organización no gubernamental (ONG) ¨Sisma Mujer ¨. Se estima que actualmente puede haber cerca de 300 ONG que brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a la población desplazada. Pero esto no siempre fue así. La crisis humanitaria producto del desplazamiento forzado fue inicialmente advertida y atendida por el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombia a mediados de la pasada década del ochenta, a la que le siguieron organizaciones no gubernamentales, como CODHES y luego muchas otras organizaciones de la sociedad civil. En 1999, el gobierno aprobó el Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado, y en 2001 promulgó la Distribución Presupuestal Sectorial para el cumplimiento de dicho plan. No obstante, el plan no mitigó el desplazamiento forzado, ni alivió la crisis humanitaria. En 1997, el Parlamento aprobó la Ley 387, que daba el marco de referencia para la atención, protección, consolidación y estabilización económica de las personas desplazadas.

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Sin embargo, la vulneración de los derechos consagrados a la población desplazada generó que ésta se organizara e interpusiera miles de medidas judiciales para exigir el respeto a sus derechos. Como consecuencia, la Corte Constitucional profirió en 2004 la sentencia T-025, a través de la cual declaró un ¨Estado de Cosas Inconstitucionales¨ ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianas y colombianos víctimas de desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 y los recursos financieros destinados para tal efecto. Esta sentencia ordenó la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y estableció un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional, los organismos de control (Contralorías), las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de la población desplazada y las organizaciones de derechos humanos. Tras cerca de 600 de querellas judiciales y foros de las organizaciones de mujeres desplazadas que pusieron en evidencia los crímenes de género, en 2008, la Corte Constitucional dictó el Auto 092, mediante el cual ordenó al Estado investigar las violaciones de derechos humanos cometidas específicamente contra las mujeres en el marco del conflicto armado y atender a las colombianas desplazadas. Actualmente cursa en el Parlamento el proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la restitución de sus tierras, que establece atención preferencial a las mujeres. Se trata de una ley mucho más amplia, pues recoge a todas las víctimas, no sólo a las personas desplazadas, e integra el tema de la devolución de las propiedades de las cuales fueron despojadas.

Estado de la Salud COLOMBIA Del total de embarazos en el país, 19,5 por ciento ocurre en adolescentes, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 (ENDS) El uso de métodos anticonceptivos en Colombia aumentó en 13 puntos porcentuales entre 1990 (66%) y 2010 (79%). De 1.100.660 alumnos matriculados en el nivel de preescolar, 51,4 por cineto son hombres. Esta misma composición de la matrícula por sexo se presenta en el nivel básico de enseñanza primaria, debido a que 51,6 por ciento pertenece al sexo masculino. Por el contrario, 51,3 por ciento de la matrícula en Básica Secundaria y Media de 2009 son mujeres. (Fuente: Departamento Nacional de Estadística, DANE) De acuerdo a estadísticas de la CEPAL, en Colombia la tasa de mortalidad materna es de 130 por cada 100.000 nacidos vivos. Un nivel muy alto, en un país que atiende más del 95 por ciento de los partos en instituciones de salud y donde 92 por ciento de las mujeres recibe atención prenatal, según la ENDS, de 2010. De acuerdo con datos del DANE, la tasa global de participación laboral a nivel nacional fue de 62,3 por ciento entre marzo y mayo de 2010, y desagregada por sexos, 73,7 por ciento corresponde a hombres y 51,5 por ciento a mujeres. Colombia era líder en América Latina en términos de participación laboral femenina, pero poco a poco el país ha perdido este logro. Cada tres horas muere una mujer en Colombia como consecuencia del cáncer de cuello uterino y 61 por ciento se practica una citología anualmente, según la Encuesta nacional de Demografía y Salud. En “Costos de Implementar el Plan de Acción de Salud Sexual y Reproductiva (PASSR) en Colombia”, publicado en 2004, se calcula el número de abortos clandestinos y se estima en un rango que oscila entre 140.000 y 360.000 al año, mientras que para el Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe, si se hace un cálculo tomando como referencia la tasa de uso de anticonceptivos, el número de abortos para 2005 sería aproximadamente de 65.000. En Colombia, anualmente 6.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno y unas 2.500 mueren como resultado de esta enfermedad, según la Liga Colombiana contra el Cáncer. La tasa de cáncer de mama es de 33 por cada 100.000. La proporción de hombres seropositivos al VIH respecto a mujeres pasó en Colombia de 11,2 a 2,8 entre 1985 y 2004, lo que evidencia la tendencia hacia la feminización de la enfermedad. Se estima que habría unas 171.500 personas entre 15 y 49 años con VIH/sida, es decir, una prevalencia de 0,7 por ciento, según datos del Nacional de Respuesta al VIH-sida 2008 -2011. El 40 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años dijo haberse realizado la prueba para detectar el VIH.

Referencias

La violencia tiene cara de mujer, pero la recuperación también

* Angela Castellanos (n. Colombia, 1958) es Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Externado de Colombia y diplomada del Instituto Francés de Prensa y Ciencias de la Información de la Universidad de Paris II. Como periodista ha trabajado en los principales diarios y revistas de Colombia, ha sido editora de la agencia internacional de prensa Inter Press Service, y corresponsal de servicios de noticias tales como Women´s Feature Service y Reproductive Health Reality Check. Actualmente es periodista de la agencia de noticias SEMlac. Como comunicadora social se ha desempeñado como consultora de diversos proyectos, entidades y políticas, tanto en Colombia como a nivel internacional con agencias de Naciones Unidas y de la OEA. Fue Directora de la oficina para Colombia de la Federación Internacional de Periodistas y ha sido profesora de la Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Fundación Universitaria INPAHU, así como profesora de los ¨Primeros Talleres de Periodismo y Género¨ de Cataluña, España. Integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red de Cátedras de la UNESCO en Comunicación, ORBICOM. 2 Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, del centro CIDER de la Universidad de Los Andes. Pregrado en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y en Enfermería de la Fundación Escuela de Ciencias de la Salud – Sociedad de Cirugía de Bogotá. A partir de 2004, se desempeña en la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección Social, en investigación, formulación, concertación, implementación y evaluación de políticas públicas y estrategias de mitigación del sufrimiento emocional de las victimas individuales y colectivas en el contexto del conflicto interno armado en Colombia. 3 Trabajadora Social de la Universidad Simón Bolívar y actualmente Coordinadora del área Social de la ONG Limpal, capítulo Colombia, en el departamento de Bolívar, Colombia. Es investigadora asociada del Grupo de Investigaciones Sociales y Jurídicas de la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco (Colombia). 4 Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Estudios de Género de la misma universidad. Amplia experiencia en las siguientes áreas: apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual y de género, dentro y fuera del conflicto armado; conformación y dirección de grupos de autoayuda para mujeres víctimas; apoyo psicojurídico y enfoque en Derechos Humanos; capacitación, formación y sensibilización a grupos en temas de género, derechos de las mujeres y atención en violencias de género. Consultora en investigación y asesora en temas de género, transversalización e inclusión del enfoque de género, derechos de las mujeres y violencias de género. Formación y experiencia en psicología clínica. 5 Psicóloga de la Línea de Acciones Psicojurídicas de la Corporación AVRE. Egresada de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Educación y Desarrollo humano (CINDE-Universidad de Manizales, Colombia), con estudios complementarios en Género, Justicia Transicional y Liderazgo político de las mujeres en América Latina. Experiencia en acompañamiento psicojurídico a víctimas del conflicto armado y la violencia política en Colombia, especialmente mujeres víctimas que participan en procesos judiciales, así como en procesos pedagógicos de formación en Derechos Humanos dirigidos a funcionarios públicos y organizaciones jurídicas y sociales. 6 Psicólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Magíster en Desarrollo Educativo y Social (Cinde Universidad Pedagógica Nacional). Actualmente es Director de la Corporación Avre y se ha desempeñado por más de diez años en el desarrollo de proyectos sociales de educación para la paz, promoción de los derechos humanos y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política.

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5. Guatemala

Y las mujeres siguen muriendo Alba Trejo* Fotos: Sofía Gómez Trejo Fabiola Llanos

Guatemala, mayo (SEMlac).- Nada ha cambiado: en 2000, el informe “Línea basal de Mortalidad Materno Infantil” aseguraba que más de la mitad de las muertes maternas en Guatemala se debía a sangrado excesivo, infecciones, hipertensión inducida por el embarazo y abortos inseguros, y que la mayoría de las muertes por gestación ocurrían en el hogar. Una década después, el documento no ha perdido vigencia. En esta nación centroamericana, la maternidad sigue siendo sinónimo de temor, de incertidumbre, de muerte. Aquí las mujeres gestan al filo de la muerte, y las hemorragias, las infecciones y el aborto persisten como las tres grandes causantes que arrebatan la vida a por lo menos 153 madres por cada 100.000 niños nacidos vivos. El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), creado para monitorear los principales lugares del país donde hay más muertes por embarazos, da cuenta de que 52 por ciento de las muertes maternas sucede el mismo día del parto y que todavía hay lugares donde dejan de existir 266 mujeres por complicaciones en el parto. Silvia Palma , vice ministra de Salud, admite que todavía, entre las causas principales, la hemorragia arrebata el último halo de vida a 53 por ciento de las gestantes y las infecciones interrumpen la existencia de 14 por ciento de estas víctimas. Palma ve en la edad otro factor que, más recientemente, contribuye a la mortalidad materno-infantil. Y lo ejemplifica con datos: el año pasado fueron atendidos 45.000 partos a mujeres entre los 10 y 16 años, algo que considera alarmante porque los cuerpos no están preparados para dar a luz a esa edad. Añadió que hace unos años se inició la capacitación de las comadronas, pues 43 por ciento de las mujeres que fallecieron fueron atendidas por las parteras.

Fotografía: F.Llanos 26

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Esa preparación consiste en información acerca de cómo detectar, durante el embarazo, las señales de edema en manos y cara, hemorragia, feto en mala posición,

ruptura prematura de membranas, trabajo de parto prematuro y cesárea previa, así como aprender qué hacer en el caso de un parto prolongado, dolor de estómago y flujo con mal olor en el postparto. “Las cifras nos muestran el perfil de la mortalidad materno infantil como un asunto de emergencia”, asegura Edwin Rodríguez , asesor del área de salud sexual y reproductiva del Hospital Rooseevelt, mientras Wagner Figueroa, médico de la asociación de Ginecología y Obstetricia, añade que los nacimientos también son constantes en madres que han traspasado los 45 años de edad, lo que igualmente implica un gran riesgo. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que, después de Haití y Guyana, Guatemala es el tercer país donde más mujeres mueren al tratar de dar a luz. En la búsqueda de una respuesta más acertada al problema, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Ludwin Ovalle, ve en la educación un factor determinante que ocasiona la mortalidad materno-infantil.

por cada 100.000 nacimientos, según el informe Línea Basal de Mortalidad Materna. De ahí que, también, el estudio “Estado de las Madres del Mundo en 2010”, presentado por Save The Children, describa una Guatemala donde tener hijos es poner en riesgo la vida. De acuerdo con los datos considerados en ese análisis, una de cada 71 mujeres en esta nación podría morir en el parto. El nivel de atención calificada también es bajo, porque solamente 41 por ciento de las embarazadas es atendida en centros de salud, indica Amílcar Ordoñez, director del organismo para Guatemala. En la lista, que incluye a 43 países desarrollados y 117 en desarrollo, la organización tuvo en consideración aspectos relacionados con niveles educacionales, políticos, económicos y de salud de las madres.

La tasa de mortalidad materna para este grupo es de 211 muertes por

El ministro Ovalle reconoce que en Guatemala solo cuatro de cada 10 nacimientos son atendidos por médicos y enfermeras, y esas mujeres que llegan a los hospitales son las que tienen un nivel educativo de secundaria. Agrega que sólo 21,8 por ciento de las mujeres sin educación acudió al médico a recibir asistencia durante su embarazo, el restante 62,2 por ciento buscó a las comadronas. Mirna Montenegro , presidenta de la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, expresa que, pese a los avances en materia legal, el país presenta una de las tasas de fecundidad más alta en Centroamérica y una de las mayores de toda Latinoamérica. En 2002, el tamaño promedio de la familia para Centroamérica bajó significativamente a 2,9 hijos por mujer en toda su vida,

cada 100.000 nacimientos, índice que en el grupo no indígena es de 70

Fotografía: pero en el caso de Guatemala este promedio fue de 4,4 hijos F.Llanos por mujer, para ese mismo año.

Ovalle se refiere, principalmente, a las mujeres descendientes mayas, que conforman 60 por ciento de los 14 millones de habitantes. Por cada 10 hombres, solo dos mujeres indígenas acuden a las escuelas y aún así no terminan la primaria. Eso las predispone a iniciar relaciones sexuales a temprana edad, a que ocurra la primera unión y, con ello, el nacimiento del primer hijo, antes de los 17 años, dice Ovalle. Pero Carmen Cáceres , de Convergencia de Mujeres, llama a ello opresión, porque —según dice— todavía hay lugares en el país, en el área indígena, donde las guatemaltecas no tienen voz ni voto en la vida sexual y reproductiva, y para que ellas reciban uno de los métodos anticonceptivos deben llevar un documento de autorización del esposo.

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Referencias Y las mujeres siguen muriendo

Las indígenas tienen un tamaño promedio de familia significativamente más grande: 6,1 hijos, en comparación a las no indígenas, que es de 3,7 hijos, destaca la doctora. Según reporta el estudio del Instituto Guttmacher “Embarazo no planeado y aborto inseguro en guatemala, causas y consecuencias”, publicado en 2006, un programa de vigilancia de muerte materna realizado recientemente en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, encontró que, entre 1993 y 1996, el 10 por ciento del total de muertes entre mujeres de 15 a 49 años estaba relacionado con el embarazo o el parto. Del total de esas muertes, 25 por ciento fue debido a infección y, de ellas, 32 por ciento estaba asociado al aborto inducido o espontáneo, algo que no ha variado mucho al día de hoy, confirma Edwin Rodríguez, asesor del Ministerio de Salud. Este conjunto de indicadores lleva al otro tema fundamental dentro de la salud reproductiva: el aborto. Guatemala registra una tasa de 65.000 abortos ilegales al año, y en ese mismo período 70 mujeres mueren por prácticas de interrupción inseguras. La religión influye, a juicio de María Eugenia Villareal , de ECPAT-Guatemala, porque este es un país donde el 50 por ciento de la población se reconoce católica, 40 por ciento como cristiano-evangélica y el 10 por ciento restante se divide en otras prácticas religiosas. Edilzar Castro , de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), comenta que, en la actualidad, una proporción mayor de mujeres usa algún tipo de anticonceptivo en comparación con 15 años atrás, pero la brecha entre los hijos nacidos y los deseados no se ha frenado Castro comenta que esto se debe a que los patrones culturales no permiten a la mujer expresar el deseo de tener determinado número de hijos. Principalmente en el área indígena, donde los anticonceptivos son mal vistos porque los hombres los vinculan a la infidelidad En este país el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha planteado que el rango de edad fértil es entre los 15 a 54 años; sin embargo, aquí se empieza a tener hijos desde los 10 años. Alma Chacón, defensora de los derechos reproductivos de las mujeres, considera urgente promover la contra concepción de emergencia. “Pero que la mujer se esterilice en las regiones indígenas significa para sus maridos una muestra de infidelidad”, destaca Castro, de APROFAM. “Y también acudir con un médico para colocarse un método intrauterino atenta contra su reputación”, precisa José Israel Contreras, ginecólogo especialista en cáncer de mama, quien laboró en el departamento de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. En su informe presentado en enero de 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos relacionado con Guatemala manifestó preocupación por el número de partos de niñas entre 10 y 14 años de edad, que en 2010 se elevó a 1.086 casos más. En su informe señala, además, que no se ha cumplido la recomendación del Comité de Derechos Humanos de tomar medidas para garantizar el derecho a la vida de las embarazadas que deciden interrumpir su embarazo. El estudio de línea basal de mortalidad materna realizado por el Ministerio de Salud Pública muestra que el aborto inseguro es un factor que contribuye a la mortalidad materna. Y prevé que 10 de cada 1.000 mujeres en edad reproductiva serán atendidas cada año en las instituciones de salud oficiales por complicaciones relacionadas con el aborto inducido o espontáneo. En cuanto al estatus laboral, 32 por ciento de las mujeres que practican un aborto son estudiantes, 26 por ciento son amas de casa y 25 por ciento clasifica como otras trabajadoras. Para Rodríguez, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, sigue siendo inconcebible que, a tres años de tratar de cumplir las metas del Milenio para reducir los índices de mortalidad de 153 a 55 fallecimientos, aún cinco de cada 10 madres pierdan la vida en el hogar, y cuatro de cada 10 dejen de existir en un hospital o clínica por intentar tener un hijo.

