Contralínea 270 by Revista Contralínea

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ÍNDICE PORTADA/SANCIONADOS, MÁS DE 600 JUECES Y MAGISTRADOS DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ julio@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS ISABEL ARGÜELLO isabel@contralinea.com.mx RUBÉN DARÍO BETANCOURT ruben@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx RUTH ROQUE ruth@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx GUILLERMO FABELA QUIÑONES gmofavela@hotmail.com EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS DISEÑADORES CORRECTORA

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Mayela Sánchez

Ruth Roque

Érika Ramírez

SOCIEDAD/REMIENDOS DE CONSTITUCIÓN

MORTAL, DESIGUALDAD ECONÓMICA EN MÉXICO

CRUZ ROJA MEXICANA COMBATE EL HAMBRE… EN SOMALIA Mariela Paredes

DISTRITO FEDERAL/EXTRABAJADORES DE RUTA 100 LLEVAN A TRIBUNALES A DIRIGENCIA SINDICAL

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Zósimo Camacho

LÍNEA GLOBAL/MIGRACIÓN RUMBO AL SUR Liset Salgado/Prensa Latina

FRACASA OPERATIVO DE ESPÍAS Y “PERIODISTAS” FRANCESES EN HOMS Boris V/Red Voltaire-New Orient News

ETNOCIDIO CONTRA LOS MANDEOS Karlos Zurutuza/IPS-Voces de la Tierra

OFICIO DE PAPEL

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AYOTZINAPA, DE PIE

FECSM

Miguel Badillo

CONTRAPODER

LA CFE Y EL HOMICIDIO DE BEBÉS

Martín Esparza Flores

LA SEQUÍA DE LOS MALOS GOBIERNOS

AGENDA CULTURAL/CINE: LA HORA DE LOS HORNOS

CAMPAÑA Y GUERRA SUCIA EN MARCHA

CARTÓN

Álvaro Cepeda Neri

UN CLÁ́SICO

OPINIÓN

Manrique

EL CASO CONTRALÍNEA EN LA SUPREMA CORTE

EX LIBRIS

Sergio Méndez Silva

ENSAYO

POBREZA, COLONIALISMO Y PUEBLOS INDÍGENAS

Álvaro Cepeda Neri

Francisco López Bárcenas

OPINIÓN EL BAÑO DE SANGRE Y LA CESIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL

MOZART: HUMANO, DEMASIADO HUMANO

PASO A DESNIVEL MUNDO AL REVÉS

Miguel Galindo

Marcos Chávez

Ilustración de portada: Miguel Minero

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 10, número 270, del 5 al 11 de febrero de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. El Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 4 de febrero de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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CONTRALÍNEA

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a propiedad social en México registra un avance cercano al 100% en cuanto a su regularización. El 94 % de las más de 100 millones de hectáreas que ocupan los ejidos y comunidades del país tienen certidumbre jurídica y los campesinos disfrutan de seguridad sobre su patrimonio. La seguridad en la tenencia de la tierra en núcleos agrarios y que cada ejidatario tenga lo que le corresponde no sólo genera tranquilidad y paz social en el campo al evitarse disputas por la propiedad, sino que también crea mejores condiciones para el desarrollo y la inversión. Información de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) señala que más de 94 millones de hectáreas pertenecientes a los núcleos agrarios –la superficie total del país es de 196 millones de hectáreas- están regularizadas y más de 10 millones de documentos agrarios respaldan la titularidad de la tierra a 4.6 millones de familias en el medio rural. La SRA es la instancia del Gobierno Federal responsable de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra de los 29 mil 434 ejidos y de las 2 mil 344 comunidades, que ocupan el 51 por ciento del territorio nacional. En los últimos cinco años, la SRA ha resuelto 866 conflictos agrarios, algunos de ellos de hasta 40 años de antigüedad y que generaban intranquilidad y zozobra entre comunidades rurales, porque en la disputa por la tierra se han registrado manifestaciones de violencia con saldo de muertos. El diálogo y la construcción de acuerdos es el mecanismo con el que se abordan los conflictos agrarios y en su solución la Secretaría ha invertido cerca de los 3 mil 200 millones de pesos y con ello dan certidumbre a 96 mil 200 familias campesinas.

Sin embargo, la SRA reconoce que no es suficiente tener la tierra y los documentos que acreditan su propiedad porque con eso, en sí, no se combate a la pobreza rural ni se genera desarrollo. Es por ello que se impulsa el aprovechamiento de las enormes riquezas naturales y potencialidades de los ejidos y comunidades, mediante el apoyo a proyectos productivos y la promoción de las inversiones en tierra segura. La SRA reporta que a través de apoyos directos a las familias rurales se han instalado en ejidos y comunidades 38 mil 529 proyectos productivos, que representan opciones de trabajo e ingreso para quienes los reciben, a través de sus programas de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) y Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras. Pero la SRA también admite que el dinero proveniente del erario público no es ni será suficiente para sacar de la pobreza a las miles de familias que habitan en núcleos agrarios y que viven la paradoja de que son dueñas de las tierras más ricas de México, porque en los ejidos y comunidades está el 80 por ciento de los bosques y selvas, el 75 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país. Es por ello que está impulsando la inversión privada en los ejidos, bajo un esquema de asociación en el que los campesinos no comprometen la venta de su tierra sino que establecen alianzas con los dueños del capital. El Programa de Inversión en la Propiedad Rural que la SRA opera a través de la Procuraduría Agraria, ha animado la firma de 2 mil 600 convenios entre ejidatarios e inversionistas que involucran compromisos de inversión por más de 114 mil millones de pesos. Este modelo de alianzas ha generado beneficio directo por 9 mil 700 millones de pesos a los dueños de la tierra, de los cuales mil 500 ya están en sus bolsillos.

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OFICIO DE PAPEL

Campañas y guerra sucia en marcha Miguel Badillo*

l gobierno federal ha iniciado una campaña mediática y judicial para desprestigiar a grupos políticos de oposición y a sus candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. Algunos de los expedientes oficiales que empiezan a salir y otros que conoceremos en las próximas semanas y meses, mediante la prensa, tendrán fundamento legal y razón de ser; pero muchos más simplemente serán abiertos para desacreditar políticamente a los opositores. Lo único cierto en esta lucha desgarradora por el poder, es que en los siguientes cinco meses del proceso electoral observaremos un incremento de la violencia verbal que se sumará a la criminal en todo el país. Para ello, el aparato del Estado ha echado mano de sus órganos de procuración de justicia, de inteligencia, de investigación y de seguridad nacional –como lo hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando mantenía en su poder el control de éstos–, en donde los analistas trabajan largas jornadas, desde hace varios meses y hasta años, para integrar los expedientes que le permitan contener a los políticos que aspiran a ocupar Los Pinos. Como según las cuestionadas encuestas el candidato presidencial a vencer es el priísta Enrique Peña Nieto, en las últimas semanas hemos visto filtraciones de investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de tres exgobernadores del PRI en Tamaulipas, la entidad más conflictiva del país en materia de delincuencia organizada. También supimos de la captura de funcionarios del gobierno de Veracruz cuando transportaban campantemente 25 millones de pesos en efectivo en maletas que traían en un avión oficial gubernamental. Por más argumentos que den los funcionarios veracruzanos, es una vieja práctica de grupos criminales utilizar dinero en efectivo procedente de diversos delitos en sus transacciones comerciales, lo que se le conoce como lavado de dinero cuando se busca evitar que se conozca el origen y el destino de dichos fondos. En el caso de Veracruz, el gobierno asegura que los 25 millones son del presupuesto estatal, pero hasta ahora no han presentado evidencias documentales de los bancos de donde fueron retirados esos recursos, lo que hace presumir que éstos proceden de otras fuentes de financiamiento. Con este acoso político y la revelación de expedientes judiciales por corrupción, lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado, en contra de políticos vinculados con los aspirantes de oposición que buscan alcanzar la Presidencia, está todo listo para el arranque formal de las campañas políticas y también para el inicio de la guerra sucia que ya se prepara en los sótanos de las oficinas de los órganos de seguridad nacio8

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nal e inteligencia financiera como una medida desesperada para aferrarse al poder y con ello cubrir la serie de errores y corruptelas que podrían enfrentar funcionarios federales ante la justicia y la rendición de cuentas. Otro asunto que ha causado preocupación en el equipo priísta es el conflicto personal que enfrenta el exgobernador mexiquense Arturo Montiel con su exesposa la francesa Maude Versini, lo que podría convertirse en una pesadilla debido a que podría denunciar las corruptelas cometidas por su exmarido cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México y revelar las enormes cuentas bancarias acumuladas supuestamente con dinero público. La duda es si en las acusaciones aparecerá el nombre del candidato, quien era la persona de mayor confianza de Montiel. Hace varios años Montiel Rojas pudo negociar con el fisco su retiro como aspirante aspirante a la Presidencia de la República, a cambio de seguir en libertad, por las irregularidades encontradas en sus cuentas financieras personales y de su familia, pero ahora el gobierno federal está dispuesto a revivir ese viejo y voluminoso expediente que puede afectar la carrera presidencial del PRI. Otro expediente que está listo en las oficinas públicas es el de Luis Miranda Nava, quien fuera secretario general durante el gobierno de Peña Nieto y quien, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concretamente los de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante su desempeño como responsable de las finanzas del gobierno de Arturo Montiel, la PGR integró un expediente penal en su contra por supuesto fraude fiscal y desvío de recursos públicos, pero habría bastado una llamada desde las oficinas del gobernador mexiquense para que el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha archivara la acusación. Ahora, el gobierno de Felipe Calderón pretende revivir esa acusación (entre otras) para que puedan detener al PRI en su marcha hacia Los Pinos. Un expediente más elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera es el del coordinador de la campaña del candidato priísta, el diputado con licencia Luis Videgaray Caso, a quien la SHCP investigó en sus cuentas bancarias personales y movimientos financieros y encontró supuestamente algunas irregularidades que planea hacer públicas. Lo mismo sucede con el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, a quien Hacienda lo investigó por evasión fiscal y lo requerirá para que explique el origen de varios millones de pesos que encontraron en sus cuentas personales. Para investigar directamente a Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera integró un equipo especial de fiscalistas y contadores, quienes revisan sus cuentas financieras para determinar si tuvo que ver en los movimientos irregulares de su exjefe Montiel y poder acusarlo en pleno proceso electoral. Estas indagatorias contra destacados priístas continúan y lo que se rumora en pasillos judiciales y hacendarios es que ya está listo un delicado expediente en contra de varios actores políticos pertenecientes al Grupo Atlacomulco. Ya veremos.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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CONTRAPODER

La sequía de los malos gobiernos Álvaro Cepeda Neri*

Se ha convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaz e indigna de gobernar. Alexis de Tocqueville

o hay en la historia mexicana partidos políticos con suficiente independencia y autonomía para influir sobre los candidatos que, de representación y/o por nombramiento, obtienen un cargo legislativo, judicial o administrativo. Todo porque el presidencialismo a la mexicana sigue siendo tan abrumadoramente poderoso, que cada presidente, desde Plutarco Elías Calles (que tuvo su Partido Nacional Revolucionario), Lázaro Cárdenas del Río (con su Partido de la Revolución Mexicana), Miguel Alemán Valdés (con su Partido Revolucionario Institucional, PRI), controla a los partidos y gobiernos de hombres (no gobiernos de la ley) y ha hecho de los dirigentes partidistas también sus incondicionales. Así, desde 1946, cada “señor presidente” ha tenido su PRI y desde 2000, cada inquilino de Los Pinos su Partido Acción Nacional (PAN). Los vaivenes priístas a moderada izquierda, casi siempre al centro y otras a la derecha (represiva y sangrienta, con Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León) hicieron que cada sexenio el PRI y el PAN hayan sido partidos desdibujados al servicio del autoritarismo presidencial (“la cuestión es la de saber quién manda. Eso es todo”: Lewis Carroll, seudónimo del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, autor de Alicia en el país de las maravillas). Los priístas, más por demagogia que por convicciones, han manipulado el problema indígena, sintetizándolo y agotándolo en la figura histórica universal del estadista Benito Juárez. Sobrevivientes desde el descubrimiento, la Conquista y la Colonia, esos mexicanos apodados indios permanecen marginados y diezmados, enquistados en sus tradiciones; sitiados rural y urbanamente desde la Independencia, la gloriosa Revolución de Ayutla con la Reforma, la República Restaurada y la Constitución de 1857, la Revolución de 1910-1917. Degradados, olvidados y abandonados a su pobreza, su subcultura, perseguidos, despreciados… y muertos de hambre, con una población aproximada de 10 millones que cuentan sólo para el censo poblacional de los 114 millones que somos (menos los más de 100 mil homicidios causados por las dos caras de la moneda: calderonistas y criminales, enfrentados en una guerra a muerte, sin que la balanza se incline a favor de la seguridad y la paz pública y privada).

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De Alemán a Zedillo (al suponer sin conceder que desde José López Portillo hayan sido priístas), cada PRI sexenal se ha distanciando del principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón creen que administrar, gobernar, legislar e impartir justicia son funciones, facultades y obligaciones privatizadas para poner los órganos del Estado al servicio de la oligarquía: empresarios, multimillonarios, banqueros y todo el servilismo proestadunidense. La nación está lista para una cuarta revolución que implante el republicanismo y la democracia modernas, dejando atrás las fumarolas al estilo de las del volcán Popocatépetl, que son las manifestaciones civiles; y que priístas, panistas y perredistas consideran desahogos populares de campesinos, obreros, empleados, que más que “indignados” están encabronados por los males sociales, económicos y políticos que han generado 50 millones en la pobreza, 10 millones que padecen hambre, enfermedades y sed; 20 millones sin empleo; 10 millones de niños con anemia. ¿Y el Seguro Popular?, ¡bien, gracias!, pues no sirve ni para vacunar y es la demagogia de Calderón, mientras desmantela los institutos Mexicano del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cerrar las puertas de los hospitales públicos y al entregar a los voraces empresarios la atención médica… ¡para ricos!, en sus hospitales de lujo, como los de Olegario Vázquez Raña, dueño del diario Excélsior, presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Ángeles (al que pertenecen las empresas Grupo Imagen y el Grupo Financiero Multiva), propietario de las estaciones de radio Reporte 98.5 e Imagen 90.5, y de la cadena de televisión abierta Cadena Tres además de los hoteles Camino Real. Sobrevive el país al filo de una crisis general de violencia civil, en el contexto de la violencia criminal y militar-policiaca, por la sequía política de buenos gobiernos democráticos y republicanos. La elite que ya no gobierna, atascada en el botín de la corrupción, es tan ineficaz como los últimos tres sexenios del PRI. Ya superados en corrupción, mal gobierno, pésima administración y abuso de poder, por el PAN de Fox y Calderón. Éstos sabían de la sequía en el campo por la falta de lluvias (fenómeno que se repite cada 14 años, aseguran los expertos) y que, sobre todo Calderón y los desgobernadores de las entidades subestimaron. La sequía política y la ausencia de previsiones, que corresponde y es obligación gubernamental, ha contribuido al desastre de la hambruna y pobreza de los mexicanos que sobreviven del centro a la frontera Norte del territorio; donde además, domina la delincuencia del narcotráfico y padecen gobernadores y presidentes municipales incapaces, que han llegado a los cargos para robar con la impunidad que caracteriza a los funcionarios federales del calderonismo. Los malos gobiernos han provocado la sequía constitucional. Las presas institucionales están vacías del buen gobierno. No funciona la representación salida de las urnas tras las elecciones. Éstas se han convertido en una farsa. Son un engaño para mantener el escenario democrático. La nación acumula pobreza por los malos gobiernos del PRI a partir del delamadridismo y del PAN de Fox a Calderón: más de 24 años de capitalismo salvaje neoliberal en lo económico y sin liberalismo político por la ausencia del imperio de la ley, la aterradora inseguridad, el golpe de Estado militar-policiaco de facto. Esta falta de buenos gobiernos es la sequía que produce, otra vez, que la nación tenga hambre y sed de justicia.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

El caso Contralínea en la Suprema Corte Sergio Méndez Silva*

l 18 de enero pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer la facultad de atracción respecto del caso de la revista Contralínea, que actualmente sufre un grave e intolerable acoso judicial por parte de varios grupos empresariales que pretenden coartar la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana. Los periodistas del semanario fueron demandados por daño moral, en 2009, por un grupo de empresarios petroleros encabezados por Antonio Juan Marcos Issa, excoordinador de asesores de tres exdirectores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex). Contralínea informó sobre una serie de negocios presuntamente ilícitos entre los empresarios y varios funcionarios de la paraestatal petrolera. Los periodistas documentaron que los empresarios le rentaban barcos en mal estado a Pemex por un monto mayor de lo que hubieran costado nuevos. Varios funcionarios fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública por estos hechos. Los empresarios alegaron en su demanda que los periodistas habían afectado su honor y su vida privada porque la información que publicaron era falsa y porque empleaban en su contra un lenguaje ofensivo; señalaron que para analizar el caso debían de aplicarse los criterios del Código Civil. Los periodistas argumentaron, al contestar la demanda, que los negocios de los empresarios con Pemex eran de interés público, que su información era veraz y que los particulares dedicados voluntariamente a los asuntos de interés público debían de ser especialmente tolerantes con la crítica, por muy dura que les pareciera ésta; también indicaron que no era aplicable el Código Civil CONTRALÍNEA

que contiene criterios restrictivos para la libertad de expresión y que debían de aplicarse los criterios garantistas de la ley particular que protege el trabajo periodístico en el Distrito Federal. A principio de enero de 2011, tras un largo juicio, la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal decidió condenar por daño moral a los periodistas de Contralínea. Dicha jueza indicó en su sentencia, entre otras cosas, que los asuntos relacionados con Pemex no eran de interés público, porque eran temas para especialistas, que la gente y ella misma desconocían. Señaló que los periodistas no estaban autorizados para opinar sobre las licitaciones que llevaba a cabo el gobierno, puesto que no estaban calificados para determinar cuándo una licitación le convenía o no a la paraestatal. La juzgadora se apartó completamente del régimen jurídico garantista que regula, en el Distrito Federal, las acciones civiles que pueden ejercitarse en casos de presunto abuso de la libertad de expresión por parte de los periodistas. Este marco jurídico garantista está contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada el 19 de mayo de 2006. La Ley de Responsabilidad Civil, entre otras cosas, contempla los estándares internacionales protectores del trabajo periodístico, fundamentalmente los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la información como base de la democracia; se aparta de los criterios absolutistas que sobre la verdad y la moral se habían fijado con base en el anterior régimen jurídico que tenía como fundamento la “teoría del daño objetivo”; establece como requisito para que se declare fundado el daño moral la existencia de una lesión al patrimonio moral del presunto afectado, empíricamente acreditable durante el juicio; restringe el umbral de protección al patrimonio moral de los

poderosos, como políticos, servidores públicos o empresarios, cuando las críticas o calificativos que les son dirigidos versan sobre temas de interés público, lo que les obliga a una mayor tolerancia con el discurso de los periodistas, que está especialmente protegido en estas circunstancias; establece el estándar de la “malicia efectiva” como elemento fundamental a acreditar por parte de los supuestos afectados, cuando son servidores públicos, y en un grado inferior cuando se trata de figuras públicas, por lo que se deberá probar, antes de sancionar a un periodista, que la información se divulgó con el pleno conocimiento de que era falsa y con el único fin de dañar; prohíbe la censura previa del trabajo periodístico; e impide la criminalización civil del trabajo periodístico, por la vía de las acciones judiciales civiles, al prever el uso preferente de las medidas menos lesivas para los periodistas, cuando éstos han sido condenados por el ejercicio ilícito de su libertad de expresión. Los periodistas de Contralínea apelaron la sentencia. El recurso fue radicado en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Sala revisó el caso y decidió revocar la sentencia condenatoria y los absolvió. Los empresarios impugnaron la sentencia de la Sala mediante un juicio de amparo, el cual fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por la importancia del caso, los periodistas le solicitaron a la Corte que lo atrajera, lo que finalmente ocurrió. Ahora la Corte podrá determinar bajo qué estándares legales se deben de estudiar las demandas por daño moral en contra de los periodistas en el Distrito Federal, si con base en el Código Civil o en la Ley de Responsabilidad Civil. También, por primera vez, la Corte analizará un caso en el que se podrá ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información con relación al patrimonio moral, cuando están involucrados periodistas y empresarios cuya actuación tiene un impacto en la vida política del país. La Corte tiene una gran oportunidad para consolidar sus recientes y sólidos criterios protectores del trabajo periodístico; confiamos en ella.3 *Abogado de la revista Contralínea; defensor de derechos humanos 5 DE FEBRERO DE 2012

