Victimas violencia y despojo anitoquia colombia by Alfonso Insuasty Rodríguez

Informe de la investigaci贸n acerca de v铆ctimas del conflicto armado ISBN: 978-958-8484-03-07

www.usbmed.edu.co/investigacion/victimas_violencia_y_despojo/

INVESTIGADORES:

FOTOGRAFÍA Archivo fotográfico, Comisión Nacional de

Paola Cadavid Acevedo CNRR

Reparación y Reconciliación (CNRR)

Liliana Patricia Restrepo Medina USB-GIDPAD

Archivo fotográfico, Jornadas Víctimas del conflicto armado. Fundación Forjando Futuros, (FFF)

Alfonso Insuasty Rodríguez USB - GIDPAD

PÁGINA WEB INVESTIGACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN

Jesús William Balbín Álvarez IPC

Liliana Patricia Restrepo Medina USB Róbinson Manco Santamaría USB Rodolfo Flórez Soporte en Sistema de Información Geográfica - USB

Marcella Fernández Quintero Auxiliar de Investigación - IPC Acción Social Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – PPTP Regional Antioquia

AGRADECIMIENTOS Fundación Solidaria La Visitación

OTROS PARTICIPANTES: Jaime Jaramillo Panesso Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

John Fredy Tobón CNRR Fernando Valencia Rivera USB Max Yuri Gil IPC Maria Soledad Betancur Betancur IPC Jorge Diego Sierra Arroyave IPC

Estudiantes Red de Apoyo USB Estudiantes de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia Estudiantes de Derecho Fundación Universitaria Luis Amigó

DISEÑO E IMPRESIÓN: Litoimpacto Celular: 311 351 5111

SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN CITANDO LA FUENTE

Preámbulo

Presentación

CAPÍTULO I: Metodología y contexto

1.1. Descripción metodológica de la recolección de información

Por: Paola Cadavid Acevedo Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR Y ACCIÓN SOCIAL - Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – PPTP Regional Antioquia

1.2. Georeferenciación Social. Por: Liliana Patricia Restrepo Medina Universidad de San Buenaventura Medellín, Grupo de Investigación para el Desarrollo, la Paz y la Democracia (GIDPAD) - USB

1.3. Contexto: generalidades. Por: Alfonso Insuasty Rodríguez - Universidad de San Buenaventura Medellín - USB Grupo de Investigación para el Desarrollo, la Paz y la Democracia (GIDPAD)

CAPÍTULO II: Resultados

2.1. Relación de los datos de quien pone en conocimiento los hechos.

Por: Paola Cadavid Acevedo - Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

2.1.1. Departamento donde ocurrieron los hechos 2.1.2. Cantidad de fichas diligenciadas por personas relatando hechos distintos

42 43

2.1.3. Sexo de quien pone en conocimiento los hechos. 2.1.4. Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa 2.1.5. Oficio de quien pone en conocimiento los hechos. 2.1.6. Nivel educativo alcanzado por quien pone en conocimiento los hechos 2.1.7. Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos. 2.1.8. Edad de quien pone en conocimiento los hechos. 2.1.9. Presunto autor de los hechos identificado por alias. 2.1.10. Victimización. 2.2. Relación de los datos de la víctima directa 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Cantidad de fichas Sexo de la víctima directa Edad de la víctima directa Año de ocurrencia del hecho Oficio de la Víctima

2.3. Víctimas y violencia en las regiones de Antioquia. “Mirada aproximativa a partir de la sistematización de los formatos de la Fiscalía”.

44 45 48 49 51 53 55 56 60 62 62 63 64 65 66

Por: Jesús William Balbín Álvarez - Instituto Popular de Capacitación (IPC)

2.3.1. Introducción y contexto 2.3.2. Perfil general de las víctimas 2 . 3 . 2 . 1 . Pe r f i l s o c i o e c o n ó m i c o d e l o s sobrevivientes o denunciantes 2.3.2.2. Perfil general de quien pone en conocimiento los hechos 2.3.2.3. Perfil general de la víctima directa 2.3.3. Victimizaciones y territorios 2.3.3.1. Comparativo por subregiones 2.3.3.2. Entre la realidad y la imagen de las victimizaciones

66 66

66 67 69 69 70 71

2.3.3.3. La intensidad de la violencia por regiones 2.3.3.4. Violencia más endémica o más concentrada 2.3.4. Año de ocurrencia de los hechos por subregiones 2.3.5. Municipios y violencia en Antioquia 2.3.5.1. Municipios con más hechos violentos por subregión 2.3.5.2. Municipios más violentos 2.3.5.3. Regiones con más hechos denunciados 2.3.6. Los responsables a quienes se les atribuyen los hechos 2.3.6.1. Los grupos responsables 2.3.6.2. Los responsables individuales 2.3.7. La ruta del despojo 2.3.7.1. Afectaciones al patrimonio y bienes inmuebles 2.3.7.2. El despojo municipal y por subregión 2.3.7.3. Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales) 2.3.8. Las victimizaciones en cada una de las subregiones del departamento. 2.3.8.1. Magdalena Medio 2.3.8.2. Urabá 2.3.8.3. Nordeste 2.3.8.4. Valle de Aburrá 2.3.8.5. Oriente 2.3.8.6. Bajo Cauca 2.3.8.7. Occidente 2.3.8.8. Suroeste 2.3.8.9. Norte 2.4. Del abandono al despojo: de cómo se han afectado los derechos patrimoniales de las víctimas del desplazamiento forzado, según sus declaraciones para el proceso de Justicia y Paz.

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Por: ACCIÓN SOCIAL - Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – PPTP Regional Antioquia

2.4.1. Introducción

143

2.4.2. El derecho de propiedad y otros derechos informales y el impacto patrimonial: generalidades. 2.4.3. El derecho de propiedad y otros derechos informales: el testimonio de las víctimas. 2.4.4. Aproximación a un análisis subregional: 2.4.4.1. Bajo Cauca 2.4.4.2. Urabá 2.4.4.3. Oriente 2.4.4.4. Norte 2.4.4.5. Magdalena Medio 2.4.5. Dinámicas del desplazamiento forzado 2.4.5.1. Comparativo sobre las causas del desplazamiento 2.4.5.1.1 Bajo Cauca 2.4.5.1.2. Urabá 2.4.5.1.3. Oriente 2.4.5.1.4. Occidente 2.4.5.1.5. Norte 2.4.5.1.6. Nordeste 2.4.5.1.7. Valle de Aburrá 2.4.5.1.8. Suroeste 2.4.5.1.9. Magdalena medio 2.4.6. Algunas conclusiones

Referencias bibliográficas

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Lista de tablas Tabla No.1 Tabla No.2 Tabla No.3 Tabla No.4 Tabla No.5 Tabla No.6 Tabla No.7 Tabla No.8 Tabla No.9 Tabla No.10 Tabla No.11 Tabla No.11.1 Tabla No.12 Tabla No.13 Tabla No.13.1 Tabla No.13.2 Tabla No.14 Tabla No.15 Tabla No.16 Tabla No.16.1 Tabla No.17 Tabla No.17.1 Tabla No.17.2 Tabla No.18 Tabla No.19 Tabla No.20 Tabla No.21 Tabla No.21.1 Tabla No.22 Tabla No.22.1 Tabla No.23

Departamento donde ocurrieron los hechos Cantidad de fichas diligenciadas por persona, con hechos distintos Sexo de quien pone en conocimiento los hechos Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa Oficio de quien pone en conocimiento los hechos Nivel educativo alcanzado de quien pone en conocimiento los hechos Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos Edad de quien pone en conocimiento los hechos Presunto autor de los hechos Cantidad de victimizaciones Tipo de victimización Promedio total de victimización por cada ficha Total fichas Fiscalía Edad de la víctima Año de ocurrencia del hecho Oficio de la víctima Perfil general y por regiones Tipo de víctima según violación (1964 – 2007) Victimizaciones por subregiones. Porcentaje. Intensidad de la violencia por regiones. Municipios con más hechos violentos por subregión Municipios más violentos Municipios más violentos en relación al número de habitantes Regiones con hechos más denunciados Responsables de los hechos Los responsables individuales Afectaciones al patrimonio, bienes inmuebles Afectaciones al patrimonio, bienes inmuebles, agrupados. El despojo municipal y por subregión Municipios donde más inmuebles despojados se presentan Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales)

Tabla No.23.1 Tabla No.23.2 Tabla No.24 Tabla No.25 Tabla No.26 Tabla No.26.1 Tabla No.27 Tabla No.28 Tabla No.29 Tabla No.29.1 Tabla No.30 Tabla No.31 Tabla No.32 Tabla No.33 Tabla No.33.1 Tabla No.34 Tabla No.35 Tabla No.36 Tabla No.37 Tabla No.38 Tabla No.39 Tabla No.39.1 Tabla No.40 Tabla No.41 Tabla No.42 Tabla No.42.1 Tabla No.43

Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales): Agrupados. Tipo de victimización. Magdalena Medio Presunto autor de los hechos. Magdalena Medio Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Magdalena Medio Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Magdalena Medio Tipo de victimizaciones. Número de casos. Urabá Presunto autor de los hechos. Urabá Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Urabá Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Urabá Victimización. Número de casos. Nordeste Presunto autor de los hechos. Nordeste Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Nordeste Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Nordeste Tipo de victimización. Valle de Aburrá Presunto autor de los hechos. Valle de Aburra Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Valle de Aburrá Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Valle de Aburrá Tipo de victimización. Número de casos. OccidenteOriente Presunto autor de los hechos. Oriente Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos Oriente Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Oriente. Tipo de victimización. Número de casos. Bajo Cauca Presunto autor de los hechos. Bajo Cauca Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Bajo Cauca Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Bajo Cauca Tipo de victimización. Número de casos. Occidente Presunto autor de los hechos Occidente

Tabla No.44 Tabla No.45 Tabla No.45.1 Tabla No.46 Tabla No.47 Tabla No.48 Tabla No.49 Tabla No.49.1 Tabla No.50 Tabla No.51 Tabla No.52 Tabla No.53 Tabla No.54

Tabla No.55

Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Occidente Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Occidente Tipo de victimización.. Número de casos. Suroeste Presunto autor de los hechos. Suroeste Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Suroeste. Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Suroeste Tipo de victimización. Número de casos. Norte Presunto autor de los hechos. Norte Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Norte Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Norte Tipos de bienes perdidos por las víctimas del desplazamiento. Número y porcentaje de víctimas de desplazamiento forzado, relacionado por número y tipo de bienes afectados Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia en relación con víctimas de desplazamiento forzado, por subregión Delitos más declarados por las víctimas de desplazamiento forzado, por subregiones

Lista de gráficos Gráfico No 1 Gráfico No 2 Gráfico No 3 Gráfico No 4 Gráfico No 4.1 Gráfico No 5 Gráfico No 6

Número de casos por departamento donde ocurrieron los hechos. Equivalencia porcentual de cantidad de fichas diligenciadas por persona. Sexo de quien pone en conocimiento los hechos Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa Tipo de relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa Oficio de quien pone en conocimiento los hechos relacionado por equivalencia porcentual Nivel educativo alcanzado por quien pone en conocimiento los hechos

Gráfico No 6.1 Gráfico No 7 Gráfico No 7.1 Gráfico No 8 Gráfico No 8.1 Gráfico No 9 Gráfico No 10 Gráfico No 11 Gráfico No 12 Gráfico No 13 Gráfico No 14 Gráfico No 15 Gráfico No 16 Gráfico No 17 Gráfico No 18 Gráfico No 19 Gráfico No 20 Gráfico No 21 Gráfico No 22 Gráfico No 23 Gráfico No 24 Gráfico No 25 Gráfico No 26 Gráfico No 27 Gráfico No 28 Gráfico No 29 Gráfico No 30 Gráfico No 31

Nivel educativo alcanzado por quien pone en conocimiento los hechos relacionado por equivalencia porcentual Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos relacionado por número de casos Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos relacionado por equivalencia potencial Edad de quien pone en conocimiento los hechos. Promedio de edad = 47,5 años Edad de quien pone en conocimiento los hechos por equivalencia conceptual Identificación del presunto autor de los hechos Cantidad de victimizaciones presentadas Tipo de victimización Cantidad 0 de fichas Sexo de la víctima directa Edad de la víctima Año de ocurrencia del hecho Oficio de la víctima Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Magdalena Medio Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Urabá Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Suroeste Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Oriente Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Bajo Cauca Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Valle de Aburrá Tipo de victimizaciones por número de casos . Magdalena Medio Tipo de victimizaciones Número de casos. Urabá Tipo de victimizaciones. Número de casos. Nordeste Tipo de victimizaciones. Número de casos . Valle de Aburrá. Tipo de victimizaciones. Número de casos. Bajo Cauca Tipo de victimizaciones. Número de casos. Occidente. Tipo de victimizaciones. Número de casos . Suroeste. Tipo de victimizaciones. Número de casos . Norte Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia

Gráfico No 32

Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia, en relación con víctimas de delitos distintos del

Gráfico No 33

desplazamiento forzado Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia, en relación con las víctimas de desplazamiento forzado.

Lista de mapas Mapa No. 1 Mapa No. 2 Mapa No. 3 Mapa No. 4 Mapa No. 5 Mapa No. 6 Mapa No. 7 Mapa No. 8 Mapa No. 9

Victimizaciones. Número de casos. Magdalena Medio Victimizaciones. Número de casos. Urabá. Victimizaciones. Número de casos. Nordeste. Victimizaciones. Número de casos. Valle de Aburrá. Victimizaciones. Número de casos. Oriente Victimizaciones. Número de casos. Bajo Cauca. Victimizaciones. Número de casos. Occidente. Victimizaciones. Número de casos. Suroeste. Victimizaciones. Número de casos. Norte

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

El estudio de víctimas, violencia y despojo es un trabajo realizado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Sede Antioquia, la Universidad de San Buenaventura, el Instituto Popular de CapacitaciónIPC y el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social con el propósito de hacer una caracterización de la situación social y económica de las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Antioquia. En este se logró identificar para cada una de las 9 subregiones qué tipo de delitos se cometieron y cuáles fueron los más frecuentes, realizando la georeferenciación por territorio y por los frentes desmovilizados de las autodefensas, que se acogieron a los procesos de justicia y paz de la Ley 975 del año 2005. De vital importancia es la caracterización socioeconómica de las víctimas que muestra el nivel de ingresos económicos, grado de escolaridad, porcentaje de desempleo, características del empleo, composición familiar, género, rango de edad, entre otros, porque ello nos permite en un proceso de justicia transicional, saber con qué tipo de reparación deben ser atendidas las víctimas y poder encaminar una política pública en correspondencia a esa realidad. Así mismo el análisis del recorrido de la violencia por el Departamento, por sub - regiones brindando elementos para entender de una mejor manera estos ciclos de violencia relacionando victima, victimario, delito y territorio y por último el tema de la tierra, el despojo y la propiedad en el marco de la violencia. La identificación de los delitos y su georeferenciación también constituyen un aporte importantísimo en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad. La situación de las víctimas y su reparación debe mirarse en los desarrollos de los 4 años de vigencia de la ley de justicia y paz, con sus aciertos y debilidades.

Fotografías; Fundación Forjando Futuros, “Jornada Víctimas del conflicto armado”.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Aciertos: Indiscutiblemente, tres años después de la Ley de Justicia y Paz, las 230.516 víctimas que participan en el proceso tienen un lugar de mayor reconocimiento de sus derechos y mayores posibilidades de verdad, justicia y reparación. Este proceso evidentemente, ha servido para que los miembros de las autodefensas que se acogieron a la Ley 975 enunciaran la comisión de más de 22.130 homicidios cometidos en las dos últimas décadas, 5.808 ya verificados por la Fiscalía, 1.997 fosas exhumadas con 2.439 cuerpos encontrados y 571 ya entregados a sus familias, lo cual, si se hubiera tramitado ante la justicia ordinaria nos hubiera tomado quizá otros 20 años, incluso la impunidad. Igualmente importante de la ley de justicia y paz es lograr la desmovilización y posterior detención de los jefes paramilitares más reconocidos con sus respectivas estructuras, 16 de ellos extraditados. De los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados 3.854 postulados se mantienen en el proceso de justicia y paz, mediante versiones libres, en las cuales además de los 22.130 homicidios, se enunciaron 1.853 desapariciones, 1.020 reclutamientos ilícitos, 1.502 extorsiones, 719 secuestros, 369 desplazamientos forzados y otros 4.596 delitos. La ley de justicia y paz ha contribuido significativamente a otros procesos judiciales, como el de la parapolítica, compulsando copias a un total de 196 dirigentes políticos por presuntos vínculos con las autodefensas, entre ellos 28 senadores, 16 representantes a la Cámara, 115 alcaldes, 12 gobernadores y 25 concejales; así también, se han iniciado investigaciones penales contra 140 miembros de las Fuerzas Armadas y otro número de funcionarios judiciales por las mismas causas. La reparación por la vía administrativa del Decreto 1290 de 2008, reglamentario de la Ley de Justicia y Paz, beneficiará en el 2009 a las primeras 12.000 víctimas de las 280.000 que ya han reclamado su reparación; esta reparación es más universal porque incluye a víctimas de las autodefensas y de la guerrilla. La restitución de bienes también va por buen camino, a la fecha se han instalado 4 Comisiones Regionales de Restitución de Bienes de las 12 que operarán en el país, con el fin de propiciar la restitución a las víctimas de los bienes de los cuales fueron despojadas. En Antioquia, el avance en restitución es más notorio, pues durante el año 2009, se han registrado ya 1.800 casos de reclamación de tierras, de los cuales, a 177 ya se les restableció su derecho de propiedad, a 26 se les tituló la propiedad, a otros 52 se les está adelantando trámite de adjudicación de baldíos productivos y a 128 se les intentará la recuperación de las propiedades que perdieron a causa de ventas forzadas mediante incidentes de cancelación de títulos obtenidos fraudulentamente.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Debilidades: Sin embargo, como se dijo, la ley de justicia y paz también tiene debilidades y grandes retos que superar. El principal reto en el campo de la verdad, es lograr que el proceso de justicia y paz llegue hasta el último eslabón de la cadena y estructura criminal de las autodefensas, para lograr una verdad y justicia completa, identificando a todos aquellos que auspiciaron, financiaron y se beneficiaron de la larga lista de crímenes cometidos y que aún no han sido vinculados; para superar el ciclo de violencia en Colombia es necesario que su sociedad tenga un mensaje claro que el pasado criminal se castiga para poder prevenir el futuro. La principal debilidad, la lentitud en el procedimiento judicial y el que no estemos en un proceso donde la justicia transicional sea el referente. A la fecha no ha habido la primera sentencia de justicia y paz y por lo mismo, tampoco la primera reparación judicial a víctimas. Los instrumentos jurídicos, tanto de la legislación penal interna y de la internacional, no están diseñados para atender fenómenos de criminalidad masiva, por ello procesos de judicialización de estas dimensiones tampoco han sido exitosos en aquellos países que han tramitado justicia transicional. En cuanto al tema del resarcimiento lamentable que aun no haya un solo fallo de reparación integral y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restringir a un grado de excepcionalidad la imputación parcial de cargos a los desmovilizados, porque retrasará por años o décadas la posibilidad que tienen las víctimas de presentar el incidente para ser reparadas, pasando estás a un lugar residual. Asimismo, la sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, amplió el plazo para que los postulados pudieran entregar los bienes hasta el momento mismo de la sentencia; lo correcto hubiera sido que quienes quisieran acceder a los beneficios de la ley de justicia y paz, primero hicieran la entrega de los bienes para la reparación a las víctimas. Esta decisión de otorgar mayores plazos para el cumplimiento de este requisito de elegibilidad, le otorgó 4 años más sin contar los que faltan hasta la sentencia, a los paramilitares y sus testaferros que aprovecharon para el ocultamiento, transferencia y un carrusel de falsos documentos para conservar los bienes mal habidos. La importancia que se repare judicialmente a las víctimas y de manera pronta, es que integra conceptos de indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición como alternativa de solución, se propone decidir los incidentes de reparación a favor de las víctimas de los hechos confesados y verificados por la Fiscalía, directamente ante jueces constitucionales, como ha sido la experiencia en otros países.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Por último, se espera que este documento sirva para poder aumentar las fortalezas y superar las debilidades del proceso de justicia y paz, retomando las conclusiones y aprendizajes para el mejoramiento de las políticas públicas a favor de las víctimas.

Medellín, 5 de noviembre de 2009.

Gerardo Vega Medina.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado La información que a continuación se presenta es el resultado de un trabajo interinstitucional, un esfuerzo de investigación coordinado entre la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (PPTP) de Acción Social de la Presidencia de la República y el Grupo de investigación para el Desarrollo, la Paz y la Democracia (GIDPAD) de la Unidad de Formación Humana y Bioética de la Universidad de San Buenaventura (USB), con el objeto de sistematizar, analizar y georreferenciar un importante número de casos de victimas del conflicto armado en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz. El resultado del proyecto, que se ha acordado titular “Víctimas, Violencia y Despojo”, evidencia -a juicio de los investigadores- las problemáticas más sentidas que las víctimas han reportado en los formatos Registro de Hechos Atribuibles a Grupos de Autodefensas Desmovilizados Colectivamente y Registro de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley no Desmovilizados Colectivamente, de la Fiscalía, la ficha de la CNRR sobre Situación Socioeconómica y el instrumento de reparación de información del programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social. La información fue obtenida en diversas jornadas regionales que la CNRR coordina en las diferentes zonas de Antioquia. Y es a partir de esta información Fotos: Sede Reginal Antioquia CNRR

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

que se ha adelantado un proceso de sistematización, análisis y georeferenciación, que aporta de manera significativa a la comprensión del fenómeno de la violencia en el país, así mismo que contribuye en la construcción de la verdad y brinda elementos de análisis para los procesos de justicia y reparación.

Se trata de un pequeño aporte que, desde la academia y la labor interinstitucional, se hace a la sociedad en general y, por sobre todo, a las personas afectadas por el conflicto armado, en tanto permite reconocer y evidenciar una dura realidad. Asimismo es un documento que busca sensibilizar y Se trata de un pequeño aporte que, desde la academia y la labor interinstitucional, se hace a la sociedad en general y, por sobre todo, a las personas afectadas por el conflicto armado, en tanto permite reconocer y evidenciar una dura realidad. Asimismo es un documento que busca sensibilizar y movilizar a la sociedad y la institución estatal hacia la estructuración de políticas pública y herramientas normativas que garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como fundamentos reales y concretos de la no repetición.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

1.1. Descripción metodológica de la recolección de información. 1

En el marco normativo de la Ley de Justicia y Paz, como escenario coyuntural para que las víctimas del conflicto armado hagan efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, surge una imperiosa necesidad de generar mecanismos y dinámicas que propicien el acercamiento de los afectados a las instancias judiciales. La ruta jurídica propuesta en esta ley para que las víctimas accedan a una reparación integral solo será posible de recorrer en la medida en que las instituciones comprometidas con el proceso judicial diseñen herramientas para recoger y procesar la información proveniente de las mismas víctimas.

Como producto de esta reflexión, nace el Registro de Hechos Atribuibles a Grupos de Autodefensas Desmovilizados Colectivamente, diseñado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. El registro tiene como objeto recopilar de manera directa información circunstancial sobre los hechos que victimizaron a los afectados por el conflicto armado, conforme a las narraciones que hacen las mismas víctimas, y proceder a su investigación para determinar qué bloque o miembros de las autodefensas son los responsables del hecho. Este instrumento tiene tres grandes ítems:

1 Documento elaborado por Paola Cadavid Acevedo, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Y ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – PPTP Regional Antioquia, para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB. Víctimas, Violencia y Despojo.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

1.1.1. Datos de quien pone en conocimiento los hechos Este capítulo tiene como objeto la plena identificación y ubicación de la persona que es conocedora de la situación de victimización, ya sea porque la sufrió personalmente o es familiar del afectado.

1.1.2. Datos de la víctima Se pretende conocer quién fue el afectado por el hecho, su identidad, lugar de origen, género, edad, oficio u ocupación; si posee alguna calidad especial como la de indígena, sindicalista, etc. El concepto de víctima que asimila este formato es el del derecho penal, que reconoce como víctima directa a quien padece el daño en su vida, integridad o bienes, y no al familiar sobreviviente de la acción, cuando se está frente a casos de homicidio o desaparición forzada.

1.1.3. Datos del hecho Se busca en este capítulo del formato, una descripción más o menos detallada del lugar, fecha, circunstancias y posibles móviles del hecho que afectó a la víctima, además de los campos necesarios para que el declarante señale el grupo agresor y, de ser posible, el nombre o alias de la persona directamente responsable del hecho ilícito.

1.1.4. Método de recolección de la información La CNRR, en su tarea de garantizar que las víctimas del conflicto armado en Colombia accedan a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, se puso como meta implementar los mecanismos necesarios para que esto sea una realidad. Por ello se programaron distintas actividades y estrategias de información y difusión para que los afectados por los grupos armados al margen de la ley se acerquen a distintos puntos de atención para el diligenciamiento del formato de la Fiscalía y den el primer paso hacia una futura reparación. Una de las actividades en Antioquia, fue la realización de diez jornadas subregionales de atención integral. Todas las jornadas, sin excepción, tuvieron gran apoyo institucional, por parte de múltiples entidades que se vincularon de distintas maneras: en la atención directa a las víctimas, ofreciendo otro tipo de servicios como el apoyo psicosocial, o tramitando la protección de tierras, acompañamiento y seguridad, etc. En este proceso se vincularon, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), Madres de la Candelaria, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Personerías Municipales, Proyecto Víctimas del Conflicto de la Alcaldía de Medellín,

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Procuraduría, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fundación Universitaria Luis Amigó, Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, Fiscalía General de la Nación, Alcaldías Municipales, Policía Nacional, Defensa Civil, Boys Scouts, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, Inspecciones Municipales, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Corporación Nuevo Arco Iris, Organización Social Estudiantil (OSE), Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Conciudadanía, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Universidad Cooperativa de Colombia, Iniciativa de Mujeres por la Paz y Fundación Compartir. Estas jornadas se realizaron así: · · · · · · · · · ·

Jornada del Valle de Aburrá, realizada en Medellín los días 24 y 25 de febrero de 2007. Jornada del Bajo Cauca, en Caucasia, 20 de abril de 2007. Jornada del Urabá Norte, en Necoclí, 6 de mayo de 2007. Jornada del Magdalena Medio, en Puerto Berrío, junio 1 de 2007. Jornada del Nordeste, en Cisneros, 14 de junio de 2007. Jornada del Oriente, en Rionegro, 6 de julio de 2007. Jornada del Occidente, Cañasgordas el 27 de julio de 2007. Jornada del Suroeste, en Amagá, 3 de agosto de 2007. Jornada del Norte, en Yarumal, 16 de agosto de 2007. Jornada del Centro de Urabá, en Chigorodó, 7 de septiembre de 2007.

La población objeto de estas jornadas eran las víctimas que residían en los municipios de la subregión en donde se llevó a cabo la actividad. El ingreso era libre y no estaba sujeto a inscripción previa. Al final de la jornada, del acto protocolario, la inducción-capacitación, se recogía los formatos diligenciados para ser entregados a la Fiscalía. Algunas dificultades en el diligenciamiento de los registros: 1. No todo el personal que atendía a las víctimas estaba totalmente entrenado, pues dado el número de asistentes que desbordaba el encuentro, se debía recurrir a funcionarios de entidades diferentes a las que están en el marco de la Ley de Justicia y Paz para apoyar la atención. Esto se reflejó en un número no determinado de formatos mal diligenciados. 2. Los criterios para establecer qué víctimas son cobijadas por el marco normativo de la Ley de Justicia y Paz no están totalmente claros entre los funcionarios, por lo que muchos casos que no son competencia de los Fiscales de Justicia y Paz fueron consignados en los formatos.

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3. Dadas las circunstancias difíciles en que se realizaron las jornadas, no se contaron con herramientas técnicas y el diligenciamiento manual hizo difícil la lectura e interpretación de la información. La muestra del total recolectado en las jornadas corresponde a un 6,5 por ciento del consolidado de formatos recogidos en Antioquia hasta diciembre de 2007, que equivalen a 46.082 registros. Estos provenían además de las Personerías Municipales, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y grupos de víctimas que diligenciaban de manera personal su formato y lo allegaban a la Unidad de Justicia y Paz.

1.1.5. Surgimiento del formato para el componente de tierras y otros bienes inmuebles incluidos Desde el mes de septiembre de 2006, cuando comenzó el funcionamiento de la oficina regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de ACCIÓN SOCIAL (PPTP) comenzó una estrecha labor de coordinación interinstitucional con el fin de avanzar en el tema de la reparación, teniendo en cuenta que para ésta es importante la información recogida en la implementación de la protección patrimonial y como una nueva línea de trabajo en el desarrollo del Proyecto. Como resultado de esta coordinación, el Proyecto realizó una revisión del formulario de recolección de información a víctimas de la Fiscalía General de la Nación para hacer un diagnóstico sobre las posibilidades que ofrecía este documento para obtener información sobre tierras afectadas por el conflicto. Producto de la experiencia acopiada por el PPTP en tres años de recolección de información comunitaria, se ha hecho evidente la existencia de múltiples casos en los que no aplica la protección, dado que ya ha habido despojos. Esto hace más difícil el levantamiento del inventario de tierras y demás bienes perdidos por la población desplazada. Este vacío no está resuelto en el formulario de víctimas de la Fiscalía General de la Nación, dada la precariedad de la información y la tendencia a, en su recepción, dar mayor importancia a ciertos tipos de delitos relacionados con la integridad personal por encima del desplazamiento forzado, lo que invisibiliza a las víctimas del conflicto que lo han padecido. De esta manera el PPTP inició, con el apoyo a la CNRR, la Universidad de San Buenaventura y el Instituto Popular de Capacitación, la sistematización de la información y diseñó un formato que incorporó algunas preguntas para identificar los fenómenos del desplazamiento forzado y el despojo de tierras. El formato contiene los siguientes campos:

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· La localización e identificación de los predios, lo que se obtiene con información sobre el tipo de predio, el documento soporte y el departamento, municipio y vereda o barrio donde está ubicado el predio.

El estado del predio, es decir, si está o no abandonado.

Si el titular de los predios fue obligado a venderlos o entregarlos forzadamente.

Y, finalmente, la descripción de los hechos.

Con estas se buscaba la identificación de las modalidades de afectación a las tierras con relación, incluso, al municipio o la subregión, lo que contribuye al análisis y diseño de formas apropiadas de restitución de derechos de quienes vieron afectados su bienes, que necesariamente será distinta para quien ha dejado abandonado su predio con respecto a quien ha debido vender sus posesiones o sus propiedades forzadamente. El formato, diseñado en julio de 2007, comenzó a aplicarse en las jornadas del Norte (Yarumal) y del Centro de Urabá (Chigorodó). Se recopilaron 1337 formatos de Tierras. Dificultades en el diligenciamiento del registro de tierras

· La existencia de múltiples casos en los que no aplica la protección, dado que ya ha habido despojos, lo que de alguna manera hace más difícil el levantamiento del inventario de tierras y demás bienes perdidos por la población desplazada.

· La falta de identificación clara del desplazamiento forzado y de las pérdidas de bienes como formas de victimización, especialmente por parte de las mujeres y de los niños y niñas huérfanos, para lo cual se precisa de sensibilización a las instituciones, la comunidad y a las organizaciones frente al tema y su inclusión en el formulario de declaración de víctimas.

· La precaria constitución de redes y organizaciones de víctimas que representen sus intereses.

· La falta de coincidencia entre los datos sobre bienes abandonados o despojados recogidos por la CNRR y el PPTP.

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1.1.6. Metodología y Parametrización 2 Con el fin de dar un contexto al asunto de la parametrización es necesario aclarar en primer término que el instrumento de la Fiscalía es un formulario de preguntas de carácter abierto, es decir no es de escogencia o de casillas. La víctima o funcionario/a escribe lo que a su juicio tiene importancia, mientras que en el formulario socioeconómico y del PPTP solo hay una pregunta de carácter abierta, que es “Describa este hecho”. El resto de preguntas es de carácter cerrado o de escogencia. Con el fin de lograr una mayor confiabilidad en la información se pasó a separar las fichas, ya no lógicamente, sino físicamente en motores distintos y no solo en variables, sino en tablas, relaciones y funciones, formularios, en fin, para poder dilucidar cada uno de los universos con sus variables. Para subsanar la situación en la que una persona llenaba más de un registro, por error (ya que no recordaban, lo hicieron en dos instituciones o se presentaron en jornadas diferentes), por simple “criterio personal” o intencionalmente (para intentar visibilizar más su caso) habían diligenciado dos o más formularios, se procedió a medir la frecuencia de la identificación, es decir, establecer qué cantidad de veces se encontraba el número de identificación. Se identificaron 40 formularios con estas características y se borraron los repetidos. En la variable “Relación con la víctima”, apareció una gran cantidad de relaciones como concuñado, amigo, hijastro, hijo de crianza, padrastro, vecino. Para estandarizar fue necesario recurrir a la legislación Colombiana e identificar el grado de consanguinidad y a la ley 975 de 2005 para categorizar la importancia del mismo o su relación y, así, reducir ese amplio grupo de relaciones e intencionar la base de datos al tema de interés y objeto de estudio. En lo referente “Nivel educativo”, se decidió que donde manifestaban no se tenían estudios o decían ser analfabetas, se denominaría NINGUNO. Quienes afirmaban saber leer y escribir y haber hecho algún grado de primaria, excluyendo quinto primaria, PRIMARIA INCOMPLETA. Para aquellas personas que manifestaban haber cursado quinto primaria, PRIMARIA COMPLETA. SECUNDARIA INCOMPLETA, para todos los grados de bachillerato excluyendo 11 grado, y así sucesivamente para los otros grados de escolaridad. En lo que respecta a “Datos del hecho”, existen en el instrumento dos fechas, una con fecha exacta y otra para los delitos de tracto sucesivo como el desplazamiento y la desaparición, entre otros. Para efectos del análisis, se decidió que todas las fechas, entre ellas las que suceden en el tiempo, se convertirían en fecha exacta, en una sola variable, lo que conlleva a que el posterior análisis se realice sobre una variable, y no 2 Este numeral es tomado del informe Final Reparación en Antioquia, del estudio realizado para el proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada - Acción Social, con el que se realizó de manera conjunta el presente trabajo en su totalidad.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO dos –día y año-. Así que se cambió registro a registro en aquellos casos con fecha exacta. En lo que respecta a “Bienes afectados por el hecho”, se estandarizaron los tipos de bienes que más declaraban las personas que “ponían en conocimiento los hechos” y se dividieron en tres grupos: Bienes Inmuebles, Animales y Cultivos, y Bienes Muebles. La categoría Bienes inmuebles se subdividió en “APARTAMENTO”, “CASA”, “FINCA”, y para los que han perdido o se han visto afectados en más de dos bienes se le antecede el número de bienes y tipo. En los casos en los que no se especificaba explícitamente, o aparecía parcela, predio, lote o terreno, y que no se puede describir exactamente el tamaño, se asignaron tres variables “PARCELA”, “PREDIO” y “LOTE”. Para todo tipo de cultivos como maíz, arroz, yuca entre otros, se asignó la variable “CULTIVOS”. Y para las provisiones (mercado) destinadas al consumo de propio o de la familia, “ALIMENTOS”. Con respecto al tipo de “Bien Mueble”, una gran variedad de elementos perdidos que son manifestados por las personas afectadas, como motos, carros, bicicletas, se agrupó en un “VEHÍCULOS”. Productos como arroz, maíz, gaseosas, entre otros, que eran para la comercialización, se denominaron “ABARROTES”. Y los artículos propios del hogar o destinados para el comercio se agruparon bajo el nombre de “ENSERES”, y así en lo concerniente a dinero, joyas, entre otros. Con “Presunto autor” se usa el recurso del alias, ya que las otras denominaciones, como nombre propio o denominación del bloque, en muchos casos, son desconocidos por las personas que declararon. También porque algunos bloques fueron cooptados por otros actores del conflicto o desaparecieron. El mismo “Presunto autor de los hechos” podía tener varios alias, de acuerdo con la región donde ocurrieron los hechos. Se encontró una gran cantidad de alias que operan en distintos bloques, como 'Alex'. A la hora de hacer el cruce entre las variables “Municipio donde ocurrieron los hechos” y “Alias”, arrojó una matriz en el eje X de 340 alias que operaron en cualquier municipio de los 131 que aparecen en el eje Y. La actividad de parametrizar el alias supuso un tiempo bastante largo y la consulta de fuentes académicas que permitieran establecer la lógica de operación de los distintos bloques de autodefensas en el territorio antioqueño. Para la variable “Oficios” se optó por la de sectores de la economía y se le agregaron dos que son “SECTOR INFORMAL” y “OTROS OFICIOS”, que no aparecen en los sectores tradicionales:

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Primario Agrícola. “Comprende las actividades de extracción directa y sin transformaciones de bienes de la naturaleza. Normalmente, se entiende que forma parte del sector primario la agricultura, la ganadería, la selvicultura (subsector forestal) y la (subsector pesquero y piscícola).” Basados en esta definición se agruparon oficios como “arrancador de yuca”, “bananero”, entre otros, en “AGRICULTOR (A)” y así sucesivamente.

