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Cart贸n de Rap茅

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Contenido Portada

Mesa de Redacción

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Publicidad oficial; regulación o extinción

Cartón de Rapé

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Piernas largas

Para seguirle la pista

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8 Crece gasto gubernamental

Molinar Horcasitas quiere edificio de 574 millones

de comunicación e imagen Víctor Chávez

Comunicación Social

13 Periódico a.m. denuncia 23 Gasto publicitario y tres años de acoso Antonio Lascurain

25 Calderón critica

Ernesto Villanueva

19 Extinción de la

publicidad oficial

Raúl Trejo Delarbre

www.revistazocalo.com.mx Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx http://www.revistazocalo.blogspot.com Zócalo

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32 Una historia no

contada por Televisa Jenaro Villamil

"productos integrados" pero no propone ley Julio Olvera

27 Regulación publicitaria;

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Rogelio Hernández López

16 Publicidad oficial: 10 propuestas para su regulación

Televisión

mercado

experiencia internacional Julio Olvera

Director General Carlos Padilla Ríos Edición Julio Olvera Corrección de estilo Hugo Plascencia Madrid Diseño Noemi Sánchez Palomino Fotografía Cuartoscuro

Redacción Jaime Hernández Gómez, Luis Ángel Hurtado Razo, Marisol Orta Correción de estilo Matilde González Dávalos, Reporteros Balbina Flores Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Víctor Chávez, Viridiana Villegas Hernández Corresponsales José Ferruzca, Europa, Ricardo Martínez, Centroamérica Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Agustín Pineda, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Frambel Lizárraga Salas.


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34 Televisión digital en Norma Pareja Sánchez Cintia Bolio

49 Enorme, la influencia de

México y España

medios hispanos: Kris Kodrich

Frambel Lizárraga Salas

Reseñas

59 Herramienta para el

Elecciones

uso adecuado de los conceptos

50 Atribuciones al IFE

37 Convergencia soslaya a

la Corte

Jaime Hernández Gómez

Comunicación Política

53 Sociedad civil y

José Reveles

Internacional

43 Del Blog del Narco

legislación de medios Israel Tonatiuh Lay

Tesis

Televisión / Contenidos

56 ¡Gritos de rating y

libertad!

Darwin Franco / Obitel México

al Francotirador de Bagdad

esmas.com

Carlos Padilla Ríos

Sociedad Civil

40 El infierno, pálido

reflejo de la realidad

para sancionar: Vaquero Ochoa

Félix Martínez Sanabria

61 Participación política en los mexicanoamericanos

Fe de errata: Por un error, en la fotografía de nuestra portada anterior (Zócalo 128) aparece el nombre de Francisco J. Stávoli, cuando en realidad la imagen es de Guillermo González Camarena. La foto correcta de Francisco J. Stávoli aparece aquí abajo.

45 Piñera convierte rescate

de mineros en reality show Adriana Cedillo

Caricaturistas Rapé, Hernández, Luy, Gallut Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López, Luis Miguel Carriedo, Gabriel Sosa Plata. Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona.

Publicidad Luis Alberto Nieto, Alejandro Sánchez Secretaria Concepción Villegas Circulación Héctor Benítez Velasco Servicio social Mariana Hernández Monitoreo Medialog

Zócalo, comunicación, política y sociedad es una publicación mensual editada en México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio: Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.net.mx, revistazocalo@ yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por imprenta Santiago, Río San Joaquín 436, Col. Ampliación Granada C.P. 11520, México, D.F. Precio por ejemplar: 30 pesos. Suscripción anual: 300 pesos por 12 números. Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 5238 0200. En Sanborns en toda la República. En el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero. Registro postal publicaciones PP091056 autorizado por SEPOMEX

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Mesa de redacción

Publicidad oficial; regulación o extinción

C

omo cada año, al aprobarse el presupuesto de egresos de la federación, el Congreso avala el gasto gubernamental de miles de millones de pesos para actividades de comunicación social y promoción de la imagen de los funcionarios o políticos en turno. Algo similar ocurre con los congresos estatales y en los cabildos municipales, y con muchas otras instituciones del país, que no tienen mecanismos externos de control del gasto publicitario. La falta de legislaciones, federal y locales, que aborden de manera eficaz el control real del gasto, ha provocado que los presupuestos para comunicación social crezcan cada año, porque su inversión es considerada parte de la “normalidad política”, que se cubre con recursos públicos. Cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, indican que la inversión en ese rubro será de cuatro mil 581 millones de pesos, casi 600 millones más que en el 2010; recursos que

se invertirán meses antes del proceso electoral, aunque es común que al término de los ejercicios los gobiernos gasten más de lo anunciado. Lo mismo ocurre en los poderes Legislativo y Judicial. Cada entidad estatal (32), municipal (2440), los organismos autónomos locales como los electorales (32); tribunales electorales (32); las comisiones de transparencia (32); y de derechos humanos (32) destinan partidas para esos rubros. Es incierta la cifra anual que se invierte pero podría significar un gasto similar al federal. A pesar de esa gigantesca inversión, ninguna mayoría legislativa en la última década “de la alternancia” ha tomado en serio el control y la vigilancia del gasto en propaganda gubernamental, seguramente porque la regulación afectaría a los mismos que la proponen. La reforma constitucional del 2007 estableció límites y prohibiciones insuficientes, sin que se reglamentaran sus aplicaciones, vacío aprovechado para transgredirla. En materia electoral,

De última hora Molinar va por otra licitación del espectro

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l senador perredista Ricardo Montreal preguntó a Molinar Horcasitas: ¿Cómo es posible que a la mitad de los serios litigios y cuestionamientos a la licitación 21 estén pensando en salir con nuevas licitaciones de espectro? Esto es, porque el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, dejó ese asunto en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ya prepara otro concurso: ahora para 60 megahercios, en la banda 1.7-2.1 Ghz., del espectro radioeléctrico. "La consulta pública (para las licitaciones) inicia en dos semanas. Eso nos dará mucha información (sobre las empresas interesadas)", dijo De Swaan a través de su cuenta en la red social Twitter. El propio titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, confirmó que la nueva licitación pondrá a disposición un segmento de 30 megahercios que fue declarado desierto en la licitación 21 y otro igual, que se tenía reservado. Dijo que es necesario que en el siguiente proceso se debe revisar la nueva situación del mercado y así afinar la licitación de manera adecuada. Ahora, cabría preguntar a Peter Foyo y Gustavo Cantú, los números uno y dos de Nextel, si todavía piensan participar en la anunciada nueva licitación para aumentar su capacidad de espectro, pese a la disolución de su sociedad con Televisa, junto con la que ganó la licitación 21.

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el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales limita la difusión de propaganda sólo durante los procesos electorales y previos a la elección. Restricciones insuficientes porque partidos, políticos y empresas han encontrado formas de burlarlas, a través de los medios de comunicación con los llamados “productos integrados”. Hay varias iniciativas en el Congreso que buscan controlar y transparentar esos gastos, pero las prácticas de conveniencia políticas y electorales impiden su aprobación. Analistas como Ernesto Villanueva critican el dispendio de recursos para publicidad y sugieren desde distintos ángulos controlar esa práctica. Otros, como Raúl Trejo advierten que la práctica añeja de la publicidad es una herencia del régimen priísta para controlar voluntades y el poder político, a costa de los recursos públicos, por lo que recomienda su extinción. Los lectores y las audiencias son quienes deben sostener a los medios, propone.

Frase del mes

Acuerdo "por la discreción" “Reconocemos el esfuerzo de su gobierno en el combate a la inseguridad. Estamos conscientes de la magnitud de la situación, por lo que manifestamos nuestro firme compromiso de que antes que concluya este año contemos con un acuerdo por la discreción que guíe nuestra labor informativa, un compromiso por los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden”. Palabras de Karen Sánchez Abbott, presidenta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el 14 de octubre ante Felipe Calderón.