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ENSAYO

Pobreza, colonialismo y pueblos indígenas Francisco López Bárcenas

n rumor que comenzó a circular durante la segunda quincena de enero, que indicaba que los habitantes de varios pueblos rarámuris se estaban muriendo de hambre, movilizó a varias dependencias gubernamentales y algunos sectores sociales; los primeros para contener el rumor y los segundos para apoyarlos con alimentos, a lo que después también se sumaron las instancias gubernamentales. Aunque falso, el rumor vuelve a poner a la vista de todos una verdad sabida: los pueblos indígenas de México, entre éstos los rarámuris de Chihuahua, padecen hambruna. Muchos no la ven, quizá porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para aceptarlo, pero hay muchísimas evidencias de ello: la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por la falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren y enfermedades que ya se creían superadas derivadas de la desnutrición, entre otras. El libro Morir en la miseria es una investigación realizada hace cuatro años por el equipo de reporteros de Contralínea, que documentó en varios municipios del país la situación de pobreza en que viven los pueblos indígenas. Y datos oficiales recientes así lo reconocen. A principios de 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó en el país el Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Breve pero contundente, revela la crítica situación en la que viven los integrantes de los 62 pueblos indígenas de la nación, al demostrar con cifras oficiales lo que ya se sabe desde hace mucho: los pueblos indígenas viven en una 12

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pobreza ancestral privados de sus derechos elementales y sin posibilidades reales de remontarlos en el corto plazo, a menos que se modifiquen de forma radical las relaciones que el Estado y la sociedad han establecido a lo largo de la historia, pues en pleno siglo XX siguen siendo de colonialismo y de discriminación. El Informe comienza admitiendo que “la población indígena concentra los indicadores más agudos de pobreza y marginación y los índices más desfavorables de desarrollo humano y pobreza”. Con cifras de un informe del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaborado en 2010, afirma que el 79 por ciento de los indígenas se encuentra en situación de pobreza, es decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni aunque dedicaran todos sus ingresos a esos rubros; ni acceden a servicios de vestido, vivienda y transporte. De este porcentaje, el 40 por ciento –más de la mitad– se encuentran en pobreza extrema, es decir que no cuentan ni con 1.25 dólares por día para satisfacer sus necesidades, conforme el criterio del Banco Mundial. Además de lo anterior, 64 por ciento de esta población sufre privación en al menos tres derechos sociales esenciales y sólo 4 por ciento escapa a esta situación. El Informe profundiza en cuatro rubros: educación, alimentación, salud y bienestar social, y en todos éstos los resultados son alarmantes: el 49 por ciento de los indígenas –casi la mitad de la totalidad– vive rezago educativo; el 27 por ciento de los jóvenes indígenas mayores de 15 años –más del 25 por ciento del total– es analfabeta; 13 por ciento de niños entre seis y 14 años no asiste a ningún circuito escolar; sólo 70.5 por ciento tienen aptitud para leer y escribir; y sólo el 1 por ciento de jóvenes indígenas accede a la educación superior. De igual manera, el porcentaje de asistencia a primaria “está muy por debajo de la media nacional y existe retraso en la terminación a tiempo de este ciclo; 60 por ciento lo termina recién cumplidos los 13 años, mientras que el 38 por

ciento lo hace alrededor de los 16. En secundaria el panorama es aún más crítico, sólo el 38 por ciento tiene la secundaria completa recién los 16 años. Se estima que alrededor del 20 por ciento de la población indígena queda totalmente excluida de cualquier circuito educativo”. En el rubro de alimentación se indica que el 40.5 por ciento de la población indígena tiene carencias de alimentación, lo que se refleja en la persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y exclusión. Esto afecta a los niños indígenas, que duplican el promedio nacional en esta situación. La mala nutrición se manifiesta también en la presencia de anemia, que desde 2006 afectaba a 27 por ciento de la población. El problema se agrava porque sólo el 16.5 por ciento tiene acceso a la seguridad social, la vivienda y los servicios ligados a ésta. Con datos de 2010, el Informe confirma que el “51 por ciento de la población indígena tiene carencias en los servicios básicos de la vivienda y 42 por ciento la tiene por la calidad y los espacios de las mismas”. En la dimensión de bienestar económico se descubre que la desigualdad en ingresos entre indígenas y no indígenas “varía hasta 36 por ciento; con una tasa de ocupación indígena de sólo 48 por ciento, dentro de la cual 23 por ciento no percibe ingresos y 53.5 por ciento percibe ingresos menores a dos salarios mínimos”. También se indica que “entre 2008 y 2010, aumentó la pobreza de la población indígena, a pesar de que en ese mismo periodo se incrementó la cobertura de los servicios básicos (educación, acceso a la salud, acceso a calidad y servicios de la vivienda). A pesar de lo anterior, esta población sigue teniendo niveles de pobreza y de cobertura de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual enfatiza la necesidad de tener políticas públicas eficaces para este grupo de población”. Los datos del Informe resultan graves por los resultados que expone, pero también porque desde agosto de 2001 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, acompañada de la obligación de los tres niveles de gobierno de establecer instituciones que determinaran “las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarroCONTRALÍNEA

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llo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán de ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. Para “abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades deberían de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades y consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. En la misma disposición se establecía claramente que “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”. Para cumplir la primera obligación, a nivel federal, año con año la Cámara de Diputados establece dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida presupuestal específica para pueblos indígenas. Parte de ese presupuesto se destina a programas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mientras que otra parte se ubica en programas específicos de diversas dependencias, como la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. Existe una partida más que no está etiquetada y que, por lo mismo, no se sabe su destino ni hay manera de ver los resultados de su aplicación. De los estados de la república y los municipios no se tiene ninguna información. Tampoco se sabe si existen mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas participen en el diseño y ejercicio de los planes de desarrollo que los impacten ni mecanismos de vigilancia. De ahí que constituya otro pendiente. Sin embargo el Informe del Coneval establece que los programas sociales dirigidos a la atención y resolución de las problemáticas y necesidades de la población indígena suman 14 y dentro de éstos los más destacados por el CONTRALÍNEA

monto absoluto de recursos ejercidos son en su orden el de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, el de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena y el de Albergues Escolares Indígenas. Se destaca también el crecimiento relativo del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Dentro de este conjunto de programas, el gasto ejercido decreció 5.4 por ciento, entre 2008 y 2010. Ante este panorama hay cuestiones que no pueden eludirse, una de éstas es la de buscar las causas de esta situación; otra, la forma de enfrentarla de manera eficaz. Lo primero que se tiene que asumir es que se trata de problemas ancestrales, derivados de la forma particular en que el Estado y la sociedad se relacionan con los pueblos indígenas. Ésa es una verdad conocida desde hace décadas. Desde la de 1960, al analizar la realidad política del Estado mexicano, el sociólogo y crítico Pablo González Casanova concluyó que “el problema del indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno, donde las comunidades indígenas son las colonias internas dentro de los límites nacionales”. Después Guillermo Bonfíl Batalla explicaba que la categoría de indio “no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”. El exrelator de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, coindice con ambos pensadores: la expansión de la economía capitalista, junto con la ideología del liberalismo económico transformó la calidad de las relaciones no indígenas, dando origen a una segunda forma de colonialismo que él denominó colonialismo interno. De acuerdo con estas explicaciones, si los pueblos indígenas viven en la pobreza no se debe a que sean indígenas, sino por la condición colonial en que se encuentran. La solución entonces no se encuentra en apoyos sociales o gubernamentales que atiendan los efectos de esa relación sino en transformarla de raíz. Dicho en palabras de las demandas de los pueblos indígenas mismos: su futuro está en reconocer su derecho a la autonomía y como parte de ésta su derecho al desarrollo. No se trata de propuestas nuevas porque su demanda ya tiene años, sólo

que ha sido ignorada. La autonomía, por ejemplo, es una formulación para el ejercicio de la libre determinación de los pueblos sin que éstos pongan en peligro la unidad de los Estados nacionales, pero con pleno reconocimiento como sujetos colectivos y derechos específicos, entre éstos el de diseñar su propio desarrollo. Se trata de un derecho reconocido por el Estado mexicano en el ámbito internacional, pero no en el interno, lo cual representa una anomalía que urge corregir si queremos modificar la situación en la que viven. Con respecto al desarrollo, lo primero que se tiene que reconocer es que cada pueblo tiene su propia visión, de acuerdo con su cosmovisión, historia y las condiciones específicas en que desarrolla su vida en la actualidad; de ahí que sea un error elaborar planes y programas enfocados a atender sus necesidades sin tomarlos en cuenta (como hasta ahora se hace). Lo que hay que hacer es tomar en serio la existencia de los pueblos y darles la oportunidad de que ellos planteen las soluciones a sus problemas. A eso se refería Bonfíl Batalla cuando planteaba el etnodesarrollo, entendiendo por tal “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia y sus recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”. En conclusión, la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven los pueblos indígenas en la actualidad no podrá solucionarse mientras no se supere la condición de colonialismo interno en que se encuentran. Para lograrlo es necesario que el Estado y el resto de la sociedad mexicana no indígena reconozcan esta situación y la modifiquen. La forma en que esto puede lograrse es aceptar de manera seria que los pueblos indígenas son verdaderos pueblos, con todo lo que esto implica jurídicamente. Como tales tienen derecho a la autonomía y como parte de ésta a que sus territorios y los recursos naturales existentes en ellos se reconozcan y respeten, lo mismo que a sus propios gobiernos y a diseñar el tipo de desarrollo que mejor les convenga. Pensar que con ayudas alimenticias o que satisfagan sus necesidades inmediatas se va a resolver el problema es no tener conciencia de sus dimensiones.3 *Abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario 5 DE FEBRERO DE 2012

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OPINIÓN

El baño de sangre y la cesión de la soberanía nacional Marcos Chávez M*

Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y su gente a una nación extranjera; que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria Ignacio Ramírez, el Nigromante, 15 de septiembre de 1863

a decisión del presidente Felipe Calderón puede o no ser genuina, una especie de guiño o pacto de “caballeros”, aunque nunca se ha caracterizado por esa clase de mensajes. Al cabo que el expresidente Ernesto Zedillo contribuyó decisivamente en la derrota del Partido Revolucionario Institucional (que desprecia) en 2000 y al ascenso del panismo a la Presidencia, en una alternancia administrada por el bloque dominante de la derecha con los objetivos de asegurar la continuidad del autoritarismo político, el proyecto neoliberal de nación y de preservar los intereses creados alrededor del régimen. Quizá es un simple formalismo intrascendente. Acaso porque desea emplearla como moneda de cambio. O porque Calderón la animó o dejó que siguiera su curso, sin interferirla, como una advertencia, como parte de su sucia estrategia (en la que es experto) en la lucha contra el priísmo por la Presidencia en las próximas elecciones. Cualesquiera que sea la razón que lo motivó, hace muy bien en solicitar –sincera o fingidamente– a los estadunidenses la inmunidad de Zedillo, dada la demanda que enfrenta en una corte federal de Connecticut por su presunta responsabilidad en el asesinato cometido en contra de 45 indígenas tzotziles, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Podría decirse que es el sistema político, encarnado en Calderón, que defiende a sus hijos. Que busca protegerlo con una figura jurídica de dudosa existencia, toda vez que Zedillo no es un funcionario ni diplomático mexicano. Localmente una petición de esa naturaleza sería excéntrica. No le inquietaría, si es que le quita el sueño. No porque la denuncia carezca de sustancia, sino por la impunidad y arbitrariedad con que normalmente funciona el régimen. De imperar el estado de derecho en México, si existiera un Poder Judicial imparcial, que velara por la justicia y el imperio de las leyes, hace tiempo que la masa-

cre de Acteal sería un caso legalmente juzgado. Calderón aplica el principio de “hoy por ti, mañana por mí”. Es una especie de compra anticipada de su seguro de protección en la agonía de su mandato. Al apadrinarlo se defiende a sí mismo, debido a la demanda que gravita en su contra en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos por los aparatos represivos del Estado, en la “guerra” contra el narco que terminó pisoteando los derechos constitucionales de la población. Como promotor de esa “guerra”, como jefe del Ejecutivo y máximo representante de las Fuerzas Armadas, es el responsable directo. Desde luego, nada garantiza que prosperará la petición de justicia internacional en contra de Zedillo y Calderón, ya que los tribunales foráneos operan con los mismos defectos y raseros que caracterizan a los mexicanos. Están al servicio del poder, aplican la “justicia de los vencedores” y protegen a sus siervos. Ello explica que personajes acusados como criminales de guerra, como el político y diplomático estadunidense, Henry Alfred Kissinger; los expresidentes de Estados Unidos, George W Bush y William Clinton; el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Dick Bruce Cheney; el exprimer ministro del Reino Unido, Anthony Blair; o el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, disfruten plácidamente de la vida sin que nadie los moleste. ¿Alguien puede imaginarse que el próximo presidente abrirá el expediente de la guerra sucia calderonista y someterá a juicio a los culpables, como lo hace actualmente el gobierno de Argentina, progresista, elegido democrática-

Al defender a Ernesto Zedillo, Calderón aplica el principio de “hoy por ti, mañana por mí”. Es una especie de compra anticipada de su seguro de protección en la agonía de su mandato. Al apadrinarlo se defiende a sí mismo, debido a la demanda que gravita en su contra en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad 14

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CONTRALÍNEA

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¿Alguien puede imaginarse que el próximo presidente abrirá el expediente de la guerra sucia calderonista y someterá a juicio a los culpables, como lo hace actualmente el gobierno de Argentina, progresista, elegido democráticamente, que una vez que eliminó las espurias leyes de impunidad inventadas por los militares para cubrirse las espaldas, empezó a llevar a los tribunales y encarcelar a quienes sometieron a un baño de sangre a su pueblo? mente, que una vez que eliminó las espurias leyes de impunidad inventadas por los militares para cubrirse las espaldas, empezó a llevar a los tribunales y encarcelar a quienes sometieron a un baño de sangre a su pueblo? Ese país es un espejo incómodo para Calderón y sus compañeros de aventura que representan una herencia maldita para la elite política, toda vez que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que incumplieron con sus responsabilidades constitucionales, en lugar de anteponer la Carta Magna y las leyes, solaparon su “guerra”. Como muchos mexicanos, Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) acaba de solicitar que el siguiente gobierno investigue los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la lucha contra el crimen organizado y que evalúe la pertinencia de mantener a los militares en las calles. Las posibilidades son remotas. Enrique Peña Nieto alzó su voz para defender a Calderón, al conocer la demanda levantada en su contra en la Haya, y promete mantener la “guerra” por la seguridad. Los precandidatos panistas la asumen como un legado legítimo que merece continuarse y levantarán el muro de protección. Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto. De todos modos, como se rumora, hace bien Calderón en pensar poner tierra de por medio una vez que concluya su mandato. Piensa en Estados Unidos o España, donde puede ser protegido, ya sea por sus invaluables servicios prestados al imperio, o por su afinidad ideológico-política con el neofranquista Mariano Rajoy, presidente de ese país. Su futuro se asemeja al del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su pasado lo perseguirá. Convertido en un sayón, será socialmente despreciado. Un apestado por los grandes daños causados a las mayorías y a la nación. ¿Qué otra cosa puede esperar alguien que en lugar de ser un ejecutivo y un abogado ceñiCONTRALÍNEA

do al imperio de las leyes y a sus mandatarios, hundió al país en un baño de sangre, la corrupción, la impunidad y la miseria? Al asumir como propia la “guerra” al narco planificada por Estados Unidos –uno de sus caballos de Troya que ese país emplea para intervenir en los asuntos de otras naciones–, al convertir ese problema policiaco-judicial en una cuestión de seguridad nacional, al utilizar a los militares en esa tarea, al criminalizar la protesta social y al recortar los derechos constitucionales, como parte de su estrategia de legitimación a través de la venta de la seguridad y el uso del terror, Calderón estimuló la escalada de la violencia delincuencial; a la cual contribuyó con su retórica belicista, que deshumanizó a los infractores y los convirtió en una especie (in)digna del exterminio (a “esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país”), con su solapamiento de las violaciones cometidas por los aparatos de represión, refrendadas por el Poder Judicial. La estela de violencia es atroz. Casi 50 mil muertos (¿cómo puede demostrar Calderón que el 95 por ciento son producto de los ajustes de cuenta entre los criminales?, como lo desafió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina); 150 mil personas afectadas (familiares de los fallecidos); alrededor de 10 mil desaparecidos; miles de desplazados –en marzo de 2011, el Centro internacional de Monitoreo de Desplazados, con sede en Génova, Italia, estimó 230 mil; en noviembre, Fidel López García, académico del Instituto Mora y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, calculó al menos 1.6 millones (Gloria Leticia Díaz, Proceso; http://www.proceso.com.mx/?p=289550); miles de inocentes heridos y vejados; zonas devastadas –en algunas de éstas el gobierno impone áreas “modelo” que recuerdan las “aldeas estratégicas” de contención del enemigo, impuestas por los estadunidenses en Vietnam o en Centroamérica–, estados afectados. ¿Ha valido la pena el costo de esa manera de “limpiar por todos los rincones de la casa”, como reza la propaganda electoral panista? De acuerdo con el experto en seguridad y narcotráfico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia, en 2001, la delincuencia controlaba el 34 por ciento de los municipios; en 2006, 54 por ciento; en 2010, 73 por ciento, y en 2011, 71 por ciento (El Universal, 2

Al asumir como propia la “guerra” contra el narcotráfico que planificó Estados Unidos y criminalizar la protesta social, Calderón Hinojosa propició la escalada de la violencia delincuencia 5 DE FEBRERO DE 2012

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A cambio de 1 mil 600 millones de dólares del Plan Mérida, Calderón ha aceptado la incursión militar estadunidense; el sobrevuelo de aviones no tripulados, el tráfico masivo de armas, el lavado de dinero que realizó la DEA y el alineamiento de la política exterior a los intereses otro país de enero de 2012). México, indica Buscaglia, es un rompecabezas; cada pedazo del territorio nacional es controlado por un grupo mafioso, el cual es disputado violentamente por otro, donde el más fuerte devora al débil. Trabajan en éste al menos 22 tipos de mercados ilícitos (tráfico de personas, de migrantes y armas, además de contrabando) y otros lícitos (dirección de empresas, sectores de la construcción, farmacéutico, financiero) que les ha dado una gran fortaleza patrimonial. Su fuerza económica, social y política le ha permitido asediar, corromper y capturar a un Estado fragmentado, debilitado, que perdió su capacidad de control y gestión de la delincuencia. Que ha sido incapaz de establecer una alianza entre las facciones del poder político y económico que permitan purgar al sistema. El remedio calderonista, agrega, ha sido peor que la enfermedad. Es como tratar de apagar el fuego arrojándole gasolina. El “remedio” ha hundido en el fango a los aparatos de seguridad estatal. El reciente informe de Human Rights Watch es sobrecogedor: “Ha provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. [Ha agravado] el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país. Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas e integrantes de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”. Se han documentado “casi 90 casos en los cuales se habían cometido violaciones de derechos humanos. Entre 2003 y 2006, se recibieron 691 denuncias, y 5 mil 800, entre 2007 y octubre de 2011”. La tortura (sexual, golpizas, asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, descargas eléctricas), la amenaza de muerte, el uso injustificado de la fuerza, la detención arbitraria, la incomunicación, la ejecución extrajudicial (civiles asesinados que murieron en la tortura, en los retenes militares o durante enfrentamientos armados), la desaparición forzada, el encubrimiento, son algunos de los tipos de abusos cometidos. Las confesiones obtenidas por esos medios usualmente son aceptadas por los jueces, sin investigar la denuncia de los abusos y las violaciones de derechos humanos. Los jueces “han abdicado”. Prevalecen prácticas perversas: las víctimas [tienen que] demostrar que sus derechos fueron cercenados, el arraigo hasta 80 días antes de ser acusadas de haber cometido un delito, el uso de leyes ambiguas para justificar las detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias. “La mayoría de los soldados que cometen violaciones casi nunca responden por sus actos ante la justicia. La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones sobre violaciones, y sólo 29 fueron condenados”. El 0.8 por ciento del total (http://www.hrw.org/es/worldreport-2012/m-xico; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf). La impunidad es la norma. Al igual que la denigrante cesión de la soberanía nacional por el calderonismo, solapada por el avestruz-Senado. A cambio de 1 mil 600 millones de dólares, algunos helicópteros y tec16

