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julio / 2005

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Índice Mesa de redacción

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Desafío al duopolio

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Nacionalistas de ocasión

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Los temores del duopolio Jenaro VIllamil Nacionalismo selectivo Gabriel Sosa Plata STIRT impide solución en CNI Gerardo Israel Montes Un doble discurso ante Canal 40 Luis Miguel Carriedo El Canal 40 bajo acecho Claudia Benassini Félix Entre la cooptación y la represión Gerardo Israel Montes Rehenes de los dineros oficiales Gerardo Israel Montes

El cartón • Hernández Portada

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Televisión

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En Televisa ganancias vs. empleados Zósimo Díaz

Desde la coloña

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Se siente gacho güey Jorge Mancilla

Derecho a la información

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Facilitan acceso a la información, falta ley Zósimo Díaz ¿Información o politiqueía? Zósimo Díaz Reforma profunda a transparencia en el DF Gustavo Velásquez/Columna invitada

Directorio Director General Carlos Padilla Ríos Jefe de Información Gerardo Israel Montes Edición Juan N. Meléndez Portada Mónica Méndez Padilla Jiménez Diseño Gráfico Yeniséi Oviedo González Fotografía Iván Bustamante, Ricardo Hernández, 4

Zócalo

Cuartoscuro, Fotoproceso Reporteros Balbina Flores Martínez, Eric Estrada Ángeles, Mauro Godoy, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Haydée Martínez, Laura Durán, Atziri Ávila, Zósimo Díaz. Publicidad Daniel Macías León Colaboradores Luis Miguel Carriedo, José Luis Martínez, Graciela Ramírez, Agustín Ramírez,

Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Beatriz Solís, Jenaro Villamil, Andrés De Luna, José de Jesús Guadarrama, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, Rocío Casillas Aceves, Agustín Pineda, Jacinto Munguía, Claudia Benassini. Caricaturistas Hernández, Luy, Jacobo, Bogotá Redacción y Corrección Juan Amael Vizzuett Olvera, Jaime Morales M., Aura María Vidales


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Avance en acceso a la información capitalina Odette Rivas/Columna invitada

Periodistas

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La PGR indaga, pero no resuelve; crea culpables Balbina Flores Martínez De Garganta profunda a las profundidades sórdidas de la era Bush Naief Yehya

Academia

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La comunicación, un patrimonio del ser humano: Vicente Castellanos Nelly Olivos

Humor • Kemchs

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Sacapuntas

Caja de luz

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Si la vida se fuera... Miguel Salguero

Cómic

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Memín Pinguín, entre la fortuna y el regateo Jorge Pulido 49 Los códigos divergentes Vanessa Mendoza Deportes 50 Martín Bombero Sánchez, otra víctima del boxeo Víctor Becerril

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Novedades

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Las “armas secretas” de Hernández y El Fisgón Eric Estrada José Luis Martínez y... La vieja guardia: Memoria de un oficio Aura María Vidales

Libros

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Circulación Martín Cárdenas Consejo Editorial Alma Rosa Alva De La Selva, Irma Ávila, Javier Esteinou, María Victoria Llamas, Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, José Palomo, Octavio Islas Carmona, Graciela Ramírez, Beatriz Solís, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza, Rogelio Hernández López. Diseño página web Damián Morales

Zócalo, comunicación, política y sociedad Es una publicación mensual editada en México, DF por Proyectos Alternativos de Comunicación, SA de CV, Reserva exclusiva título núm. 04-2000-090816141800-102, Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943, Domicilio:Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 53416590 y 53416597, alternativamedios@prodigy. net.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Página en Internet: www.periodicozocalo. com.mx. Impreso por: Gráficos efe, Diseños

y producciones editoriales para las artes gráficas. Urólogos 55, Col. el Triunfo, México, D.F., C.P. 09430, Tel. 56.33.46.72. Precio por ejemplar: 20 pesos Suscripción anual: 200 pesos por 12 números Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 52380200. En Sanborns en toda la república. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 53544037, 53562815. En el Distrito Federal; Edo. Méx, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.

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MESA

D E R E DAC C I Ó N

Desafio al duopolio

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l prurito legal con el que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes está supervisando la alianza Canal 40 con General Electric, y la tibia intervención del gobierno en el conflicto laboral, -que en agosto cumple 90 días-, exhibe una vez más el favoritismo y la parcialidad con que el gobierno federal aplica la ley en este país. La confirmación de que General Electric inyectó cuantiosos recursos financieros a Canal 40 “alarmó” a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que no tardó en reaccionar, para advertir en un desplegado, su celo legal contra la televisora de Javier Moreno Valle. Desconcertante actitud porque esta administración federal, como ninguna otra, ha favorecido a los concesionarios de la televisión y la radio, menos a uno. Donde más pavor provocó aquella alianza fue entre el duopolio Televisa y Tv Azteca que emprendió, una no menos insólita campaña mediática “contra la inversión extranjera”, pretendiendo engañar a algún incauto. ¿La razón? General Electric es dueña de NBC y Telemundo, importantes televisoras que podrían surtir de programación a Canal 40 desatando una guerra por el rating y la publicidad que el duopolio difícilmente podría enfrentar, debido a la pobreza de programación que lo caracteriza. Cuando muchos han querido dar por desaparecido a Canal 40 éste parece levantarse para desafiar a la televisión comercial, y de paso a la administración de Vicente Fox que en algún momento se autonombró “gobierno de los empresarios”. Las leyes locales permiten la inversión extranjera en los medios de comunicación electrónicos, por lo que una negativa del gobierno federal podría llevar a las empresas de la comunicación del exterior, a demandar en los tribunales internacionales a la administración foxista. Cada día que pasa, los enemigos de Moreno Valle continúan saboteando las posibles soluciones a la dramática situación en la pequeña televisora.¿Cuál es el interés por “reventar” alguna solución en Canal 40 ?, ¿Es inamovible el respaldo a Televisa y Tv Azteca? Vicente Fox está viviendo los últimos meses de su gobierno, y sin embargo la administración que preside, continúa sorprendiendo al más inocente de los mexicanos, por lo contradictorio de su política económica y la extravagancia de su desempeño.

DE

N U E S T RO S L E C TO R E S

Carlos Padilla y su equipo de Zócalo, quienes empezaron armados de sus buenos deseos y de su obsesión por hacer periodismo especializado de calidad, estrenan un nuevo formato que hace más atractiva su publicación. Ello da cuenta de que este proyecto de jóvenes periodistas no sólo se mantiene, sino se enriquece para bien de todos. El esfuerzo no es menor, sobre todo en estos tiempos donde la equidad de la publicidad oficial ha sido tirada al bote de la basura por el gobierno del cambio. Una ley de transparencia y equidad publicitaria gubernamental se hace, cada día que pasa, una asignatura más necesaria. Ernesto Villanueva Proceso. 24 de julio de 2005.

Carlos Padilla Ríos: Como lector agradezco y doy la bienvenida al cambio de formato. Deseo que esta nueva etapa sea más favorable para todo el equipo al que, a través tuyo, envío mis felicitaciones y mis mejores deseos. Por cierto, hasta ahora cayó en mis manos un ejemplar que me hicieron favor de enviar a mi nombre. Los anteriores, se quedaron en las manos de alguien que resultó ser muy envidioso, aunque también inteligente y buen lector. Muchos éxitos Luis Acevedo Pesquera SUBDIRECTOR EDITORIAL EL FINANCIERO

Saludos a la Revista Zócalo.* La siguiente sugerencia es que pongan más cuidado en la corrección de estilo de los artículos y las notas que publican, pues se pueden encontrar varias faltas tanto ortográficas como gramáticas, lo que me parece muy grave, sobre todo siendo una -ahora- revista dedicada en gran parte a comunicólogos. Gracias. *Ariadna Rivera Ramírez 6

Zócalo

Adiós a las mañaneras

Frase del mes La risa de la hiena (El caso del diario Noticias de Oaxaca) es un asunto que tiene una carga política muy fuerte, hablaban de secuestrados y ahora son desalojados; da risa... ...resulta que hoy ya están desalojados violentamente y que no eran 31 sino 14 trabajadores. Palabras del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, horas después de que porros de la CROC tomaron las instalaciones del diario oaxaqueño.


EL CARTÓN Hernández

Nacionalistas de ocasión

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P O RTA DA Jenaro Villamil Cinco claves del conflicto en CNI-Canal 40

Los temores del duopolio La crisis de CNI Canal 40 se inscribe en una maraña de intereses empresariales, corporativos y políticos de alcances multinacionales; entre tanto, la urgencia de avances hacia una apertura democrática en los medios electrónicos, vuelve a sacrificarse en aras del duopolio televisivo y de sus aliados.

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Foto: Cuartoscuro

l Canal 40 está de nuevo en medio de un profundo reacomodo de la política de los medios de comunicación electrónicos en el país. Del litigio laboral que originó la huelga el 19 de mayo se ha transitado al litigio corporativo que protagoniza la alianza efímera de las dos grandes cadenas televisivas mexicanas (Televisa y TV Azteca) contra un rival de dimensiones globales, como es el segundo consorcio mediático de Estados Unidos, controlado por la no menos poderosa trasnacional General Electric. En otras palabras, ya no se trata de un conflicto local. Toma el cariz creciente de

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca

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Zócalo

un caso global, estrechamente vinculado con la recomposición de los medios en Estados Unidos, con la crisis de Televisa y TV Azteca en territorio estadunidense, por distintas razones, pero con efectos parecidos y a la creciente importancia del mercado de televisión de habla hispana, considerado como el más promisorio, tanto que en menos de diez años se prevé que las audiencias crezcan en 20 por ciento. Junto con este ángulo está la posibilidad real de que el modelo duopólico de la televisión mexicana tenga enfrente a un competidor con intereses muy fuertes, capaz de revivir una de las agendas pendientes en materia de medios de comunicación durante el foxismo: la apertura y democratización del modelo televisivo mexicano. Es un hecho que este proceso estará incompleto sin una nueva Ley Federal de Radio y Televisión y que el peligro consiste en que las reglas nada civilizadas del mercado se impongan por encima de las necesidades de una mejor televisión en México. Para aproximarnos a las claves de lo que está en juego en Canal 40 podemos mencionar cinco ejes: 1.-La alianza mediático-sindical y política en México.-Es claro que ni CNI-Canal 40 ni su concesionario mayoritario Javier Moreno Valle formaron parte del pacto duopólico que ha dominado la pantalla comercial mexicana desde 1993. Sin embargo, forma parte del “reparto” que entre ambos consorcios se generó de manera informal. Canal 40 es indispensable para que TV Azteca pueda hacerse de su tercera cadena nacional (después de Canal 13 y Canal 7) para estar en condiciones de competir con Televisa (poseedora de cuatro grandes señales, tres de ellas nacio-

nales y una metropolitana). Canal 40, a diferencia de otras opciones televisivas importantes en el país como Multivisión, el Grupo Multimedios y PCTV, tuvo la osadía de romper una alianza comercial con TV Azteca en julio del 2000. Y así le ha ido. Otra de las osadías previas fue optar por una línea de periodismo televisivo que tocó uno de los ejes neurálgicos de los grupos de poder fáctico en México: los Legionarios de Cristo. A raíz de la transmisión de su reportaje en 1997 sobre los casos de abusos sexuales a alumnos del padre Marcial Maciel, Canal 40 quedó señalado como non grato para los anunciantes de amplio poder como Bimbo y Bancomer. El conflicto con TV Azteca nunca se ha resuelto. Sólo se aplazó después de la derrota en el cerro del Chiquihuite. Moreno Valle descuidó desde enero del 2003 –cuando se sobrepuso a la interrupción de su señal, gracias a una significativa movilización de la opinión pública– sus dos principales flancos: el apoyo de sus trabajadores, castigados salarialmente; y el cumplimiento de sus elementales compromisos de pago (no sólo con TV Azteca sino con otros acreedores como Bancomext, su esposa, la Secretaría de Hacienda, el IMSS, Satmex, Isaac Saba, etcétera). El hilo se rompió por la parte más delgada. Cansados de ser asalariados a cuentagotas, los trabajadores decidieron optar por la huelga, a pesar de que durante varias semanas de negociación se vislumbró la posibilidad de que los mismos


2.- La alianza CNI-General Electric.-General Electric es un corporativo muy fuerte en México. Emplea a 35 mil trabajadores y no sólo tiene como objetivo invertir en el área energética sino, desde principios de 2005, abrió un nuevo flanco de oportunidades: los medios de comunicación. Desde 2003 posee el 80 por ciento de las acciones de la cadena norteamericana NBC y de su subsidiaria en español, Telemundo, de los estudios cinematográficos Universal, de una decena de empresas de entretenimiento y de la no

menos poderosa Vivendi, consorcio con el que consolidó una alianza. El interés de NBC por el mercado mexicano y latinoamericano, en general, no es nuevo, como tampoco lo es la participación de otras cadenas norteamericanas en sociedades con Televisa o TV Azteca. Rupert Murdoch, magnate de la Fox, es socio de Televisa, CBS le proporcionó programación a Canal 40 y a TV Azteca, y la propia NBC fue socia de Ricardo Salinas Pliego. Esa alianza acabó naufragando bajo el sello de lo que se conoce bursátilmente como el “riesgo Salinas”. Televisa le cerró el paso al desaparecer prácticamente en México la cadena de televisión restringida DirecTV y sus suscriptores fueron absorbidos por Sky México. La osadía de Canal 40 de transmitir partidos del mundial de futbol de Francia, por medio de un convenio con DirecTV, le valió que Televisa sacara su señal de Sky. Hasta donde se puede observar, el préstamo por 5 millones de dólares a CNI-Canal 40 es apenas el primer eslabón de una nueva y agresiva estrategia para entrar al mercado de la televisión abierta en México. Así lo expresó General Electric en un comunicado difundido el 28 de julio, en respuesta a las solicitudes de información de la SCT. El consorcio confirmó su interés de “buscar oportunidades para consolidar un grupo de inversionistas mexicanos dispuestos a encabezar el rescate definitivo de Canal 40”. Por esta razón, cuentan con la colaboración de JP Morgan México e Ixe Banco. En esta última institución participa Alejandro Burillo Azcárraga, el “primo incómodo” para Emilio Azcárraga que desde tiempo atrás ha buscado la opción de constituir una tercera cadena televisiva. 3.-La alianza Televisa-TV Azteca.A los dos grandes consorcios televisivos no los une el amor sino el espanto. Y es muy claro, teniendo la red de los actores involucrados en el proyecto GE-CNI Canal 40, por qué Televisa utilizó su espacio en la pantalla para condenar la “injerencia” de empresas extranjeras en la televisión y lanzar consignas nacionalistas que no le quedan a un consorcio cuyo principal concesionario, Emilio Azcárraga Jean, ha buscado en forma persistente la expansión internacional de su consorcio, incluyendo a Estados Unidos. A TV Azteca y a Televisa los une no sólo su rivalidad con Telemundo –esta cadena produce desde 2002 telenovelas que

le han representado un desafío a las dos grandes cadenas-, sino también sus dificultades en territorio norteamericano. Está pendiente el fallo de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) sobre el presunto fraude de Ricardo Salinas Pliego en el caso Unefón-Codisco. Por lo pronto, el magnate de TV Azteca no podrá participar en la bolsa norteamericana, lo que genera ya un problema de imagen y de posibilidad de crecimiento para una de sus filiales más importantes, Azteca América, consorcio que agotó sus posibilidades de alianza con empresas como Pappas Telecasting y con canales locales de Estados Unidos para arti-

Foto: Cuartoscuro

trabajadores, a través de un modelo tipo cooperativa, pudieran acceder a una participación accionaria en Televisora del Valle de México (TVM). Esa posibilidad se frustró el 19 de mayo, día en que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) le puso las banderas roji-negras al canal. La señal se interrumpió. Sin embargo, en paralelo surgieron otras señales más extrañas: el prolongado silencio de Javier Moreno Valle, el acercamiento entre el STIRT y TV Azteca (el mismo sindicato tiene la titularidad de la mayoría de los contratos en la empresa de Salinas Pliego), la falta de intermediación eficaz de la Secretaría del Trabajo (en pleno cambio de mando tras la salida de Carlos Abascal para irse a Gobernación) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Cuando el abogado y apoderado general de la empresa, Javier Quijano, dio a conocer la posibilidad de que un crédito permitiera el pago de la deuda con los trabajadores, justo antes de que se cumplieran los 60 días fuera del aire (plazo indispensable para que la SCT analice qué hacer con la señal suspendida), surgieron otros actores hasta entonces embozados. De una u otra manera, se dio a conocer la verdadera “alianza”: Televisa, la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y políticos como Manlio Fabio Beltrones. No se puede desechar el dato fundamental de que el dirigente nacional del STIRT, Ricardo Acedo, es sonorense, mantiene una vieja relación con el ex gobernador y actual coordinador de la Cámara de Diputados y que algunos lo mencionan como un concesionario de estaciones de radio en Sonora. La “alianza” tuvo un solo objetivo: cerrarle el paso a la entrada de otro actor en el litigio. Pronto se supo quién era ese actor.

Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa

cular una red propia en el país vecino. No menos difícil es la situación de Emilio Azcárraga Jean. Sus diferencias con el presidente de Univisión, Joe Perenchio, amenazan con una ruptura en el seno de este poderoso consorcio que domina el 62 por ciento del mercado de la televisión en castellano en Estados Unidos. Azcárraga Jean prácticamente rompió con Perenchio argumentando la “imposición” de Ray Rodríguez al frente de Univisión, en lugar de su candidato, Bernardo Gómez. A pesar de que Televisa provee con más del 60 por ciento la programación de Univisión (telenovelas, películas, programas informativos y de espectáculos, etcétera), los candados reguladores de Estados Unidos le impiden a Azcárraga incrementar su participación accionaria para tener el conagosto / 2005

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P O RTA DA

4.-La alianza SCT-CNBV.-No es nuevo que la SCT actúe a favor de los intereses de Televisa o de TV Azteca en conflictos como el de CNI-Canal 40. Así lo hizo meses antes del chiquihuitazo, cuando Televisa utilizó su poder para “cobrarle” a Multivisión; así actuó cuando en la madrugada del 28 de diciembre de 2002, un comando privado y armado por TV Azteca se apropió de mala manera de la señal de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Así lo ha hecho para frenar la posibilidad de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, prácticamente con los mismos argumentos que las televisoras. Así lo ha demostrado cuando les garantizó la renovación de sus concesiones hasta el 2021 argumentando que es para la “transición digital”. Lo novedoso es que frente al préstamo de GE a Canal 40, la SCT haya actuado con una celeridad y un nivel de suspicacia que no se le había visto en otras ocasiones. Adelantándose a todos, un comunicado de la secretaría, el viernes 15 de julio advirtió que cualquier reestructuración que pretenda llevar a cabo TVM tendrá que ser sometida a la SCT para su aprobación, según los artículos 9, fracción V, y 26 y 31, fracciones III y IV de la Ley Federal de Radio y Televisión. También argumentó que el artículo 14 de la Ley Federal de Radio y Televisión prohíbe que las concesiones queden en manos de extranjeros. Ese mismo día, TVM, por medio de Javier Quijano, dio a conocer un comunicado en el que informaba de un financiamiento que le permitiría saldar la deuda con los trabajadores. Días después, Canal 40 aclaró que, efectivamente, se trataba de un préstamo otorgado por General Electric México. En ese momento, la SCT se transformó de autoridad reguladora de las concesiones de radio y televisión a coadyuvante bursátil. Le solicitó a Javier Quijano, en un oficio del 25 de julio, que informara si a cambio de los pagarés de GE se firmó o suscribió contrato alguno con alguna de las filiales de GE México. Al día siguiente, el martes 26 de julio, la SCT solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 10

Zócalo

para que por su conducto GE detallara los términos y condiciones del préstamo que le otorgó a TVM. La solicitud de la SCT reforzaba otra petición expresada por Hernán Cabalceta, accionista minoritario de TVM, con el cinco por ciento de las acciones. “En esto no hay lógica financiera, lo que hay que ver es si existe otro interés detrás del convenio, hay que ver las condiciones”, afirmó Cabalceta. La incorporación de la autoridad reguladora del mercado bursátil suena a una copia calca de lo que la SEC ha hecho con Azcárraga Jean y, sobre todo, con Ricardo Salinas Pliego para investigar su participación en territorio norteamericano. La respuesta de GE, a través de un comunicado del jueves 28 de julio, simplemente atajó algunas de las dudas, pero abrió otro flanco que puede ser utilizado por el duopolio: la presión vía la CNBV a JPMorgan y a Banca Ixe. No se puede obviar que TV Azteca cabildeó exitosamente para que no se reformara la Ley del Mercado de Valores y así ésta sancionara con mayor fuerza las violaciones a los accionistas minoritarios, tal como han pedido muchos de los inversionistas damnificados del “riesgo Salinas”. Foto: Cuartoscuro

trol de la cadena. Y ha intentado de todo: incluyendo la renuncia a su nacionalidad mexicana para abrazar la norteamericana. Por eso resulta no menos paradójico el discurso de nacionalismo exprés de la empresa de Azcárraga Jean.

5.-La alianza contra las viejas reglas de la LFRT.-Esta alianza aún no se ha expresado en forma clara y contundente, pero está latente en las declaraciones y análisis que se han escuchado y escrito recientemente. El caso CNI-Canal 40 y su alianza con General Electric es una oportunidad de oro para revisar ésta y otras alianzas presentes en los medios de comunicación electrónica, pero también para debatir si lo estipulado en la Ley Federal de Radio y Televisión es lo suficientemente claro para darle certeza a la industria y reglas equitativas a los inversionistas. ¿Por qué a GE se le extreman las suspicacias desde las autoridades de comunicación y bursátiles, cuando no se hizo

Javier Moreno Valle

lo mismo con el Grupo Prisa cuando decidió aplicar la regla de la “inversión neutra” en Televisa Radio? El senador Javier Corral ha expresado que si se pretende revisar el convenio GE-CNI, también se podría pedir lo mismo en el caso PrisaTelevisa. Otro flanco es la ausencia de regulación real en materia de conflictos sindicales en medios de comunicación concesionados. ¿Qué va a suceder con la concesión que opera Canal 40 si la huelga se prolonga y la señal se mantiene interrumpida? ¿Está analizando la SCT la posibilidad de que la concesión cuyo titular es Javier Moreno Valle pase a la “reserva del Estado” para que éste decida discrecionalmente qué hacer con ella? Las sospechas en este caso son tan válidas y pertinentes como las que han expresado la SCT, Televisa y TV Azteca respecto a la sociedad entre GE y CNI. Lo que no resulta equitativo ni sano para la televisión mexicana es que se impongan unas reglas poco transparentes que se aplican a gusto de la ley de los más fuertes. jenarovi@yahoo.com.mx


OPINIÓN Gabriel Sosa Plata

Nacionalismo selectivo

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a polémica en torno del Canal 40 puso al descubierto la doble moral con la que actúa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto a la propiedad de los medios electrónicos de comunicación en México. Por una parte, junto con la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) maneja un discurso nacionalista, de no intervención extranjera en la radiodifusión mexicana y ejerce presiones para evitarla en el Canal 40, de Javier Moreno Valle, siguiendo al pie de la letra la Ley Federal de Radio y Televisión. Por la otra, como consecuencia de la Ley de Inversión Extranjera, la SCT ha permitido la inversión foránea “neutra” en empresas de radio y televisión, prácticamente sin oposición alguna. La postura de un sector de los empresarios del ramo y de la SCT queda muy clara en la siguiente perla del secretario de la CIRT, Javier Tejado Dondé: “…no resulta creíble que General Electric –o cualquier otra persona física o moral- tenga como sujeto de crédito a Moreno Valle. Claro, a menos de que tengan un arreglo jurídico muy ‘blindado’, que no dé lugar al incumplimiento. Y en el caso de CNI, no puede ser otra cosa que la concesión misma de la televisión. Lo que está prohibido, pues México, al igual que casi todos los países, tiene reservado el sector de medios electrónicos a sus nacionales. Por lo que sí extraña la actitud de GE y su vinculación con CNI, pues parecería que pretenden hacer una simulación para quedarse con estaciones de televisión en México”. (Reforma, 26 de julio). ¡Vaya nacionalismo! En los últimos días, mucho se ha mencionado la adquisición que Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), de España, hizo del 50 por ciento de Televisa Radio. Transacción que se concretó, sin discursos en contra de la SCT, en noviembre de 2001 por un monto de 50 millones de dólares y otros 10 millones de dólares destinados a una ampliación de capital para la compañía. Pero además de Prisa, destacan otros medios “mexicanos” como Grupo Acir. Esta

gsosap@yahoo.com • www.radiomexicana.com

compañía con 40 años de vida, presidida por Francisco Ibarra López, vendió en abril de 1998 el 40 por ciento de sus acciones a uno de los más importantes grupos radiofónicos en Estados Unidos, Clear Channel Communications, por 57 millones y medio de dólares. La venta se hizo sin objeciones ni condiciones por parte de la SCT y la Comisión Federal de Competencia (CFC). Para quienes se asustan de la invasión extranjera, hay un dato que conviene mencionar: en el Consejo de Administración de Grupo Acir Comunicaciones figuran como vocales los tres directivos más importantes de Clear Channel: Lowry Mays, Mark Mays y Randalls Mays. La Ley de Inversión Extranjera lo permite, pero establece candados como la imposibilidad de tener voto y constituir una mayoría en el consejo, aunque en la práctica hay directivos de la transnacional que toman decisiones en la operación de las emisoras mexicanas.

