AGENDA CIUDADANA DE POLÍTICA EDUCATIVA Temas medulares
La educación en México atraviesa una situación crítica. La calidad de la enseñanza que se imparte en
el sistema de educación básica no satisface los criterios mínimos
establecidos por las evaluaciones internacionales, como las llevadas a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso las evaluaciones internas muestran deficiencias abismales. De seguir en estas condiciones, México terminará por desperdiciar su bono demográfico y no estará en posibilidades de consolidar su posición en el mercado global.
La educación que hoy se imparte en México es insuficiente para superar la desigualdad y la pobreza y alcanzar los niveles de desarrollo humano y convivencia ciudadana, que se reflejen en una convivencia libre de violencia y respeto a la legalidad, indispensables para que todos podamos vivir en un país seguro. Es insuficiente, además, para que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios para aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el cambio tecnológico, pues hace poco atractivo al país como destino de inversiones productivas que requieren del uso intensivo de capital humano altamente calificado, mientras que la ventaja competitiva de los salarios bajos ya se ha esfumado.
Esta agenda recoge cinco puntos que las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas consideramos claves para lograr la transformación profunda del sistema educativo. Sin estas transformaciones torales cualquier cambio será ineficaz y cosmético, pues la crisis es institucional y atañe a las reglas mismas sobre las que ha operado el sistema educativo mexicano desde hace décadas.
1
I. Rectoría del Estado en la Educación
La reforma del sistema educativo en México debe basarse en un cambio radical para terminar con la superposición en las funciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (en adelante, SNTE) por un lado, y las autoridades educativas locales y federales, por otro. Resulta urgente separar sus legítimos ámbitos de competencia. Las autoridades y órganos especializados deben asumir la responsabilidad rectora sobre el conjunto de variables y procesos que impactan sobre el logro educativo, tales como el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aquellos que tienen que ver con el ingreso,
estímulos, promoción y permanencia de los docentes.
Las organizaciones laborales, por su parte, deben abocarse a defender los derechos de los trabajadores de la educación, sin injerencia en la carrera docente, misma que debe quedar en manos de cuerpos en los que los maestros participen en función de sus méritos y no de su pertenencia a una organización gremial determinada.
Desde esta perspectiva el SNTE debe dejar de jugar el papel protagónico que hoy sostiene para dejar paso a que directores, maestros, padres de familia y la comunidad que le acompaña retomen relevancia. En particular el director y las autoridades educativas necesitan librarse de las exigencias sindicales y sobre todo políticas que el SNTE les impone.
Contextualización
Hoy el sistema de incentivos de los maestros es sindical y político, no académico y profesional, debido al desarrollo institucional del sistema educativo, que fue dejando desde la década de 1940, en manos del SNTE buena parte de sus reglas de operación. Desde que en 1946 se establecieron por decreto presidencial las condiciones generales de trabajo que reconocían al SNTE como organización sindical única y le otorgaban de 2
hecho el control de la carrera de los maestros, la organización gremial fue ganando gradualmente poder en el sistema educativo nacional, al punto de que hoy no sólo controla de manera corporativa, con mecanismos clientelistas, el proceso de ingreso, estímulos, promoción y permanencia de las maestras y maestros de México, sino que es un actor con poder de veto que ha frenado el cambio institucional que el sistema educativo mexicano necesita. A los maestros les reditúa más ser leales y disciplinados con los líderes sindicales que enseñar cada día mejor y esforzarse por ser creativos e innovadores en el aula y en la escuela. Los directores y supervisores deben sus puestos al SNTE, no a criterios de medición de su desempeño ni a su capacidad de liderazgo entre sus pares. Se trata de un arreglo vertical, en manos de la camarilla dirigente de la organización sindical prácticamente única que utiliza el control ejercido sobre los maestros para chantajear a las autoridades e impedir los cambios que pudieran reducir su poder o quitarles la disposición discrecional de los recursos provenientes de las cuotas que el Estado recauda obligatoriamente de las maestras y maestros.