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nología de punta en satélites y comunicación, obtenidos con el Plan Mérida –la versión local del Plan Colombia–, firmado en 2008, Calderón ha aceptado la presencia estadunidense hasta en la cocina, abierta y encubierta, política, policial, militar y de inteligencia; la operación de aviones no tripulados del Pentágono; la incursión militar (Matamoros); la operación de un centro de inteligencia dentro de una base militar en Monterrey; la instalación de oficinas en el Distrito Federal, donde los agentes estadunidenses discuten la estrategia de combate al narco; el entrenamiento de policías y militares mexicanos por parte de la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) y los militares; la participación en operativos e interrogatorios; el tráfico masivo de armas (operativo Rápido y Furioso); el lavado de dinero de la droga (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ciega); la intervención de las telecomunicaciones; la contratación de mandos de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, de al menos 80 exfuncionarios públicos expertos en seguridad, inteligencia, investigación y análisis, que espían, recopilan información y dan seguimiento a ciertos temas para la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; la presión del gobierno y de los legisladores estadunidenses; el alineamiento de la política exterior (por ejemplo, el pleno ingreso de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Al someterse a lo que Estados Unidos considera como vital para su seguridad nacional, en aras de su legitimidad, Calderón y el Senado hipotecaron la soberanía nacional por unos cuantos dólares y algunos cacharros. Una verdadera infamia. Tan vil como las del político y militar mexicano, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. No se ría, así se llamaba.3 *Economista CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Ayotzinapa, de pie Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*

l 12 de diciembre de 2011, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, salió a manifestarse en demanda de una solución a su pliego petitorio. Los estudiantes se trasladaron a la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo. Llegaron a las afueras de la ciudad, en la desviación hacia Acapulco y Tierra Colorada, alrededor de las 11 de la mañana. Los acompañaban organizaciones sociales, entre éstas, de Coyuca de Benítez y de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Una hora después llegaron las fuerzas de seguridad federales y estatales: militares y policías federales, preventivos y ministeriales. La agresión de los cuerpos policiacos fue Para seguir directa. Los alumnos se defendieron con piedras. Las balas terminaron con la vida de subsistiendo, los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús, la Normal quien cursaba el segundo grado de la licenciatura en educación física, y Jorge Alexis HeRural de rrera Pino, que cursaba el tercer grado de la Ayotzinapa licenciatura en educación primaria. Además otro alumno fue herido gravemente, Édgar debe movilizar David Espíritu Olmedo: la bala le atravesó el a sus estudiantes cuerpo a la altura de las costillas. Veinticuatro estudiantes fueron detenidos y salvajemente en demanda golpeados. La mayoría logró huir hacia los cedel presupuesto, rros de Petaquillas y de Chilpancingo. Desafortunadamente no es el único caso la beca de represión que ha padecido la Normal en los alimentaria últimos años. Los días 14 y 30 de noviembre de 2007, los normalistas fueron reprimidos por y la convocatoria los policías antimotines por manifestarse en de nuevo el Congreso estatal. En esa ocasión, la causa de las protestas fue que el gobierno del estaingreso do intentaba suprimir la licenciatura en educación primaria, con el pretexto de que en Guerrero los maestros ya no hacían falta. La Normal Rural fue la única que opuso resistencia. En las movilizaciones no participaron las urbanas públicas ni las privadas. Actualmente, en Guerrero la escuela de Ayotzinapa es la única que imparte dicha licenciatura. El gobernador entonces era Zeferino Torreblanca Galindo, quien había prometido desaparecer a la Normal, lo cual no logró. Lo cierto es que esta escuela, como la mayoría de las otras normales rurales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, debe de movilizarse para seguir subsistiendo. Cada año se debe arrancar al gobierno el presupuesto, la beca alimenticia y la convocatoria CONTRALÍNEA

de nuevo ingreso. La lucha porque cada Normal siga existiendo es intensa. En nuestro país, después de la matanza de estudiantes en 1968, se lanzó una campaña contra todo el normalismo rural. De entonces a la fecha, han cerrado la mayoría de este tipo de escuelas. Al parecer, a los gobiernos les preocupa demasiado que los estudiantes tengan mucha presencia en los pueblos y que estén siempre dispuestos a ayudarlos. Como pocas instituciones, las normales rurales interactúan con las comunidades en las que se establecen. Los alumnos que se forman como futuros maestros se preparan integralmente, tanto en lo académico, como en lo político, deportivo, cultural y productivo. El objetivo, desempeñarse como el maestro que cada comunidad necesita para paliar la pobreza y salir del atraso. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ubica cerca de la ciudad de Tixtla, a 14 kilómetros de Chilpancingo de los Bravo. Se fundó el 2 marzo de 1926. El actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero, visitó las instalaciones hace algunos meses. Dijo que venía a dialogar y que nuevos tiempos habría para la Normal. Ahora tenemos claro que sólo quiso quedar bien ante los medios de comunicación. Primero su cerrazón y su menosprecio provocó la movilización estudiantil. Luego su represión detonó en un movimiento social encabezado por la normal, que apenas está iniciando. Después del asesinato de nuestros compañeros, medios de comunicación al servicio de los gobiernos lanzaron una campaña contra la Escuela Normal Rural. Hubo “periodistas” que aseguraron incluso que nosotros, los normalistas, habíamos disparado las armas de fuego. Ya no pudieron sostener esas mentiras, pero ahora propagan otras. En realidad no nos preocupa mucho esa campaña de los medios aliados al poder. Contamos con el respaldo de los pueblos de Guerrero, a quienes servimos y a quienes nos debemos. Ayotzinapa está de pie. Se levantó en movimiento para luchar y exigir justicia. La excelencia académica que buscamos no puede estar condicionada a la sumisión política. Demandamos la recalendarización del periodo académico y rechazamos la intención del gobierno estatal de cancelar el ciclo escolar.3 *Organización estudiantil integrada por alumnos de las escuelas normales rurales de México 5 DE FEBRERO DE 2012

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OPINIÓN

La CFE y el homicidio de bebés Martín Esparza Flores*

l 12 de agosto de 2009 (dos meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro) fue entregado un voluminoso expediente a las puertas de Los Pinos. La misiva, que fue sellada de recibida, estaba dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa; el remitente fue el entonces secretario de la Comisión de Energía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien buscaba alertar al presidente de los excesos y la corrupción con que se manejaban, en la más abierta de las impunidades, los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); incluidos el entonces director general, Alfredo Elías Ayub, y el exdirector de Operaciones, Néstor Moreno Díaz, hoy prófugo de la justicia. Entonces y desde las instancias superiores del poder se cocinaba en el más absoluto de los sigilos el golpe contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y eran los tiempos en que Calderón exaltaba, una y otra vez, las ficticias cualidades de su “empresa de clase mundial”. Decía el mandatario, cuando se refería a la CFE: “Estamos alejando una de las peores o de las más dañinas amenazas, calamidades, que ha sufrido nuestro México y que es la corrupción, la trampa, la transa, que le ha hecho mucho daño a nuestro país, durante muchísimos años, durante muchísimas décadas”. Dos años y medio después, parece que Calderón nunca abrió siquiera el cartapacio que le hubiera mostrado el verdadero rostro de la Comisión que hasta el momento no ha podido suplir en la zona centro del país a Luz y Fuerza del Centro. Ahora “desclasada” de los mínimos estándares internacionales de eficiencia, que ha convertido la prestación del servicio en un gigantesco cúmulo de fallas y apagones, y que perjudica además con los altos cobros a millones de usuarios en todo el país. Pero, ¿qué contenía el expediente elaborado en el seno de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados? En síntesis, un detallado informe sobre los métodos y redes de corrupción con que se manejaban los altos funcionarios de la CFE, en el otorgamiento de los contratos a las empresas nacionales y extranjeras; también pruebas contundentes de la alteración de las licitaciones y la forma en que se extorsionaba a los empresarios, al más puro estilo del crimen organizado. El legislador Velasco Oliva alertó entonces al jefe del Ejecutivo: “Es impostergable adoptar decisiones que pongan freno al insaciable apetito de los funcionarios que ven en un puesto o encargo público la mejor oportunidad de hacer negocios y enriquecerse a costa del erario”. Más aun, el entonces presidente de la Comisión de Energía puso en manos de Calderón la información a detalle de cómo se había constituido en más 18

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de una década una poderosa mafia en la paraestatal, donde un reducido grupo de socios, protegidos por Elías Ayub, controlaba y aniquilaba la más mínima fuga de información, al quitar de en medio a cualquier funcionario menor que se atreviera a investigar más allá de lo debido. Sin exageración, se conoce atinadamente a esta pandilla de corruptos como “el cártel de la Electricidad”. Pero Calderón ignoró las recomendaciones del Congreso de la Unión y podemos suponer que el relevador documento ni siquiera llegó a sus manos, porque de haberlo leído hubiera sido imposible, ante el cúmulo de pruebas inobjetables, cruzarse de brazos o permitir que los excesos de este “cártel”, comandado por Elías Ayub y heredado a Antonio Vivanco, llegaran al punto de realizar cortes de luz a los hospitales públicos, como sucedió hace dos semanas en Campeche. El saldo, dos bebés muertos a consecuencia de la criminal insensibilidad e ignorancia de los funcionarios de la CFE; 14 pacientes más, uno en pleno quirófano, estuvieron en riesgo de perder la vida. El asunto que ha enlodado a la “empresa de clase mundial” es analizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Campeche, cuyo titular, Renato Sales, declaró en un noticiario radiofónico, en red nacional, que la CFE actuó de manera irresponsable pues únicamente se le adeudaban los meses de octubre y noviembre de 2011. Lo que el director de la CFE, Antonio Vivanco, y su superintendente en dicha entidad, José Bernal Segura, deberán de explicar a detalle, no sólo al país sino al mundo, es cómo al ocupar cargos de tal nivel en una empresa paraestatal (es decir, del gobierno y por ende de todos los mexicanos) se atrevan a cortar el suministro eléctrico a un hospital público, no importándoles poner en juego vidas humanas. Peor aún, que en el colmo de los excesos, ignoren que las actividades de los nosocomios están protegidas por el derecho internacional y que ni siquiera en tiempos de guerra debe de interrumpirse su funcionamiento. ¿Son éstos los funcionarios de una “empresa de clase mundial”?, ¿o son simple y llanamente los exponentes de una mafia corrupta que piensa que la CFE es privada, carente de todo sentido social, ignorantes de lo que establece la Constitución, en el sentido de que la electricidad es un derecho de todos los mexicanos? ¿Qué explicación puede dar el superintendente Bernal Segura a Keneth Cervera y Rosario Caamal, padres del bebé que murió en el hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche? El infante, que nació prematuro, era atendido de una pulmonía intrauterina y al momento del criminal apagón ordenado por Segura se encontraba conectado a un ventilador que le permitía respirar. ¿No es acaso éste un homicidio con todas sus agravantes? ¿Qué nadie, del “cártel de la Electricidad”, será castigado por tan cobarde crimen? ¿Cuántos mexicanos cuya vida depende del funcionamiento de un aditamento médico corren el riesgo de perderla porque a la CFE se le antoja cortarles la luz? ¿Por qué el presidente ha consentido que se llegue a tan flagrantes abusos, a violarse los más elementales derechos humanos? En posteriores entregas el lector encontrará a detalle las respuestas del porqué la CFE ha sido secuestrada por “el cártel de la Electricidad”, donde un puñado de mafiosos se han enriquecido en las últimas décadas, creyéndose dueños y señores de una empresa que es y debe de ser patrimonio de los mexicanos.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas CONTRALÍNEA

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León Braojos

PORTADA ?

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SANCIONADOS, más de 600 jueces y magistrados En tres lustros de existencia, el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a poco más de 1 mil servidores públicos del Poder Judicial; de éstos, más de la mitad han sido jueces y magistrados. La cifra de conductas penadas –de las que únicamente 156 se han considerado graves– contrasta con la cantidad de quejas que llegan al órgano disciplinario, que para 2011 rebasaban las 22 mil. Llamadas de atención privadas, el “castigo” más socorrido por la instancia encargada de vigilar la actuación de los juzgadores. Entre las conductas sancionadas, la liberación ilegal de narcotraficantes y secuestradores. El trabajo de los jueces queda en entredicho cuando, en lugar de cumplir la ley, son ellos quienes la violan, critica especialista Mayela Sánchez

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Reprobables en todos los casos, las conductas punibles deberían de considerarse graves cuando son cometidas por jueces o magistrados, dado que son ellos quienes tienen la encomienda de hacer cumplir la ley, no de violarla, opina el especialista en derecho, Daniel Márquez Gómez. El juez “es un conocedor de la ley, entonces cualquier conducta que viole la ley evidentemente que en el caso de quien es un conocedor del derecho se vuelve grave”, expone el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, añade Márquez Gómez, dado que su misión es la conciliación de conflictos, “no podemos entender a un juez que sea capaz de generarlos”. Contra la valoración del investigador, los datos del CJF evidencian que han sido los jueces y los magistrados quienes históri-

camente más han recibido sanciones del órgano de vigilancia: del total de penalizaciones, el 60 por ciento ha recaído en los juzgadores. Al respecto el investigador también sopesa el impacto que la conducta de los juzgadores tiene en la expectativa ciudadana sobre el Poder Judicial. “Quien se acerca a un juez lo hace porque ya pasó por un calvario, tiene necesidad de que le dé certeza. Un juez que por ignorancia, incompetencia, prevaricación o estulticia no resuelve adecuadamente una controversia que es puesta a su consideración, rompe ese sistema de expectativas sociales. “Desde esa perspectiva también su conducta es grave porque indirectamente rompe con el pacto social: quienes se acercan al juez y no obtienen justicia terminan diciendo que la institucionalidad es inútil y eso abona a que se cuestione lo que se hace en un Estado”, reflexiona el investigador.

www.scjn.gob.mx

a fiesta de 15 años de su hija le costó a Roberto Jasso Vázquez su cargo de juez de distrito, pues utilizó su puesto para obtener un beneficio económico con el que sufragó parte de los gastos del festejo. Además, permitió al padrino de su hija tramitar varios juicios de amparo en su juzgado. Jasso Vázquez fue uno de los primeros juzgadores sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras su creación en 1995. Desde entonces, el órgano de vigilancia del Poder Judicial de la Federación ha castigado a 627 magistrados y jueces federales, de acuerdo con sus propias estadísticas. A éstos se suman los 408 secretarios de juzgado y de tribunal, actuarios judiciales, defensores públicos federales y oficiales administrativos que también han merecido sanciones del Consejo.

4De las 22 mil 415 quejas presentadas en contra de magistrados, jueces y servidores públicos del Poder Judicial, sólo el 4.6 por ciento –1 mil 35– han sido objeto de sanción en 16 años

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No obstante, para el CJF de las más de 600 conductas inapropiadas de los juzgadores sólo 82 han sido consideradas graves. El 87 por ciento se ha valorado como acciones “leves” o “no graves”, como consigna la institución en los datos entregados a Contralínea, como respuesta a la solicitud de información 00382711. La Judicatura Federal ha hecho público el listado de funcionarios sancionados y las conductas que han ameritado cada infracción.

l Consejo de la Judicatura Federal, máximo órgano de disciplina y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, no tiene atribuciones para conocer de las quejas y denuncias contra servidores públicos adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir que los 11 ministros del máximo órgano de justicia del país no son sujetos de procesos disciplinarios por parte de la instancia facultada para ello. “Da la impresión de que son, jurídicamente hablando, irresponsables por violaciones a la ley”, observa el investigador Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El académico considera que de esta forma, los servidores públicos adscritos a dicha instancia “están sujetos a un régimen de responsabilidades de excepción”, que aplica la SCJN a través de un acuerdo general, en lugar de sujetarlos al ámbito de responsabilidades señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Márquez Gómez recuerda que el 28 de marzo de 2005, el pleno de la SCJN emitió el acuerdo 9/2005. En éste se estipulan los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servi-

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Rubén Darío Betancourt

Ministros, sin vigilancia

Sin embargo no detalla cuáles de esos agravios fueron valorados como ofensas mayores. La información proporcionada al respecto es reveladora: magistrados que acosan a sus subordinados, jueces que liberan a presuntos narcotraficantes, secretarios que dilatan los procesos judiciales o son negligentes en su trabajo. La lista también menciona casos de funcionarios que piden dinero o se reúnen con los litigantes, que ocupan otros cargos públicos simultáneamente, que favorecen con puestos a sus familiares o falsifican documentos.

dores públicos adscritos al máximo tribunal de justicia, así como lo relativo a su situación patrimonial. A decir del investigador, este “régimen de excepción” contraviene lo estipulado en el título IV de la Constitución sobre las responsabilidades de los servidores públicos. Y es que las disposiciones constitucionales reconocen en este rubro tanto a los magistrados y jueces, como a los consejeros de la Judicatura Federal y a los ministros de la SCJN, por lo que deberían de estar sujetos al mismo régimen disciplinario que el resto de los funcionarios, estima Márquez Gómez.

El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Caballero Juárez, explica que esta excepción existe para evitar conflictos de jerarquía, pues la SCJN es el máximo órgano justicia en México, por lo que “colocar algún esquema u organismo por encima de ellos, incluso en cuestiones disciplinarias, puede generar el problema de la jerarquía”. A lo que se apela en la Suprema Corte es a un control entre pares, refiere el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, por lo que la preocupación debería de enfocarse más bien en

quiénes son y cómo se elige a sus integrantes. Y agrega que instaurar un órgano de vigilancia para el órgano de última instancia del Poder Judicial crearía una especie de espiral infinita, pues tendría que haber otro órgano para vigilar a aquél que vigila y así sucesivamente. “Idealmente todo mundo debería de tener un órgano externo para rendir cuentas, pero tiene que haber algún momento en que tienes el órgano supremo y la única manera que tiene para protegerse es el control interno, el control entre pares, y la transparencia.”3

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Miguel Minero

Numeralia de sanciones en el Poder Judicial de la Federación (1995-2011) Total de quejas recibidas

22,415

Sanciones impuestas Conductas consideradas graves

1,035 156

Sanciones a jueces o magistrados Sanciones a jueces o magistrados por coductas consideradas graves

Julio César Hernández

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627 82

Fuente: Consejo de la Judicatura Federal

4Más de 250 magistrados, sancionados por violaciones a la normatividad Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

Uno de esos casos es el del exmagistrado Agustín Cerón Flores. En 2001, el entonces magistrado de circuito fue suspendido por dilatar durante alrededor de 19 meses las resoluciones de dos juicios de amparo. Ese mismo año, el exjuzgador radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Chihuahua fue destituido por haberle hecho proposiciones eróticas a una quejosa, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF. Una denuncia, registrada en el expediente 10/2001, abonaría al historial de faltas graves del exmagistrado y derivaría en su inhabilitación en 2002, por 10 años. El motivo de la sanción fue que Cerón Flores se entrevistó en tres ocasiones con un litigante que “le encargó un asunto en el que tenía interés”. El litigante localizaba vía telefónica al exjuzgador para que le informara sobre su asunto. A cambio, pagaba las cuentas de los restaurantes donde se reunían, consigna el CJF. A estas conductas se suman otras que también ameritaron sanciones para el exmagistrado, aunque no se consideraron de gravedad. Una de éstas fue no haber presentado con veracidad sus declaraciones de situación patrimonial entre 1996 y 1999. Por ello, Cerón Flores fue amonestado públicamente. La dilación en otras resoluciones, así como la no elaboración de “un número elevado” de resoluciones de diversos juicios de amparo –consideradas por el CJF como faltas no graves– le merecieron sendas amonestaciones, privadas y públicas.