Texas presente en MVS

En el caso de MVS Comunicaciones, dirigido por la familia Vargas. Desde 1997, alrededor de un 40 por ciento de las acciones de la compañía fueron vendidas al grupo texano Hicks Muse Tate & Furst (HMTF) en términos que no se han dado a conocer públicamente. Pese a ello, la información disponible en internet del grupo con sede en Dallas, dice que MVS Comunicaciones continúa entre las empresas beneficiadas con sus inversiones. En uno de sus más recientes informes, HMTF da a conocer que desde 1989 ha realizado más de 400 transacciones en diferentes países del mundo con empresas como Marcus Cable, Persona Inc. (Canadá), Mandeville Cable (Argentina), Aster City Cable (Polonia), Davivo International (Argentina), InterCable (Venezuela), TV Cidade (Brasil), Teledigital (Argentina) y Grupo MVS Comunicaciones (México)”. En conjunto, estas operaciones de compra-venta de acciones suman un valor de 50 mil millones de dólares. El grupo mexicano opera tanto medios electrónicos de transmisión abierta (en los que cabe la inversión neutra), como res-

tringidos (en los que puede existir inversión directa), a través de diferentes empresas: MVS Radio, Mas TV, Multirradio Digital, MVS Net. Hace algunos días, Fernando Mejía Barquera (Milenio Diario, 16 de julio) mencionó otros dos casos de participación extranjera en la radiodifusión mexicana. Uno de ellos es el acuerdo firmado en 1999 por TV Azteca con la estadunidense American Tower Corporation consistente en un crédito de 120 millones de dólares a cambio de un permiso para que la firma extranjera utilizara durante 20 años las torres de transmisión de TV Azteca con el fin de proporcionar servicios de telecomunicaciones, lo cual violaría la legislación en la materia. El otro es la compra que el grupo Prisa hizo de los derechos de explotación comercial de la XETRA, ubicada en Rosarito, Baja California, por un monto de 28 millones de dólares. Lo doblemente insólito del asunto es que el vendedor de dichos derechos no fue una empresa mexicana, sino la estadunidense Clear Channel. Esta emisora fronteriza transmite hacia el sur de California. Una operación más, aunque efímera, fue la realizada en julio de 1998 entre Chancellor Media, de Estados Unidos, y Grupo Radio Centro (GRC). Por 237 millones de dólares, el grupo estadounidense adquiría el 50 por ciento de la empresa mexicana, a pagarse en efectivo y en acciones de la compañía extranjera. Pero tres meses después, Chancellor suspendió sus planes de compra. Es previsible que, como sucede ahora con Canal 40, en los próximos meses o años cada vez más empresas mexicanas de radiodifusión se acerquen a los grupos estadounidenses para capitalizar sus emisoras, que dispondrán así de recursos para adquirir equipos y capacitar a los trabajadores ante la inevitable transición hacia las tecnologías digitales. Si detrás de alguna de estas transacciones existe el interés del duopolio de la televisión, ya podemos imaginarnos cuál será la reacción de la dirigencia de la CIRT y de algunos funcionarios del gobierno federal. agosto / 2005

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P O RTA DA Gerardo Israel Montes Las extrañas incongruencias del STIRT

STIRT impide solución en CNI Entre las numerosas aristas del conflicto que vive CNI Canal 40, destaca la que corresponde a la actitud de los dirigentes sindicales; las opiniones de dichos líderes y de varios juristas, permiten analizar las contradicciones inocultables del caso.

E

Fotos: Haydée Martínez

n la huelga de CNI canal 40, ha sido muy relevante el viejo corporativismo sindical mexicano. A pesar de que la empresa consiguió de General Electric México (GEM) un préstamo denominado quirografario, es decir, sin más garantía que la palabra del beneficiario del crédito, a fin de que enfrentara sus adeudos laborales sin poner en riesgo la concesión, porque ni siquiera la empresa de origen estadunidense tendrá participación accionaria en CNI; el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión , Similares y Conexos (STIRT), antepuso –con su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)–, una supuesta preocupación nacionalista para que no ingrese inversión extranjera ilegítima, dejando a un lado el beneficio de los trabajadores. Días después, el 26 de julio, la propia SCT solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para

Carlos Deuchler. La investigación de la SCT “nada tiene que ver (con la huelga). Los derechos de los trabajadores se encuentran normados por la Ley Federal del Trabajo.

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Zócalo

requerir “a GEM, a sus filiales, afiliadas, subsidiarias o partes relacionadas, todos los términos del financiamiento”, así como cualquier contrato signado en México o el extranjero, entre GEM y Televisora del Valle de México (TVM), “que tengan o pudieran tener efectos en la concesión , tanto en su explotación, programación, comercialización” y soporte técnico. Con esta nueva solicitud a la CNBV, el titular de la SCT, Pedro Cerisola, proporcionó al STIRT un elemento más para reforzar su argumentación, en el sentido de esperar la conclusión de las autoridades, para saber si el préstamo otorgado por GEM no pone en riesgo la concesión, que es la fuente de empleo de los trabajadores. Sobre la actitud de la SCT, el abogado de CNI, Javier Quijano, precisa: “Lo que vemos, es que nos está obstaculizando”, ya que durante diez años “nunca nos preguntaron de dónde salió el dinero para pagar las quincenas, y ahora sí lo hacen”. En relación a si existe otro contrato entre TVM y GEM, el entrevistado sostiene que “no lo hay; ya hemos manifestado a las autoridades que se trata de un préstamo sin garantía”. Por su parte, luego de la presentación del recurso de allanamiento (acto legal por el cual la empresa acepta pagar cada una de las demandas sindicales), en la sección de huelgas estalladas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el también abogado de CNI, Carlos Deuchler, aclaró que la indagación de la SCT “nada tiene que ver (con la huelga). Los derechos de los trabajadores se encuentran normados por el artículo 123 constitucional y por su normativa reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo (LFT), y no puede ser limitada por disposiciones de segundo orden”, como las de la Ley Federal de Radio y Televisión que ha esgrimido la SCT.

Corporativismo, enfermedad congénita

Néstor de Buen, especialista laboral, definió al corporativismo como “una enfermedad congénita del derecho colectivo del trabajo en México”. (La Jornada 24/07/05). Además, apuntó en su artículo que la LFT nació y se mantiene corporativa, incluso en el proyecto de Carlos Abascal –actual secretario de Gobernación–, formulado por abogados empresariales. “Ahí, los sindicatos deben registrase ante la autoridad, y sin hacer esto tienen personalidad pero no pueden acreditarla”. En cuanto a los contratos colectivos, De Buen hace notar que “valen sólo con su depósito, previa firma del secretario general y del representante de la empresa y, por lo general, los trabajadores no se enteran de su existencia. La huelga, en lugar de ser una expresión libre, como lo manda la Constitución, es un mecanismo tortuoso, controlable desde su emplazamiento, ya que se otorgan facultades al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLC), para rechazar los pliegos petitorios; los conflictos deben ser resueltos por las magistraturas, las propias JLCA, cuya integración tripartita es expresión de un control estatal si, como ocurre, los sindicatos que se registran deben ofrecer su plena lealtad al Estado. Somos un país, en ese sentido, fascista”. “Si los dirigentes sindicales no son funcionarios públicos, lo parecen; para acreditar su condición tienen que presentar el oficio de toma de nota de la autoridad que, como puede suponerse, no se concede sino mediante amparos a los representantes de los sindicatos independientes”. En el caso de Canal 40, escribió Néstor de Buen, donde la huelga es controlada por un sindicato de la CTM, “no tengo la menor duda de que el origen de la relación nace de otro contrato de protección.


Javier Quijano. Lo que vemos es que la SCT nos está obstaculizando.

Por lo visto, el sindicato se niega a que los trabajadores acepten el pago de sus salarios porque exige que se les informe sobre el origen de los recursos. Eso me huele, pero muy fuerte, a que la organización sindical está sirviendo a los intereses de la competencia y de ninguna manera quiere aceptar el pago con el absurdo pretexto de desconocer el origen de los fondos. Me gustaría conocer la opinión de los verdaderos trabajadores, y que rindieran su declaración sobre esa medida absurda”. Finalmente, de Buen sentencia: “El corporativismo es un lastre insoportable. Mientras no nos lo quitemos de encima, el derecho del trabajo no será más que un mito”.

El STIR saca ventaja

El oportunismo y los daños ocasionados por ese corporativismo sindical, en el asunto particular de la huelga en Canal 40, los ha expuesto en sus columnas Ciro Gómez Leyva. El 25 de julio escribió en Milenio: “En el río revuelto, la CTM elevó a punto de atraco las condiciones para levantar la huelga, pero cuando la empresa dijo adelante, la CTM dijo stop”. Quien fuera conductor del noticiero estelar de CNI, se refería al análisis de la deuda laboral que hizo en su espacio periodístico del 18 de julio. En ella escribió que el monto reclamado por el STIR era de 40 millones de pesos, una cantidad bastante inflada con respecto a los 12 millones 300 mil pesos que consideraban los representantes de la empresa.

“El sindicato dice que son 140 empleados en huelga –empezó su comparación de cantidades Gómez Leyva–. Parece un número alto, significaría que uno de cada tres empleados está en huelga, pero tomémoslo para hacer el cálculo. Calculemos que el sueldo promedio de cada empleado es de 12 mil pesos mensuales, el total sería un millón 680 mil pesos al mes, dejémoslo, para redondear en un millón 700 mil. Aceptemos que a cada uno de ellos se le deben once quincenas. Eso suma nueve millones 350 mil pesos. Dejémoslo en nueve millones 500 mil. “El aumento salarial que se firmó en abril del año pasado es de 4.5 por ciento. Pongamos que son 14 meses hasta el estallamiento de la huelga. Da un millón 70 mil pesos más. Cerrémoslo en un millón cien mil. Agreguemos, finalmente, el millón 700 mil por el mes de salarios caídos. Hagamos ahora la suma: nueve millones 500 mil pesos de sueldos atrasados, más un millón 100 mil de aumentos salariales, más un millón 700 mil de salarios caídos. Total:12 millones 300 mil pesos. ¿De dónde saca el sindicato que el adeudo oscila los 40 millones de pesos? ¿calcula que por cada peso de adeudo salarial se le deben otros tres pesos 50 centavos por primas vacacionales, horas extras, desplazamientos y gastos de la huelga?”.

La respuesta de Ricardo Acedo

Entrevistado por Zócalo, el secretario general del STIRT, Ricardo Acedo dice estar de acuerdo con la cifra que maneja Ciro Gómez Leyva “(Aunque) él sabe muy bien, porque estuvo en la mesa de negociaciones , que su cálculo se refiere solamente al monto de los salarios. (pero no toma en cuenta) las prestaciones y los ahorros de los trabajadores, que además han generado intereses”. En los 40 millones de pesos que exige el sindicato, según Acedo, no se consideran los adeudos de la empresa con el IMSS, el INFONAVIT y el SAR. “Cuando nos levantamos de la mesa, faltaban detalles que algunos han considerado sin importancia. Pero, por ejemplo, en estos momentos, al no tener sus ingresos salariales desde hace ya ocho meses, los seis por los que estallamos la huelga, más los dos que lleva ésta, los trabajadores de Canal 40 y sus familias están sin poder acudir a los servicios médicos del sistema de seguridad social; además, el sistema de ahorro para el retiro está sin registrar sus ingresos”.

Cuando se encontraban en la etapa de negociaciones, el STIRT y la empresa acordaron que se pagaran “todas las quincenas y la mitad de los salarios caídos; pero tuvimos una gran discusión por las prestaciones, debido a que la empresa no quería reconocer prestaciones del último año. En materia laboral prescriben algunas cosas al año. En aras de la flexibilidad y de que el canal siguiera al aire, los trabajadores dejaron de reclamar las prestaciones de cuatro años para atrás; en ese tiempo no se pagaron al 100 por ciento ni cuotas sindicales ni prestaciones”. En el momento de saber que GEM prstaría el dinero para que se cubriera el adeudo con los trabajadores, “nosotros, ante una justificada desconfianza que le tenemos a Javier Moreno Valle, decidimos preguntar”, a la SCT sobre la legalidad del crédito. “A estas alturas he dicho que es más grande la desconfianza que la deuda. Creo que los trabajadores están en su derecho de saber si ese préstamo no nos pone en riesgo de transgredir la ley” y que se pierda la concesión. “Queremos la certeza de la continuidad de la fuente de trabajo, y si nos aguantamos cuatro años antes del emplazamiento, el año del emplazamiento, y los dos meses de huelga, qué nos cuesta esperarnos unos días o una horas para que la SCT nos diga que no hay problema” con el crédito.

Ricardo Acedo. “ Yo no estoy para cuestionar una situación (pasada). En mi tierra hay una frase que dice: antes como antes y ahora como ahora”, en relación a la alianza de PRISA con Televisa Radio y de NBC con TV Azteca.”

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P O RTA DA Gerardo Israel Montes Los otros afectados por la huelga

¿Y la situación de los trabajadores no sindicalizados?

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cuando los representantes de la parte patronal desatendieron una audiencia, no obstante haber sido notificados legalmente y con oportunidad. Antes de ese día “el presidente de la Junta número cinco nos citó a ambas partes. Llegó un abogado de la empresa y explicó que no había interés por asistir a las audiencias” del primero de julio, lo que efectivamente sucedió. La próxima audiencia está programada para el día 11 de agosto a las 13:30, en la misma Junta Especial número cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Jorge Olvera, entrevistado por Zócalo momentos antes de que se iniciara una asamblea de trabajadores no sindicalizados, comenta que les“ha extrañado bastante la falta de atención”, por parte de la empresa, situación que ha propiciado más dudas en los empleados. De tal forma que los trabajadores, confiados en que se mantenga su fuente de trabajo, han decidido obtener garantías para cuando regresen. Por ello, “se han acogido a un recurso legal: como no les han pagado puntualmente durante mucho tiempo, eso ha dado lugar para que soliciten la rescisión del contrato, y exijan el pago de sus indemnizaciones, situación que deberá acontecer así aparezca un nuevo empresario. Lo que los trabajado-

res quieren evitar, es seguir siendo tratados de la misma forma que motivó el actual conflicto laboral”. El monto de los salarios caídos a los trabajadores no sindicalizados, precisa Olvera, es de 20 millones de pesos. “Pero la cantidad de las indemnizaciones es mayor, aproximadamente tres millones de dólares”.

viene de la anterior –¿Por qué no se preocuparon antes de dónde salía el dinero para pagarle a los trabajadores? –(La empresa) siempre nos presentaba cuentas, diciendo que iba a pagar (el gobierno de) Michoacán, el del Estado de México o el Gobierno del Distrito Federal; incluso dijo que ingresarían recursos derivados de las campañas políticas. Esas cuentas eran de clientes de los cuales no teníamos sospechas. En alguna ocasión, incluso el sindicato intervino para que el Congreso de la Unión pagara una cantidad (adeudada al canal). Al referirle la incongruencia en el actuar del STIRT cuando la empresa española PRISA adquirió 50 por ciento de las

acciones de Televisa Radio, y en la alianza de la propia NBC con TV Azteca a mediados de la década de los noventa, casos en que el sindicato no acudió a la SCT para pedir que investigara el origen de los recursos y si se ponían en riesgo las concesiones, Acedo ataja: “En ese entonces, hasta donde sé, el STIRT no tenía un problema (laboral) con ninguna de esas empresas; no había huelga ni adeudos. En el caso de Canal 40, el sindicato no pretende convertirse en salvaguarda de la virginidad nacional”. –Pero esos dos antecedente le sirven al STIRT para saber que no se puso en riesgo a las concesiones. –Yo no estoy para avalar ni cuestionar una situación (pasada). En mi tierra hay

una frase que dice: antes como antes y ahora como ahora. –Pero si el STIRT reconoce que en esas alianzas no se puso en riesgo la concesión, podría retirar la petición hecha a la SCT; además dejaría de haber esos malosl entendidos de que usted apoya los intereses de Televisa y TV Azteca, empresas que no quieren una mayor competencia –Nosotros estamos involucrados en un problema con los trabajadores. Se puso en cuestionamiento el origen del dinero. Nosotros quisimos estar seguros de que esto no pone en riesgo la permanencia del sindicato ni de la concesión –No está en riesgo la concesión, porque no lo estuvo en el vaso que le mencioné. –Que lo diga la SCT, no lo voy a decir yo.

Zócalo

Foto: Haydée Martínez

l 18 de julio, Televisora del Valle de México pagó un mes de salario a los empleados de confianza de CNI Canal 40, buscando paliar el problema laboral que ha hecho que la empresa incumpla varios meses de sueldos. Para ese pago la empresa utilizó tres millones y medio de pesos, cantidad que forma parte del préstamo de 52 millones de pesos otorgados por General Electric México a TVM. El paso siguiente, “es pagar todo lo que se adeuda tanto a los empleados no sindicalizados como los afiliados al STIRT. Tenemos el financiamiento y estamos en la disposición de reanudar las labores” lo antes posible, señaló a finales de julio el abogado de la empresa Javier Quijano. Pero para Jorge Olvera, representante legal de unos 50 trabajadores no sindicalizados (de un total de 144 empleados), el asunto no es tan sencillo, debido a que sus defendidos están en una total incertidumbre. “La empresa no puede pensar que abriendo el canal los trabajadores se presentarán corriendo (a trabajar).Tenemos que arreglar una serie de tópicos de gran importancia. Es una lastima que crean que los trabajadores pueden ser tratados con tan poca consideración y respeto”. Ese desinterés por los empleados de confianza se reflejó el primero de julio,

Jorge Olvera. La empresa no puede pensar que abriendo el canal los trabajadores se presentarán corriendo (a trabajar)


OPINIÓN Luis Miguel Carriedo

Un doble discurso ante Canal 40 Como tantos otros asuntos de interés público, la actitud del gobierno federal, algunos líderes sindicales y los dos grandes consorcios televisivos, muestra preocupaciones políticas y financieras bajo el barniz legalista, como lo comenta este artículo.

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a reciente polémica derivada del préstamo que General Electric puso a disposición de Canal 40 para que la empresa de Javier Moreno Valle pudiera saldar sus adeudos laborales y así poner fin a una huelga que amenaza con desaparecer a esta opción televisiva, dejó al descubierto otra de las múltiples contradicciones del gobierno federal en lo que respecta a la participación de capital extranjero en emisoras mexicanas de radio y televisión. Hace casi cuatro meses el cetemista Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), encabezado por Ricardo Acedo, acorde a sus discrecionales atribuciones (legales) declaró la huelga del 40 sin asamblea previa en donde los trabajadores sometieran a voto la decisión (unilateralismo legal). En los hechos no son la mayoría de los trabajadores quienes apostaron por esa decisión, pero la pésima administración de Moreno Vallle y el desesperante adeudo de entre 11 y 16 quincenas es una razón de peso para sostener que la huelga es justa. El secretario general del STIRT ha insistido en que no existen motivaciones políticas en la decisión, se trata solamente de la defensa de los trabajadores a quienes la empresa no les paga. Sin embargo, gracias al préstamo de GE, la empresa ofreció pagar, pero el sindicato no quiso firmar el fin de la huelga argumentando, en armonía con Televisa, Televisión Azteca y el gobierno federal, su preocupación por el origen extranjero del dinero. En sus pantallas, el duopolio Televisa - Azteca cuestionó el préstamo de GE diciendo que es difícil de creer que se dé un dinero a cambio de nada, por lo que podría violarse el artículo 23 de la

Ley de Radio y Televisión en donde se prohíbe la participación extranjera en empresas televisivas, preocupación que secundó en entrevistas para las dos televisoras el director de sistemas de radio y televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Rodríguez Castañeda. En este sentido, el abogado de Canal 40 Javier Quijano, envió una carta bajo protesta de decir verdad al funcionario de la SCT, en donde le manifiesta que no existe ningún acto jurídico en el que GE tenga derechos de programación o sobre la concesión del 40 por lo que no se viola la ley. En efecto, el artículo 23 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) es claro. “No se podrá ceder, ni de manera alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios, a un gobierno o persona extranjeros, ni admitirlos como socios de la empresa concesionaria”. El problema es que el comportamiento del duopolio junto con la complacencia del gobierno de Vicente Fox se aleja totalmente de este artículo que ahora sí defienden para frenar la inversión en el 40. En 1994 la extranjera empresa NBC firmó un acuerdo con el dueño de Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en donde a cambio de siete millones de dólares, se comprometía a proporcionar programación, asesoría y la compra de hasta el 20 por ciento de las acciones de la televisora mexicana. Fue Azteca quien rompió el acuerdo en el año 2000, pero ni el gobierno federal, ni el STIRT, ni Televisa invocaron la violación del artículo 23 de la LFRT mientras la unión estuvo vigente.

En noviembre 2001, también Televisa entabló conversaciones con los directivos de la cadena NBC, la cual recién había adquirido en octubre de 2001 Telemundo en la lucha por el mercado hispano de Estados Unidos, donde la empresa de Salinas Pliego participa a través de Azteca América (fusión de TV Azteca con Pappas Telecasting) desde julio de ese mismo año en los Ángeles California. Aunque la empresa de Azcárraga Jeán tenía un contrato con Univisión de Jerry Perecchio ahora en conflicto, se habló de una inversión por parte de Televisa hasta del 50 por ciento en Telemundo, a cambio de ¿nada? ¿Los extranjeros de la NBC no influirían para nada en las pantallas de Chapultepec?. La SCT no respingó, y el STIRT no manifestó preocupación alguna. Aunque finalmente la operación entre NBC y Televisa no se concretó, la posible participación de la cadena norteamericana a través de GE en el canal 40 si preocupa mucho no sólo al STIRT, sino también a Televisa, TV Azteca y al gobierno federal. En octubre de 2001 el grupo español PRISA compró el 50 por ciento de las acciones de Televisa Radio, la operación la firmaron en España Emilio Azcárraga y Jesús de Polanco teniendo como testigo de honor al presidente Vicente Fox. PRISA ahora opina y decide sobre los contenidos de Televisa Radio ¿entonces? ¿pueden o no los extranjeros invertir en televisión? ¿sólo en TV Azteca y en Televisa? Para el duopolio el miedo nace precisamente ante la posibilidad de enfrentar a un canal 40 respaldado por la segunda empresa de Televisión más importante del mundo. Al gobierno Federal le preocupa lo que le preocupe al duopolio y más en un año electoral. agosto / 2005

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OPINIÓN Claudia Benassini Félix*

El Canal 40 bajo acecho

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a huelga en la Corporación de Noticias e Información (CNI) ha significado una seria crisis no sólo para sus trabajadores, sino para muchos televidentes que consideraban a la emisora como una alternativa frente a los otros canales privados. Este ensayo ofrece una revisión de los últimos acontecimientos relacionados con la huelga1 y de los eventuales escenarios que surgirían ante un posible arreglo laboral.

Los hechos recientes

La huelga, declarada el jueves 19 de mayo, fue el resultado de una serie de acontecimientos que se desencadenaron hace aproximadamente siete años, cuya consecuencia manifiesta fue la pérdida de liquidez del canal. La transmisión de un reportaje en el que se daba cuenta de los actos de pederastia cometidos por Marcial Maciel, fundador y todavía cabeza visible de los Legionarios de Cristo, propició el retiro de una parte importante de los anunciantes. Un fallido convenio con Televisión Azteca, concluido unilateralmente por Javier Moreno Valle –concesionario de CNI– que fue llevado a dictamen por la Corte Internacional y que devino en el “chiquihuitazo” del 27 de diciembre de 2002 dio lugar– entre otras cosas- a la pérdida de confianza por parte de los pocos anunciantes que todavía quedaban puesto que, directa o indirectamente, se sintieron amenazados por los directivos de Televisión Azteca, una concesionaria que, a todas luces, les resultaba más rentable que CNI como espacio publicitario, dadas sus opciones de exposición y venta de espacios comerciales. Así las cosas, desde hace dos años y medio Canal 40 continuó sus trans16

Zócalo

misiones de manera decorosa, gracias al apoyo de sus trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados. Fueron varios los emplazamientos a huelga por falta del pago oportuno de salarios devengados. De una u otra manera, los directivos de CNI lograron evitar el estallido. Por eso, cuando el miércoles 18 de mayo, Ciro Gómez Leyva, en su habitual espacio informativo, comentó que al día siguiente había la posibilidad de cesaran las transmisiones del canal, buena parte de sus telespectadores dieron por hecho que el conflicto se arreglaría. No fue así; a las 12 del día del jueves 19 se colocaron las banderas rojinegras en todas las instalaciones de CNI. La huelga fue calificada de justa, toda vez que, efectivamente, desde tiempo atrás los trabajadores no recibían sus ingresos regularmente. Pero siempre se pensó que el arreglo sería mucho más rápido, aun cuando, transcurridos los días reglamentarios, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró el movimiento como existente.

Las deudas acumuladas

Desde entonces, el movimiento ha continuado su curso. Los medios de comunicación impresos y electrónicos han dado cuenta de las marchas y plantones que han realizado los trabajadores de Canal 40 en busca de la resolución del conflicto. Asimismo, las imágenes reproducidas al respecto, dan cuenta del boteo realizado con el propósito de obtener recursos para solventar el movimiento. Imágenes, textos y comentarios que, como suele pasar en todo conflicto de intereses, no necesariamente se revisten de la objetividad que se ofrece a los auditorios. Consideremos, en este contexto, las variables

...las variables que están en juego: una concesión en TV abierta en el DF, que puede ir a los sistemas de paga del país; las elecciones del 2006 vistas como las más reñidas en la historia reciente. Además, los interesados en disputar la vacante que dejaría Javier Moreno.

que están en juego: una concesión en televisión abierta en el área metropolitana pero que puede subirse a los diversos sistemas de paga con que cuenta el país; un proceso de elección presidencial que se visualiza como el más reñido de la historia reciente. Y, para rematar, los interesados en disputar la vacante que eventualmente dejaría Javier Moreno Valle2 quien, además de las deudas acumuladas por renta de locales y equipos, enfrenta una orden de presentación por evasión de impuestos en el año 2000. Entre tanto, en el transcurso de los dos últimos meses, se han buscado diversos arreglos, tanto para sanear las deudas del canal3 como para cumplir con los trabajadores. El más reciente, previo a que se cumplieran los dos meses de huelga, ofrecía cubrir los adeudos salariales en varios pagos, toda vez que se había obtenido un financiamiento mediante el cual era posible llegar a un arreglo para reanudar las transmisiones del canal. El viernes 15 de julio se supo –así, como rumor- que Moreno Valle había conseguido un financiamiento de las cadenas norteamericanas CBS y NBC para saldar una parte de sus deudas, sobre todo las contraídas con sus trabajadores. Y se


supo porque ese día los periódicos nacionales publicaron un boletín enviado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el que se señalaba que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las concesiones para uso y explotación de estos medios se otorgarán únicamente a ciudadanos mexicanos, o a sociedades cuyos socios sean mexicanos4. Así las cosas, aparentemente los trabajadores de Canal 40 rechazaron tanto el pago diferido de los adeudos como el capital extranjero que ofrecía cubrirlos. El martes 19, dos meses después de estallada la huelga, fue Leonardo Rodríguez Alcaine, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien –en conferencia de prensa- rechazó las ofertas, supuestamente a nombre de los trabajadores del canal. Y justo un día después, el miércoles 20, Televisión Azteca –una de las empresas promotoras del ingreso de CNI a concurso mercantil- convocó a una junta de accionistas de Canal 40, en la que se tomarían decisiones sobre los rumbos que tomaría CNI.