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Para seguirle la pista Molinar Horcasitas quiere edificio de 574 millones para los medios de servicio público. Por ejemplo, a pesar de la crisis económica por la que atraviesa la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), a ésta apenas se le incrementan ¡sólo 300 mil pesos! para el 2011, con relación al presente año. En 2010 Notimex recibió 173 millones cien mil pesos, y ahora está programado otorgarle 173 millones 400 mil pesos, equivalente al 0.2%. Ocurre lo mismo con Canal 22, al que se le incrementa 2.7% a su presupuesto, dos puntos porcentuales menos que el índice inflacionario esperado para este año. Para Radio Educación se le disminuyen sus recursos por 500 mil pesos. De 79.8 millones que recibió en 2010, en el 2011 tendrá 79.3 millones de pesos. El caso contrastante

que indica las preferencias presidenciales lo refleja Canal 11, que recibirá 34.9% de incremento. De 466.1 millones de pesos, podría recibir 628.8 millones de pesos. (Marisol Orta) SCT

A

unque el proyecto de presupuesto federal para el 2011 se contempla una reducción de recursos del 16.4 por ciento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas pretende adquirir un edificio de oficinas nuevo en Periférico Sur, cuyo costo es de 574 millones de pesos. El argumento de Molinar Horcasitas es que en los inmuebles que renta la SCT “ya no caben”, y por ello busca invertir esos recursos e integrar a mil 61 empleados dentro del mismo presupuesto. Cabe señalar que a la SCT se le quitarán 13 mil 170 millones… pero quiere estrenar oficinas. La pretensión del funcionario choca con los pírricos incrementos que están considerados en el presupuesto

Enésima propuesta para proteger a periodistas

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espués de casi dos años de haber sido presentado el dictamen para establecer “los delitos cometidos contra la libertad de expresión”, apenas el 12 de octubre la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priísta Humberto Benítez Treviño, aprobó modificar la fracción 21 del artículo 73 constitucional, para federalizar los delitos contra periodistas. Con esa modificación se adiciona el Código Penal Federal en los artículos 430 para tipificar el delito en agravio de periodistas y el 431 para establecer la pena correspondiente. Esta iniciativa retoma las recomendaciones del dictamen de marzo de 2009, cuando esa comisión la presidía el también priísta César Camacho, siendo una de las cinco propuestas generadas en la Cámara de Diputados y

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en el Senado en los dos últimos años, que pretenden proteger la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa. Sin embargo ninguna iniciativa ha sido incorporada a la legislación correspondiente, a pesar de que entre el 2009 y en lo que va de 2010, han matado a 23 periodistas, y cuatro más se encuentran desaparecidos. Esta iniciativa propone que las autoridades federales conozcan los delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, dijo el diputado Oscar Arce. Esta adición podría ser aprobada a finales de octubre. En el Senado sigue pendiente la aprobación del proyecto de ley para incluir los delitos contra la prensa en el Código Penal de la Federación, enviada a la Comisión de Justicia, el 6 de abril

de 2009. Esta comisión es presidida por el senador panista Alejandro González Alcocer, quien declaró a Zócalo estar en contra de la federalización de los delitos contra los periodistas: “La federalización no resuelve las agresiones contra los periodistas, a mi que me garanticen que se van a resolver los sesenta y nueve casos”. En este recinto se encuentran cinco iniciativas que pretenden proteger la labor periodística, esperando que alguien atienda ese rezago. (Balbina Flores Martínez)


Televisa mantiene interés por telefonía movil

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pesar del insólito retiro de Televisa en su asociación con Nextel, y de tener en las manos la licitación correspondiente y el espaldarazo del gobierno federal, la empresa no ha desistido de su intención por incursionar en el mercado de la telefonía móvil, aseguró Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de la televisora. Luego que el pasado 18 de octubre, Televisa dio por concluido su acuerdo de inversión con NII Holdings,

ahora el consorcio seguirá explorando “alianzas con operadores que ya están en el mercado”, publicó el periódico Reforma (23 de octubre). Angoitia no descartó inclusive que algún acuerdo de ese tipo pueda concretarse con la misma Nextel -México. El 16 de octubre, un juez ordenó la disolución de la sociedad y prohibió usar o ceder los derechos del título de la concesión, ante las controversias generadas por los más de 70 juicios interpuestos por Iusacell (quien quedó fuera de la contienda por el espectro), contra la licitación aprobada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Además de haber contribuido con el pago inicial de 180 millones de pesos por la Licitación 21, la empresa de Azcárraga Jean se

había comprometido con la compra del 30% del capital de Nextel por mil 440 millones de dólares. El inopinado retiro de Televisa llevó al diputado Javier Corral a advertir, en su artículo “Se Cayó” del 19 de octubre en El Universal, que “sería inadmisible que los MHz para telefonía que Televisa rechaza ahora en su alianza con Nextel, los obtuviera dentro de pocos meses y de forma gratuita como resultado de los nuevos usos que podrán tener las frecuencias de televisión digital”. Si este fuera el caso, anunció el legislador, “esas bandas tendrían que ser autorizadas mediante una contraprestación equivalente al precio en el mercado de esas frecuencias.” ¿Qué hay detrás del retiro de Televisa?

ONU exige aclarar abusos en Irak

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anfred Novak, relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, declaró a la BBC que Barack Obama, debe abrir una investigación con los

miles de documentos difundidos por el portal Wikileaks sobre los abusos, torturas y atropellos extrajudiciales cometidos por los soldados estadunidenses (y británicos) en la guerra contra Irak, y además acepte que sus tropas no cumplieron con su obligación legal de denunciar los abusos detectados. La página de Internet divulgó el 23 de octubre cerca de 400 mil documentos internos del ejército estadunidense que mantenía en secreto, pero también ha presionado a los integrantes de Wikileaks para impedir la difusión de los mismos, y pidió que otros medios no los reproduzcan. En julio pasado, el portal envió con anticipación varios de esos documentos a medios internacionales para que los estudiaran y los divulgaran. En esos documentos, se afirma, existen datos de la muerte de al menos 15 mil civiles no registrados.

El fundador del portal, Julian Assange reveló a El País (el 24 de octubre) que el ejército estadunidense lo persigue: “están intentando crear un caso de espionaje contra mí y otros miembros de la organización, y contra gente que ha tenido relación con nosotros en Estados Unidos… El FBI ha visitado a gente en Boston y otras ciudades americanas conectadas con nosotros. Según mis fuentes, el fiscal general del Estado australiano aprobó permisos para interceptar las comunicaciones de nuestra gente en Australia”. En la edición de septiembre de Zócalo (No. 127), nuestro corresponsal en Europa, José Ferruzca González escribió que “En la era del Internet es difícil jugar al escondite. Pareciera que se acabaron los secretos, incluso los de ‘seguridad nacional’… Wikileaks es la nueva ´garganta profunda´ del ciberespacio”. noviembre 2010

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Comunicación Social

Análisis

Crece gasto gubernamental de comunicación e imagen A más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados debe aprobar el presupuesto de egresos 2011, en el cual el gobierno federal triplica sus recursos para comunicación social y la promoción de su imagen. Víctor Chávez nos detalla, la conexión de la impugnada Licitación 21 con el proceso electoral del 2012 y nos habla del enigma que representa el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. En nuestras páginas se recogen también voces que pugnan por una equitativa reglamentación del artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental. • Víctor Chávez

E

n la preparación de la antesala del proceso electoral para la sucesión presidencial del 2012, con una fundamental escala el año próximo en la determinante elección del Estado de México, el gobierno de Felipe Calderón triplicó para el 2011 los recursos en comunicación social y promoción de su imagen, y concentró en la Presidencia y en la Secretaría de Gobernación el manejo de estas políticas y estrategias. Además recupera notoriamente el gasto que se recortó este año a los medios públicos y hasta lo incrementa. Para los expertos, tanto el proceso de licitación 21 del espectro radiofónico como el llamado apagón analógico tienen, también, un claro objetivo político y electoral, como una forma de congraciarse con los medios de comunicación electrónica, particularmente la televisión. Con el soporte creado a través del proyecto denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), equipado por la Secretaría de Hacienda con 26 millones 430 mil 883 pesos como presupuesto inicial -de los cuales el 58 por ciento de estos recursos se utilizará para solventar los costos que se originen por concepto de “servicios personales”- el equipo de la administración calderonista preparó su estructura con una verdadera infraestructura, dependiente de la Secretaría de Gobernación, aunque de manera irregular. El incremento de 300 por ciento en las partidas destinadas 10

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al rubro de Comunicación Social en la Presidencia y en la Segob, deja ver la cara de la estrategia. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 destinó a la Presidencia 40 millones 500 mil pesos para Comunicación Social y Publicidad y tres millones 184 mil para los servicios de difusión. Para el 2011, este recurso aumentó a 125 millones 465 mil 131 pesos.