Juzgadores: los más sancionados, los menos castigados Acorde con los datos de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF, los juzgadores encabezan la lista de funcionarios sancionados del Poder Judicial de la Federación: 376 jueces y 251 magistrados. 24

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4El presidente de México, Felipe Calderón, y el presidente de la Suprema Corte de Meza

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Justic

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te de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva

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Uno de ellos es Nicandro Martínez López, exmagistrado del Tribunal Unitario en Guadalajara, quien invalidó los cargos por lavado de dinero imputados a Adán Amezcua Contreras, líder del denominado cártel de Colima. Junto con sus hermanos José de Jesús y Luis Ignacio, Adán fundó el también llamado cártel de los Amezcua, dedicado al contrabando de metanfetaminas. Martínez López decretó la excarcelación de Amezcua Contreras, al considerar que el delito del que se le acusaba se había derogado. Cuando el Ministerio Público ejercitó de nueva cuenta una acción penal contra el narcotraficante, el entonces magistrado incurrió en el mismo argumento. Por estos hechos Martínez López fue destituido del cargo e inhabilitado por 10 años. La información estadística del CJF revela que de los 1 mil 35 servidores públicos infraccionados, casi la mitad (503) han sido sancionados con apercibimientos privados. Los jueces y magistrados también van a la cabeza entre quienes más advertencias personales han recibido como “castigo”. Respecto a cómo se determinan las sanciones, el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que se toman en consideración la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, el nivel jerárquico, antecedentes, condiciones y antigüedad en el servicio del infractor. También se evalúan sus circunstancias socioeconómicas, las condiciones exteriores y los medios de ejecución y la reincidencia de la falta. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación indica en su artículo 132 que el procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos puede promoverse de oficio o a través de una queja o denuncia presentada por cualquier persona, por un servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el Ministerio Público federal. Sin embargo la normativa no define qué tipo de sanciones ameritan aquellas conductas consideradas graves. Ello explicaría por qué los 82 casos de gravedad que involucran a jueces y magistrados no han derivado en penas similares.

Al respecto, es ilustrativo el caso del magistrado Amado López Morales. Se trata del funcionario que en 1997, mientras ocupaba el cargo de juez Noveno de Distrito en Jalisco, exoneró al exlíder del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero, de los cargos por narcotráfico. López Morales sólo sentenció al narcotraficante a seis años de prisión por el delito de portación de arma de fuego. Pero no fue eso lo que le ameritó un castigo del CJF. De hecho pasaron más de 13 años antes de que, tras una denuncia interpuesta en 2008, López Morales fuera suspendido del cargo por acosar sexualmente a una colaboradora cuando ocupaba una magistratura de circuito en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en Guerrero. Actualmente, López Morales se desempeña como magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero. A través de su secretaria particular, el magistrado expresó a este semanario que no deseaba emitir ningún comentario al respecto. El investigador Márquez Gómez sostiene que en México no hay un sistema que permita imputar responsabilidades de manera sólida a jueces y magistrados, pues no hay estudios serios que analicen las conductas en las que incurren en su función jurisdiccional. También califica como deficiente el marco jurídico actual, que no contempla la responsabilidad por error judicial. Además recuerda que en el caso del Poder Judicial, la Judicatura Federal está impedida de analizar el trabajo jurisdiccional de los jueces, a razón de que ello vulneraría su trabajo.

Quejas y denuncias En sus 16 años de existencia, al CJF han llegado 22 mil 415 quejas sobre el actuar de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Mas la disparidad entre éstas y el número de funcionarios sancionados es palmaria: apenas 1 mil 35 infraccionados. De éstos, sólo 156 casos son considerados graves. 5 DE FEBRERO DE 2012

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se explicaría porque un alto porcentaje de las quejas carecen de fundamento. Sin embargo acota que lo cuestionable no es el contraste entre el número de acusaciones y el de sancionados, sino cómo se revisan los casos para asegurar que aquellas quejas que son fundadas tengan seguimiento. “¿Se presentan las quejas porque efectivamente hay una conducta que sea susceptible de sancionarse: sí o no?”, se pregunta el investigador Márquez Gómez. Si fuere el caso, indica, entonces lo que habría que cuestionar es por qué no se admiten todas las quejas que se presentan y se desecha casi la mitad. Plantea que mientras la Judicatura Federal no explique los mecanismos para admitir o rechazar una queja “habría que mirar con cautela el ejercicio de la función disciplinaria en el ámbito jurisdiccional”. El investigador bosqueja que si la respuesta fuera que no, saltaría la siguiente interrogante: “Si efectivamente contamos con el Poder Judicial tan apegado a la ley como nos muestra la estadística, ¿por qué tenemos tanta inconformidad por parte de la población en materia de impartición de justicia?

“Da la impresión de que los números no reflejan la realidad. Si la labor que [el Consejo de la Judicatura Federal] está haciendo es correcta, nos tendrían que explicar por qué los números se expresan de esa manera y por qué [lo] necesitamos”. A fin de conocer de voz de la propia Judicatura Federal las razones de esta disparidad en los números, así como su valoración sobre la conducta de los juzgadores y respecto a su trabajo como vigía, Contralínea solicitó entrevista con el consejero Juan Carlos Cruz Razo, presidente de la Comisión de Disciplina del CJF. Hasta el cierre de edición, el director de Información, Manuel Moreno, a través de quien se gestionó la petición, no dio respuesta alguna.

Dilación, acoso, nombramientos indebidos

Marco Polo Guzmán/Cuartoscuro

Los funcionarios a los que más se ha amonestado son jueces y magistrados, con más de 600 casos. Les siguen en incidencia los secretarios de juzgado, con 176 castigados. Los secretarios de tribunal acumulan 77 faltas, los actuarios judiciales, 73; también se ha sancionado a 57 oficiales judiciales; y 25 defensores públicos. Desde su creación en 1995, el CJF ha destituido a 60 servidores públicos del Poder Judicial e inhabilitado a 31. Los jueces de distrito y los secretarios de juzgado registran las mayores cifras en cada caso, con 15 y 12 funcionarios, respectivamente. El número de magistrados destituidos de sus cargos es 10 y el de inhabilitados, cinco. Para los jueces, las cantidades correspondientes son 15 y cuatro. Y hasta la fecha sólo se han impuesto seis sanciones económicas, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Para el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Caballero Juárez, la disparidad en las cifras

4“Si contamos con el Poder Judicial tan apegado a la ley, ¿por qué la población está inconforme con la impartición de justicia?”. En la imagen, protesta ciudadana en contra de un juzgador 26

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De las poco más de 1 mil sanciones que el Consejo de la Judicatura ha impuesto en 16 años, sólo el 15 por ciento ha sido por faltas consideradas graves. Dentro de éstas figuran lo mismo fallas relativas a la función jurisdiccional que relacionadas con la conducta personal de los servidores públicos. Uno de esos casos es el del juez Roberto Caletti Treviño, quien en 1997, cuando fungía como juez en el Juzgado Primero de Distrito en Cuernavaca, Morelos, otorgó un amparo a dos presuntos secuestradores a los que la Procuraduría General de la República (PGR) había consignado. Aunque el CJF la consideró una falta grave, sólo le impuso una suspensión al juzgador. Pero para la PGR, el actuar de Caletti Treviño podría haberse considerado un delito contra la administración de justicia, por lo que le inició una causa penal. En octubre de ese año, se le dictó arraigo domiciliario, que el exjuez no acató. Caletti Treviño promovió entonces cuatro juicios de amparo en contra del arraigo y de posibles órdenes de aprehensión. A pesar de ello, el 18 de noviembre de 1997, se le dictó un auto de formal prisión. Antes de que su caso se resolviera, el entonces juez huyó a Canadá. En 2009, el exjuzgador fue asesinado en Quebec. “Un exjuez corrupto golpeaCONTRALÍNEA

Luis Mejía/Cuartoscuro

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4Toma de protesta de magistrados de circuito y jueces de distrito

do hasta la muerte”, tituló el diario canadiense Le Journal de Québec, a la nota sobre el homicidio, publicada el 26 de agosto de 2009. También están los casos de los magistrados Jesús Salvador Aguilar Cota y Alonso Galván Villagómez. El primero fue inhabilitado en 2001, por dilatar excesiva e injustificadamente cuando menos 131 resoluciones, así como el engrose de 24 asuntos. Galván Villagómez fue suspendido en 2003, luego de que se denunciara que el entonces magistrado de Circuito en el Tercer Tribunal, en Morelia, presentaba al pleno del tribunal proyectos de resolución con deficiencias que provocaban su retiro o aplazamiento. José Manuel Arballo Flores, entonces juez del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Guadalajara, retardó por más de dos años y hasta casi tres, la resolución a una veintena de juicios de amparo. Además de 597 asuntos pendientes de resolución. Por estas acciones fue suspendido. Otro exjuez, Emilio Adalberto Hassey Domínguez, también fue suspendido porque firmaba acuerdos y resoluciones del Juzgado Quinto de Distrito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin revisarlos. Además, ingería bebidas embriagantes en su privado, de acuerdo con la información del CJF. Pero no sólo los juzgadores han sido sancionados por conductas inapropiadas. En los registros del Consejo de la Judicatura Federal figuran casos como el de un secretario de juzgado que, en 1997, fue suspendido por un “notorio descuido” en su trabajo. En un proceso penal, un inculpado exhibió copia certificada de un acta de nacimiento para aducir su minoría de edad y el funCONTRALÍNEA

cionario no verificó su identidad; además, no consideró la “incongruencia” que existía entre tener licencia para pilotar aviones y ser menor de edad. Por este descuido, el inculpado obtuvo su libertad. Otra conducta que fue sancionada fue la de un secretario de juzgado que laboraba en el Juzgado Quinto de Procesos Penales, en el Estado de México, quien omitió informar acerca de sus antecedentes penales. Por esta causa fue inhabilitado y se le impuso una sanción económica. Entre las infracciones también hay casos de jueces que han hecho nombramientos indebidos, como el de María del Rosario Alcántar Trujillo, quien nombró a su sobrina como oficial judicial.

Inconformidades recibidas en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal 1995-2011 Origen de la inconformidad Quejas administrativas Denuncias Investigaciones Expedientes varios Procedimientos disciplinarios de oficio

Números de quejas 10,229 469 233 11,483 1

Total

22,415 Fuente: Consejo de la Judicatura Federal

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La ropa sucia se lava en casa A principios de septiembre de 2011, la jueza Taissia Cruz Parcero dejó en libertad a Néstor Moreno Díaz, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad, acusado de aceptar sobornos en uno de los casos de corrupción más importantes que ha tenido la paraestatal en años recientes. El hecho produjo un escándalo que fue aprovechado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa para criticar el trabajo de los juzgadores, al aducir que eran ellos quienes liberaban a los delincuentes que las fuerzas de seguridad aprehendían. “No es que yo la traiga contra el juez, los aprecio y todo, pero ya también uno empieza a cansarse. Uno los agarra, los agarra, los agarra, y los jueces los sacan, los sacan y los sacan”, expresó el mandatario. El Consejo de la Judicatura Federal respondió al rechazar que se hicieran señalamientos contra los impartidores de justicia sin contar con pruebas y defendió su labor de vigía del Poder Judicial Federal al asegurar que examinan “permanentemente” el actuar de los juzgadores. Sin referirse explícitamente a Calderón, la Judicatura Federal advirtió en un comunicado que “cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”. La respuesta del CJF fue inusitada, pues en México el Poder Judicial se ha caracterizado por su hermetismo. La reserva con la que éste se ha conducido provocó que por mucho tiempo se desconocieran las conductas inapropiadas y los vicios que se daban en su interior, y mucho menos se supiera si tales acciones eran debidamente castigadas. Desde 2011, en un trabajo hasta ahora poco usual, el CJF comenzó a hacer pública la información sobre los servidores públicos sancionados. 28

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Caballero Juárez ve con buenos ojos este cambio. El investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas valora como positivo que el Consejo haya adoptado una política de dar a conocer esta información, cuando antes “a la voz de la ropa sucia se lava en casa procuraban no hacer mucho ruido en este tipo de problemas”. En su opinión, el transparentar la información sobre las sanciones a servidores públicos “nos está diciendo que efectivamente el Poder Judicial tiene problemas y que es correcto que tenga también mecanismos para tratar de resolverlos, [pues] lo que no nos podemos creer es que dentro de éste todo mundo sea perfecto”. Pero para Márquez Gómez la “operación con cerradura” sigue vigente en el Poder Judicial. A decir del investigador, las instancias judiciales no dan información, procesan muy lentamente las desviaciones que encuentran y trabajan con un espíritu más bien político que propiamente jurisdiccional. Plantea que primero hay una “labor de propaganda muy fuerte” para intentar convencer de que los jueces ejercen un trabajo con estricto apego a la ley; luego, una operación “en la que se dicen perseguidos, agraviados por quienes denuncian conductas que son contrarias al sano ejercicio de la función jurisdiccional”; y por último, “una especie de omertà o de ley del silencio, donde lo que dicen no sale hacia la gente y entonces tenemos un espacio que da la impresión que se amafia”. Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Daniel Márquez Gómez, el problema de fondo Rubén Darío Betancourt

La juez en el Juzgado Octavo de Distrito, en Ciudad Obregón, Sonora, fue castigada con una amonestación pública. El exjuez de distrito José Susano Lucio Lucio condicionaba los nombramientos, además de que permitía a un sobrino suyo por afinidad vigilar a los secretarios y actuarios en el Juzgado Quinto en Matamoros, Tamaulipas. Aunque su familiar no tenía título de abogado, Lucio Lucio le permitía también elaborar acuerdos. El juez fue destituido. Entre las conductas consideradas graves también figura la del magistrado Miguel Ángel Zelonka Vela, a quien se le castigó por haber hostigado sexualmente a una secretaria del Tribunal Décimo Colegiado en Materia de Trabajo. Además, “no se observó buena conducta en su trato con el personal subordinado del Tribunal”, de acuerdo con la información del CJF. Pero las faltas sólo ameritaron una suspensión, que al cumplirse permitió al juzgador reincorporarse al servicio público. Actualmente funge como juzgador en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero. Zelonka Vela indicó a Contralínea, a través de su secretario particular, que no tenía interés en hacer ningún comentario al respecto.

4La liberación irregular de narcotraficantes, entre las faltas que ha sancionado CONTRALÍNEA

la Ju

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Sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal (1995-2011) Cargo Magistrados de circuito Jueces de distrito Secretarios de tribunal Secretarios de juzgado Actuarios judiciales Defensores públicos Oficiales judiciales Total

Apercibimientos Amonestaciones Apercibimientos Amonestaciones públicas privados privadas públicos 115 33 17 44 202 34 26 52 30 3 6 15 96 9 8 25 37 2 6 11 2 1 0 5 21 3 6 8 503 85 69 160

Suspensiones 27 41 11 12 9 9 12 121

Inhabilitaciones 5 4 6 11 2 1 2 31

Destituciones 10 15 5 12 6 7 5 60

Sanciones económicas 0 2 1 3 0 0 0 6

Total 251 376 77 176 73 25 57 1,035

Fuente: Consejo de la Judicatura Federal

es que la norma no está encaminada a evitar las conductas inapropiadas. Considera que el diseño institucional debería de estar orientado a propiciar espacios de “moralidad” en el ejercicio de la función pública. “Y cuando hablo de moralidad no me refiero a la moral personal [sino] a la institucional, a que quienes ejercen esa función entendieran que están representando a la

nado la Judicatura, órgano disciplinario del Poder Judicial

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república y si no lo hacen de manera eficiente, lo que hacen es abonar a la desconfianza que el ciudadano tiene en las instituciones”.

Sanciones, fórmula para amedrentar Caballero Juárez habla de la dificultad para infraccionar a un juez, ya que se requiere un “buen trabajo de respaldo” para acreditar una conducta inapropiada. Y refiere que muchas de las quejas terminan considerándose infundadas porque, a pesar de que se pueda tener alguna sospecha respecto a un mal comportamiento de un juez, no se tienen elementos para comprobarlo. El investigador también arroja luz sobre otra circunstancia que abona a la complejidad de los procesos sancionatorios: que se usen como forma de presión o intimidación. Esto ocurre, por ejemplo, en las procuradurías de justicia estatales, que le inician un proceso o una averiguación previa a un juez siempre que éste les niega una orden de aprehensión o un auto de formal prisión. “Eso evidentemente está afectando su independencia, porque no los dejan decidir libremente, los están presionando”, estima el académico del CIDE. Otra acción muy socorrida es que la parte que pierde en un litigio interpone una queja porque considera que la resolución es incorrecta. Al respecto, Caballero Juárez repara en la importancia de distinguir entre un reclamo justificado y un “berrinche”.

“¿Cuál es la medida que debes de utilizar para entender si la resolución es efectivamente mala o no? Ése es el punto más complicado cuando hablas de sanciones a los jueces o cuando hablas de supervisión a su trabajo”. Pero también existen casos en los que las sanciones impuestas por la Judicatura Federal se usan como mecanismos para amedrentar a un servidor público por cuestiones ajenas a la esfera jurisdiccional. Muestra de ello sería el caso del exmagistrado Francisco Salvador Pérez, quien fue suspendido en 2006 tras manifestar su simpatía con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y por Andrés Manuel López Obrador. Entonces Salvador Pérez se desempañaba como magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca. La destitución formal del funcionario fue en noviembre de 2008. El argumento del Consejo de la Judicatura fue que el exmagistrado habría participado en el nombramiento de un actuario judicial supuestamente sin que se hubiera acreditado el examen de aptitud, así como la supuesta reiteración de movimientos temporales del personal administrativo. En su edición 236, del 5 de junio de 2011, Contralínea publicó una nota respecto al caso de Salvador Pérez. En ésta, el exmagistrado declara que para los órganos judiciales no existen medios de defensa ni ordinarios ni extraordinarios, “por lo mismo priva la más absoluta indefensión”.3 5 DE FEBRERO DE 2012

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SOCIEDAD ?