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* Alba Trejo Valenzuela es periodista, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Género y Niñez. Es corresponsal de SEMlac en Guatemala desde 2006 y desde 2008 asesora en tema de feminicios en la presidencia del gobierno guatemalteco, con el mandato de establecer vínculos con grupos de derechos de la mujer, contribuir a la agilización de procesos y crear proyectos en beneficio de las mujeres violentadas. Fue redactora y editora en el diario El Periódico de Guatemala, especializada en le Periodismo de profundidad 2 Silvia Palma, es ginecóloga y obstetra, ocupa el cargo de vice ministra de Hospitales y Directora del Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud. Entre sus aportes figura el Porotocolo para el tratamiento a nivel hospitalario de la desnutrición aguda y severa y sus complicaciones en pacientes pediátricos. 3 Edwin Antonio Rodriguez es ginecólogo y obstetra, facilitador para el tema de salud reproductiva del Ministerio de Salud. Ha realizado investigaciones sobre maternidad saludable, planificación familiar y enfermedades de la mujer entre otras. Egresado de la Universidad privada Francisco Marroquín. 4 Carmen Cáceres es abogada y notaria. Integrante de Convermujeres, ha escrito algunos ensayos como “Discriminación Laboral Femenina por razones de género. Mujeres en la política y Fundamientos legales para su participación en equidad” y “Los derechos humanos de la mujer guatemalteca”. Es egresada de la Universidad privada Rafael Landivar. 5 Amílcar Ordóñez es antropólogo. Ha trabajado para Plan Internacional y UNICEF y esa autor de la publicación “Convención de los derechos de la niñez, un compromiso”, a solicitud de UNICEF. Es egresado de la Universidad de Obregón, EE.UU. 6 Mirna Janeth Montenegro es médica salubrista. Actualmente labora para el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva e integra la Asociación de Mujeres Médicas. Entre sus aportes figura la elaboración de iniciativas de ley a favor de la salud de las mujeres, tales como la Ley de Maternidad Saludable, el Día Nacional de la prevención del embarazo prematuro en adolescentes, la integración de la ley y el reglamento de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar en el programa nacional. 7 Maria Eugenia Villareal es directora en Guatemala de ECPAT, red internacional que lucha contra la explotación sexual infantil. Es Doctora en Psicología, graduada en Francia. Ha realizado investigaciones independientes y es especialista en el tema de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 8 Edilzar Castro Quiroz es profesor de segunda enseñanza de Psicología y catedrático de la escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialización en Psicología clínica y ha escrito 38 ensayos, entre ellos “Educación para la vida familiar”, “Población y psicología humana” y “Manual sobre educación sexual”, a peticion de Naciones Unidas. Desde hace 33 años trabaja para la Asociacion Pro Bienestar de la Familia (APROFAM).

Estado de la Salud GUATEMALA En Guatemala, más del 52 por ciento de sus

14 millones de habitantes son mujeres,

de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística. Eso significa que por cada 100 mujeres hay 95 hombres.

En este país de América Central, dos de cada tres guatemaltecas son analfabetas, señalan datos del ministerio de Educación. La Oficina Panamericana de la Salud, en su informe “Estrategia de Cooperación con el País 20062010”, estipula que el cáncer cérvico uterino es uno de los principales males que arrebata la vida a las mujeres en este país. La doctora Silvia Palma, vice ministra de hospitales nacionales, destaca que al menos 12 casos de cáncer de cérvix se diagnostican a diario en Guatemala. El Ministerio de Salud señala que los

principales problemas de salud en la mujer son de índole sexual y reproductiva y que la prevalencia del VIH entre las de 15ya 24 años de edad es de 0,46 por cada cien mil mujeres. En el tema laboral, el Ministerio de Trabajo reporta que 30 por ciento de la fuerza

laboral en Guatemala son mujeres, en total cuatro millones 260.000 guatemaltecas.

La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público denunció que en 2010 se presentaron 17.000 denuncias de violencia contra la mujer. En cuanto a niveles de representación política a nivel nacional, no hay una sola mujer dirigiendo los Ministerios de Estado, solo ocho diputadas ocupan

una curul de las 158 existentes, y siete de los 22 cargos para gobernadores los ocupan mujeres, de

acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral.

Fotografía: Sofía Gómez Trejo

El gobierno de Guatemala no ha aprobado el Proyecto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se establecen las cuotas de participación para las mujeres; la Ley contra el Acoso Sexual; los cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, que contemplan actualmente, entre otros aspectos, la exención de la responsabilidad penal del agresor si contrae matrimonio con la agredida después de una violación, o si resuelve bajo el pago de cantidades ínfimas su responsabilidad legal. Tampoco la Ley de Consejos de Desarrollo, que constituye un ámbito de gran importancia para que participen las mujeres en el poder local. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO

6. México

Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres Por Soledad Jarquín* Fotos: Frida Hartz © Frida Hartz

México, abril 2011.- Dos fenómenos han marcado de forma negativa durante los últimos años la vida, la libertad y los derechos de las mujeres: la violencia que se generaliza en el país y las modificaciones legislativas encaminadas a criminalizar el aborto, con lo cual excluye que se trata de un problema de salud pública y de justicia social. Ambas cuestiones son hoy el motivo de preocupación de las feministas y centran las tareas de los movimientos de mujeres. México, abril (Especial de SEMlac).- Dos fenómenos han marcado de forma negativa durante los últimos años la vida, la libertad y los derechos de las mujeres: la violencia que se generaliza en el país y las modificaciones legislativas encaminadas a criminalizar el aborto, con lo cual excluye que se trata de un problema de salud pública y de justicia social. Ambas cuestiones son hoy el motivo de preocupación de las feministas y centran las tareas de los movimientos de mujeres. La guerra contra la delincuencia arrebató condiciones fundamentales para la salud: la tranquilidad, la paz y la libertad, considerando que para la OMS “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El llamado “daño colateral” ha cobrado la vida de más de 1.000 mujeres en sólo cuatro años y otras muchas viven secuelas de las agresiones. En el norteño estado de Chihuahua la tasa de asesinatos por cada 100.000 mujeres pasó de 3,6 a 13,1 entre 2005 y 2009. El incremento fue 361por ciento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las otras entidades que reportan las más altas tasas de feminicidio son Baja

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California y Guerrero, donde se incrementaron de manera abrupta al pasar de 2,5 a 10,11 y 2,53 a 10,07, en el mismo período, respectivamente. Peligrosas para las mujeres, por el “daño colateral” que provoca la guerra contra el narcotráfico en México, son también Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Aunque el fenómeno está presente en las 32 entidades; ciudades importantes se han convertido en escenario peligroso para ellas. Los ejemplos de esa violencia no siempre alcanzan los medios de comunicación, como sucede en la capital de Nuevo León o de Jalisco, donde so pretexto de esa guerra se asalta, secuestra, viola y asesina a las jóvenes en las calles, las universidades y en centros de ocio. Por otro lado, entre 2008 Y 2010, congresos de 16 estados del país siguieron el ejemplo adoptado en Chihuahua desde 1994, al aprobar reformas constitucionales que reconocieron el derecho a la vida desde la concepción y/o fecundación. Es decir, se elevó a rango constitucional el derecho a la vida antes del nacimiento, violentando las garantías de las mujeres establecidas por la Constitución Mexicana y tratados internacionales ratificados por la nación.

Ello provocó que, el pasado mes de marzo, se expusieran las violaciones al derecho de las mujeres en una audiencia especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en abril, también se denunció este retroceso en la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo sobre el tema de “Fertilidad, salud reproductiva y desarrollo” por la organización Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia. Así, mientras en el Distrito Federal hace cuatro años se despenalizó el aborto hasta la semana número 12, en Chiapas, Veracruz, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca se constriñen las posibilidades, aun cuando en algunos casos quedaron “a salvo” las excepciones punitivas, como es el caso de aborto por violación. El 28 de marzo pasado, en la CIDH, Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida de México, planteó ante los comisionados que “una de las principales y más graves consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-

© Frida Hartz contempla tres excepciones de no punibilidad del aborto: por imprudencia de la mujer embarazada, por violación y cuando la vida de la mujer corra peligro de muerte”, señala la abogada Bárbara García Chávez2, quien fuera concejala de Equidad y Género de Oaxaca. En el caso de Baja California, se trata del artículo 127 del Código Penal y señala parentesco consanguíneo: “al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá de 20 a 50 años de prisión”. En Guanajuato, desde 2001 se endurecieron los castigos hasta con 35 años de cárcel a quienes matan a sus hijos o padres. El Código Penal establece en el artículo 156 el homicidio en razón de parentesco o familiar: “A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión

de 25 a 35 y de 200 a 300 días multa”. De ahí que, en ambas entidades, existan casos de mujeres sentenciadas a más de 20 años de prisión. Sin embargo, el aborto que es la muerte del feto –de forma provocada o imprudencial- antes del nacimiento, nada tiene que ver con el homicidio en razón de parentesco que, en realidad, es la muerte de una persona ya nacida. En tanto, la diputada federal Enoé Uranga Muñoz, exigió al gobernador de Baja California, José Guadalupe Ozuna Millán, de extracción

mortalidad materna, a pesar de ser una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto inseguro provoca el 11 por ciento de las muertes de mujeres en América Latina y el Caribe, en tanto que en México es —de acuerdo con la Secretaría de Salud—- la cuarta causa de muerte materna. En promedio, dice la diputada Enoé Uranga, la razón de muerte materna entre los años 2002 y 2009 fue de 60 por cada 100.000 nacidos vivos y tiene una relación directa con la pobreza, de ahí que se concentre en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Chiapas, el llamado sur de la República mexicana, con excepción de Chihuahua. La representante mexicana refirió que las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, presentan el doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que las mujeres entre los 20 y 24 años, mientras las menores de 15 años presentan cuatro veces más esta probabilidad. Las cifras de embarazo adolescente, de acuerdo con el Censo de Población 2010, revelan que 16 entidades están en la media o por arriba de la media nacional (18,3%), siendo Chihuahua, Nayarit y Baja California las entidades que reportan mayores porcentajes con 22,8, 21,6 y 20,7, respectivamente. Pese a que tanto el embarazo adolescente como el aborto son problemas de salud pública, como lo reconocen los organismos internacionales, en Baja California y Guanajuato criminalizaron esta práctica como “homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”. Ambos estados contravienen lo que determina el Código Federal Penal, “que es el piso jurídico respecto a la legislación en los estados, que

panista, respetar los derechos humanos de las mujeres y pidió decretar la excarcelación de Leslie Karina Díaz Zamora y de todas aquellas encarceladas “por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo”. En el reconocimiento de que el embarazo forzado es violencia contra las mujeres, la diputada Uranga Muñoz demandó reformar el artículo séptimo de la Constitución de esa entidad “por ser una clara vulneración al derecho a la vida de las mujeres y al principio de igualdad y de no discriminación3”. El caso de Leslie y otras bajacalifornianas, poblanas y siete guanajuatenses fue expuesto ante la CIDH, de la misma forma en que la situación de Paulina Ramírez, quien con apenas 13 años fue violada por un drogadicto la noche del 31 de julio de 1999, en presencia de sus dos sobrinos y su hermana, cuando el hombre ingresó al hogar de ésta para robar. Al mes, la niña y su familia descubrieron que quedó embarazada producto de esa violación e intentan ejercer su derecho a abortar, puesto que en México esta práctica no está penalizada cuando se trata de este tipo de abuso o la vida de la madre esta en riesgo. El gobierno le negó ese derecho, pero después de una enorme movilización, se comprometió a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el estado de Guanajuato —revela el informe presentado en marzo pasado durante la audiencia temática Derechos Reproductivos de las Mujeres en América Latina y el Caribe ante la CIDH — el Centro Las Libres documentó la situación de siete mujeres recluidas por “Homicidio en Razón de parentesco en agravio de un producto en gestación” que presentaban patrones similares. Una de ellas estaba sentenciada con la pena máxima de 30 años de prisión. En la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, expuso que a 17 años de la inclusión de los conceptos de salud reproductiva y derechos reproductivos, como parte de los compromisos y estrategia para promover el desarrollo sustentable y reducir la pobreza, dentro de los acuerdos de la Conferencia

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Internacional sobre Población y Desarrollo, todavía son una meta por alcanzar y tiene implicaciones directas negativas en la vida de las mujeres.

el Grupo de Información en Reproducción Elegida considera que “… Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México”.

En diciembre de 2009 nació el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, convocado por Feministas Socialistas. Julia Escalante, de IPAS, relata que durante el 2010 realizaron movilizaciones mensuales en las representaciones de los 17 estados que ya habían aprobado reformas constitucionales otorgándole derechos al no nacido con el fin de blindar la posibilidad de despenalizar el aborto, más Chihuahua que ya había reformado su constitución desde el 1994. Este año el Pacto realizará una movilización el próximo 28 de mayo. IPAS, como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, junto con GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia y Population Council, ha realizado acciones de cabildeo con tomadores de decisión en el marco de las reformas constitucionales.

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El pasado mes de abril se cumplieron cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación en el Distrito Federal, lo que ha permitido salvar la vida de más de 55.000 mujeres que tienen la posibilidad de abortar en condiciones seguras y sin riesgo.

Romero recordó que, sin la instrumentación de políticas y programas para promover los derechos y la salud sexual y reproductiva —que no sólo incluye la aplicación técnica sino también la inversión presupuestal apropiada— la población se enfrenta a situaciones que ponen en peligro su bienestar físico, mental y social e incrementan la pobreza. Tal es el caso del aborto inseguro. Por la falta de una legislación adecuada, las mujeres y sobre todo las más pobres, son prácticamente obligadas a poner en peligro su salud y sus vidas, añadió Romero. En entrevista con SEMlac, feministas que radican en la capital mexicana, Chiapas y Oaxaca coincidieron en que el problema del aborto es un asunto de salud pública y de justicia social que debe ser despenalizado. María Luisa Sánchez Fuentes4, ex directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que mantener el aborto como un asunto penal es anticonstitucional y, a la vez, una asignatura pendiente con la sociedad que está en las manos de quienes toman las decisiones, ya que representa un acto de violencia reproductiva. Desde Oaxaca, la codirectora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas5, señaló que penalizar el aborto genera mayor desigualdad social, porque no todas las ciudadanas tienen medios para realizarse un aborto seguro, con consecuencias malas para la salud y riesgo de muerte. Martha Figueroa6, del Colectivo Mujeres de Chiapas, dijo que corresponde a las mujeres tomar la decisión de abortar. “Es nuestro cuerpo y se debe despenalizar”, remarcó. Ejemplificó que “en el caso de Acteal (asesinato de indígenas en diciembre de 1997), hubo cuatro productos viables de siete y ocho meses de embarazo que no se contabilizaron como víctimas y la iglesia católica no dijo nada de esas cuatro víctimas… su posición se contrapone a esa política de proteger la vida”, por lo que — insistió— considero que la postura de penalizar el aborto resulta absurda y moralista. A su vez, Alma Luz Beltrán y Puga7, ex becaria en la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, afirmó que las 17 reformas para proteger la vida desde la concepción, son altamente preocupantes porque desconocen los derechos fundamentales de las mujeres ya reconocidos en los tratados internacionales. De acuerdo con Sánchez Fuentes, fueron una reacción a la despenalización del aborto en la ciudad de México, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ocurrió el 28 de agosto de 2008 y que

Norma Reyes Terán8, ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, apunta que para la Red de Organizaciones Feministas, despenalizar el aborto no obliga a interrumpir el embarazo, sino que deja abierta una posibilidad, además de reconocer el derecho de las mujeres a no parir en contra de su voluntad o riesgo de su propia vida y que significaría cumplir con el deber que le compete al Estado de proteger la vida de las mujeres.