Tres escenarios posibles

Es evidente que, tras la situación financiera que agobia al Canal 40, será muy difícil que vuelva a salir al aire como si nada hubiese sucedido, es decir, como si no hubiese enfrentado la cauda de problemas financieros arriba resumidos y como si esta situación no hubiese pasado por el tamiz de los medios impresos y electrónicos que se han ocupado de su situación. En este contexto y hasta el momento, se visualizan al menos tres escenarios que posibilitarían el regreso al aire de la señal: a) CNI como Azteca 40. Una fórmula que el televidente ya visualizó en la oferta programática de hace algunos años, en la que la programación habitual de CNI alternaba básicamente con repeticiones de la programación de Televisión Azteca. Una fórmula que aparentemente no satisfizo las expectativas del 40 –en parte porque poco tenía que hacer junto a la oferta del 40 y en parte porque 1 En el número de Zócalo que circuló durante el mes de junio dediqué un espacio similar a comentar el inicio de la huelga de CNI, desde los antecedentes del Canal 40 hasta lo que hace dos meses se visualizaba como un posible escenario. 2 Las secciones de negocios de la prensa escrita dan cuenta de algunos interesados. Desde luego Televisión Azteca, pues desde que se firmó el convenio en 1998 ya buscaba quedarse con Canal 40, como una forma de competir con Televisa. Además, se ha

no cumplía cabalmente con los acuerdos celebrados entre Javier Moreno Valle y los ejecutivos de la televisora del Ajusco- que llevó a la ruptura unilateral del convenio. En este escenario, la señal íntegra de CNI pasaría a ser de Televisión Azteca, con una oferta similar a la que tienen los canales 7 y 13, aunque con más parecido con este último, toda vez que su programación se produce en México. b) La SCT ofrece la concesión de CNI a los interesados en adquirirla. Desde luego, este escenario no excluye a Televisión Azteca. Incluye, además, a otros interesados en adquirir la concesión. Además, se considera a todos los interesados en contar con una señal en televisión abierta con cobertura en el área metropolitana y con posibilidades de subirla a las señales de televisión por cable en diversas partes del país; con ello se ampliaría considerablemente la cobertura5.

....fue Rodríguez Alcaine quien –en conferencia de prensa– rechazó las ofertas, en nombre de los trabajadores del canal. Aun cuando no sabemos las características de la programación ofrecida por quien finalmente se adjudicaría la señal, salvo en el caso de Azteca, es previsible que no será la misma que CNI transmitía hasta el miércoles 18 de mayo. Pero en este ejercicio no está de sobra recordar que Ricardo Salinas Pliego se adjudicó los dos canales de que ahora dispone vía una subasta que despertó suspicacias6. Una subasta al mejor postor en la que no se consideraron los contenidos y, en consecuencia, tampoco se tomaron en cuenta los intereses y necesidades del teleauditorio. E incluso si considerásemos otras posibilidades de adjudicación, ¿quién garantiza que en este supuesto es-

mencionado a Olegario Vázquez Raña y a Clemente Serna, entre otros. 3 Por ejemplo, el ingreso de CNI a concurso mercantil, un procedimiento que ha evitado la quiebra de otras empresas de diversa índole y que les ha permitido sanear sus finanzas. 4 Por otra parte, a través de algunos programas radiofónicos, se supo que los trabajadores ya habían cobrado una parte de las quincenas atrasadas, aunque debe quedar claro que no se especificó que el capital

cenario estas dos últimas variables serán tomadas en cuenta en el momento de tomar la decisión? Después de todo lo importante es contar con el capital constante y sonante para poner en funcionamiento un canal de televisión. Como en otros casos, los motivos de la decisión –incluidos los canales 287 y 40- podrían mantenerse en reserva hasta que los funcionarios de la SCT estén a buen recaudo. c) CNI reanuda sus transmisiones con apoyo de capital extranjero. Hasta el momento de escribir estas líneas, todavía no estaba verificada la versión de que el capital que saldaría las deudas de Moreno Valle es de procedencia extranjera, aunque persiste el rumor de que la NBC es la empresa que lo pondrá, si bien se insiste en que dicho capital no pone en riesgo la concesión. Obviamente, en este tipo de transacciones ambas partes asumen compromisos a cumplir. Previsiblemente, la NBC contaría con una parte de la señal televisiva para transmitir unos contenidos cuyas características aún desconocemos. Lo que sí podemos tener por cierto es que regresaría la programación que añoran sus televidentes, con posibilidades de que la señal, en algún momento, alcance a otros puntos del país. Persiste, sin embargo, la disposición legal que impide la presencia de accionistas extranjeros en los medios electrónicos nacionales. Algo que aparentemente no se consideró cuando se autorizó al grupo español PRISA –presidido por Jesús de Polanco- la adjudicación del 50 por ciento de las acciones del sistema Radiópolis bajo la llamada “inversión neutra”. Hemos de reconocer que en este caso las cosas han funcionado y que no hubo problema para ello. ¿Por qué impedir que suceda lo mismo en el caso de CNI? ¿Porque ya hay acuerdos con otros interesados? Sinceramente, creo que formo parte de una comunidad de televidentes que desea volver a ver al menos una parte de la programación de Canal 40. No más de lo mismo de Televisión Azteca que, por lo demás, en su momento no extrañaron los televidentes de CNI cuando la programación fue retirada del aire.

provenía del financiamiento supuestamente obtenido vía la NBC y la CBS. 5 De hecho, la señal de CNI Canal 40 ya se transmitió bajo esta modalidad. Dejó de hacerlo por los adeudos no cubiertos a los concesionarios de la televisión por cable y del sistema satelital SKY. 6 Desde el origen del capital –en parte obtenido por un préstamo de Raúl Salinas de Gortari- y en parte porque no se tuvo información completa del procedimiento y de las diversas posturas ofrecidas.

7 La señal de Canal 28 fue concesionada a Raúl Aréchiga, empresario propietario de Aerocalifornia. Durante los últimos años su programación ha sido de doce horas de transmisión de videoclips, supuestamente porque la renovación de la concesión no se había autorizado. Se presume que los trámites correrán en las próximas semanas y que, finalmente, el concesionario podrá transmitir algo más que lo que hasta el momento se le conoce.

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P O RTA DA Gerardo Israel Montes Necesario regular la publicidad estatal

Entre la cooptación y la represalia Frente a una clase política formada en la cultura del control de los medios informativos a través de la entrega discrecional de recursos por concepto de publicidad, los esfuerzos de diversos legisladores para establecer una relación más equitativa y transparente entre autoridades y periodistas, poco han logrado avanzar. Sin embargo, por su trascendencia social, el tema no puede olvidarse. En este trabajo, se ofrece un panorama de las iniciativas en la materia.

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a distribución equitativa de los recursos gubernamentales destinados a la publicidad en medios de comunicación, continúa siendo una asignatura pendiente en México. La causa: el temor de la mayoría de la clase política mexicana para tratar temas relacionados con los medios informativos, sostiene el diputado Luis Medina Lizaldi, quien prepara una iniciativa de ley de transparencia y equidad publicitaria. Uno de los casos que motivaron al diputado del PRD a preparar un anteproyecto en la materia, fue el boicot informativo y publicitario impuesto por el gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Marcelo de los Santos Fraga, a la Jornada San Luis, periódico que denunció a Alfonso José Castillo, secretario general de gobierno, quien intentó sobornar al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro, para que permitiera operar a la empresa canadiense Minera San Xavier; además, el diario se negó a que el gobernador impusiera en su primera plana titulares y fotografías de sus actividades.

dios impresos y electrónicos, como si fuera parte de su oferta informativa, engañando a sus lectores o televidentes; igualmente, se busca evitar que los gobernantes publiciten su imagen – especialmente en época electoral-- en vez de informar acerca de las obras públicas. Cabe destacar que anteriormente ya se han impulsado desde la Cámara de Diputados, proyectos similares al que ahora diseña Luis Medina. Sin embargo, no han logrado trascender. Durante 1997 los legisladores que conformaban la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXXVII legislatura, redactaron la iniciativa de Ley

Entre los objetivos que se persiguen al legislar en esta materia, está el terminar con la discrecionalidad de las autoridades en la distribución de los recursos públicos canalizados a publicidad, favoreciendo a los medios afines a las políticas gubernamentales, y negándoles anuncios a los medios críticos a la labor de gobierno; también se pretende suprimir las denominadas gacetillas, las cuales son material de publicidad publicada o transmitida en los me18

Zócalo

Foto: Cuartoscuro

Los objetivos

Luis Medina

Federal de Comunicación Social, la cual, en su capítulo V sobre La Información de la función pública y los medios de Estado, contenía varios artículos que regulaban los gastos de inserciones en medios, efectuados por las oficinas de comunicación social de las dependencias gubernamentales. Algunos de esos apartados establecían que “las ayudas del Estado” a los medios informativos, “y los gastos realizados por las oficinas de comunicación social a los medios de comunicación destinados a las inserciones pagadas, deberán provenir de recursos contenidos en partidas presupuestales específicas y deberán estar sujetos a las disposiciones del gasto público, además de rendir un informe anual pormenorizado de los gastos realizados que deberán entregarse a más tardar el día 30 de enero a la Comisión Nacional de Comunicación Social”, órgano autónomo que se encargaría de la protección, observancia y promoción del derecho a la información y la libertad de expresión. El artículo 35 de dicha anteproyecto fijaba que “las oficinas de comunicación social de cualquier dependencia o entidad pública, sólo podrían realizar inserciones pagadas en los medios que satisfagan su naturaleza”, adecuándose a los siguientes requisitos: “que cuenten con certificación de tiraje, circulación y cobertura”, y que las empresas informativas no contaran entre sus accionistas o propietarios, “con familias hasta el cuarto grado de cualquier servidor público de la dependencia o entidad, relacionado directa o indirectamente con la contratación de inserciones pagadas”.


A mediados de 2002, la entonces diputada del PRI, Lorena Beauregard, presentó una iniciativa de ley para el control de la publicidad gubernamental, en materia de prensa, radio y televisión. En su exposición de motivos, la legisladora asentaba que “no sería congruente demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el Legislativo ha incurrido en omisiones, al permitir que el gobierno cree sus propias reglas para el uso de sus recursos en materia de difusión y comunicación”, sancionándose y otorgándose “a sí mismo los permisos para excederse en gastos, cuando lo considera necesario”. Dicha iniciativa puso en el escenario los temas candentes de la relación viciada, que ha mantenido el Estado con algunos medios. Por ejemplo, se precisaba en la exposición de motivos, Porfirio Díaz conocía la importancia de los medios de comunicación, cuando bajo su tutela se fundó El Imparcial, periódico nacido de los apoyos oficiales y constituido como el primer medio al servicio de la dictadura. “El general Lázaro Cárdenas también entendió la importancia de la difusión masiva. Fue él quien inteligentemente utilizó la naciente radiodifusión para su servicio afirmando que ‘el desarrollo de un programa definido de gobierno, requiere de órganos de publicidad y propaganda coordinados bajo una sola dirección, aplicados a realizar una obra continua de difusión, de hechos y doctrinas en la mente pública’. Cabe destacar que en esta época nace también El Nacional, órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario y el famoso DAPP (Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad), creado para difundir masivamente las actividades del general Lázaro Cárdenas”. Un caso emblemático de la utilización discrecional, y con interés de perjudicar a un medio crítico dentro del actuar erróneo de las autoridades gubernamentales, lo sufrió la revista Proceso durante el sexenio de José López Portillo. El entonces presidente hizo célebre la frase “Yo no pago para que me peguen”, la cual plasmaría la soberbia del poder al adueñarse de los recursos públicos, destinándolos sólo a aquellos medios complacientes con los intereses políticos en turno. Para terminar con dicha práctica, que sirvió para controlar a varias empresas de comunicación, desvirtuando así la formación de la opinión pública me-

diante información parcial y sesgada, el documento elaborado por la ex diputada Lorena Beauregard urgía a “limitar el uso de los recursos públicos en materia de publicidad”. Además, añadía la necesidad de “modificar los parámetros que permitieron al viejo sistema político generar un modelo proteccionista, el cual generó relaciones de corrupción con los distintos medios de comunicación, a través de apoyos financieros estatales, y el rescate de empresas informativas mediante estímulos fiscales, y hasta con el subsidio del papel periódico (durante 55 años, por medio de la empresa estatal PIPSA, privatizada en 1990), que, en su momento, limitó las libertades de expresión e información”. La ex diputada priísta reconoció en su iniciativa que “a lo largo de su historia, el PRI siempre tuvo conciencia sobre la importancia de controlar los medios; sin embargo, esta debilidad no es exclusiva de este partido, pues en los otros también han existido excesos ampliamente conocidos por todos”.

Los lineamientos de 1992

En 1992 –se recordaba en el documento de Beauregard —se publicó por primera vez un decreto sobre Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad, difusión y, en general, las actividades de comunicación social, en el cual se obligaba a las entidades públicas a pagar sus gastos publicitarios, mediante cheques nominativos, con la intención de evitar que se ocultara el destino de las erogaciones. En 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo que establecía nuevos lineamientos en la materia. Un año después, se expidió en el propio DOF un acuerdo similar. Durante 2002 la propia Lorena Beauregard presentó su anteproyecto con la finalidad de “otorgar al Legislativo el poder de control sobre los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la difusión y publicidad del Gobierno”. Además, añadía que “frente a la tentación de los partidos gobernantes, tiene que existir una vigilancia constante, a fin de que se cumplan los objetivos que se proyectaron en materia de difusión de las campañas gubernamentales. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que tales egresos se apliquen únicamente para gastos de propaganda e imagen institucional y no la individual”. Entre los objetivos planteados en los artículos en la iniciativa de la entonces dipu-

Foto: Cuartoscuro

Un segundo intento

Ernesto Villanueva

tada priísta, se acentuaba que la Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, sería “la instancia facultada para la vigilancia, revisión y aprobación de todo lo relacionado con la comunicación social gubernamental”. El artículo VIII señalaba que las “dependencias y entidades no podrán erogar recursos presupuestarios, en beneficio de candidato a puesto de elección popular o partido político alguno, de conformidad con lo establecido en la legislación electoral aplicable. Por su parte, en el apartado referente a la contratación de servicios, se fijaba que las entidades públicas darían preferencia, a los “medios oficiales, respecto de los medios de comunicación privados”, si éstos acreditaban “debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura”.

Nueva propuesta

Luis Medina Lizaldi asienta que su propuesta coincide, “en lo esencial”, con las anteriores iniciativas. La finalidad es transparentar los contratos de publicidad firmados entre las dependencias federales agosto / 2005

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y los medios de comunicación. Un punto fundamental de su anteproyecto, será que la publicidad gubernamental se asigne a medios informativos con buena circulación o volumen de auditorio, que aseguren la transmisión eficaz de las campañas del Estado. El asunto de la independencia editorial también estará considerado en esta nueva iniciativa de ley. “De ninguna manera – precisa el legislador--, podrán utilizarse los recursos públicos para inducir o determinar” la política informativa de los medios. Ante la tendencia de varias dependencias públicas por concentrar su publicidad en los canales de televisión, debido a las características de visualidad, inmediatez y amplia difusión para transmitir mensajes, en detrimento de los medios impresos, Medina Lizaldi piensa que las entidades federativas podrían destinar un 35 por ciento de sus recursos destinados a publicidad, a periódicos y revistas. Otro de los propósitos será evitar la promoción personal de los políticos. Es decir, el titular de alguna dependencia pública no deberá aparecer en los anuncios que informen de los avances en programas sociales u obras públicas. “Hay un fenómeno generalizado en el país, donde, por ejemplo, los presidentes municipales promueven la feria de su pueblo, o transmiten mensajes financiados con impuestos de la gente, destinados a los medios de comunicación, con el único propósito de promover su imagen personal, en aras de convertirse después en diputados locales o gobernadores. Me parece que hay que introducir el concepto de mensaje socialmente útil”. De concretarse, esta propuesta estaría acorde con la actual época electoral, donde varios servidores públicos en función, se promocionan en spots con altos costos en su producción y transmisión en medios electrónicos. “Evidentemente no influirá ya en el proceso electoral –precisa Lizaldi--, debido a que quienes sean candidatos habrán dejado de ser titulares de alguna dependencia. De cualquier manera no hay que dejar de insistir en este tema”. Los propios funcionarios públicos se beneficiarán por igual, con la iniciativa de ley que se pretende impulsar durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, debido a que buscará eliminar el chantaje del que son víctimas por parte de algunos medios de comunicación, los cuales en ocasiones, y 20

Zócalo

sin fundamento, denuestan la imagen de los políticos. Lo que se pretende es sentar una base sólida, para una relación de mutuo respeto entre las instituciones y los medios de comunicación. La vigilancia de la distribución equitativa de la publicidad gubernamental, adelanta Luis Medina Lizaldi, podría quedar a cargo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Sin embargo, el diputado del PRD reconoce la dificultad que se afrontará para legislar en la materia. “Entiendo que a la clase política le han temblado las corvas en este tema, y que será especialmente cobarde en un periodo electoral. Tanto en la Cámara de Senadores como en la de diputados, están en minoría los legisladores que hablan con libertad sobre este tema. Pero se debe seguir intentando hacer del mismo una demanda social”.

La banalidad mediática

“En México el tema de la publicidad gubernamental es una asignatura pendiente. Permitiéndose con ello que el presupuesto público se utilice con criterios discrecionales y de ventaja política del gobernante en turno, especialmente para premiar o castigar a las empresas de comunicación”, señala Ernesto Villanueva. El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que los medios de comunicación han alcanzado un gran espacio de libertad, “pero eso no significa que siendo más libres informen mejor, sino que están en condiciones de negociar de mejor manera (las pautas publicitarias); es decir, existen algunos medios que a cambio de mayor cobertura noticiosa (a determinado servidor público), reclaman un mejor tratamiento publicitario”, de los mensajes estatales. “Y claro que un político tiene derecho a promoverse, pero no a costa del erario; debe hacerlo con sus propios recursos”. Un elemento importante que ha sido poco atendido, es la existencia de un gran número de medios, “que no son los que requiere el país”, debido a que en sus contenidos exageran “los sentidos básicos del ser humano, entre ellos el sexo, el morbo y la violencia. En vez de promover un mejor periodismo, se solazan en las miserias” de la condición humana, con el único propósito de obtener el mayor beneficio (económico), al menor costo (informativo). En el otro extremo, están aquellos medios que ofrecen una lectura crítica de los hechos relevantes acontecidos en

el país, en los ámbitos de la política, la economía, lo social y lo mediático; contribuyen así a formar ciudadanos mejor informados y con mayores posibilidades de participar en los asuntos públicos. “Los medios que cumplen una función social, deben contar con un apoyo especial del Estado, --como una forma de ayuda empresarial--, para que tengan un gran impacto en el mercado y así aumentar la cantidad de lectores críticos y exigentes, que obligue a los medios a ser mejores”, precisa Villanueva.

Las legislaciones europeas

Ernesto Villanueva ha descrito en varios de sus artículos las reglamentaciones sobre publicidad gubernamental en otros países. Entre ellas destacan la Ley sobre la Publicidad de la Administración, de Holanda, cuyas líneas generales sobre la política informativa del Estado, consideran la mayor cobertura social posible; que las campañas promocionales se difundan entre los medios de comunicación con criterios equitativos, evitando marginaciones o prejuicios; y que la publicidad estatal se apoye en instituciones jurídicas para desarrollar programas de información intensivos. De esta forma, se destinan partidas presupuestales a organizaciones diversas, incluidos los centros universitarios, quienes además de distribuir folletería, resuelven dudas y brindan informaciones adicionales al público. En Italia, la Ley 67, de 1987, que reformó y adicionó la Ley de Prensa e Imprenta de 1981, contiene un apartado dedicado a la regulación de la publicidad del Estado, la cual considera, entre otros puntos, que las administraciones estatales están obligados a destinar a la publicidad en diarios y revistas una cuota no inferior a 50 por ciento de los gastos publicitarios presupuestados; entre tanto, la partida para este tipo de egresos no podrá ser modificada durante el ejercicio presupuestal correspondiente. La enmienda italiana consideró la creación de la Comisión de Evaluación de la Publicidad del Estado, integrada por miembros de gobierno y representantes de la prensa, de las editoriales y de las agencias de la publicidad. Su principal objetivo es efectuar el reparto de la publicidad estatal, la cual, precisa la normativa, debe efectuarse sin discriminación y tomando en cuenta a los periódicos, que por su naturaleza llegan a los sujetos específicamente interesados.


Discriminación en asignación publicitaria, forma de inhibir libertad de expresión

¿Rehenes de los dineros oficiales?

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a inequidad en la asignación de los recursos públicos destinados a la publicidad en medios informativos, ha sido un recurso por parte de varios gobiernos para inhibir la libertad de expresión de aquellos órganos críticos u opuestos a sus políticas; o, por el contrario, para premiar a las empresas de comunicación afines a sus programas. De acuerdo con un informe elaborado en 2003 por la oficina del Relator especial para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la mayoría de los países de la región prevalece una “ausencia de disposiciones legislativas en relación con la asignación de publicidad oficial”, situación que ha fomentado “el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado” a mensajes publicitarios. En el caso de México, el reporte da cuenta que “la respuesta oficial del gobierno de México”, incluyó acuerdos en torno a las normas generales sobre gastos del Estado; normas de gastos en publicidad; listados sobre publicaciones oficiales y medios de comunicación; así como las directrices para la orientación, planeamiento, autorización y supervisión de las estrategias gubernamentales en medios de comunicación. Sin embargo, asienta el análisis, “esta información fue recibida por la oficina del Relator especial, en momentos en que concluía la redacción del presente informe”, por lo que los datos se analizarán “más detalladamente a futuro”.

Vigente el “no pago para que me peguen”

La asignación publicitaria en México se ha utilizado para premiar o castigar a los medios de comunicación. Un ejemplo del mal uso del presupuesto destinado a la pauta publicitaria del gobierno, quedó plasmado en los años 80, cuando el entonces presidente José Presidente López Portillo, asumiendo la potestad de los recursos públicos, lanzó su lapidaria frase “Yo no pago para que me peguen”, en referencia al periodismo crítico ejercido por la revista Proceso en contra de su administración. En la actualidad, a decir de Julio Hernández, director de La Jornada San Luis, esa frase, junto con todos los aspectos negati-

vos que representa en términos de libertad de expresión, continúa vigente en el país. De hecho, el periódico que encabeza es víctima de un boicot informativo publicitario, de parte de Marcelo de los Santos, gobernador de San Luis Potosí.

Los motivos del boicot, se deben a que el gobernador se ha molestado porque el periódico ha insistido en temas adversos a su administración, como el asunto del Secretario de Gobierno, Alfonso José Castillo, quien intentó sobornar al presidente municipal del Cerro de San Pedro, para que permitiera operar, pese a la negativa de los ciudadanos, a la empresa canadiense Minera San Xavier; asimismo, también ha publicado cotidianamente “las evidencias de corrupción y los excesos en gastos frívolos”, de las autoridades; igualmente ha dado cobertura al movimiento de los trabajadores del gobierno de San Luis Potosí, “que fueron despedidos por el gobernador y su esposa”, y que llevan meses en plantón a fuera del Palacio de Gobierno. Además, el periódico se ha negado a que Marcelo de los Santos compre la primera plana del diario, con la intención de imponer titulares. Estos hechos han propiciado que el gobierno estatal utilice “los recursos públicos para impedir que La Jornada San Luis goce de salud financiera y siga circulando”. Un propósito que no ha conseguido debido a que el cotidiano cuenta con publicidad comercial local y anuncios del gobierno federal emanado del PAN, el mismo partido al que pertenece el gobernador del estado. En respuesta a su postura, la actitud hacia el periódico ha sido hostil. Hern“A

nuestros reporteros el gobierno estatal les dificulta la información, y luego nos exhibe ante los lectores como un periódico que no es capaz de conseguir la información que viene en todos los demás diarios, obviamente pagada, referente a reuniones de funcionarios estatales”. Sin embargo, Hernández, insiste en que hay inequidad en la publicidad gubernamental. No obstante que La Jornada San Luis tira tres mil ejemplares –siendo el tercer diario en circulación estatal, detrás del Sol de San Luis, con diez mil ejemplares vendidos, y Pulso, con ocho mil--, el periódico factura por publicidad gubernamental entre diez y 15 mil pesos mensuales, cuando otros medios tienen una facturación que ronda los 500 mil o 600 mil pesos al mes. “Hay un periódico pequeño de Matehuala, llamado La Razón, cuyo director editorial es suegro de la directora de comunicación social del gobierno, María Luisa Paulín –funcionaria que fue buscada en repetidas ocasiones por Zócalo, para hablar sobre La Jornada San Luis-, el cual recibe mucha más publicidad del gobierno del estado que nosotros, a pesar de que tiene cinco meses de habar salido a la venta”, denuncia Julio Hernández, por lo que urge al congreso estatal a legislar en materia de publicidad estatal. Y apunta que no se trata de mantener a las empresas de comunicación solamente de la publicidad oficial, “porque tan negativo es que se presenten casos así, como el otro extremo, en donde el gobierno, de forma discrecional y arbitraria, decida a qué medios da o no anuncios”. Luego de la marcha que encabezó en junio hacia la ciudad de México, para protestar por el boicot informativo publicitario, Julio Hernández se reunió con diputados locales para saber cuánto ha avanzado el punto de acuerdo para impulsar una regulación de la publicidad estatal. “El proceso legislativo está atorado a consecuencia de los tiempos electorales. Donde visualizo mayores expectativas es en el Congreso de la Unión. Confiamos en que el diputado Luis Medina presente su propuesta. Cuando así ocurra la apoyaremos”, con el objetivo de avanzar en la regulación de los mensajes publicitarios del Estado. agosto / 2005

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Caso Noticias de Oaxaca

Durante un foro celebrado en junio en la ciudad de México, para denunciar el acoso del gobierno del Estado al diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, su director, Ericel Gómez Nucamendi, explicó que desde el año 2000, el ex gobernador José Murat ordenó retirar la publicidad estatal debido a dos razones: quería exclusividad (en las páginas del diario), para su gobierno y el PRI, sin darle espacio a las demás corrientes políticas; y también pretendió comprar el 50 por ciento de las acciones del periódico, pretensiones a las que no accedió el periódico. Cuatro años después, en mayo de 2004, el propio Murat ordenó al entonces candidato Ulises Ruiz, retirar su publicidad del periódico. “Noticias ha demostrado que la cancelación de la publicidad gubernamental, no fue motivo económico para quebrar el diario, porque afortunadamente tenemos varios anunciantes y una venta masiva”. Con relación al retiro de publicidad del diario Noticias, Héctor Pablo Ramírez Leyva, --vocero del gobierno de Oaxaca-, comenta que es falso que durante la campaña hayan recibido órdenes para no anunciarse en el periódico. Luego, una vez que Ulises Ruiz asumió la gubernatura, se decidió revisar los convenios de publicidad. “Se tomó la decisión, por estrategia, de terminar la relación con ese periódico, ya que no garantizaba mayor difusión”, de las actividades del gobierno. Enseguida, según Ramírez Leyva, el periódico “comenzó a atacar sistemáticamente”, al gobierno. Y añade que en el fondo, el asunto tiene vertientes políticas, económicas y laborales, no de ataques a la libertad de expresión. Para revirar el argumento de que Noticias no recibe publicidad estatal desde el año 2000, el vocero del gobierno presenta tres facturas: La 4905 a nombre de Editorial Taller por 82 mil 800 pesos, la cual avala el pago de una inserción en el espacio del periódico dedicado a las ocho columnas; la 16135, a nombre de Editorial Taller , en la que se le pagaron al periódico un millón 150 mil pesos por importe de un cuarto de publicidad en el mes de abril de 2004; y la 38373 por la misma cantidad a nombre de la empresa Lemus Representaciones Periodísticas, bajo el concepto de varias publicaciones insertadas durante mayo de 2004. “Ningún gobierno estatal, está obligado a firmar convenios de publicidad con determinado medio informativo, salvo 22

Zócalo

los que garanticen una difusión amplia, y que desemboquen en inversiones para el Estado. En la administración de Ulises Ruiz , se han destinado, desde el pasado primero de diciembre a la fecha, cerca de 90 millones de pesos a medios de comunicación masiva, como Televisa y TV Azteca, además de todos los periódicos nacionales, para comunicar los programas de gobierno. No podíamos distraernos en un medio local (como Noticias), que tira cuatro mil ejemplares. A pesar de que el vocero gubernamental opina que los grupos políticos no deben operar medios de comunicación --en referencia a Gómez Nucamendi, ex secretario general del PRI estatal y cercano al ex gobernador Jesús Martínez Álvarez, actual diputado del partido Convergencia--; la propia familia de Héctor Pablo Ramírez es dueña, desde hace 20 años, del periódico Extra de Oaxaca, el cual, afirma, ha “vivido de las ventas; por ello puedo decir que un medio de comunicación digno, no debe tener complicidades ni ataduras con ningún gobierno, ni vivir al amparo de los dineros públicos, como es el caso de Noticias”. Lo que debería hacer Héctor Ramírez Leyva, es transparentar el dinero que le da al periódico que dirige su padre, Héctor Ramírez Uga, un medio con apenas dos por ciento de la circulación en el ámbito estatal, responde Ericel Gómez Nucamendi. En lo que respecta a las facturas referidas por el vocero del gobierno de Oaxaca, el director de Noticias asegura que son falsas. “Nosotros no tenemos relaciones comerciales con el gobierno desde el año 2000”, reitera y le solicita al gobierno del Estado que muestre los cheques, “para que nosotros le sigamos la huella y así saber quién los cobró; a la mejor resulta que fueron ellos mismos”. Para evitar la asignación discriminatoria de los anuncios estatales, Ericel Gómez Nucamendi subraya “que sería muy sano legislar en todo México el uso de los recursos públicos para publicidad. Lo cual no debe interpretarse como una dádiva a los medios; se tiene que elaborar un contrato transparente acorde a la circulación de cada periódico.”. En el caso de Noticias, antes del acoso del gobierno de Oaxaca, su circulación era de 18 mil ejemplares, 68 por ciento de la circulación estatal. Ahora, con las presiones gubernamentales a cuestas, su circulación descendió a diez mil ejemplares. Ambas cifras son lejanas a los cuatro mil ejemplares que aduce Ramírez Leyva.


