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Contenido Mesa de Redacción 4

Inconformidad a la firma de ACTA

Enrique Ordoñez / Cuartoscuro

Portada

Cartón de Rapé 5

Telebancada

Para seguirle la pista 6

Contratos de telecomunicaciones bajo lupa

Medios 12 La televisión no hace presidentes / Gerson Hernández Mecalco 15 ¿Telepresidente? / Antonio Brambila Ramírez 19 La Tv que hace presidentes/ Darwin Franco y Guillermo Orozco 22 Construcción de la imagen de los candidatos / Israel Tonatiuah Lay Arellano

Encuestas 24 El gran engaño de las encuestas / Lorena Becerra y Rafael Giménez

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Peña Nieto: dinero e intereses

Raúl Trejo Delarbre

28 Encuestadoras deberán asumir desprestigio / Mauricio Coronel Guzmán 29 AMAI solicita asesoría internacional / Clara Inés Luna 31 Buscan evitar encuestas propagandísticas / Gerardo Israel Montes 34 La nueva "Telebancada"

Telecomunicaciones 36 La herencia de los gobiernos del PAN / Aleida Calleja 40 Peña Nieto sin propuesta contra monopolios en medios Director General Director General

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Carlos Padilla Carlos Padilla Ríos Ríos

Manuel Cortés Reyes


41 ACTA: Piratería vs. Privacidad / Clara Inés Luna

Reseñas y Tesis 57

44 Razones del rechazo del Parlamento Europeo al ACTA / Clara Inés Luna 45 Concentración Iusacell-Televisa afecta la competencia: expertos / Mauricio Coronel y Clara Inés Luna 47 CFC abre puerta a Azcárraga / Clara Inés Luna

Comunicación Política 48 Guerra frustrada y ahora purga entre generales / José Reveles 51 Corral llega al Senado pese a zancadillas / Jaime Hernández Gómez

Periodismo 60 Leyes a contracorriente al final de sexenio / Balbina Flores Martínez 62 Por qué perdió Carlos Marín-Milenio demanda contra Meyer / Perla Gómez Gallardo

Periodismo Cultural Prensa e Historia 54 La libertad de imprenta durante la guerra de Independencia/ Susana María Delgado Carranco Servicio social Servicio social Fotografía Fotografía Evelyn Velázquez González, ObedSantiago, Rosas, Guillermo Echauri, Michel Cuartoscuro Cuartoscuro Christhian López Rosales, Israel Vargas y Ernesto Ximena Natera y Ana Luisa Gutiérrez. Secretaria Secretaria Zisniega. Caricaturistas ConcepciónConcepción Villegas Villegas Caricaturistas Rapé, Luy, Gallut, Palomo. Circulación Circulación Rapé, Hernández, Luy, Gallut Comité de Redacción Carlos Arriaga Carlos Arriaga y Efraín Meléndez Comité Redacción Beatrizde Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Eugenio Salcedo Monitoreo Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Sosa. Reveles, Rogelio Hernández y Gabriel Reveles, Rogelio Hernández López, Medialog Monitoreo Consejo Editorial Medialog Luis Alma MiguelRosa Carriedo, Gabriel Sosa Plata. Publicidad Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Publicidad Consejo Victoria Editorial Llamas (†), Carlos Mendoza, Ernesto Villanueva,Sonia de la Cruz Luna Sonia de la Cruz Luna AlmaManuel Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, Suscripciones Gutiérrez (†), Octavio Islas Carmona. María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Azucena Vega Martínez Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona, Gerardo Montes.

64 Una perfecta redonda de nalgas frías / Mauricio Coronel Guzmán 66 "El reto de la filosofía es pensarlo todo" Evgueni Bezzubikoff Zócalo, Comunicación, Política y Sociedad es una publicación mensual editadaZócalo, en México DF, por Proyectos Alternativos Comunicación, S.A. de comunicación, política y sociedad es unade publicación mensual editada en C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., ReservaNúmero exclusiva de certificado licitud de título 12280. Número de de certificado licitud de título núm. 04–2000–090816141800–102. Número certificado de licitud de título contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Calzada México-Tacuba 12280. Número de certificado de licitud de Domicilio: contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. 235 cuarto piso, colonia delegación Miguel C.P. 11400 Tels.: Domicilio: Calzada Popotla, México-Tacuba 235 cuarto piso,Hidalgo. colonia Popotla, delegación 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@gmail.com, revistazocalo@yahoo. Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.net.mx, com.mxrevistazocalo@yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por Impresora Tauro Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por S.A. deimprenta C.V. enSantiago, Av. Plutarco Calles No.396, Col.Granada Los Reyes Iztacalco, Río San Elías Joaquín 436, Col. Ampliación C.P. 11520, México, D.F. Precio porpor ejemplar: 30 pesos. Suscripción anual: 350anual: pesos 350 por pesos 12 números. C.P. 08620. Precio ejemplar: 30 pesos. Suscripción por Distribución: Publicaciones CITEM, S.S.A.A.dede C.V.C.V. Tel.:Venta 5238 0200. En SanbornsDistrito en toda 12 números. Distribución: Intermex, en Sanborns: República. el Distrito Federal, Estado de Querétaro México, Morelos, Puebla, Querétaro Federal,laEstado deEnMéxico, Morelos, Puebla, y Guerrero. Registroy Guerrero. RegistroPP09-1056 postal publicaciones PP09-1056 autorizado por SEPOMEX postal publicaciones autorizado por SEPOMEX


MESA DE REDACCIÓN

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Inconformidad a la firma de ACTA

a arrogante actitud de Felipe Calderón por firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificación a pesar de que el Senado había exhortado al gobierno a que no lo hiciera, reanima el debate acerca de su contenido e implicaciones, aunque conforme se conoce más del mismo, crecen las voces contra su adopción. Como reacción al desafío de Calderón, el Grupo Plural de Trabajo compuesto por senadores de todos los partidos políticos condenó la firma y pidió al Ejecutivo “realizar las gestiones necesarias para que a la brevedad sea retirada la firma de México”, solicitud sin muchas pretensiones por cierto, ya que la petición involucraba a la autoridad hacer el ridículo ante la comunidad internacional, mientras a los legisladores eludían el debate cuando todavía resta un mes de “actividad” legislativa.

En 2011, el Grupo Plural de Trabajo convocó a sesiones de análisis para conocer cómo impactaría la aplicación del ACTA al momento de combatir la falsificación y la piratería en cualquier tipo de mercancía. Desde entonces se alertó que en el terreno del aprovechamiento de internet, el Acuerdo vulneraba la neutralidad en internet; la censura de contenidos; afectaba los derechos constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad de los datos personales. Esos mismos criterios fueron esgrimidos por los eurodiputados quienes a principios de julio rechazaron abrumadoramente su contenido. “… El Parlamento Europeo no puede garantizar una adecuada protección de los derechos de los ciudadanos en el futuro bajo ACTA”. Después de concluido el análisis, el Grupo Plural de Trabajo se comprometió

• Frase del mes

• De última hora

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Recula Javier Duarte ante presión de la sociedad

avier Duarte, gobernador de Veracruz, vuelve a estar en el ojo del huracán por sus reiteradas y controvertidas decisiones en torno a la libertad de expresión. Luego de la detención de dos “tuiteros” en 2011 y de los nueve periodistas asesinados en lo que va de su administración, ahora Duarte se lanza contra los medios de comunicación que critiquen a los partidos políticos durante los procesos electorales. La iniciativa de reforma al Código Estatal de Elecciones establece en su artículo 48 que: "Las organizaciones políticas no podrán

a presentar proyectos para legislar en la materia, lo cual no cumplió. En diciembre pasado el senador panista Federico Döring presentó un proyecto para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la Ley de Propiedad Industrial. Y aunque en exposición de motivos aseguraba que la iniciativa “intenta inhibir las conductas de puesta a disposición de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”, el cual también recibió cuestionamientos. Si bien es cierto que urge garantizar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, también es necesario proteger la libertad el uso y aprovechamiento de internet, evitando la censura, así como las garantías que otorga la Constitución con relación a la inviolabilidad de las comunicaciones y los derechos humanos.

contratar espacios publicitarios en aquellos medios que aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato". Sin embargo, las presiones de la oposición y la sociedad civil hicieron recular al gobernador, quien acordó suprimir el párrafo que contenía la prohibición para contratar propaganda en los medios que "publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidatos".

Valdés muy optimista

“Muy buenas noches. México tuvo una jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica y realmente excepcional. Hoy vivimos la democracia con absoluta normalidad y tranquilidad. Hemos consolidado nuestra democracia electoral”: Leonardo Valdés Zurita consejero presidente del Instituto Federal Electoral, con motivo de los comicios del 1 de julio.


Cart贸n de rap茅

Banda de ofendidos

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¿Quién presidirá Comisión de Radio y Televisión en San Lázaro?

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odo inicio de legislatura tiene en el reparto de la presidencia de las comisiones, un punto de debate y jaloneo político. En la reciente década, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados ha resultado estratégica para los partidos interesados en los mutuos favores entre éstos y las empresas de televisión y radio. En las pasadas dos legislaturas el Partido Verde Ecologista de México ha controlado esa Comisión, con el apoyo del PRI. Gracias a la colusión de intereses el Partido Verde postuló para la LXII legislatura al mayor número de candidatos vinculados a las televisoras privadas.

Internet.

La ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes y diputada federal por el PRD, Purificación Carpinteyro ha alzado la mano para presidir esa Comisión. Adelanta que elabora una propuesta de reforma estructural para democratizar los medios. Otra Comisión importante, es la de Ciencia y Tecnología del Senado, que tendrá como prioridad la ratificación de ACTA y la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunciada durante el proceso electoral.

Consulta pública sobre espectro radioeléctrico 8

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Internet.

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os resultados de la consulta pública del documento El Espectro Radioeléctrico en México. Estudio y Acciones, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), realizada entre el 29 de mayo y el 9 de agosto del año en curso, serán divulgados por la Cofetel en la segunda quincena de septiembre. Este documento, importante para la planeación estratégica del espectro de las bandas entre los 30 MHz y los 4 GHz, incluye la identificación de usos actuales de porciones del espectro, un inventario de las bandas libres y lineamientos para las futuras licitaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico. En la versión sometida a consulta de este estudio, la banda de 2.5 GHz se identificó como de asignación ineficiente y nivel de relevancia alto. En esta misma situación se valoró las bandas que se utilizan para radio comunicación, televisión análoga, navegación aeronáutica y microondas: 406-512 MHz, 698-806 MHz, 806-824/851-869 MHz, 896-960 MHz, 1710-1770/2110-2170 MHz y 2300-2400 MHz.


PARA SEGUIRLE LA PISTA

Julian Assange sitiado en embajada ecuatoriana

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Assange, que publicó miles de documentos secretos de varios países, dio un discurso público desde uno de los balcones de la embajada ecuatoriana en Londres en el que pidió acabar la feroz cacería de brujas de la que es objeto él y sus colaboradores por parte de Estados Unidos, asimismo, señaló el panorama oscuro en que viven los periodistas y el clima opresivo sobre la libertad de expresión en el mundo. Y aunque hubo una amenaza velada de asalto a la embajada por parte de Gran Bretaña, esta ha propuesto reanudar las “conversaciones” ante la posibilidad de que Assange permanezca por tiempo indefinido en la sede diplomática.

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l caso de Julian Assange, está en su punto de tensión más alto luego de que la embajada de Ecuador en Londres le otorgara asilo diplomático al líder y fundador del sitio WikiLeaks. Assange, quien está acusado de presuntos abusos sexuales, es perseguido por la justicia británica para extraditarlo a Suecia, país que solicitó su detención. Sin embargo, el ex-haker australiano teme que sea una trampa para extraditarlo a Estados Unidos, ser juzgado y sancionado con la pena de muerte.

Heredera de Ernesto Alonso Vs Televisa

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Internet.

l Señor Telenovela”, Ernesto Alonso dejó a Teresa Anaya, la heredera universal de sus derechos de autor, un argumento digno de un melodrama: disputarle al poderoso consorcio (Televisa), nada menos que los derechos de autor de 172 obras, entre películas y telenovelas. Años antes de morir Alonso cedió mediante contrato, los derechos de esas obras a la televisora. Anaya quien acudió ante el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal para reclamar lo que consideró le pertenecía, ganó el primer round (Proceso No. 868). El juez resolvió la nulidad total de aquel contrato donde Alonso cedió su producción de forma “perpetua y por siempre” a Televisa. La sentencia condena a pagar la reparación del daño material y moral a la heredera, y la restitución de las obras. El consorcio ya apeló la sentencia, sin embargo, Teresa Anaya confía en ganar las siguientes instancias ya que ese contrato viola flagrantemente la Ley Federal de Derechos de Autor (artículos 1,2, 29, 30 y 33).

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La democratización posible de los medios en correspondencia a las necesidades del país, los límites legislativos en torno a éstos, así como una comparación de las distintas disposiciones legales que, en materia de concentración de medios, existen en otros países, son los temas que Gerson Hernández trata en el siguiente artículo. ¿Cuál debiera ser el papel de los legisladores y la posición del próximo titular del Poder Ejecutivo ante la demanda social de una democratización de los medios de comunicación? Hernández es enfático: “la clase política tiene que enfrentar a los poderes fácticos”. • Gerson Hernández Mecalco*

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Hay condiciones políticas para que los nuevos diputados y senadores promuevan una reforma de medios que logre democratizarlos? ¿Qué se necesita en materia legislativa para la radiodifusión y las telecomunicaciones? Éstas y otras preguntas surgen cada tres y seis años. Sin embargo, y sin el afán de apoyar la desilusión, la respuesta de fondo es que en México, el Estado ha pasado de ser rector para convertirse en promotor de la economía. El terrero de las telecomunicaciones es un claro ejemplo de cómo la aparente “competencia” se caracteriza por prácticas desleales y un control hegemónico de grupos de poder ante la mirada de un gobierno débil que ha perdido el mando del timón. En nuestro país ya no existe el control absoluto de un solo partido político; cada vez más, se han democratizado los poderes Ejecutivo y Legislativo —en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular—. En la actualidad hay grupos de la sociedad civil que no han logrado “democratizarse” y reducir su influencia en los problemas de fondo. No me refiero a los ciudadanos de a pié, sino a los poderes fácticos como grupos que despliegan recursos privados, “trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza” para continuar con su poder (María Amparo Casar, Nexos, 01/Ab/2009). Pablo González Casanova fue uno de los primeros en desmitificar el “poder presidencial ilimitado”.

Internet

SEPTIEMBRE 2012

Los poderes fácticos y el barco legislativo

Ningún partido político logró tener la mayoría en el Poder Legislativo.

Comentó la existencia de “poderes formales dentro de los poderes reales” y examinaba su peso en la toma de decisiones gubernamentales. Describió el poder de algunas instituciones que forman el Estado: caciques, el Ejército, la Iglesia, los empresarios nacionales y extranjeros, entre otros. A éstos hay que agregar algunos sindicatos, medios de información e incluso al crimen organizado (Pablo González Casanova, La democracia en México, 1965). Estos poderes fácticos se caracterizan por ser una autoridad informal y por tener capacidad de presión para influir políticamente. Parecía que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la “Ley Televisa” sería la vara que mediría la jerarquía del Estado en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, al dimensionarlo


Reglas para evitar concentración

Alemania

Limitaciones a la propiedad de acciones en televisoras para quienes ya sean propietarios de periódicos con posición dominante en mercados regionales.

Australia

Una misma empresa no puede controlar la propiedad de televisión, radio y prensa escrita en una misma localidad.

Canadá

Si una empresa tiene televisoras y prensa escrita, las decisiones editoriales en cada área se tienen que manejar por separado.

Estados Unidos

Una empresa no puede operar ni controlar una estación de televisión o radio y además un periódico en la misma localidad. En las plazas donde haya por lo menos 20 medios de comunicación (TV, radio, cable, periódicos) una empresa puede tener hasta dos televisoras y seis estaciones de radio, o una televisora y siete estaciones de radio.

Francia

No se conceden autorizaciones para cadenas nacionales a quienes se encuentren en dos de estas situaciones: a) que ya tengan una televisora que difunde al menos para 4 millones de habitantes, b) que tengan estaciones de radio con cobertura para más de 30 millones, c) que controle diarios que alcancen más del 20% de la distribución nacional. Hay reglas similares para estaciones de alcance regional.

Grecia

El propietario de una televisora de paga no puede tener una televisora de difusión abierta.

Holanda

Un radiodifusor no puede tener más de 25% de la propiedad de un periódico.

Italia

Los propietarios de televisoras o radiodifusoras no pudieron adquirir acciones hasta 2010. Ninguna empresa que ya opere en un mercado (televisión, radio o prensa) puede tener más del 30% en otro mercado.

Japón

Un operador no puede controlar tres tipos de medios (prensa, televisión y radio) en una misma área. Hay excepciones. Un operador de radiodifusión terrestre no puede tener más del 10% o el 20% de una empresa que provea programación por satélite (según se trate de la misma área de difusión o de áreas diferentes). En el cuerpo directivo de una empresa de radiodifusión no puede participar más del 20% de directivos que laboren para otra empresa similar.

Portugal

La Entidad Reguladora puede tomar medidas contra propiedad cruzada de medios si considera que están en riesgo la pluralidad o la libertad de expresión.

República Checa

El propietario de una cadena nacional no puede tener la mayoría de las acciones de una cadena más.

República Eslovaca

Límites a la propiedad de periódicos, radiodifusoras y televisoras cuando tengan audiencias superiores a la mitad de la población.

Reino Unido

Una empresa de radiodifusión nacional no puede recibir licencia para televisión. Una televisora regional no puede tener una radiodifusora que difunda en la misma área. La empresa editora de un diario que alcance más del 20% de la circulación nacional no podrá tener estaciones de televisión o radio.

Fuente: Clase de Gabriel Sosa Plata en el Diplomado en Comunicación Política en el IIS-UNAM - 2011 y OECD Comunications Outlook 2001 y 2007

á l isis

El oro y los piratas En varios países del mundo hay límites jurídicos en materia de concentración de medios, que bien podrían servir como referencias para los

País

An

“como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, (que) deberá evitar el acaparamiento de los medios masivos de comunicación, lo que resulta de vital relevancia si se considera la función social que la radio y la televisión llevan a cabo y su poder de influencia sobre la población” (Diario Oficial de la Federación, 20/Ag/2007). Pese a todo, el rumbo del barco no es guiado por estas coordenadas jurídicas. Muchos analistas, con base en las necesidades del país, han sintetizado las características que debería tener la reforma de medios. “(…) busca lograr una mayor pluralidad y diversidad en los medios; nuevas cadenas de televisión nacional y nuevos canales regionales, un auténtico organismo regulador para los medios y las telecomunicaciones, dotado de autonomía respecto de cualquier interés empresarial o político; el aliento a la producción independiente para que en la programación de radio y televisión haya espacio para empresas y productoras distintas a las que ahora acaparan a esos medios. Y garantizar, por supuesto, los derechos de las audiencias, entre ellos el pleno ejercicio del derecho de réplica” (Javier Corral Jurado, El Universal, 01/Ag/2012).

Cuadro 1: Límites a la concentración de medios

AGENDA POLÍTICA

Características que debería tener la reforma de medios. “(…) busca lograr una mayor pluralidad y diversidad en los medios; nuevas cadenas de televisión nacional y nuevos canales regionales, un auténtico organismo regulador para los medios y las telecomunicaciones

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El Congreso mexicano es un actor central para exigir cuentas al Presidente, pero en la actualidad carece de contrapesos ciudadanos para supervisar a los legisladores.

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nuevos legisladores. El mensaje de fondo es que “la concentración de los medios constituye un impedimento fundamental para una plena expansión de la democracia”. (Raúl Trejo, Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 2010). (Véase Cuadro 1)

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Condiciones Legislativas Ningún partido político logró tener la mayoría en el Poder Legislativo. Los mexicanos optaron por un presidente con contrapesos institucionales. La negociación y colaboración entre fuerzas políticas será la única manera de reformar las leyes en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. En este contexto, más allá de las negociaciones entre los legisladores y el Poder Ejecutivo, el objetivo principal tiene que ser el consumidor, y no los beneficios económicos que pueda obtener el proveedor del servicio. En otras palabras, la clase política tiene que enfrentar a los poderes fácticos. Desafortunadamente muchos legisladores serán juez y parte en estas decisiones; sus perfiles hacen prever que los intereses que promovieron sus candidaturas y el lugar estratégico que negociaron para ser incluidos en las listas de representación proporcional, tendrán más peso que el de los ciudadanos que los apoyaron electoralmente —en el caso de las candidaturas de mayoría relativa—. Desde este momento se vislumbra que los legisladores cercanos a las televisoras tratarán de: Generar una reforma electoral que elimine la administración de los tiempos del Estado por parte del IFE y se retroceda al modelo de compra-venta de tiempos de radio y televisión por parte de los partidos políticos. Frenar, a favor de las televisoras, iniciativas como el “apagón analógico” y nuevas licitaciones de espectro, como las de fibra oscura por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Oposición a una nueva cadena de televisión. Existen posibilidades de que se abran no sólo una tercera, sino una cuarta, quinta y hasta sexta cadenas de televisión durante el sexenio que inicia el 1 de diciembre de 2012. Durante los próximos años, la lucha por la democratización de los medios debería de centrarse en el servicio de Internet gratuito para todos. Eliminar esta esfera mediática será la opción más atractiva para los poderes fácticos. Por último, habrá que estar muy atentos ante la anunciada creación de una instancia ciudadana, para

supervisar la contratación de publicidad de los poderes públicos en los medios de comunicación, así como del “compromiso” de Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo, acerca de “reconocer la radiodifusión comunitaria” (Aleida Calleja, 11/Jul/12). Los ciudadanos tendremos que exigir cuentas a nuestros próximos legisladores, para que, de una vez por todas, haya un verdadero cambio de dirección para llegar a buen puerto”, y que la cultura política haga respetar la competencia en beneficio de los consumidores y la democracia. Temas del sexenio Las reformas hacendaria, de seguridad social, energética, política, laboral y de seguridad serán las prioritarias para la nueva legislatura. Una vez que se conozcan los nombres de los presidentes de algunas comisiones a las que corresponderá analizar estos asuntos, tendremos más elementos para saber en cuánto tiempo y cuál será la “prioridad” para promover estos cambios. Otro tema relevante será la reingeniería de la administración pública, que no es otra cosa que la fusión y eliminación de secretarías y áreas administrativas. El Congreso mexicano es un actor central para exigir cuentas al Presidente, pero en la actualidad carece de contrapesos ciudadanos para supervisar a los legisladores. Es momento de que los ciudadanos utilicen los remos del barco no solamente para avanzar, sino para cuestionar la dirección del barco. #Jap

@gersonmecalco gmecalco@mail.politicas.unam.mx http://robinsonespoliticaycomunicacion.blogspot.com

*Académico de la FCPyS-UNAM y el Colegio de Consultores en Imagen Pública


AGENDA POLÍTICA

Telebancada, #YoSoy132 y la agenda de telecom • Israel Tonatiuh Lay Arellano

á l isis

Partido Verde Ecologista de México, son Rubén Acosta (exdirector general ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel), Ana Ingram (conductora de televisión en Veracruz), Antonio Cuellar (exdirector jurídico de Televisa), Mónica García (exfuncionaria de Televisa), Federico González Luna (asesor de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión -CIRT), y Ximena Martel (prosecretaria de la CIRT). Para el Senado, el PVEM dio candidaturas plurinominales a Ninfa Salinas (hija de Ricardo Salinas Pliego), Juan Gerardo Flores (expresidente de la Comisión de RTC, vinculado con Televisa), Luis A. Melgar (exdirector de Proyecto 40 y presidente de Fundación Azteca en Chiapas), y Carlos Puente Salas (ex empleado de la CIRT con vínculos con TV Azteca). El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, otorgó candidaturas plurinominales para la Cámara de Diputados a Jorge Mendoza (directivo de TV Azteca), Patricia Flores (dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio), por otro lado, Enrique Cárdenas compitió y ganó el distrito 5 Federal por Tamaulipas; mientras para el Senado, este partido postuló por la vía plurinominal a Arely Gómez (hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa). El partido Movimiento Ciudadano también contribuyó a la "Telebancada" al postular por la misma vía, a Alejandro Puente (presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable -CANITEC-, ligado a Televisa). Después de que a Televisa se le “obsequiara” en este sexenio, una importante infraestructura para el sector de las telecomunicaciones, tales como los canales espejo, hilos de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad; los permisos para absorber a algunos sistemas de televisión por cable, el otorgamiento de la licitación 21, en su fallida unión con Nextel; el beneplácito para adquirir el 50% de Iusacell, entre otras; el gobierno de Felipe Calderón cerró con broche de oro al “rescatar” la banda de 2.5 GHz, la cual MVS mantenía “sub-utilizada”. Si se respetan los tiempos y los procesos,

An

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l cambio en el Poder Legislativo y Ejecutivo no parece traer sorpresa alguna, aún cuando algunos analistas y académicos se rasgan las vestiduras criticando la llegada, o mejor dicho el refuerzo, de la llamada "Telebancada". Su presencia en el Congreso de la Unión es el producto de negociaciones, sostenimiento de intereses mutuos, aunque también de chantajes y presiones, pero siempre en la previsible línea que ya hemos comentado en este espacio más de una vez. Puede ser que el dinamismo y sincronía de la información, a través de las plataformas de servicio de las redes sociales virtuales, haya “hecho visible” la conformación previa de este grupo, aunque también cabe la posibilidad que con el cinismo y prepotencia del viejo PRI, incrustado en el nuevo, ni siquiera se hayan preocupado por no ser tan evidentes. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), los legisladores de esta "Telebancada" en la Cámara de Diputados, por parte del

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La participación del movimiento #Yosoy132 no sólo significa energía renovada para el Frente nacional por una nueva ley de medios, fundado en febrero de 2008, bajo auspicio de la AMEDI, el entonces senador Javier Corral, y 73 organizaciones más.

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le tocará al nuevo gobierno tomar el control de la licitación de ese segmento que ha sido calificado por analistas en el sentido de que vale más de lo que cuesta, esto es, habrá competidores de gran tamaño tras él, aunque desde hoy se teme que se vaya a tratar de un “pago” a Televisa por las razones que, seguro, ya todos conocemos. Desde el lado del Poder Ejecutivo, a través de sus órganos desconcentrados para regular al sector, como el Poder Legislativo, la "Telebancada" defenderá los intereses de las televisoras aún más, que los de aquellos partidos por los cuales ocupan esos puestos de representación popular; el panorama parece totalmente dominado, aunque como se ha manifestado en otras veces, ante esta opacidad del Estado, los grupos de la sociedad civil interesados en la temática, se han conformado como un contrapeso; si bien no en el sentido de igualdad de fuerzas, sí en el aspecto de seguimiento a los procesos y de denuncia pública de las irregularidades; lo que de una u otra manera ya se convierte en una presión tanto para el Estado como para los "Poderes fácticos". De estos movimientos, el #YoSoy132 podría incidir más en estos momentos, aunque sus detractores consideren que ha perdido sus objetivos y comienza a decaer. Nada más lejano de la realidad. Es muy cierto que el movimiento compartió una agenda en el contexto pre y post electoral con otras organizaciones diversas, sin embargo, debemos recordar su objetivo original después de la respuesta de los actores políticos al abucheo a Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, del 11 de mayo: los estudiantes exigieron en primer lugar una cobertura y difusión mediática objetiva, tanto a los medios electrónicos como en los escritos. Días después, en una concentración en la Estela de luz de la Ciudad de México, se leyó un comunicado que contenía sus dos principales declaraciones: La exigencia de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, en el entendido de que ambos elementos resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa. La búsqueda de la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información

transparente, plural y con criterios mínimos de objetividad para fomentar una conciencia y pensamiento críticos. De lo anterior se desprendieron algunas exigencias, entre ellas, la competencia real en el sector de los medios de comunicación, en particular lo referente al duopolio televisivo constituido por Televisa y TV Azteca; y la instauración de todos los medios informativos (radio, televisión y medios impresos) como instrumentos que resguarden el interés social. Por esta razón, aunque las agendas sean complementarias, el movimiento está por encima de su participación en el contexto de las elecciones, su resultado y el virtual nuevo titular del Ejecutivo Federal La participación del movimiento #YoSoy132 no sólo significa energía renovada para el Frente nacional por una nueva ley de medios, fundado en febrero de 2008, bajo auspicio de la AMEDI, el entonces senador Javier Corral, y 73 organizaciones más. De hecho, #YoSoy132 hoy se encuentra en una situación de mayor ventaja que hace cuatro años, gracias a la apropiación de la tecnología y el uso de las plataformas para redes sociales virtuales. Además de la pluralidad de ideas y las múltiples visiones acerca de la realidad, el movimiento se perfila no sólo como un contrapeso informativo sino que, de una u otra manera, también son “una piedra en el zapato” para la explotación de la cartera abierta que tendrá la "Telebancada" sobre el tema del sector, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Como parte de un colectivo de intereses y agendas diversas, #YoSoy132 tiene como tarea simbólica, el luchar por la dignidad de quienes no se atreven o no están en condiciones para hacerlo, mientras en la temática de los medios electrónicos de comunicación, tendrían enfrente, la posibilidad de participar en la discusión del proceso de licitación de la tercera cadena comercial de televisión; asimismo, en los debates que en este momento se están dando sobre la banda de 2.5 GHz, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rechazó hacia finales del mes de agosto, toda iniciativa del consorcio MVS para continuar explotando esa franja, lo cual indica su firme postura para licitarla. ¿Se repetirá la historia de la licitación 21?

tonatiuh_lay@yahoo.com.mx


AGENDA POLÍTICA En tre v ista

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AGENDA POLรTICA An รก l isis

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Figueroa y Carpinteyro: por democracia en medios

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Cuartoscuro

Cuartoscuro

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En plena transición, con el inicio de actividades en la nueva legislatura, y faltando cuatro meses para el cambio de mando en el gobierno federal, la agenda en telecomunicaciones enfrenta muchos rezagos y nuevos desafíos que se deberán hacer frente desde diversos ángulos. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero del Instituto Federal Electoral, y Purificación Carpinteyro, diputada federal electa por el Partido de la Revolución Democrática, y experta en el sector de las telecomunicaciones, comparten sus opiniones desde distintas perspectivas.