Exigencias ciudadanas
La reforma educativa que México necesita pasa por transformar la relación entre la Secretaría de Educación Pública (en adelante, SEP) las secretarías de educación de los estados y el magisterio. La SEP debe recuperar el papel rector del sistema educativo que el SNTE le ha arrebatado y para lograr ese objetivo proponemos:
1. La creación un sistema profesional del magisterio de alcance nacional y la profesionalización de todas las instancias administrativas del sistema educativo que hoy controla el SNTE.
2. La derogación de las condiciones generales de trabajo establecidas en 1946, y que se han reproducido en las entidades federativas.
3
3. La libertad sindical, la pluralidad y la democracia en las organizaciones de los trabajadores de la educación, con afiliación voluntaria y con cuotas recaudadas directamente por las organizaciones gremiales. Las diversas organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación deben jugar un papel relevante en la defensa de los derechos laborales de las maestras y maestros, pero no deben controlar el sistema de ingreso, promoción, estímulos y permanencia del personal docente y directivo, el cual debe tener un carácter profesional, regido por las autoridades educativas con base en criterios de evaluación claramente establecidos.
II. Evaluación del sistema educativo
El sistema educativo nacional en su conjunto requiere ser sometido permanentemente a diversos procesos de diagnóstico y evaluación que permitan conocer sus fortalezas y debilidades y aplicar los correctivos necesarios para un desempeño eficaz. No sólo deben ser evaluados los procesos de enseñanza–aprendizaje, sino también la gestión escolar, el desempeño de las autoridades educativas, los planes y programas de estudio, la infraestructura educativa y el estado de la tecnología disponible para la enseñanza.
Contextualización
A lo largo de décadas, el sistema educativo mexicano creció con el objetivo -no alcanzado del todo-, de lograr la cobertura universal progresiva en la educación primaria y secundaria, sin embargo no desarrolló mecanismos de evaluación que hicieran posible comparar el desempeño de los diversos centros, que generaran incentivos para la mejora y detectaran las fallas para poder subsanarlas. Las metas del sistema fueron esencialmente cuantitativas, centradas en la ampliación de los años de escolaridad promedio de la población, mientras que los programas específicos sucesivos no han sido sometidos al escrutinio y la rendición de cuentas ante el Legislativo o los ciudadanos, y menos aún se han socializado
y convertido
en referentes cotidianos de 4
corresponsabilidad. Un nuevo programa desplaza al siguiente y rara vez el cambio arraiga en la realidad cotidiana de la escuela y en el logro del aprendizaje. El sistema educativo de nuestro país ha sufrido reformas periódicas, pero en la mayoría de ellas los propósitos no se han traducido en metas de logro superior. Las sucesivas administraciones han echado a andar proyectos que no tienen continuidad precisamente porque el sistema educativo ha carecido de metas transexenales que estén por encima de los términos gubernamentales. El resultado ha sido un estancamiento alarmante de la calidad y un desempeño pobre del sistema en su conjunto, con una infraestructura deteriorada, poco innovador y con poco acceso a las tecnologías de vanguardia.
Exigencias ciudadanas
Es necesario convertir a los procesos de evaluación en rutinas permanentes en los diferentes ámbitos del sistema educativo nacional, con garantías de imparcialidad para los docentes, las autoridades educativas y la sociedad. La evaluación del sistema educativo nacional debe quedar, entonces, coordinada por un órgano técnico autónomo, sin injerencia directa de las autoridades educativas ni de las organizaciones gremiales y se debe llevar a cabo en diversos ámbitos, desde el centro escolar, los colectivos profesionales de los docentes, los municipios, los estados y la federación; las diversas evaluaciones deben servir también para canalizar los recursos técnicos y materiales de acuerdo con necesidades medibles, para apoyar a aquellas escuelas o regiones que requieran mejora y para incentivar el buen desempeño de docentes y centros.
