Zócalo 153

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De alguna manera el derecho a comunicar es fuente del derecho a la comunidad. En otras palabras: tener derecho a comunicar es tener derecho a pertenecer a la comunidad. De igual forma, acuerdos primarios que apunten a una racionalidad universal (y que por supuesto, implican esfuerzos, renuncias, límites a los beneficios, pero también esperanzas de cordura social y de solidaridad). Esos acuerdos, que ahora visibilizamos en sus categorías gruesas, casi poéticas, requieren de inteligencia, análisis y prospectiva: el control de la avaricia, la equidad de las culturas, el derecho a la diferencia, la erradicación de la pobreza (¿Por qué no llegar, realmente, a un acuerdo civilizatorio para superar la pobreza que, incluso, beneficiaría a una lógica capitalista y liberal socialmente sustentable?), la democratización tecnológica, el beneficio irrestricto a la sustentabilidad ambiental sobre las ventajas económicas e industriales, la educación digna y universal… Espero que #YoSoy132 no se autodestruya, y que las luchas y diferencias políticas, de clase y de cultura, no imposibiliten esos acuerdos civilizatorios.

* Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco.

n á l i s i s

Diferencias de clases y acuerdos civilizatorios La cualidad sustantiva de #YoSoy132 radica en la conversación de lo diverso. La más radical diversidad que contiene es la de reunir en un mismo espacio a jóvenes de origen popular y las élites económicas. Esto constituye, si resiste, madura y alcanza un fin, una posibilidad histórica. ¿En qué radica esa posibilidad? En contribuir a la conformación de una nueva clase dirigente. La lucha de clases no se supera en la movilización estudiantil, y no se superará, ni un ápice, con estos movimientos. Pero ellos abren la posibilidad histórica de definir una ruta de acuerdos civilizatorios que podrían conformar, con el tiempo, un estilo diferente de ejercer la política y la economía.

Espero que estos jóvenes alcancen esos acuerdos y que su pasión histórica sea suficientemente intensa para perdurar como una disposición esencial, la cual permanezca con los años y se concrete en los ciclos políticos venideros: en las administraciones del porvenir, en las fuerzas sociales, y en los liderazgos que nacerán y podrían surgir en la nueva racionalidad empresarial, es la tentativa del tiempo que esperamos.

A

regular es apostar por establecer un valor social superior, frente al poder de facto que los medios tienen ante la palabra social. Así, el derecho a comunicar se funda en la necesidad de sustentar un valor colectivo capaz de validar el establecimiento de unas reglas básicas de la comunicación pública. En México, hoy resulta claro que esta definición civilizatoria apunta, en una de sus direcciones, a la generación de un principio de correspondencia de la imagen con las cosas y la demanda de democratizar las fuentes del sentido. En mi opinión esto plantea un acuerdo civilizatorio de base que implica otros ejes fundamentales. Quizás lo más valioso del movimiento juvenil #YoSoy132 es que, cuando menos hasta ahora, ha logrado mantener vivo un campo de diálogo interclase. Entorno a ello se juega, en realidad, el sentido que al comienzo propuse: Que la incertidumbre sea posibilidad y no una mera ilusión, se funda en una última tensión, la más capital.

COMUNICACIÓN POLÍTICA

Jürgen Habermas ha planteado como núcleo de su ética comunicativa y social, lo que llama la “comunidad ideal de diálogo”. Esta idea se funda en el reconocimiento de que los límites de la racionalidad humana obligan a fundamentar la comunidad en el diálogo. En otros términos: las normas y principios provienen del consenso alcanzado en una comunidad que da cuenta de los condicionamientos históricos y empíricos. La comunidad de diálogo fundamenta en este sentido la vida social, y el marco posible de una convivencia racional. La racionalidad de la vida estaría así fundada en el diálogo. En este horizonte, la universalidad e imparcialidad de las normas se alcanzaría mediante un diálogo, sin coerciones ni presiones externas en una comunidad de hablantes abierta a todos. La tarea racional civilizatoria iría en la dirección de hacer posible esa comunidad, dado que el elemento crucial, además de la voluntad de diálogo, es la garantía en las condiciones equivalentes de los participantes en la conversación, donde el derecho a comunicar adquiere un valor fundacional. La legitimidad del acuerdo pende del derecho a comunicar de todos sus miembros. De alguna manera el derecho a comunicar es fuente del derecho a la comunidad. En otras palabras: tener derecho a comunicar es tener derecho a pertenecer a la comunidad. Luis Villoro ha planteado que quizás el problema central de la filosofía política es el de la compleja relación entre el poder y el valor. Sus vínculos son múltiples y entreverados. La definición del contrato social constituye en este sentido una forma de controlar al poder, de delimitarlo, por la razón superior de un valor: la convivencia y la estructuración de lo social. Hay un fuerte sentido en el que la cuestión de la regulación mediática atraviesa esta díada fundamental:

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