pagado con la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, así como la importancia de reconocer y trabajar con el conocimiento local e indígena (ver por ejemplo la Evaluación Internacional sobre el Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD por sus siglas en inglés) y sus repercusiones políticas; y el reciente informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la volatilidad de los precios). Las ABCD hasta ahora se han aliado fuertemente con los sistemas de producción industrial, que dan lugar a grandes cantidades de una producción relativamente uniforme y fácil de absorber en los procesos industriales y por los sistemas de distribución. Las comercializadoras también se enfrentan directamente a otros retos por la idea de que, con el fin de garantizar la equidad (o, por usar otro lenguaje, con el fin de asegurar el derecho humano universal a la alimentación) existe una necesidad de gestionar la demanda dado que el planeta cuenta con una base de recursos limitada. La noción de gestionar la demanda es extraña a la economía del libre mercado –según la cual los precios deberían gestionar la demanda, aumentando cuando escasea la oferta con el fin de reducir la demanda–. Pero existen límites obvios a esta lógica en relación con la alimentación: los gobiernos tienen la obligación de garantizar el acceso a los alimentos basándose en las necesidades, no en la demanda. Las redes de protección no son suficientes, por sí solas, aunque son una parte necesaria de cualquier estrategia de seguridad alimentaria. Los niveles de dependencia de las importaciones son demasiado grandes, y hay demasiadas personas vulnerables, para que los gobiernos dependan solamente de una estrategia de incrementar la eficiencia del mercado y abrirse al comercio. Para los gobiernos afectados y las ONG, un posible enfoque al pensar en cómo abordar estos múltiples asuntos puede ser desafiar algunos de los supuestos asumidos por los propios grupos de presión de las comercializadoras (por ejemplo, que los gobiernos deberían depender totalmente de los mercados internacionales y de los instrumentos financieros para abastecerse de alimentos) y defender una regulación más estricta que afectaría a las comercializadoras, aunque no sólo a ellas. Por ejemplo, para obligar a una mayor transparencia y prohibir el intercambio comercial interno, especialmente como un servicio para clientes externos, no comerciales. La lógica del razonamiento y los argumentos de las comercializadoras rara vez se cuestionan, pero la seguridad alimentaria es demasiado importante como para dejarse en manos del sector privado. Al desarrollar este argumento, las ONG pueden contribuir a exigir un mayor espacio para el interés público en el complejo mundo de la producción y el comercio de materias primas, ambos financiarizados.
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El lado oscuro del comercio mundial de cereales