Para ello proponemos:
1. La consolidación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo federal autónomo y técnico, con personalidad,
5
presupuesto y gestión independiente que articule y coordine el Sistema Nacional de Evaluación Educativa por medio de convenios de coordinación o colaboración, según sea el caso, con los distintos ámbitos de competencia establecidos en la Ley General de Educación: federales, estatales y municipales y con cuerpos profesionales docentes, instituciones de educación superior y organizaciones nacionales o internacionales especializadas en la evaluación educativa. El objetivo institucional sería elevar el logro académico de las y los estudiantes a través de la evaluación tanto de las variables como de los procesos que inciden en éste. Su función será recopilar, generar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos para evaluar de manera coordinada las condiciones de operación del Sistema Educativo Nacional, la efectividad de los programas y políticas educativos, el desempeño de los docentes frente a grupo, la labor de los directivos ante la comunidad escolar, así como los resultados académicos de los alumnos.
III. Profesionalización docente
La evidencia recabada por la investigación educativa confirma que el factor más relevante para la calidad educativa en general, y más en concreto para el cierre de la brecha en el logro educativo entre niños de diferente capital sociocultural, es la acción del maestro. Es el agente social por excelencia, y de su propia selección, formación, reclutamiento y seguimiento depende en buena medida el éxito de cualquier otra política pública en educación. Así, los maestros de educación obligatoria en México deberían ser fruto de una selección rigurosa de los candidatos para elegir a las personas que muestren talento para ejercer la profesión. Ello, a su vez, debería partir de hacer de la carrera docente una profesión atractiva para alumnos destacados, tanto por las condiciones iniciales de empleo (buenos sueldos de entrada) como por las instituciones donde se forman (Normales y otras escuelas profesionales con prestigio fundado) y por sistemas de 6
promoción y estímulos que premien el buen desempeño, la creatividad y la innovación. Para ello se requiere que todas las plazas se concursen –incluyendo las de directores y supervisores– y que los docentes sean evaluados periódicamente para certificar su desempeño y desarrollo profesional y para consolidar sus habilidades; actualizarlos permanentemente y asegurar su avance en términos de sueldos, prestaciones y opciones de asignación según sus méritos. El punto de llegada es una profesión reconocida socialmente, exigente, bien remunerada, con apoyos generales al conjunto de los maestros pero con reconocimiento al mérito personal, que atraiga a jóvenes de gran talento y se caracterice por el aprendizaje significativo durante toda la vida, propio y facilitado consecuentemente a una generación tras otra de alumnos mexicanos. La participación en cualquier colegio profesional especializado; su contacto con todas las instancias de beneficio laboral o de avance profesional le asegurarán un trato personal, respetuoso y con derecho a respuesta oportuna.
Contextualización La profesión docente en México tiene una gran demanda, particularmente entre los estratos sociales medios-bajos, porque representa un empleo seguro y un ingreso constante, lo mismo que prestaciones laborales muy superiores a las que ofrece la ley en general (más días de aguinaldo, más vacaciones pagadas, capacitación constante y pocas veces con costo al trabajador) y la posibilidad de obtener promociones profesionales y estímulos asociados al desempeño. Esta condición del mercado laboral del magisterio mexicano impone desafíos específicos (distintos a los que suponía un escenario de escasez de candidatos como el existente en los tiempos fundacionales del sistema educativo mexicano): i) contar con mecanismos que permitan elegir a los más aptos para el servicio; ii) evitar el riesgo de que el valor de la fuerza de trabajo se abarate y consecuentemente exista una presión de los salarios a la baja (por la oferta excedente); y, iii) contrarrestar la ausencia de incentivos para generar y mantener condiciones de
7