Secundario, sectores de producción o de la industria. Comprende actividades que implican la transformación de materias primas a través de varios procesos productivos. Hacen parte de este sector la industria alimenticia, manufacturera, la construcción, la minería y las actividades vinculadas a la producción de energía eléctrica, gas y agua (energética).”1 En esta categoría se estandariza “OBRERO (A)” y las profesiones de aserrador, administrador, empleado, matarife, entre otros.

Terciario, servicios. Incluye todas aquellas actividades que no producen un bien tangible, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Está integrado por una extensa y variada gama de actividades dedicadas a prestar servicios de apoyo a la actividad productiva, al cuidado personal y de los hogares, así como al esparcimiento y a la cultura de la población.” en esta categoría, por ejemplo, se ubicaron como “TRANSPORTADOR (A)” los oficios concernientes a chalupero, chofer, conductor, moto-taxista, despachador, y así sucesivamente. Además se incluyeron quienes dijeron ser “EMPLEADOS (AS)”.

Sector informal: En esta categoría se parametrizaron todos los oficios informales en un gran grupo y “VENDEDOR (A) AMBULANTE”, además oficios como “saca de arena”, “vendedor de confites”, entre otros.

Otros oficios. Se ubicaron aquellos que generan especial interés –por su afectación en el marco del conflicto armado- para el análisis como lo son “AMA DE CASA”, “MADRE COMUNITARIA”, “ESTUDIANTE” Y “PENSIONADO (A)”.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 1.1.6.1. Metodología, parametrización y análisis de las fichas de Fiscalía: versión de los hechos y victimizaciones. Se tomó un universo de 4.108 fichas de la Fiscalía para el analizar el ítem: Versión de los Hechos, para el cual se procedió a clasificar cada una de ellas en las diferentes victimizaciones establecidas por la CNRR. LOS TIPOS DE VICTIMIZACIONES SON: 1. Desaparición Forzada 2. Secuestro 3. Homicidio 4. Genocidio 5. Desplazamiento Forzado 6. Detención Arbitraria y Violación del Debido Proceso 7. Reclutamiento Forzado 8. Tortura 9. Violencia Sexual y Reproductiva 10. Lesiones y Tratos Inhumanos y Degradantes 11. Actos de Terrorismo 12. Actos de Barbarie 13. Destrucción de Bienes Culturales y Lugares de Culto 14. Minas Antipersonal 15. Amenazas 16. Extorsión 17. Hurto Una vez comenzada la revisión se encontraron fichas que presentaban varios inconvenientes como:

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Campo totalmente vacío, debido a que este espacio no fue diligenciado en el momento de recepción de datos y esto impedía inferir algún tipo de victimización.

Campo diligenciado que no permitía definir o establecer con certeza algún tipo de delito padecido por la víctima, dadas las incoherencias y la recolección ambigua de información.

Campo medianamente diligenciado.

Otros de los principales inconvenientes metodológicos al analizar el campo “Versión de los Hechos” fue la falta de detalles en la descripción de quien informó lo ocurrido, como no precisar si se hizo levantamiento de cadáver, situación que no permite establecer la muerte efectiva. Según los criterios establecidos entre la CNRR y el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, se optó por clasificarlo en “Desaparición Forzada”. Esto, debido a que no pueden hacerse conjeturas de un homicidio cuando quien pone en conocimiento los hechos usa palabras como “me contaron”, “la gente dice”, “dicen”, “comentan”, “según los paramilitares”, “lo que escuché fue”. También se tuvo limitaciones con la variable “Victimizaciones” de la ficha de Fiscalía.3 La lectura de hechos no permitía inferir si quien los relataba era la misma víctima o un tercero, situación que se intentó solucionar buscando la variable “Lugar de notificación”, para así hacerse una idea de si la víctima sobrevivió. A pesar de este procedimiento se siguieron presentando dudas, por ejemplo: el declarante no concluyó su versión al reportar un hecho relacionado con lesiones personales y dejó sembrada la duda sobre si éstas fueron fatales o no, lo que impedía determinar la victimización, teniendo en cuenta que este procedimiento obedece a parámetros legales y no a criterios personales o suposiciones de quien esté realizando la lectura de los hechos. En los casos de tortura, en los que se presentaba desmembramiento de órganos y los familiares de la persona afectada encontraban, por ejemplo, las dos extremidades inferiores, no era posible concluir por esto que se trataba de un homicidio porque había casos en los que la víctima conservaba su vida incluso mutilado. Otras situaciones más severas en las que se encontraron fracciones del cuerpo, pero no el tronco ni la cabeza, se parametrizaban como “Desaparición forzada”.

3 Se leyeron 4.108 casos relatados por las víctimas con el fin de establecer el tipo de victimización sufrida por cada uno/a de ellos/as. Este fue uno de los esfuerzos más significativos pues exigió contar con criterios claros frente a lo que implica conceptualmente –desde el derecho colombiano y el internacional- cada uno de los delitos; conceptualización que, como se ha venido mencionando, no aparece expresa en las Definiciones Estratégicas de la CNRR, por lo que fue necesario construir dichos referentes.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO También se reportaron sucesos en los que fue hallado el cadáver cerca de un río y sus familiares lo vieron y constataron la muerte, pero por razones de seguridad no fue posible efectuar el levantamiento ese día. Y luego, cuando la autoridad judicial competente llegaba para el respectivo trámite, el cuerpo ya había sido arrastrado por el caudal del río. Esto impidió oficializar la defunción y produjo un aumento de las cifras casos de “Desaparición forzada” y no contar con la dimensión real de homicidios en el contexto del conflicto. En la victimización “Tratos crueles, inhumanos y degradantes” fue muy difícil determinar cuáles conductas encajaban dentro de este patrón, dadas la condiciones inherentemente inhumanas del conflicto que, en cualquier caso, degradaban a los sujetos pasivos con maltratos físicos, morales, y sexuales. En innumerables situaciones se dieron a conocer constreñimientos ilegales a las campesinas para cocinar, lavar ropa u otras cosas, guardar armamento de guerra, etc. Este hecho complicó el establecimiento de pautas estructuradas bajo un estándar estricto que disminuyera al máximo la subjetividad de quien sistematizó la información socio-cultural de la víctima. Esta situación se presentó de forma similar con las victimizaciones de “Actos de barbarie” y “Actos de terrorismo”. Otra dificultad resultó al leer versiones sustentadas en comentarios de supuestos testigos, vecinos y otros que contaron a los familiares lo sucedido con la posible víctima. Por ejemplo: “… salió de la casa el 16 de octubre y dicen que lo bajaron del bus, le robaron todo lo que tenía, lo torturaron y lo mataron las autodefensas y desde ese día no lo he vuelto a ver…”. En este caso se hace difícil clasificar los delitos debido a que por ejemplo no se encontró el cadáver y asegurar la tortura y el hurto sería hacer un juicio apresurado, basándose en fuentes no certificadas y poco confiables. Por lo tanto solo se determinó una victimización, teniendo en cuenta la experiencia personal del versionante, en este caso una desaparición forzada y no el homicidio. Otras variables parametrizadas

Relación de la información registrada en cuanto a tierras: Del campo “Descripción de los hechos” se extrajo información referente a bienes muebles e inmuebles, con el fin de tener un registro de aquellas afectaciones que la propia víctima no reconoce o identifica como tales, y que no son el motivo de la denuncia, pero que pueden inferirse perfectamente si se lee la situación, modo circunstancial de los hechos, contada por la víctima.

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1.2. Georeferenciacion social

En cuanto al proceso de georeferenciación se utilizó a la cartografía social como metodología de aplicabilidad para la distribución y construcción de los mapas de riesgos y del fenómeno objeto de este estudio, es decir, que el Sistema de Información Geográficos está cimentado en la plataforma tecnológica de ARGIS. Ahora bien, una mirada social de los SIG visualizará cómo las relaciones entre academia, investigación y tecnología se ponen al servicio de la sociedad en busca de respuestas y soluciones pragmáticas. Algunas investigaciones realizadas, que conciben la cartografía social como un recurso tecnológico para el desarrollo y nuevas apuestas del entorno, la cartografía produce un discurso inédito al establecer una nueva manera de vincular unas cosas con otras; esta versión inédita de la realidad genera una nueva sintaxis del territorio como escritura para descifrar, como texto que hay que saber leer, lectura que exige usar un lenguaje que nos descifra, que nos conforma.5

Documento elaborado por LILIANA PATRICIA RESTREPO MEDINA - USB, Grupo de Investigación para el Desarrollo, la Paz y la Democracia (GIDPAD) para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB. Victimas, Violencia y Despojo. 5 FUNDACION LA MINGA. Proyectos sociales desde la perspectiva de los SIG SOCIAL. Documento metodológico para el trabajo en los barrios del mundo. Mayo. 2003

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1.3. Contexto: Generalidades

Antioquia ha sido reconocida no solo por la violencia, la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, la existencia de carteles del narcotráfico, sino por ser uno de los departamentos con mas exclusión e iniquidad.7 Un departamento con grupos guerrilleros en las diversas regiones y por cerca de cuatro décadas, con unos 9 frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y varios del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en Nordeste y Oriente; un departamento que fue cubierto por los grupos paramilitares, como quedó visible con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues 11 bloques entregaron armas en las diversas regiones; y con narcotráfico desde comienzos de los 80. También, con una larga trayectoria de violencia, que se reflejó en los indicadores de homicidios de las últimas tres décadas. A la par que perdía con Bogotá el liderazgo industrial en Colombia, Medellín retomó el primer lugar en homicidios a partir de 1984. Antioquia8 se ha constituido en un departamento piloto en lo que tiene que ver con la comisión de todo tipo de crímenes contra la población civil. Por mirar solo un caso: como resultado de las estrategias de miedo y terror puestas en práctica en esta región por paramilitares, guerrillas y sectores de la fuerza pública en asocio con grupos al margen de la ley, se ha producido el desplazamiento 9 de numerosas personas a lo largo de veredas, corregimientos y cascos urbanos, así como hacia la ciudad de Medellín y otras regiones del país. Aunque desde 2003 se observa una disminución en la magnitud del desplazamiento, ello no ha implicado el cese del fenómeno. La investigadora Patricia Pinzón de Lewin ha mostrado que entre 1930 y 1982 en el país había unas lealtades bipartidistas en el 80 por ciento de los municipios. En Antioquia, 42 municipios eran de predominio conservador (principalmente en Oriente y Norte), 38 predominantemente liberales (Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste) y 35 sin predominio claro de ningún partido (más en Suroeste y Valle de Aburrá). 6 Documento elaborado por ALFONSO INSUASTY RODRÍGUEZ - Universidad de San Buenaventura Medellín - USB Grupo de Investigación para el Desarrollo, la Paz y la Democracia (GIDPAD) para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB. Victimas, Violencia y Despojo. 7 Apartes del texto elaborado por Jesús William Balbín del IPC como contexto de su capitulo, se decidió unificar en uno solo el contexto la investigación. 8 Apartes del documento preparatorio de la Audiencia Pública de Víctimas, Medellín, diciembre 7 de 2007, XVII campaña de derechos humanos en Antioquia, Víctimas: con voz, con derechos, con dignidad. La selección de este periodo se hace por la gran cantidad de hechos de violencia paramilitar cometidos en esta época y porque, de alguna manera, muchos de los casos presentados se inscriben en este lapso de tiempo. 9 El desplazamiento forzado está consagrado como delito por el Código Penal Colombiano y por diversas normas internacionales, entre ellas, el Estatuto de Roma, adoptado por la Ley 742 de 2002, en virtud del cual es reconocido como delito de lesa humanidad. En el contexto nacional, Antioquia es el departamento con los mayores índices de desplazamiento forzado en el país, con un 16 por ciento de la población expulsada y un 14,3 por ciento de recepción de población. Esto ha afectado los territorios, los bienes y tierras de las personas y a comunidades que se han tenido que movilizar forzadamente. En el departamento, el 100 por ciento de los municipios se ha visto afectado, bien como expulsores, como receptores o en la doble dinámica.

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Las elecciones de 1997 y 1998 fueron, quizás, las últimas de dominio bipartidista, pues luego, en 2002 y 2003, surgieron varios movimientos políticos emergentes o nuevos partidos de la división de los partidos tradicionales. Esos partidos emergentes se desarrollaron con el apoyo de las elites regionales y el respaldo paramilitar. La estrategia electoral de los paramilitares y las elites regionales las describió Claudia López así: “El aporte del paramilitarismo en sus zonas de mayor dominio consistió en reducir o eliminar a los posibles competidores, agrupar la votación de varios municipios a favor del candidato escogido, agrupar a los escogidos en unos partidos de confianza, convencer o amedrentar a la población para que depositara su voto por el escogido, y en caso de que todo lo anterior no fuera suficiente, o solo para no perder la oportunidad, “ajustar” las planillas electorales a los resultados deseados”.10 De las nueve subregiones de Antioquia, cinco han tenido luchas sociales de larga data, unas articuladas a los movimientos obreros (Magdalena Medio, Nordeste, Urabá, Valle de Aburrá), otras al campesinado (Suroeste) y otras a los movimientos cívicos (Oriente). Los partidos de izquierda ganaron varias alcaldías en los 80 en Magdalena Medio, Nordeste y Urabá. También en esa década los movimientos cívicos tuvieron gran fuerza en Nordeste y Bajo Cauca, donde hizo presencia el Movimiento 27 de Febrero. En el Oriente, el movimiento cívico se movilizó por el no pago de los servicios públicos. En Occidente, el acompañamiento del café y la Marcha del Café, en 2002, expresaron la resistencia campesina a las FARC. “…El departamento de Antioquia ha contado con la presencia permanente y desigual de variadas estructuras de las FARC, el ELN y las autodefensas en las nueve subregiones. Estas agrupaciones están distribuidas en prácticamente todo el territorio antioqueño y su participación en el conflicto ha afectado en forma creciente a la población civil. Las guerrillas están presentes en Antioquia desde la segunda mitad de los 60, años en los que nacieron en el conjunto nacional. Entre 1966 y 1969, años en que se realizaron la Segunda y Tercera Conferencias de las FARC, se registró el nacimiento de lo que sería después el frente 4 en el Magdalena Medio, en el lado de Antioquia. A principios de los 70, asimismo, ya se consideraba que estaban dadas las condiciones para el surgimiento del frente 5 en Urabá.[…] Es a raíz de la Séptima Conferencia de las FARC, en 1982, que se produce una notable expansión de los frentes en el 11 departamento de Antioquia”. Durante la década de los 80 y los 90, coincidiendo con el crecimiento de las FARC en el resto del país, se consolidó la presencia guerrillera en Urabá, Norte de Antioquia, Magdalena Medio, sur, occidente, Valle de Aburrá y Nordeste. 10 López Claudia. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Noviembre de 2007. Página 180. 11 Los Derechos Humanos en Antioquia. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. 2004.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO El ELN también ha tenido presencia en Antioquia desde sus orígenes. Se da sobre todo desde 1983, a raíz del éxito de su política de extraer recursos de las compañías petroleras. Se ubicaron en las comunas de Medellín, Magdalena Medio, Oriente –teniendo una enorme influencia en aquellos municipios donde se concentró la infraestructura eléctrica del departamento-, Bajo Cauca y limites con Chocó. “El ELN se implantó entonces en varias zonas que se caracterizan no solo por la presencia de la industria petrolera que se manifiesta en el paso del oleoducto Colombia en los municipios de Segovia y Remedios, sino también por la economía aurífera en Segovia, Remedios, Zaragoza y El Bagre, zona en la que se consolidó un importante número de frentes”.12 Sin embargo tanto las Fuerzas Militares como las autodefensas han golpeado con especial fuerza al ELN y le han cerrado sus posibilidades de desarrollo militar especialmente en Oriente, Nordeste y Bajo Cauca, donde prácticamente fue derrotado. “En lo que se refiere a las autodefensas, en su fase más reciente, y antes de los procesos de desmovilización, tienen su cuna en el Magdalena Medio y en los municipios de Amalfi y Segovia, en el Nordeste antioqueño. Estos grupos, asociados bajo una unidad de intereses, luego conocidos como Muerte a Secuestradores (MAS) o MASETOS, fueron financiados y liderados en la mayoría de las veces por reconocidos miembros del narcotráfico y esmeralderos como Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Correa Alzate, Fidel Castaño Gil, Gilberto Molina y Víctor Carranza, entre otros. A partir de 1988 la expansión de estas agrupaciones hacia otras regiones, como el sur de Córdoba, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, en lo que se refiere al departamento estudiado y su entorno, fue notoria, comenzando a perfilarse una nueva estructura preponderante dentro de este fenómeno: 'Los Tangueros' con asiento en Tierralta, Córdoba, pero con incidencia también en el norte de Antioquia. Hacia 1990 la organización de Fidel Castaño en Córdoba y el eje ganadero de Urabá se perfila como la de mayor crecimiento, contrario a lo que acaecía con las demás, sumidas en múltiples pugnas determinadas por la ruptura entre los carteles”.13 El narcotráfico y el paramilitarismo se fortalecieron y consolidaron entre las elites políticas, sobre todo las rurales. Surgieron nuevas redes regionales que, con la violencia, impusieron el control de las llamadas 'empresas ilegales.14 Fue un proyecto político alternativo que transformó estructuras económicas, políticas y sociales. No fue un fenómeno de movilidad social sino de legitimación de la ilegalidad. La base de este proyecto fue la violencia, el enriquecimiento ilícito y el desplazamiento. Por esas razones puede calificarse como un 'proyecto político mafioso'. Es ahí en donde se imbrican los procesos de negociación, desmovilización y los proyectos de ley que condujeron a la Ley 975 de Justicia y Paz. Este fenómeno permeó todas las esferas políticas y económicas del país. 12 Ibíd. 13 Ibíd. 14 En Antioquia se hicieron famosas las Cooperativas de Seguridad (Convivir), muchas articuladas al proyecto paramilitar y a la par las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), para dar luego paso a las AUC.

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El paramilitarismo se presentó como un fenómeno regionalizado, federativo, con independencia entre los bloques, sin una identidad política. “Otra cosa es que puedan tener una incidencia alta en la actividad política regional, ejerciendo oficialmente unos derechos políticos que han asumido, de facto, en la clandestinidad. Es más preocupante garantizar el pluralismo y los derechos políticos de las demás fuerzas en las regiones dominadas por el paramilitarismo; son regiones en donde la violencia está protagonizando la política”. “También imponen sus candidatos a punta de clientelismo armado, temor y autocensura en los medios de comunicación locales y regionales. Es una elite rural que pretende tomarse el centro, operando como un factor de desplazamiento de los caciques políticos tradicionales. Pero no solo operan a través de la actual clase política; también están incluyendo a personas que aún hacen parte de las organizaciones paramilitares, de las cuales cabe preguntarse si tienen cuentas pendientes con la justicia frente a lo establecido por la ley de Justicia y Paz”, señaló María Jimena Dusán . Antioquia resultó ser el departamento más afectado por el fenómeno del crecimiento inusitado de medianos empresarios y terratenientes de esta clase emergente, que no pertenecía a las elites políticas tradicionales del país, pero que tampoco hacía parte de la clase social marginal. Fue una “clase media” en ascenso que iba subiendo sociopolíticamente a medida que sus caudales económicos se incrementaban astronómicamente día a día con la complicidad de las empresas paramilitares y el negocio del tráfico de drogas. Pese a la desmovilización de los grupos paramilitares que han operado en el departamento, las autoridades han reportado el rearme de los mandos medios en Urabá, Valle de Aburrá y Bajo Cauca, especialmente. […] Con la irrupción de Castaño al eje ganadero de Urabá en 1994 y la consolidación de San Pedro de Urabá, luego de un frustrado ataque de las FARC en diciembre de 1994, se inició el proceso de expansión de este grupo, entonces conocido de manera genérica como Los “Mochacabezas”, Los Colimocha, Los Chalises, Los Tangueros o Los Masetos. La consolidación de esta zona y el repliegue de las FARC sin dar mayor combate, inflaron el fenómeno y lo presentó como la solución “milagrosa” al problema de la guerrilla a amplios sectores de ganaderos y propietarios de tierras, legales e ilegales, no solo de Antioquia sino de otras regiones del país, entre las que se destaca la Costa Atlántica. Para Claudia López, los indicios de la expansión del paramilitarismo en Antioquia a mediados de los 90, comenzaron con la retoma de Urabá. “Pasó por Occidente, llegó al Valle de Aburrá, se dividió hacia el Suroeste y el Oriente, subió al Bajo Cauca y se reencontró con el Magdalena Medio y el Nordeste, donde tenía sus raíces”. A juicio de la investigadora, apuntalar lo que ella llamó “esa especie de ganzúa territorial” supuso conquistar tres victorias: “inicialmente la militar, que consistió en desarrollar una eficacia criminal y de terror que abriera el paso; seguida de la territorial, que se fundamentó en arrebatar territorios al enemigo - las FARC y el-

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO e LN - y después al que se atravesara, incluyendo sus antiguos aliados; y por último, E la política, que se centró en asegurar que partidos y políticos afines a la causa consolidaran el poder público y electoral que facilitara y protegiera lo que la 15 trayectoria iba logrando”. Según Claudia López “…por la misma ruta donde tomaron control territorial los paras, cambió el mapa político,16 por estas rutas de expansión crecieron los cultivos de 17 coca…” La constitución de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y su expansión a diferentes zonas del país en 1996, fue solo el preámbulo de las nuevas fases de extensión de un modelo de carácter asociativo en el que diferentes grupos locales definieron la presencia a partir de la utilización de las supuestas ventajas de una agrupación como la de Castaño. En 1997 se dio hacia Nordeste, Occidente y Suroeste de Antioquia y Chocó. En 1998 hacia Oriente. Entre 1998 y 2002 la presencia de las autodefensas se tradujo en un sostenido aumento del homicidio en la mayor parte de las regiones en las cuales incursionaron. Dejaron a su paso, muerte, dolor y usurpación de las tierras de la población. La expansión de las AUC a partir de 1996 redefinió el panorama de la presencia de estas agrupaciones sin lograr conformar una sola organización, tal y como se proyectó hacia fuera. Las AUC fueron, ante todo, una sigla que aglutinó un grupo común de intereses de muy diversos orígenes. Las ACCU son la principal organización dentro de las autodefensas y aunque ha sido la más coherente, existieron múltiples liderazgos con enorme fortaleza que generaron una escisión en momentos críticos. Estos liderazgos, entre otros, estarían representados por Carlos Castaño, Vicente Castaño, Diego Murillo Bejarano (Alias Don Berna), Ramiro Vanoy (alias Cuco Vanoy), Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera (alias El Alemán), entre otros. En las AUC el asunto fue bastante más complejo, por haber sido una federación de intereses con múltiples orígenes y complejidades. La situación fue bastante más compleja para los grupos de Carlos Mauricio García (alias JJ o Doble 00) del bloque Metro, o de Rodrigo Pérez Alzate (alias Julián Bolívar), del bloque Central Bolívar. Esta expansión paramilitar en Antioquia se presentó, por un lado, como antiinsurgente y, por el otro, como toda una empresa narcotraficante absolutamente inhumana. Antioquia, departamento con grandes riquezas18 mineras, agropecuarias, hídricas, suelos altamente fértiles, además de todos los climas, representó para los 15 Ibíd. 16 De esta ruta quedaron por fuera las zonas aisladas de Occidente, Bajo Cauca y Norte donde no fue tan atroz la expansión paramilitar 17 Claudia López. La Ruta de la expansión paramilitar en Antioquia. Conferencia dictada en el recinto de la Asamblea de Antioquia. Septiembre del 2007.

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grupos armados un botín al cual ninguno estaba dispuesto a renunciar. En el caso de Urabá, la guerra librada tuvo que ver con la apropiación de la tierra para cultivar coca, tener ganado y un océano para el envío de la droga a Panamá, y montañas para comunicarse con el centro del país. Y Medellín y sus alrededores, como el centro político-administrativo del departamento, fueron vistos como el frente político, cultural y económico. Nada más en la universidad de Antioquia hay cien desmovilizados de las AUC y es en la capital antioqueña en donde tienen asiento los políticos y las instituciones políticas del Estado. Un primer conjunto de agrupaciones es la que se articulaba a las AUC, bajo la dirección política y militar de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, José Vicente Castaño y Ramón Isaza. Sobresalen las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que, a su turno, estaban divididas en varios bloques. Por tanto, en Antioquia operó el denominado bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Fredy Rendon alias el Alemán y Hermógenes Maza que cubría buena parte del departamento de Córdoba, el Urabá Antioqueño y el Medio y Bajo Atrato en Chocó. Las principales áreas de confrontación con las FARC fueron en el Nudo de Paramillo y su entorno, en el sur de Córdoba y el norte de Antioquia, así como en el Medio y Bajo Atrato, en el Chocó. Esto operó también con el denominado bloque Mineros, bajo el mando de Ramiro Vanoy y Luis Ocampo, que cubría buena parte del Nordeste antioqueño, en donde se presentaron confrontaciones con la guerrilla sobretodo en la parte limítrofe con el sur de Bolívar y los bloques Bananero y Nutibara en Medellín.19 También adscritas a las AUC, pero estructuras diferenciadas de las ACCU, fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En Antioquia estuvieron bajo el mando de Ramón Isaza y de Luis Eduardo Zuluaga Arcila (alias Macguiver). Aparte de las AUC, existió un conjunto de estructuras articuladas al bloque Central Bolívar que, desde finales de 2002, expresó su intención de paz en una comunicación firmada por Javier Montañés, Julián Bolívar, Eduardo Victoria, Sebastián Colmenares, Rafael Meza, Pablo Sevillano, Pablo Mejía y Ernesto Báez. En Antioquia operaba en el norte del Magdalena Medio. 18 Aun cuando la violencia presentada en Antioquia es de una gran complejidad, debido entre otras razones a las superposiciones de grupos, intereses y comportamientos y a la imbricación entre acciones de violencia política y delincuencial, en su accionar se pueden identificar elementos que permiten afirmar que una buena parte de ella ha estado centrada en las luchas por la construcción de un orden en el cual la pugna por recursos económicos y políticos ha sido fundamental. Es importante destacar que las modalidades de la confrontación han atravesado por diferentes etapas de acuerdo con la fase en la cual se encuentra el conflicto armado y a las intenciones precisas que animan la confrontación en un momento determinado, las cuales presentan variaciones de acuerdo con las particularidades locales, a las dinámicas y las formas de respuesta que se han generado desde la sociedad. Así, por ejemplo, durante la fase de ingreso al área que querían controlar, los grupos paramilitares apelaron a estrategias de miedo y terror indiscriminado, mientras que una vez asegurada la “limpieza” se desplegaron estrategias de control sobre la población, de administración del territorio y de la obtención de ganancias derivadas de una cantidad de rentas lícitas e ilícitas. 19 El bloque Nutibara no solo dio muestras de llevar a cabo un proceso de paz sino que recientemente se concentraron más 800 de sus integrantes en el municipio de La Ceja, previa entrega de armas para proceder a su reinserción.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Hay que destacar la existencia del denominado bloque Metro, disidente de las pautas de las AUC. Contó con la presencia del frente del Oriente, los frentes Nordeste y Occidente antioqueño, así como una estructura urbana en Medellín. Este frente fue eliminado por purgas internas con paramilitares de alias Don Berna por lograr el control del Área Metropolitana y el Oriente, pugna que marcó un alto índice de homicidios y desapariciones tanto de las partes en conflicto como de la población civil que queda en medio de esta confrontación abierta en la ciudad, esta confrontación marcará la suerte de las Victimas en tanto al desaparecer el Bloque Metro de Alias Doble Cero, derrotado militarmente por el Cacique Nutibara de Alias Don Berna, dejará a estas victimas en un limbo jurídico en lo que respecta a los procesos de Verdad, Justicia y Reparación, pues será difícil establecer su responsable y con ellos avanzar en los procesos legales de aplicación de justicia. Es evidente que el fenómeno paramilitar fue por un lado altamente dirigido contra la población indefensa y contra los pequeños “propietarios” de la tierra, casos de usurpación de tierras por parte de los paramilitares, siendo el Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá las Sub-regiones más afectadas, según la muestra, por dicho 20 fenómeno. Este conflicto se ha caracterizado, además, por involucrar y afectar significativamente a las personas “al margen” de los grupos armados -panorama de Urabá- en pugna por el monopolio de los recursos naturales y geoestratégicos21 de las regiones. Se realizaban masacres a pobladores que fueran considerados colaboradores del bando enemigo y se ha registrado, por ejemplo, que el modus operandi de las autodefensas se centraba no tanto en mantener confrontaciones abiertas con la insurgencia, sino más bien en golpear a sus “bases de apoyo”, aunque igualmente lo hacía la guerrilla. En cuanto a las matanzas, basta recordar los hechos acaecidos en Mapiripán (Meta), los días 12, 13 y 14 de julio de 1997.22 Esta fue prácticamente la estrategia de los grupos armados para tratar de acorralarse los unos a los otros, responder a una masacre con otra a los supuestos “colaboradores” de los enemigos, en los que la mayoría eran civiles. Otra masacre fue la de La Chinita, un barrio de Apartadó, donde las FARC asesinaron a 35 obreros en 1994; y la masacre de 22 campesinos en los municipios de Remedios y Segovia, en 1983, perpetrada por los paramilitares al mando de Castaño. 20 Al observar el comportamiento de esta conducta en Antioquia por regiones, desde finales de 1990 el Oriente fue la zona que relevó Urabá como epicentro del conflicto armado y del desplazamiento. Aunque al igual que en Urabá, las causas que llevan a las personas a desplazarse son acciones como masacres, amenazas, asesinatos selectivos, entre otros, en el Oriente son relevantes los bloqueos de vías y emplazamientos y el creciente problema de la minas antipersonal, que se convirtió en un factor determinante en desplazamientos individuales, restricciones de movilización de la población, imposibilidad del retorno voluntario de las familias y estancamiento de la producción agrícola. Esto, porque la instalación de las minas ocurre principalmente en corredores estratégicos, campamentos, escuelas, caminos, viviendas abandonadas, fuentes de agua, áreas comunales, de cultivo y ganadería, entre otras. Mientras tanto, en Medellín existen unos 60 asentamientos de población en situación de desplazamiento forzado, donde sobreviven en condiciones precarias unas 200 mil personas provenientes de diferentes lugares del departamento, del país e incluso de barrios de la ciudad, quienes se han ubicado en estos terrenos localizados en zonas de alto riesgo con la esperanza de reconstruir sus vidas, luego de haber sido expulsados violentamente de sus territorios de origen. 21 Históricamente, Urabá se presenta como una zona geoestratégica relevante, por su condición de puerto, su cercanía con sistemas montañosos y selváticos lo es el Nudo de Paramillo. En: Informe del panorama de Urabá presentado por el Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH 2006. 22 Ídem pág. 12

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Las víctimas de estas acciones fueron reconocidos líderes políticos y sociales, integrantes de organizaciones de base y de poblaciones específicas, además de intelectuales, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y abogadas defensores de presos políticos o víctimas del Estado y los paramilitares, mujeres, indígenas y jóvenes. Y en su inmensa mayoría, las víctimas fueron personas de bajos recursos, dedicadas a labores agrícolas, casi sin estudios, quienes fueron despojadas de sus tierras, otras fueron victimizadas para sembrar el terror en la zona o para presentarlas como resultados “positivos” para acceder a premios por parte de la fuerza pública. Muchas de las víctimas se encuentran en el anonimato y, en muchos casos, será casi imposible saber qué pasó con ellas, lo que obliga a pensar sobre la importancia tanto del esclarecimiento, hasta donde sea posible, de la verdad, así como en actos de reparación colectiva que busquen compensar en lo simbólico a las personas sobrevivientes y sus familias. “… Sobre las zonas bananeras, mineras, industriales y cocaleras del departamento se han concentrado indicadores de violencia demenciales, que llegaron a triplicar el promedio departamental, que de por sí superaba al nacional. La fuerte ola de violencia homicida y sindical, fue parte de la estrategia paramilitar que suponía que su contribución a la Patria era atacar a quienes parecieran bases sociales de la guerrilla y obstructores de la libre empresa. Esa supuesta contribución al desarrollo, que fue apoyada de manera entusiasta por tantos, solapada por muchos y condenada apenas por unos pocos, es uno de los mayores lastres y vergüenzas de Antioquia y de Colombia. Además del incalculable e irreparable costo humano y moral, de las condenas judiciales que han debido pagarse del erario público y no de la reparación ofrecida por los asesinos, la ola criminal contra la organización social y sindical le está constando al país la dudosa aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quizás la oportunidad más importante de desarrollo legal e inserción 23 internacional que ha tenido la economía colombiana”. En medio de la presencia guerrillera y de la oleada paramilitar surgieron en Antioquia, a comienzos de la década pasada, las asambleas constituyentes municipales. Y la Asamblea Constituyente de Antioquia sesionó en 2003 como parte de los esfuerzos de paz, democracia y desarrollo en medio del conflicto que cubrió todo el departamento y muchas de esas nuevas formas de organización, las asambleas constituyentes, continúan hasta hoy. En la medida que se iban desmovilizando los grupos paramilitares fueron creándose organizaciones de víctimas por las regiones donde antes dominaba abiertamente el paramilitarismo, 23

Claudia López. La Ruta de expansión del paramilitarismo en Antioquia. 2007.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO algunas como las Madres de la Candelaria surgieron en Medellín en medio del auge del paramilitarismo. Por eso hoy sus voces de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuchan en todos los eventos, en la discusión de los proyectos de ley que hacen referencia a las víctimas o en las versiones libres de los victimarios. Paradójicamente, la realidad del conflicto ha generado la necesidad de construir nuevas rutas frente a un tema que no ha estado en la agenda política del país, pensadas estas como alternativas para la población desplazada con relaciones informales en la tenencia de la tierra; de lo contrario se seguirá dejando a merced de los diferentes grupos armados, la apropiación de tierras y bienes de hombres, mujeres, y comunidades étnicas desplazadas por el conflicto armado.24

Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Perfil del Proyecto, Caja de Herramientas. P.15.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

“Violencia, Víctimas y Despojo” es un estudio que pretende mostrar una radiografía del conflicto armado en Antioquia, desde la mirada y los testimonios de las víctimas de las autodefensas. En este capítulo 25 se encontrará un completo análisis y las graficaciones de las variables que permiten elaborar una estadística sobre las afectaciones que sufrió la población en el departamento, a manos de grupos armados al margen de la ley. Los registros de hechos atribuibles a grupos de autodefensas desmovilizados colectivamente aportan una valiosa información sobre la víctima directa y la persona que pone en conocimiento los hechos, así como el lugar y fecha de ocurrencia de los hechos violentos y la victimización sufrida. Las interpretaciones y el análisis realizado a los diferentes cruces de variables corresponden a la lectura hecha por el grupo de profesionales que participó en esta investigación. Como aporte esencial del capítulo sobre resultados, el lector encontrará el perfil de la víctima directa, elaborado a partir del cruce de variables como sexo, edad, ocupación y estado civil. Un novedoso aporte de esta investigación es el comparativo subregional, en el que se analizan los tipos de delitos y los años de más agudización del conflicto en las diferentes regiones antioqueñas. En un análisis transversal se tiene la compilación de las afectaciones patrimoniales que ha sufrido la población desplazada, en una clara identificación de modalidades de despojo desde la misma versión de los afectados.