Remiendos de CONSTITUCIÓN Cumple 95 años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 199 decretos de reforma. El más reciente modifica el artículo 4, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La posible reforma al artículo 24, sobre la libertad de cultos, ha levantado protestas en la mayoría de los sectores de la sociedad, que observan el regreso de los privilegios del clero católico. Legisladores afirman que la ley fundamental del Estado mexicano se encuentra en una etapa de adaptación a la sociedad del siglo XXI. En el actual sexenio, el mayor número de reformas Ruth Roque

l 5 de febrero de 1917 se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el día de hoy a pesar de que ha sido objeto de 199 decretos de reformas. Los decretos han modificado 530 artículos: 517 reformas del artículo 1 al 136; nueve a los artículos transitorios; y cuatro a los artículos transitorios de decretos de reformas. El primer decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de julio de 1921, cuando el militar y político Álvaro Obregón gobernaba, modificó el artículo 14 transitorio (suprimía la Secretaría de Justicia); y la fracción XXVII del artículo 73 (relativo a los planteles de instrucción pública). El último decreto, publicado también en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de octubre de 2011, adiciona un párrafo tercero al artículo 4 (derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad) y un segundo 30

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párrafo a la fracción XX del artículo 27 (el Estado garantiza el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos). La Encuesta nacional de cultura constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2011, indica que el 65.1 por ciento de los entrevistados (2 mil 208) conoce poco del contenido de la Constitución. Esto podría deberse a que el 58.1 por ciento de los encuestados considera que se habla muy poco de ésta. En el terreno constitucional, en la Carta Magna perduran los ejes vertebrales de los derechos sociales a pesar de los intentos del Poder Ejecutivo de desconocer esta concesión, asegura el doctor John M Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El espíritu constituyente, vigente a pesar de las reformas Cuando se promulgó la Constitución, ésta fue reconocida como la primera en América en incluir los derechos sociales. En el siglo XX, se colocó como la primera a nivel mundial, gracias a que la Constitución francesa de 1848 perdió vigencia, asegura el doctor Diego Valadés, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Considera que “decir que con las reformas se ha perdido la idea original de la Constitución no tiene fundamento. El problema de éstas no radica en su contenido sino en su redacción”. Explica que la redacción “muy detallista” ha generado que la Carta Magna contenga alrededor de 50 mil palabras. Esta excesiva extensión genera efectos negativos: “Es muy difícil de leer y entender para un ciudadano que no sea abogado; entre más detalles tiene, obliga a mayores reformas; y, por el contrario, si no se reforma se queda rezagada de la realidad”. CONTRALÍNEA

Misael Valtierra/Cuartoscuro

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4El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, durante la conmemoración del 94 aniversario de la promulgación de la Constitución Política

CONTRALÍNEA

Miguel Minero

Para el doctor Valadés, las reformas han ampliado los derechos sociales, políticos e individuales. Sentencia que “en términos generales, y en su mayoría, han sido muy favorables”. Según su percepción, lo que ha desnaturalizado el sentido de “una Constitución en general, no solamente la de 1917, es que se ha hecho muy reglamentaria”. En este sentido, el doctor John Ackerman coincide: “Se conserva el espíritu del Congreso Constituyente. La Constitución sigue siendo algo muy valioso, es una constitución con sentido social”. Expone que los artículos 3, 27 y 123, que “fueron los tres artículos cumbres del Constituyente de 1917”, siguen vigentes a pesar de los embates del poder, lo que considera como una victoria. Además, señala que se ha agregado toda una “nueva ola de reformas en materia de rendición de cuentas”. En este caso, México se encuentra a la vanguardia en esta materia. Para el diputado priísta Reginaldo Rivera de la Torre, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es necesario actualizar la Carta Magna. Llevar a cabo lo anterior “no afecta el espíritu del Constituyente”; ello porque se realizaría en cumplimiento de un principio de actualización.

Artículos constitucionales reformados al 13 de octubre de 2011

Artículos 1 al Artículos transitorios

517

Artículos tran sitorios de decretos de reforma

Total

530

Fuente: Cámara de Diputados

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Manuel Arellano, asesor parlamentario del senador perredista Rubén Velázquez, afirma que no se puede gobernar con el mismo texto original, pues como no es la misma sociedad “originaria”, la Constitución tiene que ir evolucionando a la par.

David Cilia

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“El problema no son las reformas” Aunque la mayoría de las reformas parecieran responder a las problemáticas actuales y no a evitar posibles escenarios en el futuro, el diputado priísta Rivera de la Torre indica que gran parte de éstas han sido históricas, como la que hizo obligatoria la educación media superior, 4En la coyuntura política actual, lo peor que podría pasar sería hacer una nueva Constitución. Los poderes hasta ahora limitados desarticularían su esencia: investigador Ackerman “más con un problema como el de los ninis”. “No podemos descalificar la importancia de la aplicación de las normas constitucionales. de la legislación secundaria y la interpretación del Poder Ejecutivo, entonces se generan graves problemas de impleLas reformas han servido y aún hacen falta más”. “Como nunca antes en la historia, los últimos 15 años mentación”. A pesar de esto, el 56.5 por ciento de los entrevistados, en (1997-2012) se han caracterizado por reformas constitucionales. Es falso que la clase política no haya logrado nada, la Encuesta de cultura constitucional, considera que la Constituel Poder Ejecutivo ha sido un fracaso total, pero el Legisla- ción ya no responde a las necesidades actuales del país. Diego Valadés refuta lo anterior al afirmar que los probletivo ha tenido un activismo en reformismo muy profundo –asevera John Ackerman–; el problema radica a la hora mas sociales de México residen, esencialmente, en la disfuncionalidad de las instituciones. “El problema de fondo no es el de la Constitución sino de la cultura constitucional. Lo que

Guillermo Perea/Cuartoscuro

El artículo 24, a discusión

a reforma al artículo 24 promovida por el diputado priísta José Ricardo López Pescador, donde se establecería que “todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y

L 32

religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectiva, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del

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culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, ha levantado manifestaciones en contra por parte de diversos grupos civiles. El filósofo y especialista en estudios acerca de la derecha política en México, Edgar González Ruiz, considera que “propinaron un golpe demoledor al Estado laico al aprobar una modificación al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implantar la llamada ‛libertad de religión’” (Contralínea, 267). Ante esto, el doctor Diego Valadés sugiere que la reforma “indiscutiblemente representa un avance en los derechos de las personas”, ya que incorpora la libertad de convicciones éticas. “En este

momento tenemos el derecho de elegir entre un credo religioso u otro, pero no de no tener credo religioso [de forma obligatoria]”. Sin embargo González Ruiz afirma que “hizo falta incorporar explícitamente la libertad de no tener creencias religiosas, pues de manera insidiosa la nueva versión de la ley se afana en proteger los supuestos derechos de las iglesias, y en términos reales los del clero católico, sin tutelar los de los no creyentes” Y acusa que la reforma “no obedeció a un clamor popular, sino a los designios políticos de la jerarquía católica, en el contexto de las próximas elecciones y de la anunciada visita del papa Joseph Ratzinger a México, a principios de año.”3 CONTRALÍNEA

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El horno no está para bollos

Álvaro Obregón

Plutarco Elías Calles

4Con casi 200 reformas, la Constitución de 1917 aún es vigente en México

8 18

Emilio Portes Gil

Pascual Ortiz Rubio

Abelardo L Rodríguez

Lázaro Cárdenas

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdés

Adolfo Ruiz Cortines

Demián Chávez/Cuartoscuro

La Encuesta nacional de cultura constitucional plantea que el 50.1 por ciento de los entrevistados preferiría cambiar sólo en parte la Constitución; el 22.5, dejarla como está; y el 18.6 por ciento hacer una nueva. A pesar de estos datos, siete de cada 10 piensan que sí (47.2 por ciento) o en parte (24.6 por ciento) se debería de convocar a un congreso constituyente con el fin de hacer una Constitución nueva. La mayoría son jóvenes de entre 25 y 34 años, con una licenciatura terminada y que residen en el Norte del país. “Estoy en contra de los que dicen que debe haber una nueva Constitución; hay que adecuar algunas partes”, responde, tajantemente, el diputado priísta Reginaldo Rivera de la Torre. Para el doctor Ackerman, la “idea,

Artículos constitucionales reformados por presidente

conceptualmente, de hacer una nueva Constitución es muy positiva”. Reconoce que es relativamente vieja y está muy “parchada”, por lo que sería necesario hacer una revisión integral. Sin embargo, refiere que no existe una coyuntura política favorable para la misma. “Es lo peor que podría pasar, [porque] sería el pretexto perfecto para que los poderes que han sido limitados aprovechen para desarticular toda la estructura de la Constitución”. El doctor Valadés coincide: “Hacer una nueva Constitución, en un momento como el actual donde las fuerzas conservadoras del país se muestran como adversas a los intereses colectivos, resultaría en una constitución peor a la que ya tenemos”. Ante esta disyuntiva, Manuel Arellano expone como solución la necesidad de perfeccionar los mecanismos de participación política ciudadana, a través del establecimiento de figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y la consulta popular. Esto daría una mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder.3

Miguel Minero

vivimos en el país, en este momento, es algo que denomino ‘desconstitucionalización de la república’: hay muchas normas que no están siendo aplicadas”.

Adolfo López Mateos

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez

José López Portillo

Miguel de la Madrid

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de León

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa (hasta el 13 de octubre de 2011)

Total

530 Fuente: Cámara de Diputados

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SOCIEDAD -

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CONTRALร NEA

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David Cilia

MORTAL, DESIGUALDAD económica en México

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Misael Valtierra/Cuartoscuro

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4La brecha entre ricos y pobres se estima en 26 veces de diferencia el ingreso anual

Una persona que pertenece al 10 por ciento de la población con más ingresos en México, obtiene más de 200 mil pesos anuales, en promedio. En tanto que aquellos que se encuentran en el decil de los mexicanos más pobres, apenas 8 mil 700 pesos anuales, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras, los programas dedicados al desarrollo social en México fracasan Érika Ramírez 36

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CONTRALÍNEA

Guillermo Perea/Cuartoscuro

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4México, el segundo país más desigual entre los Estados que integran la OCDE. En la imagen, Bruno Ferrari, secretario de Economía, y José Ángel Gurría, presidente de la Organización

a temporada de frío 2011-2012 trajo la muerte para los más pobres de este país, en total, 40, informó la Secretaría de Salud. Ademas, a 15 días de haber empezado el año, la prensa mexicana informaba que los rarámuris que habitan en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, fallecen por desnutrición. Fueron al menos seis los decesos registrados por hambruna en las comunidades Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi. Allí, el índice de mortalidad por la falta de alimento ha propiciado la muerte en adultos de 55 a 60 años de edad. El problema, sin embargo, no se reduce a las poblaciones serranas de Chihuahua: 1 millón 800 mil menores de cinco años padecen desnutrición crónica, estima la Fundación Mexicana para la Salud. De éstos, al menos 170 mil niños que habitan en zonas marginadas (tanto rurales como urbanas) presentan una “situación aguda”, cuyas complicaciones derivan en la muerte, generalmente asociada a enfermedades infecciosas curables. CONTRALÍNEA

Aunado a ello, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que México es el segundo país más desigual –desde el punto de vista económico– de los que integran este organismo internacional. En su informe Divididos resistimos: ¿por qué sigue aumentando la desigualdad?, indica que “México tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos de los países que integran la OCDE, justo por debajo de Chile […] A pesar de su disminución desde mediados de la década de 1990”. La brecha entre ricos y pobres es 26 veces mayor para los más ricos del país, pues de acuerdo con el ingreso promedio que percibe el 10 por ciento de este sector es de 228 mil 900 pesos (con cifras actualizadas hasta 2008). En tanto, el ingreso del 10 por ciento con menores ingresos es de 8 mil 700 pesos, durante el mismo periodo. No obstante para el gobierno federal sí hay una evolución en esta materia, y

luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) ascendiera al poder, se ha podido percibir “una estabilidad macroeconómica, de control de la inflación y de una importancia creciente en los programas públicos de combate a la pobreza”, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Políticas reprobadas En mayo de 2011, Contralínea documentó el fracaso de las políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza, al registrar a más de 82 millones de mexicanos en esta situación económica. Las cifras del Informe de pobreza multidimensional en México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reflejan el fracaso del aparato de Estado en la materia. El perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, indica que es una “pena” lo que está pasando en el país con la aplicación de políticas 5 DE FEBRERO DE 2012

David Cilia

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4Los mexicanos más pobres perciben menos de 8 mil 700 pesos al año, señala la OCDE públicas. El Coneval ha señalado que la mayoría de los programas no tienen un objetivo, población, ni mediciones de los resultados. De acuerdo con la OCDE, en los últimos 25 años los ingresos reales de los hogares aumentaron un 1.7 por ciento para el 10 por ciento de los mexicanos más ricos, pero sólo 0.8 por ciento para el 10 por ciento más pobre. “Necesitamos hacer algo por la población de los municipios más pobres. Es una pena que México sea el segundo país de la OCDE con la mayor desigualdad [económica] y que la brecha sea tan discrepante en el ingreso de las familias”, señala Hernández Rodríguez.

La brecha entre los ricos y los pobres Mexicanos en pobreza: 87 millones 150 mil Mexicanos con acceso al bienestar económico y social: 19 millones 530 mil Menores de cinco años con desnutrición crónica: 1 millón 800 mil Brecha entre ricos y pobres: 26 veces de diferencia en ingreso anual Percepción promedio de los pobres que cuentan con ingreso: 8 mil 700 pesos anuales Percepción promedio de los ricos: más de 230 mil pesos anuales Utilidad neta acumulada en 2010 del Grupo Carso: 7 mil 64 millones de pesos

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“Programas asistencialistas”: Acción Nacional Además, la OCDE –que preside el mexicano José Ángel Gurría Treviño– indica que la brecha de ganancias entre los empleados aumentó. Esto se relaciona con una mayor diferencia de las horas laboradas entre los trabajadores mejor y peor pagados. Ante ello, la diputada panista Gloria Trinidad Luna Ruiz explica que los informes únicamente sirven como indicadores para saber en dónde se deben de enfocar las baterías. La OCDE también ha indicado que México debe de apostarle a los cambios en su propuesta laboral, con la aprobación de la reforma laboral: “Hay que apostarle más al capital humano”. La lectura que hace la legisladora del PAN es que para los organismos internacionales “la desigualdad se ha reducido. Los estudios arrojan que la brecha viene disminuyendo poco a poco”. Reconoce que sí existe pobreza en el país, pero “las cifras son el resultado de lo que se va sumando en los estados. Lamentablemente, hay entidades en donde las políticas públicas en materia social son asistenciales, no de desarrollo. Mientras los gobiernos sigan actuando así, no vamos a lograr un avance de capital humano”.

La brecha laboral El documento de la OCDE revela que aunque en promedio los mexicanos trabajan más horas que en ningún otro país integrante de la Organización, la cantidad de horas anuales trabajaCONTRALÍNEA

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das de los empleados con menores ganancias disminuyó de 2 mil 600 a 2 mil 150. Mientras que las horas anuales de los trabajadores con ganancias superiores aumentaron de 2 mil 400 a 2 mil 500. La parte de los ingresos por trabajo autónomo es otro de los puntos que considera importante, pues en el total de los ingresos [que obtienen las personas que se autoemplean] disminuyó 30 por ciento, a mediados de la década de 1980, y alrededor de 20 por ciento, en 2005. La priísta Narcedalia Ramírez Pineda, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, indica que la pobreza y la desigualdad son de los temas más “platicados y sensibles, porque aunque tengamos una gran cantidad de programas dirigidos a la población más desfavorecida del país, el grado de desigualdad se abre más”. Comenta que por los beneficios y apoyos que obtiene del gobierno federal, dicha población se hace dependiente de los programas y con ello “simplemente los estamos excluyendo del desarrollo del Estado y de lo que se quiere como país”. Crítica de los planes a los que dio continuidad el panismo, heredados del Partido Revolucionario Institucional, Ramírez Pineda cuestiona los índices y parámetros que se utilizan para erradicar la pobreza. “El colocarles piso firme en sus hogares, por ejemplo, no es sacarlos de la pobreza. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social determina qué comunidades con piso firme ya no están en un grado de marginación”.

Hacienda niega cifras de la OCDE A través de un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titulado Evolución de la desigualdad en México, el Estado desdice a la OCDE y asegura que sí ha habido avances en esta materia. La dependencia encabezada por José Antonio Meade Kuribreña indica que “durante los últimos 10 años, se ha producido una disminución significativa en la desigualdad en nuestro país, después de incrementos importantes que se observaron en años anteriores”. CONTRALÍNEA

Precariedad en los derechos sociales Derechos sociales

Porcentaje de la población con carencia social

Número de habitantes

21.7 40.7 64.7 17.5 18.9 21.6

23 millones 160 mil 43 millones 380 mil 68 millones 990 mil 18 millones 620 mil 20 millones 130 mil 23 millones 60 mil

Educación Servicios de salud Seguridad social Calidad y espacios de la vivienda Servicios básicos en la vivienda Alimentación

Fuente: Informe de pobreza multidimensional en México 2008

La Secretaría destaca que en las últimas tres décadas se han observado dos periodos claramente diferenciados en la evolución de la desigualdad. El primero, entre 1984 y 1994, cuando se dio un incremento “significativo”. Éste, indica la Secretaría de Hacienda, respondió a factores como “las recurrentes crisis de balanza de pagos ocurridas en ese periodo, la erosión del poder adquisitivo de los salarios resultante de los niveles elevados de inflación y los cambios tecnológicos que llevaron a un incremento en la desigualdad a nivel global”. El segundo, entre 1994 y 2008, se dio cuando la desigualdad en el país “se redujo al revertir buena parte del incremento observado en el periodo anterior”. La administración federal resalta que es a partir de 2000 (cuando el PAN asciende al poder) que se registró “la disminución más fuerte, y se da en un contexto de estabilidad macroeconómica, de control de la inflación y de importancia creciente de los programas públicos de combate a la pobreza”. Para la administración panista, el sistema económico instrumentado en México ha sido eficiente. “Las políticas macroeconómicas que se han seguido durante la última década, así como el fortalecimiento de los programas sociales, en particular de los orientados a combatir la pobreza y ampliar el acceso a los servicios de salud y educación para todos los hogares, han tenido una contribución significativa para revertir los incrementos en la desigualdad que se observaron en el pasado y que seguirán

promoviendo una mayor igualdad en el futuro”.

Reforma laboral, principal apuesta de la OCDE En el documento Reducir la desigualdad mientras se estimula el crecimiento económico es posible, publicado a principios de 2012, la Organización recomienda aprobar las reformas en el mercado laboral, los impuestos, los sistemas de transferencias y de educación. “A medida que la crisis económica obliga a los gobiernos con problemas de liquidez a rediseñar los sistemas fiscales y de prestaciones, la OCDE indica que el proceso de reforma debe de verse como una oportunidad para abordar simultáneamente los problemas de desigualdad y de crecimiento”. El documento indica que “una prioridad debe de ser la reducción o la eliminación de las exenciones impositivas que principalmente benefician a los ricos, lo que crearía un espacio para las reducciones favorables al crecimiento en tasas impositivas marginales para todos los contribuyentes”. Además, asegura que la reforma del mercado laboral ofrece soluciones en las que todos serían beneficiados: “La reducción de la brecha existente en la protección del empleo entre trabajadores temporales y aquellos con contratos permanentes. Con ello se reduciría en un 25 por ciento la diferencia salarial promedio entre estos dos tipos de empleados mientras se estimula el empleo y el crecimiento”.3 5 DE FEBRERO DE 2012

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SOCIEDAD -

Cruz Roja Mexicana COMBATE EL HAMBRE… EN SOMALIA En respuesta a la hambruna que se sufre en México y en distintos países del mundo, la Cruz Roja Mexicana hizo aportaciones económicas por más de 2 millones 500 mil pesos durante el periodo de 2009 a 2011, para combatir este mal. De éstos, 1 millón 548 mil 630, alrededor del 64 por ciento de los recursos, fueron destinados exclusivamente para combatir el hambre en Somalia Mariela Paredes

e 2009 a la fecha, la Cruz Roja Mexicana ha aportado 99 mil 681 toneladas de alimento para atender el problema del hambre en México. De acuerdo con estimaciones de Adrián Ruiz Briseño, director general de este órgano de ayuda humanitaria, la cifra se traduciría en 996 mil 810 pesos, aproximadamente (a razón de 10 pesos por kilo). Hasta ahora la ayuda sólo se ha distribuido en tres entidades: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Nada se ha destinado a otras regiones en pobreza extrema, como la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Sin embargo, la aportación hecha por esta institución durante 2011, para combatir el mismo problema en Somalia es superior: 1 millón 548 mil 630 pesos. Es decir que la ayuda enviada al extranjero representa 40