Blindaje a Gobernación A la Secretaría de Gobernación se le protegió el año pasado con 84 millones 086 mil 005 pesos para Comunicación Social, 93 millones 726 mil 230 para difusión y publicidad y 66 millones 946 mil 416 para su Dirección General de Normatividad de Comunicación. Para el 2011, en cambio, a la Segob se le blinda con 401 millones 680 mil 259 pesos, para el sector de Comunicación Social del Gobierno Federal; 82 millones 694 mil 835 para la Producción de Programas Informativos de Radio y Televisión del Ejecutivo. Además, 292 millones 554 mil 541 para la Conducción de la Política de Comunicación Social de la Administración Pública Federal y la Relación con los Medios de Comunicación.

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Se canalizan otros 121 millones 112 mil 547 pesos para la Dirección General de Comunicación Social; 25 millones 996 mil 062 pesos para la Subsecretaría de Normatividad de Medios; 108 millones 240 mil 042 pesos para la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). También, 20 millones 028 mil 571 pesos para la Dirección General de Normatividad de Medios; y 13 millones 213 mil 704 pesos para la Dirección General de Medios Impresos. El cambio de controles políticos y comunicacionales en el gobierno federal son evidentes, ya que la propia Secretaría de Hacienda sugirió un presupuesto total de 67 mil 92 millones 188 mil 886 pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2011, lo que implica una reducción del 16 por ciento, comparado con los 80 mil 262 millones de pesos que se le autorizaron para este año. No obstante, debido a que también tendrá otras funciones específicas en materia de transformación televisiva -el llamado apagón analógico-, los subsidios extras para esa dependencia serán de mil 311 millones de pesos el próximo año, cifra superior a los 15 millones que se calcularon para el 2010. Sin embargo, a pregunta expresa de los diputados federales y senadores de la República, el titular de Hacienda, Ernesto Cordero, sostuvo que aún no hay un monto definido en el presupuesto del próximo año para llevar a cabo el adelanto del “apagón analógico” que anunció el Ejecutivo federal el 2 de septiembre pasado. Al mismo tiempo, explicó que este programa sí está considerado en las partidas que se destinarán a la SCT y los recursos se asignarán conforme avance el proyecto, aunque, en clara y notoria previsión, a la Subsecretaría de Comunicaciones se le dotó de cinco mil 743 millones de pesos para el 2011, que sería la encargada de operar esta estrategia.

Sistema satelital Para el área de comunicaciones, la SHCP propone en el documento del Presupuesto ejercer cinco mil 743 millones de pesos, los cuales se aportarán para el proyecto denominado Sistema Satelital, a fin de mantener la plataforma de comunicaciones de seguridad nacional y salvaguardar el uso de posiciones orbitales y frecuencias. Llama la atención también el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en cuyas arcas se le programan 980 millones 850 mil 405 pesos para la Coordinación de Comunicación Social, además de 277 millones 900 mil pesos para difusión, así como 41 millones 700 mil para impresos,

grabado y publicidad. Adicionalmente, se contemplan siete millones 678 mil 169 pesos para la Dirección de Comunicación Social. A la Secretaría del Trabajo, para el 2010, le destinaron 23 millones 485 mil pesos para Comunicación y Publicidad; cinco millones 017 mil 846 pesos; y, además, 31 millones 491 mil 092 pesos para la Dirección General de Comunicación Social. Para el 2011 le asignan 29 millones 912 mil 932 pesos para la difusión de sus logros. La Secretaría de Hacienda, para el 2010, sus titulares se autoasignaron 76 millones 954 mil 546 pesos; 42 millones 925 mil 506 pesos para los impresos y la generosa cantidad de 203 millones 048 mil 110 pesos para la Unidad de Comunicación Social y vocero. Para el 2011 se otorgaron otros 203 millones 778 mil 310 pesos para comunicar el “crecimiento” de la economía nacional.

Seguridad En la Procuraduría General de la República, en 2010 se cuentan con 120 millones para Comunicación Social, así como 13 millones 187 mil 500 pesos y 100 millones 105 mil 082 pesos para la oficina del responsable del área. En tanto, para 2011 tendrán alforjas con 182 millones 612 mil 594 mil y no se precisan ahora los recursos de que dispondría el responsable del área. Para mantener en alto la imagen del Ejercito Mexicano -por sus amargas batallas contra el crimen organizado- a la Secretaría de la Defensa Nacional se le destinan, para el 2011, 237 millones 244 mil 157 pesos para la Dirección de Comunicación Social, de los cuales 132 millones 566 mil 646 pesos son para “servicios personales” y 104 millones 677 mil 511 pesos para gastos de operación. En 2010, se le asignaron, para los mismos rubros, sólo 13 millones 338 mil 255 pesos; 85 mil 534 pesos; y 149 millones 828 mil 892 pesos, respectivamente. Las demás En Sedesol, para el 2011, se programaron 51 millones 356 mil 883 pesos para Comunicación, en tanto que para el 2010 se asignaron 51 millones 053 mil pesos; 49 millones 028 mil 231; y 61 millones 550 mil 510 para su Unidad de Comunicación Social. En la Secretaría de Energía aparecen programados 24 millones 726 mil 899 pesos, cuando en 2010 se asignaron sólo tres millones 626 mil 693 pesos para los Servicios de Comunicación Social y Publicidad; dos millones 180 mil 856 noviembre 2010

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La Secretaría de la Reforma Agraria se resiste a desaparecer y hasta le dieron 23 millones 274 mil 335 pesos para Comunicación Social, a diferencia de que en el 2010 obtuvo nueve millones 700 mil pesos; cinco millones 349 mil para impresos de difusión; y 24 millones 014 mil 770 pesos para la Dirección General de Comunicación Social. A Turismo, que tampoco desaparece, la dotaron de 30 millones 520 mil 522 pesos, mientras que en el 2010 tuvo 34 millones 125 mil 684 pesos; cuatro millones 832 mil 251 mil pesos; y 20 millones 645 mil 218 para la Dirección General del área.

Licitación 21, conectada al paquete En torno a esta estrategia mediática, el diputado Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, alertó que la decisión de otorgar favorablemente la licitación al grupo Televisa-Nextel está directamente vinculado con el proceso electoral presidencial del 2012. - Esta determinación de la licitación, de a quién se le quedan esas concesiones, ¿va a determinar también quién va a ganar en el 2012? 12

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-Yo creo que es parte de esta política de congraciamiento con los medios de comunicación electrónica, particularmente la televisión. Hoy -dijo- “estamos en una dinámica en la que el político que más condescienda con la televisión y que más le consiga descuentos o exenciones fiscales o refrendos automáticos, es el que va a obtener mejores beneficios de la televisión y lamentablemente esa dinámica está instalada en todos los partidos”. Por ello, “es increíble, por ejemplo, la protección que le brinda a Molinar el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el priísta José Adán Rubí Salazar, quien aunque está obligado a emprender las distintas vías legales frente a un hecho como este, prefiere protegerlo”. Esta Comisión -remarcó- “está encabezada por uno de los legisladores del Estado de México, más cercanos a Enrique Peña Nieto y porque esta maniobra beneficia a Televisa, que es la productora de Peña Nieto. Entonces, el entramado de intereses es brutal, pero nosotros tenemos la obligación ética y moral de seguir denunciando este hecho”. Julio Olvera

pesos para impresos; y 24 millones 986 mil 594 pesos para su Unidad de Comunicación Social. A pesar que Transparencia Internacional nos ha dado una calificación de apenas 3.1 en materia de combate a la corrupción, a la Secretaría de la Función Pública se le otorgan 36 millones 413 mil 600 pesos; en 2010 tuvo 19 millones 954 mil 800 pesos para la Dirección de Comunicación; un millón 016 mil pesos en impresos y 38 millones 891 mil pesos para el encargado de cuidarle la imagen a Salvador Vega Casillas. En lo que toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el 2011 se le asignan 27 millones 032 mil 515 pesos, mientras que en el 2010 le otorgaron seis millones 550 mil pesos; 10 millones 556 mil pesos; y 27 millones 522 mil 103 pesos en la Dirección General de Comunicación.