Sin embargo, las organizaciones feministas coinciden que el camino aún es largo y que persisten las iniciativas que buscan la criminalización del aborto en todo el país. Existen, de igual forma, propuestas legislativas de la derecha como el proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a la Salud Materna, presentada hace varias semanas, por la diputada panista Paz Gutiérrez Cortina9 y de la cual alertó la legisladora Enoé Uranga10. Esta reforma, que aún se cabildea, reconoce que cuando el aborto no es contrario a la ley, deben realizarse en condiciones adecuadas, pero confirma la postura de la derecha en el sentido de seguir reconociendo que la maternidad se inicia en la concepción, otorgando atención médica especializada y gratuita y el apoyo necesario a través de programas asistenciales o de gobierno, con el fin de lograr pleno desarrollo y la culminación de su embarazo. En ese sentido, Gisela Sánchez Díaz11, de la organización Salud y

Género, sostiene que “no existen derechos de la mujer embarazada, sino derechos de la mujer cuando está embarazada y cuando decide no estar embarazada”. La resistencia es permanente. La jerarquía católica de Xalapa, Veracruz, está solicitando firmas para enviar al Congreso del Estado de Veracruz, a fin de invitar a las y los integrantes del órgano legislativo “a considerar la contundencia de los argumentos científicos, jurídicos y filosóficos que establecen que la vida humana comienza desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide” y se pronuncian por la ley que despenalice o legisle el aborto en el estado de Veracruz, denunció Articulación por el Derecho a Decidir, que señala que continuará alerta ante la nueva embestida eclesiástica. En Oaxaca, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, planteó la necesidad de despenalizar el aborto; se dieron algunas respuestas, pero volvió el silencio. En el Congreso de esa entidad, la diputación considera que es suficiente el reconocimiento de cuatro causales de aborto e incluso la aprobación de las normas de operación del aborto por violación que en septiembre pasado realizó la pasada legislatura. Feministas del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres prevén que la salud de las mujeres, y con ello la despenalización del aborto, será llevada al proceso electoral presidencial de 2012 con fines políticos, pero nunca para reconocer la ciudadanía de las mujeres, la jerarquía católica ni los conservadores lo van a permitirlo, como sucedió en los períodos gubernamentales de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

El estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar con 7% de embarazos Baja California Sur, Chiapas y Chihuahua alcanzan 6,9% De los 25.683 casos acumulados de mujeres con VIH/sida en México, el 93,4 por ciento (23.981) se concentra entre 14 y más de 45 años. (Fuente: CENSIDA hasta noviembre de 2010)

Entre los 15 y 54 años se ubican los porcentajes más altos de homicidios con respecto al total de muertes violentas de mujeres en 2009 Entre 35 y 39 años se ubicó el porcentaje más alto con 27,5 por ciento Entre los 30 y 34 años, 26,9 por ciento De 20 a 24 años, los feminicidios alcanzaron al 26,4 por ciento De 25 a 29 años, fue de 23,9 por ciento

Principales causas de muerte de mujeres - 2008

43.984 25.994 Enfermedades del corazón

Enfermedades isquémicas del corazón

39.939 34.204 Tumores malignos

Diabetes mellitus

4.835 4.036 Cáncer de mama

Cáncer del cuello del útero

1.108 1.425 Embarazo, parto y puerperio

Violncia machista

EMBARAZO ADOLESCENTE

700.000 8.000 entre 15 y 19 años fueron madres el último año

Menores de 14 años fueron madres el 2010

Fuente: INEGI, Estadística de Mortalidad

En las mujeres los suicidios son más comunes entre los 10 y 44 años de edad. El porcentaje más alto se ubica entre los 15 y 19 años, con 22,2 por ciento 10 a 14 años de edad con el 17,4 por ciento 25 a 29 años con el 14,4 por ciento 30 a 34 años con el 12 por ciento 20 a 24 con el 11,7 por ciento 45 a 49 años con el 11.1 por ciento 40 a 44 años con el 10 por ciento 35 a 39 años con el 9,9 por ciento del total de suicidios registrados en mujeres

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Estado de la Salud MÉXICO Embestida contra el aborto legal traerá más muertes

Por Alicia Yolanda Reyes12 Las consecuencias de la embestida que a nivel nacional está dando la derecha contra el aborto legal en México, serán más abortos clandestinos y más muertes de mujeres de escasos recursos, señaló a SEMlac la abogada Ángela García Reyes13. Aunque las sanciones en los códigos penales son, en teoría, para todas aquellas que acuden a esta práctica, en realidad recaerán sobre quienes, por carecer de recursos, acuden a seudo médicos, o intentan ellas mismas terminar con el evento, tras lo cual sufren hemorragias y se ven obligadas a asistir a las clínicas del sector salud, con el riesgo de que el médico las denuncie y vayan a la cárcel, explica la jurista. Quienes poseen los recursos acuden a centros privados, marchan al extranjero o viajan a la ciudad de México, por lo que tienen la oportunidad de practicarse el aborto en condiciones de higiene adecuadas, abundó. Por su parte, Martha Villaseñor14, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en Ciencias de la Salud, aseveró que, en un país que fuera enteramente democrático, el que hubiera grupos de ultraderecha que manejaran una visión conservadora sobre el aborto no sería tan grave, ya que finalmente quienes se ubiquen dentro de estas tendencias podrían seguirlas o no. El problema, añadió, es cuando en los países no se tiene clara la división entre iglesia y Estado, y un sector utiliza mecanismos ilegales. Es el caso de las políticas públicas donde tenemos verdaderos problemas, señaló. No sería problema que un sector considere que el aborto no está permitido, moral o religiosamente, siempre que sus integrantes tengan la opción de seguir esa norma de manera voluntaria. La cuestión es que ese sector quiere imponer políticas públicas que abarcan a todos, porque hace que mujeres, católicas o no, que no estén de acuerdo con ese precepto, sean obligadas a seguirlo, o se arriesguen a ser castigadas, sostiene la investigadora. Otro problema, añade, es que se utilizan argumentos seudo médicos y seudo científicos, en los que se asevera que el aborto, necesariamente, tendrá consecuencias negativas para la salud de quienes se lo practican, lo cual no necesariamente tiene que ser así, dice. Cuando las mujeres se practican el aborto en condiciones insalubres, además de tener que cargar con el repudio social y familiar, están expuestas a que se les acuse de cometer un delito y se les encarcele, y eso sí deja secuelas emocionales y físicas.

ESPECIAL SEMlac - FSIS 2011

Ambas entrevistadas coinciden en que, si bien en Jalisco no se han dado casos de mujeres que vayan a la cárcel por abortar, en otros Estados sí ha sucedido, lo que nos habla de una política persecutoria tipo cacería de brujas.

En ese sentido, García dice que le resulta alarmante la situación que se está dando en los Estados del Norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California. Y ejemplifica con el caso de una campesina presa, quien hizo este relato: ”Salí y sentí dolor en la panza y fue como si me escurriera algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer en el pasto, comencé a pujar para que saliera y cuando pasé mi mano por su nariz noté que no respiraba. Esperé a que llorara, pero no lo hizo. Estaba muerto”. Pese a esas declaraciones, esta chica, que pertenece a una familia que vive en pobreza extrema, fue condenada por el asesinato de su hijo. De nada valió el testimonio de sus padres, quienes corroboraron su declaración De acuerdo con datos recabados por la Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDSER), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010, la procuraduría de Justicia de Puebla inició 17 averiguaciones previas, incluida una contra una menor de 12 años. Del total, cuatro fueron denunciadas ante las autoridades y otras más han sido encarceladas. DDSER asevera que existen 30 casos de mujeres que esperan sentencia por esa situación.

Por su parte, Adriana Jiménez15, dirigente de esa red, lamenta que en algunas entidades federativas el gobierno federal incumpla con el artículo 416 de la Constitución y de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un caso que calificó de paradigmático ocurrió en Guanajuato, donde se han iniciado 161 averiguaciones previas por el delito de aborto. En esa entidad actualmente hay 14 mujeres sujetas a un proceso penal y nueve de ellas están sentenciadas. Se trata de mujeres pobres, campesinas cuyas condenas rebasan los 25 años de cárcel. Es grave que encarcelen a las mujeres que han abortado, como ha ocurrido en Baja California y Guanajuato, donde han detenido a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, denuncia García, quien además forma parte del colectivo CLADEM. A los grupos denominados PRO VIDA debería llamárseles pro muerte, señala, ya que no les interesa en absoluto la vida ni la libertad de las mujeres, “puesto que para ellos una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo, es una pecadora y una criminal que merece ir a la cárcel”. Verónica Cruz Sánchez17, directora de la organización Las Libres, denuncia que en Guanajuato los jueces sentencian a las mujeres que abortan llevados por sus creencias personales, morales y católicas, y no desde la perspectiva de la justicia. Sobre las muertes maternas, Araceli Prieto18, presidenta del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, en Guadalajara, señala que la inequidad y la doble moral de quienes detentan el poder han contribuido a que muchas mujeres pierdan la vida durante el embarazo o el aborto, no necesariamente provocado. Para quienes trabajamos el tema del derecho a decidir, coinciden Prieto y García, son importantes las historias de las muertes maternas por abortos mal practicados y por embarazos de alto riesgo. Sin embargo, ambas coincidieron en afirmar que, como activistas, también les importan las muertes por cáncer de mama y cérvico uterino, y las otras, que se incrementan por desnutrición crónica en las zonas y las periferias de las grandes ciudades. Asimismo, lkes preocupan y duelen las mujeres que mueren asesinadas y que quedan únicamente como “daños colaterales” en la llamada guerra contra el narcotráfico. En resumen, todas las especialistas entrevistadas por SEMlac aseveran que las muertes maternas, las enfermedades sexuales y la trata de mujeres tienen que ver con la falta de políticas públicas claras en los temas correspondientes, debido al desprecio del grupo del poder hacia las mujeres y su problemática. Son el reflejo de una manera de pensar, sus prejuicios y su sexismo, sentencian.

Referencias

Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres *Periodista hace 26, editora de Las Caracolas, suplemento feminista en Oaxaca. Conductora y productora de Mujeres en Voz Alta y Asoleándose en www.canalgentelibre.com. Autora de Mujeres de Oaxaca. 2 Abogada y maestra en Finanzas Púbicas por la UNAM, ex regidora de Equidad y Género del gobierno de la ciudad de Oaxaca. Conductora y productora de Mujeres en voz alta en www.canalgentelibre.com. 3 ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. (Constitución Política de Baja California) 4 María Luisa Sánchez Fuentes integra el equipo de GIRE desde sus inicios y fue directora de 2004 a marzo 2011. Feminista e integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres. 5 Ana María Hernández Cárdenas es directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres y por el derecho a decidir. Integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres. 6 Abogada y defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres. Reside en Chiapas e integrante del Colectivo de Mujeres de Chiapas. Defendió el caso de las mujeres tzeltales violadas por militares en 1994. 7 Alma Luz Beltrán Puga es abogada feminista y ex becaria de la CIDH. 8 Norma Reyes Terán feminista de la igualdad. Ex directora del Instituto de la Mujer de Oaxaca, fue diputada local y federal por el Partido de la Revolución Democrática. 9 Paz Gutiérrez Cortina es diputada federal del Partido Acción Nacional. Es integrante de las comisiones ordinarias de Cultura y Educación Pública. El pasado 30 de abril propuso crear una Fiscalía Especializada dedicada a dar atención integral a las víctimas de violencia y abuso sexual en contra de menores. En enero 2011 fue criticada por promover una iniciativa que buscaba que la publicidad relacionada con los condones se transmitiera después de las 10 de la noche, que no fuera vista por menores de 14 años y que especificara que usar preservativos no es tener “sexo seguro”. 10 Enoé Uranga Muñoz es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Activista del movimiento LGTBTTTI. Coautora y principal impulsora de la Ley de Sociedad de Convivencia, aprobada por la Asamblea del D.F. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Integrante de la Comisión de Justicia. Secretaria de la Comisión para la Familia e integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 11 Gisela Sánchez Díaz es responsable del área educativa en Salud y Género A.C. Trabajando con mujeres jóvenes: empoderamiento, derechos y salud. Es integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres. Vive en Querétaro, México.

12 Alicia Yolanda Reyes Alexander es periodista profesional desde hace 40 años, autora del libro El aborto, una liberación y activista en salud sexual y salud reproductiva. Formada en Sexualidad Humana en el Colegio Mexicano de Educación Sexual. Corresponsal de SEMlac y co fundadora y corresponsal de la Red de Periodistas de CIMAC, México. 13 Ángela García Reyes es abogada feminista, una de las voceras de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos humanos de las mujeres (CLADEM) en Jalisco, especializada en salud sexual y salud reproductiva. Trabaja para prevenir el cáncer de mama y asesora a mujeres que han abortado. 14 Martha Villaseñor es Doctora en Ciencias Sociomédicas, con especialidad en terapia familiar y perspectiva social en salud reproductiva. Es magíster en Ciencias de la Salud Pública con énfasis en Educación para la Salud y egresada de Advocay CEDPA/AMES. Integrante del Seminario Sexualidad y Género de 1994 a 2004, en COLMEX. 15 Alba Adriana Jiménez Patlán es originaria de Pachuca, Hidalgo, donde radica. Es coordinadora nacional de Ddeser (Derechos Sexuales y Reproductivos). Desde hace seis años, ha trabajado por la delegación de la Conferencia Mundial de la Juventud en Hidalgo, lo que le valió el reconocimiento a su trabajo y logros. 16 El Artículo 4° estipula que “los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, en la elaboración de sus presupuestos de egresos, podrán contemplar partidas presupuestales para cumplir con dichos fines”.

17 Verónica Cruz, coordinadora del grupo civil defensor de los derechos de las mujeres, en Guanajuato. 18 Araceli Prieto es actualmente directora del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, del cual es fundadora. Activista por los derechos sexuales y reproductivos, hasta hace un año era la representante de Ddeser Jalisco y de la Agenda Feminista. Magíster en Sexualidad Humana.

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7. Nicaragua

“No cambiamos derechos por votos” Por Sylvia R Torres* Fotos: Movimiento autonomo de Nicaragua

Managua, mayo 2011.- “No cambiamos derechos por votos”, se lee en la parte trasera de algunos buses de transporte colectivo en Managua, con la firma de varias organizaciones agrupadas en “El Movimiento Feminista”. Generalmente, en las grandes contiendas públicas, ya sean guerras o elecciones, la clase política recuerda a las mujeres; bien para halagarlas con promesas, o bien usar sus derechos como moneda de cambio y atraer el apoyo de grupos de poder. Esta es precisamente la explicación que la líder feminista Martha María Blandón2 ofrece sobre la acusación interpuesta contra nueve líderes feministas de varias redes sociales, en octubre de 2007, por una organización no gubernamental allegada al obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, por cuatro delitos graves: contra la administración de Justicia, encubrimiento de violación, asociación Ilícita para delinquir y apología del delito. Dos años y tres meses después, en marzo de 2010, tras el reclamo de las mujeres y presiones internacionales de organizaciones de derechos humanos, la acusación fue desestimada por el Ministerio Público. La imputación, según declararon a SEMlac en mayo de 2011 Blandón y Juanita Jiménez3, nunca debió ser admitida. Ambas líderes pertenecen al grupo de acusadas, representantes de redes de sociedad civil: Contra la violencia, Campaña 28 de septiembre, Coordinadora civil, Movimiento Autónomo de Mujeres, y Movimiento Feminista, sobre quienes pendieron amenazas de cárcel y retención migratoria.