25 Documento elaborado por Paola Cadavid Acevedo – Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB. Víctimas, Violencia y Despojo.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.1. Relación de los datos de quien pone en conocimiento los hechos. 2.1.1 Departamento donde ocurrieron los hechos

Titulo:Departamento donde ocurrieron los hechos DEPARTAMENTO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS Antioquía Sin información Chocó Santander Córdoba Caldas Valle Bolivar Boyacá Cundinamarca Nariño Meta Cesar Tolima Guaviare

NUMERO DE CASOS 3.602 98 122 80 38 26 19 17 12 10 10 9 7 7 6

DEPARTAMENTO NUMERO DONDE OCURRIERON DE CASOS LOS HECHOS Atlantico Caquetá Cauca La Guajira Norte de Santander Putumayo Risaralda Sucre Magdalena Arauca Casanare Fuera del País Quindío

TOTAL

5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2

4108

Tabla No 1. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titulo: Número de casos por departamento donde ocurrieron los hechos 3602

SI N

6 AR E

GU AV I

TO LI M A

CE SA R

ME TA

BO LI VA R BO Y C AC UN A DI NA M AR CA N AR IÑ O

VA LL E

122

AN TI OQ UI IN A FO RM AC IO N C HO CO SA N TA ND ER C OR DO BA CA LD AS

Gráfico N. 1. Fuente: Tabla N. 1. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC

2.1.2. Cantidad de fichas diligenciadas por personas que relatan hechos distintos Se presentaron 62 fichas, equivalente porcentual del 1,5%, que relataban los mismos hechos. Se procedió a eliminarlas. Titulo: cantidad de fichas diligencias por persona, con hechos distintos. CANTIDAD DE FICHAS DILIGENCIADAS POR PERSONA, CON HECHOS DISTINTOS

NÚMERO DE CASOS

Diligenciaron una (1) ficha completa Diligenciaron incompleto - falta número documento identidad Diligenciaron dos (2) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron tres (3) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron cuatro (4) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron cinco (5) fichas, relatando hechos distintos

3.535

TOTAL

EQUIVALENCIA PORCENTUAL 86,1%

336

8,2%

205

5,0%

0,6%

0,1%

0,0%

4.108

100%

Tabla No2. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Equivalencia porcentual de cantidad de fichas diligenciadas por persona 0,6% 5,0%

Diligenciaron una (1) ficha completa

0,1% 0,0%

Diligenciaron incompleto - falta número documento identidad

8,2%

Diligenciaron dos (2) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron tres (3) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron cuatro (4) fichas, relatando hechos distintos Diligenciaron cinco (5) fichas, relatando hechos distintos

86,1% Gráfico N. 2. Fuente: Tabla N. 2. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

2.1.3. Sexo de quien pone en conocimiento los hechos Titulo: Sexo de quien pone en conocimiento los hechos. SEXO DE QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO LOS HECHOS

NÚMERO DE CASOS

Mujer Hombre

3.162 946

TOTAL

4.108

EQUIVALENCIA PORCENTUAL 77% 23%

100%

Tabla N. 3. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titulo:Sexo de quien pone en conocimiento los hechos 23,0% 77,0%

Mujer Hombre

Gráfico N. 3. Fuente: Tabla N. 3. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC

Frente a la presente estadística, puede concluirse que el conflicto armado ha afectado de manera más directa a hombres que a mujeres, y son precisamente éstas las sobrevivientes de los hechos de homicidio y desaparición forzada.

2.1.4. Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa

Titulo: Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa

Madre

999

24,3%

Hermano(a)

643

15,7%

Conyuge

612

14,9%

Hijo(a)

449

10,9%

Compañero permanente

444

10,8%

Padre

259

6,3%

Víctima

0,5%

Tío (a)

0,8%

Sobrino(a)

0,5%

Cuñado(a)

0,4%

Núcleo Núcleo familiar primario o básico familiar secundario

PORCENTAJE RELACIÓN DE QUIEN NÚMERO EQUIVALENCIA TIPO DE TIPO PONE EN CONOCIMIENTO DE PORCENTUAL DE DE LOS HECHOS CON LA CASOS RELACIÓN RELACIÓN VÍCTIMA DIRECTA

83,4%

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

0,3%

Primo(a)

0,3%

Nieto(a)

0,2%

Suegro(a)

0,1%

Padrastro

0,1%

0,5%

550

13,4%

Ninguna Sin información

Núcleo familiar

Abuelo(a)

secundario

PORCENTAJE RELACIÓN DE QUIEN NÚMERO EQUIVALENCIA TIPO DE TIPO PONE EN CONOCIMIENTO DE PORCENTUAL DE DE LOS HECHOS CON LA CASOS RELACIÓN RELACIÓN VÍCTIMA DIRECTA

Otras relaciones

2,7%

13,9%

Tabla N. 4. Fuente: Ficha de Fiscalía Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

La anterior tabla arroja que tan solo 20 personas que son víctimas directas de los 4.108 casos han puesto en conocimiento los hechos, lo que es explicable, toda vez que al hacer el cruce con la variable de tipos de victimización, se encuentra que la mayoría de casos corresponde a homicidio y desaparición forzada, lo que también explica que sean los familiares más cercanos quienes pongan en conocimiento los hechos. Titulo: Relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa Sin información

13,4%

Ninguna

0,5%

Padrastro

0,1%

Suegro(a)

0,1%

Nieto(a)

0,2%

Primo(a)

0,3%

Abuelo(a)

0,3%

Cuñado(a)

0,4%

Sobrino(a)

0,5%

Tío (a)

0,8%

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Víctima Padre

0,5% 6,3% 10,8%

Compañero permanente Hijo(a)

10,9% 14,9%

Conyuge Hermano(a)

15,7%

Madre

24,3%

Gráfico N. 4. Fuente: Tabla N. 4. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Titulo: Tipo de relación de quien pone en conocimiento los hechos con la víctima directa. 13,9% 2,7% Núcleo familiar primario o básico Núcleo familiar secundario

Otras relaciones

83,4%

Gráfico N. 4.1. Fuente: Tabla N. 4. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

En un hipotético caso de incidente de reparación, al solicitar el resarcimiento de los daños económicos, las características individuales de la víctima directa serían determinantes para alegar un lucro cesante y un daño emergente, derivado del hecho.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.1.5. Oficio de quien pone en conocimiento los hechos Titulo: Oficio De Quien Pone En Conocimiento Los Hechos OFICIO DE QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO LOS HECHOS

NÚMERO DE CASOS

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

Ama de casa

2.277

55,40%

Oficios varios

482

11,70%

Agricultor (a)

284

6,90%

Sin información

241

5,90%

Servicios domésticos

143

3,50%

Comerciante

130

3,20%

Obrero (a)

2,10%

Vendedor (a) ambulante

1,90%

Desempleado (a)

1,70%

Transportador (a)

1,20%

Estudiante

1,10%

Empleado (a)

0,80%

Pensionado (a)

0,70%

Construcción

0,60%

Servicios en salud

0,60%

Servicios educativos

0,60%

Madre comunitaria

0,50%

Trabajador (a) agroindustrial

0,30%

Artesanos (as)

0,20%

Minero (a)

0,20%

Servicio de vigilancia

0,20%

Reciclador (a)

0,20%

Funcionario (a) público

0,10%

Líder comunitario (a)

0,10%

Servicios de comunicación

0,10%

Ganadero (a)

0,10%

4.108

100,0%

TOTAL

Tabla N. 5. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Puede observarse conforme al cruce de variables entre sexo, parentesco y oficio de quien pone en conocimiento los hechos, que son las mujeres madres y cónyuges o compañeras las que aparentemente más se vieron afectadas por los hechos y que son las que se acercan a instancias judiciales a reclamar verdad, justicia y reparación. Titulo: Oficio de quien pone en conocimiento los hechos relacionado por equivalencia porcentual Estudiante

1,1%

Transportador (a)

1,2%

Desempleado (a)

1,7%

Vendedor (a) ambulante

1,9%

Obrero (a)

2,1%

Comerciante

3,2%

Servicios domésticos Sin información Agricultor (a)

3,5% 5,9% 6,9%

Oficios varios

11,7%

Ama de casa

55,4%

Gráfico No. 5. Fuente: Tabla N. 5. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

El 57,1% de las personas que se acercaron a las distintas instituciones a poner en conocimiento los hechos no tienen ingresos permanentes ya sea por dedicarse a labores domésticas o estar desempleadas. Otro 24% se encuentra en situación de informalidad en cuanto a la generación de ingresos, por lo que puede concluirse que el 81,1% de los afectados por el conflicto se encuentra en una situación vulnerable.

2.1.6. Nivel educativo alcanzado por quien pone en conocimiento los hechos

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Nivel educativo alcanzado de quien pone en conocimiento los hechos NÚMERO DE CASOS

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

1.148

27,9%

Primaria completa

811

19,7%

Sin información

576

14,0%

Secundaria incompleta

496

12,1%

Ninguno

467

11,4%

Secundaria completa

458

11,1%

Pregrado completo

1,6%

Técnicos

1,3%

Tecnológicos

0,6%

Pregrado incompleto

0,2%

Postgrado

0,0,%

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO LOS HECHOS Primaria incompleta

TOTAL

4.108

100,0%

Tabla No. 6. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Titulo: Nivel educativo alcanzado de quien pone en conocimiento los hechos 1148 811 576

496

467

458 52

Secundaria incompleta

Sin información

Primaria completa

Primaria incompleta

Gráfico N. 6. Fuente: Tabla N. 6. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Secundaria incompleta

Sin información

Primaria completa

Primaria incompleta

Titulo: Nivel educativo alcanzado de quien pone en conocimiento los hechos relacionados por equivalencia porcentual

Gráfico N. 6.1. Fuente: Tabla N. 6. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Las gráficas anteriores sobre el oficio de quien pone en conocimiento los hechos, corresponden con el bajo nivel de escolaridad reflejado en este cuadro, tanto así, el 47,6 % de los afectados está por debajo del nivel de primaria, lo que no riñe con que el 57,1% de estas personas no tenga ingresos permanentes en cuanto a su situación laboral.

2.1.7. Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos Titulo: Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos ESTADO CIVIL DE QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO LOS HECHOS

NÚMERO DE CASOS

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

Soltero (a)

1.206

29,4%

Unión libre

846

20,6%

Casado (a)

900

21,9%

Viudo (a)

661

16,1%

Sin información

365

8,9%

Divorciado (a) - Separado (a)

122

3,0%

0,2%

No responde

TOTAL

4.108

100,0%

Tabla N. 7. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos relacionados por número de casos.

1.206 900 846 661 365 122

Soltero (a)

Unión libre

Sin información

Viudo (a)

Casado (a)

Divorciado (a) Separado (a)

8 No responde

Gráfico N. 7. Fuente: Tabla N. 7. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Titulo: Estado civil de quien pone en conocimiento los hechos relacionados por equivalencia porcentual

29,4% 21,9% 20,6% 16,1% 8,9% 3,0%

Soltero (a)

Unión libre

Sin información

Viudo (a)

Casado (a)

Divorciado (a) Separado (a)

0,2% No responde

Gráfico N. 7.1. Fuente: Tabla N. 7. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Las gráficas anteriores reflejan la composición familiar de las personas que ponen en conocimiento los hechos, pues de la base de datos se pudo extraer que 1.064 mujeres eran cabeza de hogar, al hacer el cruce de variables de la siguiente manera: · 260 mujeres son madres de las víctimas directas y son solteras. · 181 mujeres son madres de las víctimas directas y son viudas · 54 mujeres son madres de las víctimas directas y están separadas

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO ·

256 mujeres eran compañeras permanentes de las víctimas directas y permanecen solteras 313 mujeres eran cónyuges de las víctimas directas y permanecen viudas.

Estas 1.064 mujeres corresponden al 25,9% de la muestra.

2.1.8.

Edad de quien pone en conocimiento los hechos

Titulo:Edad de quién pone en conocimiento los hechos EDAD DE QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO LOS HECHOS

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL

7 Años - 15 Años

0,10%

16 Años - 20 Años

1,20%

21 Años - 25 Años

170

4,10%

26 Años - 30 Años

274

6,70%

31 Años - 35 Años

367

8,90%

36 Años - 40 Años

447

10,90%

41 Años - 45 Años

544

13,20%

46 Años - 50 Años

537

13,10%

51 Años - 55 Años

495

12,00%

56 Años - 60 Años

435

10,60%

61 Años - 65 Años

307

7,50%

66 Años - 70 Años

244

5,90%

71 Años - 75 Años

125

3,00%

76 Años - 80 Años

1,50%

81 Años - 85 Años

0,40%

86 Años - 98 Años

0,10%

Sin información

0,70%

4.108

100,0%

TOTAL Promedio edad: 47,5

Tabla N. 8. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Edad de quien pone en conocimiento los hechos Promedio edad: 47,5

544 537 447 367 170

274

435 307

244

125 62

Añ

-1 5 Añ 2 1 os os Añ - 2 0 o A 26 s ñ Añ 25 o s o 3 1 s - Añ o Añ 30 s Añ o 36 s os 3 Añ 5 Añ o 41 s o Añ - 4 0 s o A s 46 ñ Añ - 45 os os A ño 51 Añ 50 s Añ o 56 s o Añ 5 5 s Añ o 61 s o Añ 6 0 s o 6 6 s - Añ o Añ 6 5 s o 7 1 s - Añ o Añ 70 s Añ o 76 s o Añ 75 s A ño 81 os Añ - 80 s o Añ 86 s o Añ 8 5 s Añ os o Si - 90 s n A In fo ños rm ac ió n

495

Gráfico N.8. Fuente: Tabla N. 8. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Con respecto a la edad de los declarantes, el mayor porcentaje oscila entre los 41 y 55 años de edad y, al contrastarlo con el nivel de escolaridad, el panorama es poco alentador al hallar que estas personas están excluidas del sistema laboral, dada su edad y el nivel de formación. Puede asumirse que dadas estas circunstancias, era la víctima directa quien aparentemente sostenía el hogar, por lo que los criterios de reparación integral deberán estar orientados a buscar la autosostenibilidad de los sobrevivientes en términos económicos y de generación de ingresos. Conforme a las Definiciones Estratégicas de la CNRR, este punto cobra una importancia mayor, pues para la aplicación de cualquier programa de reparaciones, deben priorizarse las víctimas en mayor situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres cabeza de familia, los niños y niñas, los disminuidos físicos y sensoriales, personas de la tercera edad, las comunidades afrodescendientes, los indígenas y las personas en situación de pobreza extrema.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titulo: Edad de quien pone en conocimiento los hechos por equivalencia porcentual

13,2% 13,1% 12,0% 10,9% 10,6% 4,1%

8,9% 6,7%

7,5% 5,9% 3,0%1,5%

0,7% 0,4% 0,1%

Añ

-1 5 Añ 21 o s os Añ - 2 0 o A 26 s ñ Añ 2 5 o s o 3 1 s - Añ o Añ 30 s Añ o 36 s os 3 Añ 5 Añ o 41 s o Añ - 4 0 s o A s 46 ñ Añ - 4 5 o s os A ño 51 Añ 50 s Añ o 56 s o Añ 55 s Añ o 61 s o Añ 6 0 s o 6 6 s - Añ o Añ 65 s o 7 1 s - Añ o Añ 70 s Añ o 76 s o Añ 7 5 s A ño 81 o s Añ - 80 s o Añ 86 s o Añ 8 5 s Añ os o Si - 90 s n A In fo ños rm ac ió n

1,2% 0,1%

Gráfico N.8.1. Fuente: Tabla N. 8. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

2.1.9.

Presunto autor de los hechos identificado por alias Titulo: Presunto autor de los hechos. PRESUNTO AUTOR DE LOS HECHOS Sin información Identificado por alias TOTAL

NÚMERO DE CASOS

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

3.480

84,7%

628

15,3%

4.108

100,0%

Tabla N. 9. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Titulo: Identificación del presunto autor de los hechos. 15,3% 84,7%

Sin información Identificados por alias

Gráfico N. 9. Fuente: Tabla N. 9. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB - IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

La parametrización de los alias no estableció a qué grupo armado al margen de la ley pertenecía el victimario, pero no por ello se puede concluir que el 87% de las víctimas desconozca, al menos, cuál fue el grupo agresor. La ficha de la Fiscalía interroga al afectado frente a esta situación y tiene un campo en el que se puede consignar el grupo que cometió el hecho.

2.1.10. Victimización Titulo: Cantidad de victimizaciones NÚMERO DE CASOS

CANTIDAD DE VICTIMIZACIÓN 1 Victimización

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

2.929

71,3%

2 Victimizaciones

728

19,4%

3 Victimizaciones

230

5,6%

4 Victimizaciones

1,4%

5 Victimizaciones

0,3%

6 Victimizaciones

0,1%

7 Victimizaciones

0,1%

1,8%

4.108

100,0%

Sin información

TOTAL

Tabla N.10. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Titulo: Cantidad de victimizaciones presentadas 71,3%

19,4% 5,6% s

ió ac m In fo r

Si n

tim iz ac io

s Vi c 7

tim iz ac io Vi c 6

1,8%

0,1%

ne tim iz ac io Vi c 5

tim iz ac io Vi c 4

0,1%

0,3%

s ne tim iz ac io Vi c

Vi c 2

Vi c

tim iz

tim iz ac io

ió

1,4%

Gráfico N. 10. Fuente: Tabla N. 10. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC..

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Dado que el mayor número de personas ha denunciado de manera individual su caso, la reparación integral sería en este sentido, pero hay un 25% de personas que ha puesto en conocimiento dos o más delitos. En términos de resarcimiento de los daños, no se debe desconocer, por parte de los operadores jurídicos, la situación especial en que se encuentran los afectados de manera múltiple, es decir, cada hecho afecta de manera distinta y agudiza el daño sufrido por la víctima. Por ello la reparación deberá ser discriminada conforme al grado de afectación y proporcionalidad: “Que la reparación sea adecuada, en el sentido de que las medidas de reparación deben estar 26 acordes y ser proporcionales con los tipos de daño cometidos”. Titulo: Tipo de Victimización TIPO DE VICTIMIZACIÓN

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL

Homicidio Desaparición forzada

2.933

59,90%

745

13,40%

Desplazamiento forzado

589

10,60%

Amenazas

434

7,80%

Tortura

265

4,80%

Hurto

160

2,90%

Lesiones personales

159

2,90%

Secuestro

1,70%

Extorsión

0,80%

Actos de terrorismo

0,70%

Reclutamiento forzado

0,40%

Actos barbarie

0,30%

Destrucción bienes

0,20%

Genocidio

0,20%

Detención arbitraria

0,20%

Abuso sexual

0,20%

Minas antipersonal

0,10%

TOTAL

5.548

100,0%

Tabla N. 11. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

26 “Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa”, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pág.25, 2007.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Los tipos de victimización fueron recopilados de las Definiciones Estratégicas de la CNRR, inspiradas en la legislación penal interna, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales firmados por Colombia. La lista que fue enunciada por la CNRR no es de carácter taxativo, pues el mismo ente plural afirmó que se trata de los principales tipos de victimización y que no son los únicos, lo que pudo constatarse en el caso de la extorsión, que fue un tipo de victimización reportado por los mismos afectados en las jornadas de atención a víctimas. - La forma de cálculo de índice de victimización es la siguiente: Índice = (número de casos por cada victimización / número total de casos) en equivalencia porcentual Titulo: Promedio total de victimización por cada ficha TIPO DE VICTIMIZACIÓN

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL

Homicidio Desaparición forzada

2.933

71,40%

745

18,10%

Desplazamiento forzado

589

14,30%

Amenazas

434

10,60%

Tortura

265

6,50%

Hurto

160

3,90%

Lesiones personales

159

3,90%

Secuestro

2,30%

Extorsión

1,10%

Actos de terrorismo

0,90%

Reclutamiento forzado

0,50%

Actos barbarie

0,40%

Destrucción bienes

0,30%

Genocidio

0,30%

Detención arbitraria

0,20%

Abuso sexual

0,20%

Minas antipersonal

0,10%

TOTAL

5.548

1,4%

Tabla N. 11.1. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titullo: Tipo de victimización Minas antipersonal

0,1%

Abuso sexual

0,2%

Detención arbitraria

0,2%

Genocidio

0,2%

Destrucción bienes

0,2%

Actos barbarie Reclutamiento forzado

0,3%

Actos de terrorismo

0,7%

Extorsión

0,8%

Secuestro

0,4%

1,7%

Lesiones personales

2,9%

Hurto

2,9%

Tortura Amenazas Desplazamiento forzado Desaparición forzada Homicidio

4,8% 7,8% 10,6% 13,4% 52,9%

Gráfico N. 11. Fuente: Tabla No. 11. Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

El alto porcentaje de homicidios reportados seguido de la desaparición forzada como uno de los tipos de victimización más recurrente, refleja una dinámica del conflicto en la que el aniquilamiento físico del enemigo era la estrategia predominante. El tercer lugar que ocupa el desplazamiento como el tipo de victimización más frecuente, revela que el conflicto armado tiene un componente territorial arraigado, pero debe notarse que esta muestra es ínfima con relación al número total de desplazados que, según Acción Social, desde 1997 a la fecha, asciende a la cifra de 2.400.000 personas. Indica esto que el desplazamiento forzado no está siendo denunciado, pese a que en estadísticas oficiales, es el delito que más se comete en el marco del conflicto armado. Con respecto al índice de violaciones sexuales reportadas, se considera que éste sigue siendo muy bajo con respecto a la media en la ciudad de Medellín, donde según datos de Medicina Legal en tan solo 2002 se reportaron 656 casos. No puede esto considerarse como una ausencia de esta práctica en el marco del conflicto armado, sino como un temor generalizado al denuncio. Hay que reconocer que en las jornadas de atención a víctimas, dado su carácter masivo, no se generaba el ambiente adecuado para que las personas afectadas pusieran en conocimiento este tipo de victimización.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.2. Relación de los datos de la víctima directa

El conflicto armado en Colombia afecta a hombres jóvenes y en situación de vulnerabilidad. No es coincidente que la mayoría de las víctimas directas de los hechos violentos, un 45%, sean hombres agricultores, obreros o se desempeñen en oficios varios. No puede desconocerse el factor territorial y agrario del conflicto, en el sentido de que un 23% de los afectados se desempeñaba como trabajador del campo. Medicina Legal en un estudio realizado en el año 2007 determinó que eran más proclives a morir de manera violenta las personas en situación de vulnerabilidad o que tenían empleos informales, por la tendencia a reclutarse en grupos armados o por su tolerancia al conflicto. No quiere esto decir que son las víctimas las responsables de su afectación, pero sí debe ser un llamado de atención para los entes gubernamentales el hecho de que sean las personas mas de bajo nivel socioeconómico las que engrosen las largas listas de víctimas del conflicto armado. A diferencia de otras dinámicas bélicas en las que se persiguió a ciertas poblaciones por pertenecer a una etnia, como fue el caso de Ruanda o como se presentó en las dictaduras argentina y chilena, donde fue la clase académica e intelectual la más afectada por la expresión de sus ideas políticas, en el caso colombiano el fenómeno atípico es que son las pobres quienes más se afectan sin tener otra condición común más que esa. La caracterización de esta población victimizada de manera directa en Colombia es que precisamente no pertenece a un grupo específico o característico, como los ejemplos citados. Solo en casos muy concretos, como son los homicidios de funcionarios públicos o políticos, puede hablarse de una motivación que determine el hecho basado en las características personales de la víctima. En cuanto al género de las víctimas implicadas en el conflicto armado, Colombia no escapó a la tendencia mundial. En un estudio presentado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en 2002, de cuatro muertes violentas que se presentan en el mundo, tres corresponde a hombres. En el contexto colombiano, según Medicina Legal, para el año 2007 se presentaron 16.318 homicidios, de los cuales el 92% correspondieron a hombres. Este porcentaje es muy similar al de esta investigación, en la medida en que de los 2.933 homicidios que fueron reportados en las fichas, el 7,5% corresponde a mujeres. Esto puede significar que son los hombres los que más se involucran en escenarios guerreristas o son considerados tradicionalmente más peligrosos que las mujeres. Sin embargo, el sexo de la víctima puede ser determinante al momento para ser sujeto pasivo de alguna agresión, como ocurre con los delitos de género. La investigación constató que de siete casos de violencia sexual registrados, seis corresponde a

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO mujeres agredidas, y de acuerdo con los relatos, la violación o el acceso carnal violento era utilizado como estrategia de terror e intimidación, conforme a los relatos de las víctimas: “yo estaba a las 8 de la noche viendo televisión, tocaron la puerta y me llamaron me sacaron para la carretera y me dijeron que la orden era matarme, me violaron, eran dos muchachos, que encerrara las hijas, me mandó a decir con otro muchacho que no me viera”. También la violación era usada como mecanismo de tortura previo a la ejecución. Es así como lo narra la madre de una de las víctimas: “mi hija iba para la casa en horas de la noche y la abordaron dos tipos en una moto, se la llevaron hacia la salida para Chigorodó y la mataron a tiros. También la violaron”. En el caso del desplazamiento forzado, según la investigación, el 31% de los afectados son mujeres. Al contrastarse con las cifras oficiales del Registro Único de Población Desplazada, en el que el 54% de los declarantes son de sexo femenino, puede afirmarse que corresponde a la tendencia. Hay que aclarar que de las 4.108 fichas sistematizadas, solo 589 registran algún tipo de desplazamiento forzado. Esta dinámica también incide para que el número de mujeres que reportan ser desplazadas en la investigación no se equipare a los datos oficiales. Con respecto a la edad de las víctimas directas, el 51% se encuentran en un rango de 10 a 30 años, lo que significa que el conflicto se alimenta de personas jóvenes. En otro capítulo de esta investigación, se ha concluido que los reclamantes o sobrevivientes de la víctima directa son mayoritariamente mujeres. Esto convalida el argumento de la afectación del conflicto en todos los niveles y no solo por los que se afectan directamente por ser quienes tienen sus bienes jurídicos comprometidos, sino también por aquellos que deben sobrellevar los duelos, pérdidas y ausencias de los que no están a causa del conflicto. Al comparar el perfil de la víctima directa con el de quien pone en conocimiento los hechos se puede sacar una conclusión, relacionada con la situación socioeconómica de los hogares que sufrieron por algún tipo de victimización. Los reclamantes son mayoritariamente mujeres (77%) y amas de casa (55%). Si se compara con el oficio de la víctima directa, un gran porcentaje de éstas tenía alguna ocupación. Lo que da como resultado que esas mujeres reclamantes dependían económicamente de las víctimas directas, y la afectación o el daño no solo se circunscribió a lo moral o sentimental, sino que también tocó la esfera de lo patrimonial. Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta por los operadores jurídicos al momento de decretar algún tipo de reparación por la vía judicial. El momento histórico de agudización del conflicto es la década de los 90 hasta el 2004, cuando se presenta el narcotráfico y el surgimiento de los grupos antisubversivos, lo que generó la espiral de violencia más alta hasta el momento registrada en Colombia. No es coincidencia que de manera paralela surgieran los grandes carteles de la droga,

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

nacieran los grupos de autodefensas y se diera el fortalecimiento de las guerrillas. Esto permitió concluir que el fenómeno de narcotráfico y su alta rentabilidad permeó a los grupos armados al margen de la ley, y por ende su capacidad destructora se incrementó.

2.2.1. Cantidad de fichas Titulo: Cantidad de Fichas Otra Zona; 506;12%

Información Analizadas Antioquia; 3602; 88% Gráfico No 12. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

TOTAL FICHAS FISCALÍA

Titulo: Total de Fichas INFORMACIÓN ANALIZADAS ANTIOQUIA

4.108

OTRA ZONA 506

3.602

Tabla No 12. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

2.2.2. Sexo de la víctima directa Titulo: Sexo de la víctima directa 11%

Masculino Femenino Gráfico No 13. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio

89%

CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

2.2.3. Edad de la víctima directa. Titulo: Edad de la víctima. 660 571

551

436 309 238 134

s 41 4 0 a e a 4 ño s 4 5 añ D 6a e o s 5 50 añ D 1a e 5 5 5 os añ D 6a e 6 6 0 os añ D 1a e 6 65 os D 6 a añ e 7 70 os D 1 a añ e 7 75 os D 6 a añ e 81 80 os a Si a 8 ñ o s n 5 in fo a ñ rm o s ac ió n

a 5

a 6

e D

106

ño

ño 3 a

ño

os e

e D

añ

20 2

a 6

1 e

añ

120

Gráfico No 14. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Titulo: Edad de la víctima. EDAD

FREC.

EDAD

FREC.

10 - 15 Años

120

56 - 60 Años

16 - 20 Años

551

15%

61 - 65 Años

21 - 25 Años

660

18%

66 - 70 Años

26 - 30 Años

571

16%

71 - 75 Años

31 - 35 Años

436

12%

76 - 80 Años

36 - 40 Años

309

81 - 85 Años

41 - 45 Años

238

Sin Información

302

46 - 50 Años

134

51 - 55 Años

106

TOTAL

3602

100%

Tabla N. 13. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.2.4. Año de ocurrencia del hecho Titulo: Año de ocurrencia del hecho EDAD FREC. %

487

290 277 258 252 235 217 203 191 180

140 117

66 51

8 1 2 2 3

19 18 19 17

Sin Información

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

Gráfico No 15. Fuente: Tabla No 13.1. Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Tabla No 13.1. Fuente: Ficha de Fiscalía. CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras –

Procesamiento de Información: Convenio USB – IPC.

111 103

1980

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 6% 7% 7% 6% 5% 8% 8% 7% 5% 3% 3% 2% 1% 14% 100%

1978

1 1978 2 1979 2 1980 3 1981 8 1982 19 1983 18 1984 19 1985 17 1986 34 1987 51 1988 44 1989 66 1990 74 1991 86 1992 117 1993 140 1994 217 1995 258 1996 252 1997 203 1998 1999 191 2000 277 2001 290 2002 235 2003 180 2004 111 2005 103 2006 62 2007 35 Sin info. 487 TOTAL 3602

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

2.2.5. Oficio de la víctima Titulo: Oficio de la víctima Campesino (a) - Agricultor (a)

846

Sin Información

585

Oficios Varios

405

Obrero

387 235

Comerciante Vendedor Ambulante

162

Servicios en Transportes

161

OFICIO DE LA VÍCTIMA

FREC.

Abogado (a)

Estudiante

150

Pensionado (a)

Obrero de Construcción

137

Servicios de Comunicación

Fotógrafo (a)

Ama de Casa

Músico

Vigilante

Político (a)

Desempleado (a)

Servicios en salud

Desmovilizados AUC

Carpintería

Ganadero (a)

Funcionario Público Minero (a) Administrador de Fincas

Servicios educativos

Pescador

Servicios domésticos

Administrador de finca

Líder comunitario

Minero (a)

Servicios Domésticos

Funcionario público

Pescador

Ganadero (a)

Carpintería

Servicios Educativos

Desempleado (a)

Líder Comunitario

Vigilante

Ex AUC

Ama de Casa

Obrero de construcción

137

Estudiante

150

Servicios en Salud Político (a)

Servicios en transportes

161

Músico

Vendedor Ambulante

162

Fotógrafo (a)

Comerciante

235

Obrero

387

11%

Oficios varios

405

11%

Sin Información

585

16%

Servicios de Comunicación

Pensionado (a)

Abogado (a)

Gráfico No 16. Fuente: Tabla No 13.2. Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Campesino (a) - Agricultor (a) TOTAL

846

23%

3602

100%

Tabla No 13.2. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.