-¿No ha buscado a Calderón para tratar este asunto? -Yo creo que el presidente salió en defensa de la licitación y eso ya dificulta que pueda haber un diálogo sobre estos temas; de hecho el presidente adelantó la actuación misma del Ministerio Público, porque siendo el Jefe del Ministerio Público Federal, el haber dado un criterio sobre la licitación, pues está enviando una señal con esto. “Yo lamento que el presidente de la República haya salido a convalidar este proceso, que a todas luces ha sido lleno de favoritismos. Desde el año pasado Molinar ya estaba buscando a diputados y senadores para conseguir estímulos fiscales a los ganadores de esta licitación”. -¿Todo esto fincaría ya una responsabilidad para Molinar? -La finca de carácter administrativo, político y penal; ya están regadas por distintas instituciones demandas en contra de este secretario, pero como se siente protegido por el Presidente de la República, pues está instalado en el cinismo político, le vale.

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* Canal 11, el consentido

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n las cuentas alegres del gobierno para el año que viene es notorio el impulso a los medios públicos. Del castigo con la austeridad para el 2010 pasaron al reconocimiento y premio el año entrante. En el Presupuesto de Egresos del 2010, al XE-IPN Canal 11 le recortaron sus gastos de operación en 59 millones 301 un mil 278 pesos. Para 2009 le aprobaron 532 millones 441 mil 432 pesos y para 2010 473 millones 140 mil 654 pesos. En cambio, para el próximo 2011 se contemplan 604 millones 972 mil 286 pesos, de los cuales 593 millones serían para producción y transmisión de materiales educativos y culturales y 12 millones para proyectos de infraestructura social de educación. Para 2010, a la agencia de información “del Estado” Notimex la “congelaron” con escasos 140 millones 016 mil 740 pesos. Para el 2011 se le programaron 173 millones 360 mil 94 pesos. Sin embargo, para los operadores de la propia agencia este monto resulta a todas luces insuficiente, ya que desde el año pasado solicitó 470 millones para su actualización en equipo y estructura. En el paquete presupuestal para el 2009 le asignaron 108 millones 765 mil 710 pesos y para el 2010 sólo su aumento fue de alrededor de 31 millones de pesos. No obstante, de esos 140 millones, 111 millones 013 mil 140 pesos fueron para “servicios personales”; 37 millones 792 mil 879 para “remuneraciones al personal”; y 14 millones 031 mil 477 pesos para “remuneraciones especiales”. En el caso del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para el 2009 se le asignó un gasto de 149 millones 164 mil 882 pesos; para el 2010 se lo redujeron a 131 millones 545 mil 119 pesos. Para el 2011 se le programaron 167 millones 194 mil 571 pesos, recursos que utilizará en producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales. Y es que, de los recursos que recibió para este 2010, 75 millones 227 mil 493 serían para “servicios personales”; 28 millones 777 mil 309 pesos para remuneraciones del personal; y 11 millones 593 mil 069 pesos para prestaciones sociales

y seguros. Es decir, prácticamente nada para inversión y mejoramiento en la calidad de sus operaciones. Para la Televisión Metropolitana (Canal 22) para el 2010 le redujeron su partida de 224 millones 201 mil 410 pesos que tenía para 2009 a 194 millones 470 mil 773 pesos. Sin embargo, de cara al 2011, se le incrementa a 201 millones 884 mil 235 pesos para producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales. En este sector, a Radio Educación le otorgan 35 millones de pesos para la producción y transmisión de materiales educativos y culturales. Ello debido a que el año pasado tampoco libró la tijera, ya que de los 80 millones 880 mil 072 pesos que tuvo para el 2009 le dejaron sólo 78 millones 279 mil 342 pesos. De esos recursos, 47 millones 045 mil 651 pesos serían para “servicios personales”; 14 millones 121 mil 185 pesos para “remuneraciones al personal”; 11 millones 685 mil 523 para “remuneraciones especiales” y cinco millones 825 mil 864 pesos para “prestaciones sociales y seguros”.

Marco Polo Guzmán /Cuartoscuro

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Medios públicos, a flote

El enigma del OPMA, amenaza latente Aunque para muchos -especialistas en el tema o no- los objetivos del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) aún no quedan claros; la Secretaría de Hacienda ya propuso asignar 26 millones 430 mil 883 pesos como presupuesto inicial para el 2011. noviembre 2010

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blica la institución encargada de la coordinación de los medios públicos del gobierno federal, más aún de los orientados a fines educativos, los cuales han sido el propósito esencial Alejandro Ordoño de Canal 11 desde su fundación”. Argumentó que, en términos regulatorios el gobierno federal “no ha hecho público qué institución es la titular de las frecuencias del espectro radioeléctrico a través de las cuales se ampliará la cobertura de Canal 11, o bajo qué permisos se encuentra instalando la infraestructura descrita por la presidencia de la República”. Por ello, “de confirmarse que las frecuencias para su ampliación de cobertura son asignadas al OPMA, se suma al entredicho la usurpación de la autonomía editorial de dicho canal”. De esta manera, lo expuesto con antelación “es clara evidencia del hecho que la administración federal se encuentra instrumentando la sectorización de los medios de servicio público en la Secretaría de Gobernación, y no en la Secretaría de Educación Pública, como lo marca la ley”. vicchavez2@gmail.com

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El OPMA es una institución creada mediante un decreto del Ejecutivo federal, cuya función.-se expuso- consiste en “generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales, así como la prestación del servicio de radiodifusión, a fin de fomentar la participación ciudadana en los medios, promover el desarrollo educativo e informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales que resulten del interés público”. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos que Hacienda entregó al Congreso, el 42% de los montos destinados a este organismo, es decir, 11 millones 206 mil pesos, se utilizarán para cubrir los gastos de operación, el resto será Fernando Sariñana para servicios personales. Tan no queda clara su razón de ser, que incluso el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Gerardo Flores Ramírez, en agosto pasado, propuso a la Comisión Permanente del Congreso citar a comparecer a los directores de Canal 11, Fernando Sariñana Márquez, y del propio OPMA, Alejandro Ordoño Pérez. Este ordenamiento se dio con la finalidad de que “aclaren los términos de colaboración actuales y futuros anunciados por el Presidente” en el OPMA. Con este antecedente, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la cámara baja aprobó la comparecencia de ambos funcionarios en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En su petición, el legislador del PVEM argumentó que cuando el presidente Calderón anunció la ampliación en la cobertura de la señal de Canal 11, mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el OPMA, la naturaleza y contenido de dicho convenio no fue desglosado públicamente. Insistió que el jefe del Ejecutivo sólo dijo que tal ampliación de cobertura era parte de un proyecto de fortalecimiento de la televisión pública y para promover el debate democrático de las ideas. A su juicio, este abierto espectro “constituye un propósito, detrás de la sinergia entre Canal 11 y el OPMA, de crear una cadena nacional de televisión oficial cuyo contenido primario será de índole predominantemente político”. En este sentido, “esto constituye una flagrante violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual claramente estipula que será la Secretaría de Educación Pú-

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Periódico a.m. denuncia tres años de acoso • Antonio Lascurain

El manejo discrecional de la partida para publicidad oficial se usa en Guanajuato como arma para censurar a medios de comunicación; tal es el caso de los periódicos a.m. y Al Día, de la Compañía Periodística Meridiano, de ese estado. Este caso es un ejemplo, de cómo la distribución de recursos de la entidad es utilizada de forma discrecional para acallar voces críticas.