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Para Blandón, Nicaragua no escapó de la tendencia prevaleciente en América, incluyendo a Estados Unidos, de usar el tema del aborto para intentar desprestigiar a los y las políticas que favorecen el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad. “Ni el presidente Barack Obama se escapó de esta corriente, impulsada por los sectores más conservadores”, agregó Blandón a SEMlac. Jiménez asegura que la resolución de no iniciar un proceso criminal contra las nueve mujeres fue posible “gracias a la batalla emprendida por las feministas, nacional e internacionalmente”, que logró sumar voces de repudio, incluida Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Para acusar a las defensoras de las mujeres en Nicaragua, los sectores conservadores usaron como precedente un emblemático caso ocurrido en 2003. En esa ocasión, feministas organizadas ayudaron a realizar un aborto terapéutico a la familia de una niña llamada por la prensa “Rosita”, de nueve años, violada y embarazada por ese hecho, supuestamente cometido por un vecino nacional de Costa Rica, donde la familia residía. Que se tratara de una niña obligada a emigrar

por la pobreza y los conflictos históricos entre estos dos países mantuvieron el caso en la prensa nacional e internacional. Lo cierto es que, aunque entonces en ambas naciones se permitía la interrupción del embarazo por razones medicas, el procedimiento le fue negado. Las feministas declararon que habían practicado “un aborto legal, pero clandestino”, porque el Estado nicaragüense se había negado a proteger la vida de la niña, que peligraba de llevarse a término la preñez. Los sectores conservadores, especialmente la jerarquía religiosa, iniciaron una ofensiva que terminó con la prohibición total del aborto, aun si peligra la vida de mujeres y niñas, el embarazo no es viable o es impuesto por violación o incesto. En esta acción se confabularon los legisladores de los partidos Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Liberal y Conservador, con la excepción del Movimiento Renovador Sandinista. En la campaña electoral presidencial de 2006, el candidato de este partido, Edmundo Jarquín, se había pronunciado a favor de restituir este derecho. En 2007, la madre de Rosita y la niña presentaron una denuncia por violación

contra el padrastro, que antes había sido presentado como el padre biológico de la niña. La Red de Mujeres Contra la Violencia las acompañó en la denuncia y el juicio, en el cual el padrastro resultó culpable. No obstante, la organización ligada a Mata presentó la denuncia por encubrimiento de violación y otros delitos, lo que, a juicio de Juanita Jiménez, era absurdo porque la Policía fue parte de las investigaciones realizadas en 2003. “Si el Estado de Nicaragua se hubiera apegado a derecho, hubiera desestimado la denuncia porque todo lo actuado en 2003 estaba en el marco de la Ley”, coincide en expresar Martha María Blandón. No había ninguna base para la acusación y debió ser desestimada, porque tanto el Ministerio Público como la policía estuvieron involucrados en la investigación. Las mujeres nunca recibieron copia de la denuncia y, por tanto, de las pruebas que acompañaban la denuncia, lo que les negó la posibilidad de defenderse y las dejó a merced de fuerzas para partidarias que estaban confrontadas con organizaciones de la sociedad civil. Según Blandón, la denuncia despertó mucha solidaridad hacia las acusadas, de manera que personas honorables de la sociedad nicaragüense, como los doctores Carlos Tunermann, Vilma Núñez, Francisco Báez, en total de unas 20, hicieron que la coerción no se `profundizara. Organismos internacionales como Human Rghts Wacht, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hicieron llamados públicos a las autoridades de gobierno a desestimar esas denuncias, pero no obtuvieron respuesta. Aun cuando se supone que el Estado se rige por la separación de poderes, en un momento el Fiscal General dijo que el tema estaba designado a la Fiscal adjunta, por órdenes de la presidencia. La Fiscal adjunta pertenece al partido de gobierno.

Blandón no sabe a ciencia cierta qué llevo a las autoridades a cerrar el caso, pero piensa que pueda deberse a un cálculo político que, dada la solidaridad despertada hacia las acusadas, nacional e internacionalmente, les resultaba incómodo tener que dar declaraciones al respecto. Aunque, obviamente, se sintió aliviada cuando el caso fue desestimado, porque al momento de prohibir el aborto terapéutico hubo muchos ataques públicos y en ese ambiente existía la posibilidad de que sufrieran acciones punitivas, “aleccionadoras”, lo que le llevó a tomar medidas de auto protección. “El gobierno de Nicaragua, mediante el Ministerio Público, desestimó la acusación debido a que era insostenible jurídica y éticamente”, sostiene Violeta Delgado Sarmiento. Las acciones en defensa de la vida y la salud de las mujeres no se detuvieron. Pese a esa “piedra en el camino”, la lucha por la restitución del aborto y otros derechos de las mujeres no se ha detenido. Por ejemplo Ipas, la organización no gubernamental donde labora Blandón, ha liderado con otras organizaciones el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto. Esta articulación enfoca sus esfuerzos en la educación de las mujeres, según explica Blandón. Ha centrado sus acciones en la sensibilización de la población y los tomadores de decisiones. El apoyo a la restitución del aborto ha subido: 25 por ciento de legisladores están a favor, mientras que Cid Galup señala, según una encuesta de finales del año 2009, que 65 por ciento de la población se pronuncia en el mismo sentido. El aborto realizado en condiciones inseguras es, a juicio de Blandón, una de las causas de muerte de las mujeres embarazadas.

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En marzo de 2011, el gobierno nicaragüense, a través de uno de sus portales electrónicos, anunció la reducción de la “muerte materna” hasta en 60 por ciento en relación con los 16 años de “gobiernos neoliberales”, con lo cual, dijo, se acercaba al cumplimiento del quinto de los Objetivos del Milenio (ODM) adoptados por el país a inicios del presente siglo. Nicaragua acordó reducir la tasa de mortalidad materna de una base de 90 muertes registradas en 1999 por cada 100.000 nacimientos, a 27 en 2015. Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), aseguró a SEMlac que la falta de información pública y la eliminación de una Comisión de Muerte Materna, en la que participaban organizaciones de la sociedad civil antes del arribo al poder del presidente Ortega, le hacen dudar de la veracidad de estos datos. Quintana llama la atención sobre variaciones inexplicables en la información colocada en los portales electrónicos del gobierno, en uno de ellos se cambia la meta de reducción de muertes maternas de 27 por cada cien mil nacidos vivos, a 40. También variaron cifras en relación con las muertes de mujeres embarazadas ocurridas cada año, pues mientras las estadísticas oficiales señalaban 107 durante 2007, el primer año del actual gobierno, en 2008 esa misma cifra había bajado milagrosamente a 70. El año anterior a la toma de posesión del nuevo presidente, la cifra de muertes maternas fue de 140, una de las más altas de América Latina. Las especialistas no creen que sean posibles saltos tan grandes en la problemática, puesto que además de situaciones médicas, como que se reportan anualmente unos 400 embarazos ectópicos, influyen factores culturales. En su favor, el gobierno ha divulgado la realización de acciones como el envió de brigadas médicas, que han visitado más de un millón de hogares en el campo; la capacitación de 500 enfermeras y la creación de casas maternas en las cuales se atienden, antes del parto, a mujeres con embarazo de alto riesgo. Un informe de Human Rights Watch, con sedde en Washington, titulado “Escucha sus voces y actúa: No mas violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua” ] , publicado en noviembre de 2010, refleja que en ese año 2010 fallecieron en Nicaragua por razones asociadas al embarazo 170 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos, como promedio anual. Por su parte, Amnistía Internacional demandó la restitución de aborto terapéutico en razón de que “la reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, resumió el organismo en un informe de 51 páginas, hecho público a mediados del año pasado. El método de calcular la razón de muerte materna enmascara algunos de los efectos de la interdicción del aborto terapéutico, asegura la respuesta del Movimiento Autónomo de Mujeres al cuarto informe periódico de Nicaragua presentado durante el 55º período de sesiones del Comité de Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, Suiza, del 13 de septiembre al primero de octubre de 2010. La misma fuente indica que la tasa de mortalidad materna incluye solamente muertes “directas”, resultado de complicaciones de embarazos, partos o posparto, y muertes “indirectas” debido a condiciones pre-existentes agravadas por el embarazo, o condiciones no obstétricas que surgen durante el embarazo, con riesgo para la vida o la salud.

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Sin embargo, excluye muertes “no obstétricas” de mujeres embarazadas, que no son causadas por condiciones obstétricas, incluyendo el suicidio, el homicidio o la muerte accidental. La proporción de muertes maternas atribuible a causas “indirectas” como cáncer, hipotiroidismo y trombosis venosa profunda ha aumentado 10 por ciento de 2006 a 2007, precisa el informe. De las 30 muertes en 2007, 12 eran atribuibles a las condiciones preexistentes exacerbadas por el embarazo, que probablemente habrían podido mejorarse por un aborto terapéutico. “Estas mujeres eran, en su mayoría, menores de 30 años y procedentes de zonas rurales; sus muertes evitables colectivamente han dejado 30 huérfanos”, agrega la misma fuente, que cita al informe “La Muerte Materna en Nicaragua: La vida de cada mujer cuenta”4. El impacto de la mortalidad materna en las familias nicaragüenses es severo: de las 115 mujeres que murieron por causas relacionadas con el embarazo en 2007, 87 eran madres que dejaron a 305 niños y niñas en la orfandad. Analistas estiman que, mientras prosiga la prohibición del aborto terapéutico, seguirá aumentando la mortalidad materna por causas evitables y consideran que la ley que establece dicha negación es una pena de muerte para las mujeres. El informe del Movimiento Autónomo resume sus efectos en que niega el acceso a servicios de aborto que salvan vidas y salud; retrasa o se opone a otras atenciones obstétricas de emergencia, incluidas las complicaciones de abortos clandestinos; y genera temor entre las mujeres a buscar tratamiento por emergencias obstétricas, por una parte, y de los médicos a atenderlas, por otra. Para Violeta Delgado Sarmiento, la eliminación del Código Penal del artículo que eximía de pena a la mujer por interrumpir el embarazo por razones terapéuticas colocó al movimiento reivindicativo en una posición de retroceso. “Las campañas nacionales e internacionales, justamente se han centrado en la restitución del artículo antes mencionado, reduciendo, en muchos casos, la demanda y el debate sobre la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos a la así llamada ‘despenalización del aborto terapéutico’”, declaró Delgado a SEMlac. En su opinión, aún falta dimensionar el impacto que la penalización del aborto ha tenido en la vida de las mujeres que son sometidas a violencia sexual. La “Investigación de Estadísticas Nacionales sobre Violencia Sexual”, realizada por la Asociación Probienestar de la Familia

(Profamilia) en 2008 arrojó que de 4.736 denuncias de violencia sexual, apenas 172 (3,6%) logran una sentencia condenatoria. El estudio no pudo establecer el porcentaje de las denuncias de violencia sexual que tuvieron como resultado embarazos no deseados, teniendo en cuenta que un elevado número de víctimas son mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, señala que aproximadamente una de cada cuatro denuncias de violencia sexual fue cometida por la persona encargada de su tutela y protección (padre y/o padrastro). En tanto, uno de cada dos peritajes de violencia sexual fue realizado a mujeres que reportaron al novio como el victimario, lo que revela el comportamiento abusivo en las relaciones de noviazgo, entre víctimas que, en el 85 por ciento de los casos, son menores de 18 años. Entre las consecuencias más comunes de la violencia sexual el estudio menciona las relativas a la salud reproductiva y mental y el bienestar social, incluyendo el suicidio, el síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales y embarazos no deseados. A la lista agrega las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, las lesiones autoinflingidas y, en el caso de abuso sexual de menores,

laadopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y consumir drogas. Monitoreos de los medios de comunicación masiva dan cuenta que de las niñas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual, entre 2005 y 2007, 198 resultaron embarazadas producto de la violación, 172 de estas niñas tenían entre 10 y 14 años y fueron obligadas, en algunos casos, a ser madres de sus propios hermanos, se informó durante la Audiencia sobre la situación de las mujeres en Nicaragua ante la Comisión Interamericana, en marzo de 2011. Delgado es partidaria de promover acciones de comunicación e información como una forma de educar e incidir gradualmente en la opinión pública a favor de la denuncia sobre la falta de institucionalidad que favorece los altos índices de impunidad existentes en el país y la violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente del derecho fundamental a su propia vida. Aboga además por la construcción de alianzas con otros actores de la sociedad, “de manera que la reivindicación por la despenalización del aborto trascienda a los grupos de mujeres y pueda ser reconocida como un problema y una demanda de la sociedad en general”, sostuvo.

Estado de la Salud NICARAGUA

• Los registros de las comisarías de la mujer de Nicaragua indican que se han incrementado las denuncias específicas por violencia intrafamiliar, de 8.856 en 2007 a 24.647 en 2008. El 76 por ciento de estos delitos ocurrieron dentro de la familia y en la propia casa.

Referencias

• La policía reporta que, entre 1998 y 2008, se denunciaron 14.377 casos de abuso sexual, es decir casi cuatro casos diarios de violación o abuso. Las dos terceras partes se trató de víctimas menores de 17 años y, de estos, la mitad correspondía a niñas menores de 14 años5.

* Sylvia Torres, feminista, antropóloga y feminista. Corresponsal de SEMlac en Managua, Nicaragua.

• El Instituto de Medicina Legal (IML) reporta un incremento de 43,7 por ciento en los peritajes forenses por violencia sexual, al comparar 2005 con 20096. Según el análisis de los grupos de edad, el mayor porcentaje de peritajes se dio en el grupo de 11 a 17 años (60%), seguido del grupo de 0 a 10 años (25%). Es decir, 85 por ciento de peritajes se practicó en menores de 18 años, lo que resulta sumamente preocupante, teniendo en cuenta el daño físico y psicológico que significa para la víctima.

3 Juanita Jiménez, abogada feminista, coordinadora del Movimiento Autónomo de Mujeres.

• En 2009 el IML realizó 413 peritajes de violencia sexual por mes, lo que equivale a un caso cada dos horas, aunque estimaciones del mismo instituto señalan que estas estadísticas solamente representan 10 por ciento de la totalidad de casos en el país7. • Niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en Nicaragua que resultan embarazadas producto de la violación, no tienen opción a la interrupción, debido a la derogación en el Código Penal del Aborto Terapéutico desde 2007. • Los casos de violencia aumentan en cantidad y en saña, mientras la impunidad es una constante. Los casos que reciben condena son mínimos y mínimas son también las penas que se aplican. En 2007, solo 25 por ciento de los casos denunciados fue conocido por los tribunales de justicia (29.489), porcentaje que disminuyó a 16 por ciento en 2008 (28.451)8. • La mortalidad materna en adolescentes en 2005 fue de 16,8% del total y aumentó a 20 por ciento en 2007, según datos del Ministerio de Salud. • Los suicidios relacionados a embarazos entre mujeres y niñas son especialmente preocupantes, ya que 30 por ciento de los embarazos corresponde a adolescentes y buena aparte resultan de violaciones. Algunos médicos denotan preocupación ante el número de mujeres jóvenes que ha muerto por pastillas insertadas en la vagina. Aunque el Ministerio de Salud clasifica estas muertes trágicas como suicidios, el perfil fuera de lo corriente ha llevado a muchos médicos a creer que estos quizás fueron envenenamientos accidentales por intentar abortar9.