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alrededor del 64 por ciento del total de las aportaciones. Sólo el 39.2 por ciento de esos recursos han sido para subsanar el hambre al interior del país. El director general de la Cruz Roja Mexicana asegura que es el principio de solidaridad el que ha motivado las acciones para combatir el hambre no sólo en México, sino en el mundo. Somalia, aquejada por la sequía, vivió durante 2011 una de las crisis alimentarias más graves, de acuerdo con estimaciones del Comité Internacional de la Cruz roja (CICR) y la Media Luna Roja. En el país, la Cruz Roja Mexicana registra al menos tres entidades que han sufrido graves problemas de desnutrición desde 2009. Sin embargo, aun cuando se han detectado zonas de extrema pobreza en todo el territorio, no existe un plan permanente de atención a

las necesidades alimentarias de dichas regiones. En entrevista con Contralínea, Ruiz Briseño explica que las aportaciones hechas por la Cruz Roja Mexicana están sujetas a la aprobación del Consejo Nacional. Es decir, en una primera fase la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hace un llamamiento a las organizaciones homólogas en todo el mundo; a continuación son los consejos nacionales quienes evalúan la situación y su propia capacidad para responder o no. En el caso de la Cruz Roja Mexicana, el Consejo Nacional es el que ha decidido responder a las convocatorias tanto de delegaciones internacionales como estatales. Da cuenta de ello la ayuda humanitaria enviada en situaciones de desastre, como los acaecidos en Haití, luego del terremoto CONTRALÍNEA

Saúl López/Cuartoscuro

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4Daniel Goñi, presidente de la Cruz Roja Mexicana CONTRALÍNEA

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Lucio Sánchez

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Comunidades beneficiadas por la Cruz Roja Mexicana para combatir el hambre

Oaxaca (54 mil 300 kilogramos)

Comunidades beneficiadas por la Cruz Roja Mexicana en 2010, para combatir el hambre

Guerrero (20 mil 733 kilogramos)

Comunidades beneficiadas por la Cruz Roja Mexicana de 2009 a 2011, para combatir el hambre •Apalani (municipio de Acapulco de Juárez) •La Garrapata (municipio de Acapulco de Juárez) •Xaltianguis (municipio de Acapulco de Juárez) •Las Chanecas (municipio de Acapulco de Juárez) •Ometepec, Guerrero (región Costa Chica) •El Capricho, Guerrero (región Costa Chica) •El Tamarindo, Guerrero (región Costa Chica) •Las Iguanas, Guerrero (región Costa Chica) •La Libertad, Guerrero (región Costa Chica) •Paso Cuacolote, Guerrero (región Costa Chica) •Iliatenco, Guerrero (región La Montaña) •San José Vista Hermona, Guerrero (región La Montaña) •Potrerillo Cuapinole (región La Montaña) •Horcasitas, Guerrero (región La Montaña) •San Marcos, Guerrero (región Costa Chica) •Tlapa de Comonfort, Guerrero (región La Montaña) •Comunidad ejidal de Costa Chica •Casa de Día del Anciano Rosa Salas (colonia Renacimiento) •Reclusorio para Mujeres (colonia Emiliano Zapata) •Seminario del Buen Pastor (fraccionamiento Costa Azul) •Cochoapa El Grande, Guerrero (región La Montaña) •Metlatonoc, Guerrero (región La Montaña) •Ciudad Altamirano

Chiapas (24 mil 648 kilogramos)

Comunidades beneficiadas por la Cruz Roja Mexicana de 2010 a 2011, para combatir el hambre •Chilón •Yajalón •Villaflores •Arriaga •Comitán •San Cristóbal •Tapachula •Cintalpa •Tuxtla Gutiérrez •Reforma •Palenque

•Escuela Primaria de Ixtlán de Juárez •Santa Catarina Yahuio •Santo Domingo Yojovi •Pozo Conejo •Paraje Duvil, Tlacolula •Santiago Zoochila •San Miguel Maninaltepec •Atepec •S Juan Evangelista Analco •Latuvi •Benito Juárez •Cuajimoloyas •Llano Grande •La Nevería •Santa Catarina Albarradas •Santa María Tavehua •San B Yatzachi El Bajo •Yatzachi El Alto •Xochixtepec •Zoochina •San Bartolomé Zoogocho •San Juan Lealao •Tlahuitoltepec •San Antonio del Barrio, Usila •San Juan Cotzocon, Zacatepec Mixe •San Juan Yagila, Ixtlán •Talea de Castro •San Sebastián Guiloxi •San Juan Elotepec, Sola de Vega

Fuente: Cruz Roja Mexicana

de enero de 2010; el sismo de Chile, en febrero de 2011; el terremoto en Japón, en marzo de 2011; y el huracán Jova en Jalisco y Colima, en octubre de 2011, entre otros. Además de responder a los llamamientos de ayuda en situaciones de desastres naturales y emergencias sanitarias, la institución de asistencia privada también recibe las solicitudes para combatir el hambre, aun cuando no se den en el contexto de un 42

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desastre natural. El caso de Somalia es emblemático. En septiembre de 2011, se hizo pública la entrega de 1 millón 548 mil 630 pesos por parte de la Cruz Roja Mexicana al CICR para combatir este mal. En el caso específico del hambre, hasta ahora la Cruz Roja Mexicana no cuenta con un programa permanente para hacer frente a este flagelo en el país. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la propia institución, se estarían destinando más

recursos para el combate del hambre en otros países que en México. Si bien los donativos dependen de la cantidad que voluntariamente aporta la sociedad, explica Ruiz Briseño, es preciso aclarar que en primer lugar corresponde al Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana convocar y responder a los llamamientos de ayuda de sus homólogos para iniciar el proceso de recaudación de fondos. Es decir, a pesar de que exisCONTRALÍNEA

David Cilia

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4Desde 2010, se recrudeció el problema del hambre en el mundo, señala la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Internacional. En la imagen, pobladores del municipio de Miahuatlán, Oaxaca

CONTRALÍNEA

la Junta de Asistencia Privada, así como auditorías internas y revisiones de sus principales donadores como Nacional Monte de Piedad y Fundación Río Arrionte, entre otras. La Cruz Roja, que motivada por el principio de solidaridad responde ante las necesidades nacionales e internacionales, podría estar desatendiendo una necesidad constante y urgente al interior del país por la falta de programas permanentes en las regiones aquejadas por el hambre. A pesar de que las necesidades de alimentación deberían de ser cubiertas por programas públicos del gobierno, Daniel Goñi aclara que “la Cruz Roja es el mejor puente para canalizar la ayuda de la sociedad a través de programas públicos”.3 Saúl López/Cuartoscuro

ten mecanismos de colaboración previamente establecidos, históricamente la Cruz Roja Mexicana no ha hecho llamamientos de ayuda a la Federación Internacional para recibir ayuda alimentaria en las regiones más necesitadas de México. El problema del hambre en el mundo se recrudeció en 2010, acusa el reporte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, World disasters report focus on hunger and malnutrition 2011. A pesar de que las necesidades de alimentación de un país son responsabilidad de su gobierno, Daniel Goñi Díaz, presidente de la Cruz Roja Mexicana, aclara que, frente a este panorama, la institución funge como un auxiliar del gobierno de México y de los internacionales. “El objetivo de la institución es aliviar el sufrimiento de la gente”. Además considera que la capacidad de respuesta de la institución obedece a la confianza que la sociedad mexicana ha depositado en ésta. Explica que la Cruz Roja Mexicana podría considerarse como una empresa altamente rentable, pues de cada 100 pesos que recibe, 96 van directamente a los programas de ayuda, y sólo 4 pesos se destinan a gastos de operación. De acuerdo con un estudio de percepción pública de la Cruz Roja Mexicana, realizado por Parametría en 2010, el 66 por ciento de las personas encuestadas aseguran confiar en que la institución hace buen uso de los recursos que obtiene. Y el 61 por ciento confía más en esta institución de asistencia privada en caso de un desastre natural, que en la respuesta de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Adrián Ruiz Briseño asegura que la confianza de la que goza la institución no es fortuita, pues periódicamente acreditan auditorías ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

4Hasta ahora, la Cruz Roja Mexicana no ha diseñado un plan específico para combatir la hambruna en el país

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DISTRITO FEDERAL -

EXTRABAJADORES DE RUTA 100 llevan a tribunales a dirigencia sindical Extrabajadores de Ruta l00 demandan el reembolso de más de 150 millones de pesos y la devolución de siete empresas que se crearon con dinero de su liquidación. La Novena Sala de lo Penal del TSJDF, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas, resolverá si se procede penalmente contra 43 inculpados de fraude genérico y asociación delictuosa: la antigua dirigencia del Sutaur 100 y su grupo de asesores. El caso data de 1996, cuando con recursos de los obreros se constituyó el fideicomiso F/100-7 en Ixe Banco

León Braojos

Zósimo Camacho

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n la Novena Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas, se decidirá si existen elementos para proceder contra 43 supuestos involucrados en los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa, luego de que la jueza María del Carmen Mora Brito desechara, en primera instancia, la solicitud de órdenes de aprehensión contra los inculpados. Se trata del reciente capítulo en la lucha que por más de 10 años han librado integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) porque les sean devueltos más de 150 millones de pesos y siete empresas, las cuales –a la fecha– prestan servicios de transporte público en la Ciudad de México. De acuerdo con la factura de consignación, enviada por el agente del Ministerio Público Fernando Santillán Ostria al director de Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –y de la cual Contralínea posee copia–, 43 probables responsables supuestamente se habrían organizado para defraudar a 6 mil 977 trabajadores. En el documento figuran los nombres de Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco, Leonel Villafuerte Zavala y Jorge Mendoza Larraguível, antiguos dirigentes y asesores del extinto Sutaur

100. También, el de Carlos Septién Michel, quien en 1996 fuera nombrado por Ixe Banco delegado fiduciario del fideicomiso y quien actualmente es director de Banco Azteca y Grupo Elektra. La factura de consignación procede de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la PGJDF. Las investigaciones se derivan de la averiguación previa FDF/C/520/01-07 y las acumuladas FDF/C/182/02-03 y FDF/T/135/03-02. La unidad investigadora a cargo de las pesquisas es la A-6. El documento oficial, fechado el 4 de octubre de 2011, “reitera el ejercicio de la acción penal sin detenido” y remite las actuaciones al Juzgado 47, a cargo de María del Carmen Patricia Mora Brito. Cuarenta y ocho días después, el 22 de noviembre, la jueza determinó negar las órdenes de aprehensión. Sin embargo, el Ministerio Público adscrito al juzgado, Francisco Javier Roa, apeló la decisión. Actualmente –con toca U/1610/11– el recurso de apelación se encuentra en la Novena Sala de lo Penal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas Clemente. Los agraviados buscan que la Sala entre al estudio, se revierta la resolución de la jueza y se giren las órdenes de aprehensión. Una de las razones de la jueza para no entrar al estudio del caso y negar las órdenes de aprehensión fue que algunas fojas del expediente se encontraban “ilegibles”.

4 Copia de la factura de consignación que da cuenta de los nombres de los 43 inculpados en el caso del presunto fraude por 150 millones de pesos

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CONTRALÍNEA

David Cilia

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4El fraude afectó a 6 mil 977 trabajadores de la extinta paraestatal Ruta-100. Desde 1997 exigen justicia

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Federal solicitó la intervención de la Comisión de Disciplina Judicial. En el oficio CTSJDF/DRQDI/678/2011, fechado el 8 de noviembre de 2011, y del cual Contralínea posee copia, ordena se inicie una investigación para determinar si Mora Brito violó la ley. La participación de Carlos Septién Michel en las supuestas irregularidades data de 1996, cuando se crearon los fideicomisos F/100-7 y F/100-4 con recursos de los trawww.usuarioruta100.blogspot.com

Desde el 3 de noviembre de 2011, el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 –organización integrada por extrabajadores, viudas e hijos de extrabajadores de la paraestatal liquidada en 1995– interpuso un recurso de queja contra la jueza Mora Brito. El Grupo Periférico ya decía temer que “su actuación no esté conforme a derecho y se incline a favor de los probables responsables”, según el documento foliado con el número P47/0086/2009 de la Novena Sala Penal. En el recurso de queja –del cual Contralínea posee copia– los extrabajadores se dirigen a la magistrada unitaria integrante de la Novena Sala Penal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Concepción Ornelas Clemente, para pedirle que la jueza Mora Brito “entre al estudio de la orden de aprehensión […] que fue exhibida por el adscrito el 7 de octubre de 2011 […]”. El Grupo Periférico agrega que “[…] a un mes no es posible que se siga retrasando nuestro derecho al acceso a la justicia pronta y expedita […]”. Y es que de acuerdo con el artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la jueza contaba con un plazo máximo de seis días para emitir su fallo. Por ello la Dirección de Quejas, Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito

bajadores. El ingeniero industrial y maestro en administración fue designado delegado fiduciario de Ixe Banco, institución financiera donde se crearon los fideicomisos y la cual figuraba, hasta antes de su fusión con Banorte, como tenedora del 99 por ciento de las acciones de los fideicomisos. En el listado de “inculpados” aparecen también Jorge Cuéllar Valdez, Miguel Reyes Riojas y Alfonso Armenta Rojas; todos, extrabajadores y, en 1996, cercanos al grupo de Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López. Destaca el caso de Jorge Cuéllar, quien se considera disidente y crítico a la dirigencia de Gabino Camacho y Ricardo Barco. Actualmente es presidente de la Comisión Liquidadora de la Ex Ruta 100. En entrevista con Contralínea, Cuéllar afirma que “sí hubo fraude y despojo” contra los trabajadores; pero rechaza que él haya participado. “Desde hace mucho tiempo yo denuncié a Gabino Camacho y a Ricardo Barco; no fui cómplice; por el contrario, yo los denuncié; tengo todo documentado”. Sin embargo, reconoce que cuando Camacho y Barco organizaron el fraude él era apoderado legal del sindicato. “Pero no teníamos capacidad de decisión. Todo lo mangoneaban ellos; los demás éramos títeres”. Agrega: “A mí nadie me entregó

4Los extrabajadores de la paraestatal invirtieron entre el 30 y el ciento por ciento de su liquidación en ocho empresas involucradas en el fraude

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4En la lista de inculpados figura la antigua dirigencia del Sutaur 100

dinero o recursos; no hay nada que me inculpe, y yo mismo soy coadyuvante de la Procuraduría [General de Justicia del Distrito Federal] en las investigaciones; como los demás trabajadores, soy víctima del fraude que ellos realizaron y estoy dando la batalla porque se nos haga justicia a los 12 mil extrabajadores”. Cuéllar argumenta: “Jamás algún trabajador me ha entregado ni me entregó dinero; nada; ninguna cantidad para las empresas. En los contratos vienen quiénes son los que manejan los recursos. Y yo fui el apoderado legal del sindicato, mas no de las empresas”.

El despojo El supuesto fraude inició en la segunda mitad de la década de 1990. Casi 7 mil trabajadores se habían mantenido por más de un año en resistencia luego del decreto de quiebra de la paraestatal Ruta 100, publicado el 8 de abril de 1995 por la regencia del Distri48

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to Federal, entonces encabezada por Óscar Espinosa Villarreal. A 13 meses del cierre de la empresa, 7 mil 13 trabajadores –de un total de 12 mil 18 sindicalizados hasta antes del decreto– se mantenían movilizados. Su dirigencia había negociado con el gobierno concesiones de transporte público a cambio de que aceptaran la liquidación. Finalmente, en mayo de 1996, 6 mil 977 trabajadores fueron liquidados. Se les indicó que cada uno de ellos debería de aportar, al menos, el 30 por ciento de su liquidación para constituir las empresas con que trabajarían las concesiones de transporte, negociadas con el Departamento del Distrito Federal. Hubo quienes aportaron el ciento por ciento de su liquidación. En promedio, cada chofer, administrativo, afanador y mecánico aportó 21 mil pesos corrientes de mayo de 1996, cuando el dólar estaba en 7.3 pesos. De acuerdo con el documento Relación de socios actuales del fideicomiso F/100-7, de la Administradora de

Fondos Populares –de la cual Contralínea posee copia–, hubo trabajadores que aportaron más de 100 mil pesos. Los obreros entonces lograron reunir 147 millones 564 mil 71 pesos. Pero el fideicomiso se constituyó con 320 millones 498 mil 623 pesos. La diferencia, por 172 millones 934 mil 552 pesos, fue aportada por Leonel Villafuerte Zavala, entonces secretario general del Sutaur 100, Gerardo Vázquez Mendoza y Miguel Reyes Riojas. Hasta la fecha, se desconoce el origen de ese dinero. En el Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión F/100-7 –del cual Contralínea posee copia–, estas personas figuran como “fideicomitentes iniciales”; pero no aparecen en el listado de trabajadores de Ruta 100. El poseedor del 99 por ciento de las acciones del fidecomiso fue Ixe Banco, que entonces nombró como delegado fiduciario a Septién Michel, quien ahora es director de Banco Azteca y Grupo Elektra. CONTRALÍNEA

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4 Ixe Banco, institución donde se constituyó el fideicomiso F/100-7

4La Novena Sala de lo Penal deberá resolver si es procedente o no girar las órdenes de aprehensión en contra de los 43 inculpados de fraude genérico y asociación delictuosa

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Con el dinero reunido se constituyeron ocho empresas: Servicios Analíticos de Transporte (rebautizada después como Corporativo de Transporte); Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Sistema de Transporte en Taxis; Grupo Metropolitano de Transporte; Talleres Industriales en Diésel y Transportes Urbanos Nuevo Milenio. Todas son sociedades anónimas de capital variable. A los trabajadores se les indicó que eran dueños de esas empresas; pero nunca recibieron las utilidades correspondientes como “socios”. Cuando comenzaron a organizarse para pedir cuentas, fueron despedidos. Y al reclamar, ante Ixe Banco, el dinero que depositaron, la institución les respondió –a través de Pablo Cáceres Senn, apoderado legal de la fiduciaria, en abril de 2007– que les quedaban 4 pesos, “cantidad que pertenece a todos y cada uno de los fideicomitentesfideicomisarios y que sólo podrá ser entregada […] Con instrucción expresa del Comité Técnico del Fideicomiso, incluyendo los términos de su distribución”. Del desfalco al fideicomiso inicial le daría cuenta al Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 –que promovió las investigaciones– un expediente de conciliación radicado en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El documento, foliado como DGOC/DC/BCO/3544/2006, explica que Ixe Banco había trasladado los más de 147 millones depositados por los trabajadores en el fideicomiso F/100 a una cuenta del Banco Mercantil del Norte –Banorte–, la 114-04777-5, a nombre del fideicomiso F-1534. Ixe Banco realizó el traslado en acatamiento a una instrucción de una de las empresas administradoras en las que el Consejo de Administración delegó decisiones: Servicios Analíticos de Previsión Social, cuyos propietarios son los hermanos Jorge y Arturo Mendoza Larraguível. Supuestamente el dinero se trasladaría a la nueva cuenta, pues los recursos serían “dispersados en forma individual” entre los fideicomitentes-fideicomisarios. Los trabajadores no vieron un sólo peso. En realidad habían quedado fuera de toda decisión sobre su dinero y sin un mecanismo que les permitiera exigir rendición de cuentas. El Comité Técnico, que supuestamente debía de velar porque no se hiciera mal uso del dinero se integró por Antonio Hernández García, Graciana Galicia Rodríguez, Miriam Pomposo Peralta, Eduardo Martínez Ramos, Ernesto Lugo Garfias, Arturo Barrera Nava, Alfredo Morales Saucedo y Alfonso Armenta Rojas. Fueron nombrados directamente por Ricardo Barco. Todos los nombres figuran también en el pliego de consignación. En las próximas semanas la Novena Sala de lo Penal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas Clemente, determinará si se giran las órdenes de aprehensión. Contralínea solicitó entrevista con Carlos Septién Michel, a través de Magdalena Fuello, encargada de la relación con prensa de TV Azteca. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.3 5 DE FEBRERO DE 2012

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MIGRACIÓN rumbo al Sur Las tasas de crecimiento en los países latinoamericanos han provocado la repatriación de decenas de miles de obreros, jornaleros y profesionistas. Pero no regresan solos. Países como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Perú son escogidos por universitarios graduados y técnicos de Europa y Estados Unidos que huyen de la crisis financiera que azota a sus países. Tan sólo en Argentina radican más de 300 mil españoles y 60 mil estadunidenses. México, sin embargo, no está en la lista de naciones latinoamericanas que han logrado incrementar los niveles de vida de la población Liset Salgado/Prensa Latina 50

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David Cilia

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a modificación de los flujos migratorios hacia Suramérica es una consecuencia directa de la actual crisis financiera internacional que azota a los países de la Eurozona y a Estados Unidos. Como tendencia, América del Sur se ha convertido en la opción de miles de ciudadanos europeos y estadunidenses e incluso de migrantes suramericanos que retornan a casa para escapar de los efectos de la debacle económica. Argentina, Brasil y Chile destacan en la preferencia de los nuevos inmigrantes que son atraídos por los niveles de expansión de las economías de Suramérica, superiores a la media global. CONTRALÍNEA

Universitarios graduados y técnicos son la mayoría de la presente oleada, procedente de naciones que por más de medio siglo han sido tradicionales receptoras de la emigración a nivel internacional. Como causas que propician la migración hacia el subcontinente, expertos apuntan a la concreción de tratados comerciales y al crecimiento de esa región, cuando parte del mundo se debate en la incertidumbre. Al respecto, consideran que la posición privilegiada de la cual hacen gala hoy dichas naciones responde a las políticas fiscales y sociales con que re-fuerzan sus mercados internos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisó que pese a la inestabilidad internacional, la economía de esa zona geográfica creció un 4.6 por ciento, en 2011. Argentina exhibió el mayor crecimiento, 9 por ciento; seguida de Ecuador, con 8 por ciento; Perú, con 7; Chile, con 6.3; y por último Brasil, con un 2.9 por ciento. Datos de la Organización Mundial del Trabajo refieren que Suramérica concluyó en 2011, con un 7.3 por ciento de desempleo, 0.8 por ciento menos que en 2010, evidencia del escenario positivo en cuanto a la tasa de ocupación. La Cepal prevé que la vigorosa recuperación económica del área posibilite un nuevo y significativo descenso de la tasa de desempleo en 2012, entre 6.7 y 7 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, Argentina se convirtió en el principal destino de europeos y estadunidenses que abandonaron su país natal en los últimos dos años para escapar de los efectos de la depresión fiscal.