TELEVISIÓN Zósimo Díaz

En Televisa: ganancias vs. empleados

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a empresa Televisa continúa multiplicando sus ganancias y sin embargo no aparece entre las mejores 50 empresas... que están pendientes de sus empleados. En un informe dado a conocer por la propia televisora, se destaca que en el segundo trimestre del 2005 sus utilidades netas ascendieron a mil 227 millones de pesos, un incremento de 165.4 por ciento con relación al mismo periodo de 2004. Es decir, el consorcio casi triplicó sus ganancias. En total, Televisa obtuvo, entre abril y junio del presente año, un ingreso de 7 mil 856 pesos, un 6.5 por ciento más que la facturación registrada en los mismos meses de 2004. Estas ganancias positivas para la empresa no significan necesariamente una mejora en la situación laboral de sus empleados: Televisa no aparece entre las mejores 50 empresas en México que ponen especial atención a sus trabajadores, de acuerdo con el estudio anual Las mejores empresas para trabajar en México, realizado

por el Great Place to Work Institute y la revista Expansión. En este estudio –publicado en el número 911 de Expansión- se señala que para realizar el análisis se tomaron en cuenta cinco valores: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. En el estudio participaron 150 empresas, cada una de las cuales encuestó de manera libre, anónima y confidencial una muestra de empleados. Las respuestas de los trabajadores representan 70 por ciento de la calificación que se le otorga a la compañía. El Great Place To Work Institute se encarga de evaluar las prácticas y políticas de recursos humanos de cada empresa; esto representa el 25 por ciento de la calificación. El cinco restante se basa en el análisis que se hace a los comentarios cualitativos que los empleados incluyen en la muestra. El primer lugar del estudio lo ocupa la empresa francesa Danone. En el segundo sitio aparece la empresa de mensajería Fedex Express, y en el tercer lugar figura

McDonald’s. Sólo una empresa mexicana ocupa un sitio en los diez primeros lugares. Se trata de Brasa Desarrollos, la cual está ubicada en el séptimo escaño. Estas empresas se caracterizan por brindar trato igual para todos los empleados, sueldos competentes, becas estudiantiles, fondo de ahorro, capacitación, flexibilidad en los horarios de trabajo, etcétera. Aunque su emporio no aparece en este listado, Emilio Azcárraga Jean –propietario de Televisa- sí aparece en el ranking de los cien empresarios más exitosos de México en el 2005. Ocupa el quinto escaño, tres sitios arriba en relación con 2004, cuando ocupó el octavo lugar, de acuerdo con un estudio realizado por Expansión y publicado en el número 914 de la revista. Quizá el magnate continuará apareciendo en el listado de los mejores empresarios de México, pues ahora, con la época electoral se espera que Televisa capte mil 500 millones de pesos por la venta de tiempos publicitarios para las campañas políticas.

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D E S D E L A C O LO Ñ A Jorge Mancilla

Se siente gacho, güey

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Canal 40 no puede recuperar voz ni imagen porque una huelga no cede pa’ que otros cumpas trabajen.

Los sindicatos violentos (Ulises Ruiz, la CROC) se vuelven los instrumentos de TV-Azteca y de Fox.

Desde aquí se ve la transa del vil corporativismo con TV Azteca, la alianza del burdo mercantilismo.

Son los mismos perdularios dando sus chiquitihuazos en TV, radios, diarios, atracos, huelgas, madrazos.

Pretenden Salinas Pliego, Los Pinos y los del PRI -¡vaya terceto rejego!hacerse de Ce Ene Í.

Operan lo mismo allí en Noticias de Oaxaca o los “azules” del PRI en Excélsior, vaca flaca.

Consiguió Moreno Valle una lana de emergencia y entonces se dio un detalle de tenebrosa ocurrencia.

Los Pinos se presta al juego de alcances hegemonistas de Salí Babá nas Pliego y sus cuarenta accionistas.

“Ningún dinero extranjero en los medios mexicanos”, dice la ley, pero-pero ¿quién se va a lavar las manos?

No, pues, no procede, mal, jamásmente, nunca, nel, que silencien un Canal para quedarse con él.

Yo pregunto cara al sol: ¿Y qué hay de la dolariza de Prisa, el pulpo español, en arcas de Televisa..?

De episodios infelices líbranos, Señor, te ruego: los “crocqui asaltos” de Ulises y las tenebras de Pliego.

Zócalo


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a gerente de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Heidi Storsberg Montes anuncia en esta entrevista la realización de una próxima campaña en los medios para impulsar la cultura del agua en México, esfuerzo que se complementa con el Cuatro Foro Mundial del Agua, del cual nuestro país será la sede en 2006. Le llamamos cultura del agua –explica Heidi Storsberg Montes–a todo el proceso que conlleva información, conocimiento y reconocimiento sobre el agua, lo que no sólo consiste en contar con la información, sino en tener conciencia de esta información para lograr que tengamos conocimiento sobre la realidad del recurso. Quien tiene conocimiento sobre la realidad del recurso toma conciencia sobre ello. Para ello, los medios son fundamentales, dice Storsberg: “En la medida en que tengamos el problema del agua presente en los medios de comunicación, conforme se consiga reflejar nuestra vida cotidiana y

podamos sentirnos parte de esa argumentación, vamos a hacerlo nuestro el tema. Si los medios de comunicación recurrentemente toman el agua como un tema y lo desarrollan, mientras nosotros como público nos sentimos parte de ese problema, si nos llega, conseguiremos un cambio de actitud. Así llevaremos información a otras personas con un efecto multiplicador, lo cual es vital, para que todos tengamos la información, y se propicie este cambio de actitudes. “Nosotros estamos preparando una importante campaña de comunicación que saldrá al aire en los meses de agosto o septiembre, y que tratará sobre el valor del agua; nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hemos oído mucho este refrán, sin embargo, el querer al agua es muy importante. “Como el agua en nuestro país en la mayoría de las poblaciones es muy barata, la gente no la cuida, ésta en realidad vale mucho más de lo que cuesta y como no nos cierran la llave podemos dejar correr el agua pues al final de cuentas se paga un precio que ya está definido “La campaña que estamos diseñando es una continuación de lo que ya empezamos a dar a conocer el año pasado y que ahora va más allá: a lo mejor recordamos a este muchachito que hace 20 años nos decía “¡ciérrale!”, pero no nos acordamos de cerrarle y la realidad es que en muchas partes la llave sigue abierta, y puede salir de nuevo este muchachito, ya convertido en un hombre, volviendo a decir “¡ciérrale!” y tampoco tomaríamos conciencia de ello”. La entrevistada advierte que no simplemente se trata de decir “cuídala, ciérrale”, sino de brindar la información necesaria para que se tome conciencia del problema, es una estrategia integral que incluye a los medios de comunicación electrónicos y el cine: con el cine-minuto; hay apoyo de múltiples sectores para la

Foto: Haydeé Martínez

Los medios, vitales para una cultura del agua: Storsberg

Heidi Storsberg, gerente de comunicación social de la CONAGUA

difusión, que se hará en el transporte foráneo, las tarjetas Ladatel, en los parabuses, supermercados, en las novelas del metro, en todos los espacios. “El tema fundamental es llamar la atención de todos aquellos que tomamos decisiones en cuanto al agua, recurso que nos incumbe a todos nosotros, tanto al cuidarla y al cobrarla como al legislar a favor de su conservación; la campaña también se dirige a los diputados federales o locales, que tienen una responsabilidad en la elaboración de las leyes para el manejo sustentable del recurso. Es un llamado, a todos para que tomemos conciencia, porque todos participamos en alguna parte del proceso, o en dos o en tres. Es una campaña con visión nacional complementada con inserciones en programas de televisión y de radio, con cápsulas informativas; se manejarán los conceptos dentro de algunos programas para que la gente se sienta identificada con nuestro mensaje”, apunta la funcionaria. “Para eso son las campañas de comunicación que pretendemos lanzar, un esfuerzo integral, con datos para tomar conciencia sobre ello, a través de la radio y los medios alternativos; por supuesto que también la información que se pueda dar a través de medios como ZÓCALO es muy importante; la gente lee las publicaciones, a través de la información uno va tomando conciencia sobre la gravedad del problema, cada medio es fundamental: Hay que buscar la responsabilidad no sólo de la ciudadanía, sino de las empresas e industrias, Por último, Storsberg recuerda que México será sede del IV Foro Mundial del Agua en 2006, del 16 al 22 de marzo. La redacción. agosto / 2005

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DERECHO A LA INFORMACIÓN Zósimo Díaz

Facilitan acceso a la información, falta ley • Reducen los tiempos de entrega de información • Obligan a la autoridad a fundamentar negativas • Desaparece el Consejo, su politización el motivo

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os ciudadanos de la capital del país estarían en la antesala de contar con una ley que garantice un mejor acceso a la información pública, si la nueva norma se aplica, y si la autoridad local se decide a promulgarla. Los trámites y requisitos se simplificaron al máximo, y la transformación del órgano garante de consejo a instituto, amplían los márgenes de confiabilidad para que el derecho al acceso a la información pública en la capital del país, se ejerza. Ahora, el ciudadano interesado podrá solicitar información de las instituciones públicas de la ciudad de México, sin presentar una identificación; y tendrá el derecho de exigir a la autoridad que fundamente una eventual negativa a entregar datos que considere reservados. De acuerdo con los cambios realizaron a la ley, sólo habrá dos razones para que las instituciones nieguen información: cuando la misma tenga datos personales y cuando esté clasificada como reservada. También disminuye de 12 a siete años el tiempo que una información permanezca como reservada. Las modificaciones prevén la desaparición del Consejo de Información Pública (CONSI) y la creación del Instituto de Acceso a la Información. Y, se reduce de 18 a cinco, el número de integrantes del instituto garante. Todo lo anterior de acuerdo con las reformas que aprobó el 7 de julio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Distrito Federal. Con estas modificaciones, también se abre la posibilidad de hacer peticiones a través de Internet y desaparecen los acuerdos clasificatorios de entes públicos. Desde que fue aprobada la ley de transparencia en marzo de 2003, la cual definía la creación y composición del CONSI, muchas voces se opusieron a este organismo, principalmente los diputados perredistas y 26

Zócalo

el jefe de Gobierno de la capital del país. La ley todavía vigente, -las reformas aún no se promulgan-, establece que el CONSI se integre por 18 consejeros. De ellos sólo tres representan a la sociedad civil y el resto al gobierno local; organismos autónomos: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal; así como del poder judicial. El enorme número de miembros hizo inoperable su funcionamiento, y obstaculizó la toma de decisiones. A ello, se sumó la beligerancia política de la consejera ciudadana María Elena Pérez Jaén quien se dedicó a “sabotear” el funcionamiento del CONSI, y a presionar al consejero presidente Gustavo Velásquez, a quien veía como un aliado del gobierno capitalino. Hubo pleito hasta por quién debería ocupar tal o cual oficina (Zócalo No. 62). La escasa funcionalidad y la “politización” obligaron a los legisladores locales a ciudadanizar al CONSI, e incluir en la reforma, la disminución de sus integrantes, a cinco, y multiplicar las garantías del ejercicio de este derecho a los ciudadanos.

Cambios

Para lograr esos objetivos, se acordó desaparecer el CONSI y crear el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Los legisladores perredistas además propusieron renovar en su totalidad a los integrantes, lo que significa que los tres actuales consejeros ciudadanos –Gustavo Velásquez, María Elena Pérez Jáen y Odette Rivas- deberán abandonar sus cargos. Este punto fue rechazado por los diputados panistas y priístas, y por supuesto, por Pérez Jaén. En la nueva ley, los artículos del 57 al 60 precisan la creación del instituto y la forma en que serán seleccionados los integrantes del mismo. Además, se dispone que el IAIP sea autónomo y tenga perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio. Se le otorgan atribuciones para que procure el cumplimiento de la ley (artículo 57). El artículo quinto transitorio señala que elegidos los comisionados, el CONSI desaparece y entra en funciones el Instituto. La ALDF designará a los cinco representantes de la sociedad civil, denominados en adelante comisionados ciudadanos (art. 58). Para ser comisionado (art. 59) se requiere “no ser ni haber sido dirigente de algún partido o asociación política, ni ministro de culto religioso, cuando menos cinco años antes, y no haber sido servidor público por lo menos un año antes, en ambos casos al momento de su designación, salvo que se trate de labores vinculadas directamente con la materia objeto de la presente Ley”. También se especifica que los comisionados durarán en su cargo seis años sin posibilidad de reelección y recibirán un sueldo diario equivalente a 46 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es decir, cerca de 62 mil pesos mensuales. (Casi el doble de un profesor universitario con doctorado) La elección de los cinco comisionados ciudadanos deberá realizarse a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes, a la entrada en vigor de la nueva ley (art. 2 transitorio). El CONSI continuará ejerciendo las facultades que le otorgó la ley aprobada en mayo del 2003 hasta que la ALDF, designe a los comisionados ciudadanos que integrarán el Instituto de Acceso a la Información (art. 3). La Asamblea realizó los cambios con base en las seis iniciativas presentadas por las tres principales fracciones partidistas que integran los diputados locales: Obdulio Ávila Mayo, Alejandra Barrales Magdalena, Héctor Mauricio López Velázquez, Miguel Ángel Solares Chávez, Martha Teresa Delgado Peralta y Carlos


Alberto Flores Gutiérrez. También se tomaron en cuenta las conclusiones del Foro y Audiencia Pública de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal que se realizó en abril del 2005 en la Asamblea Legislativa.

Artículo 44 bis: ¿Mordaza o precaución?

Pese al consenso general alcanzado por las reformas, dos modificaciones provocaron diferendos entre las bancadas: el 44 bis y la desaparición del CONSI. En el artículo 44 bis, aprobado de última hora por la bancada perredista, se ordena que la información que un ente público proporcione a un particular debe tener ins-

crita una leyenda donde se advierta que quien recibe la información es el único responsable del mal uso que se haga de la misma. Legisladores panistas y priístas consideraron que este artículo impediría el acceso a la información, e inhibiría a la ciudadanía. La avalancha de críticas de la oposición contra el artículo 44 bis obligó al todavía en ese momento jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a regresar a la Asamblea (25 de julio) el dictamen, con el argumento de que dicho artículo podría causar confusión. El contenido precisa: “La presente información garantiza el efectivo acceso de toda persona a la información de los entes

públicos, por lo que si derivado del mal uso, se genera una ventaja personal indebida o algún perjuicio a terceros, quien recibe la información será el único responsable de dichos actos”. Los diputados inconformes advirtieron que los interesados podrían enfrentar consecuencias judiciales, si se presume que utilizan la información para mal uso. La integrante del CONSI, María Elena Pérez Jaén, en declaraciones a varios medios de comunicación, calificó el artículo como “una ley de censura y mordaza”. En entrevista con Zócalo, el autor de dicho artículo, el diputado perredista y presidente de la Comisión de Administración Pública de la Asamblea Legislativa,

Principales cambios a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Ley del 8 mayo de 2003

Reformas del 7 de julio 2005

• Creación del Consejo de Información Pública (CONSI), integrado por 18 miembros consejeros.

• El consejo se transforma en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Sus integrantes: comisionados que ahora serán de la sociedad civil.

• Tres consejeros del CONSI provienen de la sociedad civil y el resto de instituciones gubernamentales y organismos autónomos.

• Se reduce a siete años el tiempo para que una información permanezca en reserva. Se agrega el término prueba de daño, por medio del cual se exige que a las autoridades argumenten su negativa a dar información y demuestren que “el daño que produciría su publicidad, sería mayor que el interés de conocerla”.

• Hasta 12 años para que los entes públicos den a conocer la información reservada. • Plazo de 30 días para que las autoridades respondan a la solicitud de información. • Las resoluciones que emite el CONSI no son obligatorias. • El interesado debe presentar identificación y dejar una copia al solicitar una información.

Alberto Trejo, se dijo sorprendido por las reacciones que provocó el 44 bis. La oposición, dijo, debería enterarse que el artículo 23 de esa ley expresa lo mismo que en el 44 bis, y que “lo único que hice fue proponer que la leyenda se incluya en los documentos. Además, los artículos 212, 213 y 214 del Código Penal –al igual que el Código Civil- legislan sobre “violaciones a la intimidad personal, revelaciones secretas y difamación”.

• Se reduce a 15 días naturales el plazo para que los entes públicos entreguen información. • Son obligatorias las resoluciones que emita el IAIP. • Se elimina el requisito de presentar una identificación oficial e incluso se permite solicitar información vía Internet.

“Yo no sé qué les extraña. Si se abre por ejemplo, la página de Internet del Instituto Federal Electoral se darán cuenta de que lo primero que se advierte, es el posible mal uso de la información, y que podrías ser sancionado de acuerdo con el marco jurídico correspondiente”, agregó. Y, abundó: “Hacer mal uso de la información significa que algún particular saque datos de los programas privados

de la Secretaría de Seguridad Pública o de empresas privadas, para reproducirlos y venderlos. Hacer mal uso, sería obtener información en el registro público de que un terreno esté intestado, y al otro día insistes a un grupo de personas para invadir el predio. Un mal uso es pedir información de los planos estructurales del segundo piso del periférico y que se los vendas a una empresa japonesa en un millón de dólares”. agosto / 2005

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DERECHO A LA INFORMACIÓN Nada más hay que recordar la venta del padrón del IFE. “Fue vendido en su momento por un particular que tuvo la posibilidad de conocer y obtener estos datos y después venderlos”. En entrevista con Zócalo, el diputado del blanquiazul Obdulio Ávila explica su oposición al citado artículo: “Es intimidatorio e inhibe a un particular a que ejerza su derecho a la información. Cuando una información es pública y se entrega al solicitante, su condición de pública implica que no es reservada ni confidencial y que el Estado al liberarla, valoró el origen de los documentos, para constatar que no daña a terceros, ni que genera posibles ventajas”. Ante la controversia, Trejo señaló a Zócalo la necesidad de eliminar una parte de la leyenda y sólo dejar “quien recibe la información será el único responsable de su uso”. Esto, con la idea de hacer una ley pulcra que cuente con el mayor respaldo de la oposición”. Dijo haber propuesto a López Obrador vetar esa parte del artículo 44 bis. El todavía jefe de Gobierno atendió las quejas, y el pasado 25 de julio devolvió a la ALDF el decreto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al explicar su decisión, en un documento dirigido a Alberto Trejo, el gobernante capitalino manifestó: “la incorrecta interpretación del artículo 44 bis puede impedir a los ciudadanos ejercer su derecho a la información, so pena de caer en un retroceso en los logros hasta hoy alcanzados en la materia”. Dicha disposición prevista en el artículo “sesga el espíritu de la ley al ordenar a los entes públicos que inserten en todas sus respuestas de información la leyenda cuestionada”, consideró López Obrador. El entonces jefe de Gobierno propuso la leyenda: “La presente información garantiza el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los entes públicos, por lo que quien reciba la información será el único responsable de su uso”. A pesar de la disposición gubernamental, Obdulio Ávila adelantó a finales de julio que los legisladores opositores no buscarán reformar el 44 bis, sino derogarlo en su totalidad. Por su parte, Alberto Trejo afirmó que una vez que se resuelva el conflicto por dicho artículo los legisladores de oposición “van a inventar cualquier cosa para frenar la ley de transparencia”. Los dos legisladores coinciden en algo: la puesta en marcha de una ley de trans28

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parencia en el Distrito Federal ha sido obstaculizada por los otros, es decir, por el grupo político contrario a ellos.

Imaginación y política

Para Andrés Manuel López Obrador la creación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal era innecesaria. En su conferencia de prensa del 29 de julio del 2003, López Obrador detalló lo que para él sería la labor de los consejeros, que sólo en algunos casos se cumple: “Levantarse a las ocho de la mañana, tomarse el café tranquilos, leer los periódicos, la síntesis. Está el chofer esperando para llevarlos a la oficina, revisar un expediente o dos, dictar un oficio, regresar a comer a la casa o a un buen restaurante de Polanco, de lu-

nes a viernes, de 10 de la mañana a seis o siete de la tarde, con la comida de por medio, vacaciones, 115 mil pesos, pues está bien, está muy bien. Así está la ley y yo no comparto eso, yo creo que ya se debe de acabar con esa burocracia improductiva completamente”. Las críticas de López Obrador al exorbitante salario que recibirían los Consejeros Ciudadanos, llevó a que la mayoría perredista en la Asamblea aprobara para ellos un sueldo de 65 mil pesos mensuales. El ex Jefe de Gobierno imprimió en el presupuesto destinado al CONSI sus reticencias. En el año 2003, el presupuesto destinado al Consejo ascendió a 25 millones de pesos; en el 2004, se redujo a 12 millones, y nuevamente en el 2005, se destinaron 25 millones de pesos.

Relevo 3 x 5


DERECHO A LA INFORMACIÓN Zósimo Díaz

¿Incomodidad o politiquería?

A

probadas las modificaciones a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que ordenan la desaparición del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, la todavía consejera ciudadana María Elena Pérez Jaen, realizó una larga pasarela por numerosos medios de comunicación escritos y electrónicos, sólo para acusar a los legisladores perredistas de plegarse a los designios de López Obrador y aprobar su destitución. Según Pérez Jáen, su “remoción es motivada por cuestiones políticas. Esta reforma tiene una dedicatoria hacia mi persona, porque me convertí en la consejera incómoda para el señor López Obrador y su administración por mi actitud crítica, independiente y autónoma”. Al anunciar que se ampararía para no perder el cargo (y el salario de 65 mil pesos mensuales), Pérez Jaen consideró que ‘’la transparencia en el Distrito Federal nunca será, al menos en esta administración, un asunto de ‘honestidad valiente’; en lo único que se convirtió la transparencia fue en un asunto de oscuridad cobarde’’. A pesar de la beligerancia política que le imprime a sus declaraciones, la controvertida consejera tuvo que admitir que las reformas a la ley tienen aspectos positivos que eran necesarios, pero que las mismas son “una trampa con dedicatoria del señor Andrés Manuel López Obrador, quien les dio órdenes a sus diputados en la Asamblea de que yo me tenía que ir”. Acerca del papel jugado por la consejera como integrante del CONSI, el diputado perredista Alberto Trejo dijo: “No conozco ninguna declaración de ella que sea crítica. Las declaraciones y el trabajo que le conozco en torno a la transparencia

son las críticas que, de manera permanente y puntual, hace todos los días en contra de sus compañeros consejeros”. Además, “Pérez Jaen está muy equivocada porque yo no perdería el tiempo, ni un minuto de mi vida en querer remover a alguien con el argumento de modificar 60 artículos de una ley”.. Este diferendo provocó que el Senado de la República hiciera un exhorto a la Asamblea Legislativa para que se mantuviera en sus cargos a los tres consejeros ciudadanos. Alberto Trejo respondió: “El Senado está invadiendo las facultades de la Asamblea y considera que ya se le debe poner un hasta aquí a la intromisión del órgano legislativo en asuntos como las reformas que realiza la ALDF, el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral del Distrito Federal. El legislador señala que si los senadores “creen que los consejeros han realizado un buen trabajo, pues que se los lleven al Instituto Federal de Acceso a la información Pública, IFAI, a ver si el presidente quiere nombrarlos”. Trejo indica que “no es correcto que (los senadores) se metan en estos asuntos. Y debido a que los senadores no conocen la ley, no la han leído, seguramente no saben que el artículo 59 de la propia ley permite a los actuales consejeros participar en el próximo proceso de selec-

ción de los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información”. En relación con esto último, el diputado panista Obdulio Ávila subraya que “es una tomada de pelo aseverar que estas personas que van a ser eliminadas del CONSI van a poder participar en la integración del Instituto”. Ávila respalda lo dicho por Pérez Jaen e indica que “la reforma tiene dedicatoria y está dirigida a eliminar a voces que inconforman. Sus nombres: María Elena Pérez Jaen y Odette Rivas”.