Víctimas y violencia en las regiones de Antioquia. 27

“Mirada aproximativa a partir de la sistematización de los formatos de la Fiscalía “

2.3.1. Introducción y contexto Con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y de la discusión de los contenidos de la ley 975, llamada de Justicia y Paz, se abrió un debate en el país sobre los derechos de las víctimas de la violencia paramilitar, sobre la importancia de que se juzguen los crímenes cometidos y se supere la impunidad (allí se ubica la conveniencia o no de la extradición), el que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad (quiénes son los responsables, dónde están los desaparecidos), se repare a los millones de víctimas existentes (más de cinco millones, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en el país hay cerca de cuatro millones 200 mil desplazados) y sobre todo que no se vuelva a repetir el horror. Comenzaron a surgir en el país distintas organizaciones de víctimas y en Antioquia a la par que se instaló la oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ésta empezó a realizar jornadas de información y recolección de información sobre los hechos cometidos por los grupos paramilitares en las diversas subregiones del departamento y diversas organizaciones de derechos humanos promovieron y apoyaron la organización de las víctimas en las subregiones.

2.3.2. Perfil de las víctimas 2.3.2.1. Perfil Socio-económico de los sobrevivientes o denunciantes Partiendo de las fichas con la información de la Fiscalía (4.108) da el siguiente perfil de las víctimas sobrevivientes o que ponen la denuncia. Metodólogicamente se retomarán, de manera general, datos y análisis del numeral anterior para entrar al análisis subregional. 27 Documento elaborado por Jesús William Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación, para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB, Victimas Violencia y Despojo.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Mujeres

81.8

80.3 69.8

URABÁ

NORTE

BAJO CAUCA

SUROESTE

ORIENTE

VALLE DE ABURRÁ

OCCIDENTE

NORDESTE

MAGDALENA MEDIO

PERFIL

GENERAL

Título: Perfil general y por regiones

84 76.3

68.3 72.5 77.8 73.8

57.9

51 53.3 60.4 60.5

59.7 67.3 50.1 60.5

42.5

40.1

38.5 39.2 37.7 43.5

40.3 63.5 39.2

82.1

83.3

83.2 79.5

80.5 77.4 81.3

83.4

88.8

85.5 75.9 92.4 76.6

26.9

20.3

31.7 20.3 39.2

68.8

69.8

72.5 54.7 67.9 65.9

64.8

Educacion a lo sumo primario Casado o en unión libre

Edad entre los 31 y 70 años Núcleo familiar primario o básico Multiples afectaciones Ama de casa, desempleada y

88.4 53.9

80 85.4 33 23.8

71 69.9

oficios varios Tabla No 14. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

2.3.2.2. El perfil general de quien pone en conocimiento los hechos: 77% son mujeres. 59% analfabetos con primaria o primaria incompleta 42,5% tienen pareja (cónyuge o compañera(o) permanente) 82.1% en un rango de edad de los 31 a los 70 años, promedio de 47,5 años. 83,4% de los que ponen en cocimiento el hecho es el núcleo familiar primario o básico (madre, hermano, padre, hijo, cónyuge, compañero(a) permanente, víctima directa). 26,9% tienen múltiples afectaciones, es decir, ha sufrido más de una violación de sus derechos. 28 29 30

Un 23,7% son viudas. Un 18% son viudas Hay 41,3% sin información.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

68,8% no trabaja (ama de casa o desempleado), 26,5% empleo informal, 83.6% no tiene relación laboral estable. 83.6% no tiene relación laboral estable. El 75,6% gana menos de un salario mínimo mensual legal vigente. El 66% esta en el régimen subsidiado de salud y el 24,6% en el contributivo, si tenemos en cuenta las fichas socio económica (5.823).31 El perfil socio-económico muestra un grupo de personas mayoritariamente campesinos, de estratos bajos, con bajo grado de escolaridad, educación primaria a lo sumo, sin un trabajo decente, pues la mayoría está en la informalidad, con ingresos igual o menor al salario mínimo legal mensual, con una edad promedio de 47,5 años. Son un conjunto de personas a las cuales no se las ha garantizado sus derechos, personas excluidas del desarrollo, con un conjunto de derechos por realizar, a lo cual se le suma la reparación por la violación de sus derechos por causa del conflicto armado y por el daño causado. En el primer caso tenemos un grupo de personas en iguales condiciones que millones de habitantes del país que están bajo la línea de pobreza y en la miseria sin sus derechos humanos garantizados, y del otro lado tenemos a una parte de esos millones de personas que, además de sufrir la exclusión, han padecido los efectos directos del conflicto armado, lo que agudizó sus condiciones socioeconómicas y violaciones a sus derechos y que ahora reclaman a la vez saber la verdad, la condena de los responsables y la reparación del daño causado. Son estos seres humanos que no han podido acceder al ejercicio del derecho a la educación, a un trabajo decente, a la salud, a la vivienda, etc., los que no cuentan con recursos para ejercer el derecho a la participación en los procesos de Justicia y Paz y para tener acceso a la justicia y reclamar sus derechos como víctimas. Este perfil socioeconómico es importante para proyectar las medidas de reparación integral de carácter individual en las que se tenga en cuenta el enfoque diferencial: de un lado partiendo del hecho de que la mayoría de las víctimas sobrevivientes son mujeres, cabeza de familia, pero a su vez que, de acuerdo con el territorio, existen unas características socioeconómicas, diferenciadas frente a otros, el mayor peso en unas regiones de las uniones libres sobre los matrimonios o de cómo se han configurado las familias.

31 En otros aspectos se presentan diferencias importantes en ambas muestras: mientras en una el oficio de ama de casa es del 55,4% en la otra es del 19,4%. Oficios varios en la primera es del 11,7% y en la segunda es del 20,3%. Sin información en la primera hay el 5,9% y en la segunda el 17,6%; en cuanto al género en la primera es del 77% y en la segunda del 67,7%.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Al mirar las subregiones de Antioquia es el Oriente donde se denuncian más afectaciones (39,8%) sobre la persona, seguidos de Norte y Occidente. Donde más aparece la pareja (unión libre o casados) es en el Bajo Cauca. Lo mismo donde el nivel educativo es más bajo. Tres regiones están por encima del 70% en relación con el oficio de amas de casa, oficios varios o desempleados: Nordeste, Bajo Cauca y Urabá 2.3.2.3. Perfil general de la víctima directa El perfil de la víctima directa se ha tomado en relación a las víctimas cuyos hechos ocurrieron el departamento de Antioquia 32. Sexo de la víctimas directa, se contrasta el perfil de quienes ponen en conocimiento el hecho ante la Fiscalía, que son un poco mas de tres cuartas partes mujeres, con la víctima directa denunciada, que, al contrario, son cerca de nueve de cada diez son hombres. Según el oficio de la víctima: Se destaca el grupo de los campesinos agricultores con el 23,5%, seguido de los oficios varios con el 11,24% y los obreros con el 10,74%. Comerciantes con el 6,52% seguidos de los vendedores ambulantes con el 4,5%, de los trabajadores del transporte con un 4,47% y los estudiantes con un 4,16%, los obreros de la construcción con un 3,8%. Las amas de casa aparecen con un 2,6%. Según la edad de las víctimas, Las víctimas directas son un 37% niños y jóvenes, un 51,8% adultos entre los 26 y los 60 años y 2,9% adultos mayores de 60 años. De las víctimas directas no tienen información de la edad el 8,38%.

2.3.3. Victimizaciones y territorios Una mirada al país en relación con las víctimas y el tipo de violación sufrida muestra la magnitud del problema. Retomando la fecha de 1964 fijada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como referencia y teniendo en cuenta las diversas cifras y fuentes existentes da el siguiente panorama:

Del total de fichas 3.602 son de Antioquia y 506 son de otros departamentos.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

TITULO: TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN VIOLACIÓN (1964 – 2007) TIPO DE VÍCTIMA SEGÚN VIOLACIÓN (1964 – 2007)

NÚMERO

619.930

Homicidios comunes (1964-2007)

50.785

Asesinatos (1964-2007) Desaparecidos (1964-2006) (Asfaddes)

9.339

“Intolerancia” social (CINEP)

6.509

Secuestro extorsivo (1964-2007)

30.374

Desplazados internos (1964-2007)

4.325.558

Terrorismo (1964-2006)

2.375

Masacres (4.499 casos, 1964-2007)

24.642

Torturas (1966- 2007)

10.828

Amenazas (1997-2007)

8.609

Detenciones arbitrarias (1964-2006) CCJ Restitución de tierras (promedio entre CGN y otras

94.451 3.500.000

fuentes) en hectáreas. TOTAL

4.563.470

Tabla No 15. Fuente: Otero Prada Diego. Las Cifras del Conflicto Colombiano. Bogotá. Enero de 2007.

Las victimizaciones descritas, que no son todas, pues no incluyen las lesiones entre ellas las de minas, las producidas contra la libertad sexual o el reclutamiento forzado, produjeron 4 millones 563 mil 470 víctimas en el país, de las cuales 237.912 son diferentes a desplazamiento forzado y de ellas 93.650 son víctimas mortales. 2.3.3.1. Comparativo Por Subregiones

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

13,5 25,7

10,3 10,8

7,3

Desplazamiento forzado

10,8

3,3

8,3

13,3

4,5

15,9

Amenazas

7,9

3,5

8,0

9,0

7,7

Tortura

4,8

4,1

7,3

3,2

3,4

87,1 86,1

91,9

SUBTOTALES

90,3 91,3

Urabá

Desaparición forzada

Norte

69,0

Bajo cauca

49,8

Suroeste

Valle de Aburrá

53,2

Oriente

Occidente

53,3 54,7

General

Homicidio

Victimización

Nordeste

Magdalena Medio

Titulo: Victimizaciones por subregiones, porcentaje

45,8

51,1

30,7

52,4

57,4

9,8 15,3

14,4

9,5

13,3

6,3

27,8

8,3

9,2

12,5

5,3

13,2

5,2

6,0

5,2

7,4

4,4

6,3

4,9

90,5 81,7

90,8

87,2 85,4

Otras: lesiones, secuestro, violencia sexual, reclutamiento, hurto, actos de terrorismo,

9,7

8,7

12,9

13,9

8,1

12,8

14,6

9,5

19,3

9,2

minas antipersonal.... Tabla No 16: Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

Valle de Aburrá encabeza las regiones donde ha habido más homicidios seguidos de Urabá. Un nivel intermedio lo representan Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Suroeste y el nivel más bajo lo representan Occidente, Oriente y Bajo Cauca. Magdalena Medio es indiscutiblemente la región con más desaparecidos así como Bajo Cauca es la región con mas desplazados forzados y amenazados y Suroeste y Nordeste encabezan las torturas. 2.3.3.2. Entre la realidad y la imagen de las victimizaciones Al mirar homicidios y desaparición forzada, que son el 66,8% de las victimizaciones, frente al caso del desplazamiento forzado, 10,8% de las victimizaciones, tanto general como por subregión, se percibe una imagen de víctima referida fundamentalmente a quienes han perdido un ser querido que mueve a los familiares a ir reclamar ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el carácter de víctima.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Este es un contraste con la realidad, pues mientras dos terceras partes de las victimizaciones registradas corresponden a homicidio y desaparición forzada, la realidad del país y de la región es que el desplazamiento forzado33 representa unas tres cuartas partes de las víctimas del conflicto armado. Esta situación corresponde a un imaginario general de las personas que no ven en esta agresión un delito por parte de los grupos armados y el Estado, a que esta situación se esté tratando como emergencia humanitaria por parte de las agencias del Estado y como tal objeto de “ayudas de emergencia” para paliar la situación. También puede explicarse por una cultura no centrada en la exigibilidad y 'justiciabilidad' de los derechos y especialmente el considerar unos derechos como más prominentes y de primer rango como la vida frente a otros, que podrían ser de segunda categoría. Existen otros tipos de victimización, que no son muy reconocidos y que tampoco se expresan mucho en los hechos denunciados pero que son muy importantes por sus implicaciones en poblaciones específicas: la violencia sexual (9 casos), el reclutamiento forzado (7 casos), las minas antipersonal (7 casos) y el genocidio (2 casos). Cabe otra reflexión sobre la cantidad de personas afectadas por el conflicto armado en el país, las víctimas,34 de las que un 2,5% de ellas se ha acercado a las diversas instancias del Estado a registrarse como víctimas para iniciar el largo camino de la reparación y que muestra la brecha entre la realidad y la “conciencia” del fenómeno. En el lenguaje corriente la víctima hace referencia a “todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio….En derecho penal la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito”. Cada país construye un imaginario de quién es víctima. Argentina puso en el centro a los desaparecidos durante la dictadura militar y a las Madres de la Plaza de Mayo como las luchadoras incansables por su aparición; en Chile son los torturados y desaparecidos los que nos traen a la memoria la dictadura de Augusto Pinochet. En Perú la Comisión de la Verdad habló de los asesinatos y desaparecidos. En Colombia no es muy claro el consenso, pero habría que partir al menos de los que reconoce el decreto 1290 de abril de 2008 sobre reparación administrativa como víctimas: los homicidios (por causas políticas), los desaparecidos, los secuestrados, los desplazados forzadamente, los que han sido víctimas de la tortura, los que han sufrido lesiones personales y atentados contra la libertad sexual. Una aproximación más completa se encuentra en las definiciones estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.36 33 El desplazamiento forzado en el país era de 2.414.000 según el RUPD y de 386.000 en Antioquia según el Sipod a comienzos de 2008. 34 Las víctimas en contextos de conflicto armado hace referencia a los delitos por la violación grave de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de abuso de poder, y se refiere a los individuos que han sido afectados en sus derechos o en el caso del derecho a la vida a los sobrevivientes lo mismo que en la desaparición forzada; también las víctimas pueden ser organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos en alguno de sus bienes como se desprende del Estatuto de Roma para lugares dedicados a la religión, las artes,..y hospitales que tengan fines humanitarios. No tiene aún mucho peso en el país la discusión sobre las víctimas colectivas (organizaciones e instituciones) que han sido afectadas por graves violaciones de derechos humanos y por el conflicto armado. 35 http://es.wikipedia.org/wiki/Víctima 36 Allí se describen las 14 principales violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el contexto del conflicto colombiano: desaparición forzada, secuestro, homicidio, genocidio, desplazamiento forzado, detención arbitraria y violación del debido proceso, reclutamiento forzado, tortura, violencia sexual y reproductiva, lesiones y tratos inhumanos y degradantes, actos de terrorismo, actos de barbarie, destrucción de bienes culturales y lugares de culto y minas antipersonal.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.3.3. La intensidad de la violencia por regiones Al mirar el cuadro de las victimizaciones sugiere que hay unas regiones en Antioquia donde la violencia se centró en eliminar al opositor, desaparecer el sujeto de contradicción, una violencia homicida, una especie de “violencia dura” frente a otras regiones donde la violencia se centró más en la violación de otros derechos, en sacar a la persona del territorio, en avisarle, regiones donde habría una “violencia más blanda”. Titulo: Intensidad de la violencia por regiones En los primeros encontramos a:

Homocidios Desaparición Forzada

Magdalena Medio

80,4%

Valle de Aburrá

76%

Urabá

70,7%

Suroeste

66,4%

Nordeste

63,5%

En los segundos

Desplazamiento Amenazas

están: Bajo Cauca

27,8%

13,2%

Oriente

15,9%

12,5%

Occidente:

13,3%

9,0%

Tabla No 16.1: Fuente: Fichas de la Fiscalía Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

2.3.3.4. Violencia más endémica o más concentrada En Colombia se inició un ciclo largo de violencia a mediados de los años 40 del siglo pasado con periodos más cortos de agudización. El primer ciclo que enfrentó a liberales y conservadores, conocido como La Violencia, luego de más de 200 mil muertos, configuró el acuerdo del Frente Nacional como rotación entre ambos partidos y exclusión del resto. Al mirar los ciclos de la violencia a partir de los años de ocurrencia del hecho, se encontraron algunos registros desde los años 50 e incluso antes en algunos casos, pero la mayoría se concentró a partir de mediados de los años 80. Por los períodos de mayor agudización de la violencia medida por los hechos denunciados, se puede establecer que hay tres regiones donde la violencia es de más larga duración (Magdalena Medio, Urabá y Suroeste), es más endémica y otras donde se concentró más en un período corto de tiempo (Oriente, Bajo Cauca) y Valle de Aburrá está quizás más cerca de la primera que de la segunda.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.4. Año de ocurrencia de los hechos por subregiones 2.3.4.1 Magdalena Medio: Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Magdalena Medio. 29

27 23

21 21

18 15

13 13 14

12 12

20 17 16

12 11

fo . in

Si n

85 19 86

Gráfico No 17. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

2.3.4.2

Uraba: Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Urabá.

137

143 113 97

39 14

Si 07 n in fo .

02 20

01 20

00 20

99 19

98 19

97 19

96 19

95 19

94 19

92 19

91 19

90 19

88 19

Gráfico No 18. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.4.3. Suroeste Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Suroeste. 17

13 12

10 8

6 5 4 2

fo .

in n Si

06 20

96 19

Gráfico No 19. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Magdalena Medio es la subregión de Antioquia donde se mantiene un nivel de violencia no muy alto pero si constante entre 1983 y 2006; Urabá en un periodo de 16 años (1990-2005) siempre está por encima de los 20 hechos y entre 1992 y 2000 por encima de 50 hechos con un pico entre 1995-1997; en Suroeste se destaca el período entre 1996 y 2003. 2.3.4.4 Oriente Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Oriente Antioqueño. 58 51 41

21 12

10 4

07 Si n in

04 05 20

02 20

99 19

98 19

97 19

96 19

95 19

94 19

92 19

89 19

88 19

fo .

Gráfico No 20. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.4.5. Bajo Cauca Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Bajo Cauca.

45 41

24 16

19 13

fo . n

06 20

05 20

99 19

16 17

89 19

88 19

87 19

Gráfico No 21. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

2.3.4.6. Valle de Aburrá Titulo: año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Valle de Aburrá. 96 87 78 67 49 42 32 18 8

21 22 8

85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 85 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 Si 20 n in fo 07 rm ac ió n

83 19

28 31

Gráfico No 22. Fuente: Ficha de Fiscalía. Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCIÓN SOCIAL Proyecto de Tierras – USB – IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

2.3.5. Municipios y violencia en Antioquia A partir de los cuadros de los hechos presentados por subregión se construye el cuadro de los cinco municipios donde más casos de violencia se presentaron y fueron denunciados. En la tabla 17 está representado el 36% de los municipios del departamento distribuidos a lo largo de las nueve subregiones. 2.3.5.1. Municipios con más hechos violentos por subregión Titulo: municipios con más hechos violentos por subregión. SUBREGIÓN

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2 MUNICIPIO 3 MUNICIPIO 4 MUNICIPIO 5

Tabla 17: Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto TierrasUSB- IPC.

Al mirar el cuadro horizontalmente se encuentra que, en orden descendente, los municipios donde más hechos ocurrieron y han sido denunciados, mientras que observando el cuadro verticalmente vemos las regiones y municipios donde menos hechos homicidios se presentaron y fueron denunciados. Es, si se quiere, una clasificación de la barbarie y el horror regional. También el cuadro sugiere las diferencias entre las regiones del departamento: unas donde la intensidad del conflicto fue mayor que en otras. A su vez, en cada subregión hay unas zonas donde se expresa más el conflicto: en Valle de Aburrá, en Medellín y norte del Valle de Aburrá; en Urabá, los municipios del Eje Bananero; en Oriente la zona embalses y bosques. 2.3.5.2. Municipios más violentos Al ordenar los diez municipios donde más hechos se presentaron, al tener en cuenta las cifras absolutas, quedarían así:

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Municipios más violentos. HECHOS HECHOS MUNICIPIO MUNICIPIO VIOLENTOS VIOLENTOS Medellín 561 Chigorodó 127 Apartadó

349

El Bagre

121

Puerto Berrío

317

Carepa

Turbo

270

San Carlos

Necoclí

164

Bello

Tabla 17.1: Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

Son cinco municipios de Urabá, dos del Valle de Aburrá y uno de Magdalena Medio, Bajo Cauca y Oriente. Las cifras relativas en relación con los habitantes, es decir, hechos violentos por cien mil habitantes, quedaría así: 37 Titulo: Municipios más violentos en relación al número de habitantes. Por cien mil Por cien mil MUNICIPIO MUNICIPIO habitantes habitantes Puerto Berrío 814.0 Turbo 219.9 San Carlos

513.3

Chigorodó

213.1

Necoclí

336.9

Carepa

183.1

El Bagre

285.7

Medellín

25.2

Apartadó

259.3

Bello

17.1

Tabla 17.2: Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

Contrario a lo que se piensa, hoy los municipios más violentos serían: Puerto Berrío, que estaría al tope de los diez con el primer lugar, seguido de San Carlos, ambos con un indicador por encima de los 500 hechos por cien mil habitantes; en un segundo grupo están Necoclí, El Bagre, Apartadó, Turbo y Chigorodó, con un indicador entre 200 y 500 hechos por cien mil habitantes; en el tercer grupo por debajo de 200 hechos por cien mil habitantes están los dos municipios del Valle de Aburrá y Carepa. 2.3.5.3. Regiones con más hechos denunciados Al comparar las cifras relativas, Magdalena Medio ocupa de manera indiscutida el primer lugar, seguido de lejos por Urabá y en la parte media estarían Nordeste, Bajo Cauca y Occidente. 37 Los hechos sucedieron en un período largo de tiempo y para la comparación se tomó como base de referencia la población de los municipios y regiones del censo 2005.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Regiones con hechos más denunciados. REGIÓN

HECHOS (5 PRIMEROS MUNICIPIOS)

REGIÓN

Urabá

990

Urabá

Valle de Aburrá

687

Magdalena Medio

TOTAL HECHOS

HECHOS POR 100.000 HABITANTES

1117

219.5

Valle de Aburrá

699

21.1

423

Magdalena Medio

433

435.3

Bajo Cauca

262

Bajo Cauca

329

62.1

Oriente

169

Oriente

269

109.2

Nordeste

142

Nordeste

208

122.5

Occidente

138

Occidente

199

101.6

Norte

112

Norte

176

75.2

Suroeste

139

37.4

Tabla No 18. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

2.3.6. Los responsables a quienes se les atribuyen los hechos 2.3.6.1. Los grupos responsables En la tabla 19 sobre los responsables de los hechos muestra que el 84,6% sabe quién fue el responsable de los hechos de que fue víctima, así un porcentaje similar no pueda individualizar el responsable directo (nombre de la persona o el alias) más allá de la denominación general (paramilitares, AUC o guerrillas-FARC, ELN, Ejército, bandas o combinaciones de ellos) o a lo sumo el nombre del bloque específico (Bananero, Metro, Cacique Nutibara...). Esa tarea de individualizar a los responsables es propia de los organismos de investigación del Estado que tienen por delante una gran responsabilidad en esas identificaciones. Frente a los grupos responsables caben unas reflexiones: mientras las guerrillas (FARC y ELN) llevan más de dos décadas de escuchar sus nombres y varios frentes como el 5, el 47 o el Carlos Alirio Buitrago, a los paramilitares se les reconoce yescucha solo en los últimos 10 años y los nombres de sus bloques y frentes en un período menor especialmente de cara a presentarse ante la sociedad en el proceso de reinserción y muchos sin continuidad territorial. El paramilitarismo estuvo por más de dos décadas negando su existencia y eso mismo repetían las autoridades. Fueron muchas las siglas que aparecieron (Muerte Revolucionarios del Nordeste (MRN), Muerte a Secuestradores (MAS), Colsingue, etc.) en Antioquia y en el país sin aparente relación ni conexión hasta que surgieron

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

1994, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hasta el año 2000, las AUC estuvieron conformadas por seis grupos: además de las ACCU, estaban las Autodefensas Campesinas de los Llanos Orientales, las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca, las Autodefensas Campesinas de Casanare, las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.38 Si bien ha habido continuidad en el fenómeno político en los últimos 27 39 años tiende a diluirse o eludirse la responsabilidad individual en el mar de siglas sin conexión aparente o en lo efímero de algunas. La tabla 19 muestra que los paramilitares aparecen en un 77,4% como responsables de los hechos que se corresponde con la situación actual de la ley 975, que convoca a las víctimas del paramilitarismo a registrarse y exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La guerrilla40 solo aparece relacionada claramente en un 3,6%. Es decir, las víctimas actuales son las víctimas del paramilitarismo. También el cuadro señala unas combinaciones inimaginables de posibles responsables como una combinación de paramilitares y guerrillas, un 1,6%, que pueden responder a que se hicieron de manera conjunta o que las personas no diferencian unos de otros. Titulo: Responsables de los hechos Responsables de los hechos

Cantidad

Total

4108

Porcentaje

100%

Tabla No 19 Fuente: Fichas de la Fiscalía -Procesamiento: Convenio CNRR - ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC. 38 Romero Mauricio. Paramilitares y autodefensas 1982-2003. IEPRI. Bogota, junio de 2003. 39 Representantes del Gobierno señalan que desde la última desmovilización de los paras en el 2005 se acabó el paramilitarismo y que ahora lo que hay son bandas emergentes, criminales o narcotraficantes. 40 Por estar dirigido las fichas de la Fiscalía al “Registro de Hechos Atribuibles a Grupos de Autodefensas Desmovilizados Colectivamente”, las víctimas del paramilitarismo, algunos funcionarios no reciben los hechos cuyo responsable fue la guerrilla.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Fotografías; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación , Regional Antioquia.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.6.2: Los Responsables Individuales Bajo Cauca

Norte

Urabá

305

170

133

909

179

102

Medio

Total 493

7 1 (El Mono, El (Nano) Primo, El Zorro, John Jairo Cevera, José Martínez, León, Munrra)

75 (Conrado Pérez, Pelusa, Memín, Pablo, Pelusa)

Suroeste

581

Oriente

123

Aburrá

161

Valle de

Occidente

348

Magdalena

Sin Info. 2810

Frecuencia

Nordeste

Titulo:Los Responsables Individuales

16 7 4 2 (Cuco (Chilapo, (Cabellón, 3 (Arbolito, Vanoy, (El Pana, (Alberto, Cara Pablo) El Costeño, El Flaco, Esmeraldo, de Vieja, Don Cuca, el Jaime, Juaco, El Calvo, Abuelo, El El Mocho, Julián Simpson) Ñato, Félix El Torcido, López) El Chico, El Páez, Martin, Flaco, El Jaime Víctor) Marrano, El Montiel, Ñato, El Zarco, Niche, El Tigre, El Yesid) Viejo, Guillermo, Motosierra, Pablo, Richard, Valentín)

3 (Botalón, el

Muho, Vaquero)

(Halcón, Esteban

El Caballo,

Ramón

Mendoza

Isaza

Micolta)

1 2 (Noventa, El Zorro Brayan)

El Enano Don Berna 1 Cobra

1 Pablo

4 (Chayan, El Burro, Guapacho,

Hermidez

Chupadero

1 Nilo

El Abuelo 1 Ramón

2 Doble W, Noventa

1 El Alemán

El Guajiro 1

Daladier

Macaco

Mono Veloza

Noventa

Cocalo

1 Ramón Isaza 1 Pilatos

1 René

Tabla No. 20. Fuente: Fichas de la Fiscalía Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto TierrasUSB- IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO El Oriente se destaca por la falta de individualizar los responsables seguidos de Nordeste y Occidente, mientras que en Urabá y el Valle de Aburrá es donde más se conocen los alias o los responsables individuales. De otra forma, al mirar los alias o nombres que aparecen, se reconocen algunos sobre los cuales ha circulado más información por los medios de comunicación (Ramón Isaza, El Alemán, Don Berna, Macaco, Cuco Vanoy, Monoleche, Mono Veloza) y otros que tienen mucho más significado regional (René, Memín, Botalón...) o nombres que se repiten mucho sin que hayan trascendido más allá de sus regiones (Gabriel y Cepillo que son nombrados más de 20 veces cada uno en Urabá).

2.3.7. La ruta del despojo El despojo41 mirado a través de la información recolectada de las fichas de Fiscalía, diligenciadas por las víctimas, muestra tres grupos: el apropiamiento de los bienes inmuebles (fincas, casas, apartamentos, locales comerciales, minas, predios, lotes, parcelas...); el despojo de animales, cultivos y alimentos; la apropiación de bienes muebles (muebles, enseres, maquinaria, vehículos, mercancía...) que son una pequeña muestra de los intereses en juego por parte de los grupos armados. Mirar los intereses en disputa, el control territorial, los grandes proyectos existentes o desplegados sobre el territorio, los corredores estratégicos o rutas de interés, las áreas de cultivo legal o de uso ilícito ubica la lectura de la dinámica del conflicto va más allá de una mirada de la maldad y se sitúa en identificar los intereses presentes en el accionar de los grupos armados (de dónde extraer rentas para su sostenimiento) en un territorio, tanto de las lógicas del sostenimiento del grupo armado como del interés por enriquecimiento propio (que es una de las diferencias entre los grupos narco-paramilitares que han operado en el país y los grupos guerrilleros). El despojo de la tierra implica la pérdida del derecho al disfrute a un bien que a su vez está asociado al derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación y al domicilio y en general al derecho a una vida digna. 2.3.7.1. Afectaciones al patrimonio, bienes inmuebles La expropiación forzada hace referencia a una modalidad de despojo de la tierra en la que un grupo armado, apoyándose en la fuerza, la coacción y el miedo que infunde, obliga a otros abandonar sus propiedades, a cederlas en usufructo o a venderlas temporal o definitivamente. Es una expropiación ilegal sin indemnización o con 41 Despojo es entendido como “acción o actividad ejercida para sacar de la órbita del patrimonio de una persona un bien con el propósito de apropiárselo de manera ilegal... para el caso del despojo de tierras, éste se entiende como la acción por medio de la cual una persona se le priva arbitrariamente de su propiedad, posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro derecho que ejerza sobre un predio, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado. El despojo puede ir acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este último, en el despojo hay una intención expresa de apropiarse del predio”. Articulo 55 proyecto de ley 157 de 2007 del Senado. Además del despojo la afectación al patrimonio puede ser: pérdida entendida como desaparición total o parcial de los activos patrimoniales de una persona, menoscabo entendido como deterioro o depreciación del valor de los activos de una persona, o despatrimonialización...

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

indemnización parcial. El cuadro presenta una descripción general de los casos en los que se denuncian inmuebles despojados por subregión, que expresan una pequeñísima parte de los bienes que le han sido expropiados a las víctimas del conflicto armado en el país, especialmente de las tierras. La cantidad de bienes despojados es relativamente pequeña, no supera el 10% de las declaraciones en los formatos de Justicia y Paz, quizás porque los hechos denunciados son principalmente homicidio y desaparición forzada y, en menor proporción, el desplazamiento forzado; o porque la forma de despojo fue indirecta (venta a menor precio, venta bajo amenaza, no posesión de título de propiedad…).

Urabá

Norte

Bajo Cauca

Suroeste

Oriente

Aburrá

Valle de

Occidente

Nordeste

medio

Magdalena

General

Tipo De bien

Titulo: Afectaciones al patrimonio, bienes inmuebles

TOTAL

311

40 9

99 12 87

Tabla No 21. Fuente: Fichas de la Fiscalía.- Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Este cuadro muestra que sobre el total de 311 casos denunciados, la intensidad del despojo fue más alta en Bajo Cauca, seguida de cerca de Urabá, un nivel intermedio representado por Oriente, Occidente y Valle de Aburrá y un tercer nivel más bajo Magdalena Medio, Norte, Nordeste y Suroeste. Si se desglosan los casos y se agrega el tipo de inmueble despojado, muestra que el despojo estuvo encabezado por las fincas, las casas, las casa-finca y los lotes (predios o parcelas), seguido por los locales comerciales. Las minas son otro bien apetecido por los grupos armados. En la muestra analizada es bajo el despojo de bienes inmuebles en Magdalena Medio, Norte, Suroeste y Nordeste, que contrasta un poco con la agudización del conflicto especialmente en el Magdalena Medio.

2 1

1 16

4 4

3 4 1

15 14 9 1 2 1 1 43

37 32 14 2 29 3

9 1 1 1

117 12

Urabá

5 4 1 2

Norte

Bajo Cauca

6 11 3

Suroeste

7 2 1 2

Oriente

Occidente

2 2 3

Valle de Aburrá

Nordeste

Finca 42 129 Casa 101 43 Casa - Finca 37 Mina 8 45 Lote 60 Local comercial 26 Edificio 1 Apartamento 1 TOTAL 363

Magdalena medio

General

Tipo De bien

Titulo: Afectaciones al patrimonio, bienes inmuebles, agrupados.

47 19 5 1 20 10

102

Tabla 21.1: Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

42 Acá se incluye también desagregado donde hay finca y mina, finca y predio, los casos de tres fincas se suman como tres fincas no como un caso, igual para dos fincas. 43 Casa finca incluye finca casa y se desglosa donde está con otro bien. 44 Acá se incluyen también los predios y las parcelas.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.7.2. El despojo municipal y por subregión Titulo: El despojo municipal y por subregión SUBREGIÓN

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2 MUNICIPIO 3 MUNICIPIO 4 MUNICIPIO 5

1 mina).