Alfredo Figueroa:

Purificación Carpinteyro:

“No contamos con una reforma que regule y democratice el ac-

El problema de la concentración del poder mediático en unas

ceso a los medios de comunicación y la pluralidad. Particular-

cuantas manos es muy grave. Televisa es dueña de muchas te-

mente, en el caso de la televisión, tenemos una concentración

levisoras y estaciones de radio; y ahora resulta que MVS le hace

mundialmente conocida y poco democrática en esa dirección.

una verdadera competencia y le amputan la posibilidad de utili-

Se tiene que ir en contra de los mecanismos de propaganda en-

zar sus concesiones. ¿A quién beneficia la cuestión del rescate de

cubierta de forma que violan la ley y que ésta va en contra del

la 2.5 GHz? Al dejar atorado este asunto otros cinco o diez años

derecho a la libertad de expresión. Las audiencias tienen dere-

más, el único beneficiado será Televisa. Lo mínimo deseable es

cho a saber qué es realmente contenido editorial y cuando no lo

que los bienes del estado -en este caso la banda de frecuencia

es; una vez sabido, las empresas podrán actuar en el marco de

de 2.5 GHz que pertenece a la nación-, sean a favor de todos los

sus derechos, marcar su determinada ideología con mayor cer-

mexicanos, no sólo para beneficio de los gobernantes.

canía y las distancias de otros sujetos. Esto se puede ver mejor

No quisiera entrar en los tecnicismos de que si se está utili-

en los medios impresos, revistas y periódicos. El problema de la

zando o no la frecuencia, porque en todo caso fue el gobierno

televisión y la decisión de la línea editorial está estrechamente

quien no le dejó a MVS usarlas bien. Si se está pagando o no

vinculada al poder de la concentración, por tanto, lo que no po-

una contraprestación por esas concesiones, lo que tenemos que

drá tener el televidente o un radioescucha en algunos lugares

entender es que si le cobran mucho dinero, ellos van a cargarlo

del país, es la posibilidad de oferta respecto a otros contenidos”.

a los usuarios. Lo interesante es que la oferta que está haciendo

Me parece que el IFE debe darse cuenta de los aspectos más

MVS, que los servicios de internet de banda ancha podrían ser

relevantes de la experiencia electoral de 2012 y evaluar los as-

accesibles a muchos mexicanos, además incrementando al do-

pectos positivos y negativos de nuestra legislación. En cuanto a

ble la velocidad de navegación.

la esfera pública, me parece que tenemos que ir hacia una nueva

Ya me tocó vivir los estragos de una persecución cuando

concepción de lo que puede ser la democracia en los partidos

dirigía Iusacell. Lo grave de la cuestión es estar en medio de

políticos. Creo que los sistemas en donde las propias elites par-

los intereses del gobernante en turno. Javier Lozano (entonces

tidistas establecen quienes son los candidatos a los diferentes

funcionario de la SCT) condicionó la posibilidad de que Med

puestos de elecciones, ya no funciona para las circunstancias

Atlantic comprara a Iusacell, a que me sacaran del país; y tuve

de la sociedad mexicana. Mientras sean las elites de partidos

que salir de México y vivir en el exilio, por lo menos por el resto

políticos quienes determinen quiénes serán los candidatos, se

del sexenio. Sin bien, ahora, Joaquín Vargas habla de un tipo de

complica que los ciudadanos se sientan representados. Eso algo

extorsión o chantaje de parte de Javier Lozano, no me sorpren-

que se debe cambiar si consideramos que se quiera cambiar la

dería puesto que él mismo, me lo aplicó a mí. (Redacción)

vida pública.


AGENDA POLÍTICA

Telenovelas con “causa política” • Guillermo Orozco y Darwin Franco / OBITEL México

El Modelo Televisa, una ficción sin realidad, pero con metáforas hacia ella Lejos han quedado los tiempos donde las telenovelas y las series de ficción de Televisa eran pensadas y producidas para evadir a la gente de su realidad, y no para incidir en ella a través de sus temáticas y narrativas. El Modelo Televisa, acuñado así por la investigadora argentina Nora Mazziotti, hacía referencia a un modo de producción donde las telenovelas no sólo eran caracterizadas por su alto conservadurismo y su apego a los valores católicos, sino también por el desapego de éstas con la realidad que, se supone, reflejaban estética y narrativamente. Con el paso de los años y la aparición de TV Azteca en 1993, el Modelo Televisa cambió y tuvo que adaptarse a nuevos esquemas de producción, los cuales comenzaron a tomar a la realidad como un motor narrativo importante, tal y como pasó con las producciones Nada Personal y Mirada de Mujer, ambas telenovelas que la televisora del Ajusco realizó en conjunto con la productora Argos, en aquellos tiempos de la llamada “guerra de las televisoras”, en la que TV Azteca se colocaba como la otra gran jugadora de la pantalla. El factor de la competencia y el sentido de transnacionalización de los productos televisivos, poco a poco orilló a Televisa a modificar sus patrones de producción pues las telenovelas provenientes de Brasil, Colombia y Argentina comenzaron a tener éxito debido al nivel de proximidad con la realidad y las problemáticas de sus audiencias.

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Mantener el encuadre informativo, y sumarle a éste un componente ficcional, podría ser muy útil en tiempos donde los contra flujos informativos, promovidos desde Internet y las redes sociales, parecen poner en “jaque mate”, a un futuro presidente que es rechazado, al menos, por una tercera parte de la población y, específicamente, por los jóvenes incorporados al movimiento #YoSoy132.

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uadalajara, Jal.- Las sospechas sobre el férreo control informativo que podría generarse una vez que el Partido Revolucionario Institucional y Enrique Peña Nieto arriben a Los Pinos, ha comenzado a sentirse en algunos medios de comunicación, como recientemente ocurrió con la no renovación de la concesión a MVS y los polémicos cambios en Cadena Tres, tras la salida de Pedro Ferriz de Con y la llegada de Pablo Hiriart, éste último muy vinculado a la cúpula priista. Sin embargo, un control muy distinto podría darse en otros escenarios mediáticos más importantes: la ficción televisiva, y no sólo porque el propio Peña Nieto esté pensando, como lo expresó en campaña, promover telenovelas que contengan nuevos modelos de convivencia. Algo así como producciones “con causa”, donde se puedan plasmar aquellos valores morales que su administración busque instaurar y promover “modelos de convivencia familiar y social más igualitarios”. Esa intención peñanietista, que en su momento sirvió para que se le llamase: “El candidato de las mujeres”, y pretendió armar una plataforma electoral para obtener el “voto femenino”, podría ser retomada por la estructura priista para terminar de afianzar el modelo y la estructura de comunicación social que, hasta ahora, le ha garantizado el mantenimiento y el encuadre informativo, no sólo en el tiempo electoral, sino también y sobre todo, después del controvertido 2 de julio.

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Así, la realidad entró forzada a las telenovelas y series de Televisa, pero no se incorporó para fomentar una mirada crítica o reflexiva sobre nuestras problemáticas cotidianas, sino que reforzó, desde el mundo ficcional, esa ideología y los valores que la televisora ha conservado desde sus orígenes. Todo esto, muy a pesar de que Televisa lleva años promoviendo sus llamadas “telenovelas con causa”, las cuales responden más al sentido de altruismo, que al compromiso social desde la ficción.

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Las telenovelas con causa Lo que sí ha cambiado dentro del esquema de producción de las telenovelas en México, específicamente las de Televisa, son los motivos de esas causas, pues –incluso- ahora las ficciones pueden maquilarse “a la carta”; es decir, se puede orquestar y ofrecer el valor simbólico y cultural de la ficción para que el gobierno, o los grupos de poder, puedan ofrecer desde las pantallas su visión de la realidad.

Televisa ha usado sus telenovelas para inhibir o neutralizar desde los valores morales y religiosos, diversos derechos ciudadanos. Un ejemplo de ello fue El Equipo, serie donde el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, invirtió 118 millones de pesos para que Televisa produjera una ficción donde se restableciera “la buena imagen” de la Policía Federal, en el marco de la guerra contra el crimen organizado. Los resultados, según arroja un estudio preliminar del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva

Telenovelas con "causa"

(OBITEL), son positivos, pues pese a la polémica política, las audiencias respondieron de manera favorable al mensaje político-ideológico de la serie, al manifestar su apoyo para que se cuente este “tipo de realidad”. Sin embargo, estos no son los únicos acercamientos ni manipuleos de la realidad mexicana, ya que la propia Televisa ha usado sus telenovelas para inhibir o neutralizar desde los valores morales y religiosos, diversos derechos ciudadanos, tal y como ocurrió con la telenovela Alma de Hierro (2008), que en su trama desechó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y la Ley de Sociedad de Convivencia, ambas promulgadas en ese año, y aún vigentes, sólo en el Distrito Federal. Pero no todo apoyo es negativo. Al contrario, cuando la ficción se lo propone puede apoyar causas nobles, como ha sido el caso de varias de telenovelas producidas por el legendario Miguel Sabido en Televisa durante la década de los 70s, en las que se promovió con mucho éxito de audiencia y de incidencia en la realidad, “la alfabetización de los adultos”, “los derechos humanos de la mujer” y “la planificación familiar”, entre otras “causas”. Por ello, no es descabellado que desde la ficción se busque promover nuevos modelos de convivencia familiar, como busca Peña Nieto, sino también ideas e ideologías políticas que, entremezcladas y diluidas en los amores de ficción, puedan trastocar o modificar la percepción/opinión pública sobre temas relevantes, o en algunos otros, que el gobierno en turno considera potencialmente peligrosos. En últimas fechas se ha reflejado este tipo de meta-mensaje. Por ejemplo, en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, a inicios de julio, se aboga por el orden, por el buen comportamiento, o simplemente se muestra a una madre que, fervorosamente, invoca a la virgen para que su hijo deje de estar participando en protestas y plantones, pues eso le quita tiempo para estar en la escuela y en la casa. Toda coincidencia con el movimiento #YoSoy132 es mero recurso ficcional. La ficción que se nos viene en la pantalla El panorama de la ficción mexicana de cara al inicio de sexenio, está lleno de ambivalencias, ya que por una parte Televisa y TV Azteca, las de mayor rating, anuncian “más de lo mismo”: dramas con temáticas aparentemente innovadoras pero fundamentadas en la vieja fórmula del remake y la adaptación, como sucedió con la ahora producción estelar de Televisa ¡Qué bonito amor!, la cual es una adaptación de la telenovela colombiana La Hija del Mariachi.


obitel@gmail.com

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Así lo hizo Argos con El Octavo Mandamiento (2011), ficción que develó las sospechas sociales respecto al vínculo que se cree, existe, entre la Secretaría de Seguridad Pública y el narcotráfico (específicamente con el Cártel de Sinaloa, operado por “El Chapo Guzmán”). Este nexo, que por igual, se amplió recientemente con la trama de Infames, telenovela que abordó el tema de cómo se construyen las rutas del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a través del mismísimo Ministerio de Finanzas (Secretaría de Hacienda), y que encontró en el rol de “Las Reinas de Palacio”, un pretexto narrativo para exponer, con un componente sexual muy fuerte, cómo es que ocurren los cabildeos y negociaciones entre las cúpulas políticas, financieras y delictivas. Temáticas, éstas, políticamente incorrectas de acuerdo al plan de “comunicación sentimental”, que a inicios de su campaña promovió Enrique Peña Nieto. Infames, también destacó por ser la única ficción nacional que no obvió el proceso electoral; al contrario, utilizó el momento socio-político para develar en el mundo ficcional, los vicios y perversiones de nuestro sistema político-electoral. Por ejemplo, la telenovela evidenció cómo opera el Estado y el partido en turno para favorecer, financieramente, al “candidato oficial” y eclipsar, a su vez, al candidato de la oposición (la izquierda). También reparó en cómo las televisoras operaban para favorecer al que, en la ficción, fue el candidato del partido conservador, Juan José Benavides, y cómo éste, usó esa visibilización para incrementar el miedo hacia el candidato de la izquierda, Ignacio Cabello, él cual, curiosamente, en la ficción también era “un peligro para México”.

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La ficción mexicana, como igual ocurre en los medios informativos, seguirá mostrando esa ambivalencia entre el país en que vivimos y el que las autoridades gobiernan

Esta ficción además incorporó los debates postelectorales y, puso a disposición de las audiencias, el asunto de la invalidación de los comicios y la creación de la segunda vuelta electoral. Fiel a la postura ideológica de sus creadores, esta telenovela recreó la lucha de la izquierda en contra de las instituciones que fraguaron y avalaron el fraude electoral; aunque a diferencia de la realidad, aquí sí tuvieron su castigo los villanos, culminando en el suicidio del recién nombrado Presidente de México. Esta ficción no se calló y dejo claro que desde este género también se puede impulsar una agenda político-ciudadana. Cuestión que, de acuerdo a los planes peñanietistas de control informativo y comunicación social, será una de las cosas que, en la medida de lo posible, se buscará neutralizar y detener. Pese al panorama, Cadena Tres —en co-producción con Caracol Televisión de Colombia— ahora pretende seguir con esa ficción crítica a través de La Ruta Blanca, la cual expone (al mero estilo de las llamadas narco-novelas colombianas), cuál es el camino que sigue la cocaína, desde que ésta se planta en los sembradíos colombianos hasta su inserción en el país, causando la disputa entre los cárteles mexicanos. Todo bajo la mirada complaciente de las autoridades de Estados Unidos. Así la ficción mexicana, como igual ocurre en los medios informativos, seguirá mostrando esa ambivalencia entre el país en que vivimos y el que las autoridades gobiernan; por ello, cuando la tensión en la “opinión pública” se centra en los noticieros, y en los flujos de la información político-económica, que se mueven dentro y fuera de la red, las audiencias debiéramos prestar atención a lo que sucede en la ficción televisiva, ya que este producto televisivo podría ser un canal más natural y por tanto, con mayor potencial para la inserción de los mensajes político-sociales. A fin de cuentas, la vida personal y nacional, es la mejor de las ficciones posibles.

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Lo anterior deja claro que la innovación en la ficción mexicana no está en las televisoras dominantes sino en los canales emergentes, como es el caso de Cadena Tres, que unida con la productora Argos, ha comenzado a realizar telenovelas y series donde la realidad no sólo es un insumo, sino un pivote narrativo que sirve para vincular simbólicamente la realidad con la ficción y ofrecer desde ahí, una postura crítica que asume a una audiencia más pensante y crítica.

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Un organismo ciudadano para la publicidad oficial

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stamos tan acostumbrados a la publicidad oficial que con frecuencia la consideramos como un rasgo inevitable de nuestra vida pública. Para muchos es un mal menor. Para unos cuantos, se trata de una de la atadura más ominosa que compromete el profesionalismo de numerosos medios de comunicación y sigue supeditándolos al poder político. La compra de espacios en los medios de comunicación implica la inversión de dinero fiscal –dinero público— que por lo general se destina a promover los intereses o la imagen de los funcionarios públicos. Esa adquisición de segmentos de plana o páginas enteras en la prensa escrita y, fundamentalmente, de spots de hasta varios minutos y en ocasiones programas completos en la televisión y la radio, se ha convertido en una de las rémoras más costosas de la democracia mexicana. Los ciudadanos están tan acostumbrados a la publicidad oficial que no encuentran extraña la inserción, junto a comerciales de refrescos y servicios bancarios, de anuncios que pregonan las obras públicas que inaugura un gobernador o los servicios de salud que tenemos gracias a un presidente de la República. Los funcionarios públicos, por su parte, consideran que el gasto en propaganda resulta indispensable para gobernar. La publicidad oficial coloca a los medios en condiciones de sujeción al poder político. Además, de manera prácticamente inevitable, se convierte en un factor que condiciona o distorsiona las decisiones editoriales. Por muy separadas que se encuentren la gerencia y la redacción, el peso de la publicidad será importante al momento de decidir el tono, la ubicación e incluso la publicación de una nota en donde se hagan referencias al gobierno o al gobernante que pagan inserciones en un medio de comunicación. La publicidad siempre influye en tales decisiones, incluso cuando se trata de publicidad privada. Cuando es pagada con fondos públicos, estamos ante el empleo de recursos de la sociedad usados para favorecer a una

institución o un funcionario específicos. Se trata, entonces, de la utilización de dinero público en beneficio de intereses particulares. “Yo pego, para que me paguen” La publicidad oficial es recurso para premiar o amagar a los medios de comunicación. En México, durante toda la segunda mitad del siglo XX fue el mecanismo más utilizado para propiciar la sumisión (y de esa manera la homogeneidad) de la mayor parte de la prensa escrita. A las publicaciones que ganaban la simpatía del poder político se les premiaba con inserciones pagadas. A los diarios y revistas críticos se les restringía o cancelaba la contratación de espacios. “No pago para que me peguen”, justificó el presidente José López Portillo su decisión para cancelar la publicidad en Proceso. El problema era que ese, igual que muchos otros gobernantes, tomaban decisiones como si el dinero para pagar anuncios oficiales fuera suyo. El cambio de partido en el gobierno, lejos de modificar esa costumbre, la acentuó. Las decisiones de la administración federal en materia de contratación de publicidad

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• Raúl Trejo Delarbre

Peña Nieto propuso fiscalizar la publicidad oficial con ente ciudadano.


Construcción de un candidato Además de las implicaciones desfavorables que puede tener para la independencia y el profesionalismo de los medios de comunicación, la propaganda oficial tiene una renovada importancia como elemento de persuasión electoral. La promoción de Enrique Peña Nieto como personaje de intensa notoriedad pública estuvo apuntalada en un intenso gasto para la contratación de propaganda en la televisión nacional. El empleo de recursos públicos del Estado de México para pagar spots y en ocasiones programas dedicados por completo a esa entidad y en donde aparecía su entonces gobernador, fue abiertamente conocido. En Zócalo de agosto pasado nos ocupamos de la operación mediática y financiera para construir a Peña Nieto como presidenciable. Ese empleo de dinero fiscal pudo haber sido éticamente cuestionable, pero no fue ilegal. Por eso después de la elección presidencial, cuando algunos de los partidos que compitieron contra el PRI denunciaron la campaña publicitaria en la época de Peña Nieto como gobernador, la autoridad electoral resolvió que esa propaganda no infringió la ley. Además el IFE no tiene atribuciones para sancionar propaganda difundida antes de la temporada formal de precampañas y campañas que preceden a cada elección federal. La propaganda oficial se ha convertido en arma de dos filos. Permite que un funcionario o una institución sean intensamente promovidos entre los ciudadanos. Pero reduce la política a la propagación de spots, supedita el consenso al dinero que cada entidad o institución puedan gastar, hace de los medios privados el

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difundir sus méritos. Por eso durante todo el año vemos y escuchamos spots de gobernadores e incluso de legisladores que se promueven con dinero público. Aunque el Código Electoral precisa que esos anuncios solamente pueden difundirse “en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público”, con frecuencia aparecen spots con gobernadores de diversas entidades ufanándose de sus administraciones en cadena nacional.

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2007: restricciones incumplidas La reforma electoral de 2007 estableció una limitación inicial a ese derroche al disponer, en el artículo 134 Constitucional, que la propaganda que difunda cualquier dependencia o entidad del Estado mexicano, lo mismo federal que local, “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. El Código Electoral aprobado en 2008 eximió de esa disposición constitucional a los funcionarios que presenten su informe anual de labores. Durante siete días antes y cinco después de tal informe, esos funcionarios pueden

La promoción de Enrique Peña Nieto como personaje de intensa notoriedad pública estuvo apuntalada en un intenso gasto para la contratación de propaganda en la televisión nacional

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fueron tan o más discrecionales que durante los gobiernos priistas. Pero hubo dos transformaciones. La mayor parte de esa publicidad fue destinada ya no a los medios impresos sino, cada vez más, a la televisión y de manera complementaria a la radio. Al mismo tiempo, el monto del gasto gubernamental en materia de publicidad creció mucho más que otros rubros en el presupuesto federal. De acuerdo con el grupo Fundar, en 2007 el gobierno de Felipe Calderón gastó algo más de 1700 millones de pesos en la contratación de publicidad. En 2009 ese gasto ascendió a 4900 millones de pesos. En 2011 fue por lo menos de 5027 millones de pesos. En los primeros 5 años de este sexenio el gobierno federal destinó casi 20 mil millones de pesos a comprar espacio en los medios. En el campo de las empresas de comunicación también hubo cambios durante los gobiernos encabezados por el PAN. La nueva autonomía respecto del Estado que ganaron muchas de tales empresas, sirvió poco para el desarrollo de un periodismo más profesional. Los viejos vicios en el trato con el poder político fueron reeditados, a veces con diferentes rasgos. Una nueva arrogancia antigubernamental reemplazó a la docilidad de antaño. Los directivos de no pocos medios encontraron más redituable amagar al gobierno que supeditarse a él y bien podrían ufanarse “yo pego, para que me paguen”. El gasto en publicidad de otras instituciones estatales se diversificó e incrementó. No hay secretaría, gobierno estatal o incluso municipal en el caso de las ciudades con más recursos, organismo autónomo o institución educativa financiada con dinero público, que no destine una porción de su presupuesto para anunciar sus logros o, incluso, virtudes de los funcionarios que los dirigen. Los ciudadanos pagamos la auto promoción de gobernadores, secretarios, alcaldes y rectores de todo el país.

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ágora exclusiva de tal intercambio de imágenes y mensajes y los convierte en ostensibles beneficiarios de ese derroche de recursos financieros. Y al final deja la impresión, cierta o no, de que la adhesión de los ciudadanos ha sido forjada exclusivamente a fuerza de dinero y spots. Enrique Peña Nieto fue favorecido, pero a la postre también ha sido perjudicado con el abuso que cometió al despilfarrar dinero público para comprar spots, especialmente en televisión. Los reproches ante la intensa exposición que lo ayudó desde años antes de la elección presidencial y el compromiso mutuo que esa inversión financiera construyó con Televisa, se han encontrado en el centro de la impugnación política a su triunfo electoral. Tales cuestionamientos no tienen validez jurídica, porque Peña Nieto y su equipo no incumplieron ninguna ley con el gasto publicitario cuando fue gobernador. De hecho, el gasto en propaganda del gobierno de Marcelo Ebrard en la ciudad de México fue mucho mayor. Pero el desembolso publicitario y el beneplácito que propició en la actitud de las televisoras han sido motivo de intensas denuncias y reproches políticos. Las develaciones del periódico The Guardian, que antes de la elección del 1 de julio publicó documentos acerca de la contratación de servicios de propaganda en Televisa y algunas de sus empresas filiales, no fueron novedosas aunque sí vistosas. Años atrás, esos datos y otros similares habían sido difundidos, especialmente por el periodista Jenaro Villamil. Algunos de tales documentos no se refieren a transacciones definitivas sino

a propuestas que Televisa o algunas de sus subsidiarias presentaban a los colaboradores de Peña Nieto. Pero la existencia de una campaña televisiva para erigir al entonces gobernador en aspirante presidencial fue constatada, durante varios años, por televidentes de todo el país. Interesantes propuestas del PRI Más allá de las denuncias, después de las elecciones de julio la única fuerza política que (al menos hasta ya avanzada la segunda quincena de agosto) ha planteado un mecanismo específico para regular la publicidad oficial ha sido el PRI. El 11 de julio, al presentar a los coordinadores de su equipo de trabajo, Enrique Peña Nieto hizo tres propuestas: crear una comisión nacional contra la corrupción, ampliar las atribuciones del IFAI y establecer un organismo ciudadano para fiscalizar la publicidad oficial en todos los niveles. La información que proporcionó el PRI acerca de esa propuesta indicó: “se iniciarán los trabajos de la iniciativa para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación, con el propósito que la información que los gobiernos den a conocer a través de los medios de comunicación y de espacios contratados se apeguen a principios de utilidad pública, de transparencia, de respeto a la libertad de prensa y de fomento al acceso a la información de la ciudadanía”. Se trata de una idea todavía inicial pero reconoce la importancia, así como las aristas incómodas de la

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La publicidad oficial se paga con dinero de los contribuyentes.


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Desaire en los medios El 11 de julio, poco después de haber sido presentada, esa propuesta de Peña Nieto fue mencionada en el sitio digital del diario Milenio. Al día siguiente, jueves 12 de julio, la propuesta sobre publicidad oficial mereció una decena de líneas al final de una nota en la página 4 de El Universal y un pequeño párrafo en la página 12 de La Jornada. De los diarios más relevantes, solamente Reforma incluyó ese asunto en su primera plana. En los medios electrónicos el tema de la publicidad oficial fue mencionado marginalmente. La crispación política que se mantenía en aquellos días puede explicar la escasa atención a una propuesta que podría airear el principal motivo de opacidad y coacciones entre gobierno y medios de comunicación. Las imprecisiones de esa iniciativa, mencionada por Peña Nieto sólo en términos muy generales, no ayudaba para una cobertura extensa. Pero los medios pudieron haber indagado qué más esperan el PRI y su en esas fechas todavía candidato presidencial en el tema de la publicidad oficial. Podrían haber documentado ese asunto acudiendo a datos disponibles acerca del gasto de gobiernos e instituciones públicas en la compra de espacios publicitarios. No les resultaba difícil requerir opiniones de especialistas y grupos interesados en ese asunto. Fundar ha documentado con gran esfuerzo los montos de la publicidad oficial en los estados y en el plano federal. Artículo 19 ha mencionado ese tema entre los más delicados en contra de la pluralidad y la libertad en los medios. La AMEDI lo ha reiterado en sus propuestas para la reforma legal de la comunicación.

El Encuentro por la Diversidad y la Calidad en los Medios realizado en abril de 2011 denunció que los medios privados más influyentes “se benefician de enormes y constantes transferencias de recursos fiscales porque los gobiernos federal y estatales, así como numerosas instituciones públicas, saturan de propaganda las frecuencias y atiborran de dinero público las finanzas de tales empresas al contratar espacios cada vez más amplios en televisión y, en menor medida, en la radio, la prensa y ahora los medios digitales”. Aquel Encuentro demandó que haya transparencia en el gasto para publicidad oficial y propuso que por cada peso que se gaste en propaganda gubernamental en televisión y radio comerciales, “se destine un monto idéntico a un fondo para la producción audiovisual independiente y para el fomento de la comunicación comunitaria y ciudadana”. Nada de eso recordaron los medios cuando, a mediados de julio, el aspirante presidencial priista esbozó la mencionada propuesta. Hasta donde pudimos apreciar, el único comentarista que la tomó en cuenta fue Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que en un artículo en Proceso del 22 de julio, después de recordar que los datos sobre publicidad han sido reservados tanto por el gobierno federal como en los estados, consideró “es plausible que haya en esa misma lógica un organismo que vigile las contrataciones al respecto, pues en la práctica violentan la libertad de expresión al generar incentivos para uniformar información gubernamental en perjuicio del derecho a saber de la sociedad”.

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publicidad oficial. Esa y las otras dos iniciativas requieren del respaldo de las fuerzas políticas más importantes porque implicarían reformas constitucionales. Así que son ofrecimientos en busca de compromisos, dirigidos especialmente al PRD y al PAN. Al menos durante mes y medio, las propuestas de Peña Nieto fueron ignoradas por el resto de los partidos. Los medios mismos, le dieron escasa atención. La sugerencia para que un organismo afianzado en la sociedad supervise los gastos en publicidad oficial fue desdeñada, o minimizada, en los medios más importantes.