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Reforma profunda a la transparencia en el DF Gustavo Velásquez de la Fuente *

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omo respuesta al clamor generalizado entre distintos actores del proceso de construcción democrática en el que como sociedad estamos inmersos, y luego del análisis colectivo acerca de las limitaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal -vigente desde enero de 2004-, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones y adiciones a esa legislación. Se trata de una reforma integral que introduce precisiones básicas a la Ley y corrige deficiencias comprobadas en la práctica. Por ejemplo, se resuelve la complicada integración del Pleno del actual órgano garante de la Ley que es el Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), formado por 18 miembros, tres ciudadanos y el resto de los entes obligados. El nuevo organismo que lo sustituirá, reduce a 5 sus integrantes, quienes deberán ser, todos ciudadanos. También se fortalece al mismo órgano garante, gracias a la obligatoriedad de las resoluciones que emita. Se amplían las obligaciones de transparencia de los entes obligados y facilita a la población el derecho de acceso a la información al eliminar el requisito de presentar identificación a los solicitantes. Brinda la posibilidad de que las personas presenten solicitudes de información, y en su caso recursos de revisión, por internet. Estamos en presencia de un marco normativo diferente, sin duda más sólido, mejor elaborado, con mayores herramientas a la autoridad para promover una auténtica cultura de la transparencia y garantizar el pleno acceso de las personas a la información de carácter público. Aparece, sin embargo, un “prietito en el arroz”: un nuevo artículo, el 44 bis, que establece la inserción de una leyenda en la información que los ciudadanos soliciten a los entes públicos, avisándoles que “La información que se proporcione de conformi30

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dad con la presente Ley únicamente tiene como finalidad garantizar el derecho a la información pública por lo que su entrega no faculta su utilización con fines de comercialización, lucro o para generar alguna ventaja”. Esta leyenda envía un mensaje contradictorio a quien solicite información, ya que si la información es pública, ésta deberá ofrecerse sin cortapisas a disposición de quien la solicite. Afortunadamente, todo parece indicar que la sensibilidad de los distintos actores políticos permitirá que el 44-bis, no permanezca una vez que la nueva ley sea publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Sin dedicatoria

En lo que se refiere a la idea expresada por algunos de que la reforma sólo persigue destituir a los actuales consejeros ciudadanos, e independientemente de mi respeto a todas las opiniones, es evidente que se trata de una reforma profunda como mencioné antes y que el planeado Instituto es un posibilidad distinta al actual Consejo, con otra conformación y otras atribuciones. Es importante situar estos cambios en la perspectiva del proceso de la transformación política que está llevando a cabo la sociedad mexicana. Vale la pena recordar que: las modificaciones estructurales que el poder legislativo federal decidió en el Instituto Federal Electoral en dos momentos de nuestra historia; el primero en mayo de 1994, justo dos meses y medio antes de las elecciones federales de ese año, con un entorno político particularmente complicado. En segundo lugar, los ajustes de 1996, con una reforma que transformó radicalmente al sistema electoral mexicano. En ambos casos la institución resultó beneficiada, revigorizada para convertirse en un auténtico garante de la transición política, de la revolución más pacífica e importante y silenciosa de las últimas décadas. Estamos insertos en un proceso que está caminando y estos cambios, como ha ocu-

rrido en otros ámbitos de la vida nacional, serán para mejorar. Son las instituciones y no las personas las que resultan indispensables para continuar en el fortalecimiento y ampliación de la vida democrática. Por lo tanto, nadie debe sentirse lastimado ni agredido, tuvimos una oportunidad y cada quien sabrá si la aprovechó, si supo empeñar un esfuerzo honesto y comprometido, cada quien hará su propia evaluación y será sometido al juicio que la sociedad establezca, sobre lo que hicimos o dejamos de hacer para cumplir el honroso cargo que se nos confirió. Con respecto al actual Consejo de Información Pública debo decir que hemos trabajado con recursos escasos, pero tratando de usar mucha imaginación, sorteando retos y limitaciones para contribuir a dimensionar un tema que hoy ya empieza a interesar a muchos capitalinos, quienes han sabido de la existencia del Consejo y su gestión. Aquí quedan resultados tangibles que esperan un juicio justo y equilibrado, sin ánimos de revancha ni de nuevas descalificaciones. También quedan propuestas que podrán implementarse en el futuro al amparo de un marco normativo fortalecido y que esperamos sean utilizadas para reforzar el proceso de construcción de esta nueva cultura de transparencia, pilar indispensable en la consolidación de nuestra anhelada aunque todavía incipiente democracia. Una vez publicada la ley comenzarán nuevos retos. De cualquier manera, estamos seguros que la historia de la Ciudad registrará el papel del Consejo de Información Pública del Distrito Federal como organismo pionero en la lucha por el acceso a la información pública y la construcción de la indispensable cultura de la transparencia.

*Presidente consejero ciudadano del Consejo de Información Pública del Distrito Federal


Avance en acceso a la información capitalina Odette Rivas *

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s mucho lo que se ha dicho del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal, sin embargo lo más importante es recordar que la creación de la ley que lo garantiza -derivada del artículo 6º constitucional-, es producto del trabajo de una comisión donde intervinieron acreditados expertos; así como de la organización de foros y seminarios a los que concurrieron entes públicos del Distrito Federal, ciudadanos y académicos. Fue así que la iniciativa se presentó el 7 de diciembre de 2001. Producto de intensas negociaciones entre diputados de la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) se aprobó por unanimidad el 17 de diciembre de 2002, y tres días después el texto se envió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación. Sin embargo, el 28 de enero del año 2003, el Ejecutivo local envió a la Asamblea Legislativa varias observaciones para modificar la naturaleza del órgano garante del derecho de acceso a la información pública (Consejo de Información Pública del Distrito Federal), para convertirlo en un simple consejo asesor, a pesar de que la autoridad participó durante todo un año, en las consultas a través de sus representantes. Tres semanas después, el 18 de febrero, la Comisión de Administración Pública de la Asamblea consideró improcedentes esas modificaciones. A mediados de marzo, se aprueba de nuevo el mismo dictamen que crea la actual ley, esta vez, por la mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de esa II Legislatura, con el objeto de superar las observaciones que no fueron aceptadas de parte de la Jefatura de Gobierno, remitiéndosele nuevamente, para su promulgación

y publicación, que ocurrió hasta el 8 de mayo de 2003. Esta ley, aún sin que el órgano garante se hubiera instalado, fue objeto de otras reformas, pero ahora de la III Legislatura de la Asamblea -el 16 de diciembre de 2003-, que se publicaron el día 31 del mismo mes, en la Gaceta Oficial. Es decir, la LTAIPDF ha sido creada y reformada por dos legislaturas, y aunque pueda decirse que se encuentra plagada de errores y aciertos -válidamente atribuibles a la intervención del legislativo y del propio ejecutivo local-, es una legislación perfectible. En julio de este año registró nuevos cambios, que al terminar el mes no habían sido publicados. Lo lamentable es que los habitantes de la capital del país, continuamos con una ley sumamente imperfecta lo que complica el ejercicio de un derecho constitucional.

A favor

Una modificación fundamental es la incorporación de la prueba de daño y la mención de reconocimiento de los tratados internacionales. Se incrementa la información generada por los entes públicos que deben publicar en sus páginas de Internet, así como los informes de los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral. Inclusión del consentimiento de las partes en un juicio, para que la información sea pública o bien de carácter restringido. El periodo de reserva de la información se reduce de diez a siete años y después será pública con la posibilidad de prorrogar el plazo hasta por cinco años. Se incluye la responsabilidad administrativa a los servidores públicos que divulguen información de datos personales, para los que ahora se puede realizar una solicitud de indagatoria. También se adiciona el artículo, 32 bis, que considera los supuestos donde no se requiere el consentimiento del interesado para divulgar sus datos personales. En el caso de los tiempos para dar respuesta a las solicitudes

de información, se modifican los plazos de 30 días naturales a 15 días hábiles, el plazo para dar respuesta se modifica de igual forma. La reforma elimina el requisito de entregar copia de identificación oficial para una solicitud de información. Y, es posible solicitar la rectificación de datos personales cuando la ley no obligue a proporcionarlos. Es relevante la inserción del principio de buena fe del solicitante y la diversificación de los medios para realizar la solicitud de información: por escrito, correo electrónico y los medios por los cuales el solicitante podrá recibir la información: correo electrónico, certificado, telégrafo, fax o en la oficina de información pública. En caso de ser necesario interponer un recurso, para efectos de notificaciones va a representar un problema jurídico muy interesante. Los cambios a la ley modifican la esencia del órgano garante al eliminar a los representantes de los entes públicos de su integración, cambia la denominación de Consejo a Instituto, y la denominación, de consejero ciudadano a comisionado ciudadano. Asimismo, las sesiones del órgano deberán ser públicas, abriendo la posibilidad de que el Pleno defina cuándo deberán ser privadas, y se otorgan facultades para que el órgano garante elabore su Programa Operativo Anual (POA); designe a los servidores públicos que formen la Institución; y diseñe y apruebe formatos de solicitud de información y corrección de datos personales, entre otras. También, se modifica el recurso de inconformidad y lo transforma en un recurso de revisión ante el órgano garante. El recurso podrá entregarse por escrito o por medio electrónico, el problema será jurídico para corroborar fechas y horas de recepción del recurso o de las notificaciones. agosto / 2005

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Además, se determina que las resoluciones que emita el instituto serán obligatorias, y que en contra de los acuerdos y resoluciones no definitivas, procede el recurso de revocación. También se crea una Contraloría Interna, y se establece que la cuenta pública del órgano será revisada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

En contra

Los tópicos discutibles de la reforma son diversos y difícilmente concluiremos su mención en este espacio que mucho agradezco. El artículo 8 constitucional determina que los extranjeros no podrán hacer uso del derecho de petición en materia política, situación que con la reforma desaparece, recordemos que las leyes cualquiera que sea su materia deben estar absolutamente sometidas a la Constitución. Se elimina la posibilidad de acreditar representante para solicitar datos personales, lo que restringe la capacidad jurídica de ejercicio de las personas, al no considerar casos de excepción como que el solicitante pudiera estar inmovilizado para trasladarse, y tuviera que recurrir

a una tercera persona para hacer la gestión correspondiente. No se modificó el artículo 41 que tiene una grave contradicción. En el párrafo primero se determina que cuando se realice una solicitud se cobre un derecho que establecerá el Código Financiero, pero la fracción I del mismo artículo determina que el costo por obtener la información no podrá ser superior al costo de los materiales utilizados en la reproducción. ¿Cómo es posible que una garantía constitucional para la que no es necesario acreditar interés legítimo se convierta en inalcanzable para aquellos que no cuenten con recursos suficientes para pagar copias a $1.30, como lo establece dicho instrumento, si las empresas lucrativas que se dedican al fotocopiado cobran entre 30 y 50 centavos por copia? ¿Se trata de hacer nugatorio un derecho para aquellos que en teoría deben ser precisamente los beneficiados con una legislación de esta índole? Asimismo, se concede a las Oficinas de Información Pública una relativa libertad para determinar horarios y condiciones, cuando son oficinas de enlace que debie-

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ran estar en absoluta coordinación con el órgano garante. La reforma recomienda la creación de un sistema de archivos que deberá elaborarse conforme a una ley sobre la materia, pero tengamos presente que ya existe una iniciativa que concede todas las facultades en esa materia a los órganos que detentan la información, sin considerar la participación del órgano garante y otra que sí lo hace. Son dos posiciones encontradas de las cuales no hay certeza sobre el resultado. Faltan muchos comentarios sobre las deficiencias de la reforma a la ley, incluyendo claro está el multicriticado artículo 44 bis. Lamentablemente el espacio nos impide continuar por el momento; no obstante, la pequeña muestra que comentamos evidencia que los pasos de la transparencia son aún limitados y es mucho lo que falta por andar. * Doctora en Derecho por la UNAM, profesora y Tutora Académica de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, profesora en la Maestría de Amparo de la Universidad Latinoamericana, actualmente es Consejera Ciudadana del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.


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P E R I O D I S TA S Balbina Flores Martínez*

Roberto Tapia Chan director de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora

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Foto: Archivo El Debate

l cierre de esta edición, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en sus manos al menos ocho investigaciones donde las víctimas han sido periodistas: asesinatos, desapariciones y agresiones de diversa índole, son parte de las indagatorias. Únicamente en dos casos se registraron algunos avances. A principios de julio, Abel Enríquez Zavala, ex-director de la Policía Municipal de Escuinapa, Sinaloa fue detenido junto con cuatro personas más, por ser presunto co-participe en el homicidio del reportero gráfico Gregorio Rodríguez. Siete días después el juez mixto del Distrito Judicial de Escuinapa, le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio culposo (averiguación previa 371/2004). La detención se originó luego de que Juan Ramón Ochoa Hernández, testigo

Maricela Machado, presunta cómplice

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presencial del homicidio del fotógrafo, revelara que Enríquez Zavala le ofreció cinco mil pesos, a cambio de modificar su declaración e inculpar a los hermanos Ernesto y Ulises Sedano Ornelas como autores materiales de la muerte del periodista. En julio los hermanos Sedano Ornelas han cumplido ocho meses en prisión, fueron detenidos y consignados en diciembre de 2004, e insisten en su inocencia del delito que se les imputa. Frente a este reciente suceso, la familia del periodista acusó a la Procuraduría estatal de crear “chivos expiatorios”. Al respecto de este caso, información de última hora señala que el subprocurador de justicia del estado, Ricardo Aguilasocho, anunció la detención de la doctora Maricela Machado Dennis quien también es señalada por Ochoa Hernández de haberle pagado para involucrar a otras personas en el homicidio. A Machado Dennis se le vincula sentimentalmente con Abel Enríquez Zavala.

Raúl Gibb, cuatro meses después un detenido

En Veracruz, los editores del diario La Opinión cuyo director Raúl Gibb fue asesinado en abril pasado “no hay avances sólidos” en las investigaciones, a pesar de la detención del empresario Martín Rojas López, ocurrida el 2 de julio en Houston, Texas. Martín Rojas, presuntamente implicado en el asesinato del periodista, fue detenido por autoridades de FBI y la AFI, cuando salía de su domicilio en aquella ciudad, por los presuntos delitos de evasión fiscal por 4.3 millones de pesos y fraude a Pemex. “El diario puso al descubierto el ilegal negocio de adulteración de gasolina, con la que Martín Rojas acumuló una fortuna en un lapso de seis años. La PGR lo investiga también por su implicación en el asesinato del director de ese diario, pero hasta el momento sólo es un sospechoso en este caso y estamos a la espera de resultados”, publicó La Opinión. El gobernador Fidel Herrera Beltrán, al conocer aquella detención, pidió

“no hacer hipótesis sobre el motivo de la muerte del periodista hasta que la Procuraduría General de la República concluya la investigación”. Y, agregó: “Hasta el momento no se ha determinado la probable responsabilidad que pudiera tener el llamado “zar” de la gasolina adulterada. Martín Rojas permanece en manos de las autoridades de Houston, mientras se resuelve su extradición, que podría tardar dos meses porque también está siendo investigado por el FBI por lavado de dinero, luego que se le detectaran cuentas bancarias en varias ciudades del vecino país.

La PGR no localiza a Alfredo Jiménez Mota

A cuatro meses de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota (2 de abril) la PGR tiene once líneas de investigación, doce agentes federales destinados a las indagatorias, pero escasos rastros de su ubicación, a pesar del operativo conjunto entre autoridades federales y locales realizado a mediados de julio, en la comunidad de San Bernardo, Municipio de Alamos, Sonora sin resultados concretos.

Foto: El Imparcial

Foto: El Imparcial

La PGR indaga, pero no resuelve; Crea culpables

Padres de Alfredo Jiménez Mota

El operativo se organizó después de que las hermanas Elba y Johana Palma Morquecho, presuntamente secuestradas el pasado 2 de junio en Ciudad Obregón, denunciaran en un noticiario de Televisa, haber sido secuestradas y que durante su cautiverio escucharon decir a sus captores que Alfredo Jiménez “estaba muerto”, luego de haber sido “torturado, quemado y enterrado”. Las declaraciones de las hermanas Morquecho, en el noticiero de Televisa


que conduce Joaquín López-Dóriga, llamó la atención no sólo por la referencia al paradero del periodista, sino por haber señalado al director de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora, Roberto Tapia Chan, como uno de los implicados en la desaparición del reportero. Ante esta versión, Alfredo Jiménez padre del periodista dijo en entrevista a Zócalo: “Nosotros como familia no le damos veracidad a esa noticia de las muchachas porque hay muchas fallas, la valoramos como una noticia falsa pero no descartamos nada, mi familia y mi esposa no deseamos eso para nosotros pero estamos dispuestos a cualquier noticia. Pedimos que le den más agilidad al caso, nos sentimos impotentes porque ya es mucho tiempo. Estamos desesperados y con coraje que no se pueda hacer nada”. “Mi esposa está frustrada, me dice me siento triste que no encuentren a mi hijo.” La versión del asesinato de Jiménez apareció, un día después de que los padres de Alfredo Jiménez y el subdirector de El Imparcial, Jorge Morales, se entrevistaran con el titular de la Procuraduría General de la República, Francisco Daniel Cabeza de Vaca a quien solicitaron agilizar las investigaciones y reforzar el personal a cargo del caso. Acerca de la posible participación de algún funcionario público local en la desaparición de Alfredo Jiménez, el gobernador Eduardo Bours se reunió (21 de julio) con Cabeza de Vaca, y al término del encuentro, el ejecutivo estatal dijo que la PGR “no tenía ninguna investigación ni contra Roberto Tapia Chan, ni contra ningún funcionario del gobierno”. A pesar de esa afirmación, la Procuraduría no confirmó ni desmintió esta información. La Sociedad Interamericana de Prensa anunció una visita a México en los próximos días de agosto para conocer los avances en las investigaciones. Mientras tanto, en los medios nacionales a reserva del caso de Alfredo Jiménez, los periodistas asesinados han dejado de ser noticia. Nada se sabe de la situación que guardan las investigaciones en los homicidios de Guadalupe García Escamilla (Stereo 91); Francisco Javier Ortiz Franco (Zeta) y Francisco Arratia Saldierna (El Imparcial). Tampoco se avanza en las indagatorias por las amenazas recibidas por la periodista María Lidia Cacho (independiente) y contra el columnista Carlos Ramírez (La Crisis). * Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras

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S E C R E TO P RO F E S I O NA L Naief Yehya

De Garganta profunda a las profundidades sórdidas de la era Bush En contraste con el reconocimiento que supuso el caso Watergate para Bernstein y Woodward en los años 70, la sentencia contra Judith Miller por negarse a revelar sus fuentes ha puesto en evidencia la crisis que padece actualmente el principio de libertad de prensa en Estados Unidos. Este artículo analiza dicha problemática en el contexto de la subordinación de los medios informativos a los dictados de Washington.

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ueva York.- Prácticamente al mismo tiempo en que la periodista del New York Times, Judith Miller, marchaba con las esposas puestas hacia el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, apareció publicado The Secret Man, el libro más reciente del periodista Bob Woodward donde describía su complicada y tensa relación con Deep Throat (Garganta Profunda), el informante que le reveló a él y a su colega del Washington Post, Carl Bernstein, los pormenores que desataron el escándalo Watergate, el cual propició la renuncia del presidente Richard Nixon. La ironía no podría ser más profunda. El 17 de junio de 1972, cinco hombres, haciéndose pasar por ladrones, irrumpieron por la noche en las oficinas del partido demócrata en el edificio Watergate, pero fueron atrapados. Los detenidos de inmediato despertaron sospechas ya que traían guantes, cámaras, micrófonos, agendas con números de la Casa Blanca y mucho dinero en efectivo. Una investigación deliberadamente inepta impidió que los culpables intelectuales fueran implicados. El asunto se presentó como un robo e intento de chantaje por parte de criminales incompetentes y no afectó al Partido Republicano ni a Nixon, quien fue reelecto en noviembre de ese año. 36

Zócalo

Para fortuna de Woodward, y Bernstein, el segundo de a bordo del FBI, W. Mark Felt, no estaba dispuesto a permitir que esta historia fuera simplemente olvidada, así que se ofreció para corroborar de manera anónima la información que ellos obtuvieran. Woodward desarrolló un complejo sistema de señales para ponerse en contacto con Deep Throat sin ser descubiertos. De ahí que las reuniones tuvieran lugar en un estacionamiento subterráneo. Después de un tiempo, Felt no sólo confirmaba o rechazaba información sino que también la proveía. No sin razón, el agente vivió en la paranoia, ya que de ser descubierto, hubiera podido ser despedido, encarcelado o bien eliminado. Los reportajes del Washington Post crearon un enorme interés en el caso, el senado ordenó audiencias con los implicados, quienes de uno en uno fueron aceptando los ofrecimientos de la fiscalía (generalmente condenas más cortas a cambio de confesiones) con lo que toda la conspiración quedó expuesta hasta el más alto nivel. Ante la inminencia de su destitución, Nixon renunció el 8 de agosto de 1974. Woodward y Bernstein cumplieron su promesa y durante 30 años jamás revelaron la identidad de Deep Throat, quien se convirtió en el anónimo

Foto: Archivo

Ecos de Watergate

W. Mark Felt en su

época de Garganta

profunda

más famoso en la historia de Estados Unidos. En junio de 2005, a los 91 años, el propio Felt decidió romper el silencio; aparentemente no quería morir sin recibir el reconocimiento que merecía. La crisis de Watergate fue una pesadilla que salvó a la democracia y afirmó la necesidad de una prensa independiente. Un par de obstinados periodistas veinteañeros logró que el presidente de una de las potencias más poderosas del planeta tuviera que con-


frontar a la justicia y pagar el precio de sus abusos. Y más importante todavía, estos reporteros pusieron bien claro el valor de proteger a una fuente secreta. Ningún reportero fue encarcelado por ello, ningún medio informativo tuvo que pedir perdón o retractarse por desafiar al poder. Aquél era otro mundo.

Pastel amarillo

El escándalo Watergate tuvo lugar porque un grupo en el poder decidió jugar sucio en las elecciones, sin duda esto es un crimen, pero el escándalo que llevó a Judith Miller a prisión en la era Bush júnior tiene sus orígenes en la campaña bélica neoconservadora para lanzar el ataque preventivo contra Irak en 2003 que ha costado quizás decenas de miles de vidas, miles de millones de dólares y ha desgarrado de manera devastadora el tejido social de Irak. Recordemos la historia. Poco después de los ataques del 11 de septiembre, el grupo Bush lanzó su campaña para invadir Irak. El principal argumento era que Saddam Hussein preparaba un arsenal nuclear. Las principales evidencias ofrecidas eran que Irak había adquirido tubos de aluminio que supuestamente sólo podían ser usados para enriquecer uranio con fines militares (algo que “reveló” Judith Miller) y que había comprado pastel amarillo (una clase de uranio) a Níger. El equipo Bush incluyó el argumento del pastel amarillo en el informe presidencial (en 16 famosas palabras por las cuales más tarde la CIA pediría disculpas). Para comprobar esta acusación, los neocones decidieron enviar a África al exembajador Joseph Wilson, un veterano del servicio exterior que había sido el último representante del gobierno estadunidense en entrevistarse con Saddam Hussein. A su retorno, Wilson publicó un editorial en el New York Times en el que no sólo afirmaba que la transacción nuclear nunca había tenido lugar, sino que la denunciaba como una estratagema para lanzar una guerra. Mientras esto sucedía Judith Miller estaba muy ocupada publicando reportajes de primera plana dictados por el expatriado iraquí, Ahmed Chalabi, un empresario millonario cercano al grupo neocon que llevaba años cabildeando en Washington para que los EUA

eliminaran a Hussein y de ser posible le dieran a él su puesto. Los artículos de Miller eran extremadamente sospechosos, sin embargo se han querido presentar ahora

y un mariquita al servicio de su mujer. No olvidemos que desde la llegada del falso texano, George W. Bush, a la Casa Blanca, los republicanos se han tornado en los supermachos del poder, en los hombres y mujeres agresivos que protegen a la nación y que han hecho de la guerra la máxima expresión de su testosterona. Lo que resulta fascinante de todo el asunto Palme es que súbitamente los liberales se han vuelto defensores de la CIA. La intención de Novak era destruir la carrera de Palme. Obviamente no le preocupó poner en grave riesgo a un agente secreto, una acción 72) tergate (19 , los reporteros del Wa que puede castigarse como Bernstein y Woodward traición a la patria debido a la ley de prono como parte de una conspiración des- tección de la identidad de inteligencia de informadora, sino simplemente como 1982 (la cual aprobó como ley Bush paingenuos o crédulos. Ingenuo es algo que dre). Rove también filtró la información no puede ser un reportero investigador al a otros reporteros, entre ellos Matthew que se le confían reportajes que pueden Cooper, de Time, Judith Miller y Walter ser usados como propaganda bélica. Pincus, entre otros. Cooper decidió mencionarlo en un artículo semanas después La venganza de los neocones que Novak lo publicó, Miller optó por no Había señales por todas partes de que se escribir sobre el asunto. Mientras John cocinaba un fraude en los medios. Incluso Ashcroft era el fiscal general de la nación, el propio director de la Agencia Interna- la investigación estuvo enterrada, pero cional para la Energía Atómica, Moha- tras su renuncia, Patrick Fitzgerald, el fismed El baradei, declaró que el asunto del cal especial para el caso, aparentemente yellow cake era falso y que le había bastado lanzó una investigación verdadera y exiuna búsqueda en Internet para descubrir que los documentos presentados como pruebas eran falsificaciones de pobre calidad. Pero si algo irritó al equipo Bush fue el artículo de Wilson, por lo que decidieron tomar represalias. Así que alguien, que seguramente fue el asesor presidencial Karl Rove (conocido también como el Niño genio, el Cerebro de Bush y por el cariñoso apodo que le puso el propio Bush: Turd blossom o Flor de excremento), decidió filtrar a la prensa que Wilson había sido enviado a África porque su esposa, Valerie Plame, era una agente de la CIA especializada en armas de destrucción masiva. Esta información, que era falsa ya que ella no tuvo que ver con la misión de Wilson, fue publicada el 14 de julio del 2003 por el periodista y “cabeza parlante” del canal CNN, Robert Novak, con la intención A los 91 años de edad Mark Felt rompió el secreto (2005) de exhibir a Wilson como un mandilón agosto / 2005

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mantes eran mucho menos que creíbles, el New York Times se vio en la necesidad de publicar una muy breve disculpa en la que no se mencionaba el nombre de Miller. En cualquier caso la reputación de la reportera estaba en ruinas. Lo único que podría rescatarla del basurero de la historia era un milagro o un acto de heroísmo, y este último se materializó en la posibilidad de transformarse en mártir de la primera enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad de expresión y de prensa.