Tabla No 22. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

El mapa de los municipios con más violencia homicida coincide en las dos terceras partes con los municipios donde hubo más despojo de bienes inmuebles. De otro lado el despojo de bienes inmuebles mostrado en el cuadro representa el 90,9% del número de inmuebles denunciados en el departamento.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO El mapa de los municipios con más violencia homicida coincide en las dos terceras partes con los municipios donde hubo más despojo de bienes inmuebles. De otro lado el despojo de bienes inmuebles mostrado en el cuadro representa el 90,9% del número de inmuebles denunciados en el departamento. Titulo: municipios donde más inmuebles despojados se presentan. Municipio

Municipio

Inmuebes despojados

Tabla No 22.1.Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

2.3.7.3. Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales)

Animales domésticos

Animales domésticos-

Urabá

Norte

Animales

Bajo Cauca

Suroeste

Valle de Aburrá

Semovientes-animales

Oriente

Occidente

Tipo de bien

General

Nordeste

Magdalena Medio

Título: Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales).

domésticos

cultivos Cultivos Animales-cultivos

6 1

Semovientes-cultivos

3 2

13 22

Semovientes-animales domésticos-cultivos

1 1

Alimentos Subtotal

193

Muebles

Muebles y dinero

Vehículo

Enseres

Dinero

Muebles - Enseres

8 2

4 1

Maquinaria - Herramientas

Urabá

Norte

Bajo Cauca

Suroeste

Oriente

Valle de Aburrá

Occidente

Nordeste

Magdalena medio

General

Tipo De bien

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mercancia

Abarrotes - Enseres

Mercancía - Enseres

Documentos

2 1

Materiales Maquinaria

Dinero - Enseres -

Accesorios

Maquinaria - Herramientas Motores

Vehículo - Maquinaria

Vehículo - Mercancía

Vehículo - Enseres

Enseres - Herramientas

Muebles - Mercancía

Subtotal

113

Total Casos

306

119

Tabla No 23. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

Al organizar el cuadro anterior por el tipo de bien afectado muestra que sigue siendo el Bajo Cauca, Urabá y el Oriente las regiones en donde más perdieron bienes las víctimas así: el 39% lo representa Bajo Cauca, el 18,7% Urabá, el 12% el Oriente.

Occidente

Valle de Aburrá

Oriente

Suroeste

Bajo Cauca

Norte

Urabá

Animales domésticos

Cultivos

Animales

Alimentos Subtotal

General

123

Tipo De bien

Nordeste

Magdalena medio

Titulo:Afectación de bienes muebles y de la actividad productiva (cultivos, animales) agrupados.

1 312

1 6

140

Documentos

Enseres

Dinero

Vehículo

Urabá

Abarrotes

Norte

Suroeste

Oriente

Occidente

Valle de Aburrá

Nordeste

Bajo Cauca

Mercancía

Magdalena medio

Muebles

General

Tipo De bien

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

2 1

3 4

Herramientas

Materiales

Maquinaria

Accesorios

Motores

Subtotal

132

444

173

Total Casos

1 1 1

1 1

Tabla No 23.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC.

No solo es importante el analizar el despojo de los bienes inmuebles que afecta especialmente la posibilidad de producción del campesino que, según el perfil, es el mayormente afectado, sino que estas personas también fueron despojados de animales, animales domésticos, cultivos, muebles y enseres, herramientas, maquinaria que son muy importantes para ellos y que los afecta grandemente.45

2.3.8. Las victimizaciones en cada una de las subregiones del departamento 2.3.8.1. Magdalena Medio 2.3.8.1.1. Río de contrastes El Magdalena Medio es un río de contrastes. En el primer tercio del siglo XX, el movimiento obrero y el primer partido de la izquierda recorrieron sus aguas y sus puertos desde Barrancabermeja, pasando por Puerto Berrío y Puerto Nare, en Antioquia, hasta La Dorada, en Caldas. Pero también en su territorio surgieron y consolidaron el proyecto paramilitar, de sur a norte, en el último cuarto del siglo XX, lo que tiñó de rojo las aguas del Magdalena. 45

Basta recordar la anécdota del robo de las gallinas a los campesinos que relata Tirofijo, que es parte del inicio de las FARC.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

De acuerdo con Sandra Miled Hincapié, en su libro ”Democracia y poder constituyente: movimiento constituyente de Antioquia”,46 por el territorio del Magdalena Medio tuvieron presencia movimientos políticos como el UNIR, el MRL, el Frente Unido, el Moir y la Anapo y luchas cívicas en Puerto Berrío en mayo de 1977 y el movimiento cívico en Yondó entre 1982 y 1992. El Partido Comunista tuvo importante presencia en el concejo municipal de Puerto Berrío (siete concejales) y Puerto Boyacá (seis concejales). Las FARC se establecieron en la región del Magdalena Medio desde el año 1965, con la presencia del frente 4 comandado por Martín Villa y Ricardo Franco, que hasta 1975 tiene poca presencia. Luego surgió el frente 11. En 1983 nació la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) con “dos finalidades para desarrollar en esta zona del país: la defensa político militar de la región y la creación de un espacio de ayuda socioeconómica a los habitantes que soportan las más difíciles condiciones de vida, inscritos en la política de lucha antisubversiva”.47 Acdegam promovió no solo la educación, la salud, la participación en los gobiernos locales, las vías de comunicación sino la “autodefensa”, pues para ejecutar los “operativos militares Acdegam contaba con “escuelas” de preparación militar, instructores, un moderno armamento, un abundante parque automotor y un sofisticado equipo de radio comunicaciones, que le permitía movilizar al personal que estaba a cargo del aspecto militar y de vigilancia en distintos lugares de la región. Algunos de los instructores eran desertores de las FARC, militares retirados, con la asesoría de personal norteamericano e israelí” 48 . Inscrito en el liberalismo, en 1984 fue designado alcalde de Puerto Boyacá Luis Alfredo Rubio, quien desde una postura anticomunista y como parte del modelo contrainsurgente logró en 1988 reunir el “Frente de Alcaldes Antisubversivos” en el I foro de Alcaldes del Magdalena Medio, al que asistieron delegados de Cimitarra, Landázuri, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.49 De Acdegam harían parte Henry Pérez e Iván Roberto Duque. “El 6 de agosto de 1989, el narco-paramilitarismo dio a conocer a la opinión pública su intención de crear un movimiento político abiertamente anticomunista: el Movimiento de Restauración Nacional (Morena)”50 como una continuidad de Acdegam para participar en el poder regional y competir con los partidos liberal y

46 Hincapié Jiménez Sandra Miled. Democracia y poder constituyente: movimiento constituyente de Antioquia. IPC, Medellín, 2008, pagina 219. 47 Medina Gallego, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación, Caso de Puerto Boyacá. 1990. Pagina 219. 48 Ibíd., pagina 223 49 Ibíd., pagina 237. 50 Ibíd. pagina 331

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO conservador. Morena fue el resultado de la “acumulación de fuerzas” de la extrema derecha en Colombia en alianza con el narcotráfico y tuvo el “respaldo” de importantes sectores de la población campesina del Magdalena Medio y otras regiones de influencia”.51 En las elecciones de 2002 uno de los partidos emergentes fue el movimiento político Convergencia Popular Cívica, que elegiría al Senado a Carlos Arturo Clavijo y a la Cámara a Rocío Arias con el apoyo del Bloque Central Bolívar, de lo cual hay videos que muestran esa articulación, que entró al expediente de la parapolítica posteriormente.52 2.3.8.1.2. El homicidio y la desaparición forzada al centro. Las cuatro quintas partes de las victimizaciones son el homicidio (más en la categoría de asesinato) y la desaparición forzada. Titulo:Tipo de victimización, Magdalena Medio. Responsables de los hechos

Cantidad

Porcentaje

Homicidios

296

54,70%

Desaparición Forzada

139

25,70%

Tortura

4,10%

Secuestro

3,70%

Amenazas

3,50%

Desplazamiento Forzado

3,30%

Lesiones Personales

2,20%

Hurto

2,00%

Reclutamiento Forzado

0,40%

Actos de terrorismo

0,20%

Extorsión

0,20%

Violencia Sexual

0,00%

Actos de barbarie

0,00%

Destrucción de bienes de culto

0,00%

Detención arbitraria

0,00%

Genocidio

0,00%

Minas antipersonal

0,00%

541

100%

Total

Tabla No 23.2. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRRACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC. 51 52

Ibíd. pagina 332 López, Claudia. La ruta de la expansión paramilitar, página 333

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Tipo de victimización. Número de casos Magdalena Medio. Minas antipersonas

Genocidio

Detención arbitraria

Destrucción de bienes de culto

Actos de barbarie

Violencia Sexual

Extorsión

Actos de terrorismo

Reclutamiento Forzado

Hurto

Lesiones Personales

Desplazamiento Forzado Amenazas Secuestro Tortura Desaparión Forzada

18 19 20 22 139

Homicidios

296 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 23. Fuente: Tabla No 23.2 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC .

2.3.8.1.3. Los autores En el eje Puerto Boyacá-Puerto Triunfo-Sonsón estuvo uno de los orígenes del paramilitarismo, con figuras como Gonzalo Pérez y Henry Pérez, miembros de una misma familia en Puerto Boyacá, que contó con el apoyo de mercenarios extranjeros para el entrenamiento, como Yair Klein. Igualmente, Ramón Isaza y su familia en Sonsón, pero también en sus tierras Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar en los 80 no solo se hicieron a la propiedad de fincas sino que hicieron presencia y se aliaron con estos grupos paramilitares. En estas tierras surgieron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, responsables de muchos asesinatos de líderes de la Unión Patriótica en la región y uno de cuyos exponentes más conocido es Alonso de Jesús Baquero, más conocido como el negro Vladimir por las masacres cometidas por él. En la muestra de presuntos autores las víctimas evidenciaron saber que en general los autores son 77% paramilitares, pero solo un 20% en la región logró individualizar algún nombre o alias, y entre los más nombrados están Ramón Isaza, Ramón, Brayan, Noventa, Botalón.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titulo: Presunto autor de los Hechos. Magdalena Medio. RESPONSABLES DE LOS HECHOS

NÚMERO EQUIVALENTE DE CASOS PORCENTUAL

348

80,4%

Ramon isaza

Ramón

RESPONSABLES DE LOS HECHOS

NÚMERO EQUIVALENTE DE CASOS PORCENTUAL

El Tío

0,2%

2,1%

El Viejo

0,2%

1,4%

Esteban

0,2%

Brayan

0,9%

Fredy Cadavid

0,2%

Noventa

0,9%

Halcón

0,2%

Botalón

0,7%

Héctor

0,2%

El muho

0,7%

Javier

0,2%

Vaquero

0,7%

Jorge López

0,2%

El mono

0,5%

Julio

0,2%

El primo

0,5%

Pescado

0,2%

El zorro

0,5%

Plástico

0,2%

Jhon jairo cevera

0,5%

Botas

0,2%

José martínez

0,5%

Comandante

0,2%

León

0,5%

El colorado

0,2%

Munrra

0,5%

El marranero

0,2%

Carlos castaño

0,2%

El pecoso

0,2%

Cascarita

0,2%

Jara

0,2%

Chamorro

0,2%

Los muchachos

0,2%

Chilapo

0,2%

Muelas

0,2%

Chucho

0,2%

Mula

0,2%

Conejo

0,2%

Pablo

0,2%

Cuco Vanoy

0,2%

Perica

0,2%

Don José

0,2%

Piraña

0,2%

El Cabezón

0,2%

Proquero

0,2%

El Chelo

0,2%

Rasguño

0,2%

El Fiscal

0,2%

Rubén

0,2%

El Negro Alberto

0,2%

El Pato

0,2%

433

100%

Sin información

TOTAL

Tabla No 24. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.8.1.4. Una larga historia de violencia A partir de los hechos denunciados se puede ver que lo largo de 25 años (1982 - 2006), la violencia ha hecho presencia en el Magdalena Medio, lo que da cuenta de un fenómeno más permanente y menos coyuntural, es algo más estructural que expresa la presencia de actores e intereses asentados en la región y más de una generación que creció en un territorio en disputa o pacificado. Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Magdalena Medio. EDAD FREC. % EDAD FREC. % 1940 1955 1973 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1 2 1 1 1 1 8 13 10 13 13 14 22 12 12 15 12

0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,90% 3,00% 2,30% 3,00% 3,00% 3,20% 5,10% 2,80% 2,80% 3,50% 2,80%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

11 15 18 23 17 15 21 20 16 16 27 17 16 12 4 34 433

2,50% 3.50% 4,20% 5,30% 4,00% 3,50% 4,90% 4,60% 3,70% 3,70% 6,20% 4,00% 3,70% 2,80% 0,90% 7,60% 100,0%

Tabla No 25. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.1.5. Los bienes inmuebles despojados En la muestra aparece Puerto Berrío con cuatro casos y Maceo y Yondó con un caso.

EQUIVALENCIA PORCENTUAL POR TIPO DE BIEN

TOTAL CASOS POR TIPO DE BIEN

YONDÓ

MACEO

TIPO DE BIEN

PUERTO BERRÍO

Titulo: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Magdalena Medio.

Finca

16,70%

Casa

16,70%

Finca-Predio

16,70%

3 Casas - Predio

16,70%

Casa - Predio

16,70%

Local comercial

16,70%

Total casos afectación de bienes por municipio

16,70

66,70

16,70

100,00

100,00%

Equivalencia de afectación de bienes por municipio

Tabla No 26. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mapa No 1.

Victimizaciones. Número de casos. Magdalena Medio. Fuente: Fichas de la

Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.2. Urabá 2.3.8.2.1. Riqueza y conflicto en el territorio En la medida en que creció la industria del banano en la región surgieron los primeros sindicatos en 1964 con Sintrabano y luego Sintagro, Sinaltraifru y Sindejornaleros hasta llegar al actual Sintrainagro. Fue una región donde hicieron presencia temprana las FARC, a través del frente 5, y el EPL en las décadas de los 70 y 80. Las FARC desplegaron en la región además del frente 5, el 18, 34, 36, 57 y 58. Con las negociaciones de paz iniciadas en 1982 y el surgimiento de movimientos políticos legales con orígenes en la guerrilla se abrió la oportunidad para la sindicalización masiva de los trabajadores de las fincas bananeras y las posibilidades de la negociación colectiva. En 1986 la Unión Patriótica triunfó en la alcaldía de Chigorodó pero también eligió a 9 congresistas, 10 diputados y 350 concejales en el país.53 La UP en las elecciones de 1988 eligió a cuatro alcaldes: dos en Urabá (Apartadó, Mutatá) y dos en el Nordeste (Remedios y Segovia). Además a dos en coalición (Yondó y Barbosa). Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a mediados de los 90 empezaron su expansión en el Eje Bananero y dejaron una estela de masacres como bautizo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que mostró la ruta que seguirían a lo largo del país. Solo en 1996 hubo 26 masacres en Urabá, de las 55 que hubo ese año en Antioquia.54 Urabá electoralmente fue una región de dominio liberal, en 2002 ganó en Urabá para el Senado Rubén Darío Quintero y para la Cámara la coalición con Humberto Builes (acuerdo de rotación cada año), apoyados por John Fredy Rendón, alias El Alemán. La segunda fuerza en 2002 fue el Movimiento de Renovación Acción Laboral (Moral), de Mario Uribe y en 2006 el triunfador fue Alas Equipo Colombia, de origen conservador, que no había tenido mucha presencia en la región.55 2.3.8.2.2. Del homicidio al genocidio Si en un extremo lo que predominó fueron los homicidios políticos y la desaparición forzada con el 70% de las victimizaciones, en el otro los actos de barbarie, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y el genocidio hicieron presencia con el 1.1% que, sin ser numerosos, sí son muy representativos de los crímenes de esa humanidad 53 54 55

Hincapié J. Sandra Miled. …pagina 264. Angarita C Pablo E. y otros. Hacia donde Colombia una mirada desde Antioquia. IPC 1997. Pagina 108. López Claudia. La ruta de la expansión paramilitar.

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Urabá Responsables de los hechos

Cantidad

Porcentaje

Desaparición Forzada

Actos de barbarie

Total

1451

100%

Tabla No 26.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización. Número de casos. Urabá. 0 0 0 1 3 4 7 10 11

Actos terroristas

12 34 48 72 88 134

Desaparición Forzada

194 833 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 24. Fuente: Tabla No 26.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.2.3. Hablando de responsables A los nombres conocidos de las ACCU y de los bloques que operaron en Urabá (Élmer Cárdenas, Bananeros, Costanero) hay que mirar la larga lista de nombres de los alias que integraron esos bloques y que las víctimas reconocieron. Por encima de reconocidos jefes paramilitares como El Alemán, Monoleche y H.H. figuran los nombres de Gabriel, Cepillo, El Costeño y apenas una vez se menciona a Mancuso y otra a Carlos Castaño. Titulo: Presunto autor de los hechos. Urabá. PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Sin información Gabriel Cepillo El Costeño Monoleche Mono Veloza El Alemán Nilo Chupadedo Chayán El Burro Guapacho La Mano Negra Pacho Alberto Cara de Vieja Don Juaco El Calvo El Chivo El Flaco El Marrano El Ñato El Zarco El Tigre El Viejo Guillermo Motosierra Pablo Richard Valentín Noventa

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL 909 23 21 11 11 7 6 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

81.40% 2.10% 1.90% 1.00% 1.00% 0.60% 0.50% 0.40% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.10%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO El Montañero El Narizón El Niño El Pavo El Pato El Plástico El Salao Ever Tapias Francisco Pacho Felix Paez HH Jairo Jose ELN José Martínez Jota Leonel Moño Negro Pablo Paulo Pelusa Roger Antonio Arboleda Benito Bola de Cacao Cañaveral Cantiflas Cheche El Barbao El Buho El Ciego Fidel Castaño

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Alvaro Lopez Andres Cadena Caliche Camacho Carlos Castaño Chilapo Chucula Cocacolo Cuco Vanoy Daladier Don Berna Don José Dujan El águila El coyote El cura El gato El indio El mono Wilson

PRESUNTO NÚMERO EQUIVALENCIA AUTOR DEL DE CASOS PORCENTUAL HECHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL

Grupo Campanario Karina La 35 Mancuso Mijelas Olga Inés Bedoya Pantera Pascual Pecheron Político Raulito Ricardo Rober Robinson Valdés Santo Sepulveda Sonia Teo Víctor Alfonso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL

1.117

0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 100.00%

Tabla No 27. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.2.4. Un tramo de la violencia En un tramo de 25 años de violencia comprendidos entre 1983 y 2007 sobresalen el trienio 1995-1997, cuando se pacificó Urabá, una época en la que coincidieron tres fenómenos: la proliferación de las convivir en la gobernación de Álvaro Uribe, la llegada a Urabá de las ACCU y la presencia en la brigada XVII del general Rito Alejo del Río.

100

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Urabá. NÚMERO EQUIVALENCIA

NÚMERO

EDAD DE CASOS PORCENTUAL 1942 1947 1977 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

EDAD DE CASOS

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,40% 0,30% 0,40% 0,80% 1,52% 1,34% 2,23% 2,41% 4,60% 6,90%

1 1 1 1 1 1 4 3 4 9 17 15 25 27 51 77

EQUIVALENCIA PORCENTUAL 6,60% 12,30% 12,80% 10,10% 4,60% 4,80% 5,30% 3,50% 2,30% 1,60% 1,80% 2,00% 1,00% 1,30% 8,70% 100.00%

74 137 143 113 51 54 59 39 26 18 20 23 11 14 97 1117

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

Tabla No 28. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.2.5. El despojo de bienes Turbo, Necoclí y Mutatá son los municipios donde más se concentró el despojo de bienes inmuebles en Urabá, seguidos de los otros tres municipios del eje bananero.

NECOCLÍ

TURBO

TIPO DE CASOS POR TIPO DE BIEN

CHIGORODÓ

POR TIPO DE BIEN

CAREPA

PORCENTUAL

ARBOLETES

Finca

46.00%

Casa

14.90%

Predio

14.90%

Local comercial

4.60%

TIPO DE BIEN

MUTATÁ

APARTADÓ

EQUIVALENCIA

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Urabá.

101

TIPO DE CASOS POR TIPO DE BIEN

EQUIVALENCIA PORCENTUAL POR TIPO DE BIEN

0 0 0 0

2 1 1 2

1 1 0 0

0 1 1 0

3 3 3 2

3.40 3.40 3.40 2.30

1.10

0 0 0

1 1 1

1.10 1.10 1.10

0 0

1 0

0 0

0 1

1 1

1.10 1.10

TURBO

0 0 0 0

NECOCLÍ

0 0 1 0

MUTATÁ

CAREPA

Total casos afectación de bienes por municipio Equivalencia en porcentaje de bienes por municipio

ARBOLETES

Casa - Finca Casa - Predio Finca - Predio Casa - Finca Local comercial 2 casas Casa - Local comercial 3 Fincas Finca - Mina 3 Locales comerciales 2 Parcelas

APARTADÓ

TIPO DE BIEN

CHIGORODÓ

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

9.20% 1.10% 8.00% 6.90% 18.40%24.10% 32.20%

100.00%

Tabla No 29. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto TierrasUSB- IPC

102

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Mapa No 2. Victimizaciones. Número de casos. Urabá. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

103

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.8.3. Nordeste 2.3.8.3.1. No solo hay oro en el Nordeste En la historia del Nordeste lejano, Segovia y Remedios se encuentran la explotación del oro en Segovia por parte de la Frontino Gold Mines y la presencia de las luchas obreras ligadas a esta empresa. En estos municipios tuvo presencia importante el Partido Comunista. Con la elección popular de alcaldes, la UP triunfó en Remedios en 1986 y comenzó a disputar la región a uno de los caciques liberales como era Cesar Pérez García. Cabe señalar que en el Nordeste actuaron los frentes 4 y 9 de las FARC y el José Antonio Galán y María Cano, del ELN. En el Nordeste medio nació la familia Castaño Gil (Fidel, Carlos y Vicente Castaño) que encabezarían los grupos paramilitares y que asolarían cualquier expresión de izquierda o de oposición en la región. Se recuerdan los 43 habitantes muertos y los 54 heridos que dejó la masacre de Segovia el 11 de noviembre de 1988, reivindicada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, al mando de Fidel Castaño ante la mirada cómplice del Ejército. Posteriormente a partir de 1996 aparecieron los nombres de grupos paramilitares de Muerte a Comunistas y Guerrilleros (Macogue) y Grupo de Autodefensas del Nordeste (GAN), para luego ser escenarios de las AUC, a través del Bloque Metro y el Bloque Central Bolívar. En el Nordeste surgió la Corporación de Damnificados del 11 de noviembre como primera asociación de víctimas en el Nordeste y el Comité de Derechos Humanos del Nordeste, que fue duramente perseguido. En los últimos años se conformaron constituyentes en los municipios de Segovia, Remedios, Yolombó y Cisneros. En el Nordeste ha tenido presencia Cesar Pérez García como dirigente liberal (perdió la investidura de congresista y fue señalado de tener vínculos con organizaciones criminales), luego ganó la asamblea de Antioquia en 2003 con el Movimiento Nacional y apoyó a Carlos Arturo Piedrahíta a la Cámara en 2002 y 2006 y Guillermo Gaviria Zapata al Senado. La fuerza emergente que apareció fue una coalición encabezada por Juan Guillermo González Uribe (hermano de un jefe paramilitar), pero no le alcanzó la votación.56 2.3.8.3.2. Del homicidio al abuso sexual Una amplia gama de victimizaciones tiene presencia en el Nordeste, donde los homicidios políticos y la desaparición son casi las dos terceras partes, la tortura y las amenazas suman el 15% y el genocidio, el reclutamiento forzado y la violencia sexual son el 1,7%.

104

López Claudia. Ibíd.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Nordeste. Tipo de victimización

Cantidad

Total

301

Porcentaje

100%

Tabla No 29.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización, Número de casos. Nordeste. Minas antipersona Detención arbitraria Actos de barbarie Actos de terrorismo Violencia Sexual Reclutamiento Forzado Genocidio Extorsión Destrucción de bienes de culto Lesiones Personales Hurto Secuestro Tortura Amenazas Desplazamiento Forzado Desaparición Forzada Homicidios

0 0 0 1 1 2 2 3 3 6 8 13 22 24 25 31 160 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 25. Fuente: Tabla No 29.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

105

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.8.3.3. Algunos nombres de los responsables En la tropa responsable de los hechos figuran muchos nombres desconocidos, algunos aparecen de manera reiterada como Noventa, el Zorro, Micolta y Halcón y en la muestra aparecen mencionados una vez Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Macaco y Ramón Isaza. Titulo: Presunto autor de los hechos. Nordeste. PRESUNTO AUTOR DEL HECHO

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL

Sin información 161 Noventa 8 El Zorro 4 Halcón 3 Micolta 3 Nano 2 Salvatore Mancuso 2 Álvaro López 1 Carlos Castaño 1 Carlos Setenta 1 Conejo 1 Doble W 1 El Abuelo 1 El Caballo 1 El Chivo 1 El Muho 1 El Pavo 1 Frente 19 1

77,40% 3,80% 1,90% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Fidel Castro Milton Político El Cejón El Filósofo Macaco Marcos Miguel Negro Osorio El Político Ramón Isaza Roberto Veneno Zarco

TOTAL

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

208

100,00%

Tabla No 30. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.3.4. Más de un cuarto de siglo de violencia La violencia vista a través de los hechos que afectaron a las víctimas muestra las huellas en el tiempo con picos más altos en 1991-1992 con el 16,8% y 2000-2001 con el 23%.

106

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Nordeste. NÚMERO

1958 1975 1976 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

NÚMERO

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

EDAD DE CASOS

0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 1,00% 3,40% 0,00% 2,40% 2,90%

1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 7 0 5 6

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

EDAD DE CASOS

1,90% 4,30% 2,90% 9,10% 7,70% 5,30% 3,80% 11,50% 11,50% 4,30% 5,80% 4,30% 2,40% 1,90% 1,90% 8,20% 100,00%

4 9 6 19 16 11 8 24 24 9 12 9 5 4 4 17 208

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

Tabla No 31. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.3.5. El camino del despojo De un lado son Amalfi y Anorí con el 50% de los bienes despojados y del otro Segovia y Remedios concentran el 41.7% de los bienes despojados según la muestra.

Finca

50.00%

Casa

16.70%

Local comercial

8.30%

Casa-Finca

8.30%

Mina

8.30%

DE BIEN

POR TIPO

YALÍ

PORCENTUAL

SEGOVIA

EQUIVALENCIA

ANORÍ

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

TIPO DE BIEN

AMALFI

REMEDIOS

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Nordeste.

107

Total casos afectación de bienes por municipio

DE BIEN

POR TIPO

PORCENTUAL

SEGOVIA

EQUIVALENCIA

REMEDIOS

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

ANORÍ

Finca - Mina

TIPO DE BIEN

YALÍ

AMALFI

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

8,30% 100,00%

Equivalencia de afectación de bienes por municipio 16,70%

33,30% 16,70% 25,00% 8,30%

100,00%

Tabla No 32. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Mapa No 3. Victimizaciones. Número de casos. Nordeste. Fuente Fichas de la Fiscalía Procesamiento: Convenio CNRRACCIÓN SOCIAL Proyecto TierrasUSB- IPC

108

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.4. Valle de Aburrá 2.3.8.4.1. La violencia urbana y la disputa por el control territorial El Valle de Aburrá ha sido el escenario de una larga presencia de las bandas delincuenciales y el narcotráfico que actúan en Medellín y las ciudades intermedias que lo rodean (Bello, Envigado, Itagüí) desde hace cerca de un cuarto de siglo. Es un tipo de violencia más urbana y que expresa el conflicto armado urbano. En esta región también se escenifica la guerra que se da en el país, a través de los grupos armados del orden nacional que hacen presencia en la ciudad. Un primer ciclo de la violencia se dio entre 1983 y 1991 con su pico más alto que es jalonado por la delincuencia organizada y el narcotráfico. Como parte de este ciclo estuvo la presencia del Cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar Gaviria y la conformación de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), en el que actuaban otros carteles y personajes como Fidel Castaño, Don Berna y Carlos Castaño. En un segundo momento estuvieron las milicias urbanas que negociaron en 1994 y los pactos de no agresión entre bandas que unido a otras acciones lograron reducir los homicidios hasta 1998. Un tercer momento fue la presencia del paramilitarismo, a través de los bloques Metro y Cacique Nutibara, que lograron un cierto monopolio de la delincuencia al subordinar las bandas y reducir los espacios que aun tenían las guerrillas. En Medellín ha tenido presencia una mezcla de delincuencia común, narcotráfico y paramilitarismo desde hace mas de 25 años. En esa situación tenemos al MAS, a los Pepes, la Oficina de Envigado, las bandas de La Terraza, el Combo de Frank, la banda de Los Triana y La Cañada, éstas cuatro últimas subordinadas e integradas a los ejércitos paramilitares. La historia de la presencia del narco-paramilitarismo en instituciones oficiales es larga en Medellín, especialmente a la Policía en el pasado y en la justicia en el pasado y el presente. Desde hace mas de 10 años en diversos casos no solo no se hizo justicia sino que se persiguió o asesinó a los miembros de la Fiscalía que trataron de hacer justicia, como el del parqueadero Padilla, donde se detuvo a Jacinto Alberto Soto Toro, contador de los paramilitares; el caso del secuestro de los hijos de Gustavo Upegui en 1995-1996 y luego la detención de Gustavo Upegui Zapata, dueño del equipo de fútbol Envigado a finales de 1998; las denuncias de miembros de La Terraza realizadas en rueda de prensa luego del asesinato por parte de Carlos Castaño de varios de sus miembros. 2.3.8.4.2. Los homicidios políticos se destacan Mas de las tres cuartas partes de las victimizaciones ocurridas en el Valle de Aburrá, según la muestra, son homicidios políticos (69%) y desaparición forzada un 7,30%.

109

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Un 11,7% corresponden a amenazas y torturas. Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Valle de Aburrá. Tipo de victimización

Desaparición Forzada

Extorsión

Total

Cantidad

Porcentaje

611

69,90%

7,70%

7,30%

4,50%

4,00%

3,40%

1,20%

1,00%

0,80%

0,10%

0,00%

886

100,00%

Tabla No 33. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización. Número de casos. Valle de Aburrá. 0 0 0 0 0 0 1 7 9

Extorción

9 11

Tortura Desplazamiento Forzado Desaparición Forzada

30 35 40

Amenazas

65 68 611 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 26. Fuente: Tabla No 33 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

110

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.4.3. Entre alias anónimos A los grupos paramilitares que en el último período actuaron en Medellín (el Bloque Metro, el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada -que recogió una parte importante de la llamada Oficina de Envigado muy ligada al narcotráficohabría que agregar otros menos recordados, como Muerte a Secuestradores (MAS), surgido luego de que en noviembre de 1981 fue secuestrada Marta Nieves Ochoa y para liberarla los jefes del Cartel de Medellín aportaron hombres y recursos para crearlo. También, el grupo Muerte a Jaladores de Carros (Majaca) y Amor Por Medellín, entre otros. Entre los alias individualizados la gran mayoría son desconocidos en la opinión pública y allí no aparecen Job (Antonio López, asesinado recientemente), Daniel Mejía, alias Danielito (también muerto); Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio; Jhon Fredy Manco Torres, alias El Indio; Gustavo Upegui…), entre otros, que sí han sido señalados por la prensa o la Fiscalía de tener mando y de seguir delinquiendo luego de la desmovilización. Titulo: Presunto autor de los hechos. Valle de Aburrá. PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Sin información Daladier Don Berna El Caballo Chilapo Cuca El Abuelo El Ñato Felix Páez Martín Paramilitares Víctor Alacrán Alberto Alejandro Álvaro Arturo Cabezón Cabo Maldonado Caliche Cara de Vieja Careloco Carlos El Gordo Carlos Mario

PRESUNTO NÚMERO EQUIVALENCIA AUTOR DEL DE CASOS PORCENTUAL HECHO 582 7 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

81,03% 1,00% 0,60% 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

El Pescaito El Primo El Reblujo El Salao El Sargento Ernesto Garcés Esteban Fabio Ramírez Flaco Francisco Pacho Giovanni Guillermo Harley Héctor Jimmy Castaño Jota Juancho Prada Milton Pescado Valdivieso Vaquero Aguilar Cascara Corazón

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

111

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Cascarita Chibilín Chucho Conrado Pérez David Diablo Gabriel Don Juaco Dujan El Alemán El Burro El Calvo El Chelo El Chino El Chiquito El Costeño El Flaco El Gomelo El Gordo El Lobo El Manteco El Mono Veloza El Morado El Negro Elkin El Nerao El Paisa El Pechuga

PRESUNTO NÚMERO EQUIVALENCIA AUTOR DEL DE CASOS PORCENTUAL HECHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL

Edison El Flechas El Mellizo El Moro El Rambo Gali Guineo Jhonatan Valderrama Los Triana Macaco Manodura Máscara Mono Leche Muerte Pablo Pacheco Perro Pirata Rambo Ramón Riki Roger Tyson Zarco

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

TOTAL

699

100,00%

Tabla No 33.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.4.4. Veinte años contados por las víctimas La curva de la violencia construida a partir de los hechos denunciados muestra un incremento desde 1987 hasta 2002 y luego empieza a descender hasta 2007. Esta situación podría mostrar que mientras la violencia común empezaba a descender, desde 1991 la violencia política se mantenía y crecía hasta 2002.

112

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Valle de Aburrá. NÚMERO

EDAD DE CASOS 1973 1975 1976 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 8 18 13 9

EQUIVALENCIA PORCENTUAL 0,10% 0,10% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,30% 0,00% 0,40% 0,40% 1,10% 2,60% 1,90% 1,30%

NÚMERO

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

EDAD DE CASOS

2,30% 2,90% 4,60% 4,00% 4,40% 7,00% 6,00% 5,20% 11,20% 13,70% 9,60% 3,00% 3,10% 1,10% 0,70% 12,40% 100,00%

16 20 32 28 31 49 42 36 78 96 67 21 22 8 5 87 699

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

Tabla No 34. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.4.5. El despojo entre el centro y los extremos Es interesante observar que de los bienes despojados, las casas son la mayoría seguida de los locales comerciales. Esto expresa la problemática de la violencia urbana y del desplazamiento. El otro aspecto es su concentración en Medellín que da cuenta de la disputa por el control territorial barrial pero no deja de ser importante el significado de los municipios que son entrada al Valle de Aburrá (Medellín, Caldas y Barbosa).

57.10%

Local Comercial

14.30%

POR TIPO

DE BIEN

PORCENTUAL

CALDAS

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

BELLO

Casa

MEDELLÍN

TIPO DE BIEN

BARBOSA

EQUIVALENCIA

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Valle de Aburrá.