La Dirección Nacional de Migraciones precisa que como parte de este fenómeno llegaron a territorio argentino en calidad de turistas más de 34 mil españoles que decidieron asentarse de manera indefinida. La fuente puntualiza que los migrantes, con altos niveles de estudio y edades que oscilan entre los 25 y 40 años, escogieron en su mayoría a Buenos Aires dada la posibilidad de un mejor escenario económico y laboral. De acuerdo con los últimos datos oficiales, Argentina se consolidó como el país en donde viven más españoles fuera de España, con un total de 345 mil 861, aunque ese número va en ascenso. Las estadísticas dan cuenta también del retorno de alrededor de 20 mil ciudadanos argentinos que decidieron emprender el regreso a casa dado los embates de la crisis. En relación con los estadunidenses, la embajada en Buenos Aires tiene registrados a 23 mil ciudadanos radicados, aunque cálculos extraoficiales elevan el número a 60 mil. La tradicional e incesante migración interna se consolida en el subcontinente, fundamentalmente en naciones con un mayor desarrollo económico y mejores condiciones de vida, como Argentina y Brasil. Aunque los emigrantes suramericanos se congratulan con la facilidad de ingresar a las naciones vecinas, coinciden en señalar como negativa la dificultad que afrontan después para obtener la residencia. Quienes poseen un mayor capital social y económico emigran a países más desarrollados, en tanto que se mantienen nichos específicos de actividades como la horticultura, construcciones, servicio doméstico y el comercio informal.

En 2011, América del Sur creció un 4.6 por ciento a pesar de la inestabilidad económica internacional. Argentina exhibió el mayor crecimiento, 9 por ciento; seguida de Ecuador, con 8 por ciento; Perú, con 7; Chile, con 6.3; y por último Brasil, con un 2.9 por ciento 5 DE FEBRERO DE 2012

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4Este año, la tasa de desempleo en Suramérica podría descender hasta 7 por ciento

que vulneran derechos humanos fundamentales y repudiaron en ese sentido la “discriminatoria y violatoria” postura antiinmigrante de Estados Unidos. Como conclusión, coincidieron en que es necesario desarrollar esfuerzos en aras de consolidar la identidad y construir la ciudadanía suramericana por medio

de políticas inclusivas con un enfoque integral, como promueve la Unasur. La Declaración de Brasilia reiteró el interés de incorporar la estructura de la Unasur “como una instancia institucional” para el tratamiento adecuado de la cooperación regional en materia migratoria.3

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La Organización Internacional para la Migración (OIM) asegura que la población suramericana dejó de emigrar a Europa o a Estados Unidos y ahora busca los centros económicos en el continente. Ezequiel Texidó, representante regional en la OIM, comentó que los destinos migratorios de gran parte de la población suramericana han cambiado. De acuerdo con él, si bien hace una década tenían en la mira a países desarrollados del hemisferio Norte, ahora se han reforzado las migraciones intrarregionales en detrimento de las extrarregionales. Argentina, Chile y Brasil cuentan como principales centros de destino de la población migrante de Suramérica, procedente principalmente de Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú. Los nuevos movimientos migratorios reconfiguran la región y se convierten en un desafío que obliga a los gobiernos locales a diseñar estrategias comunes para poner orden al flujo incesante de personas. Conscientes de los retos que tienen ante sí, unen fuerzas y trazan planes dentro del marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La anhelada implementación progresiva de la libre circulación de personas en América del Sur define la urgencia de coordinar acciones y políticas migratorias. Se trata no sólo de organizar los flujos, sino también de poner fin a los delitos, como la trata de personas y el tráfico de migrantes (muchas veces obligados a trabajos forzados o a ingresar al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico). La XI Conferencia Suramericana sobre Migraciones, celebrada en Brasil en octubre de 2011, abogó por la integridad de los procesos migratorios y su relación con los procesos de unidad impulsados en la zona. El encuentro reconoció el avance en la aplicación de las decisiones migratorias de la CAN, relacionadas con las facilidades para garantizar la circulación de los ciudadanos andinos así como las migraciones laborales. Los asistentes condenaron las políticas

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4Europeos y estadunidenses huyen del desempleo. Su destino, América del Sur CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL -

Fracasa operativo

DE ESPÍAS Y “PERIODISTAS”

franceses en Homs El asesinato de un supuesto periodista en la ciudad de Homs deja al descubierto un operativo de la inteligencia francesa, que buscaba intervenir en el rescate de ingenieros iraníes secuestrados en Siria. A pesar de los esfuerzos del gobierno francés por ocultar los hechos, el gobierno de Bashar al-Assad presenta pruebas del intervencionismo Boris V/Red Voltaire-New Orient News

l periodista francés Gilles Jacquier resultó muerto el 11 de enero pasado, durante la realización de un reportaje en Homs, Siria. Jacquier estaba cubriendo los acontecimientos en la ciudad para el programa Envoyé Spécial. Convencido de que en Siria no había grupos terroristas sino una revolución que estaba siendo reprimida de forma sangrienta, había rechazado la protección de los servicios de seguridad y no portaba casco ni chaleco antibalas. Él y otros colegas que compartían su opinión habían alquilado 54

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tres minibuses y estaban en contacto con personas del lugar que podían ayudarlos a concertar encuentros y que, además, les servían como traductores. Todos juntos habían solicitado reunirse con representantes alauitas antes de visitar los barrios sublevados de Bab Amr y Bab Sbaa. Al llegar al hotel As-Safir (en Homs), se habían encontrado por casualidad con un capitán que les propuso acompañarlos junto a su destacamento hasta el barrio alauita de Najha, donde los esperaba una asistente del gobernador de Homs. Con su ayuda, los periodistas lograron reunir-

se con varias personalidades e interrogar a los transeúntes. A las 14:45 horas, la representante del gobernador les pidió que abandonaran el lugar lo más pronto posible ya que el cese del fuego de facto se termina, todos los días, a las 15:00 horas. Pero como los periodistas de la Vlaamse Radio-Televisieomroep (radiodifusora pública de radio y televisión, en Flandes, al Norte de Bélgica) se habían aventurado más lejos –hasta el CONTRALÍNEA

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4El asesinato del periodista francés Gilles Jacquier, aún no esclarecido

barrio de Akrama– el grupo no se movió con suficiente rapidez. Integrantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que habían planeado realizar una manifestación ante un autobús alquilado por el Ministerio de Información para unos 40 periodistas anglosajones, a los que no encontraron, quisieron dejar, de todas formas, constancia de su opinión ante varias cámaras al corear consignas de apoyo al actual presidente de Siria, Bashar al-Assad. A las 15:00 horas, como a diario sucede, se reanudó la batalla en Homs. Un proyectil explotó en la azotea de un inmueble y destruyó un tanque de combustible. Otro cayó en una escueCONTRALÍNEA

la y un tercero entre los manifestantes que expresaban su respaldo al presidente, y mató a dos de ellos. Los periodistas subieron a una azotea para filmar los daños. Se produjo entonces un momento de calma. Jacquier pensó que el incidente había terminado y bajó con su camarógrafo para filmar los cadáveres de los manifestantes. Al llegar a la puerta del inmueble resultó muerto, junto a seis personas que apoyaban a Al-Assad, por una cuarta explosión que lo lanzó contra una joven, también integrante de su equipo (quien resultó herida en ambas piernas). En medio de la confusión, el cadáver de Jacquier y la joven herida fueron evacuados en automóvil hacia hospitales. Este 5 DE FEBRERO DE 2012

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4”La prensa francesa intenta desestimar la presencia de grupos terroristas que operan contra el régimen de Al-Assad”

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incidente en particular dejó nueve muertos y 25 heridos. La batalla en Homs prosiguió con muchos más incidentes durante toda la tarde y noche. A primera vista todo parece muy claro: la muerte de Jacquier se debió a la casualidad. Se hallaba en el lugar y en el momento equivocados. Lo más importante es que su visión personal sobre la naturaleza de los acontecimientos en Siria le llevó a creer que sólo tenía que temer al comporta-

4Ciudadanos sirios durante una manifestación

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miento de las fuerzas gubernamentales y que, por consiguiente, no habría en peligro al cubrir una manifestación que no tuviera un carácter antigubernamental. Así que rechazó que lo acompañara una escolta, no llevaba casco ni un chaleco antibalas y no respetó el horario de fin del cese del fuego. Es decir que no supo evaluar la situación porque fue víctima de la diferencia entre la propaganda de sus colegas y la realidad que él negaba.

Resulta difícil de entender, en esas circunstancias, por qué, después de una primera reacción cortés, Francia, que de manera justificada ya había exigido una investigación sobre la muerte de su ciudadano, insinuó súbitamente que Jacquier fue asesinado por los sirios y se negó a que se hiciera en Siria una autopsia en presencia de sus expertos (de Francia). Estas acusaciones fueron expresadas de forma pública por Jacques Duplessy, uno de los periodistas que acompañaba a Jacquier. Para la prensa francesa los hechos no son tan evidentes como parece y afirma que subsisten dudas sobre la identidad de los proyectiles mortales. De acuerdo con la mayoría de los reporteros fueron disparos de mortero. El Ejército sirio confirma que ese tipo de arma se utiliza de forma cotidiana por los terroristas en Homs. Pero, conforme algunos testigos, fueron proyectiles disparados con un lanzacohetes portátil, y la televisión privada siria Ad-Dunia mostró aletas de cohete. Varios foros debaten con pasión el tema, no sin segundas intenciones. En Francia, los detractores de Al-Assad creen en la tesis del mortero y acusan al Ejército de ser el autor de los disparos. Mientras tanto, los que defienden a Al-Assad creen en la del lanzacohetes y acusan a los terroristas. Se trata, en definitiva, de un detalle que nada prueba. Es cierto que el Ejército sirio utiliza morteros, pero no son de ese calibre, y los grupos armados utilizan lanzacohetes, pero nada impide que cada bando utilice otro tipo de armamento. En todo caso, si fueron disparos de mortero, los dos primeros permitieron precisar el ángulo de tiro para que el tercero y el cuarto cayeran entre los manifestantes, que eran el blanco de la agresión. Pero si fueron disparos de cohetes, sus autores tuvieron la oportunidad de apuntar con mucha más precisión para matar a una persona en particular. Esto último llevaría entonces a la tesis del asesinato. El análisis de las imágenes y videos muestra que los cuerpos de las víctimas no están ensangrentados ni acribillados por impactos de fragmentos, como sucede en la explosión de un obús de fragmentación. Los cuerpos se ven, por el contrario, intactos. Según los casos, la CONTRALÍNEA

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sangre brota por la nariz o los oídos, como sucede en la explo- cotidiana de los soldados de la cuarta división blindada, bajo sión de un cohete termobárico, cuya onda expansiva comprime las órdenes del general Maher al-Assad (hermano del presidenlos órganos, lo que provoca hemorragias internas. Tampoco los te) y de la décimo octava división blindada, comandada por el puntos de impacto en la acera muestran indicios de fragmenta- general Wajih Mahmud. Las autoridades sirias se sorprendieron ción. ante la arrogancia de los franceses: por un lado dirigen los gruVarios testigos afirman que fueron granadas, lo cual no pos armados que atacan a las tropas leales al gobierno sirio, y contribuye a mejorar la comprensión de los hechos ya que exis- por el otro pretenden infiltrar entre éstas a un agente de la inteten las de tipo ofensiva (que producen daños por la onda ligencia militar para que informe a los grupos armados sobre expansiva) y las de fragmentación. En definitiva, sólo la hipó- los desplazamientos de dichas tropas. La solicitud no fue aceptesis de una granada propulsada por cohete (lanzacohetes) tada. resulta compatible con los elementos médico-legales manifiestos Jacquier buscó entonces otra vía. Recurrió a una religiosa en las fotografías y videos. A su llegada al lugar de los hechos, de la iglesia católica griega, estimada y a veces temida por el poder, investigadores sirios y observadores de la Liga Árabe encontra- la madre Agnes-Mariam de la Croix, hegúmena (abad) del monasron dos colas de obuses de mortero de 82 milímetros y una de cohete de fabricación israelí. Por lo tanto, las autoridades francesas tienen razón en considerar la posibilidad del asesinato, aunque su objetivo sea utilizar un drama para justificar sus propósitos bélicos en contra de Siria. Sin embargo, si bien los diplomáticos galos tienen la orden de encontrar la verdad, al parecer también han recibido órdenes de garantizar que los sirios no logren descubrirla. Así que impidieron que cualquier francófono se acercara a la fotógrafa Caroline Poiron, la compañera sentimental de Jacquier, quien se mantuvo en vela junto al cadáver durante toda la noche. La joven, quien se encontraba en un estado de shock, estaba fuera de control y hubiese podido hablar de más. Después prohibieron que se realizara la autopsia en Siria y se apresuraron a repatriar el cuerpo lo más pronto posible. ¿Cuál es entonces la hipótesis que Francia quiere verificar por sí misma y sin embargo ocultar al público? Es aquí donde empieza nuestra inmersión en el mundo de los servicios especiales occidentales que están realizando en Siria una “guerra de baja intensidad”, comparable a las organizadas en Centroamérica durante la década de 1980 o, más 4Prensa francesa, supuestamente involucrada en operaciones de inteligencia recientemente, en Libia para preparar y justificar la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Jacquier era un reportero que gozaba de la estima de sus terio de Saint Jacques de l’Intercis. Ella fue la organizadora del pricolegas y que había recibido diferentes reconocimientos en el mer viaje de prensa abierto a los periodistas occidentales desde campo profesional (Premio Albert el comienzo de los incidentes. La religiosa Londres, Premio de los Corresponsales de asedió al Ministerio de Información hasta Guerra). Pero su actividad no se limitaba obtener la visa para Jacquier y su camaal periodismo. rógrafo. “Todo indica que los En una carta que porta el membreLas cosas se precipitaron el 20 de te de France-Télévisions, fechada el 1 de diciembre de 2011. Otros medios de prenperiodistas franceses eran, diciembre de 2011, las redactoras-jefes sa imploraron a la madre que obtuviera para en su mayoría, agentes de de Envoyé Spécial (el programa polítiellos el mismo favor. Por su parte, Jacquier co de más audiencia a nivel nacional en solicitó otra visa para su pareja, Poiron, y la Dirección General de la Francia) habían solicitado una visa al la reportera Flore Olive, ambas repreSeguridad Exterior de su país” para Ministerio de Información de Siria. sentantes del semanario Paris-Match. Sería, Afirmaban que querían comprobar la en total, un grupo de 15 periodistas de versión siria de los hechos, de acuerdo Francia, Bélgica, Holanda y Suiza. Todo con la cual “los soldados del Ejército sirio están siendo víctimas indica que los franceses y el holandés eran en su mayoría, quizá de emboscadas y de grupos armados que asolan el país”. todos, agentes de la Dirección General de la Seguridad Exterior de Solicitaron que Jacquier fuese autorizado a observar la vida Francia. El tiempo apremiaba para la realización de su misión. CONTRALÍNEA

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4Nicolas Sarkozy, presidente de Francia

Al llegar a este punto de este trabajo se impone un rápido flash-back. Los grupos armados de la OTAN están realizando diversas acciones de sabotaje para a debilitar a Siria. A pesar de que el centro histórico de la revuelta de la Hermandad Musulmana es la ciudad de Hama y que ésta sólo cuenta con el apoyo de dos barrios de Homs, la OTAN la ha seleccionado para concentrar sus acciones secretas. Homs se halla, en efecto, en el centro del país y constituye el principal nudo de comunicación y de abastecimiento. Sucesivamente “revolucionarios” cortaron un oleoducto y, después, los ingenieros canadienses que dirigían la central eléctrica fueron retirados del país a petición de Estados Unidos. Finalmente, cinco ingenieros iraníes encargados de restablecer el funcionamiento de la central eléctrica fueron secuestrados el 20 de diciembre de 2011. Los medios de prensa recibieron un comunicado en el que una misteriosa brigada contra la expansión chiíta en Siria reclamaba la autoría de ese último acto. La embajada de Irán confirmó después que ésta estaba negociando con los secuestradores. Éstos a su vez debían de presentar una “prueba de vida”, como una fotografía fechada que probara que los secuestrados estaban vivos y sanos. Contrariamente a lo esperado, dicha prueba no fue enviada directamente a la República Islámica sino publicada en Paris-Match 58

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(edición del 5 de enero pasado). Conforme se indicó, un fotógrafo del semanario había logrado entrar de manera clandestina en Siria, donde había tomado la fotografía. Es posible que los lectores franceses se hayan cuestionado la humanidad de ese reportero que fotografió a los rehenes sin tratar de ayudarlos. En todo caso, el mensaje era claro: los ingenieros están vivos y los

“Deliberadamente, el embajador de Francia en Siria impidió la realización de la autopsia al cuerpo del periodista Jacquier” secuestradores están bajo el control de los servicios franceses. No ha habido reacciones oficiales de ninguna de las partes, lo cual indica que continúan negociando. A su llegada a Damasco, las autoridades alojaron a los enviados de los medios franceses y holandeses en hoteles diferentes, pero Jacquier los agrupó a todos inmediatamente en el Fardos Tower Hotel. Quien maneja ese hotel no es otra que Rulla Rikbi, la hermana de Bassma Kodmani, la portavoz del Consejo Nacional, con sede

en París. El hotel sirve de base a los servicios secretos franceses. En resumen, un agente de la inteligencia militar cuya compañera sentimental es una fotógrafa que a su vez tiene un colega que estuvo en contacto con los rehenes iraníes, formó un grupo de “periodistas” a cargo de una misión vinculada a dichos rehenes, probablemente su entrega a los iraníes por parte de los franceses. Después de deshacerse de los servicios de seguridad todos se fueron a Homs, pero el jefe de la misión resultó muerto antes de lograr establecer el contacto previsto de antemano. Resulta comprensible que, en esas condiciones, el embajador de Francia se haya puesto nervioso. Y está en su derecho de pensar que es posible que Jacquier haya sido asesinado por integrantes de los grupos armados, nerviosos por la interrupción de la alianza militar entre Francia y Turquía, y muy deseosos de provocar una intervención militar de la OTAN. Discrepantes a la negociación en desarrollo, es posible que estos elementos hayan decidido hacerla fracasar. El embajador de Francia, sin tiempo para reconstruir los hechos, hizo entonces todo lo posible por impedir que los sirios pudiesen hacerlo. Contrariamente a lo previsto en las normas internacionales, se negó a que la autopsia se hiciera en Siria y en presencia de expertos franceses. Los sirios aceptaron no actuar conforme a las reglas pero pusieron como condición realizar previamente una radiografía del cuerpo. En realidad aprovecharon para fotografiarlo desde todos los ángulos posibles. De acuerdo con nuestras fuentes, el cuerpo presenta huellas de fragmentos de metralla en el pecho y cortes en la frente. Después el embajador metió en sus automóviles blindados a los “periodistas” franceses, al holandés y el cuerpo del difunto. Y se fue con ellos acompañado de una fuerte escolta, dejando plantada a la estupefacta madre Agnes-Mariam de la Croix y a un periodista de la Agence FrancePresse. El diplomático se llevó así a sus agentes y abandonó a los civiles. El convoy pasó por el hotel As-Safir de Homs para recoger los objetos personales de todos, siguió camino hasta la embajada CONTRALÍNEA