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La nueva Legislatura será el espacio y, sus sesiones, el momento adecuado para saber si el PRI está realmente interesado en regular la publicidad oficial y si en el resto de los partidos políticos hay la sensibilidad política necesaria para tomarle la palabra.

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Felipe Calderón realizó un gasto desproporcionado en publicidad.

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Para dar forma a la propuesta La nueva Legislatura será el espacio y, sus sesiones, el momento adecuado para saber si el PRI está realmente interesado en regular la publicidad oficial y si en el resto de los partidos políticos hay la sensibilidad política necesaria para tomarle la palabra. Sugerir que la esa publicidad sea regulada por un organismo independiente de los poderes e intereses políticos resulta adecuado. Para que esa idea lograse un cambio auténtico en el gasto público en medios de comunicación, sería pertinente que tomara en cuenta asuntos como éstos: - Las atribuciones del organismo autónomo. No es lo mismo regular, que supervisar. No es igual conocer presupuestos de gasto publicitario antes de que se ejerzan, que enterarse cuando esas contrataciones han sido realizadas. Hay diferencias entre establecer criterios para normar la publicidad oficial y garantizar su cumplimiento en cada caso específico. - La definición misma de qué es la publicidad oficial será necesaria en cualquier intento para regirla. Habrá que distinguir entre propaganda (la promoción de obras, acciones y dichos de los funcionarios) y la información para servicio de la sociedad (campañas y alertas sanitarias, explicación de trámites que deben realizar los ciudadanos, avisos de protección civil, etcétera). 1. Sería deseable que la propaganda fuera reducida al mínimo o, mejor aún, que desapareciera del todo. El gasto en publicidad oficial podría quedar reducido a la publicación de avisos e informaciones. 2. Los formatos y canales de la publicidad oficial deberían ser seleccionados de acuerdo con el mensaje que se busca difundir. Resulta absurdo, además de ineficaz, contratar la producción de una telenovela en el Canal de las Estrellas para mejorar la imagen de la policía federal

como hizo el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública (véase Zócalo, junio de 2011). 3. La publicidad oficial debería tener entre sus prioridades el respaldo a los medios de comunicación y los mensajes de calidad. La audiencia de un medio no debiera ser el mejor, ni el único criterio para seleccionarlo como beneficiario de publicidad estatal. Las inserciones pagadas con recursos públicos pueden apuntalar a medios de comunicación cuyos contenidos y existencia son de interés público. 4. La publicidad en emisoras de radio y televisión privadas solamente debería ser contratada cuando haya sido cabalmente utilizados los tiempos fiscal y oficial de los cuales dispone el Estado en cada estación concesionada. 5. Debería haber una política de contrataciones destinada a los medios de carácter público. La mayoría son medios permisionados y, mientras no cambie esa taxativa en la ley de Radio y Televisión, no pueden recibir ingresos por venta de publicidad. Pero hay medios no comerciales que sí pueden vender espacios, como el Canal 22 y varias estaciones del IMER. 6. El organismo regulador de la publicidad oficial debería tener autonomía y recursos suficientes para desempeñar tales cometidos. 7. La pretendida integración ciudadana de tal organismo habría de asegurarse con reglas para que, quienes conformen su cuerpo directivo, estén al margen de partidos y gobiernos pero también de cualquier empresa de comunicación. 8. La designación de ese cuerpo directivo tendría que estar a cargo del Congreso. Podrían elaborarse listas de candidatos a propuesta de universidades y organismos profesionales. 9. Las tareas de ese organismo autónomo deberían estar respaldadas por mecanismos de diagnóstico y evaluación de los medios que reciben publicidad oficial. Tendría que haber informes regulares y públicos acerca de las audiencias de tales medios. 10. Como sugirió el Encuentro ciudadano de 2011, por cada peso destinado a publicidad oficial debería haber otro destinado a la producción independiente de contenidos audiovisuales de calidad.

trejoraul@gmail.com


Joaquín Vargas, de MVS

• Mauricio Coronel Guzmán el 25 de julio de 2012, el subsecretario Olavarría les propuso que cedieran al gobierno 70 MHz, a cambio del refrendo de 120 MHz por 15 años. Según Vargas, esa opción debía ser solicitada a iniciativa de MVS: para afinar los detalles, los abogados de MVS se reunieron con el titular de la SCT, el Director Jurídico y el propio Subsecretario Olavarría, y acordaron que la secretaría evaluaría internamente la forma y plazo para instrumentar lo que llamaron “La Propuesta Olavarría”. En otro ángulo de la negociación, que Joaquín Vargas denominó “La Negociación Pinos”, dijo que el domingo 3 de junio, Alejandra Sota, de la Oficina de Comunicación Social de la presidencia les informó, a través de los abogados, que “la resolución favorable de la concentración de Televisa en Iusacell, ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando, MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución”. Joaquín Vargas señaló que MVS tiene un dictamen de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aprobado por unanimidad de su pleno y otro de la Comisión Federal de Competencia (CFC); asimismo, contaba con socios que garantizaban tecnología de punta en lo que a banda ancha se refiere, y la disposición para democratizar el capital de la empresa y permitir la participación de nuevos socios. Vargas cuenta que ya habían aceptado que para operar esa concesión,

f o rma c i ó n

Versión de MVS Para asombro de algunos, Joaquín Vargas leyó lo que dijo fueron palabras textuales de Javier Lozano, ex Secretario del Trabajo: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz, tiene méritos propios, pero si recontratas a

la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este Gobierno hasta su último día”. En más revelaciones, Vargas dijo que la tarde del 4 de febrero de 2011, en relación a la pregunta incómoda que había formulado Carmen Aristegui: “recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”. Asimismo, Joaquín Vargas destaca que aquel viernes tenía programado una reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados con la Banda de 2.5 GHz. En la sala de espera, le informaron que el Secretario quería verlo en privado en su despacho, a lo que el Secretario le advirtió textualmente: “Tengo instrucciones del señor Presidente, de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del Presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día ‘feriado’ yo con mucho gusto los recibo en esta Secretaría”. El directivo, además precisó, que al inicio del proceso de rescate, se encontraban en plenas negociaciones con el Gobierno Federal. Recordó que,

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l miércoles 15 de agosto, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS Comunicaciones, señaló que su empresa no cedería al chantaje de la actual administración federal. Denunció que la realidad demuestra que la “decisión de expropiar la banda 2.5 GHz ya estaba tomada”, y que al final fueron engañados. En conferencia de prensa, el dueño de MVS fijó postura ante el anunciado rescate de las concesiones de la frecuencia: “no nos dejaremos”, aseveró. A partir de las graves declaraciones de Joaquín Vargas se fueron corroborando sospechas que se habían referido desde 2011. La mañana del 7 de febrero de aquel año, el noticiero matutino de MVS anunciaba que el retiro de la conductora Carmen Aristegui se debía a presuntas violaciones al “código de ética” de la empresa. La periodista había preguntado, en la emisión del viernes 4 de febrero, si el presidente Felipe Calderón tenía problemas de salud por su manera de beber. Ahora, dieciocho meses después con el ‘rescate’ de la banda de 2.5 GHz algunos elementos del rompecabezas se empiezan acomodar en una maraña de mentiras donde lo único claro es que muchos pierden.

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MVS, exhibe chantaje

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se llevara a cabo a través de un tercero neutral e independiente, que fungiera garante ante clientes y socios, y como fiduciario ante el Gobierno para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el título de concesión, entre otras condiciones requeridas.

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‘Rescate’ de la 2.5 En un anuncio polémico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó su negativa a prorrogar las concesiones en la banda de 2.5 GHz, e inició el procedimiento de rescate de todas las frecuencias en esa banda, la cual desde su perspectiva, “está considerablemente subutilizada”. Carmen Aristegui ha dicho en su espacio de noticias que “el rescate de la banda 2.5 GHz va con dedicatoria.” El argumento de que busca fomentar la competencia no pretende reducir la concentración, ni limitar a los monopolios, menos beneficiar a los consumidores. Como ha señalado el Dr. Raúl Trejo Delarbre: “Aunque el secretario Dionisio Pérez Jácome se ufana de reivindicar una ‘política de telecomunicaciones’, la única política del gobierno en ese campo ha sido para beneficiar a Televisa y Azteca. Así que el rescate de la banda de 2.5 GHz no puede ser entendido al margen de los privilegios que la administración del presidente Calderón les ha otorgado a esas televisoras”. El Gobierno mexicano aduce una sub-utilización de la Banda y el supuesto rechazo por parte de MVS al pago de una contraprestación para iniciar un proceso de rescate de la Banda de 2.5 GHz. Ante lo cual, Joaquín Vargas se pregunta, ¿qué motivo tendría el Gobierno Federal para desechar una propuesta de esta naturaleza? Denuncia que no hay elementos objetivos para hacerlo, “por lo que solamente se explica en función de las presiones reconocidas de Televisa y

a la antipatía manifiesta que algunos personajes de este Gobierno en contra de la administración de MVS”. Dime y diretes En una segunda conferencia de prensa, el miércoles 22 de agosto, y luego de que Alejandra Sota y Javier Lozano, aludidos en el supuesto chantaje, rechazaran las imputaciones del presidente del Consejo de Administración de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas presentó ante los medios de comunicación la transcripción de conversaciones telefónicas realizadas con la vocera presidencial Alejandra Sota, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano y el titular de Comunicaciones y Transportes, Dionisio PérezJácome donde se comprueban los chantajes y amenazas contra esa empresa, primero para despedir a la periodista Carmen Aristegui y luego para no recontratarla. En pantallas gigantes, JoaquínVargas exhibió documentos donde los funcionarios señalados dan instrucciones de lo que tendría que hacer para aminorar la molestia de la Presidencia, luego de la pregunta incómoda de Aristegui. En caso de responder a las exigencias de los funcionarios de Calderón, MVS obtendría el aval presidencial para lograr los 42 refrendos de la banda 2.5 GHz. “Te sugiero una rápida y contundente respuesta y salida”. “No puede ser esta pinche fobia de Carmen (Aristegui)”. “Te va a terminar costando mucho a ti tu relación con ella, yo la corría, sé que no me estás preguntando.”, así se leyó una de las transcripciones mostradas por Vargas tomadas de su Blackberry, atribuidas a Javier Lozano, luego de que el ex secretario del Trabajo, rechazara las primeras versiones del chantaje denunciado por Vargas. “Las declaraciones de Lozano son falsas de toda falsedad, yo he dicho la

verdad”, dijo Joaquín Vargas. Asimismo, demostró mediante un documento que reúne mensajes con Alejandra Sota, un texto que Aristegui debía leer a manera de disculpa por haber preguntado si Calderón tenía problemas de alcoholismo. En el texto enviado por Sota en febrero de 2011, y que esperaban que Carmen Aristegui leyera dice: “El viernes pasado aludí al contenido de la manta de Fernández Noroña. Debo decir que he recibido sin numero (sic) de críticas y cuestionamientos en las redes sociales y personalmente a través de distintas vías. El más serio de ellos es que violenté el código de ética que me comprometí a respetar que dice ‘xxx’, en este concreto, di por válida una presunción en tanto que estoy pidiendo pruebas que la desmientan, di por válida una presunción y una duda verdaderamente grave sobre la integridad física y de comportamiento de una persona y específicamente del presidente de la República. “Además, preguntando un poco acerca del comportamiento del Presidente a través de quienes más lo conocen o han tenido la oportunidad de convivir con él como presidente, e incluso a través de la fuente que cubre la Presidencia de la República, incluyendo a la reportera ‘xxx’ que ha llevado a cabo en su calidad de Presidente de la República más de 1700 eventos públicos, a los cuales no se tiene ningún reporte por parte de la prensa que lo cubre o por cualquier otro medio, a que haya faltado en una sola ocasión por razones de salud a uno de sus eventos públicos, mucho menos por las razones infundadamente aludidas por el diputado Fernández Noroña. El Presidente es una persona saludable, practica deporte, en particular ciclismo, natación o corre de entre 3 y 5 kilómetros diariamente”. @MauricioCG2012


La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) promovió un amparo contra la resolución de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que autorizó la concentración de Iusacell y Televisa, mismo que fue admitido por el Juzgado Decimotercero Administrativo del Distrito Federal. El abogado Agustín Ramírez de la AMEDI conversó con revista Zócalo para explicar las implicaciones de esta demanda y el camino por recorrer para que el Poder Judicial señale si la concentración Iusacell-Televisa vulnera el derecho a la información y la libertad de expresión.

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complementarios no vayan a haber repercusiones nocivas. Al ser Ricardo Salinas dueño tanto de Iusacell como de TV Azteca, entonces por simple lógica es posible que haya colusión de intereses con Televisa y que limiten más la presencia de contenidos en medio abiertos y que esto repercuta en el ejercicio fundamental del derecho a estar informado, se limita la pluralidad, la posibilidad de tener nuevos criterios, nuevas opiniones. La AMEDI ha invocado la figura del interés legítimo, ¿cuál es su fundamento? Antes de la reforma constitucional del 2011 se hablaba de garantías individuales que son los derechos que tienen los particulares. La reforma los transformó en derechos fundamentales. Pero la reforma trae aparejado otro concepto en materia de amparo para acompasar con el de los derechos. En el tema de los amparos se pasa del interés jurídico de los particulares al interés legítimo. El interés legítimo se relaciona con los derechos difusos, estos derechos que impactan en el cuerpo social y que es muy importante que alguien los defienda. Es

toda una tendencia mundial respecto a los derechos fundamentales. La reforma constitucional de 2011 es un logro de las organizaciones de la sociedad civil, no fue una gracia que el Estado otorgó. Pero hecha la reforma no pueden las organizaciones simplemente decir: bueno ya que está esto vamos a explorar el escenario y vamos a demandar. Tenemos que demandar en contra de un acto de autoridad y justo se nos presentó la autorización de la Cofeco, un acto clarísimo de la autoridad que atenta contra los derechos fundamentales. La Cofeco impuso unas condiciones para autorizar la concentración en Iusacell ¿Para la AMEDI cuáles condiciones se están incumpliendo? La autorización les imponía particularmente dos condiciones importantes, primero que no hubiera la posibilidad de compartir la administración entre Grupo Televisa y Grupo Salinas, y segundo que las empresas no interfirieran en el desarrollo de la tercera cadena de televisión. La primera nos parece que es una situación de párvulos, por que ahora resulta que el presidente de Televisa

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• Clara Inés Luna

En qué consiste la acción interpuesta por la AMEDI? Es un amparo, utilizando el concepto de interés legítimo, en el que la AMEDI representa a la sociedad en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Nosotros argumentamos que en la transacción entre Iusacell y Televisa se van a concentrar más los mercados de la televisión abierta y de la televisión de paga. No hablamos sobre si aumenta la competencia en el mercado de la telefonía. Ese es el punto esencial del amparo, que Televisa y TV Azteca se van a poner de acuerdo para limitar el manejo de la publicidad y los contenidos en televisión. Adicionalmente, todo amparo busca la suspensión del acto reclamado porque se piensa que mientras permanezcan los efectos de ese acto de la autoridad se vulneran los derechos que nosotros demandamos. La pretensión de AMEDI es que la Cofeco eche para atrás la autorización de la concentración de Iusacell y Televisa. La misión de la Cofeco es vigilar, cuando autoriza estas concentraciones, que en los mercados

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A. Ramírez: Concentración vulnera derechos

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es copresidente de GSF, y dice la Cofeco que la limitación fue a nivel de vicepresidencia, como si la condición no tuviera una finalidad última de evitar poner en riesgo los mercados complementarios. Yo creo que es al revés, de la vicepresidencia para arriba, porque es a nivel de la copresidencia donde se toman las decisiones importantes. Yo creo que si hacen un análisis tendrían elementos para prohibir la copresidencia por los riesgos de colusión que existe entre ambos grupos empresariales. Desde nuestro punto de vista esta es una restricción que se está incumpliendo, aunque en la formalidad, en la literalidad de la autorización, no se está incumpliendo. El segundo tema nos parece que es una ingenuidad, porque sabemos de varios amparos que se han promovido por parte de filiales de Televisa en contra del acuerdo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que anuncia las acciones encaminadas a tener un programa de licitación para la tercera cadena. Aquí el cuestionamiento que hacemos es que hubiera sido mejor que la Cofeco hubiera dicho: "yo les concedo la autorización una vez que ustedes no hayan interferido en la licitación de la tercera cadena y haya un nuevo competidor". Yo creo que los amparos sí obstaculizan la tercera cadena. A fin de cuentas se trata de agencias filiales a Grupo Televisa. Pero estoy seguro de que ellos tendrán una salida legal, van a decir: "la limitación fue para el corporativo, no para nuestras empresas filiales que tienen una naturaleza jurídica propia y ellas pueden hacer lo que quieran, ellos no firmaron las restricciones, las firmaron sólo Televisa y Grupo Vasco de Quiroga". Pero ahí yo creo que tendré que coincidir con la Cofetel, por primera vez: es la Cofeco la que debería estar estudiando de oficio si esos amparos

afectan o no el cumplimiento de las condiciones, como deberían estar estudiando si la copresidencia implica que exista la posibilidad de colusión aunque la limitación haya sido en la vicepresidencia, pero es una cuestión de interpretación y estoy seguro que la Cofeco esta en la complacencia. ¿Cuáles son los trámites del proceso iniciado por la AMEDI? Para el 16 de agosto estaba acordada la celebración de la audiencia constitucional del caso, que es la denominación que se le da al análisis que hace la juez cuando tiene todos los elementos que le han presentado las partes para valorar la demanda. Pero para que haya una audiencia se requiere que la autoridad haya entregado su informe justificado, que es un escrito en el que razone cuales son los argumentos y las motivaciones por las cuales actuó, y que las terceras perjudicadas emitan su punto de vista sobre lo que la AMEDI pretende. La Cofeco puede decir que autorizó la concentración en ejercicio de las atribuciones que le da la Ley de Competencia, porque es la autoridad antimonopolios, y dicta esa política, pero en este caso, lo que tiene que razonar es porqué dio esa autorización en el marco de la defensa del derecho de la información. Pero la autoridad todavía no rinde su informe, porque estaba de vacaciones. Lo más seguro es que la audiencia se difiera, no sabemos la fecha, esto es cuestión de la propia juez de acuerdo a los tiempos que tiene, las cargas administrativas, etc. Con relación a las terceras, lo primero que se hace es notificarlas. Esto ya se hizo con Televisa, con Iusacell y TV Azteca, no. Esto es una cuestión interesante. Cuando se le notifica a Televisa ellos reciben sin mayor problema, pero cuando se le va a notificar a Iusacell y TV Azteca ellos dicen:

AMEDI defiende derechos fundamentales.

“aquí no es”. Curiosamente Iusacell , a través de un solo representante legal acepta las condiciones a nombre de TV Azteca y GSF, que es el corporativo que incluye a Iusacell. Esto fortalece nuestra hipótesis de que estamos hablando de los intereses de un grupo que maneja telecomunicaciones y televisión abierta y de paga. Lo que han hecho en esas condiciones habla de los intereses que están ahí. Todos conocemos la política litigiosa de TV Azteca, estas son parte de las mañas legales. ¿Qué hacemos entonces? Le pedimos a la Cofetel que aporten al juzgado el domicilio registrado que quienes aceptaron las condiciones, así que no tienen como alegar que ellos no tienen "vela en el entierro". Insisto, este es un dato importante; si la aceptación de las condiciones está firmada por TV Azteca y GSF, pues entonces las terceras perjudicadas son TV Azteca y GSF. Televisa, como tercera perjudicada promovió una queja contra el auto de la juez que admitió el amparo de la AMEDI. Esto frena el procedimiento del amparo porque primero tiene que resolverse esta queja en contra de la juez. En tanto esto no se resuelva la juez no puede continuar el juicio de amparo. En tiempos normales, una sentencia de amparo lleva de dos a seis meses, pero en esta situación puede llevar varios años.

@ClaraInesLuna


• Salomón E. Padilla*

Composición de portadas de diarios

que no conocieran de la materia o no tuvieran la capacidad o iniciativa propia y, por consecuencia, centrar el eje de toda la actividad en la oficina de presidencia. No se necesita ser experto para ver que el resultado fue desastroso para el país. Como ejemplos, la cobertura real de redes no creció, el fondo de cobertura social es un instrumento estrecho y oscuro; el empuje que el estado pudo haber dado con las generación de la concesionaria estatal denominada CFE Telecom (en sí una contradicción), y la licitación de las dos fibras oscuras propiedad de CFE, no se logró; pues no operan completamente, y los resultados arrojan que solo se generaron elementos conceptuales, a tal grado que su planeación y ejecución fueron tan malas, lo cual hace pensar que se buscó a toda costa su fracaso.

Fracaso anunciado En cuanto a la competencia, esta fue la que más sufrió al no entrar nuevos competidores, otros salieron, como MVS y múltiples operadores de TV restringida local; tampoco se generaron condiciones para que existan inversiones, fuera de los existentes en el mercado; eso si, las consolidaciones con jugadores existentes estuvieron a la orden del día, como el caso Iusacell-Televisa en el caso de servicios inalámbricos móviles y Televisa-Cablemas-TVI-, para el caso de Triple Play y TelcelTelmex en un solo paquete, lo que a la postre nos lleva a un mercado de dos jugadores nacionales fuertes, esto es Telcel y Televisa y dos de nicho Telefónica y Nextel. Pero, ante la crónica del desastre anunciado que no sólo tiene incidencia en la calidad y precio de las telecomunicaciones, sino también en la competitividad de las empresas, aunado al derecho de acceso a la información, comunicación, seguridad, educación y cultura de los ciudadanos, no podemos

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Por otro lado la convergencia, no se apareció por ningún lado; esta no se puede dar sin apertura de contenidos y dispositivos, basando el sexenio en la discusión de la interconexión de voz; la agenda digital quedó en un esbozo de lo que debería ser, y se sigue apostando a nuevas Tv´s comerciales con la idea de un mejor contenido, cuando esas frecuencias pueden ser mejor utilizadas para banda ancha.

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asi doce años han pasado sin que en México se genere una política de telecomunicaciones, siendo los últimos seis, el reflejo de que en nuestro país, las interminables contiendas electorales y vendettas personales inciden, de manera directa y personal, sobre las decisiones gubernamentales, dejando de lado las necesidades del país y sus habitantes. La transición democrática no ha logrado ser detonador de un sector necesario para el desarrollo y bienestar de México; eso sí, nos ha brindado una gama jocosa de pan y circo con escándalos, denuncias, revelaciones, acomodos y chismes de vecindario que pudieran ser la trama de una película de los hermanos Marx. Al paso del tiempo, es evidente que no existió el interés de la presente administración por generar una política de telecomunicaciones. De existir, estaría latente un compromiso tangible y medible, respecto de resultados que serían valorados de tiempo en tiempo y sobre todo al corte de caja del sexenio, además limitaba el campo de acción para ejecutar acciones de carácter político electoral; por ello, centró toda la acción gubernamental en las tristemente célebres tres “C”: “cobertura”, “convergencia” y “competencia”, con lo cual el Ejecutivo logra articular la primera pinza de la estrategia, que es nada que medir; la segunda es cooptar y debilitar a las instituciones, lográndolo mediante la inserción incondicional a las mismas

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Seis años sin política de telecomunicaciones

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sino señalar que no sólo fue el Poder Ejecutivo y su gabinete; quien, con sus acciones y omisiones, lleva al país a un retraso. Aquí también, tenemos al Poder Legislativo, quien en las pasadas dos legislaturas sólo se dedicaron a aplaudir, denostar y desaparecer del mapa, según las necesidades electorales del momento, sin reformar el marco jurídico. Pero, ¿qué necesitamos para avanzar en la materia? Es obvio, y hasta repetitivo. Lo primero que se requiere, es una política de telecomunicaciones en la cual su formación se logre mediante la participación y consenso de todos los jugadores, y por ello me refiero concesionarios, permisionarios, proveedores de equipos, investigadores, representantes de la sociedad civil y gobierno federal, estatales y municipales; para que cada uno de ellos, sumen y se comprometan generando los documentos base de acción administrativa y legislativa de ejecución; para iniciar esto, se requerirá de la nueva administración de interlocutores imparciales con un plan de trabajo definido y finito. El trabajo es descomunal pero necesario. Personalmente, creo que todo esto es secundario si no existen las redes de alcance nacional, con sus ramales estatales y locales, por lo que considero que el eje de la política de telecomunicaciones, debe de ser el privilegiar la inversión en la construcción y ampliación de redes de fibra óptica. Suena un trabajo sencillo, mas no lo es; por un lado, se debe reconstruir la confianza de los inversionistas que este gobierno destruyó con sus acciones incautatorias y, por el otro, se debe rehacer el marco jurídico federal, estatal y municipal para que dichas redes estén presentes como prioridad en todo. Una vez logrado esto, podremos pensar en precios, servicios, cobertura social y rural y acceso a banda ancha. El segundo eje, debe ser la remodelación del sistema institucional regulatorio de la materia, basado en

La necesidad de una solución integral es imperativa por la importancia en la repercusión del crecimiento e integración del país. profesionalización, participación, transparencia, publicidad y ejecutividad; términos que generen certidumbre jurídica en los regulados y teniendo siempre en claro, que requerimos de estos para que inviertan su capital en los objetivos trazados por el gobierno; para ello se debe crear un sistema de balances y contrapesos en la toma de decisiones y dar mayor responsabilidad al regulador. Hoy, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ha sido reducida a una oficina para reclamos y trámites; en quince años, no ha podido consolidarse como una institución que estructure el diseño y ejecute las acciones necesarias, por lo tanto, ha sido supeditada al entramado de dependencias tales como la Comisión Federal de Competencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y hasta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales desconocen los detalles finos de la materia. Por otro lado, la forma de designación de los Comisionados no ha sido nada afortunada. Su falta de seriedad y transparencia lleva a pensar que se ha atendido más al control político que a una verdadera visión de Estado, y aquí no solo tiene responsabilidad el Ejecutivo que propone; también, la tiene el Legislativo que dispone, agregando que se deben de generar verdaderas responsabilidades a los comisionados; que hoy, cuando asistan al pleno, emitan su voto a favor o en contra, sin la obligación de sustentar el sentido del mismo. Por último, dentro de esa política se debe crear un marco concurrente, convergente, flexible y revisable, mas no coincido con las propuestas de tirar todo a la basura y empezar de nuevo. Existen elementos del marco actual

que han costado años en construir, y es más eficiente conservar los elementos ya probados, y recibir en el mismo, los nuevos elementos y adecuaciones que permitan lograr su objetivo. Este trabajo requiere tejido fino, tanto en lo político como en su implementación y ejecución; para ello, de nueva cuenta, se requiere de una política clara, de tal forma que enmarque a la misma. Por todo lo anterior, se ve imposible ante el estado de crispación y polarización que vivimos, y la confusión de los actores, respecto a las necesidades de la materia, hace que no seamos precisamente positivos. Pero la necesidad de una solución integral es imperativa por la importancia en la repercusión del crecimiento e integración del país. Pero no todo es negativo, hoy existe una posibilidad para tomar en serio el rumbo.Tendremos una oportunidad de lograr los cambios necesarios, pues la coyuntura en que se da el cambio de administración, del poder ejecutivo, lo obliga a actuar de manera rápida y decidida, demostrando su verdadera institucionalidad, política de competencia y conocimiento de la materia. De lo contrario, su administración cargará con una pesada loza la cual sólo abonará para darle la razón a sus detractores, y perder las elecciones intermedias; por otro lado, la nueva integración de las cámaras permite presentar y discutir las propuestas necesarias y darle la certidumbre y dinamismo al sector. Por último, los regulados requieren de un marco que garantice certidumbre jurídica a su inversión, esto conviene incluso a los favorecidos en el presente sexenio. Espero que las ideas presentes aporten para un debate serio, de lo contrario, de no tomar acción ahora el gobierno, los concesionarios estarán atados de manos, y de seis en seis años, esperando su milagro. *Vicepresidente de ARTM Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México, A.C., y Socio de SAC Abogados S.C.