113

por tipo de bien

2 1 1 1 1

9,50%

4,80%

81,00%

100,00%

DE BIEN

2 0 0 0 1

POR TIPO

0 0 0 0 0

PORCENTUAL

0 0 0 1 0

EQUIVALENCIA

0 1 1 0 0

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

MEDELLÍN

Equivalencia porcentual

CALDAS

Casa - Predio Finca Predio 2 casas - Local Comercial Edificio Total casos afectación de bienes por municipio

BELLO

TIPO DE BIEN

BARBOSA

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

9,50% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 100,00%

Tabla No 35. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Mapa No 4. Victimizaciones. Número de casos. Valle de Aburrá. Fuente: Fichas de la Fiscalía Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

114

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.5. Oriente 2.3.8.5.1. Entre el agua y la urbanización Tres dinámicas han incidido en el Oriente en los últimos 40 años: la construcción de los embalses para la producción energía, la construcción de la carretera a Bogotá conocida como la autopista -que interconecta y facilita el desplazamiento de mercancías- y la urbanización y la industrialización, más por el traslado de la industria de Medellín. Alrededor de estas dinámicas han estado las discusiones sobre el desarrollo autocentrado en la región o el desarrollo exógeno sobre la imposición de esos modelos o la participación en ellos y dónde se definen las políticas, el debate sobre la provincia del Oriente y la autonomía en la que los municipios participen o la propuesta de un área metropolitana centrada alrededor del municipio con mayor peso en la región como es Rionegro. Con la reubicación de El Peñol, desde finales de los 60, surgió y se potenció en los 70 el movimiento cívico en el Oriente, que además luchó contra la valorización por la construcción del autopista y contra las altas tarifas de energía. “Las movilizaciones por el no pago de los servicios públicos dieron vida a tres paros cívicos entre 1981 y 1984. Marinilla y El Peñol fueron epicentro de la protesta”.57 En la elección popular de alcaldes en 1988 el movimiento cívico eligió alcalde en El Peñol a través del Movimiento Independiente Acción Peñolita y tuvo importante apoyo en Marinilla. Los líderes cívicos fueron amenazados, asesinados o condenados al exilio. El punto más alto de esta persecución fue entre 1988 y 1990,58 cuando cayó asesinado el candidato a la alcaldía de Marinilla Ramón Emilio Arcila y uno de los líderes más destacados del Movimiento Cívico del Oriente. La respuesta del poder tradicional a quien le disputaba la hegemonía en la región fue la represión. Las guerrillas han tenido larga presencia en el Oriente. De un lado el ELN creó el frente Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave y las FARC los frentes 9 y 47. Ambas guerrillas se desplazan entre Embalses, Bosques y Páramos. El paramilitarismo tuvo su asiento desde comienzos de los 80 en Sonsón, quizás por su salida al Magdalena Medio. La expansión del paramilitarismo cobró fuerza con la dispersión a otros municipios y la presencia de nuevos contingentes de las AUC que disputaron la carretera Medellín-Bogota y los embalses produjeron un gran desplazamiento masivo. Es allí donde se conocen los nombres del Bloque Metro, el Bloque Héroes de Granada, el José Luis Zuluaga.

57 58

Hincapié J. Sandra Miled…Ibíd. página 145. Ibíd. Página 117

115

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Ante las amenazas de la guerrilla, especialmente de las FARC, se constituyó en el Oriente la Asamblea Provincial por la Paz, que posteriormente en 2002 se transformó en la Asamblea Provincial Constituyente. El Oriente ha sido una región de predominio conservador, hasta 1998 con el Partido Conservador Colombiano, y a través de Alas Equipo Colombia posteriormente. En Marinilla y El Peñol llegaron a las alcaldías movimientos cívicos o coaliciones de partidos. 2.3.8.5.2. Se notan el desplazamiento y las minas antipersonal La distribución de las victimizaciones en el Oriente es representativa de las agresiones cometidas por los grupos armados contra la población civil. Por fuera de los homicidios que encabeza todas las regiones, el desplazamiento forzado es la victimización más representativa del Oriente (una de cada seis), que se corresponde con la cantidad de desplazados y con los éxodos masivos ocurridos en la región en los últimos años. Las amenazas son otra expresión que ha sido denunciada en la región (una de cada ocho). En el extremo inferior de la tabla se encuentran con poco porcentaje (1,2% en total) pero muy significativos, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, el genocidio, las minas antipersonal y el reclutamiento forzado que, en general, son victimizaciones con mucho subregistro. Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Oriente Tipo de victimización

Desaparición Forzada

Extorsión de culto

Total

Cantidad

Porcentaje

230

45,80%

15,90%

12,50%

9,80%

5,20%

4,00%

2,20%

1,40%

1,00%

0,60%

0,40%

0,20%

502

100,00%

Tabla No 36. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

116

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.5.3. Poco se individualizan a los responsables El recorrido de muerte de los bloques Metro y Héroes de Granada por el Oriente así como por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio no dejaron en la memoria los nombres de los responsables, pues el 92,7% no conoce el responsable más directo. Por encima de Ramón Isaza y de Doble Cero aparecen otros como el Abuelo y Hermidez. Título: Presunto autor de los hechos. Oriente Responsables de los hechos Sin información

Cantidad

Porcentaje

305

92,70%

El Abuelo

1,50%

Hermídez

1,20%

Ramón Isaza

0,90%

Cabellón

0,60%

Pablo

0,60%

Alex

0,30%

Arbolito

0,30%

Caballo Grande

0,30%

Caliche

0,30%

Chucho

0,30%

Cuco Vanoy

0,30%

Daza

0,30%

Doble Cero

Total

329

0,30%

100,00%

Tabla No 37. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.5.4. Más de cuarenta años de violencia Desde los hechos denunciados por las víctimas, fue a partir de 1984 cuando empezaron a incrementarse los hechos de violencia hasta llegar a su pico más alto en el año 2000, permanecieron alto hasta 2002 y empezaron a descender más rápidamente a partir de allí.

López Claudia. Op. cit

117

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mapa No 5. Victimizaciones. Número de casos. Oriente.

Fuente: Fichas de la Fiscalía -

Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

118

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Oriente NÚMERO EQUIVALENCIA

NÚMERO EQUIVALENCIA

EDAD DE CASOS PORCENTUAL 1964 1979 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

EDAD DE CASOS PORCENTUAL

0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 0,30% 0,00% 0,30% 1,20% 0,90% 1,20% 1,80% 1,20% 0,30% 1,50% 1,80%

1 1 1 2 1 0 1 4 3 4 6 4 1 5 6

1,20% 3,00% 3,60% 6,40% 17,60% 15,50% 12,50% 8,50% 5,50% 3,00% 2,40% 0,60% 7,90% 100,00%

4 10 12 21 58 51 41 28 18 10 8 2 26 329

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

Tabla No 38. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.5.5. Se “democratiza” el despojo Según la muestra, en más del 50% de los municipios del Oriente se presenta despojo de bienes inmuebles y, de éstos, las fincas representan la mayoría de los bienes. San Rafael y San Carlos, de la subregión Embalses, encabezan los municipios donde hay más despojos, seguidos de Cocorná y Granada, de Bosques, luego Argelia y Abejorral, de Parámos, y del Altiplano aparecen luego La Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral.

COCORNA

EL CAREN DE VIBORAL

GRANADA

LA CEJA

MARINILLA

SAN CARLOS

SAN FRANCISCO

SAN LUIS

SAN RAFAEL

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

37,50%

Casa

32,50%

Casa - Finca

15,00%

POR TIPO DE BIEN

ARGELIA

PORCENTUAL

ALEJANDRIA

Finca

TIPO DE BIEN

EQUIVALENCIA

ABEJORRAL

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Oriente

119

MARINILLA

SAN CARLOS

SAN FRANCISCO

SAN LUIS

SAN RAFAEL

2,50%

2 Casa - Finca

0 0

2,50%

Casa-Finca-Mina 0

1 0

2,50%

Casa - Predio

0 0

2,50%

Local Comercial

0 0

2,50%

Predio

0 0

2,50%

10,00%

15,00%

2,50%

12,50%

2,50%

17,50%

5,00%

7,50%

17,50%

100,00%

POR TIPO DE BIEN

LA CEJA

0 0

Total casos afectación de bienes por municipio Equivalencia de afectación de bienes por municipio

PORCENTUAL

GRANADA

EQUIVALENCIA

ARGELIA

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

ALEJANDRIA

TIPO DE BIEN

COCORNA

ABEJORRAL

Apartamento

5,00%

EL CAREN DE VIBORAL

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

100,00%

Tabla No 39. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.6. Bajo Cauca 2.3.8.6.1. Entre el oro y la coca El Bajo Cauca es una región rica en minas de aluvión, de donde se extrae el oro en las cuencas del río Cauca o del Nechí. En los últimos años se ha visto crecer el cultivo de la coca, que copan cada vez más territorio. Y recientemente los campesinos cocaleros se han movilizado para exigir condiciones para cambiar de cultivos. El ELN empezó la presencia en la región desde la década del 70 con los frentes Camilo Torres, José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás y la Compañía Anorí. De otro lado, el Movimiento de Muerte a Revolucionarios del Nordeste de Fidel Castaño se extendió a la región en los 80. El 27 de febrero de 1985 se dio una movilización campesina en El Bagre, donde participaron unas 6.000 personas, que se enfrentan a la Policía. El saldo, cuatro personas muertas y 20 heridas. A partir de este hecho nació el Movimiento 27 de Febrero en el Bajo Cauca, que tendrá influencia también el Nordeste.

120

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Más tarde llegaron a Caucasia las ACCU. Pero han quedado más en la memoria el Bloque Mineros de Cuco Vanoy, en Tarazá, y el Bloque Central Bolívar, de Macaco, en Cáceres, Tarazá y El Bagre. Un partido emergente con presencia en la región fue Convergencia Popular Cívica, que llevó a la cámara a Rocío Arias en 2002 y quien luego intentó volver vinculada a Colombia Viva en 2006, pero no le alcanzó al parecer por la desmovilización de los grupos paramilitares. Fue condenada por el delito de concierto para delinquir, dentro del proceso de la parapolítica.59 2.3.8.6.2. Desplazamiento y amenazas: una combinación destacada El Bajo Cauca es la región con menos peso de los homicidios en las victimizaciones pero el de más alta denuncia del desplazamiento forzado. Homicidios y desaparición forzada (58,5%) son muy similares a desplazamiento forzado y amenazas (47,6%). Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Bajo Cauca Tipo de victimización

Cantidad

Porcentaje

126

30,70%

114

27,80%

14,40%

13,20%

5,90%

4,40%

1,70%

1,00%

0,50%

0,20%

Destrucción de Bienes de Culto Extorsión

0,20%

0,00%

Actos de Terrorismo

0,00%

Desaparición Forzada

Total

0,00%

410

100,00%

Tabla No 39.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

López Claudia. Op. cit

121

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Titulo: Tipo de victimización. Número de casos. Bajo Cauca.

0 0 0 0

Actos de Terrorismo

Extorsión Destrucción de Bienes de Culto

0 1 1 2 4 7 18 24 54 59

Desaparición Forzada

114 126 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 27. Fuente: Tabla No 39.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.6.3. La gente sabe quien fue el responsable Casi el 40% de las víctimas individualiza el responsable, lo que permite avanzar de la denominación general de paramilitares o de los bloques que operan en la región (MRN, ACCU, Mineros, Central Bolívar). El Mocho y Cocacolo son más nombrados que Macaco y Cuco Vanoy y entre los dos están Doble W y Noventa. Título: Presunto autor de los hechos. Bajo Cauca. PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Sin información Mocho Cocacolo Macaco Doble W Noventa Cuco Vanoy El Flaco El Mocho

122

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL 170 11 8 7 3 3 2 2 2

63,20% 4,10% 3,00% 2,60% 1,10% 1,10% 0,70% 0,70% 0,70%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO El Plástico El Fiscal El Soldado El Yuca Felipe Echavarría Gomelo Gustavo Hermidez Jota

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO El Torcido Jaime Montiel Niche Paramilitares Yesid 5159 Adolfo Alacrán Arturo Botalón Cacique Camilo Carlos Correa Carlos Mario Carlos setenta Coco Conejo Cristian Daza Dujan El Alacrán ElAlemán El Cachaco El Chino El Negro Daza

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Julián Julio Lobo Macaco Manomica Mono Negro Montel Pablo Pescado Plástico Barranquilla Botas El Puma Iván Leonel Micolta Pantera Ramón Isaza Richard Salvatore Mancuso Sebastián Tirofijo Toño TOTAL

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 269

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 100,00%

Tabla No 40. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.6.4. Casi veinte años de violencia El crecimiento de los hechos denunciados llegó a un pico en los años 2000 y 2001, y luego empezó a descender lentamente a los niveles de la segunda mitad de los 90

123

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Bajo Cauca NÚMERO

EDAD DE CASOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

EQUIVALENCIA PORCENTUAL 0,70% 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 1,10% 1,50% 0,40% 0,40% 3,00% 1,10% 3,70% 1,90%

2 1 0 0 1 0 3 4 1 1 8 3 10 5

NÚMERO

EQUIVALENCIA PORCENTUAL

EDAD DE CASOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

11 11 16 45 41 24 13 16 17 13 4 19

4,10% 4,10% 5,90% 16,70% 15,20% 8,90% 4,80% 5,90% 6,30% 4,80% 1,50% 7,10%

329

100,00%

Tabla No 41. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.6.5. Despojo en toda la región En los seis municipios de la subregión se denuncian casos de despojo. Sobresalen El Bagre con las tres cuartas partes (74,7%) de los casos, seguido de Cáceres (11.1%). Además de la tierra (fincas, predios, parcelas), que encabeza el despojo, también las minas son representativas de la pérdida de bienes en la región.

POR TIPO DE BIEN

PORCENTUAL

EQUIVALENCIA

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

ZARAGOZA

TARAZA

NECHÍ

EL BAGRE

CAUCASIA

TIPO DE BIEN

CÁCERES

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Bajo Cauca

Finca

36,40%

Casa

18,20%

Casa - Finca

14,10%

Predio

13,10%

124

10,10%

Local Comercial

2,00%

2 casas - Parcela

1,00%

Casa - Mina - Parcela

1,00%

Casa -2 parcelas

1,00%

Finca - Predio

1,00%

Mina

1,00%

Parcela-Local-Comercial

1,00%

Total casos afect ación de bienes por munici pio

Equivalencia de afectación 11,00% 4,00% 74,7% de bienes por municipio

2,00%

POR TIPO DE BIEN

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

PORCENTUAL

ZARAGOZA

EQUIVALENCIA

TARRAZA

EL BAGRE

CAUCASIA

Casa - Predio

TIPO DE BIEN

CÁCERES

NECHÍ

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

100,00%

6,06% 2,02% 100,00%

Tabla No 42. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

125

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mapa No 6. Victimizaciones. Número de casos. Bajo Cauca. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

126

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.7. Occidente 2.3.8.7.1. Cerca a las violencias Las FARC han hecho presencia en la región a través del Bloque José María Córdoba y de los frentes 5, 18, 34, 57 y 58, con epicentro en Frontino y Dabeiba, municipios que son corredores estratégicos para el acceso a Chocó, Urabá y Córdoba. Las ACCU hicieron presencia en los municipios del Occidente lejano en una primera instancia y luego se conformó el bloque Noroccidental de las autodefensas y por otro lado en Dabeiba hizo presencia el bloque Élmer Cárdenas. Frente a las amenazas de las FARC, los cafeteros de Caicedo se movilizaron para proteger sus productos que debían ser enviados a Medellín, en lo que se denominó el Acompañamiento del Café. Hicieron cuatro movilizaciones, que retomó el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, dentro de su propuesta de Noviolencia, para encabezar la Marcha del Café, en la que participaron muchos ciudadanos.60 En dicha marcha fue secuestrado por las FARC junto con su asesor de Paz, Gilberto Echeverri. Ambos fueron asesinados en un intento de rescate. En Occidente se conformaron asambleas constituyentes en Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Dabeiba y Sabanalarga.61 El Occidente es de tradición liberal. En 2002 ganó Moral de Mario Uribe y en el 2006 Alas Equipo Colombia.62 2.3.8.7.2. Son visibles delitos como: violencia sexual y reclutamiento forzado Como en otras regiones, son visibles delitos como la violencia sexual y el reclutamiento forzado, además actos de barbarie.

60 61 62

Hincapié J. Sandra Miled: op. cit Hincapié Jiménez Sandra Miled…página 187. López Claudia: op. cit.

127

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Occidente. Tipo de victimización

Cantidad

Desaparición Forzada

Porcentaje

139

49,80%

13,30%

10,80%

9,00%

5,00%

3,20%

2,90%

Actos de Terrorismo

1,40%

Destrucción de Bienes de Culto

1,10%

0,70%

0,40%

0,00%

Extorsión

Total

0,00%

279

100,00%

Tabla No 42.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización. Número de Casos. Occidente. 0 0

Extorsión

1 1 1 2 2 3

Destrucción de Bienes de Culto Actos de Terrorismo

3 4 8 9 14 25 30 37 139 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 28. Fuente: Tabla No 42.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

128

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.7.3. Responsables: El Salao, Escalera y Pilatos, nombres llamativos que sobresalen Es importante resaltar que un porcentaje importante (38,2%) de las víctimas conoce el alias de los responsables. Con el 16% aparecen tres alias llamativos: El Salao, Pilatos y Escalera. Además de los anteriores, por encima Memín, jefe del Bloque Occidental de las Autodefensas que se desmovilizó en San Jerónimo y luego siguió delinquiendo, están mencionados Cobra, El Enano, Esteban, Conrado Pérez y Pelusa. Título: Presunto autor de los hechos . Occidente PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Sin Información El Salao Escalera Pilatos Cobra El Enano Esteban Conrado Pérez Pelusa Memín Pablo Pelusa Alacrán Andrés Carlos Mario Chupadero Chupeta Don Mario

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL 123 11 11 10 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

61,80% 5,50% 5,50% 5,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO El Abuelo El Pescaito El Plástico El Zarco El Tuerto Fredy Berrío Javier Jorge 40 Pitufo Simpson Marcos Mendoza Piscino Toto Valentín William TOTAL

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

199

100,00%

Tabla No 43. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.7.4. Violencia no tan concentrada El historial de violencia política se acentúó entre 1996 y 2001, aunque sus picos no fueron muy altos, llegaron a tener la más alta denuncia en 1997 (13%) y 1998 (16%).

129

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Occidente NÚMERO EQUIVALENCIA

NÚMERO EQUIVALENCIA

EDAD DE CASOS PORCENTUAL 1965 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

EDAD DE CASOS PORCENTUAL

0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 1,50% 2,50% 1,00% 1,00%

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 5 2 2

2,50% 1,00% 9,04% 13,00% 16,00% 6,00% 8,50% 11,00% 3,00% 4,00% 3,50% 1,00% 0,50% 0,00% 13,06% 100,00%

5 2 18 25 31 12 17 21 6 8 7 2 1 0 26 199

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sin info. TOTAL

Tabla No 44. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.7.5. El despojo recorre toda la región En cerca del 50% de los municipios del Occidente las víctimas reportaron despojo de bienes inmuebles, principalmente casas, seguido de las fincas. Cañasgordas y Dabeiba encabezan el despojo en el Occidente, seguidos de Buriticá y Uramita, la mayoría municipios del Occidente lejano.

DABEIBA

FRONTINO

GIRALDO

HELICONIA

LIBORINA

SANTA FE DE ANTIOQUIA

URAMITA

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

Finca

Local-Comercial

Casa - Finca

130

SUBANALARGA

CAÑASGORDAS

Casa

TIPO DE BIEN

PEQUE

BURITICÁ

Título: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Occidente

DABEIBA

FRONTINO

GIRALDO

HELICONIA

LIBORINA

SANTA FE DE ANTIOQUIA

URAMITA

3 lote

Finca - Predio Total casos afectación de bienes por municipio Equivalencia de afectación de bienes por municipio

SUBANALARGA

CAÑASGORDAS

Local-Comercial

TIPO DE BIEN

PEQUE

BURITICÁ

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

12,00%

24,00%

20,00%

8,00%

4,00%

12,00%

100,00%

Casa-Finca

Tabla No 45. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

131

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mapa No 7. Victimizaciones. Número de casos. Occidente. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

132

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.8. Suroeste 2.3.8.8.1. Entre el café y la violencia El Suroeste antioqueño es sinónimo de la industria cafetera en Antioquia desde hace más de 70 años, así como de la minería del carbón en los municipios de la cuenca del Sinifaná. En la región hizo presencia el movimiento campesino de los años 70 con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que luchaba por la “tierra para el que la trabaja”, en municipios como Pueblorrico, Tarso, Betulia, Salgar y Urrao. En esta región floreció la experiencia de las constituyentes, que iniciaron en Antioquia en Tarso y con presencia en otros municipios como Caramanta, Urrao, Betulia, Andes, Fredonia y Valparaíso. El ELN hizo presencia en el Suroeste con el frente Ernesto Che Guevara y luego surgió el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). También hizo presencia en la región el Ejército Popular de Liberación (EPL). Las FARC, en Urrao, Betulia, Concordia, Ciudad Bolívar e incluso en municipios de la cuenca del Sinifiná. A mediados de los 90, llegaron paramilitares de las ACCU, que “se apoyaron en estructuras armadas en muchos municipios, como Andes, Támesis, Caramanta y Valparaiso, donde actuaba el grupo llamado “La Escopeta”; en Betania “los Racumines”; en Jardín “Jardín sin Guerrilla”; y en Angelópolis, Hispania, Concordia y Titiribí las “Autodefensas del Pueblo”, grupos que se hicieron evidentes en la primera cumbre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.63 2.3.8.8.2. Entre la desaparición y el secuestro: la tortura Luego del Magdalena Medio es en el Suroeste donde se denunciaron más casos de desaparición forzada (15,3%) por parte de las víctimas y es además esta región donde más se informaron casos de tortura (7,4%). Las víctimas también denunciaron el secuestro (3,7%).

Hincapié Jiménez Sandra Miled….página 85.

133

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Suroeste. Tipo de victimización

Cantidad

Desaparición Forzada

Extorsión Actos de Terrorismo

Destrucción de Bienes de Culto

Total

Porcentaje

51,10%

15,30%

7,40%

6,30%

5,30%

3,70%

3,20%

1,60%

0,50%

0,00%

190

100,00%

Tabla No 45.1. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización. Número de Casos. Suroeste. 0

Destrucción de Bienes de Culto

0 0 0 0 0

Actos de Terrorismo

1 1

Extorsión

3 6 7 10 10 12 14 29 97 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 29. Fuente: Tabla No 45.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

134

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.3.8.8.3. Entre los responsables, René es bien reconocido El Suroeste es una de las regiones donde más se individualiza a los responsables, 41,7%, y entre ellos aparece encabezando René, jefe del Bloque Suroeste de las AUC, seguido de El Guajiro. En esa lista de alias y nombres aparecen algunos que son reconocidos por su acción en otras regiones como Ramón Isaza o Memín y los de varias personas incluidas las de un ex parlamentario de la región. Título: Presunto autor de los hechos. Suroeste NÚMERO PRESUNTO PRESUNTO EQUIVALENCIA No. DE EQUIVALENCIA DE AUTOR DEL AUTOR DEL CASOS PORCENTUAL CASOS PORCENTUAL HECHO HECHO Sin Información René EL Guajiro Mendoza Arbolito El Costeño Simpson 5259 Alex Alirio Camilo Comeyuca El Alacrán El Gordo El Negro Elkin El Tío Ernesto Garcés Grillo Hermidez Jomes

81 12 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58,30% 8,60% 4,30% 2,20% 1,40% 1,40% 1,40% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Jorge López Jose Bonito Julián Julio La garza Macho Manuel Plástico Rodolfo Sindy Zapata Jovi Memín Micolta Mocho Ramón Isaza Samir Yuca TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 139

0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 100,00%

Tabla No 46. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.8.4. Quince años durante los que se incrementó la violencia De 1996 a 2002 es el período cuando más hechos se denuncian por parte de las víctimas, con un pico en 2001. Como en otras regiones hay denuncias de hechos ocurridos desde la violencia de 1948, para concentrase luego en el último cuarto de siglo.

135

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos, Suroeste. NÚMERO EQUIVALENCIA

NÚMERO EQUIVALENCIA

EDAD DE CASOS PORCENTUAL

4,30% Tabla No 47. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.8.5. Una muestra del despojo De los 23 municipios del Suroeste se presentan denuncias de despojo en cinco de ellos y en Titiribí y Urrao es el mayor número de casos.

BURITICÁ

CAÑASGORDAS

DABEIBA

FRONTINO

GIRALDO

Titulo: Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Suroeste.

Finca

33,30%

Casa

22,20%

Casa - Mina

22,20%

2 finca

11,10%

Casa-Finca-Local Comercial

11,10%

Total casos afectación de bienes por municipio Equivalencia de afectación de bienes por municipio

100,00%

TIPO DE BIEN

11,11%

11,11% 33,00% 33,00% 11,11% 100,00%

Tabla No 48. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

136

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

Mapa No 8. Victimizaciones. Número de casos. Suroeste. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

137

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.8.9. Norte 2.3.8.9.1. La leche se tiñe de color El norte es conocido por la ganadería para la industria lechera. Por algo se ha establecido como la “ruta de laleche” y por ser otra zona de embalses y de producción de energía (Ríogrande y Guadalupe) y el megaproyecto de Pescadero-Ituango. La maquila de la confección también está en la región, especialmente en Donmatías. “En la subregión del Norte no hay una tradición de movilización social importante, hay un actor central que promueve la participación en torno a sus objetivos institucionales: la Iglesia Católica”.64 Donde más se desarrolló el proceso de las asambleas constituyentes en el Norte fue en Campamento, Gómez Plata y Entrerríos. Los grupos armados han hecho presencia en la región, de un lado las guerrillas del EPL en Ituango y el ELN y las FARC desde la década de los 80. Del otro, los grupos paramilitares tomaron el Nudo del Paramillo como una de sus zonas estratégicas y es en Ituango donde en 1997 realizaron las masacres de El Aro y La Granja, donde murieron 19 personas. Desde esa época Jesús María Valle, defensor de derechos humanos asesinado en 1998, denunció la alianza entre militares y el paramilitarismo y Salvatore Mancuso lo reconoció en sus versiones libres, en las que señaló que la masacre El Aro fue planeada en la IV Brigada del Ejército con el general Alfonso Manosalva. 2.3.8.9.2. Una amplia gama de victimizaciones. En la región se denuncian todas las victimizaciones, con excepción de las detenciones arbitrarias. Mientras los homicidios y la desaparición forzada representan cerca del 62% de los hechos, los actos de barbarie, el genocidio, las minas antipersonal, la violencia sexual y el reclutamiento forzado suman el 3,2%.

138

Hincapié Jiménez Sandra Miled….página 237.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Tipo de victimizaciones. Número de casos. Norte. Tipo de victimización

Cantidad

Desaparición Forzada

Porcentaje

132

52,40%

9,50%

8,30%

6,30%

5,20%

4,00%

3,60%

Actos de Terrorismo

1,60%

Extorsión

1,60%

1,20%

0,80%

0,40%

Destrucción de Bienes de Culto

Total

0,00%

252

100,00%

Tabla No 49. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

Titulo: Tipo de victimización,Número de Casos. Norte. 0 1

Destrucción de Bienes de Culto

1 1 2 2 3

Extorsión Actos de Terrorismo

4 4 9 9 10 13 16 21 24 132 NÚMERO DE CASOS

Gráfico No 30. Fuente: Tabla No 49 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

139

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.3.8.9.3. Los responsables sin mucho reconocimiento Los nombre que encabezan la individualizan de responsables no son muy conocidos, así con menos pero resultan mencionados Macaco, Monoleche o Mancuso. Título: Presunto autor de los hechos. Norte. PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Sin Información Pablo El Pana Esmeraldero Jaime Julian López Alexander Cara de Vieja Danilo Doble W El Caballo El Cabezón El Chelo El Enano El Fiscal El Primo El Sagerto El Tigre Fabio Franco

NÚMERO EQUIVALENCIA DE CASOS PORCENTUAL 133 3 2 2

58,30% 1,70% 1,10% 1,10%

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,10% 1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

PRESUNTO AUTOR DEL HECHO Rivera Chespirito Comandante Manuel Feliciano Jímenez Ruíz Jara Jorge Muñetón Leche Lucas Macaco Mancuso Miro Monoleche Pastrana Patepalo Patiño Pilatos Punto Cinco Richard TOTAL

No. DE EQUIVALENCIA CASOS PORCENTUAL 1 1 1

0,60% 0,60% 0,60%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

176

100,00%

Tabla No 49.1. Fuente: Tabla No 48.1 Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.9.4. Doce años de más violencia De 1996 a 2003 se presenta un incremento importante de los hechos denunciados, con un pico en 2002.

140

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Título: Año de ocurrencia de los hechos. Número de casos. Norte NÚMERO EQUIVALENCIA

NÚMERO

EDAD DE CASOS PORCENTUAL

EQUIVALENCIA

EDAD DE CASOS

PORCENTUAL

0,60% 6 3,40% 0,00% 10 5,70% 0,00% 18 10,20% 0,00% 15 8,50% 0,00% 16 9,10% 0,00% 9 5,10% 0,00% 8 4,50% 0,00% 16 9,10% 1,70% 9 5,10% 0,00% 3 1,70% 0,00% 8 4,50% 0,00% 3 1,70% 0,60% 1 0,60% 1,10% 42 23,90% 0,60% 176 4 2,30% Tabla No 50. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

2.3.8.9.5. Ituango: sobresale en el despojo Ituango sobresale en el despojo de fincas seguidas de Angostura y Guadalupe.

75,00%

Casa

8,30%

Local Comercial

8,30%

Casa - Finca

8,30%

Total casos afectación de bienes por municipio Equivalencia de afectación de bienes por municipio

100,00%

16,70%

8,30%

POR TIPO DE BIEN

TOTAL DE CASOS POR TIPO DE BIEN

PORCENTUAL

SANTA ROSA DE OSOS

EQUIVALENCIA

ITUANGO

Finca

TIPO DE BIEN

BRICEÑO

GUADALUPE

ANGOSTURA

Titulo:Casos de afectación de bienes inmuebles declarados por quien pone en conocimiento los hechos. Norte

16,70% 50,00% 8,30% 100,00%

Tabla No 51. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

141

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Mapa No 9. Victimizaciones. Número de casos. Norte. Fuente: Fichas de la Fiscalía - Procesamiento: Convenio CNRR-ACCIÓN SOCIAL Proyecto Tierras- USB- IPC

142

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

2.4. Del abandono al despojo: de cómo se han afectado los derechos patrimoniales de las víctimas del desplazamiento forzado, según sus declaraciones para el proceso de Justicia y Paz

2.4.1. Introducción El presente texto aborda el análisis de las pérdidas patrimoniales sufridas por las víctimas en el marco de la violencia de los grupos de autodefensa, según sus propias narraciones para el proceso judicial de reparación, en aplicación de la Ley 975 de 2005. En sus orígenes el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población 66 Desplazada de ACCION SOCIAL–PPTP desplegó sus esfuerzos fundamentalmente en la protección de las tierras y territorios abandonados o en riesgo de abandono. Con el tiempo, sus líneas de acción se han ampliado, en el entendido de que la protección no es un mecanismo aislado. Por ello, el campo de actuación del Proyecto se ha ido adaptando a la realidad nacional, que ubica la temática de tierras en un contexto más integral e integrador, como los son la formalización y la reparación/restitución de bienes, componentes que se han configurado en nuevas líneas de acción. El estudio del derecho a la propiedad y otros derechos informales desde una perspectiva de integralidad cobran vigencia y justifican el análisis que a través de este documento se realiza. Es, asimismo, en este sentido que para el Proyecto es de especial interés conocer y analizar el impacto patrimonial del conflicto para las víctimas, en especial para las víctimas de desplazamiento forzado. 67 Para este análisis no se tuvo en cuenta el total de la muestra correspondiente a 4.108 declaraciones contenidas en el Registro de Hechos atribuibles a grupos de autodefensa desmovilizados colectivamente o Formatos de Fiscalía, sino exclusivamente aquellas que, correspondiendo al departamento de Antioquia (3.602 casos), manifiestan haber perdido bienes, esto es, 409 declaraciones (11,45% del total 65 Documento elaborado por el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, de ACCION SOCIAL –PPTP-, Regional Antioquia, para el Convenio CNRR – PPTP – IPC – USB. 66 En adelante, el Proyecto o PPTP. 67 En tanto la actuación del PPTP se orienta fundamental, aunque no exclusivamente, a las víctimas de desplazamiento forzado.

143

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

de la muestra), pérdida que se analiza más a profundidad en el caso de las víctimas de desplazamiento forzado que manifiestan igual afectación, esto es, 254 casos (62,1% del total de quienes manifiestan pérdida de bienes). 68 Si bien la muestra sobre bienes afectados parece no ser representativa de las pérdidas en realidad sufridas por las víctimas, la importancia de este estudio consiste en el valor agregado derivado de la fuente consultada, pues los análisis aquí realizados parten del relato de las víctimas y no de la especulación, además de que escasean los análisis e información de esta naturaleza. Por tanto, por encima de la muestra o el porcentaje, lo que cobra importancia es reconocer el impacto directamente de la voz de las víctimas y, a partir de éstas, hacer una lectura teniendo como punto de referencia la realidad narrada por ellas. Relatos como éstos no solo cuentan la historia de la víctima, sino de la comunidad con la que se relacionaba, de las organizaciones en las que participaba, del pueblo con el que socializaba y del que finalmente debió huir, de un país cuyas decisiones los implicaba, pero sobre todo, de un país que en muchos casos se ha mostrado indiferente, como si la historia contada no tuviera que ver con él, por tratarse de tiempo pasado o, simplemente, porque corresponde a otras latitudes. En función del objetivo propuesto –identificar las pérdidas patrimoniales y su impacto-, sobre la muestra se analizaron las variables bienes afectados, victimizaciones y versión de los hechos, contenidas en el instrumento que recoge las declaraciones, de la siguiente manera: Bienes afectados: La sistematización de este apartado arrojó información sobre diversos bienes que, sin una estandarización previa, obstaculizaba la interpretación de la fuente. Fue preciso clasificar la información de tal manera que permitiera hacer una lectura de las pérdidas, en la que se identificó, además, la explotación económica ejercida por la población desplazada antes de los hechos. Por ello se clasificó la información en tres tipos de bienes:69 -

Bien tipo 1. Referido a todos los bienes inmuebles: locales, predios, fincas, casas, etc.

68 ¿Por qué no se diligenció en más casos el acápite sobre bienes afectados? Seguramente tiene que ver con el propósito para el cual fue diseñado el instrumento (investigación judicial), con las dificultades relacionadas con la recolección de la información (derivadas de las circunstancias difíciles en que se realizaron las jornadas, o porque no todo el personal que atendía a las víctimas en las jornadas estaba totalmente entrenado, pues, dado el número de asistentes, se debía recurrir a funcionarios que no estaban familiarizados con el formato o con insuficiente claridad sobre la importancia de su diligenciamiento, entre otras. 69 En relación con el análisis sobre los bienes Tipo 2 y Tipo 3, éste obedece a la información acopiada en el marco del proceso judicial de Justicia y Paz.