trabajo adecuadas para los docentes, lo que, a su vez, estaría afectando la calidad de la enseñanza y la disposición de numerosos profesores a realizar su mejor esfuerzo. En la vida cotidiana, el maestro mexicano está sujeto a un modelo excesivamente prescriptivo que le tiene desconfianza. La tradición de medio siglo de libro de texto gratuito tuvo un efecto colateral indeseado pero muy poderoso: la consigna para los maestros fue convertirse en expositores y comentaristas de un texto que otros escribieron, inhibiendo su autoridad personal, su capacidad de innovación y la búsqueda de fuentes y actividades paralelas. A los maestros se les pide mejores resultados en las pruebas estandarizadas, pero a inicio del ciclo escolar prácticamente ninguno recibe el diagnóstico personalizado de sus alumnos, lo que permitiría trazar una estrategia grupal, prever recursos y apoyos, y distribuir su atención. No hay en general marcos de convivencia explícitos para el centro escolar, de manera que las reglas de disciplina se dejan al azar o a la visión subjetiva, que gravita entre los extremos del autoritarismo y la laxitud. Los materiales básicos son escasos –gis, papel, recortables, colores, mapas, esquemas, fotocopias- y frecuentemente a cargo económico del propio maestro o de la cooperación de los padres; el uso de la tecnología es ambiguo –las aulas de cómputo son motivo de disputa intra-escolar, los maestros no ha recibido una auténtica formación para manejarla con solvencia y verdadero sentido educativo, y el apoyo técnico que reciben rara vez es oportuno. La escasez de información para abordar de manera sistemática al maestro concreto en su actuar revela el desinterés por su persona, por encima del poder corporativo de su gremio. Por ejemplo, la estadística oficial se basa en el concepto de “plazas docentes”, cifra que no coincide con el número de profesores “de carne y hueso”. Este último dato no se conoce con precisión; de ahí la demanda que muchas organizaciones civiles han hecho por contar con un Padrón Nacional de Maestros. El espacio oficial y gremial los trata como un número más: es notorio por ejemplo, cómo en los distintos procesos del programa de estímulos de la mal llamada Carrera Magisterial o en los trámites de escalafón - sistemas ambos bajo un control bilateral entre la autoridad educativa y el 8
sindicato prácticamente único- cada maestro debe reunir una y otra vez todas las evidencias, a pesar de haberlas entregado en la etapa anterior, y debe enfrentarse a un trato burocrático displicente y degradante.
Exigencias ciudadanas
En primer término es indispensable establecer una certificación que funcione como licencia profesional del magisterio, con la integración completa de un concurso público conducido por un riguroso e imparcial órgano independiente, evaluación universal, periódica y obligatoria como sistema de promoción y rendición de cuentas con consecuencias, Carrera Magisterial como programa de estímulo auditado y suficiente; concluir la reforma auténtica de las normales y la transformación de la formación continua con trayectos personalizados y del colectivo docente.
Una vez establecida la certificación, un sistema profesional del magisterio capaz de revertir la deformación de incentivos generada por el actual control sindical del sistema de ingreso, promoción, estímulos y permanencia, debe incluir los siguientes elementos:
1. Fortalecimiento de la formación profesional de los docentes mediante la mejora del perfil y el desempeño del personal académico de las escuelas normales y de los estudiantes. Extender las prácticas de evaluación para mejorar la calidad de las instituciones, programas y estudiantes, así como la revisión de los planes de estudio con base en los resultados de las evaluaciones nacionales. También es necesario mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas de formación de profesores, y transformar las instancias encargadas de planear la matrícula. Es urgente, además, abrir el proceso de formación de docentes a las diversas instituciones de educación superior y regularizar las normales particulares con garantías de calidad y criterios comunes de evaluación. 2. Reclutamiento. El ingreso al sistema profesional del magisterio debe basarse en 9
un concurso de ingreso y deben desaparecer todas las excepciones que hoy mantienen el control sindical sobre las plazas que se desocupan por jubilación o muerte de sus titulares. Sólo a través de un concurso general se debe reclutar a las maestras y los maestros. En cuanto al diseño, el concurso tiene que transitar de ser un instrumento que mida conocimientos sobre el programa a uno que diagnostique, verdaderamente, el dominio de cada una de las áreas de conocimiento. Por otra parte, se debe abrir el concurso a los egresados de diversas carreras profesionales y de distintas instituciones de educación superior y no sólo a los egresados de las escuelas normales.