Mediósfera enrarecida

Judith MIller, ni víctima ni heroína

gió a Cooper y Miller que revelaran sus fuentes. Ambos se negaron. Para entonces Novak ya había alcanzado un acuerdo secreto con Fitzgerald. Ante la inminencia de que su reportero sería encarcelado por desacato, Norman Pearlstine, el editor de Time, decidió entregar “las notas de Cooper”, lo cual evidentemente dañó la reputación de la revista y ahuyentará a cualquier futuro informante que necesite una promesa de confidencialidad. Este acto de cobardía salvó a Cooper (quien afirmó que estaba listo para ir a prisión, aseguró que no estaba de acuerdo con la decisión de Time, pero que su fuente le había autorizado a violar su acuerdo de confidencialidad). En cambio Miller fue enviada a una celda por cuatro meses por negarse a revelar sus fuentes. Ahora bien, Miller se mantuvo íntegra y digna, además de que defendió a la profesión, pero debemos tener cuidado con transformarla en heroína. Como mencionamos antes, Miller jugó un papel determinante en la campaña propagandística de preparación de la guerra y de justificación de la misma una vez que habían comenzado las hostilidades. Cuando se puso en evidencia que sus reportes estaban llenos de mentiras y que sus infor38

Zócalo

Republica imperial

Como escribió Sidney Blumenthal en Salon, las ambiciones de control y poder de Nixon eran delirantes, su intención era nada menos que “concentrar poder ejecutivo, politizar a la burocracia y aplastar su independencia, además de invocar motivos de seguridad nacional para lanzar una guerra contra la oposición”. Pero estas metas se quedan cortas al compararlas con lo que George Bush Jr. ha hecho en cuatro años y que seguirá haciendo al emplear el “capital político” que supuestamente ganó en su reelección. No olvidemos que Nixon heredó una guerra, en cambio las guerras de Irak y Afganistán son creaciones de Bush y su equipo. Otro punto importante señalado por Blumenthal es que “los tres principales arquitectos de la presidencia imperial de Bush obtuvieron su experiencia formativa en el tiempo del colapso de Nixon: Donald Rumsfeld, Dick Cheney y el propio Karl Rove quien no sólo aprendió a jugar sucio, sembrar desinformación, crear intrigas rasputinianas y destruir carreras, sino que también aprendió a controlar y manipular a la prensa. De tal manera, en la Casa Blanca hoy se ejerce un sistema sin precedente de castigos y recompensas

Hoy los grandes medios informativos están todos en manos de unas cuantas mega corporaciones que venden noticias de la misma manera en que venden focos, armas o seguros. Por lo que revistas, periódicos, noticieros y páginas del web tienen que cumplir con su deber de producir ingresos y ser rentables. Atrás quedó el tiempo en que la misión de una empresa informativa era informar. Hoy en día entretenimiento e información han quedado estrecha y peligrosamente vinculadas. Hoy tenemos que la guerra fue justificada con información falsa, que los medios son alimentados por la Casa Blanca con propaganda que publican sin cuestionar, que las revistas con mayor poderío económico someten sus reportajes a la censura civil y militar antes de publicarlos y que aun así la prensa es severamente condenada por la osadía de desviarse de la línea oficial. Es muy significativo que en un reciente estudio, llevado a cabo por la Universidad de Connecticut, entre más de 100 mil estudiantes de preparatoria, centenares de maestros y administradores de 544 escuelas públicas y privadas, se determinó que para más de la mitad de los encuestados no era muy importante la primera enmienda. Uno de cada tres estudiantes pensaba que dicha enmienda “va demasiado lejos” y sólo la mitad pensaban que los periódicos deberían publicar artículos sin autorización gubernamental. Mathew Cooper. Un acto de cobardía lo salvó de la cárcel


a los periodistas, se ha infiltrado toda clase de impostores en el cuerpo de reporteros que cubren la presidencia (incluyendo un edecán gay que aparte de ser seudoperiodista ofrecía servicios sexuales por internet). La prensa en su gran mayoría permaneció obediente y servil durante los preparativos para la guerra de agresión y durante las primeras fases de la ocupación, a pesar de la creciente evidencia de que la información que se usó para justificar la guerra era apócrifa, distorsionada y gravemente exagerada.

Proteger a las fuentes Es difícil no tener sentimientos encontrados en el caso de Miller, quien por un lado tuvo el valor de decirle al juez: “en este caso no puedo faltar a mi palabra tan sólo para no ir a la cárcel. El derecho a la desobediencia civil sobre la base de la conciencia personal es fundamental para nuestro sistema y ha sido valioso a lo largo de la historia”, y por otro lado se trata de una periodista con la más baja ética, que no únicamente realiza su trabajo con suma incompetencia, sino que además pertenece a grupos estrechamente vinculados y comprometidos con intereses políticos como la causa sionista, lo cual, de

Richard Nixo n tuvo delir antes ideas

acuerdo con el NYT, debería ser motivo para correrla. Sin embargo su diario no ha cuestionado los posibles conflictos de intereses que muy probablemente entorpecen su juicio. El caso Miller está rodeado de secretos y misterio, nadie sabe por qué Fitzgerald se obstinó en usarla como castigo ejemplar a pesar de que no escribió una sola palabra sobre el asunto Plame. Quizás porque se habían confrontado en el pasado o tal vez debido a la evidente deshonestidad de sus reportajes sobre armas de destrucción masivas. En cualquier caso es importante señalar que Woodward y Bernstein protegieron a una fuente que ofreció información acerca de la corrupción de sus líderes, datos que hicieron posible la protección de la democracia y por los que valía la pena correr el riesgo de perder la libertad. En cambio el inforGeorge Bush, hijo. Es quien mantiene las guerras de Irak y Afganistán mante de Miller, si es que

de control y

poder

el caso es como ha sido presentado, tan sólo se dedicó a ensuciar reputaciones y aniquilar carreras. Por lo que sabemos ahora las razones de Felt no eran totalmente altruistas, sino que en parte eran su propia venganza por el hecho de no haber sido nombrado director del FBI tras la muerte de J, Edgar Hoover. ¿Va Miller a la cárcel para proteger la mezquindad y los trucos sucios del más siniestro de los operadores políticos del régimen más perverso que ha ocupado la Casa Blanca? La mera protección de las fuentes no tiene sentido si la información que ofrece dicha fuente son simples golpes bajos y ajustes rastreros de cuentas. Cuando esto se escribe es aún impredecible lo que sucederá en este caso lo que es claro es que los intentos para desviar la atención del público no han funcionado, el affaire trató de ser silenciado cuando Bush se adelantó de una semana en la nominación de un nuevo juez para la Suprema corte de justicia. Sin embargo, la estrategia pareció haber fracasado ya que el caso Rove no fue olvidado por los medios, sino que por el contrario se le mantuvo en primera plana y en los programas de discusión política. agosto / 2005

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ACADEMIA Nelly Olivos Los periodistas del futuro ante una sociedad que se transforma

La comunicación, un patrimonio del ser humano: Vicente Castellanos* Tras medio siglo de actividad en México, la formación universitaria de los periodistas y comunicadores se enfrenta al reto de una sociedad en acelerada transformación: en esta entrevista, el doctor Vicente Castellanos platica con Zócalo respecto a la profesionalización del periodista, sus competidores en el mercado laboral y las potenciales aportaciones de la investigación.

En la UAM-Xochimilco existe un sistema modular en función de ciertos principios y conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la UNAM, más que un diseño ex profeso para la carrera, hay una herencia de la tradición, a la que se han sumado muchas estrategias didácticas. La UAM buscaba romper con los esquemas de la educación tradicional. “Las dos perspectivas dan resultado; nos forman en una visión global de la sociedad y por lo tanto en una actitud crítica respecto a ella, condición necesaria para la universidad pública”. –¿Sería conveniente que los planteles de la UNAM homogeneizaran sus planes de estudio? –No, los planes de estudio tienen el defecto de querer ser muy diferentes y a la vez de parecerse mucho.

Los modelos

“Desde los años 50 surgieron—según el investigador de la Universidad de Guadalajara, Raúl Fuentes Navarro– tres modelos de enseñanza de la comunicación en el país; luego, ya no hemos tenido la capacidad, de crear una carrera que responda a las necesidades de una sociedad, que sí se ha modificado. Nos quedamos con ideas de los años 70”, dice el entrevistado. “Según Fuentes Navarro, el modelo de los 50 fue de formación de periodistas. (Cuadro 1). El de los 70 responde a una idea del comunicador intelectual que sabe de todo, una especie de intelectual orgánico. “Estamos frente a un profesional más orientado hacia una disciplina social en formación que hacia un mercado laboral. “Fuentes Navarro dice que hay una columna vertebral que sigue siendo fun40

Zócalo

damental en toda escuela de comunicación: la formación de periodistas”. –En el caso del plan de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), que en su tronco común incluía a alumnos de sociología, ciencia política, etcétera, con alumnos de comunicación durante los primeros tres semestres ¿cuál es el objetivo principal al eliminar dicho tronco común del actual plan de estudios? (Cuadro 2) –La cuestión no es que se elimine. Una cuestión es la forma en que se instrumenta el plan de estudios y otra es el tener claro los conocimientos, habilidades y destrezas que esperamos que tenga un egresado de esta facultad. “Al eliminar un tronco común lo que se hace es orientar de alguna manera estos conocimientos que tienen que ver con el conocimiento fundamental de la Historia de México y del mundo, con el conocimiento teórico de las ciencias sociales en términos generales y con estrategias metodológicas fundamentales; no solamente para desarrollar investigación social, incluso para sobrevivir en muchos ámbitos laborales”. –Los egresados de comunicación pueden encontrarse con economistas o sociólogos haciendo su trabajo. –Somos parte de una ciencia social y nos parecemos a los economistas y a los sociólogos. Yo me cuestionaría hasta dónde llega el trabajo de uno y de otro; tenemos abogados que son excelentes periodistas; pero sí hay una situación laboral particular en comunicación: la carrera no esta profesionalizada. Para poder diagnosticar y dar una receta, un médico necesita su cédula profesional. En cambio, el trabajo del periodista lo hace cualquiera; como la comunicación es un patrimonio del ser humano profesionalizarla es complicado.

No podemos pedir que en los medios el dueño de la palabra sea el egresado de comunicación. Eso sería quitarles la voz a todos los ciudadanos. “En la gran mayoría de los trabajos propios para los egresados, el título, no puede convertirse en un requisito, sólo en ciertas actividades muy particulares”.

Certificación e incertidumbre

–¿Cuáles son otros retos a los que se enfrentan los egresados de la carrera de Comunicación? –En la medida que tengamos un modelo de comunicación centrado en unas cuantas familias y que pretende ver a las personas como consumidores, no como ciudadanos complejos, estos medios restringirán la entrada de los egresados de comunicación debido a su capacidad de analizar nuestros malestares en términos sociales. “El desempleo es un problema social, no es de particulares; hay que crear otros modelos de comunicación. “Y pese a que no es ésta una carrera profesionalizada, van a empezarnos a afectar los procesos de acreditación y certificación. (Cuadro 3) “Se dice que algunos trabajos no los podrás desarrollar si no vienes de una escuela acreditada y si no estás certificado. No basta ya con el titulo. “Tal vez, dentro de diez años, como parte de su política, una empresa verificará que tus conocimientos no hayan caducado; te pedirán el último examen que te certifica como un profesional competente; vamos a empezar a tener profesionistas con fecha de caducidad. “Lo positivo sería obligarnos a una formación continúa, lo negativo, el infringir las autonomías de las universidades, pero


hasta ahora no hay otra forma para fortalecer el objetivo de las escuelas: la formación de estudiantes”. –Hay escuelas que imparten esta carrera con bajo nivel académico,¿estos procesos ayudarían a mejorar sus sistemas? –La SEP entrega registros y permisos a cuanta universidad-garaje se pueda y después fomenta los mismos procesos de acreditación y uno se pregunta ¿quién les dio el permiso y por qué están funcionando? “Creo que el principal objetivo de la acreditación es la imagen pública. Al decir “yo soy una universidad acreditada”, le estoy diciendo a la sociedad, a los que quieren ingresar en mi plantel y a quienes emplean a mis egresados, que somos buenos”.

Vinculación con la sociedad

–¿La FCPYS ya se sometió a estos procedimientos ? –Estamos en el proceso. Acabamos de hacer una radiografía donde comentamos lo bueno y lo malo; lo excelente y lo que nos hace falta. Lo presentamos a los evaluadores y estamos en proceso de dictamen. –¿Qué es lo mejor y qué es lo peor en la FCPYS? –Hay problemáticas muy claras en la infraestructura, pese a los nuevos edificios, es una consecuencia de la alta demanda de la carrera. “En cambio, tenemos muchos puntos a favor como el orgullo universitario, elemento fundamental para el éxito del alumno en sus estudios. Estamos en la UNAM, tan sólo eso ya nos da muchísimas ventajas como el acceso a la información y a la cultura. Otra ventaja es nuestro excelente profesorado. “Los rubros que considera un plan de acreditación incluyen los planes para el devenir de la facultad y de la carrera, el alumnado, la planta docente, la investigación, la infraestructura, etcétera”. –Como Presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), ¿cuáles son los retos de la investigación?, ¿hay nuevos investigadores? –Por supuesto, que hay nuevos investigadores, es un campo que está creciendo. Cada vez más universidades quieren que sus profesores investiguen y tengan la maestría y el doctorado. Se consolida una comunidad de estudiosos de la comunicación. “Hay dos cuestiones, relacionadas con los objetivos de la AMIC: el fortalecimiento de las estructuras teórico metodo-

lógicas de las ciencias de la comunicación, y lograr que todos los frutos de las investigaciones tengan una repercusión social. “Esto último lo hemos conseguido en algunos aspectos: la legislación se ha discutido, durante mucho tiempo en la academia, y ahora que el tema brinca a la esfera pública están presentes nuestras aportaciones. Las investigaciones deben

de considerarse para la toma de decisiones de carácter político, social, cultural. Ése es el salto que debemos dar, junto con el resto de los científicos sociales. * El Doctor Vicente Castellanos, egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, es Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Cuadro 1 1º y 2º Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales* (1951-1958) Periodismo y Ética Profesional Redacción periodística Trabajo Editorial y de Imprenta Organización de Diarios y Revistas Técnicas de Información: Radio, Cine y TV Técnicas de Periodismo Reportajes, Entrevistas y Encuestas, Trabajo de Campo Notas, Crónica y Editoriales, Trabajo de campo * Más tarde se le denominaría Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Cuadro 2 Materias de la Formación Básica Común del Plan de Estudios de 1976 Historia Mundial Económica y Social I Formación Social Mexicana I Teoría Social I Taller de Investigación y Redacción Economía Política I A partir del 2º semestre se incorpora la materia de Metodología por la del Taller de Investigación y Redacción

Cuadro 3 La acreditación de un programa académico de nivel superior es el reconocimiento público que otorga un organismo acreditador, no gubernamental y reconocido formalmente; en el caso de las Ciencias Sociales, la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), es el organismo que puede determinar si un programa académico cumple con determinados criterios, indicadores y parámetros de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y en sus resultados. La certificación se refiere al reconocimiento público a las Instituciones de Educación Superior por parte de un organismo externo. Con la certificación se acredita y licencia la formación que proporciona la institución a sus estudiantes y el otorgamiento de la cédula profesional para el desempeño laboral de los mismos, con base en parámetros internacionales.

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Los enredos kafkaianos detrás de la Conaliteg

¿Quién podrá informarnos?*

V

arios medios dieron a conocer la noticia sobre sobre los libros de texto gratuitos de primaria con imágenes pornográficas, pero aún hay muchas preguntas. Me aboqué a buscar respuestas y encontré información en el periódico Síntesis. Pensé que ya había hallado lo que buscaba, pero enseguida una nota de La jornada de Oriente me descontroló: el dueño de Síntesis, Armando Prida, formó parte de las listas del Fobaproa y ahora es investigado por un presunto fraude vinculado con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; asimismo se menciona al dueño de la empresa Graphos, Rodrigo López Sainz, director del perió-

dico local Intolerancia Diario, quien editó los libros de texto con pornografía. Esto me puso a pensar, dónde encontraría información verídica, no manipulada para favorecer a algunos dueños de medios de comunicación; en la Universidad de la Ciudad de México nos enseñaron cómo presentar una solicitud de acceso a la información publica, así que dirigí la siguiente a la Secretaría de Educación Pública: “¿Cuánto dinero se invirtió en los libros de texto gratuitos de matemáticas para tercer grado de primaria, los cuales tienen un pliego de ocho páginas que abarca desde la página 224 hasta la tercera de forros, con imágenes pornográficas

y cuáles funcionarios fueron los responsables de este error?” Indiscutiblemente no me mandaron la información que solicité, pero acudí al Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) y ahora está en proceso un recurso de revisión. Ahora sí espero que llegue a tener en mis manos esa información, si no, sólo me quedaría lanzar otra pregunta: Y ahora, ¿quién podrá informarnos? *Artículo presentado por Mario Sebastián López Téllez, al término del taller que sobre transparencia y acceso a la información, organizó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su plantel de San Lorenzo Tezonco.

Crecen estudios universitarios por Internet

L

a educación a distancia en estudios superiores cuenta ya con una larga historia de avance, a pesar de que su vertiente española inició su desarrollo una década atrás. El campo de acción se expande, para beneficio de quienes desean cursar una licenciatura o reanudar estudios. Una de las instituciones que brinda estudios en la modalidad virtual es la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) que nació en Barcelona, España; por un encargo que le hicieron al doctor Gabriel Ferraté, ex rector de la Universidad Politécnica de Cataluña para crear una universidad a distancia, la misión era ofrecer no sólo licenciaturas o ingenierías, sino también postgrados.

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Zócalo

La Universidad Virtual de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) comenzó actividades en 1994, con aproximadamente 200 alumnos. “Actualmente, tenemos más de 7000 estudiantes en 45 países. La institución creció, pese a que ya existían otros medios de formación a distancia, como la educación abierta, cuyos estudiantes reciben instrucción por correo postal, o por la vía satelital, como en México, donde contamos con el sistema de EDUSAT”, explicó la directora ejecutiva de programas de esa institución, Soreya Reyes. En 1994, agregó, se decidió que la internet tenía que ser el medio a través del cual se formaran las personas en la UOC. Debía de ser un modelo asincrónico, es decir, su objetivo no eran los típicos estudiantes presentes en las aulas, sino gente con distintas responsabilidades o limitaciones: familiares, de trabajo o de distancia y tiempo. Aunque la necesidad de formación de la gente esta presente con regularidad, muchos piensan que una vez casado, olvidabas tu carrera y ahí acabas. La gente a la que nos dirigimos tenía un rango de 25 a 45 años. En México, la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) ofreció sus servicios a partir del 2000. “Tuvimos los primeros estudiantes por el año 2000, cuando establecimos alianzas estratégicas con varias instituciones locales, como la Universidad

de Guadalajara (U de G), la Universidad Veracruzana (UV), la Escuela Bancaria y Comercial (EBC). Cada vez hay más universidades mexicanas que se nos acercan. Muchos de esos primeros alumnos eran maestros que se estaban formando en nuestros programas como Master Internacional en e-Learning, o el de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la educación. Resultó así que cuando vino nuestro rector a visitar la U de G, ya teníamos una comunidad importante de estudiantes y decidió ofrecer un mejor servicio”. -¿Qué lugar ocupa México en cuanto a número de alumnos y de graduados? Fuera de España, es el primer país entre los 45 de América Latina por el número de estudiantes. Después de México vienen otros países como Colombia y Chile. La oferta educativa de la universidad, la comenta Soraya Reyes: “Tenemos 132 programas de formación, cursos de especialización, actualización, postgrado, maestrías y un doctorado. Iniciaremos actividades en septiembre, con dos horas diarias. La dedicación y organización del receptor son esenciales. La Universidad Virtual ofrece otras ventajas y oportunidades. Considero que nunca va a desaparecer la educación presencial, pero también es cierto que la educación virtual ocupa cada vez más, un lugar importante en el campo de la formación”.


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HUMOR Kemch

sacapuntas

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Z贸calo


C A JA

DE

LUZ

La imagen muestra a niños subiendo cubetas y botes con agua por la enorme escalera, como si la vida generacional se les fuera en acarrear el vital líquido, por eso resulta indignante su desperdicio. La foto la tomé en el cerro del Chiquihuite en el Distrito Federal, a principios del 2004, y recibió mención honorífica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Texto y foto de: Miguel Salguero fotógrafo independiente agosto / 2005

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E N T R E V I S TA Jorge Pulido La efigie del personaje, un icono popular

Memín Pinguín, entre la fortuna y el regateo • Personaje de fama internacional • Ayuda a edificar un imperio comercial • Su dibujante, Sixto Valencia, sigue en la lucha. Mientras en Estados Unidos se indignaban por los sellos postales del personaje, en México se renovó su tradicional popularidad. Esto sacó a la luz sus orígenes, así como los entretelones de la no siempre equitativa relación entre las editoriales y los dibujantes de historietas; así lo demuestra esta entrevista.

E

l diferendo diplomático entre Estados Unidos y México por la emisión de estampillas postales de la historieta Memín Pinguín provocó que los timbres del personaje se agotaran de inmediato y que la historieta se reeditara con un tiraje de 300 mil ejemplares, pero este renacimiento del cómic no sólo trajo bonanza a sus creadores y editores, también profundizó sus diferencias. ¿La razón? El reparto de regalías. Las diferencias entre la editorial VID, que preside Manelick de la Parra, y el dibujante Sixto Valencia, se remontan muchos años atrás. Aunque el director de VID aseguró a Zócalo que las divergencias estaban finiquitadas: “Desde hace ya varios años se negociaron sus derechos. A la fecha todo está saldado. No estamos peleados y somos buenos amigos. Siempre lo hemos apoyado (a Valencia). Aclaro: los derechos de los argumentos de Memín que escribió mi mamá, Yolanda Vargas Dulché, lo mismo que los dibujos hechos por Sixto Valencia, son propiedad exclusiva de nuestra editorial”. Valencia, quien sobrevive económicamente impartiendo clases de dibujo en Toluca y produciendo la historieta del “Doctor Simi”, asegura estar interesado “en llegar a un buen arreglo con Manelick. Yo sé que tras el escándalo de los timbres de Memín, ahora se va a vender muchísimo la historieta”. El dibujante dio al personaje los rasgos que lo distinguen desde 1962. Y, agrega: “Ha sido difícil llegar a un acuerdo con Manelick porque la edito46

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rial ha ofrecido la mayoría de las veces un monto indignante por la reimpresión de la historieta. Hace algunos años los contadores de la editorial me quisieron dar 250 pesos por cada número reimpreso. Oferta que rechacé por considerarla ofensiva. La editorial duplicó la cifra. Pero volví a negarme. Cuando me avisaron que ya estaba el cheque de cinco mil pesos por los diez números que se habían reimpreso, y con la advertencia de ‘lo toma o lo deja’, tuve que aceptar el pago por mis apuros económicos. “En una ocasión -cuenta Valencia-, coincidí con Manelick en una entrevista de radio. En esa oportunidad, le dije: ‘Ya vi que le aumentaste un peso a la revista, pero en mi cheque no se nota’. Extrañado me dijo: ‘¿no te ha llegado?’. ‘No lo veo por ningún lado, –le contesté–. Revísalo con tus sabios para que ajusten equitativamente las cuentas’. A la semana me llamaron para informarme que ya me habían aumentado a 600 pesos por cada número, y ahora me dan seis mil pesos cada diez semanas. Ahora que Manelick anuncia pomposamente que el reciente tiraje de Memín es de 300 mil ejemplares, con más razón voy a pelear por un ajuste serio y sensato en mis regalías”.

Ojos de plato

El finado dibujante Alberto Cabrera trazó en 1942 los primeros rasgos de Memín Pinguín tal como los concibió en su fecunda imaginación la argumentista Yolanda Vargas Dulché, que por aquellos días

aún estaba cautivada por la fisonomía y jocosidad de los niños cubanos que conoció durante su gira por La Habana como cantante, junto con su hermana mayor Elba. Ambas integraban el dueto Rubia y Morena. El siguiente paso fue encontrarle un nombre a este dicharachero y bonachón personaje. No tuvo que pensarlo mucho. Se le ocurrió llamarlo Memín, porque así le decían sus amigos de la infancia a su novio el bailarín y actor cinematográfico Guillermo de la Parra, con quien se casó en 1948. Por añadidura surgió el mote de Pinguín ya que el propio de la Parra fue un chiquillo muy travieso, un verdadero pingo. De este modo apareció el negrito Memín en la historieta Alma de Niño, uno de los seis cuentos ilustrados de la popular revista melodramática Pepín de 64 páginas en sepia, del coronel José García Valseca. En un principio, se publicó diariamente y más adelante, por otros compromisos creativos de la escritora, los episodios fueron semanales. Frente al éxito de sus personajes Yolanda Vargas Dulché fue invitada a colaborar en Novedades por su director Gonzalo Herrerías, quien le triplicó el sueldo a 2,800 pesos mensuales para que escribiera los argumentos de Chamaco, revista también de historietas por entregas, competidora directa de Pepín. No conforme con el desafío de Herrerías, en muy poco tiempo García Valseca llamó a la escritora ofreciéndole la fabulosa cantidad de 6500 pesos mensuales como directora de Pepín.