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eón, Gto.- Por su cerrazón ideológica y su rechazo a la crítica, el gobierno de Guanajuato ha reprimido la libertad de expresión de la Compañía Periodística Meridiano. A lo largo de tres años, la administración panista de Juan Manuel Oliva Ramírez ha atacado por cinco vías la libertad de los periódicos a.m. y Al Día, que edita la compañía: • Insultos y calumnias públicas contra el director Enrique Gómez Orozco. • Suspensión de la publicidad oficial, no obstante son los medios de mayor circulación en el estado de Guanajuato, los que cuentan con el mayor número de periodistas y los que más impuestos pagan a las autoridades. • El gobierno de Guanajuato sostiene periódicos de escasa circulación. Al Sol de León le paga por lo menos mil ejemplares diarios que regalan en las casas. A los otros, Correo, Milenio y El Heraldo, que juntos no llegan a la mitad de circulación de a.m., los sostiene con publicidad oficial. • Además, se niega a informar la inversión en publicidad en los diversos medios, pese a reiteradas peticiones. • Ocultamiento de la información. El instituto de transparencia (que depende del gobierno estatal) y los propios funcionarios del Estado, se niegan a proporcionar información a los periodistas de a.m. En los rubros relacionados con el uso de recursos públicos, la respuesta más recurrente es “información reservada”. • Una demanda penal del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en contra de a.m., en respuesta a la publicación de críticas hacia su gestión.

Los ataques comenzaron en mayo de 2007 cuando el secretario de gobierno lanzó ofensas públicas contra el director de los diarios a.m. y Al Día, que cuestionaron al gobernador Oliva sobre cuál era su posición al respecto. Oliva se concretó a decir que el secretario “sus razones tendrá”, subordinándose en los hechos a la agresión. Esto dio pauta a que a.m. investigara cuál era la verdadera línea de mando del gobierno de Guanajuato. La investigación se publicó el 2 de junio de 2007 y evidenció que una organización ultra conservadora, El Yunque, se había apoderado del mando en la administración pública, lo cual había convertido al gobernador Oliva en un subordinado de su secretario. A raíz de este trabajo, el gobierno suspendió la publicación de publicidad oficial en a.m. y Al Día, que concentran el 84% del mercado de los diarios matutinos en León, la ciudad más importante del estado, y el 60% del mercado en todo Guanajuato. A continuación sigue la historia detallada de las cinco maneras en que el gobierno de Guanajuato ha pretendido, sin ningún éxito, afectar a los diarios de mayor impacto en la entidad. noviembre 2010

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1.- Insultos y calumnias a).- El 11 de mayo de 2007, ante delegados federales, el secretario de gobierno del Estado, Gerardo Mosqueda, insultó y calumnió al director del periódico a.m., Enrique Gómez Orozco. b).- El 11 de julio de 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al gobernador una propuesta de conciliación para que el secretario Gerardo Mosqueda ofreciera disculpas al director de a.m. c).- El 21 de julio de 2007, el secretario Gerardo Mosqueda ofreció supuestamente disculpas en forma pública. d).- El 21 de diciembre de 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó formalmente al gobernador Oliva que pidiera a Gerardo Mosqueda ofrecer disculpas al director de a.m., públicamente y a través de una carta personal. e).- El 16 de enero de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el gobernador rechazó la recomendación. f ).- Ante esta negativa, a.m. presentó una demanda civil por daño moral, contra el secretario Gerardo Mosqueda. En dos ocasiones; juzgados de Guanajuato resolvieron que no existió el daño moral. g).- Finalmente, en marzo de 2009, el Tribunal Federal ordenó indemnizar por daño moral al director de a.m. 2.- Publicidad oficial a).- A partir de junio de 2007, el gobierno del Estado retiró la publicidad oficial de los periódicos a.m. y Al Día. b).- En las semanas siguientes, presionó a los gobiernos municipales de León, Irapuato, Celaya y Guanajuato, para que retiraran su publicidad. c).- En abril de 2008, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato emitió la siguiente recomendación al gobierno de Guanajuato: “Esta Procuraduría de los derechos Humanos en el estado recomienda al Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, provea lo necesario a fin de que las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, en el marco de su competencia, establezcan criterios claros, justos objetivos y no-discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial, bajo la premisa de que la imposición de restricciones a la libertad de expresión solo admite responsabilidades ulteriores, soslayando con ello la actualización como en el presente caso de violaciones indirectas derivadas del ejercicio de facultades discrecionales, para la cual se recomienda de la misma manera divulgar públicamente los criterios que utilicen quienes han de tomar las decisiones a nivel de gobierno para dis16

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tribuir la publicidad del Estado; lo anterior tomando como base los argumentos esgrimidos en la consideración cuarta de la presente resolución, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias”. d).- El gobernador de Guanajuato rechazó la recomendación el 29 de abril de 2008, razón por la cual se presentó un recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio de 2008. h).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una nueva recomendación al gobernador el 24 de septiembre, misma que tampoco fue aceptada por Juan Manuel Oliva, el 18 de octubre. g).- Se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que se radicó bajo la denuncia numero P-190-10. h).- También se demandó al gobierno del Estado por la vía administrativa por la acción de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Actualmente, este proceso se encuentra ante la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.


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3.- Alimentan a la competencia a).- El gobierno de Guanajuato contrata publicidad oficial en periódicos de escasa circulación: El Sol de León, Milenio, El Heraldo y Correo. Es notoria la presencia del gobierno en estos periódicos plagados de publicidad oficial, mientras que en a.m. no existen los anuncios oficiales. b).- El gobierno de Guanajuato paga circulación de El Sol de León. Por lo menos cubre el costo de mil ejemplares diarios que reparte en casas: a.m. tiene pruebas de ello. 4.- Falta de transparencia La Ley de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, publicada en julio de 2003, es tramposa. Nació con una serie de candados que impiden que la rendición de cuentas sea efectiva. Hubo reformas en el 2008, pero que permiten al gobierno estatal burlas la rendición de cuentas. Como ingrediente a la opacidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública está subordinado al gobernador. Un reciente estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, y la organización internacional Artículo 19, ubican la ley de Guanajuato en el número 22 de 32 legislaciones. Entre las deficiencias detectadas, se encuentra el mecanismo para la designación de consejeros del Instituto de Acceso a la Información, que no garantiza la independencia en la toma de decisiones y el doble de impugnación, herramienta que permite a los funcionarios ganar tiempo y la posibilidad real de evitar rendir cuentas.

Engaño del Gobierno”, a.m. ganó el Premio Nacional de Periodismo en el género de Reportaje/Periodismo de Investigación. El reporte especial de a.m., publicado el 7 de septiembre de 2009, fue elegido como ganador “por su minuciosa investigación que puso al descubierto la corrupción y el fraude del gobierno estatal coludido con particulares para despojar de sus tierras a ejidatarios”. El equipo que realizó el reportaje premiado estuvo integrado por José Raúl Olmos Castillo, director editorial de a.m. León; Claudio Jorge Blanco Cuéllar, jefe de información y por las periodistas Shayra Albañil y Tere Quintanilla. El martes 19 de octubre, el secretario de gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda, renunció a su cargo. Las autoridades se encargaron de filtrar la versión de que en realidad había sido despedido. Analistas locales y nacionales interpretaron su salida como una crisis en la organización derechista El Yunque y señalaron, con matices, que el gobernador Oliva había al fin cortado la subordinación que ataba sus decisiones a un subordinado que en realidad no lo era. Es decir, la tesis que a.m. denunció el 2 de junio de 2007 y que provocó las agresiones que hasta la fecha perduran. *Subdirector editorial del periódico a.m.