3. Desempeño profesional: Se propone evaluar este elemento a partir de los estándares docentes u otros instrumentos o estrategias que para el efecto emita el órgano autónomo encargado de coordinar el sistema nacional de evaluación educativa. Los estándares docentes son el núcleo de cualquier sistema de evaluación del desempeño, pues mientras los estándares no sean publicados y comprendidos, los instrumentos y programas de formación y de incentivos docentes carecerán de un referente único que les permita articularse cabalmente y así ofrecer un sistema de señalización coherente que guíe la carrera de los maestros. Esto es especialmente relevante si se quiere que la evaluación del desempeño profesional se realice a través de la observación experta, coordinada por un INEE autónomo. La importancia y el alcance de la Evaluación Universal exigen que su diseño normativo y operativo sea muy cuidado y abierto al debate público, y que su implementación se realice de manera eficiente y efectiva. Por ello proponemos modificaciones normativas de fondo para la creación de un Servicio Profesional del Magisterio de alcance nacional que articule cabalmente los actuales estándares docentes, el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, el llamado Programa de Carrera Magisterial y el Programa de Estímulos Docentes. 4. Acompañamiento y Formación continua: Deberá asignarse tutores idóneos para 10
los profesores noveles, que hagan de modelo y guía en la primera experiencia, garantizando la consolidación de competencias didácticas. A partir de los resultados de la Evaluación Universal, la SEP deberá formular sus Programas de Formación Continua y Superación Profesional, como apoyo al Servicio Profesional del Magisterio, que tendrán que implementar los gobiernos estatales. Las autoridades educativas estatales establecerán un sistema de seguimiento que permita conocer no sólo si los docentes asistieron a los cursos de capacitación, sino también cuál fue su desempeño en ellos, si aplican en el aula lo aprendido y si estos cambios tienen un efecto positivo en el aprovechamiento escolar de los alumnos. De no establecerse la retroalimentación oportuna y pertinente a los maestros, se corre el riesgo del desánimo o el escepticismo entre el magisterio.
IV. Participación social en la educación La sociedad tiene derecho a participar en la definición de las políticas educativas “de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social” (Ley General de Desarrollo Social Cap. VI, 61); la responsabilidad de vigilar su desarrollo y contribuir a la mejora en la calidad y equidad de los servicios. Desde esta perspectiva, la Participación Social se convierte, en si misma, en un pilar, en una manera de ejercer y ejercitar la ciudadanía, una estrategia para el fortalecimiento de la cultura política democrática.
La Participación social es un derecho universal como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Mexicana; debe surgir de los intereses y necesidades de los participantes y constituirse en una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Los servidores públicos deben favorecer e impulsar la participación social.
11
La Participación es un proceso complejo e integral, tiene un valor y un fin en si mismo, no puede verse solamente como instrumento para el logro de metas gubernamentales, sino como un proceso de aprendizaje, una vía para el desarrollo y el “empoderamiento” de los miembros una comunidad. Socialmente resulta más significativa en tanto mayor sea la intervención de los participantes en la discusión, toma de decisiones y evaluación sobre aquello que les parece importante principalmente en el ámbito escolar.
Contextualización
La participación social en el ámbito educativo mexicano enfrenta grandes dificultades, debido a que tradicionalmente la noción y la práctica de la participación en educación han sido muy acotadas, persistiendo una fuerte delimitación de ámbitos, relaciones y roles. Y pese a que se han implementado acciones de política pública para impulsar la participación en la educación como los Lineamientos de los Consejos Escolares en el 2011, actualmente los mecanismos de rendición de cuentas son insuficientes y no existe un acompañamiento de formación en habilidades para la vida.
Los padres de familia tienen escasa o nula apertura a la comprensión en los aspectos vinculados a la enseñanza, aprendizaje y objetivo de la educación que reciben los alumnos. Tampoco ha sido posible delinear una vinculación que le dé cauce de organización y sistematización a las OSC’s en su relación con el área educativa.
Para que la sociedad civil sea efectivamente participativa, necesita contar con la formación y la información básica de aquello que es tema u objeto de la participación; también necesita contar con mecanismos y reglas claras que involucren y sincronicen a todos los actores sociales tomando en cuenta los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo (que incluya tanto la política educativa, como el aula de clase, los aspectos administrativos y los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, las actividades extra escolares y las que ocurren dentro la escuela). 12
Exigencias ciudadanas
En este marco y con fundamento en una perspectiva de derechos, a continuación presentamos las características principales de la Política de Participación Social en la Educación que la sociedad civil demandamos:
1.