Irán e Indonesia. Aunque se publicó una versión en inglés, su venta en Estados Unidos fue efímera porque el gobierno estadunidense prohibió hace 40 años su distribución al calificar la traducción como pésima y aburrida. Con el paso del tiempo, las ganancias se multiplicaron de manera significativa. La familia invirtió el dinero en la compra de hoteles y en el fortalecimiento de la editorial. También creó una compañía cinematográfica y una constructora inmobiliaria. El matrimonio tuvo cinco hijos. Ya mayores, cada uno de ellos asumió una determinada responsabilidad en los negocios: Iddar se encargó de la cadena hotelera, Tonatiuh administró durante varios años la editorial, Manelick atendió los vínculos comerciales en Japón y China antes de asumir la presidencia de la actual editorial VID, mientras que a Cristal le tocaron las relaciones públicas, y sólo Emoé optó por el camino de la actuación profesional. Con este desahogo de trabajo, doña Yolanda, poco antes de morir el domingo 8 de agosto de 1999, a la edad de 74 años, víctima de una embolia pulmonar, pasó buena parte del tiempo en su casona de San Ángel, en el sur del Distrito Federal, dedicada a la pintura y a escribir sus memorias que se quedaron inconclusas en el disco duro de su computadora; libro que seguramente llevará el título de Aromas del Tiempo, que ella le puso aún en vida, y que se dará a conocer en noviembre próximo durante la celebración del quincuagésimo aniversario de la editorial, que actualmente comercializa 60 revistas de historietas ilustradas.

El heredero

El presidente de la editorial VID, Manelick de la Parra defeño de 53 años de edad, casado en segundas nupcias con una soprano rusa y padre de tres hijos dedicados de tiempo completo a la música y a la actuación, recuerda que a los siete años vendía en forma clandestina las historietas de Memín Pinguín. Así lo cuenta a Zócalo: “Los sábados por la mañana me levantaba muy temprano.

Foto: Iván Bustamante

Previamente, la escritora había colaborado en el periódico El Universal. A mediados de la década de los años 50, tras la desaparición en el mercado de las historietas de Pepín, Yolanda Vargas Dulché y su esposo crearon la editorial Argumentos. De inmediato convocaron a los mejores dibujantes de la época. Uno de ellos fue el hidalguense Sixto Valencia Burgos. Vargas Dulché le pidió que retomara el personaje de Memín Pinguín trazándolo, esta vez, con una fisonomía menos tradicional. Le sugirió que los labios fueran más carnosos, las orejas alargadas y los ojos como de plato. Desde ese momento, Memín adquirió la imagen que actualmente se presenta en cada uno de los 372 episodios publicados, a partir de febrero de 1962 y que han sido reeditados de manera continua. Los primeros años de la editorial Argumentos fueron desafortunados. Varios descalabros económicos antecedieron al descomunal éxito empresarial. Fue la historieta de La Doctora Corazón la que aumentó las ventas con un tiraje inusitado de 250 mil ejemplares. Poco tiempo después, además de Memín Pinguín, surgieron los melodramas de Lágrimas, Risas y Amor, ilustradas por Antonio Gutiérrez y Federico Curiel, con las historias de María Isabel, Rubí, Yesenia, Gabriel y Gabriela y El Pecado de Oyuki, cuya popularidad trascendió a la televisión y al cine. Guillermo de la Parra Loya también incursionó como escritor dando vida a las historietas: Rarotonga, Alborada, El Canalla, Orlando y Fabiola, Paulina, Kendor y Fuego. A tal punto llegó la popularidad de Memín Pinguín en los años sesenta, que su figura se paseaba en los carros alegóricos durante el carnaval veracruzano. En 1990, el Ministerio de Educación de Filipinas declaró lectura obligada en las escuelas la traducción de la célebre historieta mexicana al considerar que inculcaba la unión familiar y la tolerancia social. La historieta superó con creces el millón y medio de ejemplares semanales, que eran distribuidos en México, Colombia, Venezuela, Perú, Italia, Hong Kong,

Me iba al Parque Hundido, que estaba a unas cuantas cuadras de la casa en la colonia Narvarte, y allí en el suelo me sentaba a vender las revistas en 50 centavos, a mitad de precio. Pensaba que se trataba de números atrasados, pero en realidad mis papás las llevaban a la casa con tres semanas de anticipación a su distribución en los puestos de periódicos. Esto lo supe a los pocos meses cuando mis papás, extrañados por las inexplicables mermas en la venta de ejemplares, contrataron a tres detectives. Nunca dieron con el origen de las historietas desaparecidas. Un día mi mamá me siguió a hurtadillas hasta el Parque Hundido y descubrió el misterio”. Yolanda Vargas Dulché convirtió la ingenua travesura de su hijo en una nueva y exitosa historieta: El Charrito de Oro, un Llanero Solitario a la mexicana caracterizado en fotomontaje por Manelick que se publicó semanalmente durante casi un lustro. La historieta contaba la vida “de un niño astuto y persistente, que vencía a los malvados con demoledores guamazos y patadas voladoras. Yo me sentía orgulloso

El editor Manelick de la Parra

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de ser El Charrito de Oro hasta que un día mis compañeros de escuela, se enteraron de que yo era ese superhéroe. Desde ese momento, muchos de ellos, los más bravucones, me desafiaron a golpes, y en repetidas ocasiones tuve que darme de catorrazos a la salida de la escuela”. Hoy en día, Manelick luce en su oficina de la editorial que preside desde 2001, un cuadro con la ilustración de dicho personaje, además de su título obtenido en la Universidad parisina de La Sorbona como licenciado en literatura, un par de diplomas por sus estudios cinematográficos realizados en Nueva York y en Los Ángeles. También en su despacho se observan dos importantes reconocimientos: el segundo lugar otorgado por el Instituto Mexicano de Cinematografía por el guión del cortometraje La Verdadera Historia de Joaquín Murrieta, y el premio Diana-Novedades que recibió en 1988 por su novela Los vuelos del Deseo. Sin embargo, su máximo orgullo en estos momentos es el número uno de Memín Pinguín, que guarda con llave en su escritorio, recién adquirido en Tepito en 3 mil 500 pesos.

¿Quién es Sixto Valencia?

Foto: Iván Bustamante

Sixto Valencia es el sexto de doce hijos, seis hombres y seis mujeres. Nació en Tezontepec el 28 de marzo de 1934. Su padre fue Manuel Delfino, que firmaba como Manuel de Valencia, de oficio agricultor. Para poder mantener a la numero-

sa familia, Manuel Delfino adquirió una pulquería conocida como “El Marino”. La madre de Sixto Valencia se llamaba Pascuala Burgos Aguirre y era oriunda del pueblo de Contreras, pero se fue a vivir muy chica allá a Tezontepec. Para ayudar en los gastos de la casa, bordaba manteles con gancho y cosía pantalones a destajo en una fábrica administrada por unos franceses, que le pagaban a doce centavos cada pieza. Desde muy pequeño, junto con tres de sus hermanos, Valencia ejerció la carpintería. Al cumplir los 11 años, sus cinco hermanos fallecieron por diversas causas. El resto de la familia se vino a radicar al Distrito Federal. En la capital continuó con sus estudios de primaria y secundaria, pero no pudo proseguir, porque lo suyo, dice Valencia, “era el dibujo. Me inscribí en la Academia de San Carlos. A los dos años, en cuanto terminé la carrera de dibujo publicitario entré a trabajar en el directorio telefónico. Poco tiempo después, vi un anuncio en el periódico donde solicitaban un aprendiz de dibujante para el Pepín. De inmediato me entrevisté con Guillermo Marín que en ese tiempo hacía la historieta Cumbres de ensueño. A partir de ese momento participó en historietas como El Halcón Negro, El Hombre Mosca, El Látigo Negro, El caballo Invencible, Adelita y sus Guerrillas, El Libro Único y Los Milagros de cristo, en la que hizo equipo con Yolanda Vargas Dulché. Tiempo

Sixto Valencia, el padre de la imagen de Memín Pinguín

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Zócalo

después harían Memín Pinguín, historieta que dibujó durante siete años a partir de 1962. Actualmente, Valencia es padre de tres hijos. A sus 71 años dice disfrutar “como nunca la vida y a mis tres nietas. A pesar de que tuve parálisis temporal en el brazo derecho y de que padezco diabetes, como consecuencia del exceso de trabajo y de las pocas horas de sueño. Gozo de buena salud, y no perdono de vez en cuando unas carnitas, un consomé de barbacoa, un par tequilas y una partida de dominó con los amigos”.

Memín regresa

Como hace 40 años, Estados Unidos rechazó a Memín Pinguín. Pero ahora no por considerarlo “pésimo y aburrido” sino por “racista”. La Casa Blanca, organizaciones de afroamericanos, el reverendo Jesse Jackson, entre otros, condenaron la emisión de las series de timbres de correo de Memín Pinguín que el gobierno mexicano decidió sacar a la venta días después de que el presidente Vicente Fox comentó que en suelo estadunidense “los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer”. Esta declaración provocó una andanada de críticas por parte de Washington, que calificó lo dicho por el mandatario mexicano como una actitud “xenófoba”. Se le exigió una disculpa a Fox, la cual nunca llegó. Quizá para atenuar el diferendo, el gobierno mexicano emitió las estampillas de Memín. Y sucedió lo que todo el mundo ya conoce. A pesar de las exigencias y alegatos de Estados Unidos y del reverendo Jesse Jackson, quienes quizá olvidaron que en el sur de la Unión Americana se impedía en el siglo pasado a los negros el acceso a escuelas y baños públicos y se les obligaba a viajar en la parte trasera de los camiones urbanos, las estampillas de Memín se vendieron de un día para otro como pan caliente. En apenas unas cuantas horas, el precio oficial de 32.50 pesos se disparó en el sitio de subastas de E-bay a 147 dólares (aproximadamente 1,586 pesos).


Los códigos divergentes Vanessa Mendoza

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eguramente varios de nuestros lectores habrán sido testigos por diversos medios de comunicación, de las noticias que giraron en torno a la polémica que causó el Servicio Postal Mexicano, tras emitir una serie de estampillas del famoso personaje Memín Pinguín, con motivo de su 50 aniversario. Existen dos hinchadas versiones que llevaron con éxito el personaje de Yolanda Vargas Dulché, del cómic a la una imagen publicitaria: el embrollo por un disgusto político ocurrido el pasado 15 de mayo, cuando el Presidente Vicente Fox dijo que los emigrantes mexicanos, desempeñan trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer, causando molestias a líderes y funcionarios estadounidenses; por otro lado, la negativa del Ejecutivo a pedir disculpas tras el comentario emitido, de modo que los defensores de los negros encontraron desquite o pretexto con la emisión de los cinco sellos de la historieta mexicana creada en 1947, sosteniendo que la imagen de Memín Pinguín era promotora de estereotipos raciales ofensivos. Lo que sí resulta claro, es la renovación que manifestó la popularidad de Memín a partir de esa controversia, agotándose las estampillas y el primer número del cómic. Pero, ¿por qué tanto alarde? Hablemos un poco de los elementos gráficos y discursivos que configuraron y continúan tejiendo el éxito de Memín Pinguín. Es posible pensar la aceptación del simpático personaje en términos de iconografía: un niñito negro, corto de estatura, labios anchos, ojos grandes; una playerita blanca

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con rayas rojas, colorida chaqueta, chuscos zapatitos de lona horadados o aquella singular gorrita. Sin embargo, el triunfo de la imagen de Pinguín resulta paradójico si lo interpretamos inscrito en la polémica antes mencionada: mientras unos discutían la ofensa racial que ocasionaba el personaje y ponían en tela de juicio los grotescos rasgos físicos de la caricatura, para muchos otros, que vivieron su cotidianeidad en compañía de Memín leyéndolo cada semana, pueden legitimar el triunfo de su imagen más como texto que como ícono, es decir, subrayan en mayor medida el éxito de las implicaciones de sentido, como la psicología del personaje, por encima de su iconografía, considerando la figura de Pinguín como una carga simbólica llena de valores como el amor, la familia, el respeto, la igualdad social, la felicidad y la paz, y no como un promotor de estereotipos raciales, clasistas, sexistas o incluso machistas de aquella época en la que el color sepia, no favorecía en mucho los aspectos gráficos como para tildar a la caricatura de racista. La polémica presenta dos fracturas principales: temporal y cultural. El acto de mirar cambia de una cultura a otra. Los norteamericanos, así como aquellos que están a favor de los derechos de los negros, no pueden interpretar con los mismos códigos visuales la historieta en cuestión, por lo que la perciben desde un horizonte icónico distinto al nuestro. Además, hablamos de marcos históricos diferentes, en 1947 con el color sepia y más tarde, en los 80, con la edición a color. Estamos tratando dos cosas disímiles

que sólo sirvieron para velar una disputa política manipulada en términos de cultura. La relación de la controversia ocurrida entre el Ejecutivo y el racismo no tiene concretamente lazos estrechos o sustentables con la historieta de Vargas Dulché. Lo que sí queda claro, es la fuerza que ha tomado Memín Pinguín como imagen publicitaria. Lo hemos visto en todos los medios de comunicación y el éxito radica en que su iconografía tiene una connotación subyacente que actúa como vehículo para proyectar una conmovedora psicología del personaje. Pero no sólo los elementos gráficos le han dado éxito a Memín. A nivel de discurso. también cautivó al público con un lenguaje, no por sencillo, menos original; ubicándose la presencia de figuras retóricas, como aquella curiosa metáfora que emplea para adivinar su indefinida edad: “Si mi ma’linda está en lo correcto, ella lleva la cuenta de ocho años, cuando me encontró entre la espuma de la lavadora”. Sin duda, la imagen de Memín, inspirada en Guillermo De la Parra, quien fuera esposo de Vargas Dulché resultó polisémica: se ha promovido en los medios como una imagen publicitaria ontológica sentimentalista que dice a sus espectadores: “mírenme, aquí sigo”, produciendo mensajes emotivos que recuerdan la nostalgia de quienes lo leyeron en su momento y ganando la simpatía de toda una generación de nuevos lectores.

Reconocen labor de IPN

urante la más reciente asamblea de la Asociación Nacional de Relaciones Públicas y Comunicación Social de las Instituciones de Educación Superior (ANARPIES), Fernando Fuentes Muñiz, titular de Comunicación Social y Divulgación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue nombrado Coordinador de la Zona Centro del país, de esta agrupación de comunicadores. A Fernando Fuentes se le reconoce como el creador de la nueva presencia del IPN

entre los más variados sectores de la población, a quienes se informa de las actividades académicas, científicas y tecnológicas de esa institución creada hace 69 años por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. A partir de la gestión del doctor Enrique Villa, la imagen del Instituto Politécnico Nacional se ha colocado a la par de los mejores centros educativos del país. Y, en ello, la estrategia de comunicación ha sido fundamental.

En la asamblea de ANARPIES fue electo como presidente de la agrupación el maestro José Manuel Jurado Parres, Director de Prensa y Comunicaciones de la Universidad de Guadalajara. La reunión fue inaugurada por el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. En la cita de directores de comunicación social prevaleció el compromiso de hacer de la agrupación una instancia de profesionalización y de capacitación de sus miembros. La redacción. agosto / 2005

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D E P O RT E S Víctor Becerril* Muchas dudas respecto a las circunstancias de su muerte

Martín Bombero Sánchez, otra víctima del boxeo Como en La caída de un ídolo, aquella memorable cinta con Humphrey Bogart, en torno a los modestos pugilistas se teje una red de intereses y negligencias que, de tiempo en tiempo, cuestan vidas. En este reportaje se aborda una vez más el lado oscuro del boxeo, mismo que algunos medios informativos intentan investigar.

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escanse en paz Martín Bombero Sánchez. Y descanse en paz la investigación de un accidente fatal más en el boxeo, del que nadie parece ser culpable. Cronistas, dirigentes deportivos, mánagers y autoridades, han dado por sepultado el caso por muy trágico y controvertido que éste sea; sólo con algunas explicaciones que aún dejan muchas dudas. Después de todo, se trata de una muerte enmarcada en el ámbito del deporte, donde prevalecen los reglamentos antes que las leyes, por más que se trate de actividades donde puede estar también presente el dolo, la alevosía y otro tipo de agravantes que vuelven a cualquier presunto delito un hecho todavía más condenable. La sentencia fue definitiva, categórica –como si los cronistas fueran jueces–, y apareció en diversos diarios mexicanos: «Lamentamos la muerte del boxeador, pero así es el deporte. No hay culpables. Nadie es culpable». ¿Nadie? La pregunta se la han planteado quienes estudian este tipo de acontecimientos y, como es obvio suponer, rebasan cualquier dictamen personal de quienes defienden al boxeo. Sin embargo, en la muerte de cualquier deportista tendría que investigarse si la culpabilidad tiene algo que ver con un accidente propio del deporte, o si es consecuencia de actitudes negligentes y hasta de corrupción. ¿Por qué tiene que ser un periodista y no un juez quien determine, en el caso del boxeo, que alguien es culpable o inocente?

El caso Sánchez

Todo parecía normal aquella noche del viernes primero de julio en el hotel 50

Zócalo

The Orleans en Las Vegas, Nevada, durante una pelea a diez rounds en peso superligero (135 libras) entre el mexicano de 26 años, Martín Sánchez y el ruso Rustam Nugaev, donde el primero recibiría una paga de 18 mil pesos. Sánchez, quien llevaba como boxeador profesional 24 peleas, con 19 ganadas y cinco perdidas, por 13 triunfos y 4 derrotas de Nugaev, recibió en el noveno asalto un golpe a la mandíbula que lo derribó, y esperó hincado la cuenta de diez segundos para ya no seguir en el combate. Sin embargo, Martín Sánchez bajó del ring por su propio pie, pero en los vestidores dijo que sentía mucho calor y pidió agua; ahí se desvaneció y fue llevado de emergencia al Valley Hospital Medical Center. Ya en estado de coma fue intervenido quirúrgicamente en el cerebro, pero su estado era tan grave que falleció el sábado 2 a las 11:38 horas. El mexicano es el segundo boxeador que muere después de una pelea en Las Vegas en los últimos tres años y el quinto desde 1994. Según explicaron a diversos medios los responsables de la Comisión de Boxeo del DF, Martín Sánchez fue a Las Vegas una semana antes de la pelea sin contar con el correspondiente aval médico. La razón es que no había renovado su licencia para desempeñarse como boxeador. Al tratar de descifrar la trama de la tragedia surgen los siguientes datos: Como el boxeador no tenía licencia vigente en el DF, tampoco se le había realizado el examen médico anual obligatorio. Martín Sánchez se presentó a la Comisión de boxeo capitalina el viernes 17 de julio, pero ya nadie le pudo extender permiso alguno.

Así que, según relató a La Crónica Mauro Ayala, hermano del manager del peleador, un día después tuvieron que redactar a mano una autorización para que les fuera sellada de recibida, dar por notificada a la Comisión del DF y lanzarse a la aventura que le costó la vida al pugilista. Otras notas periodísticas le atribuyen a Lázaro Ayala la información de que su boxeador y él viajaron el domingo 19 hacia Las Vegas vía Los Mochis y Hermosillo. Todo mundo coincide en que el examen médico de rigor tendría que realizarlo la Comisión Atlética de Nevada, antes de autorizar la pelea. No obstante, la página de internet 16cuerdas.com, ofrece una versión distinta acerca del tema, y según esta información, Martín se realizó un reconocimiento médico en Tijuana, lo que hasta ahora es una novedad en este caso que habría que aclarar… si es que a alguien relacionado con el suceso le interesa hacerlo. El encabezado de la nota, cuyo contenido se atribuye a la empresa que organizó la pelea, dice lo siguiente: Lamenta Guilty Boxing el deceso de Martín Sánchez –Guilty Boxing lamenta profundamente este triste deceso, considerado por la empresa como un accidente propio del boxeo, como un capricho del destino. La empresa le extiende a su familia, a su entrenador, a sus compañeros de gimnasio, a la comunidad boxística mexicana y al Departamento de Bomberos del Distrito Federal, del que Martín Sánchez formaba parte desde hacía siete años, su más sentido pésame. –Guilty Boxing aclara que para que un boxeador pueda ejercer su actividad en Nevada, tiene que someterse a cuatro tipo de exámenes médicos, los cuales de-


ben ser aprobados para entonces poder ser programado. Ya programado, el peleador bajo contrato en Nevada debe haber pasado satisfactoriamente un examen de la sangre (HIV, hepatitis B, hepatitis C y VDRL), uno físico (pulso, reflejo, respiración, piel), uno de la vista y debe también presentar una resonancia magnética de cráneo (MRI), mismos que Martín Sánchez se practicó en Tijuana (el subrayado es nuestro) durante la semana de su pelea del viernes primero de julio y aprobó sin ningún tipo de problemas. Incluso, durante la ceremonia de peso realizada un día antes de la pelea (el jueves 30 de junio), Sánchez, así como el resto de los peleadores que tomarían parte en la velada, fue revisado por el médico de la Comisión de Nevada y se le dio “luz verde” para pelear pues su pulso, respiración y condiciones físicas eran aptas para combatir. Sánchez registró 139 libras en la báscula, Nugaev 136. –Guilty Boxing se hizo cargo de todos los gastos surgidos a raíz de este lamentable accidente. Le hará llegar a la familia la bolsa íntegra por la que Martín Sánchez peleó en Las Vegas y comunica que sus herederos recibirán el seguro de vida correspondiente, el cual se destinará por medio de la empresa Gagliardi Insurance Services Inc., misma que la promotora contrata para sus eventos y que cubre a cada uno de los peleadores contratados. A Martín Sánchez Sánchez le sobreviven su esposa Alejandra Reséndiz, su hijo Jean de

Foto: Iván Stephen/Cuartoscuro

En el caso del Bombero Sánchez, el dictamen de algunos medios informativos fue contundente: No hay culpables. ¿Ni el manager, ni el promotor, ni los comisionados? ¿Nadie? La respuesta es simplemente: Nadie.

El Bombero en su esquina. Al día siguiente murió

ocho años, sus padres Martín y Virginia, así como sus hermanos David (también boxeador profesional) y Viviana.

Gancho al hígado: El drama del boxeo

- Volviendo al caso del Bombero Sánchez, quizás si los promotores, entrenadores, organismos que rigen el boxeo y los propios peleadores alzaran la voz, probablemente se previniesen estos decesos. - Desde hace varios años el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tiene como regla que a los protagonistas de una pelea titular, eliminatoria o por un cetro regional, se les vigile el peso a un mes de sus compromisos, y si están dentro de las normas les dan el visto bueno para proseguir con su preparación, confiando que el día del pesaje no habrá problemas. - Ésa es una buena medida y debería ser una ley aplicada en todas las arenas donde se lleve a cabo una pelea, aunque también vendrían los rechazos, pues en muchos casos existen peleadores que están acostumbrados a bajar buena cantidad de kilos en la semana del combate, pues así lo han hecho durante toda su carrera. - Sin embargo, aparte de los cuidados, de las normas, leyes deportivas y médicas, existe algo más: esa persona que sin haber acudido a la escuela ni tener mucha experiencia, de la noche a la mañana se autodenomina matchmaker o concertador de combates. Estas personas, de las cuales hay pocas que saben el oficio, deben ser vigiladas y aprobadas por alguna dependencia gubernamental deportiva, como en el caso de los réferis, que también juegan un papel muy importante en el espectáculo.

Lesiones en el deporte

Aunque parezca raro, los expertos en derecho se han ocupado desde hace

mucho del estudio de las lesiones en el deporte, aunque esto ha sido un ejercicio esporádico en el medio deportivo, porque a las empresas no les conviene que alguien les diga lo que tienen que hacer con su negocio de vidas humanas. La abogada Laura Serrano, boxeadora mexicana que aún está en activo, elaboró hace algunos años una tesis en la que sostiene que las lesiones en el boxeo pueden ser prevenidas con los cuidados correspondientes, aunque admite que prevalece el criterio de las empresas, que anteponen el negocio a otro tipo de intereses humanos y sociales. Por otro lado, en un manifiesto que difundió en octubre de 1983, la Asociación Médica Mundial dio a conocer sus puntos de vista sobre el boxeo y recomendó que se aplicaran una serie de normas. En los principales puntos de ese documento, emitido en una reunión efectuada en Venecia, se leía lo siguiente: –El Boxeo es un deporte peligroso. A diferencia de otras disciplinas, la intención básica del boxeo es producirle daño corporal al oponente. Por esta razón, la Asociación Médica Mundial recomienda que el boxeo sea prohibido. Hasta que se logre este objetivo, se deben aplicar al boxeo las siguientes recomendaciones: 1. Instar a las autoridades del boxeo a que organicen seminarios frecuentes de formación médica para todo el personal del cuadrilátero. 2. Exhortar a las autoridades del boxeo a que no se permita ningún encuentro aficionado o profesional, a menos que: a) se realice en un área que disponga de equipamiento neuroquirúrgico adecuado y disponible de inmediato para aplicar un tratamiento especializado de emergencia a un boxeador lesionado. b) Se tenga disponible al lado del julio / 2005

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Foto: Haydeé Martínez

sadas entre pugilistas sin licencia, son extremadamente peligrosas y pueden ocasionar lesiones graves o la muerte de los contrincantes y, por lo tanto, deben ser prohibidas. 4. Instar a todas las autoridades del boxeo a que exijan el uso de equipo de seguridad, como esteras protectoras plásticas y esquineros acolchados, y que fomenten el continuo perfeccionamiento del equipo de seguridad. 5. Instar a todas las autoridades del boxeo a que mejoren, regularicen y hagan cumplir estrictamente el control médico de los boxeadores.