“No cambiamos derechos por votos”

2 Martha María Blandón, feminista de larga trayectoria, directora de IPAS.

4 Ver Karen Padilla K: “La muerte materna en Nicaragua: la vida de cada mujer cuenta”, Ipas Centroamérica, Managua, 2008. 5 Anuario Estadístico Policial 2008, citado por Amnistía Internacional. “No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua”, 2010, p. 5 6 Departamento de Estadísticas del instituto de Medicina Legal. 2005: 3,450 peritajes y 2009: 4,961 peritajes. 7 Dr. Zacarías Duarte Castellón, Director IML. Presentación sobre Tendencia de la Violencia Intrafamiliar en Nicaragua 2005-2009 8 Informe presentado a la Audiencia sobre la situación de las mujeres en Nicaragua ante la Comisión Interamericana, marzo de 2011. 9 “Informe sobre violaciones del interés superior de la niña y la adolescente por la penalización del aborto terapéutico en respuesta al Cuarto Informe Periódico de Nicaragua. Movimiento Autónomo de Mujeres. 55º Período de sesiones del Comité de Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, Suiza, del 13 de septiembre al primero de octubre de 2010..

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8. Perú

Maternidad no deseada puede costar la vida a las mujeres Por Julia Vicuña Yacarine*

Lima, mayo 2011.- “Estaba desesperada, un hijo más sería un gran problema. Tenía cuatro. Mi marido me iba a echar la culpa: ‘por no cuidarte’, iba a decir. Así que le dije a Juana, mi amiga. Ella me contó que conocía a una curiosa que la ayudó cuando ella salió encinta. Me fui con ella. Tenía miedo de morirme. No sé qué me puso ahí y a las horas se me vino. Diosito no quiso que me pasara nada”, recuerda, aún con angustia, María

En Perú, de cada 100 mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), cada año 5,2 en promedio termina voluntariamente su embarazo no deseado, señala una investigación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder Internacional, titulada “El aborto clandestino en el Perú”.

Si bien la práctica del aborto, con excepción del terapéutico, es ilegal en este país andino, al año se producen 352.000 abortos en pésimas condiciones, lo que genera muertes maternas y problemas de salud derivados de la clandestinidad. El aborto terapéutico, legal desde 1924, es practicado con el consentimiento de la mujer embarazada, para salvar su vida o evitarle un mal grave de salud y permanente; sin embargo, hasta hoy, después de 87 años, no hay una norma que regule su procedimiento, por lo cual, quienes tienen embarazos de riesgo quedan expuestas al peligro de morir o de sufrir graves secuelas en su salud física y mental. La mortalidad materna y la muerte por abortos inseguros están íntimamente asociadas a la negación del ejercicio de los derechos reproductivos, y afectan fundamentalmente a adolescentes, mujeres pobres, rurales y nativas que no pueden

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En la selva, el 29,2 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez. Continúa el resto de la costa (11,8%), sierra (11,2%) y Lima Metropolitana (8,7%). La mayoría de ellas solo tiene estudios Mientras que el embarazo adolescente primarios y es pobre. representa una carga importante para el riesgo de muerte materna y perinatal, detalla En Perú, el interés por la sexualidad y la el Ministerio de Salud (MINSA), en su Plan reproducción en la agenda pública nacional Estratégico Nacional para la Reducción de data de hace casi dos décadas y la historia la Mortalidad Materna y Perinatal 2009 ha demostrado el impacto nefasto que puede tener sobre la salud y la vida de las mujeres -2015. políticas impulsadas por el Estado de manera La muerte materna en adolescente representa arbitraria. entre 12% y 16% del total de las muertes maternas, apreciándose un preocupante Entre 1996 y 2000, el gobierno de Alberto aumento en las edades más jóvenes de 10 Fujimorí impulsó el Programa Nacional de a 14 años, de acuerdo a los Registros de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, muerte materna 2007 – 2008 realizados por que tenía como una de sus metas “llegar al año 2000 habiendo alcanzado la prevalencia el MINSA. de uso de métodos anticonceptivos modernos Según la Encuesta Demográfica y de Salud y seguros necesarios para lograr una tasa Familiar (ENDES) 2004-2006, en 2006 general de fertilidad de 2,5 hijos por mujer”. el 12,7 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años alguna vez habían estado Las esterilizaciones forzadas estuvieron embarazadas. En el sector urbano la cifra se dirigidas a un sector poblacional específico: reduce a 9,5 por ciento, mientras que en la personas sumidas en la pobreza o pobreza zona rural asciende a 20,3 por ciento. acceder a los servicios de salud, señala el “Perfil de género y salud de la subregión Andina 2010”, estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

extrema, campesinos e indígenas.

transmisión sexual (ITS), especialmente la del VIH/sida.

Para alcanzar esa meta, el Estado impuso objetivos numéricos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV): cuotas de captación de usuarias por establecimiento y por agente de salud. A cambio, ofrecía dinero o especies al personal, estímulos y hasta amenazas de remoción en caso de incumplimiento, según un informe presentado por el Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

En 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones en igual situación, lo que ha variado significativamente. En la actualidad se vive un proceso de feminización del VIH y las infecciones se mantienen en el rango de una mujer por cada tres varones, lo que revela el incremento de la transmisión heterosexual, debido a conductas de riesgo.

A muchas mujeres les ligaron las trompas sin su consentimiento luego de otra intervención quirúrgica (postparto, post-aborto), inducidas por agentes de salud. A otras se les practicó la ligadura pese a que habían desistido antes del inicio de la operación. En la mayoría de los casos no se les informó las contraindicaciones, los riesgos ni los cuidados que debían tener luego de la intervención. En otros casos fueron intimidadas, recibieron trato humillante, terminaron encerradas en las salas de operación y hasta hubo casos de usuarias con un número elevado de hijos que fueron amenazadas a no ser atendidas en el siguiente parto. En muchos casos se obvió el requisito fundamental de que la paciente firmase personalmente un formato de autorización, o éste fue firmado sin el plazo reglamentario de meditación (72 horas entre la charla y la aceptación).

Según el Ministerio de Salud, la vía sexual es la mayor fuente de contagio del VIH/sida con 97 por ciento, seguida por la contaminación vertical (madre-hijo) con dos por ciento y el medio parenteral (transfusión o contagio de agujas contaminadas) con uno por ciento. Más del 50 por ciento de las personas infectadas con el VIH no saben su diagnostico, por la naturaleza asintomática de la evolución de la infección.

Consecuencias de las inequidades Una de las razones más comunes de mortalidad femenina en el Perú es el cáncer de mama y el de cuello uterino. Ambas suman 70 por ciento. Según la Agencia Internacional de Investigación Contra el Cáncer (IARC), una de cada 25 limeñas que viva hasta los 85 años tendría la posibilidad de desarrollar el cáncer de cuello uterino.

Hasta hubo ligaduras de mujeres embarazadas, según una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo y que consta en el Informe Defensorial Nº 27 “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II”. Para María Jennie Dador2, directora del Movimiento Manuela Ramos, la insensibilidad de las autoridades ante el drama del aborto y la muerte materna estaría asociada, por un lado, a los dogmas religiosos que lo consideran un pecado. “Por lo tanto, la mujer que se lo practica debe ser sancionada, condenada”, señala. Jennie Dador dijo a SEMlac que también influye que un porcentaje considerable de autoridades sea de sexo masculino, pues “por un lado, anteponen su dogma moral y, por otro, por más que traten de entender y ponerse en el lugar de la mujer que decide abortar, no lo pueden hacer”. “No toda la maternidad es voluntaria; hay violaciones, incluso dentro del matrimonio, y generan embarazos no deseados. En países como los nuestros, la maternidad y el amor las llevan a la muerte, porque en su afán de desligarse de una maternidad no deseada, no querida o inoportuna, ellas exponen su salud y vida en un aborto clandestino”, señaló. Muchas peruanas con vida sexual activa y en edad reproductiva se ven en peligro no solo por los embarazos no deseados, sino también por las infecciones de

En los últimos 30 años, el cáncer de mama ha incrementado su incidencia a 26,5 por 100.000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 9,3 por 100.000, de acuerdo con estadísticas del MINSA. La alta incidencia de estas enfermedades, que son curables si son detectadas en su fase inicial, está vinculada a la pobreza, pues un gran porcentaje de las afectadas son mujeres de bajos recursos económicos. Por otro lado, no se cuenta con una política desde el Estado que garantice acceso a servicios de detección temprana. Según una proyección de la IARC para el año 2000, se presentarían 4,101 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y el tratamiento de estos casos demandaría un gasto de 11.888.186,2 dólares anuales. Eliana Cano3, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Perú, dijo a SEMlac que “la jerarquía de la Iglesia católica ha demostrado insensibilidad, primacía de sus intereses y falta de compasión por el sufrimiento de muchas mujeres que, por diversos factores, tienen que afrontar una situación de interrupción de una gestación”. Para Cano, las resistencias de la jerarquía católica refuerzan un discurso hegemónico y totalizador respecto a la sexualidad y los

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derechos sexuales y reproductivos, con fines de control y poderío. “Las manifestaciones públicas en defensa de la familia, las presiones a los gobernantes para evitar la sanción de derechos sexuales y reproductivos, el dictado de instrucciones sobre el posicionamiento que deben tener las y los legisladores católicos frente a estos derechos, son algunos ejemplos de la obsesión del Vaticano sobre la sexualidad”, agregó. Por su parte, Miguel Gutiérrez Ramos, presidente del Comité Especial Mortalidad Materna de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explica que el artículo 30 de la Ley 26842, Ley General de Salud, plantea un conflicto entre el derecho o deber del secreto profesional de médicos, médicas y pacientes. En la publicación “Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia, artículo 30 análisis de constitucionalidad de la Ley General de Salud sobre la obligación de médicos y médicas de denunciar” señala que atenta contra los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas que acuden a los servicios médicos. La legislación establece que “el personal médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia

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que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de autoridad competente”.

Problema de salud pública El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de Salud; sin embargo, numerosos estudios sostienen que entre las muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran subregistradas muchas defunciones por aborto. Esta práctica constituye un problema de salud pública sumamente grave en el Perú, que afecta de manera directa e indirecta a la economía nacional, porque se da en condiciones inseguras, clandestinas, y llega complicada a los servicios, destacó Dador. “La atención de abortos incompletos y problemas de salud derivados de la clandestinidad generan altos costos para los servicios de salud. Tiene que ver con horas/ hombre, horas/mujer que atienden estos casos; cuesta camas y medicinas. También impacta en la economía porque las mujeres en edad reproductiva que mueren lo hacen justamente en el momento más productivo de sus vidas y dejan de aportar o de producir”, comentó.

Eliana Cano, Católicas por el Derecho a Decidir

Referencias La maternidad no deseada

podria costar la vida a las mujeres * Julia Vicuña Yacarine estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa y luego hizo estudios complementarios para obtener su Bachillerato en Periodismo. Entre 1983 y 1985 laboró en diferentes programas radiales de noticia en Lima y en la producción de programas radiales de prevención de desastres. Entre 1985 y 1986 se encargó de la promoción y difusión del cine peruano con la productora de cine Chaski. Ha laborado en diversos medios como el Diario la Razón, El Nacional, suplemento Mujer y Sociedad y colabora con la revista Viva editada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Fue responsable de la edición y promoción del Servicio de Información Especializada (SIE) de la Agencia de Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS), dirigido a ONGs y a otras instituciones. Es corresponsal de SEMlac en Perú desde 1988 y ha trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales de mujeres. Ha participado como miembro del equipo de la investigación Violencia contra las mujeres en los Servicios Públicos de Salud en el Perú. “Silencio y Complicidad” del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), que se realizó entre enero y junio de 1996. Desde el 2002 labora en Tarea Asociación de Publicaciones Educativas donde edita un boletín electrónico mensual, administra la página web institucional y es parte del equipo que edita la revista TAREA. 2 María Jennie Dador Tozzini es feminista, abogada, magíster en Ciencias Políticas y diplomada en Género, Procesos de Democratización y Derechos Humanos. Docente universitaria, investigadora y autora de diversas publicaciones, ensayos y artículos de opinión, actualmente es la directora del Movimiento Manuela Ramos. 3 Eliana Cano es psicóloga, coordinadora de “Católicas por el Derecho a Decidir-Perú”.

Estado de la Salud PERÚ • Se estima que en el Perú se realizan 40 abortos cada hora y unos 1.000 cada día. Las protagonistas son mujeres de toda condición socioeconómica y social. • La mayor cantidad de abortos clandestinos ocurre en la sierra, con 32 por ciento, en tanto Lima Metropolitana ocupa el segundo lugar, con 28; y la selva, el tercero con 14 por ciento. • Según estadísticas de los servicios de salud, poco

más de 62 por ciento de las mujeres que abortan es menor de 30 años. De este porcentaje, 14 por ciento es menor de 20 años.

• El 54 por ciento de las mujeres recurre al aborto porque no desea ese embarazo, principalmente porque al momento de la concepción consideró que su familia estaba completa, y 28 por ciento lo

hizo por razones económicas.

• La probabilidad de hospitalización por complicaciones postaborto es más alta si la mujer es pobre: 13,6

por ciento entre las pobres urbanas y 18,5 por ciento entre las rurales; y más

baja si la mujer pertenece a la ciudad y cuenta con recursos (1,5%); pero la probabilidad de hospitalización es también alta entre las mujeres rurales económicamente pudientes (9,4%).

• Por cada aborto hospitalizado, hay siete no hospitalizados. (Fuente: Ferrando, Delicia: “El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras”. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2002).

• 8 por ciento de las mujeres alguna vez unidas declaró haber sido obligada por su esposo o compañero a tener relaciones sexuales contra su voluntad. El mayor

porcentaje se presentó en divorciadas, separadas o viudas (20,2%). En el área urbana, 7,8 por ciento, y en el área rural, 8,4. (Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2009. Lima: INEI, 2010).

• El 4,3 por ciento de las víctimas de feminicidio durante 2009 fueron asesinadas por su pareja, por no estar de acuerdo con el embarazo o para silenciar un aborto. (Fuente: Registro de Feminicidio del Ministerio Público).

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9. República Dominicana

Narco y trata, crimen y rentabilidad Por Mirta Rodríguez Calderón* y Mercedes Alonso** Fotos: Lorena Espinoza Peña Fotos: Lorena Espinoza Peña

Santo Domingo, mayo 2011.- Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano por enfrentar la trata de personas, este tipo de explotación se acentúa aún más en este país caribeño, con nefastas secuelas para la infancia y las mujeres. Entre los pasos gubernamentales se incluye la creación de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito (CITIM) y un Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 20092014. Sin embargo, el problema crece por la desigualdad en el acceso a educación y formación de las niñas respecto a los niños, prefijada por una larga cultura de actitudes machistas; la discriminación en el mercado laboral, la violencia intrafamiliar y la feminización de la pobreza. Ya en noviembre de 2010, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, comentó la deplorable situación de República Dominicana en este tema, que comparte similar situación con Haití, Brasil, Argentina y México, este último en el primer lugar en producción de pornografía infantil. Los roles de género marcadamente discriminatorios para ellas, responsables como única cabeza del hogar o con cargas familiares no compartidas, multiplican sus tragedias, derivadas del frecuente crimen de violaciones y otras situaciones de las cuales intentan huir buscando oportunidades en el extranjero. Según la directora de la CATWALC, de

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cada 10 personas que son objeto de trata, por lo menos dos son menores de edad. Un Informe del Departamento de Estado estadounidense, divulgado a fines de 20103, califica a República Dominicana como “país de origen, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños que son traficados con el propósito de ser explotados sexualmente y de ser sometidos al trabajo forzado”, y la ubica en la categoría III, reservada a naciones que han hecho poco por frenar el comercio de seres humanos. La embajadora encargada de asuntos de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reconocida intelectual y poeta Luisa (Chiqui) Vicioso4, contó a SEMlac que, recientemente, escribió un artículo “donde confirmo la denuncia de que se está tratando con la niñez haitiana y dominicana, y hago un recuento que incluye datos por encima de los oficiales”, precisó. Al mismo tiempo, alertó sobre el matiz político de las categorizaciones: “no es posible que a Cuba y Dominicana las categoricen en el peor nivel, el 3, y a Colombia, la Israel de América, le den la categoría: 1. Al politizar el tema, lo desacreditan”, agregó.