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El rescate de la 2.5 GHz, otro error de FCH • Rodrigo Gómez García*

Dionisio Pérez-Jacome, Secretario SCT.

favorable a seis solicitudes de prórroga de las concesiones de MVS. Un año después, Cablevisión solicita al Secretario de la SCT reservar y reasignar porciones de la banda 2.5Ghz, a fin de destinarlas para nuevas concesiones y prestar servicios de banda ancha. Ante los avances tecnológicos y la utilización de la banda de 2.5 GHz, MVS solicita a la SCT la modificación de sus títulos de concesión para ofrecer el servicio de banda ancha móvil. En agosto del 2010, la SCT niega la modificación. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), en noviembre de ese mismo año, emite una opinión favorable para MVS al no encontrar elementos en materia de prácticas monopólicas o concentración indebida de la banda 2.5 GHz5. En paralelo existe una ardua negociación entre la SCT y MVS, para que la segunda ofrezca una contraprestación por el cambio de sus títulos de concesión, pueda explotar la banda de 2.5 GHz y ofrezca los servicios solicitados. Por otra parte, las cifras presentadas por la SCT, le parecen exorbitantes

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servicios de televisión restringida a través de la tecnológica de Súper Alta Frecuencia, o mejor conocida por sus siglas en inglés como MMDS1. Desde ese entonces, empieza la disputa directa entre Televisa y MVS, pues por primera vez, en el Distrito Federal, la empresa de televisión por cable Cablevisión tuvo un competidor directo: MVS Multivisión. Desde entonces ambas empresas se han demandado mutuamente en las distintas unidades de negocios relacionadas con las telecomunicaciones y los medios. En el año 2000, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) identificó que la banda de 2.5 GHz tenía grandes cualidades para la comunicación portátil de última generación, por lo que recomendó su uso para las telecomunicaciones móviles internacionales. Además se caracteriza por su gran capacidad para la transportación de datos e imágenes, por lo que se recomienda principalmente para zonas urbanas de “alto tráfico”. Es así que Multivisión en 2003, lanza su servicio de Internet móvil e.go a través de su empresa MVS Net utilizando la tecnología WiMAX; además, presentó un proyecto de banda ancha móvil siguiendo las recomendaciones de UIT. Como bien documenta Mediatelecom Policy and Law2, a partir de 2005 empiezan a vencer gran parte de las concesiones de MVS de la banda de 2.5 GHz, sin embargo en 2007, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) emite una opinión

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l rescate anunciado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pasado 8 de agosto, lo tenemos que entender, primero, en el marco de las distintas y desarticuladas decisiones de la administración de Felipe Calderón en materia de políticas públicas de comunicación y, segundo, en un contexto de lucha por el espectro radioeléctrico, al ofrecer grandes oportunidades de negocio para las empresas de medios y telecomunicaciones. Al mismo tiempo, debemos de considerar que en esos dos grandes marcos de referencia lo que esta en juego, principalmente es la democratización de la comunicación social en nuestro país. De tal suerte, que el actual conflicto entre gobierno federal y la empresa MVS denota uno de los grandes problemas del Estado mexicano. La falta de políticas públicas en materia de comunicación que promuevan la competencia económica, así como garantizar la diversidad y pluralidad en los medios y las telecomunicaciones. Situación que repercute directamente en la calidad democrática, la cultura política y la diversidad cultural de nuestra sociedad. Por otra parte, es de suma importancia explicar las características técnicas que ofrece la banda de 2.5 GHz, y hacer un pequeño recorrido cronológico de ésta en nuestro país, con el objetivo de poner en contexto la relación de MVS y el Gobierno Federal. Recordemos, la banda de 2.5 GHz fue entregada en concesión a la empresa MVS en los años 90 para ofrecer

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Recordemos, la banda de 2.5 GHz fue entregada en concesión a la empresa MVS en los años 90 para ofrecer servicios de televisión restringida a través de la tecnológica de Súper Alta Frecuencia

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a la empresa privada y no acordes con la realidad mexicana, por lo que la negociación se entrampa. El gobierno federal calculó el valor de la banda entre unos 1 mil 400 y 2 mil millones de dólares4, a partir de un promedio de las distintas licitaciones que se han llevado a cabo en el mundo de la banda de 2.5 GHz. Este cálculo, en su momento, se señaló que era arbitrario por que promediaba las recaudaciones de distintos países sin considerar las características de sus mercados y, mucho menos, sin discurrir las posibles razones de vocación social que se han tomado en los distintos países. Al mismo tiempo, la administración de Calderón tomó decisiones polémicas en materia de telecomunicaciones, recordemos sólo tres: a) el otorgamiento de los dos hilos de fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en concesión a Televisa, Megacable y Telefónica; b) la famosa licitación 21 –Nextel/Televisa- y; c) la aceptación de la alianza Iusacell-Televisa por parte de la Cofeco. En los tres casos, el principal agente económico favorecido fue Televisa. Asimismo, en febrero de 2011, se da el no menos polémico despido de Carmen Aristegui de MVS por la nota del supuesto alcoholismo de Felipe Calderón y la no disculpa pública ante el Presidente. Sabemos que el desenlace fue la reincorporación de la periodista a su programa, gracias a la movilización social y la decisión de la familia Vargas de recontratarla. En ese entonces, especialistas en telecomunicaciones –entre ellos Gabriel Sosa Plata5-, ya advertían la posibilidad de la recontratación, y la disculpa pública de Carmen Aristegui, para utilizarlas como moneda de cambio por parte del gobierno federal, y otorgar los refrendos y la modificación de los títulos de concesión de la banda 2.5 GHz para MVS.

El 15 de agosto del año en curso, el director de MVS Joaquín Vargas hizo declaraciones muy fuertes en este sentido, señalando la presión directa del entonces subsecretario de la SCT, Javier Lozano. Independientemente de tomar partido por algunas de las empresas involucradas, por un lado, Televisa y, por el otro, MVS, en las distintas decisiones gubernamentales, advertimos una discrecionalidad por parte de la administración de Felipe Calderón durante todo su sexenio. Es decir, no hay reglas del juego claras para los agentes económicos y, mucho menos, una política pública que modele el sector de las telecomunicaciones hacia un aprovechamiento del espectro radioeléctrico que impulse la competencia económica y la penetración de servicios de banda ancha con vocación social. Por otro lado, se advierte que el gobierno en turno desaprovechó la gran oportunidad que ofrecía la digitalización para re-ordenar el espectro radioeléctrico, tanto en el sector de la televisión digital, como en las telecomunicaciones en general. Situación que deja en desventaja a México en materia de inversión de infraestructura, creación de empleo, y captación de recursos por concepto de refrendos y licitaciones; pero lo que es peor, es no utilizar al sector de las telecomunicaciones como palanca del desarrollo nacional y vector de la democratización del sistema político mexicano. Es importante señalar que la orden de la SCT de expropiar la banda de 2.5 GHz, también pierde sentido por ser una decisión de último momento de la administración calderonista, es decir, no podrá concretar dicha recuperación y, en cambió, dejará al próximo gobierno una banda de 2.5 GHz congelada, pues como han manifestado los dueños de MVS, darán una batalla jurídica, la cual puede llegar hasta

Rodolfo Angulo, Cuartoscuro Joaquín y Ernesto Vargas, dueños de MVS.

instancias como la Suprema Corte de la Nación. Ante esta situación el principal afectado es la sociedad mexicana, pues seguirá sin obtener más y mejores servicios en materia de telecomunicaciones. Al eliminar un competidor más, los grandes ganadores serán los de siempre, las empresas dominantes del sector. Por lo tanto, podemos señalar que la famosa recuperación de la banda de 2.5 GHz es la guinda de las distintas decisiones y acciones, erróneamente emprendidas, por el gobierno de Calderón para conseguir sus tan anunciadas políticas de comunicación, las regidas por la triple ‘C’: La competencia, la convergencia y la cobertura. Finalmente por su parte, el gobierno de Felipe Calderón evidenció, una vez más, su falta de vocación política para construir acuerdos en beneficio del interés público; además, por paradójico que parezca, la decisión de la expropiación confirma la sumisión del poder público a los agentes económicos dominantes. @rggja Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. twitter: @rggja 1 Microwave Multipoint Distribution Service 2 http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_ content&view=article&id=27046&catid=9&Itemi d=35 (consultado, 15 de agosto 2012). 3 http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_ content&view=article&id=27046&catid=9&Itemi d=35 (consultado, 15 de agosto 2012). *

Comentarios de la SHCP con motivo del rescate de la banda de 2.5 GHz. Disponibles en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_content&vie w=article&id=27439&catid=9&Itemid=35 (consultado, 15 de agosto 2012). 5 Sosa Plata, Gabriel (2011) Carmen Aristegui y el Presidente. La Silla Rota el 8 de Febrero de 2011 4


• Ramiro Tovar Landa

expongan un primer análisis costobeneficio para ser considerado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  (COFEMER), en su propio análisis que, por mandato de ley, está obligada a realizar como entidad especializada en esta materia. Sin embargo, la COFEMER se enfrenta a la patología crónica de las autoridades en telecomunicaciones, la del privilegio, que no sólo es un padecimiento arraigado, sino que es de naturaleza viral entre las autoridades y reguladores. Cabe señalar que la creación de la actual COFEMER, fue resultado de instituir una política de desregulación de la actividad económica nacional a cargo de la dependencia antecesora, la Coordinación del Programa de Desregulación Económica creada a inicios de los años noventa en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) —la que tenía, por cierto, una mejor denominación que la actual Secretaría de Economía—. Algunos de los criterios fundamentales en el desempeño de la Coordinación del Programa de Desregulación Económica, y que parecen haber sido olvidados por los actuales funcionarios de la COFEMER, son: 1.-Evitar la discrecionalidad en la aplicación, interpretación y coerción del marco regulatorio, dado que genera inseguridad jurídica, este a su vez, disminuye la rentabilidad esperada de los activos de las empresas. La participación de los particulares en la

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resultado imparcial del análisis cuantitativo, independientemente de los juicios de valor de los involucrados en el diseño de la regulación. Sin embargo, todo análisis, cuya elaboración esté sujeta a entidades no independientes y por agentes comprometidos, inclinados por criterios ajenos a la rigurosidad, como son el sesgo de los intereses de grupo o la visión coyuntural de lo políticamente correcto, se hace maleable, incompleto y por lo tanto erróneo. Conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en su Artículo 69-E: “La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.” En su Art. 69–H, dice: “Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo, los presentarán a la Comisión, junto con una manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha Comisión determine, cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del Titular de Ejecutivo Federal.” Lo anterior obliga a las autoridades a proponer regulaciones que

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uizás el instrumento cuantitativo de mayor importancia en la selección de políticas públicas, que incluye las intervenciones por regulación en los mercados, es sujetar toda iniciativa de intervención en la conducta de los particulares y en la organización de los mercados al rigor de un análisis costo-beneficio. Todos los organismos internacionales recomiendan, como una práctica fundamental de buen gobierno, y que las economías desarrolladas han tratado de incorporar de una u otra forma, un mecanismo de análisis costo-beneficio que discrimine en el continuo flujo de propuestas regulatorias, entre aquellas que tienen una alta probabilidad de elevar el bienestar social, y aquellas que representen un riesgo de disminuir el bienestar y resulten adversas a las economías como un todo, aunque tengan un objetivo socialmente deseable. Cabe señalar que toda, absolutamente toda regulación, genera costos a la economía y que toda regulación puede tener una justificación loable; más no cualquiera tiene un beneficio neto positivo. El estudio del costo-beneficio reclama a lo que los reguladores con frecuencia rehúyen o les conviene ignorar; demanda objetividad y transparencia al requerir identificar todos los costos y todos los beneficios, e implica hacer un ejercicio de cuantificación de ellos y sujetarse al

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Costo-Beneficio del Convenio Marco de Interconexión

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Actualmente, es frecuente la creación de regulaciones en donde no existe falla de mercado alguna y, por tanto, su existencia significa un costo neto para la economía, aún cuando tales regulaciones no involucren algún trámite administrativo.

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actividad económica requiere de una normatividad aplicable que permita: a) la planeación de inversiones en un horizonte de largo plazo, b) la certidumbre de la apropiabilidad de los beneficios o utilidades de las inversiones realizadas y por la innovación de las empresas y, c) la certidumbre en los costos relacionados con el cumplimiento de contratos y de toda transacción que ocurra en el mercado. 2.-Identificar la correspondencia entre el objetivo regulatorio y la existencia de una falla de mercado. Toda regulación es una limitante a la conducta de los particulares que son sujetos a tal normatividad. Dicha restricción debe necesariamente obedecer a la existencia de una o varias fallas de mercado, es decir, un efectoproducto de la libre decisión de los particulares pero que genera un costo social neto en la economía, y en consecuencia, se tendría que regular el ámbito de elección de los particulares. Toda regulación debe tener como objeto jurídico tutelado, una falla de mercado subyacente. De carecer de ella, no existiría justificación económica para su existencia, y por tanto su eliminación es recomendable. Actualmente, es frecuente la creación de regulaciones en donde no existe falla de mercado alguna y, por tanto, su existencia significa un costo neto para la economía, aún cuando tales regulaciones no involucren algún trámite administrativo. En ciertos casos, cuando existen fallas de mercados y éstas no son identificadas correctamente, y su costo social es frecuentemente sobreestimado, la autoridad responde con regulaciones que no están diseñadas para ponderar los propios

costos de la regulación en correspondencia con los beneficios, lo que da lugar a una falla regulatoria que sacrifica beneficios netos potenciales. Estas regulaciones incluso son ineficaces en su objetivo y sólo crea costos a los particulares, por lo que existe una reducción neta en el beneficio social, a pesar de existir un falla de mercado que pueda ser corregida. A la fecha, las manifestaciones de impacto regulatorio que las diversas entidades envían a la COFEMER, en relación a sus iniciativas regulatorias, carecen del análisis formal del binomio beneficio-costo. Por lo que al procedimiento ante la COFEMER se refiere, éste resulta de limitado alcance y restringido a la simplificación administrativa en trámites relacionados con las regulaciones a ser expedidas.

c) Pretender sustituir un arreglo existente de interconexión (bill & keep) entre redes, en tráfico local, por una regulación expuesta a crear riesgos con tarifas discrecionalmente determinadas, en base a modelos de costos incompletos y con supuestos ajenos a las características tecnológicas de las redes, las cuales resultan obligadas o asimétricamente reguladas. d) Confundir el concepto de interconexión con el concepto de compartición de infraestructura de la red obligada, creando una forzada oferta de ésta respecto a todas las redes existentes y potenciales, ignorando los efectos sobre incentivos, la creación de valor de inversiones incrementales y el cambio tecnológico. Es decir, no reconocer que la interconexión existe y puede existir sin necesidad de compartir infraestructura o crear una red preexistente; un “ poo l” de elementos de red, de acceso común a precio administrado centralmente.

Convenio Marco de Interconexión El caso del Convenio Marco de Interconexión (CMI), actualmente en la COFEMER, ilustra las deficiencias anteriormente señaladas, y se enumeran a continuación con base a la Manifestación de Impacto Regulatorio elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones: a) Atribuir los beneficios de la interconexión entre redes al CMI, cuando la interconexión entre redes basadas en cable coaxial y el resto de las redes, existe. Por lo que le atribuyen un beneficio social, que de hecho existe, y que no necesitó de un instrumento regulatorio, como el CMI, para darse entre redes de diferentes plataformas. b) Al ser un hecho la interconexión entre redes, es inmediato inferir que no existe falla de mercado que justifique una regulación sustituta de los arreglos existentes entre redes.

e) Imponer la existencia de tecnología de redes IP, independientemente de toda regla de decisión e inversión de capital en activos de naturaleza específica e irreversible, equipara el concepto de eficiencia con la incorporación instantánea de la mejor tecnología disponible o de vanguardia. Sin embargo, lo anterior es incorrecto y no es viable, dado que atenta contra la suficiencia de los ingresos requeridos para la obtención del retorno de capital invertido equivalente al costo de oportunidad económica del capital a tasas de mercado. La razón es simple, en


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particulares como fuente de capital y eficiencia, lo cual es un costo social per se significativo para toda economía. La actual forma del CMI es una manifestación más que se agrega a una cauda de resoluciones y políticas que, en nombre de fomentar la “competencia” y eliminar las ventajas al "dominante”, termina siendo un instrumento de privilegio a ciertos competidores que se arropan en tales argumentos. El otorgar privilegios por parte de la autoridad, es una extraordinaria fuerza destructiva y tiene como efectos, asignar recursos en forma ineficiente, impedir el genuino progreso económico de los mercados y lesionar la confianza de las autoridades en el plano de la imparcialidad y objetividad, incluidos los reguladores. El ejemplo más diáfano es la exclusividad de los sistemas de cable en ofrecer triple y cuádruple play, cuando tal exclusividad no se justifica más que por la patología del privilegio o del favoritismo; típico del poder, es sustituir el mecanismo de mercado por un diseño regulatorio voluntarista, basado en juicios de valor y axiomas2 ad hoc. El CMI atenta contra el principio de que el intercambio voluntario es mutuamente beneficioso, tanto en forma privada como en el agregado social. Sus argumentos de convenios ventajosos para el operador de “mayor tamaño”, resultan falaces al analizar los factores que causan una asimetría en la postura relativa a la negociación de convenios de interconexión. Pareciera que tales convenios se dieran en un vacío legal, el cual no existe. La compartición de infraestructura es deseable siempre y cuando proceda del intercambio voluntario entre operadores, y tal principio constituye el núcleo de la economía

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telecomunicaciones, el progreso tecnológico causa que el costo de reemplazo de los activos de la red disminuya con el tiempo, mientras los activos actuales continúan funcionando en las redes instaladas y son considerados como un costo de capital irreversible. Incluso en un escenario hipotético perfectamente competitivo existen rezagos en la adopción de las más eficientes tecnologías en términos técnicos, no necesariamente en términos económicos, dadas la irreversibilidades y la gradualidad de la evolución de la demanda; ambos factores, no hacen posible el remplazo inmediato de todos los activos existentes bajo un criterio económico de análisis beneficio-costo. f) Confundir el concepto de beneficio social con los ahorros derivados de evitar un proceso de negociación entre redes. Es decir, que el imponer una solución regulatoria que sustituya un proceso de negociación, resulta en un beneficio social. Lo anterior ignora en forma fundamental que, todo proceso de negociación entre particulares, es deseable y tienen beneficios para la economía; por lo demás, es la base de toda la economía de mercado, y que el proceso de negociación en telecomunicaciones se ve alterado, contaminado, por las oportunidades que ofrece el regulador para actuar a favor de alguna de las partes en la negociación. Es decir, los desacuerdos entre redes están determinados por los propios incentivos de los operadores de redes ante la conducta anticipada del regulador, respecto a alguna de las partes, por lo que la estrategia dominante con frecuencia,

es el desacuerdo dado que el beneficio esperado de la intervención regulatoria, por virtud del no alcanzar un acuerdo, es mayor al de la alternativa de acordar con la contraparte de la negociación. En términos de Ronald Coase1, el regulador actúa con la facultad de determinar los derechos de propiedad sobre los flujos relativos de ingresos o el nivel de costos de los operadores, lo cual hace que la libre negociación no sea un vehículo de mejoramiento social. El objetivo debería de ser, entonces, la eliminación de la falla regulatoria y restaurar el incentivo para que los operadores prefieran negociar en vez de una intervención regulatoria. La lección esperada debería ser, prevenir la existencia de regulaciones que signifiquen un costo de bienestar para la economía. Sin embargo carecemos de antecedentes para ser optimistas respecto al autocontrol del Ejecutivo para limitarse en su facultad regulatoria. El CMI puede ser rescatable mientras reconozca e incorpore los fundamentos de las libertades de negociación entre las redes; acepte cualquier tipo de arreglo o mecanismo que permita la interconexión; incorpore elementos mínimos pero efectivos, así como aplicar tarifas recíprocas como la salvaguarda costo eficiente encaminada a resolver asimetrías en la posición relativa de negociación; ser un referente contractual de interconexión sin excluir una compartición de elementos de red, activa o pasiva, y siempre y cuando sea producto de libre negociación entre concesionarios donde, aquellas que comparten, tengan beneficios mutuos como toda transacción en un mercado. Es necesario retomar el concepto de mejora regulatoria, y establecer los criterios básicos de cuándo regular y evitar la creación de fallas regulatorias que inhiban la iniciativa de los

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moderna. La negación de los reguladores por preservar el incentivo a negociar acuerdos voluntarios, ha causado la imposición de políticas que lesionan los intereses de operadores y los derechos de los concesionarios, como se ha demostrado en el denominado “rescate” de la banda de 2.5 Ghz. El privilegio está basado en considerar que el valor social de un ingreso generado por un concesionario “pequeño”, es mayor que el valor de un ingreso generado por uno “de mayor tamaño”. Tal preferencia sólo es producto de asignar privilegios y castigos entre los concesionarios. El mercado anticipa esto y genera actitudes oportunistas que tienden a prevalecer y transformarse en diversos instrumentos como la formación de las denominadas “telebancadas legislativas”, las cuales tienen como objetivo, proteger las rentas del privilegio y la exclusión de toda acción reglamentaria que pueda disminuir sus prebendas. Esto contribuye a lo siguiente: a mayor capacidad de ciertas empresas para adquirir y mantener exclusividades y ventajas regulatorias debido a su músculo político y a una mayor percepción de que la economía de mercado o el capitalismo es “injusto” y “concentrador de riqueza”3. Si los reguladores desean una economía de mercado, deberían replegarse a sus fundamentos, y no a la distribución de ventajas y oportunidades. rtovar5858@prodigy.net.mx

1 Coase, Ronald (1960). “The problem of Social Cost”. 2 Un axioma es una proposición que se con-sidera «evidente» y se acepta sin requerir demostración previa. 3 Luigi Zingales, “Capitalism After the Crisis,” National Affairs, no. 1 (Otoño, 2009): 22–35.


• Clara Inés Luna que: la MIR era insuficiente e insatisfactoria; el análisis costo-beneficio no consideraba el beneficio social; no está claro que se requiera una nueva regulación en materia de interconexión; el CMI pone en riesgo el desarrollo del sector, o carece de tantos elementos, que sería más perjudicial que beneficioso. Televisa y Telmex utilizaron la consulta pública para externar su antagonismo. La televisora pidió que se impusiera la compartición de toda la infraestructura del “concesionario histórico”, pero además señaló que el CMI no era requisito suficiente para permitir que Telmex entrara al mercado de la televisión. La telefónica respondió que “la competencia local en nuestro país debe basarse en la construcción de infraestructura propia por parte de los nuevos entrantes”, y agregó, “llama la atención que Televisa hable de ‘mayor pluralidad’ e ‘interconexión plural’… cuando es un hecho público y notorio la falta de pluralidad en los mercados de la radio y la televisión mexicanas, dominados por sólo dos empresas ahora socias: Televisa y Televisión Azteca”. La Cofemer debe valorar los 39 comentarios de particulares y las autoridades antes de emitir un concepto sobre el CMI. De encontrar que el CMI y la MIR están bien diseñados, la Cofemer remitirá a la SCT el documento para que sea publicado en el DOF y entre en vigor. @ClaraInesLuna

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señaló en su comentario al CMI que “La Unión Internacional de las Telecomunicaciones ha reconocido que la interconexión constituye el elemento más importante entre todos para el desarrollo de un mercado competitivo para los servicios de telecomunicaciones.” Pero, los comentarios de los participantes en la consulta pública, no rechazaban las bondades de la interconexión sino que iban en tres direcciones distintas. Las opiniones más favorables (CANITEC, CIU, Diputado PérezAlonso, IDET, Iusacell y Cablecom) consideran que el documento se quedaba corto por no incluir elementos como la desagregación del bucle local, la compartición de infraestructura o más obligaciones para el “operador dominante”. En un segundo conjunto de comentarios (proveedores de tecnología como Alcatel, Cisco, Ericsson, Huawei; operadores como Axtel, Nextel y Megacable; y expertos como Salomón Padilla y Observatel) se solicitaba a la Cofetel más información sobre el CMI y la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR); especialmente se cuestionaron los supuestos bajo los cuales se elaboró el análisis costo-beneficio del instrumento. El resto de las opiniones (Sindicatos como SITTTEL y STRM; analistas como Fernando Butler, Ramiro Tovar y Media Telecom; y las empresas dominantes, Televisa y Telmex) pedían a la Cofemer, no expedir un dictamen final sobre el CMI por considerar

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l Anteproyecto de Convenio Marco de Interconexión (CMI) elaborado por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y remitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 22 de junio de 2012 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para iniciar el procedimiento de mejora regulatoria, está en el centro de atención de las autoridades, expertos, empresas proveedoras de equipos y prestadores de servicios de telecomunicaciones. De este documento, que estuvo en consulta pública a través del sitio de internet de la Cofemer, entre el 22 de junio y el 23 de agosto, dependerá la convergencia real de las telecomunicaciones y la radiodifusión para todos los operadores del sector, y el futuro desarrollo de las comunicaciones en México. Su importancia está reflejada en los comentarios que las empresas dominantes en televisión y telefonía, hicieron públicos en las últimas semanas. El balance: múltiples críticas a la Cofetel por remitir a la Cofemer para su análisis, un documento que no cumple con las expectativas de ninguno de los participantes de la consulta pública. Interconexión, según las Reglas del Servicio Local publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 23 de octubre de 1997, es la “Conexión física y lógica entre dos redes públicas de telecomunicaciones, que permite cursar tráfico público conmutado entre las centrales de ambas redes”. The Competitive Intelligence Unit

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Interconexión: La manzana de la discordia

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¿Qué implicaciones tiene saber o desconocer las cifras reales de ejecuciones en “el sexenio fúnebre”, tal y como José Reveles llama al gobierno de Felipe Calderón? Experimento fallido de transparencia, errores en la estrategia de información y el manejo de cifras por parte del gobierno mexicano, son los pasos en falso que Reveles analiza dentro de un marco de contradicciones y supuestas amenazas al presidente. “Pero lo peor del asunto, dice Reveles, es que los crímenes se multiplican justamente en donde hay más presencia de soldados, marinos y policías federales”. • José Reveles

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lgo está muy podrido en materia de estadísticas criminales en México. Primero el gobierno se arrepintió de su activismo declaratorio ejercido durante cinco años (un lustro en el cual mostró un talante triunfal cada vez que publicitaba el número de víctimas, como si lo abultado de la estadística fuese sinónimo del triunfo de los buenos contra los malos). El gabinete de seguridad decidió en agosto guardar silencio y ya no dar a conocer cifras oficiales, que iban siempre al alza, sobre los asesinatos violentos. Paradójicamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no pudo evitar, días después, dar su propia versión de los homicidios ocurridos en el país durante cinco años de gobierno de Felipe Calderón: son 95 mil 632. También cada año al alza: entre 2007 y 2011, respectivamente 8 mil 867, 14 mil 006, 19 mil 803, 25 mil 757 y 27 mil 199 hasta el año pasado. Fueron solo las dependencias con injerencia en la seguridad pública las que decidieron ya no extraer de ese reporte global lo que ellas consideraban

“ejecuciones” atribuibles a la delincuencia organizada (de todas formas un enorme porcentaje de los homicidios reportados por INEGI). Una selección, por decir lo menos, caprichosa, al azar, “a ojo de buen cubero”, se diría en lenguaje coloquial, como se verá más adelante. En contraste mediático, en la misma semana de agosto en que se decretó el fin de la transparencia en lo que toca a decenas de miles de ejecuciones (faltando cien días para concluir este sexenio), en pleno festejo por haber cumplido sus primeros 50 años de vida, el presidente Felipe Calderón se ufanó de haber hecho un viaje en avión pese a la advertencia del Estado Mayor Presidencial de que habría un atentado en su contra. La revelación de supuestas amenazas de muerte (no era la primera vez que Calderón aludía a ellas durante su mandato) marcó un trágico y ofensivo contraste con el ocultamiento del número, nombres y apellidos, circunstancias, presuntas autorías y destino final de las víctimas de una violencia que en esta administración ha cobrado no menos

Rodolfo Angulo / Cuartoscuro

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Calderón oculta cifra de ejecutados

Calderón "sobrevivió" a amenaza de muerte.

de 70 mil vidas, además de unas 20 mil desapariciones forzadas e involuntarias y más de un millón de mexicanos desplazados de sus lugares de origen. Hay que agregar a los migrantes centroamericanos, 72 de los cuales fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de hace dos años. Organismos de defensa aludieron a declaraciones del Instituto Nacional de Migración de que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos” y no hay datos sobre fosas clandestinas que van apareciendo por todo el territorio nacional ni recuento de cadáveres que van a las fosas comunes. Según grupos de familiares centroamericanos, hay 20 mil desaparecidos en tránsito por México, pero otras fuentes estiman “en unos 70 mil las personas migrantes desaparecidas”