5.- Denuncia penal del gobierno contra a.m. a).- El 15 de junio de 2010, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez amenazó a a.m. con presentar una denuncia penal. Fue su respuesta a las críticas y a la publicación de rumores insistentes sobre la compra de una residencia, que el gobernador desmintió. El gobernador entregó la denuncia penal a la Procuraduría de Justicia del Estado. Junto con estas maniobras, los periodistas de a.m. han sufrido día a día obstáculos en el desempeño de su función informativa, agudizados por el enfrentamiento del gobierno con a.m. y Al Día, y por el hecho de que la actitud crítica de nuestros diarios contrasta con la buena voluntad de los competidores, obligados por su dependencia comercial. Un buen ejemplo de la capacidad de a.m. para sortear estos obstáculos fue una investigación realizada acerca del engañoso proceso para adquirir terrenos para construir en Guanajuato una refinería que, finalmente, se hará en el estado de Hidalgo. Con el trabajo, titulado “Cereal y Pastas Finas: El Gran noviembre 2010

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Publicidad oficial: 10 propuestas para su regulación • Ernesto Villanueva

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a reforma al artículo 134 constitucional en el 2007 abre la oportunidad para expedir una ley reglamentaria que sujete la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. La publicidad oficial se ha convertido en una herramienta que en la práctica ha generado medios sin audiencia destinados a dialogar con el poder o en buen número de casos, ser interlocutores entre poderes legales y fácticos. Desde mi punto de vista una regulación debería atender las siguientes consideraciones: 1.- Debe aprobarse una ley especial sobre la materia para brindar mayor certeza jurídica que la obtenida a través de decretos o reglamentos que, por un lado, tienen menor jerarquía normativa y, por otro, carecen de los elementos adecuados para que se cumpla u observe su mandato. 2.- La publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores democráticos en la sociedad. Desde otra perspectiva complementaria, la publicidad oficial debe convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente de informar a la sociedad y a sus conjuntos específicos que de otra forma no podrían estar en condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, y representativa. Por esa razón, las cam18

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pañas publicitarias oficiales deben responder a necesidades concretas y reales de comunicación, y asignadas a los medios de interés público. Esto quiere decir, que debe destinarse a aquellos medios que tengan como finalidad brindar información que coadyuve a que la persona pueda ejercer sus derechos y/o cumplir sus obligaciones en una sociedad democrática que le habilite a vivir la premisa de la ciudadanía. Por ende, los medios que buscan satisfacer el morbo, la violencia, el sexo o la curiosidad pública dedicando la mayor parte de sus contenidos a esos propósitos deberían quedar fuera de las pautas de publicidad oficial, habida cuenta que los recursos públicos deben estar ligados a un propósito de satisfacción del interés general. 3. La publicidad oficial no debe ser un mecanismo de subsidio para el mantenimiento de los medios de comunicación. Debe, privilegiar la razón que anima la existencia de la publicidad. Todo parece indicar, por ser su contenido una normatividad en el ámbito de los derechos humanos, que el verdadero propósito es el de permitir el ejercicio de la libertad de expresión en todas las implicaciones que se desprenden del derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Ahora bien, las pautas publicitarias pueden tener un doble propósito: posicionar un servicio o producto y a una entidad o institución. Ello no significa que necesariamente deba cancelarse la iniciativa si se considera pertinente crear una normativa de subsidios o de ayudas del Estado a los medios, siempre y cuando se haga de manera transparente, razonada por un tiempo determinado y se logre argumentar cómo esa medida va a fomentar de mejor manera el pluralismo informativo y acotar los procesos de concentración.

Equidad en las asignaciones de publicidad 4. En la regulación deben establecerse criterios de equidad. No debe existir discriminación en la asignación de publicidad oficial por razones de orientación ideológica, editorial, política o de cualquier otra que tenga relación con su línea de

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cobertura periodística. Este principio es compatible con lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para evitar mecanismos que impidan u obstaculicen el ejercicio de la libertad de expresión en un Estado democrático de derecho. Debe haber definición de mecanismos claros y justos de distribución publicitaria donde se establezcan bases ajustadas a los siguientes criterios: a) Niveles de audiencia, tiraje o ratings, que el mensaje esté en condiciones de llegar al público objetivo. Incluir porcentajes razonables por categoría de medios (radio, televisión, prensa escrita e Internet) y ubicación geográfica (si se trata de medios localizados en la ciudad de México o en las entidades federativas) buscando que la publicidad establezca un conjunto de recipiendarios del gasto gubernamental advirtiendo la existencia de públicos objetivos segmentados, donde no necesariamente los medios con mayor audiencia van a llegar por razones de costo y pertinencia a un nicho de mercado específico. 5. Fomentar la transparencia de los procesos de asignación publicitaria; fortalecer la relación de confianza entre gobierno y sociedad civil; legitimar la acción del regimen y de los representantes populares de cara a la sociedad; identificar las fortalezas y debilidades del Estado a través del escrutinio ciudadano. De la misma manera, estimular la eficiencia y la efectividad de las administraciones ayudando a mantener su integridad al evitar el riesgo de la corrupción. Asimismo, la transparencia contribuye a afirmar la legitimidad de la administración como servicios públicos y a fortalecer la confianza de la gente en las autoridades. La transparencia aplicada a la publicidad oficial deberá garantizar, por lo menos, mecanismos que obliguen a que los sujetos por ley divulguen los contratos de publicidad en su respectivo portal, presentar de modo periódico los planes, programas y campañas institucionales que se han llevado a cabo en el período correspondiente, señalando los medios propuestos para difundir las campañas institucionales. De igual forma, los sujetos obligados deberán informar las razones por las que contrató los servicios de determinada empresa de publicidad,

para la elaboración de una campaña institucional u oficial específica. También deberá hacer pública una evaluación de los resultados de la publicidad oficial vía indicadores de desempeño. 6. La regulación de la publicidad oficial debe incluir el principio de veracidad y eliminar aquella que sea engañosa. Se considera así a toda aquella que de cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error a sus destinatarios, pudiendo afectar su comportamiento económico, ser capaz de perjudicar al receptor del mensaje; o bien, omita datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios al receptor. Por lo que debe ser clara y completa. No debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, inexactitud de datos, u omisión. A lo anterior, debe sumarse la prohibición de lo subliminal.

La publicidad y sus contenidos. 7. El contenido de la publicidad del Estado deberá ser claro, objetivo, necesario, útil y relevante para la sociedad mexicana. La publicidad del estadooficial y las campañas institucionales deberían transmitirse en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes. En comunidades indígenas, deberá ser difundida en la lengua o lenguas correspondientes. Los sujetos obligados sólo deberían promover o contratar campañas institucionales de publicidad cuando tengan alguno de los siguientes objetivos: I. Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de los entes públicos. II. Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones legales. III. Promover el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes en condiciones de igualdad, y fomentar comportamientos de los ciudadanos en relación con bienes y servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, y de fomento del empleo IV. Sensibilizar a los ciudadanos, promoviendo conductas o hábitos para la convivencia, el bienestar social, la salud pública, los valores de libertad, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y pluralismo político. V. Impulsar una cultura preventiva en la sociedad respecto a los asuntos relacionados con la seguridad pública, la salubridad, y los recursos naturales. Las campañas institucionales deberían contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetar la diversidad social y cultural presente en la sociedad.