A su juicio, las causas de este perverso flujo comercial “hay que buscarlas siempre en la pobreza y el desempleo” y “en que la demanda de mano de obra en Europa es para trabajadoras de servicio, incluidas domésticas, del sexo, cuidadoras de niños y de ancianos”. Autora de obras de teatro y poesía, en muchas de las cuales dirige su mirada hacia las mujeres, Vicioso añadió, con dejo de amargura, que “las mujeres pobres se han echado arriba la irresponsabilidad social de sus Estados” y aludió a sus remesas, “que cubren las necesidades básicas que nuestros gobiernos descuidan: salud, nutrición, vivienda y educación”. Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que la trata y el tráfico de personas no sólo existe, sino que crece en República Dominicana, según reconoció a SEMlac la doctora Rosario Graciano de los Santos5, ex viceministra de Relaciones Exteriores a cargo de Asuntos Migratorios, y ahora jueza de la Junta Central Electoral. Los principales destinos para la prostitución de dominicanas son Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Chipre, Panamá, Haití,

Jamaica, los Países Bajos, Panamá, Eslovenia, Surinam, Suiza, Turquía y Venezuela.

La tragedia se magnifica en la infancia haitiana El turismo sexual infantil se destaca como uno de los mayores problemas, particularmente en las áreas hoteleras de las costas, con turistas que, según informes, suman miles y llegan durante todo el año desde varios países, particularmente España, Italia, Alemania, Canadá y los Estados Unidos, en buscan de sexo infantil. El dominicano Centro de Orientación Integral (COIN) trabaja con migrantes y “regresadas”, pero no es nada fácil reinsertarlas al contexto social. No pocas vuelven a huir de su pobreza e, inclusive, de hogares violentos y parejas crueles. “A ello se suma que la mayoría ignora sus derechos humanos y vuelven a caer frente a redes de tratantes”, opina Marianela Carvajal6, joven ejecutiva de COIN. “Las tasas de desempleo de 16,2 por ciento, equivalente al doble de la media en Latinoamérica --que es de ocho por ciento--, afecta mayormente a mujeres, niñas y niños”, dijo Carvajal. Para la ejecutiva de COIN, “ello puede influir en que las personas sean engañadas por traficantes, que les buscan precisamente en las zonas más deprimidas y pobres del país. Las nacionalidades más comunes de las traficadas son haitiana, cubana, china, colombiana, ecuatoriana… que buscan, al igual que las y los dominicanos, un mejor futuro “, sostiene. En un encuentro sobre trata y tráfico, convocado en junio de 2010 por la cancillería dominicana, se subrayó como factores de riesgo que las mujeres son más vulnerables y más aún la infancia, en particular la haitiana. No es falso que madres y padres, en la frontera entre República Dominicana y Haití, vendían a sus hijos por unos pocos pesos, ante la angustia de tener que verlos morir de hambre en su propia familia. Tampoco es menos cierta la labor de mujeres que preparan con barro galletas de tierra, amasadas con agua y puestas a secar al sol. Aunque faltan datos cuantitativos, se sabe que la migración dominicana es eminentemente femenina; que las mujeres son usadas como moneda de cambio y satisfacción sexual; y que las demandas de los mercados foráneos en materia de empleo dan prioridad a los servicios sexuales y, en cierta medida, algunos trabajos considerados “femeninos”: cuidadoras y domésticas en particular.

Trata y narcotráfico, un vínculo negocio ilícito más redituable en el mundo, después del tráfico de estupefacientes y execrable La vulnerabilidad del país se intensifica por la pobreza y se agrava con la irresuelta lucha contra el narcotráfico, lo que genera una diversificación de nuevos métodos empleados por las organizaciones criminales, que encuentran en la trata de personas, piratería y secuestros, diferentes vías para el traslado de las drogas y comercio sexual, con lo cual obtienen cuantiosos recursos. Según las Naciones Unidas, la trata es el tercer

armas. Sus ganancias rebasan 30.000 millones de dólares anuales. Las edades de las dominicanas que enfrentan inescrupulosas actuaciones de redes o individuos encargados del tráfico oscilan entre 18 y 24 años de edad, aunque se estima que más de un millón 200.000 millones de menores caen en manos de las mafias internacionales, de los cuales 95 por ciento sufre violencia física o sexual y 43 por ciento es forzado a la

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(... viene de la página 45)

prostitución, servicios domésticos u otros trabajos esclavizantes. .En 2009 la Constitución dominicana consignó la prohibición de la trata y tráfico de personas en todas sus formas, a fin de instituir el cumplimiento de convenios internacionales suscritos7 sobre el tema que, como en otros muchos casos, pocas veces se cumplen por falta de reglamentaciones, vigilancia o seguimiento suficientes. Lo que no admite discusión alguna es lo dicho a SEMlac por la doctora Lilliam Fondeur8: “ninguna persona se autotrata”. Las estadísticas reflejaban, hace dos años, que unas 300.000 dominicanas realizaban trabajo sexual fuera del país; en tanto, otras 200.000 habrían sido o estaban en riesgo de ser traficadas9. La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró a mediados del pasado año que al menos 50.000 dominicanas en el mundo son sometidas a prácticas consideradas como trata. En abril último, las representantes del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) celebraron en El Salvador el Primer Encuentro Centroamericano sobre la Trata de Mujeres, donde se exhortó a cada país a promover legislaciones y políticas para la prevención del problema y la atención profesional de las víctimas, así como destinar fuerzas y recursos para hacerlas cumplir.

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Las ITS y el VIH/sida: ¿Quién contagia a quién en República Dominicana? A principios de 2010, el ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó un presupuesto histórico de 1,952 millones pesos dominicanos (alrededor de 50millones de dólares) dirigidos a los 14 programas de prevención de salud colectiva, entre los que figura el VIH/sida. Sin embargo, en agosto pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Sida (Onusida) y el Consejo Presidencial del Sida (Copresida) denunciaron “que la burocracia mantiene empantanado un proyecto de inclusión en la seguridad social de las personas que viven con VIH14”. Lo que, según Gustavo

Estado de la Salud REPÚBLICA DOMINICANA Rojas Lara, director del Copresida, “es una falta de respeto para el pueblo dominicano”, pues “tiene más de dos años en el Consejo de la Seguridad Social”, sin darle respuesta a la ciudadanía. Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)/Santo Domingo, del Centro de Estudios Sociales y Demográficos, realizada en 2002, indican una discreta disminución de las personas infectadas. Según UNICEF, 18 por ciento de los casos de sida del país corresponde a la población entre 15 y 24 años de edad, con posibilidad de haber contraído el VIH en años previos. En ese grupo, casi la mitad (48%) son mujeres, en un porcentaje que casi duplica el de las adultas en igual situación. Las cifras confirman la mayor vulnerabilidad al VIH/sida de las mujeres, especialmente adolescentes, debido a patrones socioculturales determinados por su condición de género: ellas se protejan menos que sus pares varones. Solo 10,6 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años usó el condón con cualquier compañero, contrastando con 46,9 por ciento de los adolescentes. Además, la mayoría no cuenta con información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual. A finales de 2000, el Programa Común de las Naciones Unidas para el VIH/sida (UNAIDS)15 informó que en República Dominicana entre 150.000 y 170.000 personas vivían con VIH, de las cuales dos por ciento eran mujeres embarazadas. Cerca de 7.900 niños y niñas quedaron huérfanos por esta causa desde el comienzo de la epidemia, hasta esa fecha y 5.120 menores de 15 años estaban infectados con VIH.. Además, 70 por ciento las infecciones por VIH eran transmitidas por contacto heterosexual. Encuestas publicadas por la Red Dominicana de Personas que Viven con VIH (Redovih) indican que las mujeres se contagian más, debido a “la infidelidad como institución”, que entraña una cultura machista. “Según la primera encuesta sobre sexualidad del dominicano de Omnicom Media Group, 73 por ciento de los hombres reconoce haber sido infiel, contra 27 por ciento de las mujeres”. La presidenta de Redovih, Dulce Almonte, resume: “Se entiende que el hombre puede tener 10 mujeres y que la mujer tiene que ser solo de uno”. Los datos más recientes entregados por la Dirección de Control de Las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) indican que en el país “la tasa de transmisión vertical es de 7,6 por ciento. Almonte acusa: “Una cesárea equivale a 50 por ciento de posibilidades de que el bebé nazca sano, pero a la mayoría de las mujeres no las internan a las 38 semanas para hacerle la cesárea, que es lo que manda el protocolo. La cantidad de mujeres VIH positiva que da a luz por parto es muy alta, por eso el Programa de Transmisión Vertical es un fracaso”.

Otro estudio relevante de Profamilia, titulado “República Dominicana: Estigma y discriminación en personas que viven con el VIH”, asegura que casi 30 por ciento de las mujeres fueron aconsejadas por un profesional de la salud para no tener más hijos y casi 20 por ciento informó haber sido coaccionada para esterilizarse16. La misma fuente mostraba que 4,3 por ciento de quienes habían sufrido alguna ITS tenía VIH/sida, y se señalaban entre otras afecciones más comunes en el país, la blenorragia, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, condilomas acuminados, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, clamidiasis, linfogranuloma venéreo, vaginosis por corinebacterium y gardnerella, verrugas genitales, herpes simple y hepatitis B. No faltan quienes culpabilizan a las mujeres que realizan trabajo sexual por el incremento del VIH en ese segmento. Jacqueline Montero17, directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), con un trabajo tenaz de muchos años, ha conseguido organizar a estas trabajadoras y que se protejan, exijan condón a sus clientes y se sientan dignificadas, pese a los estigmas. Montero también ha sido víctima de la prostitución, pero su liderazgo, lucidez y trabajo son tales que, en el municipio portuario donde vive, Haina, a unos 40 minutos de Santo Domingo, la capital, en las elecciones de mayo de 2010, fue elegida Regidora, un cago equivalente al de Concejal en otras regiones. No le faltaron detractores, claro está. Entre estos, muchos le enrostraban el trabajo que realizó en el pasado como trabajadora seuxal. Montero afirmó a SEMlac que el incremento de personas con VIH/sida no se debe a las trabajadoras sexuales, quienes se protegen con todos sus clientes, según sus investigaciones. Ella asegura que estas mujeres no contraen el virus por el trabajo sexual, sino por su pareja de confianza. Ante la interrogante de ¿quién contagia a quién?, Montero señala como culpables a los pervertidos sexuales, muchos de ellos adictos, a las “sustancias prohibidas” y a algunas personas que carecen de conocimiento e información sobre el VIH y el uso correcto del condón. Un debate que en algunas partes del mundo está abierto es el de si hay mujeres que hacen trabajo sexual por decisión o si esto es fruto de la necesidad más apremiante. Ella fue enfática en su respuesta: “ninguna mujer hace trabajo sexual por voluntad propia, lo hace por necesidad”, aseguró la directora del MODEMU.

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Se prevén más muertes maternas De enero a marzo de 2011, la mortalidad materna se incrementó con el fallecimiento de 34 madres10, y la mortalidad infantil con 346 niños, todo ello pese al alto subregistro estimado en los reportes hospitalarios. El año pasado ocurrieron 188 muertes maternas11, un mal que parece no tener fin, según especialistas. El doctor Milciades Albert, presidente de los Ginecólogos en República Dominicana, las considera “un hecho inaceptable, una vergüenza”, pues “mueren las pobres, que van a los hospitales del Estado”. A inicios de abril pasado, la colega Altagracia Ortiz, del periódico Hoy, hizo la cuenta: por cada mes transcurrido de 2001, fallecieron 11,3 mujeres, la mayoría jóvenes, con la condición siempre presente de muy escasos recursos: las que no pueden acudir a clínicas privadas. Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología señalan que la mortalidad materna es superior a 158 por cada 100.000 nacimientos; y la tasa de mortalidad infantil es de 31 por cada 1.000 nacidos vivos, uno de los índices más altos en la región12. Para la directora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Altagracia Guzmán Marcelino, son muertes evitables, “pues al 99,9 por ciento, incluyendo aquellas cardiópatas que llevan un embarazo, se les puede dar seguimiento y no fallecen”, sostiene. Agrega que 98 por ciento de los partos se realizan en centros hospitalarios y por médicos. “El problema es el servicio: aparte de la calidad de la práctica médica, faltan los insumo. Las direcciones de los hospitales deben garantizar que el médico o médica tenga las condiciones para hacer ese parto”, indica. Las propuestas de modificaciones al Código Penal están cursando ya en el Congreso, con varias cláusulas nocivas para las mujeres, pues el aborto, penalizado sin excepciones, incrementará el número de víctimas. La ginecobstetra Lilliam Fondeur, articulista y autora de Las hijas de nadie, un libro de testimonios e historias salidas de las propias hojas clínicas que tiene en su consultorio, advirtió a SEMlac que “existe un interés marcado en acusar a las y los prestadores de servicios de salud” por la baja calidad de la atención. “Mientras insistan en maquillar las reales causas, la mortalidad materna no experimentará la baja”, sostuvo. Entre las limitaciones que inciden negativamente, mencionó la falta de recursos como un banco de sangre, con paquetes globulares disponibles para asistir emergencias obstétricas; la poca motivación y preparación de las y los prestadores de servicio, así como la carencia de un equipo de emergencias quirúrgicas con personal calificado. Tampoco se dispone de políticas comprometidas para evitar los embarazos no deseados. “Las campañas de prevención se centran en posponer el inicio de la relación sexual. Niñas, jóvenes y mujeres adultas que llegan al hospital embarazadas de término o con aborto incompleto, salen sin métodos anticonceptivos; algunas son esterilizadas”, describe. Desde su punto de vista, los discursos se contradicen con la realidad. Mientras 475 farmacias estatales, repartidas por el país, promueven la venta de medicamentos esenciales, en sus listas no

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incluyen anticonceptivos ni preservativos. “El Estado no los considera medicamentos esenciales”, precisa. En su opinión, en manos del movimiento de mujeres queda seguir una concientización constante y efectiva para evitar embarazos no deseados; educar a la población sobre temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos, y el derecho a la vida, incluidas las mujeres, junto a la promoción de campañas que evidencien que “las muertes evitables son una estrategia a considerar”. Se precisa de “un abordaje integral del aborto, que incluya aspectos legales, médicos y sociales, pues lo que está en peligro es, precisamente, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Sergia Galván13, directora Ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales de marzo último. Un acuerdo reciente del Foro Feminista dominicano fue, justamente, desplegarse por hospitales y comunidades para obtener información fidedigna y que estas muertes de mujeres no sean enmascaradas ni pasen inadvertidas. Porque no es nada raro que una mujer con una interrupción en curso muera de hemorragia y en los reportes hospitalarios se consignen otras causales.