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ha recibido amenazas del crimen organizado. Citó la respuesta que dio la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mediante oficio SJAI/ DGAJ/03640/2011 a una solicitud de transparencia, mientras que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina respondieron que no tenían registro de amenazas al mandatario y, a su vez, el Estado Mayor Presidencial dijo que se reservaba por seis años toda información sobre ese tema. Según la SIEDO, las amenazas ocurrieron en marzo de 2008 y en enero, mayo, junio y agosto de 2009 y que fueron por correo electrónico, sin especificar autores de tales intimidaciones. Empero, el diario recuerda que en marzo de 2007, en entrevista con la agencia Reuters, el mandatario ya había aludido a amenazas contra él y su familia. En septiembre de 2011 se difundió el último conteo oficial de muertes violentas (ojo, “ejecuciones” y no homicidios en general) durante casi cinco años del gobierno de Felipe Calderón: 47 mil 512. La Procuraduría General de la República los calificó de “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”. Y se metió en un lío, porque no tiene manera de demostrarlo. Un par de ejemplos: si acaso se identificó al 12 por ciento de los casi 500 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Tamaulipas y Durango en los primeros meses de 2011. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registraba, en 2010, 8 mil 898 cadáveres enviados a la fosa común sin identificar en un lustro. De esas pifias declarativas se pescó Human Rights Watch para exigir que el gobierno confirme si la gran mayoría de esos asesinados han sido cómplices de la delincuencia y no víctimas “colaterales” de la guerra contra el narco. “De eso dependerá la credibilidad y el legado del gobierno de Felipe Calderón”, dijo

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la república”, dada a conocer por el funcionario Ramón Eduardo Pequeño en agosto de 2009, cuando fue detenido Dimas Díaz Ramos, presunto operador financiero del Cártel del Pacífico (Sinaloa), gracias a una investigación que se inició el año anterior. Pero el diario afirma que fue “a raíz de la guerra declarada en contra del crimen organizado, luego de una serie de detenciones y aseguramiento de grandes cantidades de dinero a la organización de Ismael El Mayo Zambada”. El tema se difundió en agosto de 2009 y por esos días Calderón dijo, en la Cumbre de Líderes de América, en Guadalajara: “no sería ni la primera ni la última que se hable o articule o se diga algo respecto a algún atentado en contra de mi vida”. Retomó esta misma versión el diario Milenio al día siguiente, bajo el encabezado principal: “De El Chapo y El Mayo, el plan contra Calderón”. Ese lunes 20 de agosto, Milenio recoge la opinión de Omar Fayad, senador electo por Hidalgo y el primer Comisionado del sistema de Seguridad Pública: “al presidente no le queda hacerse de víctima, porque muchos mexicanos no pudieron ni dejarle un video grabado a sus hijos y lo absurdo es que a estas alturas de la administración lo venga a revelar… (Calderón) pone en psicosis a su equipo de colaboradores, porque por supuesto es creíble que sí fue sujeto de intentos de atentado, pero es un hecho que fueron connatos y no se llevaron a cabo”. Hubo notas que recordaron declaraciones de Calderón en marzo de 2007: “Sí, hemos recibido muchas amenazas y seguramente habrá más. No sabemos si sean ciertas o falsas, pero evidentemente eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber”. El Economista publicó que son seis las ocasiones en que Calderón

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en el calvario con viacrucis en que se convirtió la república mexicana para estos buscadores del sueño americano a falta de oportunidades en sus países de origen. Ante la revelación de Calderón, los medios cayeron en el juego y a varios de ellos les dio por especular para ubicar las circunstancias de la presunta amenaza contra el titular del Ejecutivo: A ocho columnas el diario Excélsior citó fuentes de Los Pinos para afirmar que se trató de un viaje a Reynosa, Tamaulipas, en mayo de 2008 (zona dominada por El Cártel del Golfo y sus aliados de entonces, Los Zetas). “Un día, antes de emprender una gira, me buscó el general (Jesús Javier) Castillo (jefe del Estado Mayor Presidencial) para decirme que se había recogido información de que querían atentar contra el avión presidencial. Me dijo que no era la primera vez que había amenazas contra el presidente, pero que esta vez eran creíbles y por eso me las comunicaba”, dijo textualmente Calderón. Teatralmente, Calderón pidió cámaras del Ceproprie (el centro de producción de imagen presidencial) para grabar un video en la aeronave oficial, dirigido a su familia, “a fin de que lo vieran en caso de ser asesinado”. Dijo que al emprender el viaje grabó un mensaje para sus hijos “en el que aseguraba que, en caso de ocurrirme algo, debían de tener la certeza de que su padre estaba cumpliendo las tareas que creía necesarias”. Agregó coloquialmente: “no sé dónde habrá quedado ese video, pero les dije que pensaran que yo ya había vivido una vida plena, llena de realizaciones, y que si algo malo me pasaba se valía extrañarme, pero no con tristeza, sino con alegría y buenos recuerdos”. El Universal, por su parte, alude a una investigación de la Policía Federal “por una amenaza al presidente de

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entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “¿Cómo puede el gobierno afirmar que se trata de narcotraficantes? ¿Será que los identifica por su manera de vestir, por el lugar en el que viven o por los vehículos que usaron en vida? ¿Tiene acaso el gobierno poderes de vidente para conocer datos que nadie más ha podido observar ni deducir de alguna manera?”, se preguntaba el jurista Miguel Carbonell. Cuando las autoridades ni siquiera se habían puesto en contacto con los familiares para investigar la actividad de los fallecidos, “es una irresponsabilidad afirmar que los ejecutados eran narcos”, apuntaba Carbonell, citando un dato terrible: de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, cinco están en México: Acapulco, Ciudad Juárez, Torreón, Chihuahua y Durango. Experimento fallido Los mexicanos ya no podremos saber cuál fue el techo que tocó la violencia, que llegó a límites demenciales en el “sexenio fúnebre”, porque así lo decidió unilateralmente este gobierno desfalleciente. Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le dijo al diario Reforma que, aunque las bases de datos fueron inéditas y ejemplo de transparencia, durante cinco años, no pasaron de ser un “experimento” que inclusive generó dudas en el gabinete de seguridad y allí mismo se decidió no dar continuidad a la contabilidad gubernamental. “En mi opinión personal, no como funcionario, esta base fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido. O sea, creo que el Estado mexicano no debe hacer la clasificación de muertos por delincuencia organizada

porque desvirtúa profundamente el proceso penal”, sostuvo. (Es verdad, presuntos multiasesinos presentados a los medios eran exonerados por los jueces o ni siquiera eran acusados de homicidio, como Santiago Meza López “El Pozolero”, un hombre al que se le atribuía haber disuelto al menos 300 cadáveres en ácido). El gobierno de Calderón decidió seguir alimentando la información de los homicidios dolosos (eran 94 mil 357 hasta junio de 2012, otra estadística a cargo de la PGR y los ministerios públicos), “pero ya no desagregará los relacionados con crimen organizado”. Para ofrecer datos de “ejecuciones” se aplicaban ciertos parámetros a la información de la PGR, la Marina, la Defensa Nacional, el CISEN (Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, de Gobernación), la cual se concentraba en un “grupo candado” y así se ofrecía a la prensa. “Pero yo no tenía una averiguación previa para respaldar cada uno de esos casos por homicidios de delincuencia organizada. Entonces no tenía respaldo legal”, se sinceró López Aranda con Reforma. “Pusieron los criterios y dijeron: ‘A ver, si usaron armas de fuego de alto calibre, si movieron el cuerpo, si lo amarraron, si hay huellas de tortura, si se cubren dos o más de estas (características), podrían ser como de crimen organizado’. A eso le llamó el funcionario “sustento metodológico”, pero no era más que una aproximación. Ahora la PGR hablará exclusivamente de homicidios dolosos, sin mayor interpretación, porque las categorías de “ejecución” y de “homicidios relacionados con delincuencia organizada” ya no pueden usarse, al no estar tipificadas en la ley, explicó sin algún cargo de conciencia el encargado de difundir la estadística

criminal del Sistema de Seguridad, que por cierto solía difundir el actual secretario de Gobernación Alejandro Poiré. El poeta Javier Sicilia, a punto de salir a una gira por Estados Unidos, tronó contra esta decisión gubernamental y dijo que la administración de Calderón “quiere aventar a una fosa clandestina” la memoria histórica de las personas muertas en la guerra contra el narco. “Detrás de esto está la misma lógica de los nazis: los humanos que mueren en la guerra del narco son cifras, son cucarachas. Ahora no importa ni siquiera contarlas. Esto es el inicio de una forma de nazismo”, diría el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dolido por el engaño de un gobierno que escuchó en dos ocasiones a las víctimas en el Alcázar de Chapultepec pero se sacó las cifras de la manga: “En realidad nunca se supo (el número de muertos). ¡Inventaron la cifra! Lo hicieron después de que nosotros se los exigimos en el Castillo (de Chapultepec el 23 de junio de 2011)”. Estos son los datos duros del INEGI: La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que fue de 8 en 2007, se triplicó en 2011, al llegar a 24 en todo el país. Pero hay sitios como Nuevo León, en donde la tasa se disparó más de diez veces, pues pasó de 4 a 46 por cada 100 mil. Lo peor del asunto es que los crímenes se multiplican justamente en donde hay más presencia de soldados, marinos y policías federales, que son “una especie de ejército de invasión”, según me decía el año pasado Gustavo de la Rosa Hickerson, defensor de derechos humanos en Ciudad Juárez. En esos sitios falta hurgar en serio en la multiplicación de las amenazas y asesinatos contra activistas sociales. jreveles44@gmail.com


• Héctor Tajonar

Isaac Esquivel / cuartoscuro

Televisa acapara protestas

La venta de Peña En su edición de agosto, la revista Zócalo publicó varios artículos que responden negativamente a la pregunta: ¿La televisión hace presidentes?, como implícitamente lo hizo Peña Nieto en el segundo debate presidencial, al espetarle a Andrés Manuel López Obrador: “Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente.” Obviamente, la intención de esa frase fue tratar de borrar la idea de que él era el candidato de Televisa, mediante el uso del ataque como la mejor forma de defensa. El

abanderado del PRI sabía muy bien que sus relaciones peligrosas con la televisora hegemónica representaban uno de los puntos más vulnerables de su campaña, sobre todo después del abucheo recibido en la Universidad Iberoamericana. Por ello, su alianza con Televisa como vía para alcanzar la presidencia de la República era, es y será uno de los secretos mejor guardados del (hasta el momento de escribir estas líneas) virtual presidente electo. A diferencia del presidente Ernesto Zedillo, quien tuvo el valor civil y político de reconocer que su victoria en 1994 había sido resultado de elecciones limpias pero no equitativas, Peña Nieto y sus protectores negarán hasta la ignominia el abusivo e ilegal vínculo con Televisa, causa de la inequidad de la contienda presidencial. ¿Por qué es indispensable guardar ese secreto a voces con el mayor sigilo? Por la sencilla razón de que revelarlo sería aceptar —como de hecho ocurrió— haber violado la Constitución y el Cofipe. Ese infamante caso de corrupción electoral ha quedado impune con la resolución emitida por el Consejo General del IFE el 16 de agosto pasado que, sin duda, será ratificada por el TEPJF. Televisa no fue sólo la emisora de los mensajes promocionales de Peña Nieto, sino la creadora de una estrategia integral de comunicación cuidadosamente concebida, diseñada, producida, operada y transmitida por el imperio televisivo más grande y poderoso de habla hispana, a través de la Vicepresidencia Corporativa

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su victoria en las urnas. La corrupción electoral representada por dicho contubernio, violatorio de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), ha quedado impune. Así lo confirman las resoluciones del IFE y las sentencias del Tribunal Electoral relacionadas con el tema. (Al terminar de escribir este texto, aún no se ha dado a conocer la sentencia inatacable del TEPJF sobre la elección presidencial, pero asumo que declarará presidente electo al candidato de la Coalición Compromiso por México y lo eximirá de toda responsabilidad sobre el asunto).

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an Diego, Cal.- En la elección presidencial de 2012 se reveló el doble rostro de la democracia mexicana: indudables avances, ensombrecidos por la vigencia de prácticas y costumbres autoritarias. A pesar de la buena organización de los comicios, la participación cívica y pacífica de más de 50 millones de electores, el rigor con que se contaron los votos y se dieron a conocer los resultados, así como el amplio margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar; la contienda presidencial volvió a ser mancillada por vicios añejos y renovadas artimañas. El desaseo electoral convive con instituciones formalmente sólidas y autónomas como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), surgidas de un largo proceso de reformas políticoelectorales. La cultura del chanchullo electoral impuso su marca sobre el espíritu democrático y provocó el resurgimiento de la inconformidad, la polarización y el desencanto. La restauración de una nueva especie de autoritarismo electoral derrotó al imperio de la ley e interrumpió el avance hacia la distante consolidación de la democracia mexicana. En este pequeño ensayo intentaré mostrar que la promoción personal de Enrique Peña Nieto en los canales de Televisa durante los seis años de su gestión como gobernador del Estado de México canceló la equidad de la contienda presidencial y fue causa determinante —no única— de

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Peña Nieto-Televisa: Corrupción electoral

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de Comercialización, a cargo de Alejandro Quintero Íñiguez, y de las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia. La meta era clara: “Vender” a Peña Nieto para hacerlo triunfar en la contienda por la Presidencia. Enrique Peña fue escogido, entrenado y promovido para convertirlo, primero, en rockstar, y luego en Presidente. La estrategia de mercadotecnia política estuvo sustentada en la penetración del medio televisivo, su efectividad se vio en las urnas. Diversas metas intermedias se fueron cumpliendo a lo largo de seis años, una de ellas ilustra claramente el papel central de la estrategia televisiva en la consecución del objetivo final. La popularidad del producto/candidato, fundamento de toda la campaña, tuvo un aumento exponencial: de acuerdo con datos de Parametría, en 2007 sólo lo conocían cuatro de cada diez mexicanos, pero bastaron tres años de bombardeo televisivo para convertirlo en una personalidad nacional. En 2010, nueve de cada diez compatriotas sabía quién era Peña Nieto. Tal como estaba planeado, la popularidad le confirió el poder necesario para imponerse como candidato del PRI a la Presidencia sin necesidad de contienda interna, ante la ira, pronto controlada, de sus contendientes. La fastuosa puesta en escena montada para su sexto informe de gobierno sirvió de antesala para el esperado “destape”, en tiempo y forma. La cercanía con el inefable y efímero presidente del PRI, Humberto Moreira, fue una gran ayuda. La estrategia de Televisa se dirigió a los diversos segmentos de mercado electoral, con énfasis en el 80 por

ciento de los mexicanos que se informa exclusiva o principalmente a través de la televisión, por lo cual los espacios noticiosos tuvieron prioridad en el plan de medios. Mención especial merece la participación de Peña Nieto en “Tercer grado”, programa de Televisa trasmitido el miércoles 23 de mayo, en el que además del invitado participaron el vicepresidente de noticias y los principales conductores de los informativos del consorcio televisivo, así como el director general y el director editorial del periódico Milenio. El programa fue uno de los puntos culminantes de la estrategia integral de comunicación de Televisa para Peña Nieto. El candidato se vio mejor que nunca, habló con soltura, aparentemente sin la ayuda de teleprompter, sobre todos los temas que le plantearon. Las preguntas fueron buenas, algunas de ellas fuertes y de actualidad periodística. Mintió al negar cualquier relación comprometedora con la televisora anfitriona, como lo había hecho antes en el noticiero de Carmen Aristegui. El candidato del PRI fue repetitivo en sus respuestas, pero en general lo hizo bien. Too good to be true. En mi humilde opinión, el programa fue cuidadosamente concebido, planeado y ensayado con base en un guión acordado entre las partes, diseñado con sentido periodístico, previendo el orden y contenido de las preguntas, incluso con interrupciones para dar la apariencia de espontaneidad al interrogatorio. El lenguaje corporal de Peña, siempre acartonado, se vio un poco más natural; en tanto que el de la mayoría de sus interlocutores fue más tenso, algunos lo miraban casi con veneración, como si fuese

La estrategia de Televisa se dirigió a los diversos segmentos de mercado electoral, con énfasis en el 80 por ciento de los mexicanos que se informa exclusiva o principalmente a través de la televisión

el Oráculo de Delfos quien les hablara. El contraste con la actitud de los entrevistadores hacia los otros candidatos invitados al programa, en especial López Obrador, revela claramente la ubicación de los afectos políticos de los anfitriones (acaso con alguna excepción). Supe que el buen resultado de la puesta en escena fue celebrada en las instalaciones de Televisa Chapultepec con un festín amistoso al que asistieron los altos ejecutivos de la televisora y los colaboradores más cercanos del candidato; hubo mucho champagne y el convivio se prolongó hasta después de las tres de la mañana. La presencia de Carlos Marín y Ciro Gómez Levya en “Tercer grado” no es casual, se explica porque Milenio fue parte destacada de la de la estrategia Televisa-EPN, lo cual confirma las razones que me condujeron a suspender mi colaboración en ese diario, expuestas en el texto publicado el 21 de diciembre del año pasado. Muestra patente de ese vínculo son las encuestas GEA-ISA/Milenio presentadas todas las noches en el noticiero de Gómez Leyva y publicadas en primera plana del periódico durante los meses previos a las elecciones. Las disculpas públicas no lograron borrar la fundada conjetura de que esa y otras compañías encuestadoras pronosticaron un margen de victoria de Peña de más del 15 por ciento con el claro propósito de condicionar a los electores indecisos a favor del candidato tricolor. GEA-ISA/Milenio “pronosticó” una diferencia de 19%, ¡casi el triple de la real (6.8%)! La frecuencia, elemento esencial de la efectividad de los mensajes publicitarios también fue proporcionada por Televisa sin cortapisas de ninguna especie; ¡ni siquiera la de la Constitución!, de la cual las autoridades electorales también hicieron caso omiso. Peña Nieto apareció todos los días, de


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Ceguera voluntaria A dieciséis años de distancia de la reforma electoral de 1996 que tuvo como aspiración prioritaria la equidad en las condiciones de la competencia, ese principio ineludible de toda elección democrática ha sido burlado de manera descarada por el binomio Peña-Televisa, ante la ignominiosa ceguera voluntaria de las autoridades electorales, respaldada por un dilatado —¿e interesado?— silencio de los complacientes. Al ver afectados gravemente sus intereses económicos con la reforma de 2007, los concesionarios de la televisión reaccionaron con virulencia y se negaron a acatar el mandato constitucional. Al mismo tiempo, algunas organizaciones empresariales y un grupo de intelectuales se ampararon contra la reforma por considerarla violatoria de la libertad de expresión. El amparo no prosperó, pero la televisora hegemónica encontró la manera de burlar el espíritu y la letra de los artículos 41 y 134 de la Constitución. Con la prepotencia que les da el poder de la pantalla, a pesar de ser concesionada, Televisa resolvió intensificar la campaña de Peña y, paralelamente, organizar una embestida mediática contra dicha reforma y contra el IFE. Su osadía fue más lejos: aprovechando lo apetecible de la pantalla televisiva para los políticos en busca de legitimación o fama, también vendió infomerciales a otros gobernadores. De esa forma, Televisa no sólo consiguió incrementar “el negocio de la

democracia”; también pudo diluir la obviedad de la campaña peñista a través de su pantalla, anulando en los hechos la prohibición constitucional de comprar espacios en televisión con fines de propaganda política o de promoción personalizada de funcionarios públicos. La insolencia televisiva se salió con la suya por partida doble: logró la impunidad de la corrupción electoral representada por el contubernio Televisa-EPN y, como premio mayor, Enrique Peña Nieto obtuvo la silla presidencial. ¡Negociazo financiero y político! Corrupción electoral impune. Como lo muestran las sentencias del Tribunal Electoral relativas a la promoción por televisión a nivel nacional del quinto informe del gobernador Peña Nieto, así como la resolución del Consejo General del IFE tomada el pasado 16 de agosto, el inmenso poder acumulado de Televisa, el gobierno del Estado de México y el PRI cooptó a los dos pilares de la institucionalidad democrática del país. El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo cual todas sus sentencias tienen carácter definitivo e inatacable; ninguna autoridad puede cuestionar su legalidad: son cosa juzgada. Sentencias inatacables exigen magistrados intachables. Ese no ha sido el caso, al menos en dos fallos relacionados con la multimillonaria campaña del dúo Peña-Televisa. El primero de ellos, fechado el 19 de abril de 2011, fue tomado cuarenta días después de la comida de los operadores políticos de Peña en la casa de la entonces presidenta del Tribunal Electoral. Estigma indeleble. La magistrada Alanís de Rabasa fue la ponente de una segunda resolución del TEPJF dada a conocer a principios de mayo de 2011, que exoneró

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lunes a viernes, durante sus seis años como gobernador del Estado de México, en los tres principales noticieros de la televisora hegemónica. Aparte de la cobertura noticiosa, la estrategia estuvo basada en la transmisión de infomerciales que, como lo indica la palabreja, es publicidad disfrazada de información.

de toda responsabilidad al gobernador del Estado de México por la transmisión en televisión a nivel nacional de propaganda relacionada con su quinto informe de gobierno que, de acuerdo a la normatividad electoral, debe restringirse al territorio de cada estado. Toda la culpa fue imputada a la televisora, dejando intocado a quien contrató el tiempo aire. Otra vez, el legalismo para proteger a Peña y disfrazar la corruptela electoral. Con razón, dicha sentencia del TEPJF fue calificada de “absurda” y “aberrante” por el Partido Acción Nacional, quien condenó la cooptación de los magistrados que votaron a favor de la sentencia: “Los mexicanos no merecen tener ese tipo de funcionarios públicos que aprovechan su tarea jurisdiccional para tejer redes de poder y corrupción” expresa el comunicado oficial del PAN. Ambas sentencias inatacables ponen en duda la imparcialidad del TEPJF o, al menos, de algunos de sus magistrados. El mejor antecedente para que el Tribunal Electoral vuelva a exonerar a Peña Nieto y la corrupción electoral de su alianza ilegal con

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Televisa quede impune, fue la resolución tomada por el Consejo General del IFE el 16 de agosto pasado, que declaró infundada la queja presentada por el PRD por la violación del artículo 41 de la Constitución por parte de Enrique Peña Nieto por haber contratado una estrategia de comunicación con TV Promo y Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, empresas filiales de Televisa. Con una votación de 8 a 1, el IFE consideró infundada la queja. El IFE no publicó un comunicado de prensa sobre la resolución, sino sólo una justificación de la misma, negando que se hubiera tratado de una exoneración de Peña. Menciona tres razones que fundamentaron su determinación: “La ley no puede aplicarse retroactivamente. El IFE sancionó al candidato presidencial del PRI durante el proceso electoral, (y) ninguna autoridad puede juzgar dos veces por el mismo asunto. El IFE respeta la libertad editorial.” La debilidad argumentativa del comunicado revela el apresuramiento y desaseo de la resolución. Primer punto: El hecho de que la reforma de 2007 no se haya podido aplicar retroactivamente a actos que se hayan producido antes de esa fecha no impide su aplicación al lapso comprendido entre la promulgación de la norma y el 1 de julio de 2012. Segundo punto: El TEPJF juzgó lo relativo a la promoción del quinto informe de Peña, no la estrategia integral contratada con las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia. La investigación del IFE fue insuficiente y omisa: no se abordó el tema de la propaganda disfrazada ni se citaron a los representantes de las empresas implicadas. Los consejeros del IFE actuaron como si no hubieran visto los informerciales de Peña, ni toda la promoción mediática de la que gozó el candidato del PRI durante seis años. Tercer punto: Las

entrevistas pactadas y pagadas representan una perversión de la libertad de expresión, no una manifestación de ese derecho. La propaganda política en medios electrónicos, trátese de informerciales o de gacetillas disfrazadas, está expresamente prohibida por los artículos 41 y 134 de la Constitución. La ceguera voluntaria de los señores consejeros les hizo olvidar que el artículo 76 del Cofipe faculta y obliga al IFE a atraer, a través de la Comisión de Radio y Televisión, “los asuntos en esta materia que por su importancia lo requieran”. Existe al menos un precedente en el que el IFE sancionó un infomercial. El principio y el método utilizados en ese caso debieron aplicarse a los infomerciales de Peña en Televisa con los que fuimos bombardeados diariamente durante seis años, pero que los consejeros del IFE disimularon no haber visto. Se trata del infomercial de 60 segundos de la toma de protesta del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez, transmitido el 12 de mayo de 2010 en El Noticiero y Primero Noticias, el cual fue objeto de una amonestación pública del IFE a Televisa. Lo importante del caso es que el IFE solicitó la asesoría del investigador de la UNAM Julio Juárez Gamiz, quien argumentó que sí se trató de un infomercial. ¿Por qué no se procedió de la misma manera para determinar si las gacetillas televisivas que se transmitieron diariamente, durante seis años, en los noticieros de Televisa? Las características formales y de contenido aducidas por el investigador universitario respecto a la promoción encubierta de Eviel Pérez corresponden exactamente a los informerciales de Peña. (Jaime Hernández Gómez “IFE sanciona, por primera vez, infomercial electoral”, Revista Escrutinio, 17/V/2010) Al haber omitido realizar la investigación de la estrategia mediática Peña-

Televisa con el rigor y profundidad del precedente mencionado, el IFE otorgó impunidad a la corrupción electoral que canceló la equidad de la contienda presidencial de 2012 mediante la violación de la Constitución. Haya sido por intimidación, cooptación o por una mezcla de ambas; los señores consejeros desdeñaron los principios rectores que rigen la actividad del IFE: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Será difícil que el recurso de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral logre su propósito de invalidar la elección. No obstante, el ejercicio de su derecho de impugnación y la divulgación de todas las irregularidades cometidas durante el proceso —el exceso de gastos de campaña de Peña Nieto, la coacción o compra del voto a través de las tarjetas de Soriana y Monex, el uso de recursos de procedencia ilícita de gobernadores del PRI, la manipulación de las encuestas y la falta de equidad en los medios a favor del candidato del PRI— han exhibido un grado de desaseo electoral que a nadie debiera dejar indiferente, ni menos satisfecho. Mientras las diversas formas de manipulación queden impunes, no tendremos elecciones verdaderamente democráticas. La impunidad propicia la corrupción electoral, anula el imperio de la ley e impide la consolidación de la democracia. hectortajonar@yahoo.com.mx

*Investigador del Centro de Estudios MéxicoEstados Unidos de la Universidad de California en San Diego.