Promover una reforma a la Ley General de Educación donde se garantice
que en la toma de decisiones de política educativa participe la sociedad civil organizada. La participación social en la educación debe contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad, debe enfocarse en el aprendizaje real de los alumnos, tanto en términos académicos como en el desarrollo de las actitudes y habilidades necesarias para desenvolverse consciente y libremente dentro de su entorno social, dando cabida a los maestros y padres de familia en la elaboración del proyecto escolar.
2.- Articular un sistema de consejos de participación escolar que promueva la participación amplia e inclusiva, de abajo hacia arriba. Diseñado de manera que el diagnóstico y las propuestas surjan desde las escuelas con un proyecto escolar propio como centro de la educación, hacia los municipios y los estados, garantizando que las respuestas sean adecuadas a las características y necesidades locales, no sólo a las metas gubernamentales. Ofreciendo espacios y mecanismos para los diversos actores sociales: padre de familia, organizaciones sociales, empresarios, académicos y personas interesadas en educación participen en los procesos educativos, que teniendo siempre como marco lo establecido en nuestra Constitución. En este sentido, establecer una verdadera política nacional de participación social en educación que cuente con una irrestricta voluntad política.
3.-Garantizar que la participación social cuente con mecanismos diversos y flexibles, para permitir el flujo bi-direccional de la información, la transparencia y la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, bajo 13
un esquema de Contraloría Ciudadana que nutra al Sistema Nacional de Información Educativa. Una política que considere la diversidad de condiciones y formas de organización de las comunidades, así como la amplia variedad de situaciones escolares. Que reconozca y respete la pluriculturalidad del país, misma que se manifiesta en la diversidad de formas y expresiones de Participación Social, que mantiene informados a los ciudadanos de manera veraz y oportuna y que rinde cuentas de sus acciones, motivaciones y resultados, atendiendo todas las expresiones de la sociedad civil que actualmente trabajan en este propósito o las nuevas que se formen y que abra espacios en la construcción de la política educativa.
4.- Garantizar que los Consejos Escolares asuman la responsabilidad de la formación para la participación. Que establezca diversas estrategias tendientes a desarrollar las capacidades para la participación, y asegure el financiamiento para la formación de la demanda y el acompañamiento de los procesos, consolidando los Consejos Escolares de Participación Social y formando a la comunidad escolar: estudiantes, directivos, docentes y padres de familia, en el tema de participación cívica y ética.
V. Federalismo, Transparencia y Rendición de Cuentas
Es necesario concluir el proceso de auténtica federalización educativa, que promueva la autonomía jurídica y normativa de la escuela para que se construya como agente de su propio aprendizaje y transformación, promueva la participación democrática de los diferentes actores y establezca una verdadera distribución de poder que delimite claramente derechos y responsabilidades entre el gobierno federal y los estatales.
Una federalización que responda a la diversidad que presenta el país para que se atiendan en forma eficiente los problemas locales.
14
Contextualización
En 1992 se firma el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal entre el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a partir del cual se descentraliza la administración de estos niveles educativos a las entidades federativas.
Esta descentralización, sin
embargo, plantea un modelo de centralización del poder y descentralización de la administración. Las funciones operativas se encuentran supervisadas por el centro y son escasos los márgenes de decisión que respondan a las problemáticas locales. “Las entidades federativas que contaban con un sistema estatal de educación previo a la descentralización han enfrentado serias dificultades para homologar las condiciones laborales del personal federal con el que está a su servicio.