Referencias

Narco y trata, crimen y rentabilidad

* Cubana, periodista, profesora Titular Adjunta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Corresponsal de SEMlac en República Dominicana y además para el área andina de medios de República Dominicana y México; además de colaborar para publicaciones en Estados Unidos y la agencia CIMAC de México. Promotora de alianzas entre periodistas en Ecuador, República Dominicana y Cuba en función de incluir enfoques de género en la comunicación social. Integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe y de la Red Internacional dePeriodistas con Visión de Género. Actualmente trabaja en República Dominicana, donde forma parte del Comité Gestor de la Red Dominicana de Periodistas (hombres y mujeres) con Perspectiva de Género. Es coeditora de la revista de género y comunicación A primera plana, cuya divisa es llevar a primera plana de los grandes medios la agenda de la equidad de géneros. Autora de Hablar sobre el hablar (Editorial de Ciencias Sociales,La Habana, 1986), acerca del lenguaje como expresión de conductas; Dígame usted (Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 1988), un compendio de artículos y reportajes sobre las mujeres cubanas y sus dificultades para acceder a la igualdad. Coautora de Tania, la guerrillera inolvidable y Semillas de fuego. Son suyas varias decenas de artículos y ensayos periodísticos publicados en Cuba sobre temas políticos y sociales. ** Cubana, Licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana. Ha laborado en medios radiales, escritos y televisivos, en Cuba y en República Dominicana. Ha colaborado con otros medios internacionales. Actualmente trabaja en República Dominicana como editorialista y redactora del multimedios DominicanosHoy. com y forma parte de la Red Dominicana de Periodistas (hombres y mujeres) con Perspectiva de Género. Autora de Casados con la verdad (Editorial Letras Gráficas, Santo Domingo, 2006); Máximo Gómez. El Viejo Mambí (Editorial Manatí. República Dominicana, 2005); Oda a la Luz: Canto de corte poético y sinfónico para coros y orquesta, 2000, La Habana; “En el Umbral del Silencio”, prólogo a un reportaje artístico fotográfico, publicado por Grijalbo (Italia- México) y Publicaciones Especiales del Instituto Cubano del Libro, 1999; “Fuego en San Pedro”, publicado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, 1996; “Los Malagones” (Editorial Verde Olivo, Cuba, 1995); “Reencuentro” (Editorial Verde Olivo, 1993). Co autora de la Antología Poética de Editorial Sedusa, dedicada a Alfonsina Storni, Buenos Aires, por ganar premio de poesía 2006 3 Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Trata de Personas, publicado en República Dominicana el 13 de junio de 2010. Periódico Hoy. El País, 14 de Junio de 2010, bajo el título: “Estados Unidos degrada RD a peor categoría trata persona” 4 Luisa (Chiqui) Vicioso es embajadora encargada de asuntos de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores; reconocida intelectual, poeta y escritora, nacida en Santo Domingo, cursó sus estudios en Estados Unidos y Brasil; alcanzó los títulos de Licenciada en Sociología e Historia de América Latina por el Brooklyn College, de Nueva York; la Maestría en Educación por la Universidad de Columbia y un Postgrado en Administración Cultural por la Fundación Getulio Vargas (Brasil). Premio Nacional de Teatro 1996. Fue escogida por la Dirección General de la UNESCO para integrar el Comité Internacional de Coordinación para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la República de Haití, tras su devastación por el terremoto de enero de 2010. 5 Rosario Graciano de los Santos, abogada y defensora de los derechos fundamentales de la mujer, ha declarado siempre su apoyo a las dominicanas víctimas de tráfico o de trata y ha gestionado su retorno voluntario al país a través del servicio consular. Se le reconoce su labor diplomática como artífice de la implementación del Voto Dominicano en el Exterior. 6 Marianela Carvajal es abogada del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) en República Dominicana, donde ejerce, además, como vocera. Integra la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, donde desarrolla un trabajo orientado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la juventud negra. Activista de movimientos sociales desde muy joven, se reconoce su militancia entre las organizaciones de la juventud negra de América Latina y el Caribe en pro de las políticas específicas para las mujeres jóvenes afrodescendientes. Actualmente asesora jurídicamente a las víctimas del tráfico de personas en el Centro de Acogida para Personas Víctimas de Tráfico de la República Dominicana. 7 Entre los tratados suscritos por República Dominicana para enfrentar la trata de personas se encuentran:

-Protocolo Operativo. Para la Atención Psicosocial y Legal a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Esclavitud Sexual y Trata, 2010 -Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. República Dominicana formó parte de un grupo de países que firmó el Protocolo en 2000. -Bajo la organización del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el mes de junio 2008 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional del Mercosue y Estados Asociados sobre Trata de Personas y Pornografía Infantil, con la participación de República Dominicana. 8 Lilliam Fondeur, Doctora en Medicina con especialidad en Ginecología y Obstetricia, , articulista y autora de Las hijas de nadie, conmovedor libro científicamente ilustrativo de las tragedias que viven las mujeres en República Dominicana, donde las interrupciones de embarazo están penalizadas. Como “una sanción a la pobreza” califica la médica el aborto: “El pecado de ser pobre es lo que se penaliza”, asegura en uno de los capítulos de su libro. Nació en Santo Domingo y tiene un post-grado en Reproducción Asistida y maestría en Género y Desarrollo. Sus artículos, publicados en diversos medios de comunicación, abordan no sólo temas de salud, sino también la problemática social y diversos aspectos de la vida. 9 “RD vulnerable ante esclavitud siglo XXI”, Redacción DH, publicada en el Multimedios DominicanosHoy.com, Santo Domingo, 23 de abril de 2011. 10 “Mortalidad materna se eleva; 34 defunciones en un trimestre”,en Altragracia Ortiz Y Raisa Mieses, Hoy Digital. El País, 3 de abril de 2011 11 “Revisarán acciones. ginecólogos preocupados por 188 muertes maternas en el 2010”, en Listín Diario.com, 28 de febrero de 2011. 12 Ver “Profamilia advierte: si no se cumplen ODM seguirán muriendo mujeres por parto en RD”, en El Jaya.com, República Dominicana, 24 de septiembre de 2010 13 Sergia Galván, directora Ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, fue de las protagonistas en exponer ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., las violaciones a los derechos reproductivos de la población femenina en el país, en la primera ocasión que se concede una audiencia para tratar la problemática que genera la criminalización del aborto en nuestros países, así como los obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este es legal. Coordinadora Regional de la Campaña 28 de Septiembre sobre Despenalización del Aborto, ha desarrollado una labor de gran relevancia estratégica para la despenalización y/o legalización del aborto en la región y por los derechos de la mujer dominicana. 14 “Onusida y Copresida denuncian que engavetan un proyecto que favorece a personas que viven con VIH”, Mi Bahía. Net, 4 de agosto de 2010. 15 Publicado en Monografías.com, Salud, Enfermedades. Infecciones de Transmisión sexual. Año 2000, Programa Común de Naciones Unidas para el VIH/SIDA (UNAIDS). 16 Ver la categoría salud en Loo busca.com “, bajo el título: “Vivir bajo la discriminación del VIH”, 30 de octubre de 2010. 17 Jacqueline Montero, directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), en República Dominicana, defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, se ha destacado por su lucha en contra de la persecución y maltratos de que son objeto estas mujeres y ha apoyado su capacitación como integrante, junto a otras organizaciones en el país, del “Proyecto Educación Vocacional: una oportunidad de inserción laboral”, dirigido a capacitar a 500 trabajadoras sexuales. Actualmente, funge como Regidora del municipio portuario donde vive, Haina, a unos 40 minutos de Santo Domingo, la capital dominicana.

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10. Uruguay

Momento clave para la consolidación de derechos sexuales y reproductivos Por Isabel Pérez*

Montevideo, mayo 2011.- Mientras el Ministerio de Salud Pública de Uruguay crea la obligación de que existan en todo el país Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, el Parlamento se dispone, por medio de un proyecto que presentará el oficialismo, a debatir la despenalización del aborto. Uruguay se encuentra en un período clave en materia de derechos sexuales y reproductivos. No sólo por lo que ha hecho el actual gobierno respecto a la aplicación de la Ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva vigente, que no contiene, sin embargo, el capítulo sobre despenalización del aborto, vetado por el anterior presidente, Tabaré Vázquez. También porque, en el actual período legislativo, será debatido en el parlamento un nuevo proyecto, acordado por el partido de gobierno, que consagra el derecho de “toda mujer mayor de edad (…) a decidir la interrupción del embarazo” durante las 12 primeras semanas de gestación. Un análisis realizado por la Universidad de la República en 2010, a partir del Latinbarómetro 2007, da cuenta de que Uruguay tiene un porcentaje ampliamente mayor que el resto de los países de Latinoamérica de justificación de la práctica de aborto por parte de sus ciudadanos. La proporción es de 4,1 en 10, respecto a un promedio de 2,1 en 10, donde 1 es “nunca se justifica” y 10 es “siempre se justifica”. Por tratarse de una práctica ilícita, no existen en el país datos oficiales sobre la cantidad de abortos que se realizan al año. Sin embargo, la investigación más rigurosa en la materia, realizada en 2003 por Rafael Sanseviero, bajo el título de “Condena, tolerancia y negación; el aborto en Uruguay”, estima unos

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33.000 abortos voluntarios anuales como línea base. Para la sociedad civil y el movimiento de mujeres organizadas, si bien se han dado avances fundamentales, la despenalización del aborto es la única vía para garantizar completamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, sostuvo en una rendición de cuentas, realizada a propósito del Día Internacional de las Mujeres, que “avanzar en el acceso y la calidad de la salud de las mujeres” es una prioridad del gobierno porque forma parte del objetivo central de propiciar la “igualdad y redistribución de la riqueza, en un marco de consolidación de derechos ciudadanos y activa participación social”. Derechos que son hechos En este contexto, el organismo rector en la materia diseñó políticas de salud sexual y reproductiva, pues a pesar de reconocer que la Ley 18.426 aprobada en 2008 “no dio una respuesta integral a algunas problemáticas como el aborto en condiciones de riesgo”, en este segundo gobierno progresista se abogó por garantizar los aspectos sí establecidos en

dicha norma, según Olesker. La Ley citada contiene aspectos que la actual administración consideró su responsabilidad hacer efectivos: la creación de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en todo el territorio nacional, y el acceso universal a métodos anticonceptivos, ambos asegurados mediante normativas aprobadas en 2010 y 2011, que obligan a instituciones públicas y privadas de todo el país a incorporar los cambios. Los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, creados en 2010, no eliminan “funciones asistenciales intransferibles” de cada profesional ligado al tema, sino que se constituyen en referencia para su accionar, por medio de un Equipo Coordinador que será responsable, en cada institución, de unificar criterios para el abordaje de las prestaciones y derechos de varones y mujeres que acceden a ellos. A su vez, el gobierno reglamentó el acceso universal a métodos anticonceptivos reversibles, concretamente los orales, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y los condones. Se trata de medios que deben ser entregados

a sus usuarias y usuarios por todas las instituciones de salud públicas, que ya lo venían haciendo, y las privadas, que no lo hacían porque no estaba incluido entre las prestaciones obligatorias a su cargo. Para ello se estableció una tasa moderadora muy baja, que no afecte la accesibilidad por razón de costos. En enero de 2011 se garantizó, además, por medio de otro decreto, la gratuidad de los métodos anticonceptivos irreversibles (ligadura de trompas y vasectomía), lo cual significa un avance muy importante en materia de salud de mujeres y hombres. Otro de los compromisos expresados por el ministro es el de trabajar para la colocación gratuita o subvencionada del Dispositivo Intrauterino (DIU), dando fin al cobro del acto médico por esta prestación. Las organizaciones de mujeres consideran que, en la actualidad, esta situación constituye una traba para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.

2007. El director ministerial, por su parte, está convencido del aporte estratégico que tendrán estos nuevos espacios institucionales, en tanto “permiten avanzar por los lugares de menor resistencia” y darán lugar a la inclusión de nuevas prestaciones, como la del aborto --de despenalizarse--, asegurando que pueden constituir un “modelo para la región”.

Si bien el director ministerial asume que, desde el Ejecutivo, solo se puede regular lo que está vigente, aseguró que “están pensados para que introduzcan nuevas prestaciones que esperamos prontamente sean agregadas, de acuerdo al compromiso asumido por el Poder Legislativo”. Según datos de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en el país “cada 20 minutos una mujer debe enfrentar los riesgos que tiene el aborto clandestino”. A su vez, encuestas de opinión pública han arrojado datos de amplia aprobación respecto a una posible despenalización de la práctica del aborto: 61 por ciento de la población, según la empresa FACTUM en

El debate se reinstala

Una mirada singular

Verónica3, una joven de 26 años que accedió a la consejería pre y post aborto cuando esta solo se realizaba en el sector público, relató a SEMlac su vivencia. “Evidentemente, acceder a alguien con conocimiento te da tranquilidad. Hay una explicación para lo que vas a pasar y lo que va a sentir tu cuerpo, aunque el Despenalización proceso se extiende un poco”, pues los Según dijo a SEMlac Leonel Briozzo2, profesionales “te ven antes y después encargado del diseño de la política de utilizar el mysoprostol en tu casa. sanitaria en el estatal Ministerio de Eso también da claridad. Te preparas”, Salud y encargado de la cátedra de cuenta ella. Ginecología de la Facultad de Medicina, Antes de ir al hospital, Verónica había la creación de los Servicios implica un consultado a una clínica privada. El paso fundamental. médico le había dicho telefónicamente: Ese será el espacio donde confluirá tu ven, te doy las pastillas y ya está. la atención a todos los aspectos de la “Paralelamente fui a la primera entrevista salud sexual y reproductiva, desde la en el hospital y lo primero que me consultoría en sexualidad placentera explicaron fue porqué era conveniente hasta el asesoramiento pre y post aborto comenzar con una ecografía. Eso ya me a mujeres para evitar su realización en decidió a seguir ese camino”. condiciones de riesgo, asesoramiento Consultada por SEMlac acerca de su reglamentado desde 2004 por ordenanza opinión sobre la universalización de ministerial e incorporado a la Ley de este derecho al sector privado, la joven 2008. dijo que democratiza la posibilidad de Uruguay presenta un número muy bajo acceder a la información y al cuidado. de muertes maternas. En 2008, según Agregó que sin estos derechos, que datos oficiales, murieron sólo cuatro integró la Ley de 2008, “terminas mujeres, aumentando significativamente dependiendo de la valoración del médico en 2009 a 16 casos, en gran medida Leonel Briozzo , encargado del que te pueda atender”. atribuibles a la gripe A/H1N1 y regresando en 2010 a una cifra diseño de la política sanitaria Sin embargo, la despenalización de la muy baja: tres muertes en total. en el estatal Ministerio de práctica cambiaría completamente para A su vez, las muertes atribuidas a aborto provocado en Salud y encargado de la Verónica la vivencia de las mujeres, cátedra de Ginecología de la condiciones de riesgo se ubican en 0 de 2008 a la fecha, lo que Facultad de Medicina pues para ella se trata de un tema de en los informes oficiales se explica por la universalización del “libertad para planificar la propia vida. asesoramiento pre y post aborto como práctica institucional, No tendrías que pasar por la sensación entre una de sus causas. de que estás haciendo algo malo y se accedería a mejores condiciones”, porque hoy “las pastillas (que sirven como Briozzo sostuvo, a su vez, que “estos Servicios son la base infraestructural método abortivo) no se consiguen fácilmente”, y eso agrega para los cambios legislativos que se esperan en los temas de salud sexual sufrimiento. y reproductiva”. En este 2011, un nuevo proyecto de ley consensuado por la fuerza política de gobierno tendrá tratamiento legislativo, contando esta vez con el compromiso del presidente de la República, José Mujica, quien ha manifestado que, de aprobarse en el parlamento la despenalización del aborto, él no la vetaría. El proyecto consagra el derecho de las mujeres mayores de edad a decidir sobre la interrupción del embarazo en

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las primeras 12 semanas de gestación, y establece que todas las instituciones de salud estarán obligadas a practicarlo con recursos propios o contratados con terceros. La propuesta autorizará, a su vez, abortos por malformaciones graves del feto luego de las primeras 12 semanas de gestación, cuando sean incompatibles con la vida extrauterina. Aún falta definir cómo se manejará el aborto en casos de embarazo en la adolescencia. Frente a esto, la Comisión Nacional de Seguimiento de los acuerdos de Beijing, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS Mujeres), plataforma de la sociedad civil que nuclea al conjunto de las organizaciones de mujeres del país, reconoce como positivo que, a partir de la Ley 18.426 aprobada en 2008, se hayan reglamentado algunos aspectos sustanciales del tema. Sin embargo, considera que “queda pendiente un tema nada menor, que es el del aborto”, según expresó a SEMlac Milka Sorribas4, coordinadora ejecutiva de

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CNS Mujeres. La legislación actual “deja un gran vacío para las mujeres que transitan embarazos no deseados y esto es una clara expresión de inequidad de género, pues la ilegalidad implica una gran discriminación”, sostuvo. Además, “estamos convencidas de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, a pesar de que en la sociedad aún hay algunos sectores con posicionamientos que “no nos reconocen como sujetas políticas” y tienen una perspectiva de “tutelaje”, que no respetan la autonomía física de las mujeres, aseguró a SEMlac.