144

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO -

Bien tipo 2. Para clasificar la información sobre animales (semovientes y domésticos) y cultivos Bien tipo 3. Para otro tipo de bienes muebles: vehículos y otros medios de transporte, enseres, accesorios. Sin embargo, en algunos casos se encontraron bienes muebles tales como abarrotes, maquinaria y herramientas, que dan cuenta de explotación económica y por lo mismo desbordan la estandarización; a ellos se hace referencia en cada caso particular.

Victimizaciones: Los delitos de que ha sido víctima la población evidencian la modalidad de la pérdida, lo cual, a su vez, permite hacer análisis sobre el impacto y sus posibilidades de restitución. Sin embargo, esta variable en la base de datos solo da cuenta, por sí misma, de pérdidas asociadas a delitos como el hurto,70 los cuales limitan el análisis del detrimento patrimonial en la medida en que únicamente referencian bienes muebles. Esta información es útil porque permite identificar dinámicas del desplazamiento forzado, en la medida en que arroja información sobre delitos asociados a él. Versión de los hechos: Es el apartado que más información entrega, permite identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos declarados. En el caso particular del desplazamiento forzado, esta variable abierta permite identificar bienes afectados, así como la percepción de la víctima sobre la pérdida patrimonial y sus modalidades, que eran imperceptibles con la variable victimizaciones por las razones ya anotadas. A las dificultades propias de la base de datos para identificar las modalidades de pérdida de bienes (en especial de la tierra y que van del abandono al despojo), deben agregarse las teóricas, dado que las formas de afectación al patrimonio superan las prescripciones de la legislación colombiana en este sentido.71 Para el caso de las tierras, los delitos prescritos por la ley penal, como la invasión, la usurpación y la perturbación de la posesión,72 sólo coinciden parcialmente con el uso del concepto común de despojo. Los demás delitos asociados a dichas pérdidas (como el constreñimiento ilegal o la falsedad, por solo mencionar algunos) no recogen la magnitud del impacto en el marco de la violencia política y, aunque a partir del 70 La base de datos solo contaba con los 14 delitos relacionados por la CNRR en su documento Definiciones Estratégicas, como los perpetrados más comúnmente en el marco del conflicto, siendo éstos los únicos identificables a través de un cruce sencillo. Cualquier otro delito debía ser determinado con la lectura de la versión de los hechos. 71 La experiencia acopiada por el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada en la recolección de información, así como algunos reportes periodísticos sobre la materia, ha permitido identificar diversas modalidades de pérdida y apropiación de las tierras de las víctimas, entre otras: la suplantación para la firma de escrituras o para la renuncia a adjudicaciones de baldíos, el constreñimiento para una y otra, las ventas a pérdida, que aprovechan las circunstancias de violencia, entre otras. 72 Capítulo séptimo De la usurpación, del Título VII sobre los delitos contra el patrimonio económico, del Código Penal Colombiano, ley 599 de 2000, artículos 261 y ss.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Código Civil puede hacerse una interpretación del concepto de despojo,73 para el momento del análisis, el Proyecto de Ley de Víctimas propuso una definición clara, la cual fue asumida para este artículo. El despojo es la: “acción o actividad ejercida para sustraer de la órbita del patrimonio de una persona un bien inmueble con el propósito de apropiárselo de manera ilegal. Para el caso del despojo de tierras, éste se entiende como la acción que priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión, ocupación, tenencia o derecho al territorio de comunidades étnicas, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto de violencia armada. El despojo puede ir acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este último, en el despojo hay una intención 74-75 expresa de apropiarse del predio.” En todo caso, como ya se dijo, la intencionalidad del estudio fue trascender el análisis en cuanto a los derechos sobre la tierra que se han visto afectados con la violencia de los grupos de autodefensas, para analizar el impacto patrimonial en las víctimas. En este orden de ideas, conviene hacer algunas precisiones sobre el derecho a la propiedad y otros derechos informales y las prerrogativas derivadas de su ejercicio.

2.4.2.

El derecho de propiedad y otros derechos informales y el impacto patrimonial: Generalidades

El patrimonio, como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que pertenecen a 76 una persona o comunidad, estimables económicamente, está integrado, también, por el derecho a la propiedad y otros derechos informales que se ejercen sobre la tierra. Pero la vocación de estos dista mucho de ser meramente económica, en tanto su ejercicio está estrechamente ligado a otros derechos humanos como la vivienda, el trabajo o la seguridad alimentaria y, por lo tanto, sirven de instrumento para su realización. 73 El artículo 984 del Código Civil consagra la acción de despojo, artículo a partir del cual puede leerse que éste siempre está mediado por el uso de la violencia: “Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia, y que (…) no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento”. (subrayar fuera de texto). 74 Artículo 55 del Proyecto de Ley 57 de 2007. 75 Otros conceptos de despojo pueden encontrarse en: CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 20ª edición, Buenos Aires: Editorial Heliasta. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo VIII, Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. Diccionario de Derecho Privado, Tomo I, Barcelona: Editorial Labor S.A., 1950. ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomos II, IV, Bogotá: Editorial Temis, 1977. 76 Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe, S.A., 2002

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO En cuanto al derecho de propiedad, además de ser reconocido como humano en diversos instrumentos internacionales,77 también se ha reconocido como fundamental en la jurisprudencia nacional, en la medida en que esté asociado “de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su 78 desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna”. Además del derecho de propiedad, se han reconocido otras relaciones que, no obstante su informalidad, vinculan al trabajador de la tierra con ésta y que, por lo mismo, la suponen inmersa en su esfera patrimonial, a más de constituirse en garantías para el ejercicio o realización de otros derechos. Es el caso, por ejemplo, de la posesión, tal como ha sido reconocida por los Principios Deng o Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 79 y más recientemente por los Principios sobre Restitución de Viviendas, Tierras y Patrimonio.80 La realidad ha llevado a reconocer esta informalidad como garantía para el ejercicio de otros derechos y en la medida en que, de otra manera, se dejarían de lado incalculables pérdidas sufridas por las víctimas. De hecho, la legislación y la jurisprudencia colombianas han venido reconociendo la naturaleza de derechos de estas relaciones informales, al partir de la realidad del contexto colombiano y de su mayor grado de vulnerabilidad en tiempos de violencia generalizada. Esto se concluye, por ejemplo, con la interpretación de la regulación de la Protección Patrimonial,81 teniendo en cuenta los efectos por ésta reconocidos. Pero la informalidad a la cual se refiere la Protección va más allá: comprende tanto la posesión sobre bienes de particulares, como la ocupación82 sobre terrenos baldíos del Estado.83 77 Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe, S.A., 2002 78 Declaración Universal de los Derechos del Hombre; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 21; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 79 Principio 21 (…) 2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: a) expolio; b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares; d) actos de represalia; y e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. 3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales. 80 Por ejemplo, cuando en el principio 17 alude a la protección de que gozan “los ocupantes secundarios sin menoscabo de las garantías de los propietarios legítimos, de los inquilinos o de otros titulares de derechos.” (subrayas fuera de texto). 81 Ley 387 de 1997, Decreto 2007 de 2001y Decreto 250 de 2005. 82 El poseedor es aquella persona que usa y goza un bien mueble o inmueble de propiedad privada y no reconoce a otro como dueño; el ocupante es quien habita y explota un terreno baldío, tierras que pertenecen al Estado, sin dueño aparente o conocido y que son adjudicables; el tenedor es quien mediante contrato se beneficia económicamente de un inmueble y reconoce a otro como dueño o con mejor derecho. Acción Social, Perfil del Proyecto, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, Bogotá, 2005, p 15. 83 Tradicionalmente, la ocupación ha sido regulada como una expectativa de derecho, no obstante, la legislación en materia de protección de tierras constituye un avance en este sentido, pues en casos muy particulares, bajo el Decreto 2007 de 2001 (y en su momento bajo la Ley 1152 de 2007), surge la posibilidad de reconocerse como derecho en la medida en que de su ejercicio se derivan consecuencias jurídicas claras traducidas en la obligación del Estado de titular el predio objeto de ocupación, obviamente con el cumplimiento de los requisitos especiales exigidos por las normas legales y reglamentarias (tiempo de ocupación, porcentaje de explotación del predio, extensión no superior a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), entre otras). En todo caso, si bien en sentido estricto no es posible hablar de restitución de predios baldíos a sus ocupantes, en la medida en que aquellos pertenecen al Estado, más aún teniendo en cuenta que habrá casos en los que aún la titulación no sea posible jurídicamente (por ejemplo, porque aún no se ha cumplido el tiempo de ocupación exigido por la ley), en un enfoque de derechos, podría hablarse de restitución de las posibilidades de explotación económica. Sobre todo, cuando en el ciudadano se ha creado la percepción o la conciencia de la titularidad, debido a las cargas impuestas por el Estado. Es el caso del pago del impuesto predial, frente al cual la población se pregunta, si no se tiene el derecho, ¿de dónde nace la obligación de realizar el pago?

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

En este sentido, entonces, tanto el derecho de propiedad como los derechos informales que se ejercen sobre la tierra, en una perspectiva de integralidad, están asociados a derechos humanos como la vivienda, el trabajo y la seguridad alimentaria,84 porque permiten su realización, la cual depende de un ejercicio seguro de estos derechos, al prevenir el desplazamiento forzado y la desposesión. De acuerdo con estándares internacionales, el derecho a la vivienda implica la garantía para acceder a él, como componente esencial para un adecuado nivel de vida. El derecho a una vivienda adecuada “significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuados, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada con relación al trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 85 razonable”. La pérdida de la tierra en contextos de violencia afecta el derecho a la vivienda en el entendido de que el asentamiento forzado en otro lugar, dadas las precarias condiciones de la población desplazada, no ofrece garantías de una vivienda adecuada. Esto a su vez lleva a la pérdida de la seguridad jurídica de la tenencia,86 pues esta situación ubica a la población en riesgo permanente de desalojo o abandono, debido a la llegada a sitios de alto riesgo, en condiciones de hacinamiento y con deficiencia en los servicios públicos. A lo anterior se suma el desconocimiento del derecho, lo que aumenta la vulnerabilidad. Igualmente, realizar el ejercicio del derecho de propiedad y otros derechos 87 informales ofrecen la opción de acceder a una actividad económica: agricultura, minería, ganadería, sin importar la relación jurídica particular que se ostente.88 Dicha actividad económica, al constituirse en una de las principales fuentes de empleo en la vida rural, permite la realización del derecho al trabajo con todas las implicaciones que ello tiene como garantía de otros derechos relacionados con la vida en condiciones dignas. La explotación económica de la tierra garantiza la independencia del campesino y su familia, permite hacer uso productivo de su 84 Al respecto, véase COHRE. Principios de Naciones Unidas sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas; comentarios. 2006, 117 p. 85 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 1, relativa a la presentación de informes de los Estados Partes. Tercer período de sesiones, 1989. Observaciones Generales sobre la interpretación y aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por Colombia mediante Ley 74 de 1976. Más adelante se indica que, entre los factores para determinar si una vivienda es adecuada están: la seguridad jurídica de la tenencia (en el sentido de brindar protección legal contra los desahucios, desalojos, desplazamientos, etc.), disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, adecuación cultural. 86 Ibíd. 87 No es la pretensión de este capítulo desarrollar el tema de las relaciones culturales con la tierra, pero no es desconocida su importancia. 88 Ello no implica desconocer la importancia de la formalización de la tenencia de la tierra, tal como se mencionaba anteriormente en el apartado relativo al derecho a la posesión, la cual, evidentemente, puede conducir a niveles más seguros para la explotación de la tierra, sin ser el único factor.

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO capacidad laboral y lo hace menos dependiente del trabajo asalariado, lo cual, consecuentemente, reduce su vulnerabilidad. La explotación económica de la tierra garantiza, asimismo, la seguridad alimentaria pues permite obtener un sustento, facilita la consecución de alimentos en forma directa o a través del trueque, o los ingresos suficientes para obtenerlos con intermediarios. Con el desplazamiento forzado la sostenibilidad89 de la alimentación (asegurada con la explotación económica ejercida por los campesinos en sus lugares de origen) se altera por la pérdida de la posibilidad de acceso a los alimentos, o a las cadenas productivas desarrolladas en el campo en una especie de economía comunitaria, más aún teniendo en cuenta que en los lugares de asentamiento la población desplazada suele carecer de ingresos estables o regulares. La actividad económica producto de la explotación agraria de la tierra, además de garantizar la seguridad alimentaria, en algunos casos, permite obtener a quien la ejerce, excedentes de producción para la consecución de otro tipo de bienes y servicios. En tanto la economía campesina está basada, tradicionalmente, en la explotación de la tierra, el desplazamiento forzado afecta los derechos a la propiedad y las posesiones, (y la consecuente posibilidad de ejercerlos a través de su explotación), y afecta no solo el autosostenimiento, sino las posibilidades de una vida en condiciones dignas. El derecho de propiedad y otros derechos informales suponen la seguridad jurídica de la tenencia, seguridad que tiene, al menos, dos dimensiones: un título y una posibilidad de usufructo. Una y otra se han visto afectadas en formas y grados diversos, que van desde la pérdida de las posibilidades de uso o explotación económica por el abandono o la usurpación, hasta la pérdida potencial o actual de los títulos,90 dado el interés en la apropiación por parte de grupos armados. La pérdida de los derechos sobre la propiedad o las posesiones o, cuando menos, de las posibilidades de ejercerlos, han aminorado las condiciones básicas de subsistencia.

89 “(…) el concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras (…) ´sostenibilidad´ entraña el concepto de disponibilidad y accesibilidad de largo plazo”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 1, relativa a la presentación de informes de los Estados Partes. Tercer período de sesiones, 1989. 90 Incluyendo los casos en los que se han perdido las posibilidades de obtener los títulos por prescripción o por adjudicación, debido al abandono forzado de las tierras, casos en los que la falta de títulos de propiedad no permite negar los derechos informales, ejercidos antes de la victimización. Adicionalmente, hay casos de los que el Proyecto ha tenido conocimiento en los cuales se ha privado del ejercicio sobre el derecho a la propiedad y las posesiones a quien venía ostentándolos, con la exhibición de títulos falsos o que, sin exhibirse, se argumenta tener y se aprovecha la fuerza para desplazar a la población o, incluso, se le emplea como jornalero, en una nueva forma de esclavitud, pero, además, se le priva de la posibilidad de obtener el título por las vías mencionadas: la prescripción o la adjudicación, según el caso. En otras palabras, si se carece de la posesión o de la ocupación, difícilmente puede haber declaración judicial o resolución administrativa que dé origen al derecho de propiedad.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.4.3. El derecho de propiedad y otros derechos informales: el testimonio de las víctimas De acuerdo con la información arrojada por el Registro de hechos atribuibles a grupos de autodefensa desmovilizados colectivamente o formato de Fiscalía, de los 3.571 registros de las víctimas para el proceso de Justicia y Paz correspondientes al departamento de Antioquia, de un lado, 409 (11,45%) manifiestan haber perdido bienes y, de otro, 481(13,46%) corresponde a víctimas de desplazamiento forzado; de éstas 481, 254 perdieron bienes (52,8%). En este apartado se analizan en forma diferenciada, de un lado las pérdidas patrimoniales de las víctimas, en general y, de otro, las pérdidas patrimoniales de las víctimas de desplazamiento forzado en particular. Este análisis permite caracterizar las pérdidas, trata de buscar si se presentan diferencias cuando las víctimas lo son de desplazamiento. Para este análisis se ha concentrado en la variable versión de los hechos, a fin de identificar la modalidad de pérdida de los bienes y hacer algunas interpretaciones sobre el impacto patrimonial. Su importancia radica en que las afectaciones patrimoniales no necesaria y únicamente se derivan del desplazamiento forzado, aunque podrían ser mayores, o cuando menos distintas, para las víctimas de este delito. 2.4.3.1. Lo que narran las víctimas respecto a sus bienes En esta parte se analiza el caso de las víctimas que expresaron haber perdido bienes; sin embargo, dado que el caso de la población desplazada será abordado en forma particular, aquí se enfatiza en los 155 registros de las víctimas que no manifestaron serlo de desplazamiento forzado. La siguiente gráfica muestra las pérdidas declaradas91 por las 409 víctimas según los tipos de bienes afectados;92 en las intersecciones se da cuenta de si se trata de uno o más tipos de bienes afectados; en los recuadros a la derecha, por su parte, se resume lo mostrado en ésta.

91 Se alude a las pérdidas declaradas, por cuanto no necesariamente hay coincidencia entre éstas y las sufridas en la realidad por las víctimas, según se explicó en la parte introductoria de este artículo. 92

150

Clasificación acorde con la estandarización ya explicada en la introducción de este artículo.d.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Titulo: Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia.

INMUEBLES

145 26

113

ANIMALES Y CULTIVOS

311

ANIMALES Y CULTIVO

193

OTROS INMUEBLES

113

1 TIPO DE BIEN

27 38

INMUEBLES

228

2 TIPOS DE BIENES

154

2 TIPOS DE BIENES

TOTAL

409

OTROS MUEBLES

Grafico N° 31. Fuente: Ficha de FiscalíaProcesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

Lo primero para aclarar es que se infiere que los 155 registros analizados no pertenecen a víctimas de desplazamiento forzado, por cuanto sus declaraciones no lo mencionan. Si bien en algunos casos se hace referencia a las amenazas de las que fueron víctimas para presionar el desplazamiento, no se especifica si éste se concretó y, en algunos casos, incluso, se expresa la concreción de estas amenazas en otros delitos, tales como homicidios o desapariciones forzadas. El siguiente cuadro muestra el comparativo de bienes en general con la relación de bienes perdidos por las víctimas de desplazamiento y otras que no lo son, en particular.

Titulo: tipo de bien perdido por las víctimas del desplazamiento. TIPO DE BIEN INMUEBLES

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

OTRAS VÍCTIMAS

TOTAL

218

311

ANIMALES Y CULTIVO

148

193

OTROS MUEBLES

113

Tabla N° 52. Fuente: Ficha de Fiscalía Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

La siguiente gráfica muestra las pérdidas declaradas93 por estas 155 víctimas -que no lo fueron de desplazamiento forzado-, según los tipos de bienes afectados; en las intersecciones se muestra si se trata de uno o más tipos de bienes afectados; los dos recuadros a la derecha, por su parte, resumen lo expuesto en ésta. Titulo: Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia, con relación a víctimas de delitos distintos del desplazamiento forzado.

INMUEBLES

60 10

18 18 ANIMALES Y CULTIVOS

5 4

INMUEBLES

ANIMALES Y CULTIVO

OTROS INMUEBLES

1 TIPO DE BIEN

40 OTROS MUEBLES

118

2 TIPOS DE BIENES

TOTAL

155

Grafico N° 32. Fuente: Ficha de Fiscalía Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

De los 311 casos de pérdida de bienes inmuebles, 93 corresponden a víctimas de delitos distintos al desplazamiento forzado; de los 193 casos de animales y cultivos, 45; y de los 113 que aluden a otros bienes muebles, 59. Si bien hay casos en los que no es posible identificar la modalidad bajo la cual se sufrió la afectación patrimonial debido a la poca información,94 en este apartado se toman como punto de referencia para el análisis los casos en los que se logra identificar el delito o tipología de la afectación y se hace un esfuerzo por su clasificación del abandono al despojo. Aunque no se desconoce el grado de violencia ejercido sobre estas víctimas, pues pudieron serlo de otros delitos,95 lo que en este punto se analiza es la modalidad de pérdida de los bienes, para identificar cómo se afectó el patrimonio en el marco de la violencia de los grupos de autodefensas. 93 Se alude a las pérdidas declaradas, por cuanto no necesariamente hay coincidencia entre éstas y las sufridas en la realidad por las víctimas, según se explicó en la parte introductoria de este artículo. 94 Es claro que hubo una afectación, por cuanto el ítem sobre bienes afectados fue diligenciado, pero no se obtiene información de la base de datos, ni en el ítem de victimizaciones (exceptuando los casos de hurto o extorsión, como se mencionó en la introducción), ni en la versión de los hechos; en este último, los relatos no son concluyentes al respecto y no se identifican otros delitos. 95 De hecho, con un cruce sencillo de la base de datos se identifica, entre otros, la ocurrencia de delitos como los homicidios, seguidos de las desapariciones, las amenazas, la tortura, el secuestro, las lesiones y el abuso sexual.

152

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Modalidades de actuación: En los 155 registros se encontró como modalidad de afectación al patrimonio la extorsión. En general, se refiere a las vacunas exigidas para apoyar a las autodefensas y combatir a la guerrilla, se presentan en subregiones como Urabá, Occidente, Suroeste y Oriente. El hurto se presenta en diversas subregiones, principalmente fue objeto de él el ganado en Urabá y algunos en el Suroeste; los medios de transporte (vehículos, volquetas y hasta chalupas) en Bajo Cauca, así como casos de electrodomésticos o alimentos. El ganado y los vehículos tienen una significación en términos de explotación económica lo que, como se anunció en la introducción, desbordaría la estandarización. Sin embargo se enuncia el caso, en tanto podría evidenciar un mayor impacto patrimonial de estas víctimas.96 El relato de las víctimas da cuenta de situaciones de violencia rodeadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes 97 que buscaron sembrar temor en la población.98 Este interés también se manifiesta en la destrucción de bienes, principalmente mediante incendio; en algunos casos se relata, incluso, la quema de las casas y las cosechas en barrios y veredas. Con respecto a las tierras: El despojo violento de las tierras no ha estado ausente y de hecho ha asumido diversas modalidades, desde la apropiación que se vale del previo desplazamiento (provocado incluso con ese fin), pasa por la entrega forzada (que supone la ausencia de pago de un precio por la tierra, sin traspaso de los títulos, es decir, sin negocio), para finalmente forzar las ventas, las que no necesariamente suponen el pago del precio, pero si la preexistencia de un negocio, aunque fraudulento 99 y, que, en todo caso, implica el traspaso del título, y que hace más difícil su restitución. Al realizar el análisis cualitativo de la narración de los hechos se encontraron solo dos de entregas forzadas (una en Turbo y otra en Tarazá), una venta forzada en Turbo y tres casos de apropiación en Medellín, Cáceres y San Carlos. En el caso de San Carlos, se relata la quema del barrio y la casa, y la destrucción de cercas para apropiarse de la finca. 96 Las víctimas narran la pérdida de una chalupa con los tambores llenos de combustible, una volqueta que hacía transportes y un vehículo con mercancía. 97 Violación al Derecho Internacional Humanitario, tipificada como tal por la legislación colombiana, y delito de lesa humanidad, proscrito por diversas normas internacionales aprobadas por Colombia, entre ellas el Estatuto de Roma. 98 Una víctima relata que los paramilitares se robaron de su casa cuchillos, relojes, $1.000.000 y “se comieron una mazamorra y unos pandequesos que teníamos en la casa”. 99 No se desconoce la existencia de otras modalidades utilizadas para privar a las víctimas de sus bienes, pero el presente artículo se circunscribe a las específicamente narradas por ellas en los registros analizados.

153

Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

En los casos narrados no se clarifican los títulos ostentados por las víctimas de despojo,100 y aunque de una a otra modalidad podrían variar las formas de restitución y los grados de dificultad para su concreción, lo que aquí se expone son algunas de las formas en que las víctimas han perdido sus tierras y patrimonio, en el entendido de que las aquí descritas y encontradas en los registros de víctimas no son exclusivas ni excluyentes. Algunas de las víctimas relatan el intento por recuperar sus tierras después de la desmovilización de las Auc, pero las amenazas iniciales que dieron origen a la pérdida de éstas, se concretaron en homicidios. De los seis casos en los que se tiene certeza sobre la ocurrencia del despojo, según las declaraciones de las víctimas, dos se presentaron en Bajo Cauca, dos en Urabá, uno en Valle de Aburrá y otro en Oriente. Asimismo, de acuerdo con sus narraciones, fueron diversas las finalidades que llevaron a los grupos de autodefensas a la apropiación, siendo la principal la utilización de los predios. También se presentaron como una especie de “castigo” por “no colaborar” con las autodefensas, bien con dinero, bien prestando las casas como sitio de encuentro o reunión de éstas (casos en Valle de Aburrá y Bajo Cauca). La modalidad a manera de castigos colectivos se evidencia en la destrucción de los bienes, por ejemplo, a través de los incendios. Esta forma de actuación muestra el horror de los métodos utilizados para buscar el control territorial a través del miedo, en busca de la consolidación. 2.4.3.2.

Narración de las víctimas de desplazamiento forzado respecto a sus bienes:

De acuerdo con la información arrojada por el formato de Fiscalía, de los 3.571 registros de las víctimas para el proceso de Justicia y Paz correspondientes al departamento de Antioquia, 481 son víctimas de desplazamiento forzado y de éstas, 254 manifestaron haber visto afectados sus bienes, esto es, el 52,8% del total de las víctimas de desplazamiento forzado; lo que, desde ahora, permite relacionar estas dos afectaciones: el desplazamiento con la pérdida del patrimonio.

100 El despojo se ha producido sobre los bienes de la población víctima sin distinguir el título, es decir, ha operado tanto para la propiedad, como para las posesiones y las ocupaciones sobre baldíos. De acuerdo con las consideraciones realizadas en la parte introductoria de este artículo, todas hacen parte del patrimonio de las víctimas. En estos casos no se conoce el título, pero se entienden como despojo, de acuerdo con el concepto adoptado en este documento.

154

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO En este apartado se aborda el estudio de los 254 casos de víctimas de desplazamiento forzado que vieron afectados sus bienes. Al PPT le asiste un especial interés en identificar y hacer visibles las pérdidas de este grupo de víctimas, acorde con su misión y objetivos porque su actuación, como se mencionó anteriormente, está dirigida, aunque no exclusiva, fundamentalmente a víctimas de desplazamiento forzado. La siguiente gráfica muestra las pérdidas declaradas101 por estas 254 víctimas de desplazamiento, según los tipos de bienes afectados; en las intersecciones se infiere si se trata de uno o más tipos de bienes afectados; los recuadros ubicados a la derecha, por su parte, resumen lo mostrado en ésta. Titulo: Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia, con relación a las víctimas de desplazamiento forzado.

INMUEBLES

85 16

95 20 ANIMALES Y CULTIVOS

22 11

INMUEBLES

218

ANIMALES Y CULTIVO

148

OTROS INMUEBLES

1 TIPO DE BIEN

110

2 TIPOS DE BIENES

122

OTROS MUEBLES

2 TIPOS DE BIENES

TOTAL

254

Grafico N° 33. Fuente: Ficha de Fiscalía Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

De acuerdo con la gráfica, de los 254 casos aquí analizados, 218 manifestaron la pérdida de bienes inmuebles, 148 de animales y cultivos y 54 de otros bienes muebles. Asimismo, 144 manifestaron haber perdido más de un bien, esto es, el 56,69%, lo que mostraría un mayor impacto patrimonial. La tasa más alta se presenta en relación con bienes inmuebles, con un total de 85,82% de víctimas que relatan haber perdido este tipo de bien. Un grupo de 117 víctimas manifiestan haber perdido simultáneamente bienes inmuebles y animales y cultivos (95 perdieron inmuebles y animales y cultivos y 22 que perdieron todo tipo de bienes), es decir, el 53,67%. Esto permite algunas 101 Se alude a las pérdidas declaradas, por cuanto no necesariamente hay coincidencia entre éstas y las sufridas en la realidad por las víctimas, según se explicó en la parte introductoria de este documento.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

reflexiones relacionadas con la evidencia de que la tierra está asociada a la explotación económica, lo que afecta necesariamente el derecho al trabajo y la seguridad alimentaria. Esta reflexión se infiere a partir del relato de las víctimas, conclusión que debe dar elementos, o por lo menos confirmar los existentes, con respecto a la idea de reparación y restitución. Esta conclusión es más evidente aún con el siguiente cuadro, con el cual se pretende aclarar un poco el panorama que se percibe con la gráfica anterior, específicamente en lo que se refiere a la pérdida de las posibilidades de explotación económica. Resaltan los porcentajes de población afectada, si se entiende que la explotación está asociada a la tierra y, por supuesto, a los animales y cultivos. Titulo: Número y porcentaje de víctimas de desplazamiento forzado, relacionado por número y tipo de bienes afectados. CONCEPTO Inmuebles, animales y cultivos Inmuebles Inmuebles, animales, cultivos y otros muebles Animales y cultivos Inmuebles y otros muebles Animales, cultivos y otros muebles Otros muebles

TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS

PORCENTAJE

37.4%

33.8%

8.6%

7.8%

6.2%

4.3%

1.9%

254

100,00%

Tabla N° 53. Fuente: Ficha de Fiscalía - Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

De los 254 casos, 249 (esto es el 98% de los declarantes) manifiestan la pérdida de bienes que representan la posibilidad de una explotación económica. Tal como ocurre con quienes no manifestaron ser víctimas de desplazamiento forzado, en este caso hay algunas declaraciones en las que no es posible obtener información sobre la modalidad de la pérdida, no obstante, a continuación se exponen las halladas en los casos en los que esto fue posible.

156

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Sin lugar a dudas, los métodos utilizados y las finalidades de los grupos de autodefensas para desplazar a los campesinos son tan diversos y llenos de imaginación como de horror, y varían según las subregiones, lo que evidentemente da cuenta de las distintas zonas de control y sus correspondientes bloques. Modalidades de actuación: Del abandono al despojo se encuentran múltiples modalidades que llevaron a las víctimas y en particular a la población desplazada a perder su patrimonio. Estas van del hurto y los saqueos, pasan por los incendios y otras formas de destrucción de bienes, y llegan hasta una amplia gama de mecanismos utilizados para apropiarse de éstos, en particular de las tierras de los campesinos (aunque no exclusivamente de ellas, porque hay relatos sobre ventas forzadas de vehículos). Aunque donde se tiene información, la mayoría alude al abandono forzado de los bienes como modalidad de pérdida, existen algunos registros de hurto de animales (en el Bajo Cauca se narran algunos casos de animales de corral y en Urabá de semovientes), de alimentos, maquinaria y enseres (estos tres, sobre todo en el Bajo Cauca). Igualmente, se relatan algunos casos de saqueos, de los cuales se resalta uno en Occidente en el cual el objetivo fue el local de la víctima que narra el hecho y, una vez concluido éste, fueron distribuidos los bienes entre la población “y los que no 102 aseptaban (sic) los obligaban a resibir (sic)”. Sobre el hurto, se resalta un caso de $5.000.000 que la víctima había ahorrado para comprar una casa, y algunos de bienes muebles con significación de explotación económica, como el de un vehículo con carga y los motores para explotar una mina. Igual que ocurre con las víctimas de otros delitos, las de desplazamiento narran situaciones en las que los grupos armados, además, consumían los alimentos sustraídos de sus casas y les infligían tratos indignantes. Llama la atención Oriente, en donde la única modalidad declarada con respecto a las pérdidas de animales y cultivos es el abandono, contrario a lo ocurrido en otras subregiones como Bajo Cauca, en donde fue evidente el consumo que, de estos bienes, hicieron los grupos armados.

102

Relato de una víctima consignado en uno de los registros del formato de Fiscalía.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Con respecto a los bienes inmuebles: En general se relata la pérdida de casas, fincas y parcelas, y algunos de establecimientos de comercio. Aunque existen varios registros en los que no es posible identificar la modalidad, en la mayoría se narra el abandono forzado como forma de afectación de los bienes. Existen varias declaraciones en las que las víctimas evidencian las ventas a pérdida (principalmente producto de la violencia generalizada, en muchos casos aprovechada por el comprador), la ocupación de los predios por los grupos armados o por personas autorizadas por ellos, y otras formas de despojo que muestran un claro interés por privar a las víctimas de sus tierras y demás bienes inmuebles, más allá de la “mera” ocupación de éstas. En otras palabras, se manifiesta el interés de los actores armados por la “legalización” de la apropiación. En el caso de Medellín, se narra que una vez ocurrido el desplazamiento forzado, los grupos destruían el interior de las casas y decidían quién las utilizaba. Manifiestan así mismo que cuando se ha intentado regresar, las amenazas se han concretado o no ha sido posible el retorno debido a la destrucción o deterioro de estos bienes. Con respecto a las ventas forzadas, no siempre se precisa la existencia de título ni la firma de documento, salvo el caso de Urabá. Allí la mayoría de las víctimas refiere la tenencia de títulos y formas de pérdida de la tierra, siendo la más recurrente la venta forzada o el traspaso forzado de los títulos si se quiere (pues no siempre existió el pago del precio de la tierra). Otras formas de traspaso de los bienes utilizadas, fundamentalmente en Urabá, fueron la falsedad o el constreñimiento para la renuncia a adjudicaciones de predios baldíos realizadas por Incoder o, en su momento, el Incora. En múltiples registros se describe la destrucción de los bienes y el incendio de las casas y las fincas como un mecanismo utilizado por las autodefensas para lograr los desalojos de los predios con fines de ocupación (para apropiación o para librar enfrentamientos) y, en gran medida, para aterrorizar a la población y consolidar el dominio territorial. Los propósitos parecen variar según la subregión, por ejemplo, en los casos de Urabá y Bajo Cauca hay un claro interés de apropiación de éstas, pero en el caso del Oriente algunas víctimas relatan el incendio motivado por la necesidad de tener las tierras desocupadas para librar los enfrentamientos.