• Javier Esteinou Madrid*

por la ganancia comercial y por la información acotada para continuar conservando su control político y no por edificar bases de mayor racionalidad civilizatoria. 5. El comportamiento empresarial prepotente de los monopolios informativos constató el desprecio por la democracia y la debilidad de los actores políticos y de sus instituciones frente al poder fáctico de las televisoras, como también el nulo interés de estas empresas oligopólicas por respetar el derecho a la información y los procesos plurales del país. 6. El comportamiento empresarial intolerante del duopolio televisivo, corroboró su tendencia mediática para boicotear sistemáticamente el avance de la apertura de los sistemas comunicativos de gobernabilidad nacional con el fin de seguir conservando los enormes privilegios unilaterales e ilimitados que ha conquistado por décadas al aliarse al funcionamiento del viejo prototipo de autoritarismo político en el país. 7. El sabotaje al debate fue un elemento más de fuerza que ejercito el poder mediático en su empeño por impulsar la contrarreforma electoral, con objeto de regresar al viejo modelo de comunicación política electoral privado que les dejaba ganancias millonarias y les permitía presionar a los candidatos, partidos y funcionarios para obtener más privilegios monopólicos. De esta forma, su responsabilidad con

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Federal Electoral emplearon los mayores recursos de difusión de toda la historia de la comunicación nacional con el uso de más de 43 millones de spots a través de los tiempos oficiales del Estado para difundir sus mensajes proselitistas a la sociedad; sin destinar un solo segundo de estos apoyos informativos para que los ciudadanos, que somos quienes pagamos dichos tiempos de Estado, pudiéramos discutir con tales instituciones políticas sus diversas propuestas de gobierno para el futuro de nuestras vidas. 3. La incapacidad de los partidos para comunicarse con la sociedad durante el proceso electoral del 2012 fue tan paupérrima que la estrategia fundamental de la mercadotecnia política de los candidatos a los cargos de representación popular, fue aplicar el “moderno” recurso de la guerra sucia entre sí, consistente en difamarse, ridiculizarse, denostarse, acusarse, descalificarse, anularse, desprestigiarse, etc; y no en polemizar a fondo sobre los urgentes conflictos de nuestra grave agenda nacional y proponer las alternativas viales para la resolución de los mismos. 4. Para el poder de la telecracia es más importante realizar el “business publicitario” que contribuir a la concientización ciudadana sobre los grandes problemas de la agenda nacional, con la cual se opuso a la creación de la democracia deliberativa en México. De esta forma, apostó

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a avalancha de hechos que cotidianamente transmiten los medios de difusión electrónicos, sepultan sistemáticamente el recuerdo y el análisis de realidades muy relevantes para comprender y corregir el futuro de la historia de la moderna comunicación política en el país. Podría decirse que con el desafío ejercido por el poder mediático contra el estado-nación mexicano y la incapacidad de la clase política para ejercer su poder rector a favor de las mayorías nacionales, se confirmaron las siguientes 14 realidades en el ámbito nacional dentro del contexto de las elecciones presidenciales del 2012. 1. La política dejó de ser política y se convirtió el telepolítica adoptando las reglas y dinámicas de la televisión que son la virtualidad, el espectáculo y la obtención de su respectivo rating, y no la discusión integral a fondo de los grandes problemas nacionales. De esta forma, los candidatos a la presidencia de la República tuvieron o no éxito en la medida en que fueron buenos actores televisivos ante las cámaras o diales y no en la dimensión que sus propuestas planificadoras como estadistas encararon los grandes desafíos de la nación. La forma se convirtió en fondo, y el fondo prácticamente desapareció del horizonte de transformación del país. 2. En la contienda electoral del 2012 los partidos políticos y el Instituto

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Consecuencias del poder mediático y elecciones

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la democracia y el derecho a la co- blicos, los propietarios de los grandes municación sólo es viable si pueden medios de difusión electrónicos imlucrar con las elecciones1. pusieron un cerco informativo elu8. El duopolio, acostumbrado a im- diendo difundirlas, protegiendo con poner sus privilegios por encima de la ello la imagen del candidato, Enrique sociedad, sabe que cada vez, puede ir Peña Nieto, con mayor ventaja en las más lejos sin ninguna consecuencia, encuestas electorales. porque ni el gobierno ni los partidos 11. El fallido intento de TV Azteca harán nada para detenerlos. Un ejem- para entorpecer la difusión del deplo así lo muestra La sociedad mexicana se bate presidencon la toma ilegal encuentra ante un Estado cial y la reticenque hizo TV Azte- cada vez más débil, que no cia de Televisa ca del canal 40 me- tiene capacidad de defen- para darle toda diante un comando der sus derechos comuni- la cobertura armado, sin que cativos, sino que protege posible, conhubiera autoridad los intereses del poder me- firmaron las diático. alguna que hiciera consecuencias valer el estado de derecho. indeseables que tiene para el país 9. La acción desafiante de los pode- la desmedida concentración de mures fácticos mediáticos fue producto, chas frecuencias de televisión en por una parte, de un gobierno mexica- manos de solamente dos empresas. no, cada vez, más débil que no tuvo 12. Finalmente, este capítulo capacidad para ejercer su función rec- de la historia de la comunicación tora y regular la función social de los político electoral demostró que el medios de comunicación electrónicos; poder mediático ya no es el cuary por otra parte, de los legisladores to poder, sino ahora el primer poque fueron ineptos para llevar adelan- der político que está por encima del te una nueva ley que democratizara la IFE, de los poderes públicos y de los radiodifusión nacional y facilitara ma- órganos constitucionales de goyores opciones para que los concesio- bierno legítimos, imponiendo sus narios realizaran una difusión masiva intereses particulares sobre las de los debates presidenciales. necesidades colectivas básicas de 10. A pesar del gran interés de los la nación. ciudadanos por conocer las diversas Dichas realidades confirmaro que propuestas de cambio para el país plan- la sociedad mexicana se encuentra teadas por los distintos partidos políticos ante un Estado cada vez más débil, en la fase de cambio de poderes pú- que no tiene capacidad de defender

sus derechos comunicativos, sino que protege los intereses del poder mediático. De aquí, la necesidad imperiosa para que la sociedad civil continúe luchando por crear un nuevo marco jurídico en materia de comunicación y telecomunicaciones y corrija esas desviaciones históricas que atentan contra la democracia y la paz social en la República.

jesteinou@gmail.com * Profesor Investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F., Calleja, Aleida, y Aziz Nassif, Alberto, “Televisora desafía a instituciones del Estado”, Boletín AMEDI, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México, DF, 2 de mayo del 2012, página 2, www. amedi.com.mx 1


MEDIOS

Olimpiadas y ratings mediocres • Jenaro Villamil

Internet

El recurso de la comedia Los últimos días de las competencias olímpicas representaron un ligero repunte para “La Jugada Olímpica”, el programa estelar de Televisa que pretendió superar las dos cifras de rating. Se quedó en la orilla. El viernes 10 de agosto registró 8.7 puntos, el sábado 11, tuvo 10 puntos y el domingo 12 de agosto, 9.8 puntos. Estas transmisiones tuvieron menos índices de audiencia ante comedias como “La Familia Peluche” y ni hablar de las telenovelas que siguen

siendo los únicos contenidos televisivos (junto con las finales de futbol) que rebasan los 15 y hasta los 20 puntos de rating. Los primeros días de las transmisiones de los juegos Olímpicos fueron muy opacos. El viernes 27 de julio, Televisa inauguró “La Jugada Olímpica”, en Canal 5, con sólo 6.6 puntos de rating, mientras que “La Pasión Olímpica”, de Canal 7, sólo obtuvo 2.8 puntos. No mejoró ese fin de semana. El sábado 28, “La Jugada Olímpica” tuvo 6.9 puntos, mientras que “La Pasión Olímpica” se quedó a la mitad con 3.4 puntos de rating. El lunes 29 de julio no se incrementaron los índices, a pesar de que los clavadistas mexicanos Germán Sánchez e Iván García obtuvieron la primera medalla de plata. “La Jugada Olímpica” de Televisa tuvo 6.8

#Yosoy132 en Londres durante las Olimpiadas.

f o rma c i ó n

rebasó los 13 puntos de rating, cuatro años antes. Durante la inauguración, Televisa tuvo 12 puntos de audiencia, mientras TV Azteca se quedó muy lejos de sus expectativas y de supuesta competencia, con apenas 5 puntos de rating.

In

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n pleno desasosiego por las cifras de rating menores a las esperadas, Televisa y TV Azteca sólo tuvieron un día que rebasó ampliamente las dos cifras esperadas: la victoria de México contra Brasil en la final del futbol olímpico el sábado 11 de agosto. Ese día, el canal 2 registró 19.1 puntos de índices de audiencia, mientras que canal 7 tuvo 13.2 puntos, bastante más alto que el promedio 8.5 que registró “La Jugada Olímpica” de Televisa, y los 4.5 puntos de “Pasión Olímpica”, de TV Azteca durante todos los juegos. El share, o índice de televisores sintonizando la transmisión del partido de futbol, alcanzó el 83.6 por ciento, es decir, 8 de cada 10 televisores de los poco más de 23 millones de telehogares, estaban siguiendo el partido que le valió la única medalla de oro para México. El logro en índice de audiencias lo tuvo la propia selección mexicana de futbol que anticipó un buen desempeño al vencer a sus rivales para quedar en la final con Brasil. Tardíamente, las televisoras decidieron apoyar y montarse en la ola de la victoria de los jóvenes. En contraste, la transmisión de la clausura de los juegos olímpicos de Londres 2012, el domingo 12 de agosto, no logró superar la espectacular inauguración. Canal 2 tuvo 10.8 puntos de rating, mientras que canal 7 se quedó en la orilla con 9 puntos. El mismo evento, en Beijing,

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puntos y “Pasión Olímpica”, apenas 3.5 puntos. Televisa tuvo que sobreexplotar los contenidos humorísticos para mejorar su índice de audiencia en los primeros días de agosto. En lugar de deporte, pasaron el resumen “Londres, el equipo más animado”, el cual logró una mejoría en el mediocre puntaje de rating. “La Jugada Olímpica”, del 3 de agosto registró 7.3, y el día 4 tuvo 9.7 puntos. El domingo 5 de agosto, “El Equipo más animado” tuvo 9.8 puntos de audiencia. La sombra: #YoSoy132 Para distintos observadores, esta disminución en la audiencia es un efecto

claro del desencanto de millones de televidentes frente al papel jugado por ambas televisoras en la contienda electoral del 2012. La presencia de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 fue una constante amenaza para los conductores desplazados a Londres. En dos ocasiones, residentes mexicanos en la capital británica y unos cuantos estudiantes que viajaron a las Olimpiadas, se enfrentaron a las cámaras para desplegar una manta pidiendo la anulación de las elecciones. El equipo de producción de “La Jugada Olímpica” tuvo que improvisar medidas de protección frente a lo que consideraron una amenaza constante: el

#YoSoy132. El consejo de los directivos de Televisa fue “ser empáticos” con ellos, para evitar a toda costa que las protestas mexicanas ganaran la pantalla nacional. La victoria más contundente fue en Internet. Difícil de cuantificar cuántos televidentes migraron hacia las redes sociales, You Tube o la televisión restringida para no sintonizar los canales 2 o 5 de Televisa, así como el canal 7 de TV Azteca. Lo que sí fue un hecho globalizado fue la inmediatez de Twitter, que se transformó en la gran plataforma de información para los interesados en resultados, sin esperar a los comentaristas deportivos de la pantalla chica.

jenarovi@gmail.com

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La victoria más contundente fue en internet. Difícil de cuantificar cuántos televidentes migraron hacia las redes sociales, You Tube, o la televisión restringida para no sintonizar los canales 2 o 5 de Televisa.

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MEDIOS

Despojar a la investigación de su mitología: G. Orozco A propósito de la publicación de Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, Guillermo Orozco conversa sobre la propuesta de su nuevo libro; asimismo, da su visión crítica sobre los límites, tendencias y el estado que guarda la investigación en comunicación en América Latina. Orozco, atrevido, lanza el reto: “Tenemos que ser nosotros quienes construyamos nuestro propio conocimiento”.

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que hacer investigación requiere de mucho más de lo que realmente se necesita. Quisiera quitarle a la gente la idea de que la investigación requiere de una serie de condiciones a las que nunca tenemos acceso. Este libro pretende ofrecer una estrategia más al alcance de todos, sin que por esto pierda relevancia ni rigor científico y sea confiable para atender problemas concretos de la comunicación”. Y toda la preocupación metodológica de Guillermo Orozco, se remonta a la época en que realizó sus estudios de doctorado. “Me di cuenta de que en América Latina de manera excepcional hacemos una discusión metodológica en nuestros proyectos de investigación, somos más próximos a generar ideas, sacar afirmaciones y hacer generalizaciones. Esto se está transformando para bien, pero hace 25 años lo que dictaba la academia estadunidense era lo más valioso para sustentar ideas y afirmaciones”, asegura. Así, a raíz de un curso que impartiera en Argentina en 1995, publicó uno de los primeros libros sobre metodología para comunicadores, La investigación en la comunicación desde la perspectiva cualitativa, el cual

Foto A.Lara

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n un contexto donde la comunicación está en efervescencia, y resulta cada vez más necesario obtener un conocimiento certero acerca de los nuevos fenómenos, Guillermo Orozco hace un llamado a construir una teoría que permita cambiar la realidad latinoamericana. En su más reciente publicación, Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias (Tintable, 2012), escrito en coautoría con Rodrigo González, Orozco intenta motivar a estudiantes y profesores de comunicación para acercarse a la investigación, y concebir un conocimiento riguroso, sistemático y oportuno, de una forma sencilla y accesible. “Hay que perder el miedo a la investigación --dice Orozco en entrevista--. Debemos tener más confianza en nosotros mismos como latinoamericanos y no esperar que las soluciones vengan de Estados Unidos o de Europa. Tenemos que ser nosotros quienes construyamos nuestro propio conocimiento”. Explica: “Hay que quitarle un poco de formalidad. A veces se cree

tre v ista

• Maricarmen Fernández Chapou*

Guillermo Orozco

tuvo una acogida insospechada. De aquí se originó, con la aportación de Rodrigo González, Una coartada metodológica, conforme explica su autor, “para reactualizar, participar en el debate actual y ofrecer un referente de lo que significa generar

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conocimiento válido y riguroso en esta área”. —¿Cuál es la situación respecto a la investigación en comunicación en América Latina? —La investigación académica en América Latina está disminuyendo. Creo que en este momento muy pocos comunicadores y periodistas estamos haciendo investigación sistemática como parte de nuestros trabajos. Hubo una intención hace unas décadas de hacer investigación científica, pero ahora ha bajado porque los datos se generan por agencias internacionales; es decir, la materia prima, que era lo que investigábamos hace 20 años, ya lo puedes consultar en el INEGI, el IBOPE o la AMIPCI. Hay ya muchos datos que no hacen falta. Y hacer una investigación más compleja que esa requiere de un tiempo que la mayoría de los académicos latinoamericanos no tienen, por lo que quedan relegadas a las tesis de posgrado, las cuales, muchas veces por falta de apoyos, no se continúan. Tendencias y una perspectiva comprometida Para Guillermo Orozco, México está mejor que otros países en cuanto a investigaciones en comunicación. “Junto con Brasil, es el país en el que todavía se hacen estudios empíricos, tanto por razones de fondo y de tiempo, pero también son culturales –dice-. En Argentina tienen un rechazo cultural para hacer investigaciones empíricas, ahí predominan las investigaciones teóricas. En ese sentido, quienes están en la avanzada en generación de conocimientos nuevos, son estos dos países”. Y agrega: “Eso no quiere decir que estemos bien. Mucho de lo que se hace ahora en comunicación tiene que ver con consumo. Esa es otra de las críticas que yo hago en este libro. Se cree que el mercado es lo más importante, así como todo lo que tenga

que ver con él, es lo que tiene valor y pagan las agencias, que no sean las académicas o gubernamentales. Pero este tipo de investigaciones tienen financiamiento porque son datos útiles para el mercado, no útiles para la ciencia o el entendimiento de los mexicanos”. —¿Cuál es el riesgo de esto? —Me parece que esa es una gran amenaza para el conocimiento de otro tipo, que no sea solo consumistta, sino más explicativo, con tendencias, posicionamientos, y maneras de procesar la información con la que interactuamos. Hay una moda de hacer estudios de consumo en toda América Latina y no está mal, pero no podemos confiar que eso nos dará todo el conocimiento que necesitamos, para entendernos como sujetos de comunicación en este momento. Tenemos que seguir haciendo investigaciones en comunicación que no tengan un fin utilitario. —¿Cómo abordar metodológicamente el estudio de los medios, en este contexto complejo y dinámico? —A partir de exploraciones empíricas en diálogo con las teorías. Es el vínculo con lo empírico, con datos específicos, con situaciones concretas, de donde tenemos que generar teoría, no sólo de la discusión de otros paradigmas, sino a partir de situaciones propias con características nuestras, a partir de nuestros contextos. —El libro propone una investigación útil para tomar decisiones e intervenir procesos… —Sí, partir de hechos concretos y explicarlos y entenderlos. Teniendo el conocimiento se empieza a saber dónde estamos ubicados y eventualmente poder generar acciones. Asimismo, entender los problemas de ciertas comunidades que podemos solucionar desde la comunicación; que nuestro trabajo redunde en reclamar, criticar, y hacer conciencia en torno del problema y poder ac-

tuar en consecuencia. —¿Es decir, una perspectiva políticamente comprometida? —Una perspectiva que se opone a una no comprometida, que es la investigación administrativa, la cual se enfoca en hacer encuestas por encargo, por ejemplo, sin cuestionarse para qué van a servir. La perspectiva comprometida tiene que ver, con saber para qué voy a investigar, cómo voy a involucrarme y qué quiero modificar. Debe quedar muy claro en dónde estamos parados, qué queremos cambiar, para qué, por qué tiene sentido obtener esta información y no otra; es decir, poner la información sobre la mesa y que cada uno esté consciente del fin concreto de la misma. —En esta exploración de nuevas rutas, ¿qué debería permanecer y qué cambiar? —Una de las cosas que debe cambiar es nuestra idea de que la investigación está relegada únicamente para los especialistas que tienen doctorado. Todos podemos hacerla; eso no quiere decir que estemos listos para hacerla, pero hay que quitarle un poco lo mitológico. Otra cosa que debe cambiar es perderle el miedo a hacer cosas empíricas, ajustarnos a que debemos observar para, a partir de eso, sustentar y generar teoría. No dar por sentado que entendimos, porque leímos documentos. Hay que quitarse el miedo de hablar con la gente, de preguntar, de tomar nota y de hacer conexiones. También hay que hacer nuevas preguntas para observar nuevos problemas. Tenemos que ser maliciosos, conectar cosas que antes no estaban conectadas y

*Profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.


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¿Sobrevivirá la televisión pública española? • Manuel de Santiago Freda*

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Mariano Rajoy, presidente de España.

las televisoras privadas debían contribuir con cerca del 60% del presupuesto de la cadena pública, mientras que el resto debía salir de las aportaciones directas del Estado, derivadas de los impuestos por el uso del espectro radioeléctrico y de la comercialización de los productos de la compañía. En 2011 las telefónicas aportaron el 18.23% de los ingresos de RTVE, mientras que los canales privados contribuyeron con el 6.51%. Actualmente estas empresas deben 60 millones de euros a la Corporación. El 24 de julio el Consejo de Administración de la cadena aprobó las cuentas del ejercicio de 2011, que arrojaron un déficit de 29 millones de euros, 18 menos que en 2010. Si bien la situación económica de la televisora es complicada, la polémica en torno a ésta también alcanza a los contenidos y se centra en su independencia del poder político.

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Televisión en crisis La llegada del Partido Popular (PP) al gobierno supuso un importante recorte económico para la Corporación Radio Televisión Española (RTVE), que

previamente enfrentaba un escenario de crisis financiera. Apenas diez días después de que Mariano Rajoy tomara posesión como presidente, se anunció un recorte de 204 millones de euros en el presupuesto de la televisora, que pasó de 1,200 millones a 996 millones de euros. Ante tal escenario, la administración de RTVE decidió, entre otras medidas, reducir los salarios de directivos, conductores y prescindir de la externalización de muchos de sus programas. Diversos reportes periodísticos han dado cuenta del excesivo gasto que realizaba la televisora pública en producciones espectaculares, habida cuenta de que en 2010 dejó de percibir ingresos por concepto de publicidad, gracias a una reforma a su sistema de financiación impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha modificación legal estableció que las empresas de telecomunicaciones y

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adrid.- La televisión pública española, orgullo del país ibérico dada su amplia producción de calidad, enfrenta actualmente una difícil circunstancia. A su compleja situación financiera, agravada por la crisis económica que vive España, se suman los conflictos internos derivados de los continuos cambios de mando, mismos que han repercutido sustancialmente en sus contenidos. Programas emblemáticos, como las series Cuéntame cómo pasó y Águila Roja se han suspendido temporalmente, y periodistas como Ana Pastor y Fran Llorente, han abandonado –no por voluntad propialas filas de la cadena pública.

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La llegada del Partido Popular al gobierno supuso un importante recorte económico para la RTVE, que previamente enfrentaba un escenario de crisis financiera.

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La independencia, un debate añejo Desde finales de los años setenta, en que RTVE dejó de ser un instrumento de difusión al servicio de la dictadura franquista, el camino para lograr su independencia editorial no ha estado exento de obstáculos y tropiezos. No obstante, ésta ha desempeñado un papel fundamental en la democratización del país. La sociedad recuerda vivamente que la madrugada del 24 de febrero de 1981, cuando se dudaba si prosperaría el golpe de Estado ejecutado por el coronel Tejero, el rey Juan Carlos de Borbón apareció en la televisión para respaldar el orden constitucional. En todos los gobiernos de la democracia se ha debatido el rol que debe jugar la televisión pública. Durante las administraciones de Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y José María Aznar, del Partido Popular (PP), diversas voces acusaron una línea informativa identificada con el gobierno de turno. En 2006, el gobierno de Rodríguez Zapatero transformó el modelo de gestión de RTVE, que pasó de ser un ente a convertirse en una corporación cuyo presidente tenía que ser nombrado por dos tercios del Congreso, lo que implicaba el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Aún bajo este esquema hubo incidentes que cuestionaron su independencia. A finales de febrero de 2007, la televisora informó a su audiencia que no transmitiría la entrevista realizada por el emblemático periodista Jesús Quintero a su colega José María García. Las razones esgrimidas por la dirección del canal, encabezada entonces por Luis Fernández, era que en ella no se vertían “opiniones, sino insultos, descalificaciones y ataques a terceras personas”.

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El episodio llevó a la salida de Quintero de RTVE. En julio de 2011 renunció el presidente de la corporación, Alberto Oliart, lo que dejó acéfala a la televisora sin que los partidos lograran un acuerdo para la designación de un sustituto. A mediados de este año, dos consejeros más presentaron su dimisión, así como algunos funcionarios de alto nivel. Igualmente notorios resultaron los desencuentros entre RTVE y el PP, que se intensificaron durante la pasada campaña presidencial. En septiembre de 2011, el Consejo de Administración se desistió por unanimidad de una decisión que tenía como objeto permitir el acceso de los consejeros al programa de edición de los informativos. La propuesta aprobada por los consejeros del PP y el del partido catalán Convergencia i Unió, prosperó gracias a la abstención de los representantes del PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y Comisiones Obreras. En contra votaron los consejeros de Izquierda Unida y la Unión General de Trabajadores. Diversos medios, círculos políticos, redes sociales y organizaciones internacionales mostraron su repudio. La dirección del canal, el consejo de informativos y sus periodistas se manifestaron en contra de lo que consideraron una intromisión en su quehacer. Incluso el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, aseguró que se trataba de un inaceptable caso de censura previa. El pasado 17 de mayo, el Congreso aprobó un Real Decreto que modificó el régimen de administración de RTVE para que la elección de su presidente fuera por mayoría absoluta del Congreso. Atrás quedó el anuncio hecho por el presidente Mariano Rajoy, de que negociaría con el PSOE esta designación. El PP utilizó su mayoría parlamentaria para nombrar a un hombre cercano, Leopoldo González-

Leopoldo González-Echenique, director de RTVE.

Echenique, como nuevo director del canal, lo que ocasionó la rotación de sus principales directivos. El cambio más sonado se dio en los informativos. Julio Somano sustituyó a Fran Llorente en la dirección de noticias. Privatizar la televisión pública local El Congreso también aprobó un proyecto para modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual y trasladar a las Comunidades Autónomas (CCAA), la decisión sobre si prestan o no el servicio público de televisión en sus demarcaciones. De acuerdo con la reforma, si las Comunidades deciden prescindir de sus canales de televisión, quedan en libertad de licitar sus frecuencias o buscar su gestión indirecta. En el caso de que decidan conservar sus canales, deberán ajustar su presupuesto para que no existan desequilibrios entre sus gastos e ingresos. En algunas CCAA, como la de Madrid, ya estudian la aplicación del nuevo modelo y el debate se centra entre la externalización o la privatización. Recientemente la Comunidad Valenciana aprobó un plan de despido del 76% del personal y por el que 1,295 personas se irán a la calle. Es difícil predecir el futuro de la televisión pública española, una de las más reconocidas de Europa, pero el panorama no parece alentador. Más recortes y despidos están en el horizonte. El derecho a la información resulta, una vez más, un daño colateral de la crisis económica y la política. @buenasrazones


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• José Ferruzca González

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La sede de Radio Televisión Española

mediante el cual puede nombrar al presidente del Consejo de Administración sin tener que someterlo a la consideración de otras fuerzas políticas. En protesta, el PSOE –principal partido de oposición- denunció la reforma ante el Tribunal Constitucional y dejó vacías dos de las tres “sillas”, que por ley corresponde ocupar a miembros propuestos por este partido. El estatuto anterior, vigente desde 2006, tenía como objetivo la pluralidad en RTVE mediante el consenso en la designación de quienes integran su máximo órgano de dirección. Esa característica se trasladó al manejo informativo que se tradujo en aceptables niveles de audiencia y credibilidad entre la oferta televisiva española. Haciendo uso de sus facultades, el gobierno y el PP nombró presidente del Consejo a Leopoldo González-Echenique, quien juró su cargo el 29 de junio de 2012 en el Congreso de los Diputados, acto al que no asistieron los dirigentes socialistas en protesta. Bajo esta gestión, el panorama económico de RTVE no es nada bueno tras conocerse que en 2011, el ente cerró en “números rojos” gracias a que tiene facturas pendientes por hasta 60 millones de euros, derivadas de las tasas que deben cubrir las televisiones privadas y

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de radio y televisión en el país ibérico. La Corporación Radiotelevisión Española tiene diversos canales dedicados a diferentes temas y géneros. Actualmente cuenta con seis canales de televisión y cinco de radio. En televisión, RTVE emite dos canales generalistas y otros cuatro temáticos (uno de alta definición), a través del sistema nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT). En tanto, Radio Nacional de España dispone de cinco emisoras, de las cuales, cuatro abarcan el territorio nacional y una es exclusiva para Cataluña. Para el servicio exterior, el consorcio sirve mediante TVE Internacional y Radio Exterior de España. En rtve.es, el usuario puede encontrar contenidos de ambas plataformas y emisiones en directo. RTVE es administrado por un Consejo de Administración integrado por nueve miembros propuestos por los principales partidos políticos y por las dos grandes centrales sindicales españolas (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores). La presidencia de la corporación estuvo vacante casi un año (junio de 2011 a junio de 2012), tras la renuncia de Alberto Oliart, designado gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE. Justamente ese vacío fue utilizado por la gestión de Mariano Rajoy para imponer lo que analistas mediáticos han calificado como “modelo de radiotelevisión gubernativa”. Para ello, cuatro meses después de los comicios y gracias a su mayoría en el Congreso de los Diputados, el Gobierno aprobó un decreto ley

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ucedió de nuevo. Radio Televisión Española (RTVE) volvió a ser objeto de una “revancha político-mediática”, la misma que se practica cuando el Gobierno central lo asume un partido con siglas diferentes a su antecesor. Al ser un ente público, los cambios y despidos de directivos, periodistas y presentadores considerados “incómodos” para la gestión entrante, se dan de manera casi natural. “Pero todo cansa”, aseguró Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos, el órgano sindical que representa a los profesionales de ese medio de comunicación español. La intención, explicó, es adoptar medidas para acabar con esa “dinámica”. La nueva etapa de involución en RTVE comenzó tras el triunfo del Partido Popular (PP, derecha) y su candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, en las elecciones generales del 20 de noviembre pasado. Los electores castigaban así, lo que percibieron como un mal manejo de la crisis económica cuya cara más trágica son las 4, 587, 455 personas sin empleo hasta julio de 2012 (más de 8 mil de ellas profesionales de los medios de comunicación). El culpable, apreciaron los electores, era el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tras los nombramientos, acomodos y reacomodos en los diferentes ministerios, el Gobierno de Mariano Rajoy centró su atención en Radio Televisión Española, una sociedad mercantil estatal que organiza la gestión indirecta del servicio público

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Gobierno somete a RTVE

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empresas de telecomunicaciones. Y es que un año antes de dejar el gobierno, Rodríguez Zapatero impulsó una reforma en el funcionamiento de RTVE. Actualmente y bajo la autorización de la Unión Europea, el presupuesto del ente es cubierto un 50% por el estado y el resto proviene de un impuesto extra del 0.9% que se cobra a las compañías telefónicas, del 3% de los ingresos que declaran las televisiones privadas que emiten en abierto y de un 1.5% de retención de las ganancias obtenidas anualmente por las televisiones de pago. A cambio, el consorcio abandonó las ganancias que la emisión de publicidad conlleva. En su primer informe, Leopoldo González Echenique informó al Consejo de Administración de RTVE que las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones (obligadas a pagar una tasa sobre sus ingresos para financiar la televisión pública) adeudan 18 y 43 millones de euros, respectivamente. El dato fue corroborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismo oficial y visor para que las liquidaciones de los operadores sean correctas. En esa comparecencia, aseguró que se “trata de una cuestión meramente contable, porque si se hubiera desembolsado ese dinero, RTVE cerraría en positivo y todavía tendría que devolver dinero al Estado”. Sin embargo, la proyección para el cierre de este ejercicio 2012 es de pérdidas si las empresas de telecomunicaciones y las televisoras privadas siguen sin pagar. El lado oscuro El mismo día en que asumió el cargo ante los diputados, Leopoldo González-Echenique nombró a Julio Somoano como director de los espacios informativos de la televisión

Somoano dirigía el noticiero “Telenoticias 1” de la cadena autonómica Telemadrid. Ese es, precisamente, su “pasado más oscuro”, porque ese canal, financiado con los impuestos de los madrileños, ha sido acusado varias veces de conducirse con parcialidad a favor del PP. pública. Los sindicatos denostaron la designación argumentando que el periodista –nacido en Oviedo en 1976-, no “era de la casa", a pesar de haber comenzado su carrera, tras cursar la licenciatura en Periodismo por la Universidad de Navarra, editando a los 26 años el programa informativo más escuchado de Radio Nacional: “España a las 6”. Al momento de su nombramiento, Somoano dirigía el noticiero “Telenoticias 1” de la cadena autonómica Telemadrid. Ese es, precisamente, su “pasado más oscuro”, porque ese canal, financiado con los impuestos de los madrileños, ha sido acusado varias veces de conducirse con parcialidad a favor del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una política conservadora y de férrea personalidad. En su cuenta de Twitter, Somoano lanzó una declaración de principios e intenciones: “Me dejaré la piel por una TVE objetiva, plural y de calidad”. Sus detractores recelaron y recordaron que su tesis para concluir un Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2008, se centra en propuestas y análisis de lo que, desde su punto de vista, debió de hacer en ese entonces en materia de comunicación para llegar al poder, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese momento, el director actual trabajaba en la televisión pública que, entre sus exigencias, pide a su personal de información conducirse con independencia y neutralidad. Somoano arribó a Telemadrid para sustituir a una estrella de la información en la televisión de España: Jesús Mariñas, titular del espacio

de las 8:30 de la noche. Sin embargo, el tirón de tener como responsable del principal noticiero de la autonómica a un joven periodista, no dio muchos resultados porque su cuota de pantalla no rebasaba el 3% de la audiencia, casi un “cero técnico”. De Telemadrid también se le recuerda como uno de los miembros del grupo llamado “El lado oscuro”, supuestamente encabezado por el responsable de noticias, Agustín de Grado. Los trabajadores les identificaban como los más fieles a Esperanza Aguirre, personaje político al que “protegían” informativamente, puesto que no se podían hacer notas críticas sobre su Gobierno, mucho menos sobre ella. Las inconformidades entre los reporteros crecieron al grado que varios de ellos dejaron de firmar su trabajo en protesta por la injerencia política. La inconformidad llegó hasta el Parlamento Europeo cuando en 2007, los comités sindicales presentaron una queja por lo que consideraron una “intoxicación sistemática” y una “manipulación de la información”, por parte de sus directivos. Bajo esos antecedentes, una semana después de su nombramiento y por primera vez en la historia de RTVE, los trabajadores de las secciones de noticias y programas de actualidad fueron convocados por el sindical Consejo de Informativos para que, en un referéndum, se pronunciaran sobre el nombramiento de Somoano. Del total de 1, 607 profesionales de los informativos que participaron, solamente votó un 29%. De ellos, un 70.9% se pronunció en contra, a favor el 8.05% y el 20.9% en blanco. Aunque la consulta no es vinculante, el Comité de Empresa (sindicato) dijo que sirvió para


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pepeferruzc@hotmail.com

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conocer la opinión de los involucrados. De hecho, está incluido en el Estatuto de Información del ente público aprobado en 2006, en el cual se establece que el responsable de noticias deberá ser un profesional de reconocido prestigio, con experiencia periodística acreditada y conocimiento del medio. Subraya además, que deberá estar comprometido para defender la independencia informativa de sus subalternos frente a cualquier injerencia interna o externa. En punto controversial de su expediente en RTVE, señalado por los sindicatos, es haber obtenido una plaza en Radio Exterior de España sin ser bilingüe. Ese puesto no fue un obstáculo cuando paso a Telemadrid, porque solicitó una excedencia. Los directivos consideraron que no era compatible ese estatus con ser presentador de noticias en la cadena autonómica madrileña. Somoano fue despedido y demandó al ente que, finalmente, obtuvo la razón por parte de la justicia. Una de las primeras medidas del director de informativos de RTVE fue desmantelar, poco a poco, y en agosto –el mes de vacaciones por excelencia en España-, la estructura que creó su antecesor, el periodista Fran Llorente (jefe durante los gobiernos socialistas de Zapatero), que a su vez sustituyó a Alfredo Urdaci (jefe con el presidente José María Aznar, del PP), a quien se re-

pero hoy más que nunca sigo creyendo en el Periodismo”. Y es que Ana Pastor protagonizó en vivo, con la ex secretaria general del PP y actual presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, una discusión cuando la política le recriminó el tono de la entrevista: “Creo que en el ámbito de la información no se ve la imparcialidad que debería tener una televisión pública”. La respuesta de la conductora fue salir en defensa de su equipo. También Ramón Moreno, portavoz de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, dijo que Pastor utilizaba un tono “amable y zalamero” con los socialistas, y con gente de su partido echaba mano de la “impertinencia y el hostigamiento”. Desde el otro lado del espectro político, la conductora también fue cuestionada: José Bono, uno de los barones del PSOE, se sintió incómodo cuando en “Los desayunos de TVE”, fue interrogado sobre las aspiraciones de quien a la postre sería secretaria general de los socialistas, Carme Chacón. El ex presidente de Castilla-La Mancha, la llamó “señorita Rottenmeier”. De esa forma, RTVE deja atrás la pretensión plasmada en su reforma estatutaria de 2006 en la cual, mediante el consenso, se proponía a los dos principales partidos políticos aprobar que el periodo que deberían cumplir los máximos responsables del ente, fueran de seis años para evitar que coincidieran con los periodos gubernamentales de cuatro años. La corporación estaría, de esa forma, al margen de los vaivenes políticos para poder desempeñarse como un medio de verdad independiente.