En muchos casos,
permanecen dos sistemas educativos paralelos operando bajo un único mando, pero con reglas diferentes. Por otra parte, el gobierno central no ha querido cederle a los estados ninguna atribución que vaya más allá de la administración de los dos subsistemas: el de básica y el de normales. Son escasas las decisiones sustantivas que pueden tomar los gobiernos estatales, lo que impide que los sistemas educativos locales puedan adaptarse a las condiciones contextuales propias de cada entidad. Ante una descentralización inconclusa, insuficiente y desigual, la marcha del sistema educativo nacional se vuelve sumamente compleja y deficiente“ (Pardo, 1999)
La relación que se establece entre el centro y los estados es de arriba hacia abajo, jerárquica y burocrática, en donde los estados quedan reducidos a meros operadores de las políticas dictadas desde el centro.
15
Exigencias ciudadanas
1. Normativo Pedagógico y de gestión. Decretar la identidad jurídica de cada escuela pública, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, y garantizar que cada centro se convierta en una verdadera comunidad de aprendizaje y gestión. Así, los programas federales constituirán opciones abiertas del que las escuelas podrán seleccionar alguno(s) que respondan a sus necesidades particulares.
2. Distribución de recursos. Se requiere una política compensatoria en el presupuesto educativo que se ajuste a criterios de eficiencia, equidad, proporcionalidad, cohesión social, subsidiariedad, fortalecimiento regional y resultados de los alumnos y priorice a las entidades federativas en situación de mayor pobreza junto con modalidades que atienden a poblaciones en desventaja para que cuenten con recursos superiores a los de la media a fin de compensar por desigualdades de origen. Sin esta decisión, no podrán acercarse con la velocidad necesaria a los niveles de desarrollo educativo de otras entidades federativas. En 1990 el gasto en educación representó el 4.1% del PIB, mientras que en 2010 esta cifra fue del 6.7%. No obstante, el gasto absoluto muestra un panorama distinto: México destina a cada uno de los alumnos de primaria mil 650 dólares y en secundaria un mil 500 dólares al año. En promedio los países miembros de la OCDE destinan a estos niveles cinco mil 450 dólares y seis mil 600 respectivamente. Esta información muestra la necesidad que tiene México de destinar en forma eficiente los recursos que dedica a la educación, ya que sólo 0.4% de los recursos se destinan a inversión educativa, ocho de cada 10 pesos gastados en el sector educativo se destinan a pagar salarios.
3. Fortalecimiento de la meso estructura. Los supervisores escolares, asesores pedagógicos y directores deben acompañar a cada escuela en la planeación e implementación de los programas de mejora académica que responda a sus 16
necesidades. Múltiples investigaciones señalan la importancia del liderazgo académico de los directores en la mejora educativa. Es indispensable definir con claridad los estándares de liderazgo y gestión escolar, que se socialicen y los padres sepan qué rasgos distinguen a un director eficaz. Las habilidades que requiere un director son distintas a las habilidades docentes, es necesario formar a los directivos de acuerdo a los estándares, evaluarlos y acompañarlos en su desarrollo profesional. Unos y otros deben ocupar sus plazas por concurso abierto de oposición como parte del Servicio Profesional del Magisterio.
4. La creación de un Sistema Integral de Información Educativa que asegure la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos federales y estatales. La Ley General de Educación debe establecer criterios comunes para la articulación institucional de la rendición de cuentas del sistema nacional de educación en su conjunto. El sistema de información educativa debe contener, al menos: i) Un padrón general de maestros, de directivos y supervisores y demás personal vinculado a la docencia y la administración de los centros escolares. ii) Información por escuela que incluya tipo de escuela, número de alumnos, estado de la infraestructura física, resultado del aprendizaje en las pruebas estandarizadas. iii) Presupuesto global, federal y estatal. iv) Indicadores de eficiencia terminal.
Finalmente, desde la sociedad civil demandamos que el derecho a la educación de calidad esté incluido auténticamente en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que son parte de los derechos humanos. Es obligación del Estado, los tres poderes y los tres niveles de gobierno, cumplir con las obligaciones derivadas de los pactos internacionales suscritos por nuestro país, para lo cual instamos a que se comprometa a adoptar todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales y educativas para garantizar los derechos consagrados, como lo establece el Artículo Primero Constitucional, y garantizar el logro de los objetivos de la educación. 17