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Incluso, entre Urabá y Bajo Cauca (no obstante el interés de apropiación) según las narraciones de las víctimas, los incendios se dieron para garantizar los desalojos de los predios, en Urabá, además, pero también como castigos colectivos que pretendían ser ejemplarizantes. En Occidente, estos fueron consecuencia de incursiones armadas y funcionaron como castigo y garantía del desplazamiento forzado. En estos casos, las víctimas no relatan qué pasó con sus tierras, si siguen abandonadas o si ha habido apropiación de ellas, como se conoce que ocurrió en Bajo Cauca. Otras formas de despojo relatadas son el constreñimiento para firmar renuncias a adjudicaciones realizadas por el Incora y las falsedades, tanto de escrituras como de estas renuncias. Algunos casos refieren las ventas a pérdida, sin especificar la proveniencia del comprador, es decir, su relación con los grupos armados o no; situación que se veía favorecida por las condiciones de violencia generalizada provocadas por la actuación de los grupos de autodefensas. Cabe resaltar un caso de afectación a inmuebles como consecuencia del desplazamiento forzado, en el cual la víctima narra haber dejado una deuda con la Caja Agraria y cuyas cuotas no pudo seguir cancelando a causa del desplazamiento. La deuda se tornó prácticamente impagable debido al monto alcanzado (ocurrido en el Suroeste). También se observan algunos intentos de retornos fallidos, por diversas razones; en el Bajo Cauca principalmente por ocupación de terceros y en el Oriente por la presencia de minas antipersonal (MAP) en los predios. Las etapas de violencia varían mucho de una subregión a otra y, en términos generales, dan cuenta de períodos prolongados. Sin embargo, en subregiones como el Bajo Cauca se resalta el comprendido entre los años 2000 y 2002 como el más agudo; en Urabá, aunque se declaran pérdidas entre 1990 y 2007, éstas aparecen con mayor frecuencia entre 1995 y 1997; y en el Oriente, los períodos descritos como de mayor violencia oscilan entre 1997 y 2004. Finalmente, es de resaltar que el único caso claro de tenencia se presenta en el Oriente, municipio de Carmen de Viboral, donde la víctima relata haber perdido los cultivos y animales que tenía en la tierra que, afirma, era propiedad de otro.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.4.4. Aproximación a un análisis subregional Una vez realizados los cruces de información entre víctimas de desplazamiento forzado y la variable sobre bienes afectados, se mantiene la línea general de quienes no son víctimas de desplazamiento forzado, siendo las subregiones más afectadas Bajo Cauca, Urabá y Oriente, tal como puede verse en la siguiente tabla, que relaciona por subregión el número de víctimas según el tipo de bienes afectados. Titulo: Número y tipo de bienes afectados en el departamento de Antioquia con relación a víctimas de desplazamiento forzado, por subregión.

SUB-REGIÓN

INMUEBLES

TIPO DE BIEN OTROS ANIMALES MUEBLES Y CULTIVOS

BAJO CAUCA

URABÁ

ORIENTE

OCCIDENTE

NORTE

NORDESTE

VALLE DE ABURRÁ

SUROESTE

MAGDALENA MEDIO

TOTAL POR TIPO DE BIEN

218

148

Tabla N° 54. Fuente: Ficha de Fiscalía - Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

Los municipios más afectados son, en el Bajo Cauca, El Bagre, con 70 casos en afectación de tierras y 73 de pérdida de animales y cultivos. En el primer caso lo más declarado son casas, fincas y parcelas y, en el segundo, cultivos y semovientes. Si se comparan las cifras de este municipio con el total de la subregión, se denota una clara explotación económica de la tierra y una estrecha relación entre el trabajo productivo y el acceso a ella. Por su parte, en Urabá, Turbo es el municipio más afectado en el tema de tierras con 19 casos, y Necoclí en animales y cultivos, con 7. En el primero, lo más declarado son fincas y parcelas y, en el segundo, cultivos y semovientes. En Urabá, en términos generales, se observa que las tierras, especialmente de quienes hoy se encuentran

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO desplazados, se perdieron por la clara vía del despojo, lo que evidencia la intención, no sólo de desalojar o desplazar, sino de apropiarse “legalmente” de los bienes. Las modalidades de pérdida de los bienes, fueron descritas en el acápite anterior. En este punto se presenta, más bien, un acercamiento a lo que representa el patrimonio para las víctimas según la subregión.

2.4.4.1. Bajo Cauca Aunque en los relatos de las víctimas no infiere una conciencia clara sobre la importancia de los títulos, si se percibe un conocimiento sobre los derechos de propiedad y posesiones sobre la tierra, pues permanece en las víctimas una sensación de pérdida debido a la ocupación por terceros. El criterio para distinguir los animales y cultivos de otros bienes muebles, para identificar actividades económicas o productivas, es desbordado en la subregión del Bajo Cauca, cuando menos, al referir víctimas de desplazamiento forzado; pues es el mayor número de pérdidas registradas (bienes tales como maquinaria, herramienta y motores), lo que proporciona una clara idea de actividades productivas que se vieron afectadas con su pérdida. De otro lado, que uno de los casos de hurto reportados corresponda a un radio, evidencia que las afectaciones patrimoniales adquieren otras dimensiones, en las que lo más grave puede no ser la patrimonial en sí misma (es decir, con sus connotaciones económicas), sino la pérdida moral que ello conlleva. En esta ocasión, se evidencia la importancia de un bien de tal naturaleza en la vida rural, que posibilita otro contacto con el mundo, importancia ratificada, además, porque no obstante el desplazamiento, la víctima no hizo alusión a otros bienes muebles y enseres. 2.4.4.2. Urabá Tanto la venta como la entrega forzada suponen el despojo de los bienes. En la primera con un contrato previo, aunque ilegal, y en la última, las propias víctimas hacen la diferencia cuando indican, para referirse a estos casos, que les “tocó dejar la parcela” a tal o cual persona perteneciente a un grupo armado o con nexos con éste; o cuando indican “nos fuimos entregando el título de la finca por amenazas”. En no pocos casos las víctimas narran que después del abandono forzado de sus tierras,

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

fueron perseguidas para otorgar las escrituras públicas y otros documentos que traspasaran las propiedades y posesiones. Estas anotaciones permiten concluir la especial relación que con el patrimonio ostenta el campesino en Urabá, a diferencia de otras subregiones. Allí se nota la conciencia de la importancia de los títulos sobre las tierras. Más allá de la relación de la cual se deriva las posibilidades de una explotación económica, hay una clara relación de propiedad, expresada en la mayor resistencia para el abandono o la venta, dada la conciencia del patrimonio en juego, en contraste con el Bajo Cauca, por ejemplo, en donde la relación se evidencia más con las posibilidades de explotación de la tierra. La poca cantidad de otros bienes muebles declarados contrasta con las cifras de desplazamiento en la subregión, pues si en cualquier otra situación de desplazamiento no es posible huir con todos los bienes, en el caso de Urabá lo fue menos todavía. Según los relatos de las víctimas, los grupos de autodefensa les daban plazos de 24 horas o menos para salir de la región. 2.4.4.3. Oriente Según el relato de las víctimas, en el Oriente no hay un claro interés de apropiación ni eliminación de los campesinos, como en el Bajo Cauca y Urabá. Las víctimas son sobre todo agricultores y se evidencia más un movimiento de insumos que de capital, como el caso de Urabá, en donde se denota mayor “riqueza”. En el Oriente las víctimas refieren el sustento; en Urabá, algunas, los excedentes. Las declaraciones que del abandono realiza la población dan cuenta de pérdidas patrimoniales por la ausencia de usufructo de los bienes, pero parece existir en las víctimas la percepción de que ellos aún continúan perteneciéndoles, en contraste con regiones como el Bajo Cauca, en las que hay una mayor conciencia de la pérdida, como patrimonio. 2.4.4.4. Norte Aunque son muy pocos los declarantes que refieren la pérdida de bienes, llama la atención en esta subregión la alusión de su situación actual como precaria, en comparación con la anterior al desplazamiento, agudizada en varios casos por el hecho de verse obligados a pagar un arriendo que antes no debían costear.

162

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO 2.4.4.5. Magdalena Medio En esta subregión las respuestas de las víctimas pueden estar mostrando otro tipo de violencia y no necesariamente que no se han afectado bienes pues, tratándose de una violencia más enérgica, es probable que se privilegien delitos que parecen más atroces que el desplazamiento. Los relatos de las víctimas de subregiones como Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente, si bien son escasos en información sobre pérdida de bienes, permiten identificar la modalidad. Sin embargo, es difícil caracterizar estas subregiones con respecto a su percepción sobre el patrimonio, tal vez se deba a que, como en el caso del Magdalena Medio, se privilegie otro tipo de información sobre otras formas de violencia.

2.4.5. Dinámicas del desplazamiento forzado Una vez relacionada, de una manera general, la forma en que las víctimas perdieron sus bienes, en este apartado se abordan algunas causas o circunstancias que rodearon el desplazamiento forzado de las víctimas según sus narraciones, con el fin de interpretar el impacto y los grados de afectación de las pérdidas, como elementos a considerar en un proceso de restitución y reparación. Estas circunstancias se evidencian al revisar otros delitos de los que fue víctima la población desplazada, asociados al hecho de desplazamiento. Titulo: Delitos más declarados por las víctimas de desplazamiento forzado, por subregiones SUB-REGIÓN

DESPLAZAMIENTO AMENAZAS HOMICIDIOS FORZADO

HURTO

DESAPARICIÓN TORTURA

URABÁ

134

BAJO CAUCA

114

ORIENTE

VALLE DE ABURRÁ

OCCIDENTE

NORDESTE

NORTE

MAGDALENA MEDIO

SUROESTE

TOTAL 481 194 180 52 43 30 Tabla N° 55. Fuente: Ficha de Fiscalía - Procesamiento de Información: Convenio CNRR – ACCION SOCIAL, Proyecto Tierras – USB – IPC

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

Una vez realizados los filtros correspondientes, se encuentra que de las 481 víctimas de desplazamiento forzado del departamento, 347 personas, es decir, el 72,14% manifiesta serlo de otros delitos distintos al desplazamiento, tal como se observa en la tabla anterior. Con la lectura de las declaraciones de estas 347 víctimas puede notarse como causa del desplazamiento, además de la violencia generalizada, la sufrida en forma directa como consecuencia de otros delitos (principalmente las amenazas directas, los homicidios y las desapariciones), lo que evidencia el nivel de violencia ejercida por los grupos armados, en especial, sobre la población víctima del desplazamiento. En la perspectiva de reparación, este elemento debe ser tenido en cuenta en relación con el impacto de la violencia en la vida la población desplazada, en la medida en que las secuelas no siempre son superadas por los programas sociales tradicionales diseñados para la asistencia del Estado, y requiere pensar en programas especiales de rehabilitación. De otro lado, realizando los cruces sencillos, se encuentra que solo 134 víctimas de desplazamiento forzado refieren a esa victimización y no otra. Sin embargo, revisadas las declaraciones, existen narraciones de hechos delictivos que solo podían apreciarse con el análisis cualitativo de los relatos (como las incursiones armadas y los enfrentamientos entre los grupos armados, o hechos en que los declarantes no fueron víctimas, sino terceros, pero que se constituyeron en un estado de violencia generalizada y que, por lo mismo, sembraron el miedo y el terror). De hecho, en altísima medida se hace alusión al temor por la violencia generalizada como el principal factor en todas las subregiones. Igualmente, llama la atención que de las 481 víctimas de desplazamiento forzado, 227 no indican pérdida de bienes, esto es, el 47,19%. Revisada la base de datos se constataron dos situaciones: i) en varios casos, aunque se hace referencia al abandono de los bienes o a haberlo perdido todo, no se especifican los bienes afectados, lo que hacía imposible su clasificación (se señala haber dejado los bienes, las propiedades o las pertenencias, indicando en varios casos “me tocó dejar todo”); ii) de otro lado, hay numerosos casos en los que no se hace referencia a bien alguno, no necesariamente porque no haya pérdidas, sino porque, y esto es claro, se declaran otro tipo de delitos, como homicidios y desapariciones de familiares, amenazas, incendios en las veredas,103 violencia generalizada, llegada de los grupos armados a municipios o 103 Que si bien podrían permitir inferir afectación de bienes por parte de la víctima que narra el hecho, en sentido estricto no es posible la inferencia, en tanto la víctima no especifica si sus bienes fueron objeto del incendio o no, porque relatan el hecho de una manera genérica, lo indican en algunos casos como causa del desplazamiento, en la medida en que ello provocó temor.

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO veredas. En cualquier caso, estos delitos dan cuenta de la crueldad de que fueron víctimas, haciendo menos visible la violación a otros derechos que, en principio, parecen de menor entidad, pero que justamente su afectación ha llevado a las víctimas a mayor vulnerabilidad. En numerosas oportunidades el temor no es superado con el desplazamiento, muchas víctimas relatan que después de varios años y de recorrer muchos lugares, se concretan las amenazas que dieron origen a sus desplazamientos. En algunos casos se comenta, incluso una persecución constante que impide a esta población el asentamiento definitivo o, por lo menos, con “cierta estabilidad” en otro lugar, que los mantiene en un desplazamiento constante.105

2.4.5.1 . Comparativo sobre las causas del desplazamiento Las causas del desplazamiento narradas por las víctimas son diversas, aunque se refieren fundamentalmente a las amenazas - que varían en su forma de acuerdo con la subregión-, al sufrimiento de otros delitos y, en una gran medida, a la situación de violencia generalizada. 2.4.5.1.1. Bajo Cauca Se narran como causa del desplazamiento en su orden, las amenazas, evidenciadas en listas,105 señalamientos106 y reuniones citadas por los grupos armados para ordenar el desalojo de las veredas; los enfrentamientos, en los cuales no solo se alude a los campos de batalla o fuego cruzado, aún cuando existen algunos casos, sino a otras formas de lucha por el territorio (incursiones armadas y otras acciones tendientes a restar poder al enemigo en las que las víctimas quedaron en medio de la contienda, como las destrucciones de bienes por parte de la guerrilla que se sabía pertenecían a los grupos de autodefensa y en las que éstos obligaron el desplazamiento de las víctimas por no avisar o prevenir lo sucedido). También, la restricción para la circulación de alimentos y, en menor medida, los incendios. En términos generales, de los relatos de las víctimas se deduce un estado de violencia generalizada en la región, que causó el horror entre ellas y que hoy pervive. 104 Situación particularmente visible en el caso de las víctimas de Urabá. 105 Algunas de las víctimas manifestaron haber salido de sus municipios por avisos que le hicieran conocidos de estar en listas de las próximas víctimas de los grupos armados. 106 Varias personas fueron señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla, incluso por miembros de sus comunidades. En el caso del Bajo Cauca se evidencia que los señalamientos que provocaron el desplazamiento forzado, no necesariamente llevaron al homicidio, en contraste con Urabá, como se verá más adelante.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

2.4.5.1.2. Urabá En general, se relatan como causas del desplazamiento forzado las amenazas directas, los enfrentamientos, los incendios en las veredas y, sobre todo, un estado de violencia generalizada, manifiesto en el terror y la crueldad como una constante en los medios utilizados por las autodefensas para desplazar a los campesinos de esta región (como los degollamientos y las ejecuciones frente a las familias o a los demás habitantes de las veredas, a manera de castigos colectivos). La violencia de los grupos de autodefensas se ensañó en la población de Urabá, pues en varios casos no pareció haber sido suficiente el desplazamiento. En no pocos relatos manifiestan las víctimas ser obligadas a desplazarse a otros municipios e incluso a otras subregiones, a huir de una persecución constante que parecía no buscar exclusivamente la apropiación de las tierras como forma de control territorial, sino la eliminación del enemigo, real o supuesto, a fin de lograr la consolidación. Pese a la lograda hegemonía de las autodefensas, la crueldad en los métodos utilizados contra la población persistió, evidenciada en el afán por infundir terror en ella. Los hechos narrados están rodeados de incendios, degollamientos, descuartizamientos, ejecuciones, desapariciones, lesiones y barbarie (como asesinatos a golpes, frente a la familia y la población de la vereda); a diferencia de los incendios narrados en el Bajo Cauca, aquí pretendían ser ejemplarizantes. Es importante anotar que, de acuerdo con los relatos de las víctimas, los grupos de autodefensas actuaron en la subregión como grupos de justicia comunitaria y como justicieros, que “resolvían” incluso problemas familiares o domésticos y que 107 pretendían dar escarmiento a la población, por hechos que van del control de los comportamientos de la adolescencia a la supuesta colaboración con la guerrilla. 2.4.5.1.3. Oriente Entre los 80 casos de desplazamiento, los delitos más declarados son justamente los homicidios y las amenazas. Otras son la restricción para la circulación de alimentos (en Argelia, Cocorná y Granada) y los enfrentamientos entre los grupos armados. A estos últimos se hace referencia en varios casos como un factor de riesgo mayor que las amenazas. 107 Una de las víctimas narra el caso en el que su hijo intento ser asesinado por su “necedad”; otro menor de 11 años iba a ser asesinado por usar una cachucha camuflada que encontró en la carretera.

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO Asi mismo, casi la totalidad de las víctimas narran una situación de violencia generalizada que infundió el miedo entre los habitantes de la región, que en no pocos casos llevó al desplazamiento forzado. Se alude, principalmente, a los enfrentamientos, los homicidios -aunque no tanto masacres, como en Urabá-, los rumores de incursiones armadas y homicidios, y el miedo provocado por otros desplazamientos. Vale la pena resaltar un caso en San Francisco, que refiere como causas del desplazamiento los homicidios que venían presentándose contra los líderes comunitarios. Aunque los relatos muestran una lucha por el territorio, se perciben algunas diferencias con otras subregiones, en las que, como en el caso del Bajo Cauca, las víctimas narran un peligro inminente sobre su vida e integridad, dada la estrategia de eliminación del campesino. En el caso del Oriente, la estrategia pareció estar concentrada en el desplazamiento. A diferencia de Urabá, la destrucción de los bienes persigue el desplazamiento para garantizar el control territorial y la guerra abierta (según expresiones de las víctimas tales como “no querían al campesino cerca, para que no pasáramos por momentos difíciles”) y no necesariamente el afán de causar horror. Se indica en muchos casos que mediante reuniones y volantes solicitaban desocupar las veredas, y no los señalamientos, como Urabá y Bajo Cauca. A quienes no salían se les destruían las casas para garantizar el desplazamiento, según narran las propias víctimas. 2.4.5.1.4. Occidente Como en las demás subregiones, el homicidio aparece en el Occidente como el mayor delito declarado por las víctimas con 139 registros, seguido, aunque de muy lejos, por el desplazamiento con 37 casos y la desaparición forzada con 30, de un total de 198 víctimas registradas en la base de datos objeto de análisis. Las causas más comunes del desplazamiento son las incursiones armadas, sobre todo en el municipio de Buriticá, en donde los grupos de autodefensas quemaron las casas de las veredas y ordenaron el desalojo de la población en plazos máximos de una hora en la mayoría de los casos, y en uno de ellos con un plazo de de cinco minutos. Como causas aparecen las amenazas, los homicidios y la situación de violencia generalizada en Cañasgordas,108 Liborina, Sabanalarga, Uramita y Dabeiba (en donde, además se reporta un caso en el que se ordenó el desalojo de toda la vereda, 108 Juntas.

Aunque en este municipio una de las víctimas señala concretamente como causa del desplazamiento la toma del corregimiento de

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

indicando que en 5 días se tenían que ir, “el que se quedara lo mataban”). También, un caso de enfrentamientos entre autodefensas y guerrilla (en Cañasgordas) y en Santa Fe de Antioquia, en el único caso registrado, se indica como causa del desplazamiento el no pago de las vacunas exigidas por los grupos de autodefensas. 2.4.5.1.5. Norte Entre las causas del desplazamiento más comúnmente referidas está la situación de violencia generalizada caracterizada por los homicidios perpetrados con sevicia, en medio de torturas y tratos crueles, los enfrentamientos entre autodefensas y guerrilla que llevó a que las veredas quedaran deshabitadas (particularmente en Angostura), los incendios llevados a cabo por los grupos de autodefensas en las veredas (sobre todo en Briceño e Ituango) y algunos casos de amenazas directas, consistentes sobre todo en órdenes de desalojo de las veredas (por ejemplo, en Ituango se relata un caso 109 en el que las autodefensas manifestaron que necesitaban la tierra “para pelear ahí” ). En general, las víctimas manifiestan el temor que en ellos produjo la llegada de las autodefensas a la región. Se reportan, además, algunos casos de confrontación e instalación de los grupos armados en las casas o sus alrededores, en donde, además, éstos consumían los alimentos. 2.4.5.1.6. Nordeste Como causas del desplazamiento se narra una situación de violencia generalizada caracterizada por los enfrentamientos entre grupos armados, las desapariciones, los homicidios de familiares de las víctimas y de otros miembros de sus comunidades, los reclutamientos y las masacres. Igualmente, las órdenes de abandono inmediato de las veredas (como en el municipio de Santo Domingo) y las amenazas, en algunos casos concretadas, como en el de una víctima de Yolombó, que según el relato de su familiar lo persiguieron las autodefensas, se les escapó y logró avisar que iba para Medellín, pero no llegó y hoy está desaparecido. 2.4.5.1.7. Valle de Aburrá Como causas del desplazamiento sobresalen, en mayor medida, las amenazas directas, en uno de estos casos en el municipio de Bello con una orden de 109

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Relato de una de las víctimas, contenido en los Formatos de la Fiscalía.

VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO desplazamiento. Cabe resaltar el caso narrado por una víctima desplazada del municipio de Barbosa que relata las masacres perpetradas por las autodefensas y su llegada a una vereda, para “ajusticiar” a la comunidad, lo que causó el terror con diversos hechos de violencia y restricción de alimentos. En términos generales, sin embargo, se habla de abandonos forzados, en la mayoría de los casos por amenazas directas, incluso a quienes se les dio plazos perentorios para “desalojar” sus casas, pero las víctimas no hacen referencia expresa a estas pérdidas. Aunque son poco visibles, se relatan varios casos de desplazamiento intraurbano, debido fundamentalmente a la situación la violencia generalizada y, en algunos, a la amenaza directa. Entre ellos se destaca un hecho de 1987, en el cual la víctima relata “fui sacada de mi casa de habitación (…), las personas que me sacaron se identificaron como miembros de las milicias, hasta la fecha no he podido regresar, porque me mandaron razón que 110 si regreso me atengo a las consecuencias”. Adicionalmente, una víctima menciona que debió desplazarse por no pagar las vacunas exigidas por las autodefensas y no colaborar guardando armamentos. Le exigieron, entonces, entregar a los hijos para trabajar con ellos, pero al negarse le dieron hora y media para salir del barrio. En términos generales, tratándose de desplazamiento intraurbano, no se describen retornos a los barrios de los que las víctimas provienen, pues según sus propios relatos no pueden regresar, ni a visitarlo. Y en los pocos casos en que éstas han intentado hacerlo, algunas de las amenazas se han concretado. En Medellín, varias víctimas narran la presencia activa de las autodefensas en los barrios periféricos de la ciudad, con algunos enfrentamientos entre éstos y la Fiscalía. Eran las que decidían quién permanecía en el barrio o quién debía irse, y resolvían en varias ocasiones sobre el uso final de las casas abandonadas forzadamente. Es importante, igualmente, resaltar la situación de una víctima en cuya casa irrumpieron ocho miembros de las autodefensas disparando con la intención de matar a sus hijas por “creídas”, objetivo que no alcanzaron porque las jóvenes no estaban en ese momento y quienes no pudieron regresar al barrio. Cuando la declarante abandonó la casa, este grupo armado no permitió arrendarla. El grupo 110

Narración de una de las víctimas, contenido en los Formatos de Fiscalía.

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armado afirmó que “quedaba en su poder” y destruyeron parte de ella, “acabaron con la cocina, el baño y parte de las piezas”. Otra víctima de la ciudad plantea que tanto él como su familia debieron dejar abandonadas cinco casas, hoy ocupadas por miembros de las autodefensas reinsertados y por gente autorizada por ellos. 2.4.5.1.8. Suroeste Las causas del desplazamiento son en algunos casos las desapariciones y los homicidios de familiares y vecinos (Amagá, Caramanta y Fredonia), pero en la mayoría se hace referencia a las amenazas y las órdenes de desalojo de las veredas (en Betulia, Urrao y Concordia), en algunos casos en 24 horas. Quienes se quedaban eran asesinados. 2.4.5.1.9. Magdalena Medio Las principales causas narradas fueron homicidios (Caracolí, Maceo), en su mayoría precedidas de desapariciones, algunos casos de amenazas y en todo caso en medio de actos barbáricos (ahorcados, atados de pies y manos), las desapariciones, sobre todo en Puerto Berrío. También hay un caso de enfrentamientos entre autodefensas y guerrilla en Puerto Berrío, donde se asesinaba a los campesinos y los desaparecían.

2.4.6. Algunas conclusiones · En perspectiva de reparación se precisa identificar no solo la forma en que se relaciona la violación de los derechos patrimoniales con el desplazamiento forzado, sino qué implicaciones tiene para las víctimas dicha relación. Esto, en aras de buscar las mejores opciones de reparación de acuerdo no sólo a la pérdida, sino también a la modalidad en que se presentó, lo cual tiene que ver con el hecho de que el desplazamiento forzado esté asociado a otros delitos, tal como puede observarse en el acápite sobre dinámicas del desplazamiento forzado. · La lectura de los delitos, tanto como de la narración de los hechos asociados a las afectaciones sobre bienes, permite identificar bajo qué modalidades se han perdido o afectado los derechos sobre la tierra y el patrimonio. Llegar a esto, sin embargo, presenta dificultades, pues no puede sustraerse que la base de datos no contiene información sobre delitos que atentan contra el patrimonio, excepto el hurto que, en cualquier caso, sólo arrojaría información sobre

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO animales domésticos, semovientes y bienes muebles, pero no sobre la propiedad y las posesiones, en particular. · El análisis de la versión de los hechos permite identificar diversas modalidades bajo las cuales se vieron afectados los derechos de propiedad e informales de las víctimas de desplazamiento forzado, desde el abandono de las tierras, pasando por la destrucción de sus casas hasta la apropiación por los grupos de autodefensa a través de las ventas forzadas a bajos precios, o la utilización de los bienes aprovechándose del abandono forzado al que se vieron sometidos su legítimos dueños o poseedores. · En relación con la tierra, es preciso distinguir el abandono de los casos en que han sucedido despojos, lo que haría más difícil la restitución, sobre todo tratándose de derechos informales. Hay una relación en tanto el desplazamiento forzado fue una estrategia de control territorial que llevó al apoderamiento de las tierras. Pero el hecho de que ese apoderamiento se diese con la transferencia de títulos tiene implicaciones distintas, sobre todo en materia de restitución, por la dificultad para probar e, incluso, por la “creencia” de haber perdido el derecho a reclamar, teniendo en cuenta la época en que ocurrieron los hechos. · Con respecto a las tierras que fueron abandonadas vale la pena resaltar que en la mayoría de los casos reportados en las fichas de Fiscalía, las víctimas explican el abandono relacionado con las amenazas directas o indirectas, los enfrentamientos o, en general, la violencia generalizada de las zonas de expulsión; y en no pocos casos, por las restricciones impuestas para la circulación de alimentos (lo que implicaba además, una infracción al DIH), que ponían en riesgo sus vidas y las llevaba al desplazamiento forzado. · La afectación de derechos patrimoniales tiene implicaciones distintas para las víctimas dependiendo de aquello sobre lo que se ejerza y según la modalidad, por ello conviene distinguir si se trata de pérdida de bienes inmuebles, de cultivos o de muebles y enseres. · Las violaciones de los derechos de propiedad y posesiones, en general, tienen múltiples facetas e implican el menoscabo de los beneficios y prerrogativas derivadas de su ejercicio pleno. Estas violaciones van desde la pérdida de las posibilidades de ejercer dichos derechos, como prevén las normas en la materia, y afectan otros derechos como la vivienda y el trabajo, hasta la pérdida de su titularidad.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

· Pese a los esfuerzos, de las narraciones de las víctimas se observa que el desplazamiento forzado permanece invisible como delito y suele ser visto sólo en su dimensión humanitaria. · La pérdida del patrimonio como forma de victimización aún no es clara para las víctimas, pues se ha dado mayor reconocimiento a los hechos que son más públicamente aceptados como violentos o atroces y que, fácilmente, pueden ser considerados como violaciones de derechos humanos, más aún si éstos fueron la causa directa del desplazamiento forzado. · Pese a que el número de bienes declarados es alto, en relación con las víctimas de desplazamiento forzado, no corresponde a la realidad, lo que puede deberse al desconocimiento, temor a retaliaciones de los grupos armados que aún operan en las zonas de las que fueron expulsados e, incluso, a una extraña ponderación de intereses que pareciera ser necesaria a efectos de no ser excluidos moralmente de una sociedad. · Existe un subregistro de muebles y enseres. Llama especialmente la atención la falta de coincidencia en las cifras de quienes se vieron afectados por el desplazamiento forzado y la de quienes manifestaron perder muebles y enseres. El delito de desplazamiento, en esencia, implica la huida que se emprende para proteger la vida y la integridad, y como tal lleva al abandono de bienes que obstaculicen dicha huida, pues se sopesan entre la conservación de la integridad y la conservación del patrimonio. En el mejor de los casos, las víctimas de desplazamiento forzado emprenden la huida con los documentos de identidad y de las tierras, que implican menores dificultades de tránsito.

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO

· Acción Social - PPTP. Aportes desde la protección de tierras y territorios para la formulación del Programa Nacional de Restitución de Bienes a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes. Documento para la discusión, elaborado por el PPTP en abril de 2008. · Acción Social. (2005). Perfil del Proyecto, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, Bogotá. · ACCIÓN SOCIAL. Perfil del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Bogotá. 2005. · Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 20ª edición, Buenos Aires: Editorial Heliasta. · Fundamentos filosóficos y operativos. (2006). Definiciones estratégicas. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. · Código Civil Colombiano. (2009) Congreso de la República. · Código Penal Colombiano. (2009). Ley 599 de 2000. Congreso de la República Colombia. · Código de Procedimiento Penal. (2009). Ley 600 de 2000. Congreso de la República. Colombia. · Código de Procedimiento Penal. (2009). Ley 906 de 2004. Congreso de la Republica. Colombia.

Fotografías; Fundación Forjando Futuros, “Jornada Víctimas del conflicto armado”.

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

· Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, COHRE. (2005) Defensa del Derecho a la Vivienda de la Población Desplazada en Colombia; informe de la misión de la investigación, mayo de 2005. · Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, COHRE. (2006). Principios de Naciones Unidas sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas; comentarios.117p. · Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, COHRE. (2006). Principios PINHEIRO. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Comentarios para su discusión en Colombia. · Comisión Colombiana de Juristas. (2006). Revertir el destierro forzado: Protección y Restitución de los territorios usurpados. Bogotá. · Comisión Colombiana de Juristas. (2007). Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados. Bogotá. 137 p. Enero. · Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1989). Observación general No. 1, relativa a la presentación de informes de los Estados Partes. Tercer período de sesiones. Observaciones Generales sobre la interpretación y aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. · Conferencia Episcopal de Colombia, CODHES. (2005). Desafíos para construir Nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto y la crisis humanitaria. 19952005. Bogotá. · Contraloría General de La Republica. (2006). Territorio, Patrimonio y Desplazamiento. Intervención del Vicecontralor General de la República en el evento de constitución de la Mesa de Tierras convocado por la Procuraduría General de la Nación: Insuficiencia de las políticas Estatales. Bogotá. · Convención Americana de Derechos Humanos. (1969). Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. · Sentencia N° T-506. (1992). Corte Constitucional Colombiana. · Declaración Universal de los Derechos Humanos, (1948). Naciones Unidas. · Decreto número 2007 de 24 de septiembre. (2001). Oportuna Atención a la población desplazada por la Violencia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia. · Decreto 250, 7 de febrero. (2005). Ministerio del Interior y e Justicia, Colombia. Por medio del cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. · Decreto 3391, 26 de septiembre. (2006). Ministerio del Interior y de Justicia. Colombia. Por el cual se Reglamenta la Ley 975 de 2005. · Diccionario de Derecho Privado, (1950). Tomo I, Barcelona: Editorial Labor S.A.,

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VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO · Diccionario Enciclopédico. (2002). Espasa. Espasa-Calpe, S.A., · “Echando Pa' Lante”. (2007). Camino de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la población desplazada. Publicaciones ILSA. · Enciclopedia Jurídica Ameba. (1958). Tomo VIII, Buenos Aires: Editorial Bibilográfica Argentina, · Escriche, Joaquín. (1977). Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomos II, IV, Bogotá: Editorial Temis, · Fundación Social, PCS e ICTJ. (2007). Percepciones y opiniones de los colombianos sobre Justicia, Verdad, Reparación y Reconciliación. · Gobernación de Antioquia. (2006). Plan Integral Único-PIU- para la Población Afectada por el Desplazamiento Forzado en el Departamento de Antioquia. · Gómez Méndez, María Paula y Montoya Salamanca, Alexandra. (2006). Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Verdad, justicia y reparación; Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 152p. · Ibañez, Ana María; Moya, Andrés y Velasquez, Andrea. Hacia una política proactiva para la población desplazada Universidad de los Andes, Secretariado Nacional de Pastoral Social. Bogotá. (2006). · Ley 387, julio 18. Congreso de la República, Colombia. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. (1997) · Ley 975, julio 25. Congreso de la República. Colombia. por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios de (2005) · Machado, Absalón. Flujo y reflujo de las líneas maestras de la política de tierras en Colombia: 1960-2006. Bogotá. (2006). · Noche Y Niebla, CINEP, Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos, Marco teórico y conceptual. · Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. · PCS Consejería de Proyectos y otros. Echando Pa´lante. Camino de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la Población Desplazada. Publicaciones ILSA · Principios Rectores de Los Desplazamientos Internos. Extracto del documento E/CN. 4/1998/53/Add.2, de Febrero. (1998).

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Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado

· Principios sobre Restitución de Viviendas, Tierras y Patrimonio · Procuraduría General de La Nación. Desplazamiento y tierras en Colombia. Intervención del Procurador General de la Nación en la instalación de la Mesa Nacional de Tierras. Bogotá. (2006). · Procuraduría General de La Nación. Seguimiento a políticas públicas en materia de Desmovilización y Reinserción. Tomo 1. Bogotá. (2006). · Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca Antioqueño. 39p. (Diciembre de 2006). · Proyecto de Ley 157 de 2007 Senado. Senador Cristo Bustos Juan Fernando, Estatuto de las Victimas de la Violencia. Cámara de Representantes radicado Numero 044. (2008). · Querubin, Pablo; Ibañez, Ana María. Acceso a Tierras y Desplazamiento Forzado en Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá. (2004). · Saavedra Alessandri, Pablo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reparaciones ordenadas y el acatamiento de los Estados. · Salinas, Yamile. Las Tierras de la Población Desplazada en las Bases del Plan. Bogotá. (2007) · Salinas, Yamile. Tierra y Desplazamiento en Colombia. El Derecho a la Restitución de las Víctimas. Bogotá. (2007). · Uprimny, Rodrigo y Saffón María Paula. Desplazamiento forzado y Justicia Transicional en Colombia. 34 p. (2006) · Uprinmy, Rodrigo. Desplazamiento forzado y Justicia Transicional en Colombia. Bogotá. (2006).

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