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Julio Somoano, el polémico conductor de RTVE.

cuerda porque la Audiencia Nacional le condenó por manipulación en la cobertura de la huelga general del 20 de junio de 2002. Uno a uno, Somoano despidió a los responsables de los programas más emblemáticos de TVE que, desde la visión del PP, fueron críticos con sus dirigentes y candidatos: Xabier Fortes de “La noche en 24 horas”, Alia G. Montano de “Informe Semanal”, Josefa Rodríguez Voces, editora de "Telediario-1". En radio, se quedaron sin programa Toni Garrido, responsable del magacín vespertino “Asuntos propios” y Juan Ramón Lucas, editor del magacín matinal de Radio 1. El caso más sonado fue el de Ana Pastor, presentadora en los últimos tres años del programa “Los desayunos de TVE”. La versión oficial en un comunicado de prensa de apenas cinco líneas, indicaba que a la periodista -acusada constantemente por dirigentes del PP de parcialidad y de encabezar entrevistas “agresivas”-, se le ofreció presentar un programa semanal en la franja de noche. La versión de Pastor es distinta, según declaró al periódico El País: “Pensaba que me iban a ofrecer algo. Pero nunca hubo nada concreto. Somoano me llamó y me propuso que reflexionáramos juntos sobre el futuro. `Algo que se te dé bien, como las entrevistas´, me dijo. Pero no hubo nada concreto. Todo eran vaguedades. Improvisaba y repetía que ya veríamos de aquí (agosto) a enero”. La periodista, que trabajaba en RTVE bajo un contrato indefinido, acusó: “No quieren decir que es un despido, pero es así. No estoy dispuesta a cobrar dinero público por hacer pasillos”, dijo. En su cuenta en Twitter, finalmente anunció: “He sido cesada de #losdesayunosdetve Orgullosa del trabajo d TODO el equipo. Día triste

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Cobertura al "narco" provoca ansiedad

Dart Center

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• Balbina Flores M.

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éxico vive tiempos de extrema violencia, la crueldad de los crímenes cometidos horrorizan e impactan a toda la sociedad, y en particular a los periodistas, no solo los que cubren la noticia diaria sino también a los que están en la redacciones, señaló el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), al dar a conocer el portal en línea Círculos de Solidaridad para Periodistas, que tiene como objetivo disminuir el impacto psicológico de la violencia en los periodistas, proporcionándoles acompañamiento y asesoría para enfrentar estos traumas y preservar con ello, el equilibrio necesario para que puedan continuar con su labor de informar a la sociedad. El portal on-line es un esfuerzo realizado con la colaboración de Reporteros sin Fronteras y Tech Palewi, una organización integrada por especialistas en atención a personas y comunidades inmersas en situaciones de crisis, desastres o emergencias. Los síntomas pueden manifestarse de inmediato, a mediano o largo plazo, refiere el CEPET, en cualquier caso la persona presenta cambios en su personalidad, como alteraciones en su comportamiento, insomnio, miedos injustificados, entre otros. El portal ofrece información sobre cómo y cuándo pedir ayuda a un especialista. http://www.cepet.org/asesoria/. Las coberturas cotidianas y reiterativas de violencia, (muertos, cuerpos desmembrados, colgados o tirados) producen secuelas en los periodistas, de las cuales, solo recientemente,

algunos expertos han documentado sus efectos. Un estudio reciente, el más completo y revelador por su contenido en México, es el realizado en la tesis doctoral titulada, Estrés postraumático en periodistas que cubren noticias de narcotráfico, realizado por Rogelio Flores Morales, doctor en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El estudio que se realizó en la zona norte, centro y sur del país, en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Guerrero, entre otros, y concluyó en 2011, entregó resultados reveladores, refiere el doctor Flores, sobre los síntomas del estrés postraumático que presentan los periodistas mexicanos que cubren el narcotráfico, los cuales son más altos que los presentados por corresponsales de guerra en Chechenia, Bosnia o Medio Oriente. Otra de las revelaciones es que del 77 por ciento, el 54.2 ubicó entre los más vulnerables, a fotógrafos y camarógrafos. Es decir, uno de cada dos fotógrafos y/o camarógrafos, presenta síntomas psicopatológicos como pesadillas, irritabilidad, angustia, sobresaltos, desesperanza, entre otros síntomas. Con relación a las fuentes de cobertura encontró que los periodistas que cubren el narcotráfico, presentaron más síntomas que aquellos que cubren otras fuentes (salud, cultura, deportes, educación, entre otros).

De la muestra total, y con relación a la sintomatología abundó que el 69.6 por ciento presentó síntomas moderados a severos, un 43.5 por ciento son moderados; el 26.1 por ciento severos, y el resto va de mínimos a leves. Por lo tanto, los periodistas que cubren narcotráfico o crimen organizado, son los que presentan una sintomatología mayor de ansiedad (77 por ciento). Es decir, tres de cada cuatro periodistas de esta fuente presenta síntomas de ansiedad. No hubo, según el estudio, hallazgos significativos de diferencia entre hombres y mujeres. El doctor Flores precisa que la situación que viven los periodistas es grave considerando que el estrés postraumático, “se deriva de un trauma, son síntomas que surgen a partir de una vivencia que pone en riesgo la vida”. Por lo tanto, se refiere a aquellos periodistas que han sido amenazados o han tenido contacto con escenas de muerte y que algunos de los síntomas que puede manifestar son: ataques de pánico, accesos de llanto, trastornos de sueño, dolores de cabeza, problemas estomacales, miedos injustificados o tics nerviosos, entre otros. Manifestaciones como las anteriores pueden llevar a expresiones tan fuertes como la pronunciada antes de su muerte, en abril de 1945, por el corresponsal de guerra Ernie Pyle. “He estado sumergido en esto por mucho tiempo. Mi espíritu está tembloroso y mi mente confusa. El daño se ha convertido en algo demasiado grande”. “Si esto les sucede intenten buscar consejo de un profesional”. floresbalbina@hotmail.com


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derivadas del desinterés de sus dueños por el trabajo informativo: “sólo les interesa quedar bien con los poderosos para obtener más dinero”, y en algunos casos la autocensura es una cuestión de sobrevivencia.

Consejo de Protección, prórroga Como parte de los compromisos asumidos por los asistentes, periodistas de 28 estados del país solicitaron a la Secretaría de Gobernación prorrogar la inscripción de aspirantes para integrar el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que oficialmente concluía el viernes 24 de agosto. Se solicitó que

el periodo de inscripción concluya hasta que se garantice una difusión más amplia y la participación de periodistas de todos los estados del país. El texto fue enviado a la titular de la Coordinación Nacional del Mecanismo, Omeheira López Reyna, quien participó en el primero de tres días de trabajo del Encuentro. En el mismo documento se recuerda a la funcionaria el ofrecimiento que ésta hizo para que Gobernación participe en las reuniones con los asistentes del Encuentro, a fin de que la protección oficial a periodistas sea más efectiva, y con más consensos en la toma de decisiones. En otra resolución aprobada se exigió que el ejercicio periodístico cuente con diversas garantías de capacitación y protección a su trabajo, frente a las amenazas por frenar los flujos informativos que fortalezcan la democracia. El Encuentro, convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas con el apoyo de la fundación estadunidense Freedom House, consistió en conferencias, talleres y mesas redondas sobre temas como protocolos personales para evitar la violencia, leyes y normas existentes para el ejercicio periodístico, experiencias de investigación en periodismo y los distintos tipos de organización para la autodefensa, entre otros. La única crítica al respecto, es que los organizadores hayan aceptado financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos (el cual sostiene a Freedom House), cuyas políticas beligerantes en el mundo provocan la muerte de muchos periodistas.

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Ética periodística En las conclusiones del taller “Manejo de información con estándares éticos internacionales”, Gerardo Albarrán, defensor de la audiencia en MVS noticias dijo que: “La ética no depende del medio donde uno trabaje, es cuestión personal; el tema se vuelve un conflicto permanente, diario, y se deben asumir las consecuencias de lo que uno decide en las salas de redacción. Debemos diferenciar entre ser irreverente y ser insolente, y también tomar en cuenta que cuando un reportero se corrompe pone en riesgo a todos los demás; mejor dedíquense a otra cosa”, recomendó. Albarrán destacó la importancia de que los valores y los estándares éticos no se queden solamente en la redacción o la sala de prensa, sino que también se pueda permear la responsabilidad con los editores y dueños de medios de comunicación.

Asistentes al encuentro de periodistas.

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oy el ejercicio del periodismo en México es una profesión de alto riesgo. Sin duda, es un imperativo que profesionales de los medios de comunicación estén alertas y asuman las medidas de autoprotección que garanticen su desempeño, y que a la vez se conviertan en gestores de la organización profesional de su gremio. Por ello es necesario proporcionar a los comunicadores “conocimientos y experiencias que puedan replicar a colegas en sus zonas de trabajo, para que coadyuven a enfrentar los riesgos de agravios, y reducir la vulnerabilidad que padecen para un mejor ejercicio del periodismo”. Esas fueron algunas conclusiones y objetivos del llamado Primer Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores en Autoprotección que se realizó en la Ciudad de México, donde en mesas de análisis y conferencias se abordaron tópicos como investigación periodística y ética. En la mesa redonda “Los retos del periodismo de investigación”, Anabel Hernández dijo que optó por escribir libros con investigaciones periodísticas “por las restricciones que los medios de comunicación imponen a los periodistas. Después de tantos años de periodismo de investigación, mi mayor premio es ser ‘la periodista incómoda’; para quien es difícil conseguir trabajo. La satisfacción que me queda es cumplir y que compren mis libros, esos pedazos de verdad que uno va reconstruyendo”. Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, habló de las pésimas condiciones de trabajo en los medios de comunicación,

PERIODISMO

Periodistas del país se autoprotegen

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Censura y legislación de la libertad de imprenta en México • Martha Celis de la Cruz*

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a libertad de pensar y de manifestar las ideas han sido los derechos defendidos con mayor tenacidad por el pueblo mexicano a partir de la emancipación de España y, posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en el siglo XIX. Ya en la centuria anterior habían surgido desavenencias entre los novohis­panos por las políticas del reino español hacia las colonias, como las reformas borbónicas, la expul­ sión de los jesuitas y el alto costo del financiamiento de las guerras de España contra los reinos enemi­gos en Europa. Un hecho histórico trascendental que permitió la apertura del espacio público fue la invasión de Napoleón a la península y el secuestro del rey Fer­nando VII; sucesos que permitieron a los habitantes 60 de la Nueva España organizarse por medio del voto y de esta manera elegir, por primera vez, a sus representantes en las Cortes de Cádiz. Aparecieron nuevas formas de sociabilidad política, como la libertad de reunión y de asociación política y la formación de la opinión publica por medio de los impresos. Estos acontecimientos abrieron el camino a la idea moderna de nación y de ciudada­nía. El advenimiento de un nuevo régimen o Esta­do moderno se dio gracias a las influencias tanto comerciales como culturales entre peninsulares y americanos, quienes vieron los cambios futuros con una prospectiva que más tarde conoceríamos gracias a la prensa y a otros papeles que circula­ron en esos años. En los primeros 20 años del siglo XIX era ya evidente la influencia de la

La prensa de la capital en los últimos días de la libertad de imprenta • Constantino Escalante

Ilustración entre los novohispanos, con la circulación de impresos sobre las ideas y discusiones políticas, sobre todo aquellos de crítica religiosa, comunes en España, que denunciaban los “errores y vicios” de algunos sectores del clero. Estos escritos relacionaban di­chos “vicios” con el atraso del Estado español en materia económica, social y cultural, que afectaba a las colonias y, por ende, también a la Nueva España. Un ejemplo de esta crítica fue la disidencia de fray Servando Teresa de Mier en la Iglesia católica, cuyo juicio y expulsión fue promovido por la Santa Inquisición. El periodo virreinal se caracterizó por tener un esquema de tranquilidad y orden público fundado en el ideal de obediencia, en el sofocamiento tanto del escándalo y la revuelta, como de las críticas y opiniones contrarias a la autoridad regia y ecle­siástica. Al analizar los conceptos de libertad de imprenta, libertad de expresión, libertad de pen­samiento, libertad de creencias y libertad de con­ciencia, observamos que todos ellos se encuentran estrechamente vinculados al ámbito político de la relación Estado e Iglesia.

Los reglamentos Durante el siglo XIX se elaboraron seis reglamentos de libertad de imprenta: Libertad política de la imprenta del 10 de noviembre de 1810, cuya aplicación se dio hasta 1812 y fue solamente por dos meses; el Reglamento General de la Libertad de Imprenta del 22 de octubre de 1820; el Regla­mento adicional a la libertad de imprenta del 13 de diciembre de 1821; el Reglamento de la Libertad de Imprenta del 14 de noviembre de 1846 (Ley Lafragua); Se arregla el uso de la libertad de im­prenta, del 25 de abril de 1853 (Ley Lares), y el Reglamento de la libertad de imprenta del 28 de diciembre de 1855 (cambios a la Ley Lafragua que más tarde se conocerá como Ley Zarco). Junto a esta legislación operaron otras disposiciones que normaron el ejercicio de la imprenta, pero fueron modificaciones, adiciones y derogaciones de algu­nos artículos, dados a conocer por medio de decre­tos, bandos o circulares. Los diferentes cambios a la normatividad obedecían al contexto político, pues la prensa, como orientadora de la opinión pública, juzgaba los errores y desaciertos de los mandatarios y de los representantes del poder público. En las dos primeras regulaciones españolas fue suspendida la Inquisición, instrumento de censura y control que servía a los intereses del clero y la monarquía. En la década de los años 20, se publi­ caron, junto con el tercer reglamento de impren­ta, otros decretos que definieron las políticas de los proyectos editoriales del gobierno de la nueva nación. El Congreso reglamentó las publicaciones


los escarnios, sátiras e invectivas que se dirijan contra la misma religión”, o bien escritos, que “ataquen directamente la forma de gobierno republicano, representativo, popular”. Ley Lares, un retroceso En el último gobierno del general Antonio López de Santa Anna, en 1853, fue publicado uno de los reglamentos más represivos contra la libertad de imprenta: la ley elaborada por Teodosio Lares. El nuevo reglamento obligaba a los impresores a registrarse y pagar un depósito en el Montepío de tres a seis mil pesos. Retomaba el delito de subversión a los impresos contrarios a “la religión católica o atacasen o insulten el decoro del gobier­no supremo”.

Antonio López de Santa Anna

Por las mismas fechas fue emitida una normativi­dad conocida como Ley Otero, en junio de 1848, que defendió la vida privada y que consideraba difama­ torios los escritos que atacaran la reputación de los particulares. Al igual que los anteriores reglamen­tos, esta ley consideró como abuso de la libertad de imprenta la publicación de escritos donde se ata­cara “de un modo directo la religión católica, que profesa la nación, entendiéndose comprendidos en estos abusos

RESEÑAS PRENSA E HISTORIA

oficiales (memorias, colecciones legislativas, dia­rio oficial, archivos del gobierno) con la finalidad de dar a conocer las leyes, decretos y reglamen­tos que debían de informar, educar y respetar los mexicanos, quienes dejaban de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Trabajo complicado y difícil si analizamos los intereses políticos que fue­ron afectados, principalmente los privilegios de las instituciones políticas, religiosas y militares. Después de 25 años promulgan el cuarto re­glamento elaborado por José María Lafragua, en 1846, el cual definió los casos en que se incurría en el delito de abusos de imprenta; incorporó el restablecimiento del juicio de jurados y el derecho de defensa del acusado, además del respeto a la vida privada. Ayudó a especificar qué temas po­dían hacerse públicos y sobre cuales no se podía escribir.

Cuando triunfó la revolución de Ayutla, el gobier­no de Ignacio Comonfort volvió aplicar la Ley La­fragua, con dos variaciones principales en el regla­ mento: la primera fue la prohibición del anónimo, y la segunda, la supresión de un jurado popular debido a la guerra civil organizada por el clero poblano, si­ tuación que polarizó a la sociedad en ese momento e impidió aplicar esta práctica judicial con imparcia­lidad, decía Lafragua. En el Congreso constituyente de 1856, Francisco Zarco, como miembro

Francisco Zarco

de la co­misión de la libertad de imprenta, hizo un balance de las diversas leyes que se habían dictado en México sobre la libertad de prensa, y señaló que ésta fue sin duda la más liberal y la más filosófica de cuantas se expidieron, y que por lo mismo se ha­bían aprovechado de ella, esencialmente en cuanto a los pro­ cedimientos de los jurados populares. En aquella época se consideraban ap­tos para integrar los jurados a comercian­tes, tocineros, pana­deros, propietarios, abogados, artesa­nos, eclesiásticos y labradores. La mayoría de la población no sabía leer ni es­cribir, y a veces ni siquiera los magistrados sabían hacerlo bien. El uso de una política de represión a la liber­tad de imprenta y la aplicación de la censura para quienes criticaran los errores del grupo en el poder, fomentaron la curiosidad y el deseo por cambiar a nuevas formas de resolver los problemas políticos, sociales y económicos, especialmente en el siglo XIX. La hoguera, la cicuta y el martirio fueron los grandes propagadores de las ideas, decía Emilio Castelar. El tirano se espanta del ruido de una hoja… de papel. *Texto (8) elaborado por Martha Celis† del Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM. La maestra Celis falleció el 19 de mayo de 2011. El texto fue tomado de la serie “Prensa e Independencia”, editado por revista Zócalo, Premio Nacional de Periodismo, 2010.

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Médios públicos, desafíos

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ualquier reforma estructural proveniente del legislativo ya no puede soslayar la necesaria transformación de las relaciones de conveniencia entre empresarios de la comunicación y los poderes públicos, en un sector tan imbricado como el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, caracterizado por concentrar frecuencias y contenidos editoriales y periodísticos de precaria calidad. Estas son algunas de las tesis principales que el doctor Raúl Trejo Delarbre expone en su conferencia magistral “Comunicación, política, sociedad”, expuesta durante la Octava Bienal Internacional de Radio, organizada en 2010 por Radio Educación. En esas tesis, que se incluyen en la edición impresa de Memorias de la Bienal, Trejo refuta el argumento de Manuel Castells de que los medios de comunicación “no son el Cuarto Poder son el espacio donde se crea el poder”. Trejo admite, sin embargo, la gran influencia que tienen esos medios dentro del poder y su capacidad de persuasión entre la colectividad; aunque ésta, advierte, no es absoluta.

Incursiona en la crítica contra la concentración, calidad y estridencia que pueblan a los medios privados, como producto de la acumulación que “…abate por lo general la calidad de los contenidos de frecuencias en pocas manos”, pero indica las insuficiencias y retos que deben asumir los medios de servicio público, los cuales “tienen que demostrar por qué le son necesarios a la sociedad”. En las mismas Memorias, Mariano Cebrián considera que la radio ha sabido sortear y asimilar las nuevas tecnologías, “… los medios están en constante reajuste por la presencia de nuevos medios, plataformas y redes de comunicación". Para el teórico español, esos cambios han transformado la forma tradicional de hacer radio. Ahora el individuo, de ser consumidor pasa a ser “prosumidor”, entendiéndolo como el oyente que interactúa, produce y crea sus propios contenidos o mensajes. Cebrián sentencia: “La radio no sólo es negocio”, queriendo decir que las radios públicas están en la línea de la innovación, pero también con el deber de cumplir la función de servicio público: “…para que todo ciudadano tenga garantía de recibir una información suficiente, plural… separar con claridad la opinión de la información…” Las Memorias incluyen otras dos conferencias magistrales: Cultura mediática y culturas particulares en la globalización de Gilberto Giménez y Creados y autores en el mundo digital de Alejandro Gustavo Piscitelli. Además de 27 ponencias dividas en cinco temáticas generales sobre la radio pública y la convergencia digital,audiencias y defensores de la audiencia. (Carlos Padilla Ríos)

Más periodistas seguros

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éxico, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, es la razón del Manual de Autoprotección para periodistas, una herramienta que nos habla de los tipos de seguridad, entre los que se encuentran, la personal, la seguridad en la calle, en el transporte público, a bordo de nuestro auto o en sitios públicos. Andrés Solís Álvarez, realiza este manual basándose en experiencias de colegas y sus propias vivencias, como una manera de reflejar a lo que se enfrentan día a día los representantes de la prensa. Trata sobre las coberturas de riesgo y de las medidas precautorias que se deben tomar en cuenta cuando se realizan asignaciones especiales en campo o en enfrentamientos armados entre la policía y la sociedad. Solís Álvarez realiza este manual no solo para periodistas, también le es útil a estudiantes, pues en el texto vierte diferentes escenarios en los que se pueden ver involucrados los reporteros y cómo reaccionar ante algunas eventualidades; asímismo


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omunicación y Sociedad, revista publicada mensualmente por el Departamento de Estudios de la Comunicación de la Universidad de Guadalajara, nos ofrece en su volumen 17 (enero-

Historias de una generación entregada al crimen

Análisis en Comunicación y Sociedad

junio de 2012), una selecta recopilación de artículos analíticos y reseñas sobre fenómenos y temáticas diversas de la amplía agenda sobre investigaciones en los estudios de comunicación. La recopilación alcanza el análisis de diversos productos culturales: cine, telenovelas, el poder de la imagen y el periodismo, bajo múltiples miradas, acercamientos específicos y desde perspectivas teóricas muy específicas. Por ejemplo, la modernidad, la educación, la historia y los estudios de género en el caso del cine. Del mundo de las telenovelas, se toma un ejemplo donde, a partir de su narrativa, se muestra cómo se construyen escenarios y discursos de interés público-social para incidir en la opinión pública; de igual forma, se incluye un sorprendente análisis de la imagen (basado en la obra de Aby Warburg), ligado al género femenino. Sobre periodismo, incluye un acercamiento a la actual situación académica y profesional de los periodistas en Chile. Por lo demás, sobresalen los artículos El rumor del nopal chino: construcción institucional y efectos sociales de noticias falsas (un análisis del discurso en la producción del rumor como una estrategia de comunicación efectiva); La leyenda del robo de órganos (acerca del impacto del relato fantástico); Tendencias actuales en los estudios cuantitativos en comunicación , y la reseña Semiótica y la teoría de la comunicación, los cuales profundizan sobre la inclinación, importancia y vigencia del carácter teórico-técnico-metodológico del campo de la comunicación. (Leonardo David Piliado Navia)

RESEÑAS

menciona una serie de consejos muy útiles para no poner en riesgo la vida. Algunas veces funcionarios, militares, agente policiales y la sociedad actúan como enemigos al intentar a toda costa, ser captados por las lentes, grabadoras y ojos críticos de periodistas que dan testimonio de los hechos que se suscitan a diario. También hace algunas reflexiones acerca de la búsqueda de la información, pues por “ninguna nota vale la pena arriesgar la vida”, y precisamente tomando las medidas de seguridad y los consejos que se plasman, se puede obtener una mejor información o imagen sin arriesgarse tanto y cumplir con el deber de informar. (Michel Santiago)

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a juventud mexicana, “divino tesoro” como dirían los antiguos, o “Nuestra futura salvación”, según un dicho del gobierno de los años 70, cuando los demógrafos dejaron claro que para el año 2010, habría en el país una mayoría de jóvenes. Dos personas en edad productiva por cada una improductiva. Ante tal afirmación, los políticos estaban fascinados: nuestro país con una fuente interminable de jóvenes trabajadores que, eventualmente, llevarían al país al desarrollo primer mundista. En el último censo nacional de población, (2010) México contaba 112 millones 337 mil personas, de los cuales 37 millones son jóvenes, dejando la edad media del país en 26 años. Los demógrafos tenían razón. Los políticos, no. Humberto Padgett, periodista mexicano, presenta su libro “Los muchachos perdidos”, una extensión del reportaje publicado a principios de año por la revista Emeequis. En

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este trabajo, que le valió el premio de periodismo Ortega y Gasset, Padgett retrata la situación actual de la juventud mexicana, pero no aquella que el gobierno predijo, esa que grita en las calles: “Apaga le televisión, prende la educación”, sino una muy opuesta. El autor describe una generación de niños y jóvenes que nacieron sentenciados a la carencia, al “no hay”: No hay educación, no hay dinero, no hay futuro.