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Prohibición expresa a la publicidad que: I. Tenga como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos obligados de esta Ley. II. manifiestamente menoscabe, obstaculice o perturbe las políticas públicas y cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias. III. Incluya mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales. IV. Incite, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. V. Los sujetos obligados no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o partido político alguno. VI. Ningún funcionario de la entidad o dependencia que realice determinada campaña publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se paguen en medios impresos, spots televisivos, radiofónicos y de Internet que se difundan. No debería en ningún caso difundirse campañas institucionales de publicidad, que no se identifiquen como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración, entidad promotora o contratante. 8. Los precios de publicidad, como punto de partida deben tener una razonable correspondencia con el tiraje, la audiencia y/o los ratings. Los que así mismo se deben regular. De no ser así, podría haber mecanismos ilegales de

subsidio encubierto al destinar recursos públicos a medios que no satisfacen este requisito esencial. En algunos países desde mediados del siglo pasado se ha establecido por ley la difusión de los tirajes de prensa (Italia, por ejemplo), en otros han sido las propias publicaciones periódicas, los anunciantes y las agencias de publicidad los que han dado vida a organismos privados, sin fines de lucro, que se encargan de auditar de manera aséptica los tirajes reales: desde el número de ejemplares efectivamente vendidos en kioscos, hasta las estadísticas de venta por estado, región y municipio de modo periódico. La primera entidad de este tipo fue creada en 1914, en Estados Unidos, con el nombre de Audit Bureau of Circulations, que en la actualidad aglutina a más de 95% de la prensa estadunidense. En 1926, con el mismo esquema estadunidense, en Francia se creó la Office de Justification de la Diffusion des Supports de Publicité, y 10 años más tarde nació en Canadá la Canadian Circulations Audit Board. Hoy en día más de 20 países democráticos tienen organismos similares, cuya afiliación supera el 90% de los medios en cada uno de ellos. El hecho de que los organismos observen una metodología única de medición permite elaborar estudios a profundidad sobre credibilidad, impacto y transparencia de la empresa informativa; en suma, es posible aproximarse a tipologías de desarrollo periodístico y de mecanismos de rendición de cuentas de cara a la sociedad que es la que sufraga en última instancia la publicidad oficial. 9. La regulación de la publicidad oficial debe incluir mecanismos externos de asignación, evaluación y decisión. La participación externa al sujeto obligado por la ley en la toma de decisiones sobre asignación publicitaria genera certidumbre jurídica; promueve el escrutinio y la participación ciudadana; y sirve como un mecanismo de socialización y de conocimiento sobre el papel de la publicidad oficial en un Estado democrático de derecho. La ausencia de mecanismos con participación comunitaria, coadyuva a que los márgenes de discrecionalidad o de interpretación y reglamentación de la ley se amplíen en perjuicio del interés público. 10. La regulación debe incluir mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura. Para tal efecto, es necesario que existan partidas presupuestales por sectores o nichos de audiencia que no necesariamente son reflejados en los grandes medios. En distintos países también se puede acreditar esta disposición normativa, como en Italia, Francia, Suecia y Austria. En Francia, por ejemplo, se puede observar el más antiguo y consistente sistema de ayudas para fomentar el pluralismo y la diversidad. evillanueva99@yahoo.com

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Extinción de la publicidad oficial • Raúl Trejo Delarbre

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la publicidad oficial se le discute más con codicia que con ánimo crítico. Se trata de uno de los asuntos más espinosos en el análisis de los medios de comunicación en México. La publicidad oficial antecede y condiciona nuestra apreciación sobre el sistema de medios en este país. Prácticamente todos hemos vivido en un entorno en donde la presencia de las inserciones pagadas del gobierno federal –y cada vez más de gobiernos e instituciones estatales de todos los niveles– han formado parte de nuestra apreciación de los asuntos públicos. Imaginemos que en este país los gobernantes no estuvieran acostumbrados a construir en los medios ese espejo de sí mismos, parcial e interesado, que constituyen los anuncios pagados. Supongamos que no hubiera gacetillas en la prensa escrita y que los noticieros de televisión no fueran interrumpidos por mensajes de gobernadores ansiosos de presencia pública. Figurémonos un país en donde lo que se dijera en los informativos de la radio fuese resultado del trabajo de los reporteros y de la agenda de los conductores pero, en absoluto, consecuencia de pautas publicitarias eufemísticamente denominadas “plan de mercado”. En ese país imaginario la percepción que los ciudadanos tendrían de sus gobernantes sería la que resultase del desempeño al conducir los asuntos públicos y no de líneas ágata o minutos pagados con dinero de los contribuyentes. En ese país hipotético en el que especulamos con algo de masoquismo, no habría gobernadores que se anuncian en televisión nacional aunque con mensajes supuestamente dirigidos únicamente a los ciudadanos de una sola entidad federativa, ni secretarios de Estado que se consideran obligados a ufanarse de cada puente, escuela, cancha deportiva o consultorio médico que inauguran ellos o el presidente de la República.

Todos se auto promueven Ese país ficticio no lo hemos conseguido porque, a pesar de los avances que hemos logrado para consolidar la democracia representativa, el tema de la propaganda oficial no se ha encontrado, con seriedad, en la agenda de ninguna fuerza política.

Pedro Mera / Cuartoscuro

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Xxxxxxx Análisis

Hemos construido importantes instituciones para garantizar prerrogativas como el voto, los derechos de las personas y el acceso a la información pública. Pero cada nueva institución de la democracia mexicana se añade a los organismos cuyas relaciones con los medios de comunicación se encuentran articuladas, en buena medida, por el dinero que gastan en propaganda. El Instituto Federal Electoral, el ahora llamado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tienen funciones y por lo general orientaciones plausibles que los distinguen de otros organismos del Estado, suelen mimetizarse con la política de propaganda del gobierno de Veranoviembre 2010

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cruz, el de Yucatán o el de Campeche, o con los estilos publicísticos de Caminos y Puentes, la Secretaría de la Reforma Agraria o el Instituto Politécnico Nacional. Más allá de sus numerosas singularidades e incluso aunque sean conducidas por funcionarios de distintas adscripciones partidarias o de variadas convicciones cívicas, todas esas dependencias e instituciones coinciden en una práctica vistosa y onerosa: el empleo de dinero público para promocionar su desempeño y, en ocasiones, para hacerles propaganda a los funcionarios que las encabezan. A ese estilo de relación entre el Estado y la sociedad nos amoldamos hace décadas. Rostros benignos, ademanes magnánimos, lemas virtuosos, logros auténticos o abultados por los guiños amables de la propaganda, nutren las frecuencias de televisión y radio así como las páginas de prácticamente todos los medios impresos en el país. Solamente unos cuantos diarios, de los varios centenares que se editan en toda la República, podrían subsistir sin el suministro de recursos financieros que significan las inserciones pagadas de las más variadas instituciones del Estado. Entre las revistas, ninguna de las publicaciones más serias en discusión, y difusión cultural y política resistiría con facilidad la desaparición de los anuncios oficiales y la gran mayoría de ellas sucumbiría sin tales recursos. En la televisión nacional la compra de espacios pagados por parte de gobiernos de todos los rangos, desde el Ejecutivo Federal hasta municipios cuya modestia uno supondría incapaz de sufragar tales gastos, se ha convertido en presencia constante. La radio se encuentra cada vez más desnaturalizada por prácticas como el “paqueteo”, que es como se denomina a la venta conjunta de anuncios reconocibles como tales junto con menciones aparentemente espontáneas, resultado de compromisos contantes y sonantes. 22