Argumentos

Altar-homenaje a Martín Sánchez en su estación de bomberos

cuadrilátero un reanimador portátil con equipo de oxígeno y tubos endotraqueales apropiados, y 3. Informar a las autoridades del boxeo que las competencias de boxeo no supervi-

En los días recientes, tanto la Comisión de Box del Distrito Federal como el manager del boxeador fallecido, trataron de aclarar todas las dudas que había en torno al acontecimiento. Dijeron que Martín Sánchez no había pasado de mojado como se ha difundido en algunos medios, y que el peleador obtuvo su visa el 18 de junio (sábado) en la ciudad de Hermosillo. Por su parte, el doctor Horacio Ramí-

rez Mercado, responsable del área médica de la comisión, reiteró que el peleador se fue a los Estados Unidos a pesar de no contar con una salida oficial tanto médica como administrativa. Como no hay culpables y el manager Mauro Ayala sólo será sancionado por la omisión de trámites, pero de ninguna manera como responsable por la muerte del peleador, el caso está prácticamente cerrado. La función de la prensa se quedó corta en el caso de los tradicionales medios deportivos, pero fue alentador que algunos medios como La Jornada y La Crónica, cuestionaran duramente las controversiales explicaciones del fatal desenlace por parte de los involucrados, hasta lograr que estos últimos comparecieran públicamente para dar cuenta de los hechos. Se avanza, pero la mafia del boxeo sigue incólume y una vida más se ha perdido. Eso es lo más lamentable. *Editor de la revista La Bicicleta (labici@prodigy.net.mx)

RECONOCE LA FEDERACIÓN AVANCES DEL GOBIERNO MEXIQUENSE EN PROCESOS DE AUDITORIA La transparencia y rendición de cuentas se garantizan con la elaboración del Manual de Procesos de Auditoría y Contraloría Social Municipal, así lo señaló la subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de La Secretaría de la Función Pública de la Federación, Guadalupe Chéquer Mencarini, durante su intervención en la Reunión del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, que encabezó el gobernador Arturo Montiel Rojas. De esta manera se reconocen los avances logrados en la materia por el Gobierno del Estado de México. A través de acciones como ésta, expresó el mandatario estatal ante autoridades municipales y servidores públicos, se consigue que la administración pública municipal se caracterice por su eficacia, legalidad y transparencia; con un manejo cuidadoso de los recursos públicos. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo estatal estuvo acompañado, por la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LV Legislatura, Martha Hilda González Calderón y el secretario de la Contraloría, Eduardo Segovia Abascal. El gobernador mexiquense acotó: “Cada uno de los integrantes del servicio público tenemos el compromiso de recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, y darle certidumbre a la ciudadanía de que cada peso presupuestado se aplica bajo criterios de rectitud, racionalidad y rentabilidad social”. Para lograr esos objetivos, el gobernador Montiel Rojas, exhortó a convertir a la Función Pública en un ejercicio cada vez más capaz, profesional y cercano a la gente. Es necesario hacerlo –dijo-“con profunda vocación de servicio para que México recupere la senda del desarrollo”. El mandatario aseveró que para ello hay que impulsar un profundo cambio de mentalidades y actitudes para reivindicar el servicio público. La visión federalista del Gobierno del Estado, señaló la subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Chéquer Mencarini, ha permitido disponer de más aportaciones en la materia, ya que, en el marco del Acuerdo de Colaboración para el Forta52

Zócalo

lecimiento, del Control y Evaluación Gubernamental, varias instancias mexiquenses pusieron a disposición de la Federación algunos sistemas y programas de cómputo inherentes a las funciones de control y auditoría, especialmente de obra pública. La funcionaria federal destacó la elaboración, a cargo del Estado de México, de instrumentos como el Manual de Procesos de Auditoría y Arturo Montiel, Gobernador del Estado de México Contraloría Social Municipal; por su parte, Montiel Rojas consideró como un hecho histórico sin precedentes, la suma de esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para la conclusión del documento, el cual garantizará los procesos de control y auditoría de la obra pública en los ramos administrativo 20 –referente a desarrollo social-; en el general 33, en la entrega-recepción de la administración y de la Contraloría Social. Como “un poderoso avance en la formación de una cultura de rendición de cuentas”, definió el titular del órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Luis Carlos Bertrand Infante al manual, cuya finalidad es alcanzar una mayor claridad o transparencia, en la obtención de los recursos públicos, su manejo y aplicación. Gracias al documento con que ahora cuentan, los contralores internos municipales tendrán una mayor independencia de los tesoreros y de los presidentes municipales, lo que además ayudará a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, gobernantes y favorecerá la lucha contra la corrupción.


Érase una vez en el D.F.

Novedades libros y revistas José Luis Durán King y Luis Ernesto Pi Orozco. Coordinadores. De la región al Mundo. Edición: Sistema de Radio y Televisión Mexiquense Gobierno del Estado de México.

Importancia social del derecho a saber, Prólogo de Ernesto Villanueva. Ediciones de Libertad de Información-México, LIMAC, junio 2005.

Moore, Michael: Cartas desde el frente Ediciones B Grupo Zeta, Primera Edición mayo 2005, Barcelona, España.

Consolidar la democracia

De la región al mundo: Reseña de un esfuerzo de tv cultural

En el libro Importancia social del derecho a saber –editado por la asociación civil Libertad de InformaciónMéxico AC, LIMAC- se explica el porqué es importante que el ciudadano común y corriente ejerza su derecho a la información pública. Para sustentar esta tesis, se exponen 12 casos en que los particulares solicitaron a los entes públicos información relacionada con la seguridad nacional, seguridad social, salud, relaciones laborales, etcétera. En el prólogo del libro, Ernesto Villanueva afirma que ejercer el derecho a la información ayudará a “que la idea de democracia ya no sea sólo una frase retórica que no resuelve nada en la percepción popular”.

Dar a conocer el origen de una de las televisoras regionales, alentada en los años ochenta por el proyecto de descentralización que la administración federal impulsó; reseñar el largo y arduo empeño por mostrar que existen alternativas a la televisión comercial; presentar la voz de quienes día con día han trabajado en TV Mexiquense, como testimonio vivo de la edificación de una programación de contenido cultural, es el fin de la publicación titulada De la Región al Mundo. En esta publicación del sistema de Radio y Televisión Mexiquense, el lector podrá recorrer las épocas adversas y las de mayor esplendor de TV Mexiquense. En el capítulo Noticias, un espacio de libertad, se adentrará en el conocimiento de la tarea informativa expuesta en las tres emisiones del noticiario.

CIENCIA Y DESARROLLO, (revista) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Volumen 30, Número 185, México, junio 2005.

Un futuro robotizado

En un futuro quizá no muy lejano será cosa de todos los días que los robots ejecuten las tareas que únicamente, por el momento, hacen los humanos. Esta idea no es tan descabellada si se toma en cuenta que en la actualidad algunos robots ya son utilizados en cirugía y otros tantos realizan tareas domésticas. Si usted quiere saber más sobre el actual estado de la robótica y su futuro no deje de leer el reciente número de la revista Ciencia y Desarrollo, publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En este número también se habla, entre otros temas, sobre los ecosistemas acuáticos conocidos como sascaberas y acerca de los arrecifes coralinos.

Desde las trincheras

“¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo quieren que mantengamos la paz si lo único que nos han enseñado es a destruir?”, se preguntan los soldados estadounidenses destacados en Iraq en las misivas que le mandan a Michael Moore y que se publican en el libro Cartas desde el frente. En los textos de los militares se lee el desencanto que les ha producido ocupar el país y cuestionan los motivos que tuvo George W. Bush para invadirlo. Una cosa les queda clara a los soldados: “Nosotros no peleamos por la libertad de Iraq; invadimos por dinero y petróleo”. Moore dirigió la película Fahrenheit 9/11, documental que critica fuertemente la guerra contra el terrorismo emprendida por Bush y que obtuvo la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes; Moore también es autor de libros como Estúpidos hombres blancos.

PICKNETT, Lynn. María Magdalena la Diosa prohibida del cristianismo. Editorial Océano Méx. 2004. 267 pp.

María Magdalena la Diosa Prohibida Del Cristianismo

Después de haber incursionado en las filas de la Iglesia Anglicana y de haber sido posteriormente una apasionada mormona, Lynn Picknett decide llevar a cabo una serie de estudios e investigaciones acerca de la historia real del cristianismo; en este libro nos muestra la imagen de María Magdalena como una mujer llena de energía y sabiduría, y no una prostituta como se cuenta de ella en los Evangelios canónicos. ¿ Qué hubiera sucedido si la iglesia cristiana primitiva hubiese reconocido a María Magdalena como pilar de su doctrina y no al apóstol Simón llamado “Pedro”? ¿El máximo jerarca del Catolicismo sería una mujer? agosto / 2005

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L I B RO S Eric Estrada Presentación de La canallada del desafuero

Las “armas secretas” de Hernández y El Fisgón

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Zócalo

Foto: Haydée Martínez

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quel enredado capítulo del desafuero del ahora precandidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, sirvió como buen pretexto para que, a dos manos, los caricaturistas José Hernández (Hernández), y Rafael Barajas (El Fisgón) hicieran lo que mejor saben hacer: monos y más monos. Pero la ocasión no daba para menos: la clase política mexicana se enfrascó en un montaje escénico que derivó en un verdadero teatro guiñol; “era imposible no hacer bromas”. Por eso, con el recurso de la sátira, la imaginación y el talento, pero sobre todo con el de la indignación y la capacidad para protestar, ambos autores presentaron su más reciente libro, La canallada del desafuero (para principiantes), una divertida investigación histórica de aquella histérica maquinación que atentó contra nuestra democracia. “Al principio –a decir de El Fisgón, entrevistado junto con Hernández en las oficinas del sello editorial Grijalbo– la idea fue crear folletos explicando la ilegalidad del caso”. Por esos días en los que se acercaba el juicio de procedencia contra López Obrador para despojarlo de su fuero, Rafael y José diseñaron una historieta que fue publicada como desplegado en varios periódicos. “La idea era hacer algo que fuera parte del movimiento contra el desafuero para explicar bien qué es lo que estaba pasando, porque se estaba haciendo un uso totalmente faccioso de la ley”. José Hernández, por su parte, comenta que días antes de la marcha del silencio de aquel 24 de mayo, mientras preparaban el diseño del libro, se les ocurrió sintetizarlo en un pequeño folleto de apenas 32 páginas para repartirlo entre la gente que asistiría. ”Nosotros estábamos seguros de que se trataba de una decisión de Estado, que estaban dispuestos a todo, a encarcelar a Andrés Manuel López Obrador y se iba a armar un problema bastante grande. Pero justo el día que lo terminamos fue cuando Vicente Fox anunció la salida política a

Armados hasta los dientes

esto; no sólo echó a perder las negociaciones y los acuerdos a los que había llegado con todos, sino que nos echó a perder nuestro libro y eso sí es muy mala onda” Zócalo (Z): El libro no sólo es una antología de cartones, sino también un trabajo documentado detalladamente ¿qué tan difícil fue lograr esto? José Hernández (JH): Sí lo fue. Pero aunque mucha de la información estaba en los periódicos, otra no trasciende, no llega ni a las primeras planas ni a los principales sumarios de radio, mucho menos de televisión, es información muy importante y que se queda escondidita Rafael Barajas (RB): Hicimos una investigación hemerográfica, pero partimos de una lógica que no era periodística sino histórica a corto plazo, donde tuvimos que encontrar los elementos clave que explicaban este proceso. Tuvimos que ponernos a leer los periódicos de otra manera, es muy distinto leer los periódicos para ver qué encuentras, que leerlos buscando información específica, ésta fue la lógica del trabajo, mucho de este material es información de los diarios pero con una lectura desde la visión histórica. “La canallada del desafuero (para principiantes) está constituido por nueve capítulos

que comprenden una investigación sobre el sistema judicial en México y sus manipulaciones políticas, así como una breve historia de los principales litigios inmobiliarios que incluye el caso de El Encino, así como un compendio de aquellas voces que protestaron contra el desafuero en el ámbito nacional e internacional. Z: A varios días de distancia de aquel capítulo ¿cómo calificarían ustedes a los medios de comunicación en este periodo que se llevó el desafuero? JH: Es curioso pero, a varios días de distancia te das cuenta de que siguen actuando de la misma manera en que procedieron en ese momento. Y entre los autores hubo algunos medios de comunicación, principalmente las televisoras, que armaron una campaña mediática para tratar de justificar el desafuero y para acusar a AMLO de ser un tipo que estaba fuera de la ley. “Este tipo de maniobras les funciona cuando no hay una voz discordante, aquí afortunadamente las hubo, hasta en radio y televisión, aunque fueron pocas, como los espacios de Carmen Aristegui y Javier Solórzano”. RB: Yo creo que este proceso fue una especie de parteaguas ético en el ámbito profesional, y muchos medios dieron


de sí. Tuvimos cosas sorprendentes: una buena cantidad de comunicadores que decidieron dar una información crítica, que decidieron no acatar las órdenes de Gobernación y aceptaron que se trataba de un juicio político, cosa que ahora nadie niega, ni siquiera quienes lo echaron a andar. “Pero el grueso de los medios electrónicos operaron, una vez más, como un aparato de Estado, como si fueran parte de una campaña de seguridad nacional. Pero este tipo de campañas se viene abajo cuando existen voces disidentes y aquí hubo muchas”. Z: ¿A qué periodistas o medios tuvimos que haber desaforado? RB: (Risas) Yo creo que tendrían que ser desaforados todo el staff de Televisión Azteca y prácticamente todo el staff de Televisa. Fíjate que, hasta en ese aspecto, López Dóriga, por ejemplo, se cuidó, hubo cosas de la campaña a las que no le entró directamente. JH: Y hubo también ciertos analistas que trataban de ser un poco más equilibrados pero justificaban el desafuero, y el único argumento que tenían era la defensa de la ley, del Estado de derecho. Uno de ellos era Raúl Trejo Delarbre, que asumía este mismo argumento. Z: Era muy difícil no tomar partido en un asunto como este y los periodistas no fueron la excepción… JH: Así es, incluso los que se estaban cuidando mucho como Ciro Gómez Leyva. La gota que derramó el vaso fue cuando los dos asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, pagaron la fianza de AMLO, nadie lo podía creer, era patético; ese fue el ridículo más grande y la gran mayoría de plano declaraba su incredulidad. RB: Es que todo era grotesco, las declaraciones diarias de Fox, etcétera. También se puso en cuestión la infalibilidad de los medios electrónicos. Resultó que en este asunto los medios echaron toda la carga que quisieron y sin embargo, no lograron imponer su punto de vista al grueso de la sociedad. Z: Desde la perspectiva actual ¿qué creen ustedes que les hizo falta a los medios? RB: Lo que me parece que hace falta es plantear una revisión crítica de cómo se están comportando los medios, porque no fue sólo el Estado el que tuvo una posición facciosa al respecto, los medios también la tuvieron y la sociedad tiene que juzgar a estos medios y exigirles un

cambio, es una cuenta que tenemos pendiente. Muchos de estos mismos medios importantes fueron los que avalaron el fraude del 88, los mismos que se beneficiaron del salinato, los mimos que apoyaron la represión del 68… JH: … Los mismos que se beneficiaron del decretazo del diez de junio y que ahora se vuelven muy patriotas protestando porque Canal 40 recibió lana de una empresa extranjera. Este caso todavía no está cerrado, y lo pueden utilizar en cualquier momento. Sería muy estúpido que lo hicieran, lo cual quiere decir que es muy probable que lo hagan. Se vieron involucrados muchísimos actores, incluidos los medios, y pudimos ver qué intereses tenía cada quien; son actores muy importantes y lo van a ser más el año que entra. Z: ¿Creen ustedes que hubo medios que funcionaron como catalizadores para la búsqueda de una salida política al asunto? Me viene a la mente la prensa extranjera, por ejemplo… RB: Hubo muchos medios que hicieron su trabajo y simplemente informaron. En cuanto a lo de la prensa internacional es muy interesante porque resulta ilógico que si estamos entrando a una moderna aldea global, nuestro presidente se comporte como un cacique atrasado, peor que en Tombuctú. “Yo creo que los medios críticos y la sociedad en general obligaron al gobierno a echar marcha atrás en este asunto, a buscar una salida política” Z: Es bien recordada la “acción concertada” de varios caricaturistas cuando publicaron un cartón en negro con la leyenda “La justicia ha muerto”. JH: Hubo antes varios antecedentes: un cartón en negro de Abel Quezada un día después de la matanza del dos de octubre de 1968, en el que solamente aparecía la frase “por qué”. Después hubo otro al año del asesinato de Manuel Buendía, en 1985, dirigido para la entonces procuradora capitalina Victoria Adato, que decía “Buen día señora procuradora”. “Ayer precisamente estábamos recordando que realmente lo hicimos muy pocos caricaturistas pero con un impacto muy fuerte”. RB: Hay una historia más vieja que fue cuando los señores de El Hijo del Ahuizote se ponen en los balcones de las instalaciones donde se editaba la publicación, con pancartas que decían “La Constitución ha muerto”. “Básicamente lo que anunciaba ese cartón era la disposición de un sector de

la sociedad de organizarse de un modo diferente y había la idea de seguir haciendo cartones iguales, pues en verdad creíamos que iban a irse con todo”. Z: En una situación tan tensa, con un ambiente tan polarizado, ¿cómo es que funciona este recurso de la sátira? A cualquiera le hubiera dado por lanzar mentadas… RB: Pues creo que fue lo que hicimos, a nuestra manera (risas). Es que las cosas que decían de repente eran tan grotescas que era imposible no actuar. Como cuando los diputados, alegando su buena onda, pagan la fianza, no te queda más que morirte de la risa, este jurado tenía tal ambiente de gran guiñol que no podías no hacer bromas. Z:¿Cómo nos queda recordar el capítulo del desafuero a los mexicanos? RB: Yo creo que hay que entenderlo como un triunfo de una sociedad que busca ser democrática y como una derrota de grupos facciosos muy tontos, entre ellos algunos medios, principalmente dos televisoras y varios programas de radio. JH: Coincido con Rafa de que hay que recordarlo como un triunfo de la sociedad pero no hay que echar todavía las campanas al vuelo, esto todavía no termina.

Quienes formamos parte de la revista Zócalo lamentamos el deceso del pintor Vlady, quien legó a nuestro país una vasta obra plástica. Con su generosidad, Vlady contribuyó a que Zócalo fuera posible. Descanse en paz.

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E N T R E V I S TA Aura María Vidales

José Luis Martínez y... La vieja guardia: Memoria de un oficio

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on el olfato periodístico que lo caracteriza, José Luis Martínez descubrió un enorme hueco en la historia del periodismo mexicano, por lo que emprendió el desafío de hurgar en los archivos de quienes forjaron el diarismo de la primera mitad del siglo XX. El resultado: La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano. El periodismo es un trabajo que necesita pasión y con ella se ha lanzado a registrar acontecimientos cinematográficos, culturales, literarios, noticiosos. El mismo José Luis Martínez es ya un maestro y protagonista de este oficio de palabras; ha convivido con tres generaciones de escritores y periodistas mexicanos; ha ejercido la docencia y en busca de la memoria de nuestro oficio, se lanzó a las hemerotecas para rescatarnos una parte de su historia: los comienzos del siglo pasado. Poseedor de una larga trayectoria en el diarismo, José Luis se inicia en las revistas Su otro yo y Diva; cubrió espectáculos en Esto, La Crónica de Hoy y El Nacional; en este último diario fundó y dirigió el suplemento Medios y fue encargado de proyectos especiales. Actualmente es coordinador de suplementos y director del suplemento cultural Laberinto amén de asesor editorial de la revista Milenio Semanal, en la que escribe la columna “El Santo Oficio”. También es colaborador de Zócalo. “La historia del periodismo mexicano está muy poco estudiada. Es una asignatura pendiente. Es algo que se tiene que hacer en algún momento. Hasta hora han existido esfuerzos aislados de Humberto Musacchio, de Miguel Angel Sánchez de Armas y a éstos se agrega ahora La Vieja Guardia. Protagonistas del periodismo mexicano”, explica el entrevistado quien, de un total de 63 esfuerzos biográficos publicados originalmente en Milenio Diario y algunos en Zócalo, seleccionó 20 56

Zócalo

biografías en su más reciente libro publicado por la editorial Plaza y Janés. El también autor de la columna El Santo Oficio, en Milenio opina sobre si subsisten aún los vicios de algunos miembros de la vieja guardia: “Hay un calidoscopio, donde, desde luego, existen personas de muy diferente tonalidad, de muy diferente comportamiento ético. No podemos comparar a Carlos Denegri, con Francisco Martínez de la Vega, son antípodas completamente”. Por una parte, las circunstancias históricas –dice- han modificado, de alguna manera, la relación de los periodistas con el poder; por otro lado, están los nuevos recursos tecnológicos, como la Internet que prácticamente impide la censura: “ Y sin embargo, de vez en cuando, tenemos muestras bárbaras, de prehistoria, como la que está existiendo en este momento entre el periódico Noticias de Oaxaca y el gobierno de Ulises Ruiz”, explica.

Galería de personajes

Entre los periodistas que recupera de las hemerotecas José Luis figuran: Manuel Becerra Acosta padre, columnista perseguido por Francisco Villa, debido a su “lapidario sentido del humor”; Regino Hernández Llergo, con su famosa entrevista al Centauro del Norte; Demetrio Bolaños Espinosa, “el reportero (que andaba) a caballo”, autor de la crónica del asesinato de Álvaro Obregón; Renato Leduc quien, como suele hacerlo José de la Colina, “transformó la anécdota en género literario” y cuyo estilo periodístico “se volvió, como él mismo, legendario”. Aparecen también: Víctor Velarde, el cual, con su manera de cabecear creó un estilo de claridad y audacia; Eduardo Güero Téllez Vargas, autor de la célebre crónica de la muerte de Trotsky; Carlos Denegri en quien, apunta Martínez, “coincidían el éxito profesional y el escándalo, la ambición y la audacia, el respeto y

Foto: CONACULTA

• Un recuento de personajes del siglo XX • El periodismo, un asunto de pasión • La relación con el poder, siempre riesgosa

José Luis Martínez (El cartujo)

el miedo”, autor de la entrevista exclusiva con Martin Luther King; José Pagés Llergo, el primer periodista mexicano que habló personalmente con Hitler; las periodistas Rosa Castro y Magdalena Mondragón, la primera mujer en dirigir un periódico, así como Luis Spota, director de un diario a los 21 años, entre muchos otros.

La memoria como necesidad

José Luis Martínez, piensa que el legado de estos personajes del diarismo mexicano de la primera mitad del siglo XX nos hace reflexionar en que es necesario –como periodistas y como sociedad- conocer nuestra historia, nuestro pasado para no repetirlo. “Estos viejos periodistas, sus testimonios, nos cuentan hechos históricos, nos hablan de una ciudad que ya no existe, de personajes que forman parte, no solamente de la historia, sino también de la leyenda. Ellos mismos forman parte de una mitología del periodismo mexicano.


Creo que es conveniente saber que tenemos un oficio con historia”. El periodista desea, si hay oportunidad de que su libro vuelva a editarse, incluir a dos personajes que considera esenciales: Abel Quezada y Pedro Ocampo Ramírez. Originalmente fueron 63 historias de periodistas las escritas por José Luis y de esas sólo publicó 20. “Es algo que no pienso seguir cuando menos por el momento. Estoy interesado en una investigación de hechos ocurridos, entre los años 40 y 50. Si logro investigarlo bien y me alcanza la paciencia, pienso escribir una novela, que evidentemente también sería una historia de investigación periodística”, nos cuenta. El autor considera muy lamentable el desinterés que ha existido hasta ahora en nuestro gremio “por documentar nuestra propia historia como periodistas, sin embargo creo que ya comienzan a emprenderse algunos esfuerzos al respecto sobre todo en las universidades”. Respecto a si estaremos tan inmersos los periodistas en la tarea diaria que no nos preguntamos de dónde venimos, quiénes son nuestros maestros, y qué particularidad tiene nuestro oficio en México, José Luis Martínez responde: “Hay un primer motivo, la desorganización de los propios periodistas, sobre todo los de esta época que retrato; eran muy poco dados a guardar documentos a llevar archivos, por ello seguirles la huella resulta sumamente difícil. Buscar un texto específico en las bibliotecas y en las hemerotecas, si no tienes una mínima referencia es prácticamente imposible, te lanzas al naufragio”. A pesar de ello, dice el entrevistado, la historia del periodismo mexicano es una gran lección, en muchos sentidos: en algunos casos, en la lucha por la libertad de expresión. En otros, una gran lección sobre lo que no debemos hacer: las conductas poco éticas, que llevan a ciertos personajes a acercarse demasiado al poder, a vender su talento, a utilizar los recursos menos recomendables para sobresalir, enriquecerse y adquirir poder. Con su anti-ejemplo, asevera Martínez, también nos están dando una lección. Estos protagonistas de la vieja guardia del periodismo mexicano resultan completamente contemporáneos en su escritura, afirma el investigador: “Son autores de trabajos muy prolijos, llenos de vida, amenos. Creo que esa carac-

terística se va perdiendo en un medio donde impera la prisa, donde impera la imagen por sobre la palabra y donde el periodista, cada vez, tiene menos tiempo para foguearse”. Martínez agrega que ya no hay periodistas que se hagan en la redacción. La mayoría llega ya con estudios universitarios: “Llegan a una redacción, mas ya no pasan por ese larguísimo proceso de decantación que vivieron los viejos periodistas cuya historia por supuesto es nuestra obligación conocer. “Al leer este libro que narra historias muy viejas, muy antiguas, pensarías que eso fue superado, que eso resulta arcaico, imposible en estos momentos y sin embargo ahí está con el gobierno priísta de Ulises Ruiz tratando de impedir la libertad de expresión de un grupo de compañeros que han encontrado, afortunadamente, la solidaridad del gremio”, enfatiza.

Tiempos modernos

Acerca de la actual relación de la prensa con el poder y sus posibles vicios, el experimentado profesional contesta: “No podría mencionarte ejemplos, decirte qué sucede, porque estoy alejado del diarismo, desde hace dos o tres años estoy más metido en el trabajo cultural y sobre todo en un trabajo de oficina que me impide emitir un juicio al respecto”. En los más recientes años José Luis se ha dedicado al periodismo cultural tanto en Notimex como en Milenio Diario, en este último medio además, fue editor de la sección Tendencias y del suplemento Extravagancia. Ha escrito también sobre cine, literatura, música y periodismo en diversos diarios. Cuando se le pregunta si el periodismo de investigación y acercamiento a los testimonios humanos se ha perdido en la actualidad con herramientas como el Internet, Martínez opina: “Es importante conocer la historia para no volver a caminar caminos ya andados pero, hay que verla sin nostalgia, es una época que ya pasó, actualmente quienes ejercemos el periodismo, y sobre todo los

jóvenes, tienen circunstancias, tienen recursos como la grabadora, como la Internet, como la computadora que facilitan mucho su trabajo. “Aquí lo importante es la formación, la curiosidad, la capacidad de trabajo, la avidez que tenga cada persona, el deseo de correr riesgos, la aventura. Son actitudes individuales. Lo que yo sí veo es una perdida de pasión, no existen periodistas que se arriesguen, quizá porque las cosas son más fáciles. Se cae mucho en el facilismo, en la irresponsabilidad de la crítica por la crítica”. Reafirma que el tipo de periodismo que le gusta es el que, más que improperios y denuestos, se empeña en la consignación de hechos, de datos, que ofrece testimonios, pruebas, argumentos, “ése es el verdadero periodismo que creo que debe imponerse en esta época, el periodismo de los argumentos”. Por último, José Luis Martínez reflexiona: “Ya no hay oportunidad, desafortunadamente, para esos textos larguísimos y esas series interminables que parecían folletines del siglo XIX; eso hay que revisarlo, conocerlo, saber que las cosas no se inventaron cuando nosotros nacimos, pero hay que saber también aprovechar los recursos que existen actualmente y dotarlos de esa pasión que repito, creo que sí hace falta”.

julio / 2005

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