Con una buena narrativa periodística, el libro nos conduce por una serie de historias, en las cuales, los protagonistas provienen de los barrios “problema” de la Ciudad de México, aquellos donde la ley es prácticamente inexistente, los programas sociales son escasos y la cobertura educativa insuficiente. Como una alternativa al prospecto de vida mediocre, aparece el

crimen organizado, que en los últimos años ha encontrado en esta “horda de jóvenes”, un suministro interminable de recursos desechables. Niños que, influenciados por el consumismo que los rodea y sin ningún freno social, como la empatía, buscan riqueza y status, aunque para lograrlos, robar, engañar y asesinar, no solo sea aceptable sino necesario. (Ximena Natera)

Nota roja en la prensa salvadoreña

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l Salvador, el país centroamericano, atraviesa –desde hace varias décadas- por un proceso de violencia social producto, –en parte- de las condiciones generadas por la posguerra. El problema abarca diferentes manifestaciones como el aumento de la violencia intrafamiliar, la delincuencia común, los crímenes pasionales y circunstanciales y un alto índice de asesinatos. 64 Lauri García Dueñas en su tesis La percepción social de la violencia y la elaboración de la nota roja en la prensa escrita salvadoreña (Maestría en Comunicación. UNAM. 2008. P.277), se plantea la pregunta: ¿Cuál es la relación de sentido entre la producción de la nota roja en la prensa escrita salvadoreña y la percepción social de la violencia? El estudio comprende el periodo 2003-2007 en El Salvador y se conforma por cuatro capítulos. En el primero, "De la guerra civil a la Inseguridad ciudadana", se hace un recorrido por las causas históricas que hicieron de la violencia en El Salvador,uno de los problemas sociales del pais. El segundo, "La violencia como cultura: una aproximación

desde la teoría de la estructuración y la hermenéutica", se describen los fundamentos teóricos para acercarse al problema de la violencia en El Salvador. En el tercero, "Entre el mensaje y el sentido. El relato y el retrato de la violencia en la prensa escrita de El Salvador. Entrevistas en profundidad y análisis de discursos de diez casos emblemáticos de nota roja(2003-2007)" , se revela la postura crítica, tanto de editores y fotógrafos, sobre el papel que la prensa escrita debe tener frente al problema de la violencia en El Salvador. En el cuarto y último capítulo, "Crisoles interpretativos. La percepción social de la violencia a través de la nota roja en la prensa escrita salvadoreña. Un estudio de recepción", el lector encuentra el protocolo de investigación llevado a cabo en julio de 2007 en El Salvador. En las conclusiones, la tesista insiste en que El Salvador necesita que la prensa escrita aborde de manera más profesional y profunda, el tema; que sus periodistas sean cada vez más conscientes de su responsabilidad social y que se ciñan a los

manuales de periodismo y ética para ejercer su labor. “Y sobre todo, que los agentes dejen de lado sus particulares relatos así como las quejas y traten desde el entorno de su vida cotidiana de cesar las condiciones inadvertidas de la acción y las consecuencias no buscadas de ésta para que la reproducción sistémica de la violencia termine de una vez por todas”. (Frambel Lizárraga Salas) frambellizarraga@hotmail.com


Juan Pablo Zamora/ Cuartoscuro

DIVULGACIÓN

Valtierra: 37 años de testimonios

Con la retrospectiva más grande montada de su obra, el fotógrafo Pedro Valtierra celebra un año más de actividad profesional. Son 200 imágenes montadas en gran formato que se exhiben en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco hasta el mes de octubre.

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• Ximena Natera subordinado la foto al texto, hay que buscar equilibrio no sacrificio. No publicar fotos grandes sino fotos grandiosas. Mi formación es de periodista y las fotos tienen que pasar el filtro de publicación y ahí se van perdiendo muchas”. Descarta que con la fotografía digital, el periodismo pierda credibilidad: “Reivindico el trabajo digital, dicen que el periodismo pierde credibilidad porque con tecnología se puede manipular. Está mal, se da un problema de ciencia, uno ético, otro de disciplina. La manipulación de imágenes no es nueva, se ha hecho desde siempre y no tiene que ver con Photoshop, es la falta de respeto al lector”. “Nosotros damos espacio a todos a los que no lo tenían. No nos censuramos, hacemos registro puntual de lo que sucede, buscando un enfoque de cierta irreverencia en las fotografías. Quitamos a los políticos esa imagen que se tiene de figura intocable, los retratamos como los seres humanos. No defendemos ni atacamos a nadie, retratamos a Maciel, Slim y movimientos de guerrilla por igual”, agrega el fotógrafo de 57 años de edad originario de Zacatecas.

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menos 60 mil muertos, entre ellos 56 periodistas, aunque no todos asesinados por el crimen organizado. “Definitivamente no, no vale la pena sacrificar tu vida por la información y mucho menos en esta guerra sin sentido ni propósito. Hay que registrar lo que tenga que registrarse, pero hasta el punto de lo posible”, sentencia. Sentado en un equipal dentro de su oficina y con una taza de café en mano, nos habla sobre la exposición, la cual tomó cerca de un año su preparación. “Estoy contento con la inauguración porque me gustó. Esperaba audiencia pero no tanta y sobre todo me gustó la calidad de la gente que le interesaba la fotografía. Es un orgullo ver que mis fotos se defienden bien. No siempre se tiene la oportunidad de ver este proceso. Me da gusto que en la exposición, las fotos se mantengan y de alguna manera hayan pasado más allá de la página diaria”. En estos momentos en los que la prensa escrita está en crisis, Valtierra reconoce que hace falta un balance. “Como antecedente, los periódicos que han influido y tenido presencia son aquellos con directores que tienen gusto por la fotografía, alguien que ordene respetar la imagen. Siempre se ha

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a primera impresión que se tiene al conocer a Pedro Valtierra es su aspecto juvenil, a pesar de ser un hombre que ha documentado casi una docena de guerras, ganado el Premio de Periodismo Rey de España y creado la agencia de fotografía más grande del país. Hoy, celebra 37 años de actividad periodística con la exposición “Pedro Valtierra. Mirada y testimonio”, que reúne su trabajo documental. La muestra es una selección de 200 imágenes escogidas entre 35 mil negativos del fotoperiodismo que realizó el autor cubriendo conflictos armados en Nicaragua, El Salvador, Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática; así como imágenes emblemáticas de la trayectoria de la agencia que dirige, Cuartoscuro. “Mirada y testimonio” es una exposición que permanecerá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta octubre, y cuya curaduría estuvo a cargo de Alberto Castillo y Mónica Morales. No obstante haber arriesgado su vida cubriendo esas batallas, Valtierra nos confiesa días después que no vale la pena morir por la nota o por la foto, en el contexto de la guerra contra el narco del panista Felipe Calderón, que ha dejado al

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Avances ante resoluciones definitivas del IFAI

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mediados de junio, mediante un comunicado emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se dio cuenta de una de las resoluciones más relevantes asumidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para garantizar la autonomía de los órganos garantes del derecho a la información y la inatacabilidad de sus resoluciones. Por unanimidad, el máximo tribunal del país invalidó una reforma aprobada en 2009 en el estado de Campeche, el cual facultó a las autoridades para impugnar ante el Tribunal de Justicia del Estado, fallos de la Comisión de Transparencia local que le fueran adversos, lo que fue considerado en su momento como una involución, tanto al derecho de la información de los ciudadanos, como al ejercicio de rendición de cuentas en el país. El hecho de que un órgano jurisdiccional distinto pudiera revisar las determinaciones de los institutos encargados de velar por la máxima publicidad de la información pública, es un franco atentado a su autonomía, lo cual repercute en favor de todas aquellas autoridades afines para mantener la opacidad en su actuar administrativo y financiero por el que deben rendir cuentas, lo que a su vez, abre mayores márgenes a prácticas de corrupción en el ejercicio de la función pública. De acuerdo con Cecilia Azuara Arai, Secretaria de Acceso a la Información y Protección de Datos del IFAI (quien

es mencionada en el comunicado institucional), autoridades de todos los órdenes de gobierno tendrán ahora “el reto de considerar el tema de la transparencia y el acceso a la información como un valor inherente a la función pública”, tras la resolución asumida por la SCJN, con la cual se establece que ninguna autoridad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en ninguno de sus tres niveles: federal, estatal y municipal, “tiene derecho a impugnar en tribunales las órdenes de acceso a la información pública dictadas por los órganos de transparencia”.

tía de audiencia de los terceros interesados durante la sustanciación del recursos de revisión o en la propia resolución y, en algunos casos, la decisión de desechar el recurso de revisión”.

Amparos interpuestos ante el IFAI Para dar una muestra de la recurrencia y magnitud con que las autoridades de la Administración Pública Federal (APF), promueven amparos y demandas de nulidad en contra de las resoluciones del IFAI en juicios contenciosos administrativos, en su 9° Informe de Labores entregado al Congreso de la Unión, el órgano de transparencia y protección de datos asienta que el 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2011 se presentaron 436 amparos en contra de sus resoluciones. Durante 2011 se interpusieron 66 amparos en contra del IFAI. Durante ese año, se resolvieron 58 amparos: 44 de estas resoluciones fueron favorables al instituto y las 14 restantes, desfavorables. “Las principales causas que dieron lugar a las resoluciones judiciales desfavorables al IFAI fueron la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones  de los recursos de revisión, la vulneración de la garan-

En su apartado de “Amparos y juicios”, el IFAI recuerda que, en años anteriores, las autoridades promovieron diversos amparos en contra de sus resoluciones. “En todos los casos el Poder Judicial de la Federación determinó no dar trámite a dichos amparos en virtud de que no se acreditaba el daño patrimonial que se hubiera podido causar a la institución en cuestión a causa de la determinación del IFAI, único supuesto por el que procede el amparo cuando se trata de entes públicos”. Respecto a los juicios contenciosos administrativos promovidos en contra de las resoluciones del Instituto, se tiene que desde la creación del IFAI hasta diciembre de 2011, se han presentado 48 demandas de nulidad en contra de sus resoluciones, “8 de ellas han sido interpuestas por particulares, una por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y 38 por dependencias y entidades de la APF".

internet

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• Gerardo Israel Montes

Una tesis del Tribunal Colegiado fortalece al IFAI


Durante 2011 se interpusieron 66 amparos en contra del IFAI. Durante ese año, se resolvieron 58 amparos: 44 de estas resoluciones fueron favorables al instituto y las 14 restantes, desfavorables. que el recursos de revisión previsto en la LFTAIPG, “no forma parte de los actos revisables por el TFJFA, de acuerdo con su propia Ley Orgánica”.

Juan Plablo Zamora, Cuartoscuro

El SAT no difunde nombres de beneficiados con a cancelación de créditos fiscales.

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Créditos fiscales, tema pendiente A pesar de los triunfos obtenidos para evitar que una segunda instancia jurisdiccional revise las resoluciones de los órganos de transparencia, lo cual permite abonar en favor de su autonomía y una mayor publicidad de la información pública, aún persisten prácticas de opacidad por parte de los entes obligados de la Administración Pública Federal, quienes recurren a otras instancias legales para no acatar las resoluciones dictadas en materia de transparencia. El caso más representativo es el del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en 2007 canceló créditos fiscales por un monto cercano a los 74 mil millones de pesos, sin dar a conocer las razones por las cuales tuvo para llevar a cabo tal condonación ni para resguardar los nombres de los beneficiarios. Sobre este asunto, a principios de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por ocho votos contra dos, la constitucional del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que ordena a las autoridades guardar una reserva absoluta de la información entregada por los contribuyentes, dis-

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Tesis favorables Un elemento más que fortalece la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI (su informe de labores 2009 lo menciona), es una tesis emitida en favor del órgano de acceso a la información y protección de datos, por parte del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la que se asienta que la revisión fiscal es improcedente contra las sentencias dictadas por el TFJFA que hayan confirmado que se desecha el juicio de nulidad respecto de resoluciones emitidas por el IFAI (Tesis l.17º.A.30 A). Igualmente durante 2011, se generaron dos tesis por parte del TFJFA a favor del Instituto, en las cuales se da a conocer que las resoluciones emitidas por el Pleno del IFAI, “no son impugnables” a través del cita-

do tribunal, razón por la cual, las resoluciones que emita esta autoridad “son de carácter definitivo para los sujetos obligados de la LFTAIPG”.

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En su 9° Informe de labores, el IFAI da cuenta que, no obstante que las resoluciones que emite el Instituto “son definitivas”, de 2005 a 2011 algunas autoridades promovieron juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), como una vía para atacar las resoluciones del órgano de transparencia. “Solamente uno de estos juicios prosperó. En la mayoría de los casos las demandas fueron desechadas, es decir, el TFJFA admitió que no se pueden revisar las resoluciones dictadas por el IFAI, ya que la ley no lo permite y, en consecuencia, se cancela por completo la posibilidad de que otro tribunal analice la actuación del Instituto”. Del primero de enero al 31 de diciembre de 2011 se combatieron 4 resoluciones del IFAI, todas por parte de la PGR. Asimismo, se presentó un juicio contencioso administrativo federal promovido en contra de una resolución dictada por este Instituto, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Los argumentos fundamentales con los cuales el IFAI ha enfrentado estas acciones (se añade en el informe de labores) y que han sido determinantes para las resoluciones emitidas por el Tribunal en dichos juicios, tienen que ver con los juicios promovidos por dependencias y entidades, el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), es contundente al señalar que las resoluciones del IFAI son “definitivas”. Además, la incompetencia del TFJFA para conocer las impugnaciones de las resoluciones emitidas por el Pleno del IFAI se fundamenta en que es una instancia cuyo ámbito de competencia es resolver las controversias suscitadas entre la APF y los particulares, de conformidad con la Constitución Política, y

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posición en la que se basó el SAT para no difundir los nombres de quienes fueron beneficiados en 2007 con la cancelación de créditos fiscales. Asimismo, la SCJN resolvió negar a Jimena Ávalos Capín (promovente del amparo que a su vez fue impulsado por Fundar) el acceso a la información referente a los nombres, monto y razones que tuvo el SAT para determinar la cancelación de los mencionados créditos fiscales. No obstante, la resolución asumida por el máximo tribunal, el IFAI sostuvo que aún es posible conocer las entidades de los beneficiarios. Cecilia Azuara, secretaria de Acceso a la Información del IFAI, ha señalado que aún existe la posibilidad de que por la vía del amparo, otros solicitantes de la información puedan conocer los nombres de los beneficiarios de los créditos fiscales. En este tenor, a principios de agosto, por cuarta ocasión el IFAI ordenó nuevamente al SAT entregar los nombres de los contribuyentes a quienes condonó créditos fiscales (El Universal, 06/08/12). De acuerdo con la nota periodística, el solicitante pidió el nombre de los beneficiados con la cancelación de créditos superiores a los 10 mil pesos en 2011. Ante los argumentos esgrimidos por el SAT en el sentido de que la información está reservada por un periodo de 12 años, de acuerdo con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación (LFTAIPG), la comisionada presidenta del IFAI, responsable de resolver el recurso de queja interpuesto, fue enfática al considerar que los argumentos para clasificar la información son improcedentes, porque el acceso a estos datos promueve la rendición de cuentas de decisiones y actos públicos, fortaleciendo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en artículo 6 de la Constitución, el cual establece que toda la información, en posesión de los órganos del Estado Mexicano, es pública. gerardoisrael@yahoo.com.mx


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Padre Yván: figura profética de nuestra sociedad • Agustín Pineda

* Un hermano campesino lanzó con otros una cooperativa de material para ayudarse entre campesinos; una hermana religiosa fue enviada por el obispo en misión en el mundo obrero, trabajó como obrera la mayor parte de su vida, incluso fue delegada sindical, cuando se jubiló fue enviada de misionera a África; otra hermana casada siguió una formación de fe para acompañar a su esposo, ahora diácono permanente, ambos comprometidos en su colonia popular con mayoría de migrantes musulmanes.

El camino a Sudamérica Con este propósito fue enviado a Chile, de septiembre de 1971 a septiembre de 1973. Se insertó en el trabajo de las colonias populares, pero la iglesia local que era muy conservadora lo mantuvo aislado y tras muchas tensiones por haber cuestionado, como él diría “de manera imprudente” en una junta del presbiterio, algunas orientaciones del Obispo para que fueran solidarios con una huelga de los empleados del cobre (huelga política del sector mejor pagado del mundo laboral en ese entonces) fue arrestado y deportado a Francia.

f o rma c i ó n

Antecedentes Yves Perraud, para los mexicanos Padre Yván (con i latina), nació en la ciudad de Nantes, Francia el 12 de, febrero de 1940, en el seno de una familia de campesinos, humilde, muy unida, trabajadora y comprometida con su realidad*. Cuando era seminarista estuvo 19 meses acuartelado, pasó un año en Argelia justo en el momento del fin de la guerra y la Independencia de ese país como Colonia Francesa. Estando en Argelia se enteró del lla-

mado del Papa Juan XXIII pidiendo sacerdotes para América Latina. Cuando regresa a Nantes se da cuenta que varios Obispos comulgan con las ideas del Concilio Vaticano II, que los responsables de pastoral impulsaban los movimientos de acción católica especializada en la línea del Cardenal belga José Cardijn, fundador de la Juventud Obrera Católica (JOC), insistiendo en la revisión de vida para iluminar la existencia y transformarla. De ahí que tomó contacto con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal Francia-América Latina, un sacerdote que trabajaba con la JOC que le indicaba que “valía la pena ir a América Latina si era para formar laicos y al servicio de los más pobres, de lo contrario ni vayan.”

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a decidido pasar sus últimos años de apostolado en su país natal, Francia. Se trata de una figura emblemática del sacerdocio en México durante los últimos treinta años. Amado por muchos por su opción por los pobres, repulsado por la iglesia diocesana que no compartía su misión a lado de los desprotegidos y la lucha por la justicia, se convirtió en una figura profética contemporánea en nuestro país, hasta luego Padre Yván.

69 El trabajo de Yván benefició a los pobres

A su regreso a Francia fue reubicado en una parroquia de la periferia durante cuatro años, tiempo que le sirvió de preparación para regresar a América Latina, por lo que hizo formación de enfermero, trabajó en un hospital rolando turno y apoyando en parroquia como vicario. El regreso a América Latina aconteció en Colombia. De enero de 1978 a agosto de 1981, en la ciudad de Barranquilla, empezó a trabajar en la línea de la Pastoral Obrera, adscrito con un párroco colombiano. Al poco tiempo se le solicita ser asesor nacional


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Con el apoyo de Yván se crearon círculos obreros con algunos trabajadores y trabajadoras, para estudiar la Ley Federal del Trabajo y compartir las experiencias que vivían en sus fábricas, así como sus luchas en contra de los falsos sindicatos.

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de la JOC, por lo que fue coordinador de los responsables de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Le correspondió vivir un tiempo de muchas tensiones a nivel nacional, con un Presidente sometido a los militares, que perseguía y sospechaba que había guerrillas por todos lados, por lo que también los movimientos obreros siempre estuvieron vigilados. Cualquier manifestación por motivos laborales era vista como infiltración y manipulación de las guerrillas; en tanto, el clero local era muy conservador, inclusive el obispo auxiliar de su diócesis era del Opus Dei. Por esta razón el movimiento de Pastoral Obrera que encabezaba sufrió muchas tensiones y conflictos, como el arresto de jocistas en una manifestación laboral y la intimidación de éstos por parte del Ejército en Bogotá que fueron bajados del avión para ser interrogados buena parte de la noche tras asistir a un encuentro nacional. El conflicto mayor al cual fue sometido Yván se derivó de la visita de un sacerdote salvadoreño que acudió a sensibilizar la comunidad universitaria de Barranquilla sobre la realidad y las dimensiones de la injusticia en el Salvador. El asistió a la presentación con el párroco colombiano con el cual estaba adscrito, decidieron invitar al sacerdote salvadoreño a quedarse en la parroquia y después de su partida al día siguiente, tuvieron la visita incógnita de un agente de Gobernación, haciéndose pasar por estudiante. Algunos días después el Padre Yván fue citado en Gobernación a declarar sobre el por qué habían recibido a este Padre salvadoreño. Quedó libre después del interrogatorio y

esclarecimiento pero Gobernación había avisado de ello al Arzobispo de Barranquilla, por lo que días después recibió una notificación de la Comisión Episcopal Colombiana para avisarle que ya no era asesor nacional de la JOC. Nunca tuvo la oportunidad de hablar directamente con el Arzobispo, éste sólo le mandó decir que tenía que buscar otra diócesis porque estaba en contacto con la guerrilla de El Salvador. Otro Obispo de la diócesis vecina lo aceptó, pero al poco tiempo, presionado por el Arzobispo de Barranquilla le mandó decir que no podía estar en esa diócesis porque el Arzobispo no lo aceptaba. Tras analizar con otros asesores de la JOC que ya “había sido fichado” consideró que era preferible no cambiar a otra diócesis de Colombia porque se iba a saber y la JOC iba a sufrir las consecuencias, era momento de salir de Colombia. Para su fortuna se enteró de una solicitud del en ese entonces Obispo de Tlalnepantla, estado de México, Mons. Adolfo Suárez, de pedir un equipo para iniciar la Pastoral Obrera con un sacerdote franciscano y otro sacerdote francés, Raymundo González, que trabajaba en el Distrito Federal desde finales de los setenta. 30 años en Naucalpan, México Yván llega como sacerdote adscrito en la Colonia San Esteban, en Naucalpan, municipio del Estado de México, lugar en donde estuvo de septiembre de 1981 a abril de 1983. Alguna ocasión comentó que llegó a México pensando “Cuidado! ya van dos veces que hay problemas! (en alusión a sus experiencia en Chile y Colombia), aguántate!”.

Estuvo un poco más de un año en esa situación, sin embargo, era ir contra su naturaleza, ya que se sentía como un funcionario de ceremonias sociales por la cantidad de eventos religiosos que había que realizar los sábados, sin que existiera ninguna preocupación educativa. Por esta razón empezó a conocer y acompañar un grupo de jóvenes trabajadores en la línea de la Juventud Obrera Cristiana, empero, en la comunidad no se entendía la misión recibida de iniciar en este contexto la pastoral obrera. Durante este tiempo tuvo acercamiento a las huelgas y dialogó con los trabajadores, a los cuales mostró su solidaridad a tal grado que les hacía presentaciones con diapositivas sobre el análisis de la realidad, entre estas luchas obreras destacan la huelga de seis meses de la fábrica Sedas Real, de Carabela también de 6 meses; Aceros Nacionales y La Favorita. El contacto con los trabajadores en estos primeros dos años tuvo como propósito escucharlos, comprender sus reivindicaciones, descubrir las diversas tendencias dentro de los mismos organizadores, invitar a la unión y la formación en derechos laborales. Dado que los trabajadores sentían la Iglesia lejos de ellos al inicio desconfiaban de su trabajo, pero se ganó la simpatía de algunos, que le permitió, después de muchos intentos, formar un equipo estable de trabajadores cristianos. Después de un año y medio se solicitó al Obispo tener una parroquia para que junto con Raymundo González, el otro sacerdote francés, con la misma formación, pudieran trabajar juntos y organizarse mejor. Así llegaron a la parroquia San Pedro Apóstol en la Cañada, en abril


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mités de participación ciudadana. Algunos laicos se inscribieron en las planillas para ser parte de los comités de participación ciudadana; les costó muchas críticas y calumnias por no ser incondicionales de tal o cual partido. En algunas colonias ganaron y siguen luchando con poco apoyo de los colonos para mejorar sus colonias; además si no le entran al acarreo político, es muy difícil conseguir apoyos del municipio para sus colonias, motivo por el cual otros laicos no se animan a tomar el relevo. Durante varios años estuvo de decano y de responsable de la pastoral social en la diócesis y desafortunadamente los sacerdotes a los que convocaba a reuniones de trabajo lo veían como una obligación o como necesidad para no tener problemas y no estar señalados, carecían de formalidad, llegaban tarde o simplemente no asistían, se tomaban los avisos, se comentaban noticias clericales, se convivía un rato y cada uno regresaba a su territorio, por lo que nunca hubo un interés de trabajar en una orientación pastoral a favor de los más necesitados, en pro de la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas, pues lo que les mueve es el confort. En función de lo anterior, hace dos años se replanteó la continuidad del trabajo en Naucalpan, en primer lugar para evitar caer en la rutina y en segundo lugar porque tras los sismos en Haití, se requerían sacerdotes que conocieran la realidad Latinoamericana y que hablaran francés. De inicio se propuso para irse a Haití, sin embargo, al no haber condiciones para que los sacerdotes se desplazaran a ese país, decidió mantenerse en la parroquia de la Benito Juárez. No obstante, a sus 72 años tenía que tomar una decisión entre continuar trabajando en esa colonia

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de escasos recursos obligadas a trabajar; a nivel político, motivó a los laicos de esa colonia y las vecinas para participar en los Consejos de Participación Ciudadana; después hubo intentos de motivarlos a trabajar juntos frente a problemáticas comunes como los antros, focos de prostitución, de violencia, de drogadicción y alcoholismo. Incluso, destaca que con el apoyo de Yván se crearon con algunos trabajadores y trabajadoras, círculos obreros para estudiar la Ley Federal del Trabajo y compartir las experiencias que vivían en sus fábricas, así como sus luchas en contra de los falsos sindicatos. El fruto del trabajo en esta comunidad en la cual estuvo hasta julio de 1998 dio como resultado que muchos laicos, al día de hoy, sean militantes de luchas sociales en algunas ciudades donde cambiaron su residencia, mientras que otros se reinsertaron en organizaciones de la sociedad civil en favor de los sectores más pobres y de los DDHH. A partir de julio de 1998 estuvo encargado de la Parroquia del Sagrado Corazón, en la colonia Benito Juárez, una zona de las más marginadas de Naucalpan, desde ahí continuó la lucha para formar laicos capaces de tomar responsabilidad a nivel de la colonia, las escuelas públicas y en materia de derechos humanos, para capacitar a la gente a nivel de la fe y a nivel de compromiso social, desafortunadamente ante la falta de espacios en el Estado de México, estos se dieron en el Distrito Federal, como por ejemplo en tiempo de elecciones se acudió a Alianza Cívica o al IFE. El interés que mostraba por los problemas de la colonia, la lucha permanente contra la corrupción y para mejorar la realidad de esa colonia y sus vecinos, motivaron a algunas mujeres a encabezar la formación de planillas para los co-

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de 1983, una parroquia con una religiosidad tradicional y muy apática, por lo cual se buscó formar laicos capaces de tomar su lugar en la sociedad, principalmente en la realidad de la colonia y a nivel laboral. Se preocuparon por la realidad de las familias desintegradas por el alcohol, los niños solos en sus casas mientras sus madres se iban a trabajar, los jóvenes organizados en bandas que se enfrentaban los fines de semana, tan fue así que en las predicaciones del domingo tenían la preocupación de iluminar la realidad familiar, social o política con la luz del evangelio. Esta preocupación no era habitual: algunos se interesaban más y otros decían que era hablar de política y optaban por irse a otras parroquias. Lo más difícil fue la poca integración del decanato en el clero, algunos sacerdotes desde el púlpito decían que eran curas comunistas, revolucionarios; otros sencillamente guardaban distancia: “¡Son los franceses!” Después cambiaron al Obispo y el nuevo careció de comprensión en cuanto al trabajo de la Pastoral Obrera: “Es una pastoral de frontera y cuando uno vive en la frontera, no sabe si está adentro o fuera!” indicaba, por lo que dejó de apoyar este trabajo, aunado a ello, se había avanzado en la conformación de Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S), las cuales fueron tachadas de ser manejadas por los Jesuitas y el PRD. Después de algunos años, a raíz del ejemplo de Yván, varios laicos empezaron a capacitarse para poder hacer algo juntos en la colonia, a manera de referencia, iniciaron su organización para exigir un mejor servicio de los gaseros, ya que los tanques de gas no estaban llenos o en buen estado; a partir de varios accidentes y muertes de niños solos en casa, se reflexionó y se constituyó una guardería para madres solteras, madres abandonadas o parejas

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popular hasta que la muerte o la salud se lo permitiera, o regresar al lugar dónde nació para emprender una reflexión sobre lo que ha hecho durante toda su vida, acompañado de la familia, pero también con un nuevo reto de re-inculturarse en su país natal y en la diócesis de Nantes, y llegar a una lectividad que no es católica en preponderancia, pues se trata de una comunidad de migrantes argelinos que profesan la religión musulmana y, por tanto, desde una minoría, aprender a ser ecuménico. Esto último fue lo que decidió, pero América Latina y en especial México son no sólo parte de su historia sino parte de su corazón y de su persona humana y sacerdotal. A su manera transformó la realidad de muchas personas, no trató de cambiar al mundo, pero a través del acompañamiento cercano y el compromiso de hecho y de palabra en las colonias por donde pasó y de donde lo venían a ver, formó mujeres y hombres que son un signo de vida y esperanza en la sociedad actual. Qué paradoja, tuvo que venir alguien “de fuera” a enseñarnos a transformar nuestra realidad, ante la tibieza de los sacerdotes mexicanos que pretenden pasar la vida en un estado de confort. Hasta siempre Padre Yván. jose_agustinp@hotmail.com



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