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francesa en Damasco, y llegó en un santiamén al aeropuerto, jó durante muchísimo tiempo para una organización no guberdonde un avión especial alquilado por el ministerio de Defensa namental muy conocida como pantalla… de la Dirección de Francia evacuó a los agentes hacia el aeropuerto parisino de General de la Seguridad Exterior. Para los iraníes y los sirios, la muerte de Jacquier constituLe Bourget. Los espías ya ni siquiera fingían estar haciendo reportajes en Siria, olvidaban que sus visas habían sido prorroga- ye una calamidad. Al permitir los movimientos del grupo de das, y simplemente huyeron antes de que los sirios descubriesen espías franceses y vigilarlos discretamente esperaban descubrir la realidad de la frustrada operación. A su llegada a París, el a los secuestradores, liberar a los rehenes y arrestar a los crimicuerpo fue trasladado de inmediato al Instituto de Medicina nales. Hace un año que los servicios secretos militares de Francia Legal, donde se le realizó la autopsia sin esperar la llegada de los expertos enviados por Siria. En violación de los procedimien- están al servicio del imperialismo estadunidense. Organizaron una guerra civil en Costa de Marfil, Áfritos penales, el gobierno francés invalidó el ca. Después manipularon el separatismo informe resultado de la autopsia, que “Los servicios secretos de la región libia de Cirenaica, Libia, tarde o temprano será rechazado por la para disfrazarlo de una revolución en conjusticia, y eliminó toda posibilidad de militares de Francia tra del político libio, Muamar el-Gadafi, y determinar la verdad. organizaron una guerra así apoderarse de Libia. Ahora entrenan Para impedir que los periodistas (los civil en Costa de Marfil, de verdad) inquieran el asunto, los perioy dirigen a delincuentes reclutados en Catar y Arabia Saudita para sembrar el distas (de mentira) que acompañaban a África, y manipularon terror, acusar al gobierno sirio y amenaJacquier, han hecho en Francia múltiples el separatismo de zar con derrocarlo. Es improbable que el declaraciones contradictorias al mentir de Cirenaica, Libia” pueblo francés se sienta orgulloso de forma descarada para crear confusión y enterarse que su presidente, Nicolas ocultar lo evidente. Es así que, a pesar de Sarkozy, ha rebajado al país a la categoría que resultaron muertas ocho personas que se manifestaban a favor de Al-Assad, Jacques Duplessis de un vulgar secuestrador de rehenes. Y no habrá de qué sordenuncia “una trampa de las autoridades sirias” para eliminarlo prenderse si un Estado que practica el terrorismo en otras tierras a él y a sus colegas. Una verificación arrojó que Duplessis traba- tiene que enfrentarlo algún día en su propio suelo.3

4”La inestabilidad política en Siria podría haber sido inducida por intereses de otros países, entre éstos Francia” CONTRALÍNEA

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Miguel Galindo

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ETNOCIDIO contra los mandeos El pueblo del agua sucumbe ante el nuevo régimen iraquí, impuesto tras la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobierno –islamista y más intolerante que el de Sadam Husein– ahoga económicamente a una etnia milenaria y la obliga a un éxodo sin rumbo Karlos Zurutuza/IPS-Voces de la Tierra

asora, Irak. “Diría que quedamos alrededor de 5 mil [habitantes] en todo el país, pero si me lo pregunta la semana que viene, puede que no lleguemos ni a 3 mil”, asegura, con palpable angustia, un dirigente de la comunidad mandea, en esta ciudad de Irak. “Tras 20 siglos de historia en Mesopotamia, estamos a punto de desaparecer”, asevera a Inter Press Service (IPS), el presidente del Consejo Mandeo de Basora, Saad Majid Atiah. El centro de la comunidad en la sureña ciudad petrolera de Basora, donde se realizó la entrevista, tiene las paredes cubiertas de fotografías de fieles con túnicas de color blanco celebrando bautismos colectivos en el río. Apodados Los Cristianos de San Juan (por los portugueses que llegaron a Basora en el siglo XVII), los mandeos reconocen al predicador y asceta judío san Juan Bautista como la figura central de su culto, cuyo rito CONTRALÍNEA

principal es el bautismo que llevan casi 2 mil años celebrando a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Los mandeos (que significa “conocimiento” en arameo), al contrario del apodo recibido, consideran a Jesucristo como un traidor y un falso mesías; sus ritos están muy unidos al agua, símbolo de purificación, por lo que también se les conoce como “pueblo del agua” y se han asentado milenariamente en las riberas fluviales. Atiah relata que “los tiempos de Sadam [Husein, 1979-2003] también fueron duros para nosotros, pero nuestra gente emigraba entonces por motivos principalmente económicos”. Pero después de 2003, y tras el acoso brutal de los islamistas radicales, “nuestra gente empezó a huir en masa a Kurdistán, a Siria, a Europa”. A su espalda, un trozo de tela blanca y una rama de olivo cuelgan de una cruz. Es la drabsa, una suerte de bandera religiosa mandea, símbolo del mundo de la luz.

De acuerdo con un informe de febrero de 2011, elaborado por Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos), el 90 por ciento de los mandeos ha muerto o abandonado Irak desde la invasión en 2003, de Estados Unidos en alianza con Gran Bretaña. El drama alcanzó tal dimensión que han solicitado reiteradamente la evacuación por completo de su pueblo. Sin ir más lejos, la cabeza del culto, el jeque Sattar Jabbar al-Hulu reside actualmente en Australia. Por el momento, Mazin Naif Rahim, quien sin llegar a los 30 años ya es el líder espiritual local de los mandeos, vive todavía en su Basora natal. “Hasta 1991, realizábamos nuestro rito en el río, pero la falta de seguridad y la contaminación nos han obligado a improvisar nuestro culto en estos pequeños pozos dentro de nuestros templos”, expli5 DE FEBRERO DE 2012

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4Represión y discriminación contra los mandeos, entre los efectos de la invasión a Irak

ca Rahim, con una sonrisa entre la vergüenza y la autocompasión. De acuerdo con él, el gobierno de Basora sigue negándoles un terreno junto al río, algo que pesa aún más ante la inminente celebración de un importante evento religioso mandeo. “El 17 de marzo [próximo], celebraremos durante cinco días la pronaya, la creación del mundo de la luz. ¿Le parece que este es un lugar apropiado para ello?”, pregunta Rahim, antes de enseñar a IPS el Tesoro de Dios. Se trata de su libro sagrado, escrito en la variante mandea del arameo y en su propio alfabeto. “Lo tradujimos al árabe porque entre los musulmanes corría el rumor de que 62

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incitaba a la apostasía”, explica Rahim. “De esta forma queríamos mostrar que nosotros también creemos en un único Dios, que rezamos y practicamos el zakat (la caridad)”. Pero todo esfuerzo parece ser insuficiente ante la discriminación que se extiende prácticamente a todos los ámbitos. “Con su expediente académico, mi hijo podría conseguir un buen puesto de ingeniero en la industria petroquímica local, pero está sin empleo desde que se graduó hace tres años”, lamenta Tahseen, un mandeo basorí. “Los mejores puestos se reservan para aquellas familias que perdieron algún

integrante en la guerra contra Irán (1980-1988), o durante la represión de Sadam. Los privilegios son para aquellos que tienen ‘mártires’, y los nuestros no cuentan según sus preceptos”.

A orillas del Tigris Son cinco horas en automóvil para llegar desde Basora hasta Bagdad, ciudades distantes a 548 kilómetros. Se trata de un recorrido que remonta el curso del río Tigris y el Éufrates, por una carretera rectilínea en la que se encadenan camiones cargados de petróleo y vehículos con ataúdes en el techo, rumbo a Najaf. CONTRALÍNEA

4Los mandeos, obligados a emigrar

viértete o muere”, algo recurrente entre la diezmada población cristiana local. Si bien es cierto que los ataques han disminuido en los últimos tres años, el camino hacia la convivencia entre los pueblos de Irak sigue sin despejarse. “Religión y etnia van de la mano en Irak y, desgraciadamente, así se recoge en la Constitución”, explica a IPS el profesor

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Esa localidad, a unos 160 kilómetros al Sur de la capital, es el lugar en el que sueña ser enterrado todo chiíta. Ya en Bagdad, los puntos de control se multiplican a medida que nos acercamos al centro principal de los mandeos en el barrio de Qadisiyah, en la orilla occidental del Tigris. Se trata de un auténtico cuartel general protegido por efectivos del Ministerio del Interior y rodeado de muros de cemento. Desde ahí, Toma Zekhi, presidente del Consejo Bagdadí, aporta más claves sobre la persecución habitual que sufre su pueblo. “No se trata de una persecución por motivos únicamente religiosos”, explica este hombre de espeso pelo blanco y bigote recortado. “Tradicionalmente, los mandeos hemos sido artesanos del oro y la plata, algo que se ha convertido en una pesadilla dado los niveles de delincuencia durante los últimos años”. Un informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional, de abril de 2010, corrobora las palabras de Zekhi respecto de lo peligroso que resulta ser joyero en Irak post Sadam. Zekhi decidió quedarse, pero la mayoría huyó tras recibir misivas del tipo “con-

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4La delincuencia, otra amenaza CONTRALÍNEA

universitario Saad Salloum, editor jefe de Masarat, la única revista de Irak especializada en minorías. “A los mandeos se les incluye a menudo en el subgrupo de ‘cristianos y otras etnias’, con lo cual pierden privilegios como son las cuotas de representación tanto en el Parlamento como en las administraciones locales”, explica Salloum en su despacho en el centro de Bagdad. A 20 minutos de allí, y desde su pequeña tienda-taller en el barrio de Karrada, en el Sureste capitalino, Hassam Sapty Zaroon graba con esmero en un medallón de plata una abeja, un león y un escorpión a los que rodea una serpiente. Se trata de un amuleto que, de acuerdo con la tradición mandea, protege del mal. “La nuestra es una tradición familiar que se remonta 400 años atrás. Todos hemos trabajado el oro y la plata con nuestras propias manos”, expresó el último de una ilustre saga de orfebres. Si bien el artesano sigue usando exactamente los mismos instrumentos que su abuelo, Hassam Sapty dejó de mirar al Tigris con nostalgia desde que se convirtió al Islam hace algunos años. Aun en el improbable caso de que se apliquen medidas urgentes, puede que estos motivos mandeos grabados en plata negra sean algunos de los últimos vestigios de una cultura milenaria a punto de diluirse para siempre.3 5 DE FEBRERO DE 2012

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EX LIBRIS

Mozart: humano, demasiado humano Álvaro Cepeda Neri*

Su música sublime, encantadora, donde lo femenino y masculino de los mortales adquiere lo más humano, demasiado humano, que un individuo inmortal, pudo crear

e entre los 10 o 15 libros de mi modesta biblioteca, Mozart: una bigrafía musical (1791-1991), de Jean-Victor Hocquard, me resultó lo que llamamos: “un libro de cabecera”, porque vuelvo a sus páginas para redescubrir al genio Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart Pertl (1756-1791). Al igual que el dramaturgo inglés William Shakespeare; el novelista ruso León Tolstoi; el jurista, político y filósofo del derecho austríaco, Hans Kelsen; el novelista y poeta español, Miguel de Cervantes, y el filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia, Karl R Popper, simplemente reconocido como Mozart… esta maravilla musical y el kantiano Ludwig van Beethoven (La novena sinfonía que musicaliza la Oda a la alegría del poeta kantiano Friedrich Schiller, en el libro de Esteban Buch, La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo, El Acantilado) son los dos más grandes creadores de amor a la humanidad a través de la música y que en la Estética del sentimiento puro nos explica Hermann Cohen (sin edición en español, obra traducida por el maestro Wenceslao Roces, pero rastreable en el libro de Klaus Christian Köhnke, Surgimiento y auge del neokantismo, Fondo de Cultura Económica). De regreso al tema, no encontré mejor descripción para referirme a Mozart que el nombre que Federico Nietzsche puso a sus ensayos: “Humano, demasiado humano”. En dos tomos, el libro es un extraordinario trabajo sobre la vida biológica de Mozart y su creación musical que debe uno de escuchar. En él se descubre que, salvo el compositor romántico italiano de ópera, Giuseppe Verdi, que no nadie hay más sobresaliente para la ópera que Mozart, quien participaba con el letrista (Lorenzo da Ponte: Memorias) en los argumentos operísticos; y fue traducido del francés al español por Mauro Armiño para recordar el bicentenario del fallecimiento de quien per-

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manece vivo en su grandiosa música… “Y porque esta energía vital late en él, ha de vivir mientras en el mundo palpite un corazón y trabaje un cerebro” (como expresó Pablo Natorp a la memoria del filósofo Immanuel Kant). Es la más completa, verídica y encantadora biografía, salvo aquella de su música Las óperas de Mozart, de Stefan Kunze (Alianza Editorial). De entre las innumerables biografías acerca de Mozart, está la de Jean y Brigitte Massin, Wolfgang Amadeus Mozart (editorial Turner); la de Alfred Einstein, Mozart (Espasa Calpe); y la de Bernhard Paumgartner, Mozart (Alianza Editorial). Hocquard también es autor de Las grandes óperas de Mozart, que contiene: “Don Juan”, “Cosí fan Tutte”, “Las bodas de Fígaro”, “La flauta mágica”, “El rato del serrallo, Idomeneo”, “La clemencia de Tito”. Y, El pensamiento de Mozart (no traducido al español) con una cronología de su vida, bibliografía seleccionada, apéndice de la discografía con sus 45 obras y un index operum de sus 426 creaciones: sonatas, conciertos, sinfonías, divertimentos, danzas, marchas, conciertos (piano, violín); cuartetos, tríos, el Réquiem, sus 22 óperas (una de éstas: El empresario). Conocer a Mozart a través de estos textos nos arroja a su música sublime, encantadora, donde lo femenino y masculino de los mortales adquiere lo más humano, demasiado humano, que un individuo inmortal, pudo crear. Este dramaturgo “Shakespeare de la música”, al otorgar siempre la primacía a la música, logró que “si no se puede amar la ópera, sí amar las óperas de Mozart”.3

Ficha bibliográfica: Autor: Jean-Victor Hocquard Título: Mozart. Una biografía musical (1791-1991) Editorial: Espasa-Calpe, 1991 *Periodista CONTRALÍNEA

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AGENDA CULTURAL CINE La hor hora ra a de los lo hornos | Autoproclamado Autoproclamado subversivo, subversivo, este documental fue fue este documental concebido como un instrumento para para “encender la revolución”. Dividida ida en tres partes, partess,, la primera primera de ellas (“Neocolonialismo innovvador colonialismo y violencia”) es la más innovadora ador ado a en el lenguaje y reconocida internacionalmente. quee,, como película internacionalmente. Lo más interesante de este filme es que, detonadora, detonadora, plantea una relación radicalmente radicalmente distinta con el público: el espectador no es más sujeto de entretenimiento, entretenimiento, consumidor de un producto terminado, terminadoo,, sino un potencial militante en quien hay que inspirar inspirar el debate. debate. Tan Tan es así que las dos siguientes partes tes (“Acto (““Acto Acto para para la liberación”, liberración”, ación”, sobre los movimientos sindicales dicales y de resistencia argentinos, argentinoss,, y “Violencia “Violencia y liberación”, liberación”, dedicado a la argumentación ideológica), en determinados momentos, momentoss,, expresamente plantean detener la proyección e iniciar la discusión discusión en en la la sala. sala. El El documental documental fue fue realizado realizado por por el el Grupo Grupo Liberación, Liberación, liderado liderado por por Fernando Fernando E Solanas Solanas durante durante dictaduraa militar del gener general la dictadur al Onganía, por lo que fue imposible exhibirla oficialmente en Argentina hasta 1973.

Auditorio Museo de Arte Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608, esquina Altavista, colonia San Ángel. (Sábado 11 de febrero febrero, roo,, horas) 16:00 hor as) TEA ATRO Casa de d muñecas | La compañía Romo, Valderrábano rábano berg presentan esta versión libre sobre el original de Henrik Ib relata la historia del matrimonio, aparentemente feliz, ent Helmerr, abogado y próximamente director de un ba tento de extorsión por un préstamo no cubierto descubre que sólo ha sido parte decorati se el marido de que las acciones de su u posición social, le da la espalda.

Teatro Sergio Magaña Ribera. (Del 8 de feb

colonia Santa María La es 20:00 horas)

ÓN Lo que llevo de ti | En el marco del 159 ario del natalicio del prócer cubano José Martí, el artista cubano plástico Yoel Díaz Gálvez presenta esta exposición donde refleja su acercamiento pictórico al mundo de quien constituye la máxima figura de su cultura. Esta muestra es sólo un repaso fugaz de lo que constituye, para él como persona y artista, el legado de Martí. En palabras del artista, “aunque (a José Martí) no le tocó vivir el siglo XX, su visión ilimitada y su pensamiento perduran hasta nuestros días recordándonos siempre lo inagotable y la vigencia de su ser”.

Centro Cultural José Martí, Doctor Mora 1, colonia Centro. (Hasta ell 26 de febrero))

LITERA ATURA México país: éxit (Editorial Miguel Ángel Po orrú orrúa, contiene una colección de e que René Drucker C ofrecen, a ma agenda d lo

MÚSICA Ú Coro de la Ciudad de México | El sábado 11 de febrero a las 16:00 horas, se llevará a cabo la presentación del Coro de la Ciudad de México en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en la calle Pino Suárez 30, colonia Centro.

a Zaatari: el molesto EXPOSICIÓN Akrram asunto o. | En el marco del ciclo Fantasmas de la libertad 2010-2011, se presenta esta exposición en coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, España. En 1997, el libio Akram Zaatari co-funda la Fondation Arabe pour l´image, cuyo cometido principal es recoger, recuperar, conservar y estudiar el patrimonio fotográfico artístico, comercial y popularr, tanto en su paíss, asediado por la guerra, como en el conjunto de los países árabes. Con esta exposición el artista indaga, a través de una serie de fotografíass, videos, filmes y material documental, los distintos papeles y expectativas sociales de hombres y mujeres en el mundo árabe en general. La representación del cuerpo y la desnudez, tanto individual como en actos colectivos, así como los cambios en las relaciones interpersonales tras la llegada de nuevos dispositivos y tecnologías como internet, son algunos de los asuntos que se abordan en la muestra.

Museo Universitario Arte Contemporáneo, Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario. (Hasta el 10 de junio) CINE El planeta más so | Alex y Nica deciden hacer u antes de casarse y eligen camin el Cáucaso georgiano. Para cruz montañas contratan a un guía, D El trayecto incluye momentos p platicar y cantarr, pero mayormen silencios. En uno de ellos hay u gesto o detalle que cambia todo cada miembro de la pareja comienza a ver a su contraparte de modo distinto. Mientras cruzan paisajes impresionantes, Dato se convierte en compañero para uno u otro cuando se sienten incómodos de estar juntos.

Sala 5, The Movie Company, Avenida San Jerónimo 263, colonia Tizapán. (Miércoles 8 de febrero;13:00, 15:30, 18:00 y 20:30 horas) CONTRALÍNEA

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Miguel Galindo

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