Estado de la Salud URUGUAY En Uruguay, 15,8% de los nacimientos tuvieron como madres a mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años, según la Organización Mundial de

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Referencias

Momento clave para la consolidación de derechos sexuales y reproductivos * Isabel Pérez es periodista y profesora de Filosofía. Se especializa en temáticas de género y derechos humanos en el suplemento La República de las Mujeres, del diario La República, donde trabaja desde 2006. Ha colaborado con CIMAC Noticias y estuvo a cargo, recientemente, de las cuñas de radio de la Campaña por una Educación No Sexista y Antidiscriminatoria de CLADEM Uruguay. 2 Leonel Briozzo dirige la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y tiene una larga trayectoria académica y profesional en materia de derechos sexuales y reproductivos. Funda y coordina “Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo”, equipo de profesionales de la salud que comienza a abordar el problema de las muertes maternas por esta causa desde la perspectiva de la reducción de daños y riesgos, constituyendo el primer modelo para la atención sanitaria de estos temas. Actualmente dirige el Departamento de Programación Estratégica en Salud del Ministerio de Salud Pública, al tiempo que continúa con su actividad académica. 3 Verónica tiene 26 años y se dedica a la docencia en educación secundaria. Con la intención de proteger su identidad, en tanto su testimonio se vincula a una práctica ilícita en el país, no se brindan más datos sobre su persona. 4 Milka Sorribas es integrante del grupo Mujeres Las Piedras, que integra a su vez la Red Canarias en Movimiento, que congrega a grupos de base de mujeres del departamento de Canelones, Uruguay. Integra la coordinación general de CNS Mujeres, durante el período 2008-2010 y es reelecta por las organizaciones de mujeres, esta vez en la coordinación ejecutiva, para el período que se abre (2011-2013).

la Salud. En mujeres de más de 19 años, el porcentaje de nacimientos se reduce notoriamente. • La epidemia de VIH/sida presenta en el país un patrón de distribución denominado “de tipo concentrada”, lo que implica baja prevalencia en población general (cifras inferiores al 1%) y alta prevalencia de VIH (superior a 5%), en poblaciones específicas (en particular personas privadas de libertad, usuarios de drogas, trabajadores/as sexuales masculinos y femeninas, hombres que tienen sexo con hombres). Desde el inicio de la epidemia, hasta Julio del 2010, se han notificado un total acumulado de 9443 casos de VIH y 3962 casos de Sida, siendo siempre mayor número de varones que mujeres. (Informe epidemiológico MSP. Julio 2010) • Uruguay presenta a su vez elevadas tasas

de incidencia estimada de neoplasias -tumoresmalignas del cuello del útero entre mujeres: 18,8 cada 100mil presentan este mal, según datos de la

Organización Panamericana de la Salud. • Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras en 2005 se detectaron 29 casos de

sífilis congénita; un año después hubo 62 y en 2007, hasta el mes de octubre, se registraron 93 casos más. El organismo intenta involucrar a los varones

en el compromiso para erradicarla. • En 2009 las denuncias por violencia doméstica fueron 3.509 y se realizaron un total de 304 denuncias por delitos sexuales, según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. De 2007 a la fecha, las denuncias policiales por estos

temas aumentan.

• En cuanto a las diferencias entre las mujeres que viven en la capital y en el interior del país, y quienes lo hacen en las zonas urbanas o las rurales, las desigualdades

son fundamentalmente de acceso a los servicios de salud, según el Ministerio de Salud Pública, que lanzó en 2010 el primer Programa Nacional de Salud Rural, que intenta generar convenios de complementación entre instituciones públicas y privadas para acercarse a la población usuaria por medio de rondas periódicas de salud.

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11. Catalunya

Salud de la Cooperación ante el VIH/sida Por Fabiola Llanos

Barcelona, mayo 2011.- Las personas se siguen contagiando del VIH, siendo una infección prevenible, y se sigue muriendo de una enfermedad incurable, pero tratable Hoy por hoy y debido a procesos migratorios globales, especialmente de sur a norte y de este a oeste, la heterogeneidad de la pandemia y de los mismos países de la nueva comunidad europea, hacen que cada país deba enfrentar sus desafíos de manera distinta, aunque en las sociedades del norte, los métodos de prevención son cada vez más homogéneos. En el caso de Cataluña, un 32.3% de los nuevos diagnósticos de VIH (SIVES 2010) corresponde a personas originarias de otros países, mientras que la prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de VIH es mayor entre las mujeres heterosexuales que en hombres de la misma condición, según el mismo informe. En Europa, la xenofobia, homofobia, la aun existente inequidad de género, la migración, la pobreza, el estigma y la discriminación y la desaparición gradual de los estados de bienestar, promueven el incremento de las desigualdades y odios incluso en sociedades que parecían haber solucionado estos flagelos. El panorama ha cambiado radicalmente desde “la Crisis”. A pesar de la reducción drástica en el número de nuevos casos de sida en España y Cataluña, el número de nuevos diagnósticos de infección por el VIH se mantiene estable los últimos años. Se confirma, por un lado, el buen acceso a los tratamientos antiretrovirales por parte de las personas infectadas, pero también la necesidad de

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mejorar la efectividad de las intervenciones preventivas y de las destinadas a promover la información y la prueba del VIH para reducir el número de nuevos casos. Los patrones epidemiológicos de la transmisión del VIH han cambiado. Mientras que antes la principal vía de transmisión era el uso de drogas por vía parenteral, actualmente la infección por el VIH se transmite mayoritariamente por vía sexual (SIVES 2010). Estos datos aconsejan reforzar la prevención primaria de la infección por el VIH, mediante la promoción de hábitos sexuales saludables a población general y las intervenciones en hombres que tienen sexo con hombres y en jóvenes. El número de personas infectadas aumenta, aunque el avance de los Terapia Antirretroviral TARV ha mejorado drásticamente la calidad de vida. Es el caso contrario a lo observado en el trabajo en “terreno”. En el caso de la Fundació Sida i Societat (ONG que trabaja en Escuintla, Guatemala y Catalunya), la población infectada con VIH puede morir de sida al no tener acceso a ARV, aunque en la población con la que se ha trabajado durante años ininterrumpidos (mujeres trabajadoras del sexo, hombres que tienen sexo con hombres y algunos sectores de la población general) ha disminuido la

incidencia de VIH/sida y otras ITS. Mientras tanto, la misma entidad ha desarrollado un trabajo diagnóstico en Cataluña, a través del Programa Carretera y del Estudio de viabilidad para el establecimiento de una cohorte en base comunitaria, multiétnica dentro y fuera del Estado Español, que ha permitido describir las condiciones sociales, el estado de salud y la utilización de los servicios sanitarios de la población migrante a través de cortes temporales consecutivos. A través de ambas intervenciones (norte y sur) se vislumbra que educación, información, apoderamiento y acceso a la salud son herramientas indispensables para la prevención y que el campo de actuación y los recursos son insuficientes. La cooperación internacional frente al VIH/ sida Los Organismos no Gubernamentales que trabajan en una América latina lidian con problemáticas alrededor del VIH/sida conocidas y comunes: el aumento de muerte y contagio de las mujeres por esta infección; acceso limitado a los ARV (el año 2008 sólo accedían a ARV 445 mil personas en toda América latina), inequidad ante el acceso a los tratamientos según el país y la pobreza como condicionante de mayor mortalidad

ante este tipo de pandemias. Cuanto más desigual es la distribución de los ingresos en cada país, más prevalencia del VIH podemos encontrar. A esto se suman el sexismo, el no apoderamiento de las mujeres, las influencias nocivas de fundamentalismos como el de diversas religiones y el analfabetismo. En algunos países de América Latina y Caribe, se prevé un aumento en la incidencia del VIH/sida, un aumento sostenido de las infecciones de mujeres y una mayor mortalidad ante un acceso cada vez menor a la salud pública por parte de la población con menos recursos. Por este tipo de razones, las diversas actuaciones de la sociedad civil organizada como son el activismo y la denuncia, en la cual se encuentra la población local (latinoamericana) y de personas que colaboran desde la cooperación internacional, han ejercido una presión política importante. Además de las intervenciones directas en la búsqueda de la salud de las personas, se han podido llevar a cabo denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negligencias de los estados, especialmente con los sectores empobrecidos. Otra de las tareas que lleva a cabo el tercer sector es la identificación precoz y acompañamiento de las personas víctimas de la violencia machista con el objetivo de penalizar con contundencia y erradicar de manera definitiva las violencias ejercidas sobre mujeres, niñas y niños.

Estos propósitos se quieren conseguir, a través de la educación, la movilización ciudadana, la protección de los derechos de las personas migrantes, trabajadoras y trabajadores del sexo y luchando contra las inequidades de género y diversas fobias a las diferencias. Además, cabe destacar que el tercer sector se ha convertido en fuente de información alternativa y fidedigna para los medios de comunicación. Hasta ahora el objetivo último de muchas entidades españolas sin fines de lucha ha sido la protección y vigilancia de los Derechos Humanos, el cumplimiento obligado de los compromisos internacionales adscritos por los países (con un consecuente costo político si no se cumplen); la inclusión real de la perspectiva de género en políticas y programas de salud de los gobiernos que estén especialmente enfocadas a la prevención del VIH/sida y otras ITS. Por último cabe destacar que la configuración del tercer sector cambia radicalmente después de que el Presupuesto de la Generalitat 2011 destinase a la Cooperación 22 millones de euros. Significando un descenso del 55% respecto del 2010. En contraste, el 1 de junio se aprobó en el Parlamento la modificación de la Ley de sucesiones con las que la Generalitat dejará de ingresar 544 millones de euros, 20 veces lo que se está recortando a Cooperación.

Fuentes1: Informe 2010 Situación de la epidemia de sida de Onusida, 2 Registro Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio de 2009, 3 Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya. CEEISCAT

En el Mundo hay 33,3 millones de personas infectadas por el VIH

En el planeta hay 33’3 millones de personas afectadas por el VIH. Existe un número de 2,6 millones de nuevas infecciones con datos del 2009. Comparando con datos del año 1999 esto implicó una disminución del 20%. Para el mismo año, 1’8 millones de muertes están relacionadas con VIH/sida, 20% menos que en 2004. La tasa de nuevas infecciones por el VIH se ha reducido en más de un 25% en al menos 56 países entre 2001 y 2009. Sin embargo, en 7 países -ubicados en su mayoría en Europa Oriental y Asia Central- las tasas han aumentado un 25%. Entre los jóvenes de los 15 países más afectados por la epidemia, la tasa de nuevas infecciones ha descendido más de un 25% debido a la adopción de prácticas sexuales más seguras. Respecto de los nacimiento de niños con VIH, han disminuido un 24% en comparación con los datos de hace cinco años. Aunque el número de nuevas infecciones es menor, cabe destacar que por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraen el virus. Las personas que viven con el VIH viven más tiempo y el número de defunciones relacionadas con el sida está descendiendo gracias a la ampliación del tratamiento. En los últimos cinco años, el número de personas que siguen el tratamiento se ha multiplicado por 7’5. Sólo en el último año accedieron al tratamiento un 30% más de personas respecto del 2008. Se observa también que el acceso a los tratamientos sigue siendo insuficiente para todas las personas, dado que, 10 millones todavía están a la espera de recibir antiretrovirales. En cuanto a los datos por países y regiones, África Subsahariana acapara el 69% de todas las nuevas infecciones del mundo. En Europa Occidental y Central existen 820.000 personas infectadas y una prevalencia en adultos del 0’2%. En el caso de España, no existe un registro de diagnósticos de VIH estatal. Según Onusida, hay 130.000 infectados (un ligero aumento respeto a los 120.000 de 2001). Unas 32.000 de estas personas infectadas son mujeres.

En España se calcula que el 30% de las personas que tienen VIH no lo saben Al 2008 se diagnosticaron 1.340 casos de sida, con un descenso del 80’1% respecto al año 1996. Comparando con el año 2007, se ha producido una disminución del número de casos en 16’6% en los hombres y un 8’6% en mujeres. En cuanto a los diagnósticos detectados, existe notificación de 1.170 casos diagnosticados de VIH en el año 2008. De estos, el 77% son hombres, y la edad media es de 41 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,4%. Transmisión: - La transmisión sexual supone el 55’2% de los nuevos casos diagnosticados el 2008. - Un 34’9% de les personas que contrajeron la infección lo hicieron por relaciones heterosexuales no protegidas y -en números absolutoscontinua siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Un 65’4% de las mujeres diagnosticadas de sida notificadas en 2008 son por relaciones heterosexuales no protegidas. El 34’4% de las personas que han desarrollado el sida en 2008 contrajeron la infección por compartir material de inyección (37’6% hombres, 23’4% mujeres). - La tercera vía de transmisión más frecuente son las relaciones sexuales entre hombres, que suponen el 20’3% de todos los casos y el 26’3% de los que afectan al total de hombres. Otros Datos: - El 26’5% de los casos del 2008 son personas de origen extranjero. Un 41’3% provienen de Latinoamérica y un 33’9%, de África. -Desde el inicio de la epidemia en España, se han notificado un total de 77.953 casos de sida. Se calcula que el 30% de personas españolas que tienen VIH no lo saben.

Desde 1981 hay 16.430 casos de sida en personas residentes en Cataluña. Desde el 01/01/1981 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en el registro: - 16.430 casos de sida residentes a Cataluña. De estos, 13.214 son hombres (80’4%) y 3.216 son mujeres (19’6%) Desde el 01/01/2001 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en registro: - 6.134 casos de VIH residentes a Cataluña. De estos, 4.780 son hombres (77’9%) y 1.354 mujeres (22’1 %). El número de muertes relacionadas con el VIH/sida desde el 01/01/1981 hasta al día 30/06/2010 ha sido: - 10.188 muertes, un 63’2’% de hombres y un 57% de mujeres. Las principales vías de transmisión en el año 2009 son: 1) 45’4% por relaciones heterosexuales, de las que el 73’7% son mujeres y el 37’5 hombres. 2) 27’6% por relaciones homo o bisexuales 17’8% por usuarios de droga por vía parenteral (18’4% hombres, 15’8% mujeres). En los nuevos diagnósticos con datos de 2001 al 2008 ha sido la relación heterosexual la causa del más alto número de casos (un 43,3%) Procedencia: - En el periodo 2001-2008, la proporción de inmigrantes entre los nuevos diagnósticos ha aumentado en un 35,6% y la vía de trasmisión de la infección en el colectivo ha sido más frecuente en el grupo heterosexual, afectando más a las mujeres migradas con un porcentaje de 90% y homosexual en los hombres 45%.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MONOGRÁFICO PERIODÍSTICO

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