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Pegar para que paguen Antaño circunscrita a la prensa escrita, la publicidad oficial se encuentra en los manejos habituales en todos los medios (ya existe, también, en Internet) y forma parte de la cultura política mexicana. Por eso es tan difícil su examen desde el análisis periodístico e incluso desde la crítica académica. No sólo se trata de una usanza tan extendida que la inexistencia de esa publicidad oficial nos parecería extravagante –prácticamente inverosímil–. Además, como hemos señalado, será difícil que haya un solo espacio de difusión del pensamiento, en los medios de comunicación, que no se encuentre respaldado por los anuncios de algunas instituciones estatales. Se trata, por ello, de un asunto incómodo. El dinero que fluye gracias a las órdenes de inserción –y que nunca es tan generoso con la prensa escrita como con los medios electrónicos– significa siempre, de manera inevitable, compromisos o titubeos. Si usted es director o jefe de redacción de una importante revista de opinión en donde se anuncia, por ejemplo, el gobierno de Veracruz, siempre lo pensará dos veces antes de publicar un texto en donde se cuestionen los abusos políticos del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Las notas desfavorables a un gobernante o funcionario pueden suscitar la cancelación de órdenes de inserción aunque, en algunos casos, quizá lleguen a ser motivo para que la oficina de prensa del personaje así cuestionado compre más páginas de publicidad política con tal de silenciar, de esa manera, tales reparos. Del “no pago para que me peguen” que proclamó con tanto descaro patrimonialista el presidente José López Portillo cuando explicó por qué no había publicidad de su gobierno en la revista Proceso, en ocasiones hemos transitado al “pego para que me paguen” del periodismo escandaloso y chantajista que puede encubrirse con las más variadas coartadas ideológicas. La prensa de orientación conservadora, de la misma forma que la prensa identificada con la izquierda, se equiparan en este asunto con el viejo pero funcional periodismo priísta en donde la adquisición de espacios pagados articulaba las relaciones entre el gobierno y los medios impresos. Esa costumbre ha extendido, al campo de los medios, aquella desfachatada máxima según la cual vivir fuera del presupuesto es vivir en el error (¿o era en el terror?). El problema central en esa relación viciada por el dinero fiscal que se filtra de manera siempre discrecional a los medios de comunicación, no radica únicamente en las restricciones a

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la libertad de prensa y la capacidad de manipulación que las instituciones del Estado obtienen sobre los medios gracias a tales recursos. La dificultad esencial se encuentra en la forma de organización estatal y en el tipo de sociedad que son capaces de auspiciar y mantener esa relación. Un Estado democrático no requiere inserciones pagadas para legitimarse delante de los ciudadanos. Una sociedad abierta no tendría que soportar el gasto publicitario de sus instituciones gobernantes. La publicidad oficial existe a partir de supuestos siempre autoritarios y/o paternalistas. El gobernante que considera necesario gastar recursos públicos para anunciar que las carreteras están abiertas al tránsito, que los profesores dan clases en las escuelas públicas o que hay programas de capacitación para los policías, supone que sólo de esa manera tales obras serán conocidas por los ciudadanos. Se trata de un gobernante que tiene tan escaso aprecio por esos ciudadanos que considera que los puede convencer a golpes de spots y planas pagadas. La publicidad oficial cumple con un ritual del viejo sistema político. Cuando en México no había diversidad entre los partidos, o las posiciones distintas al partido oficial se encontraban tan débiles o tan perseguidas que no tenían casi presencia pública, los gobernantes acostumbraban crear remedos de unanimidad con la compra de inserciones pagadas que ni siquiera presentaban como tales. El presidencialismo totémico propiciaba el beneplácito por la vía del clientelismo, o disimulaba por la fuerza las desavenencias. Era común decir, con sorna y a veces resignación, que el talante lisonjero se encontraba tan extendido en la administración pública que cuando el titular del Ejecutivo preguntaba “qué horas son”, el coro de incondicionales a su alrededor se apresuraba a reiterar “la hora que usted quiera, señor presidente”. La publicidad oficial era, desde entonces, la versión periodística de aquel ánimo zalamero. De las gacetillas apenas disimuladas entre las notas que eran resultado del trabajo de las redacciones, la prensa transitó a inserciones pagadas claramente identificables como publicidad pero igualmente onerosas para el presupuesto público. De allí a los spots en televisión y radio y luego a las campañas que se mantienen a fuerza de “infomerciales” en donde los gobernantes son promovidos con técnicas de mercadeo a costa de cuantioso dinero fiscal, la publicidad de este corte ha sido cada vez más insistente y profusa.

Estalinismo mediático La publicidad oficial ha sido la versión mexicana de los grandes anuncios espectaculares y de las estatuas monumentales que abundaron en los países del viejo socialismo “real-

mente existente”. Pero a diferencia de la reacción de quienes depusieron a los gobiernos despóticos en Alemania Oriental, Hungría o la antigua URSS donde lo primero que hicieron fue derribar las estatuas de los antiguos líderes estalinistas, en México la transición política tuvo resultados diferentes. Aquí, los beneficiarios de la alternancia en el poder se entusiasmaron tanto con esa creación de efigies mediáticas que forja la publicidad oficial que no solamente la mantuvieron, sino incluso la multiplicaron.

El gasto publicitario durante el gobierno del presidente Vicente Fox aumentó cada uno de los seis años de aquella gestión y lo mismo está sucediendo con el gobierno del presidente Felipe Calderón. Los gobernantes del PAN gastan más, desde Los Pinos, de lo que gastaban los de por sí propagandísticamente dilapidadores gobernantes priístas. La otra diferencia, es la utilización de cada vez más dinero para satisfacer la exigencia de publicidad pagada de las televisoras. Un Estado con cauces de interlocución constantes y eficaces respecto de los ciudadanos, no necesitaría comprar espacios para anunciarse. Si las obras públicas, los servicios de salud y las escuelas funcionan, no hace falta que desde la trinchera del gobierno se nos recuerde la existencia de esos servicios. Así que cuando alguna de tales obras o actividades es publicitada a cargo del gasto de una institución, es porque no marcha como se noviembre 2010

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dice, o porque el gobernante a cargo de ellas quiere obtener beneficio político por hacer su trabajo. Cuando un gobernante anuncia lo que ha hecho, gasta dinero público para divulgar que ha cumplido el trabajo para el que lo eligieron y por el cual los ciudadanos le pagan un salario. La publicidad oficial es una de las expresiones más gravosas y rimbombantes de simulación democrática.

Engañosos espejos Aparentemente la publicidad oficial tiene un flanco virtuoso cuando permite financiar proyectos mediáticos en los que hay contenidos de calidad. Esa circunstancia ha contribuido para que su discusión sea escasa y a veces disimulada, en comparación con la intensa presencia pública que alcanza la propaganda del gobierno. Suponer que esa publicidad debiera ser preservada porque de cuando en cuando respalda proyectos nobles o socialmente útiles, elude las consecuencias principales que implica el Estado propagandista. El financiamiento a proyectos de comunicación de calidad podría mantenerse con una ley de ayudas a la prensa y los medios electrónicos como las que existen en varios países de Europa. Pero además es deseable que todo esfuerzo comunicacional capaz de suscitar el interés de la sociedad sea respaldado, al menos en parte, por los propios ciudadanos. En defensa de la publicidad oficial también se dice que el Estado necesita espacios para promover acciones y difundir medidas de beneficio social. Para eso, basta con el tiempo estatal que todavía existe en televisión y radio y que podría ser utilizado esencialmente en campañas de orientación y prevención. La publicidad oficial debería ser erradicada de las costumbres políticas mexicanas. Mientras se mantenga, será indicio tanto del autoritarismo del poder político, como de la resignación de una sociedad habituada a que le muestren la imagen autoindulgente de los gobernantes que se promocionan con cargo al dinero público. Para que tuviéramos un país libre de publicidad oficial haría falta que los gobernantes admitieran construir con la sociedad una interlocución civilizada, que los medios de comunicación estuvieran dispuestos a dejar de nutrirse en las finanzas públicas y que los ciudadanos rechazaran los engañosos espejos, creados a modo del poder político, que hoy inundan páginas y pantallas. trejoraul@gmail.com

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Análisis

Gasto publicitario y mercado • Rogelio Hernández López

Al mismo tiempo se pueden imponer pautas para ayudar a corregir otras distorsiones del mercado de la información, tales como revaluar la mano de obra, que es la más vulnerable y castigada en la medida que avanza el poderío de los corporativos empresariales de la información y de otros poderes fácticos, como el del narcotráfico. Igualmente es posible introducir otro elemento en esa reestructuración: incluir una cláusula de trato preferencial en los contratos de gasto publicitario a los medios que tengan y utilicen códigos de ética.

Los números Distintas investigaciones sobre el mercado de la publicidad en México indican que el valor global de ésta en 2010, será de alrededor de 60 mil millones de pesos. De ese total, el gasto en publicidad oficial será de cinco mil 200 millones de pesos (ocho por ciento del total) para el mismo año; una cantidad similar gastarían los estados de la federación y algunos municipios, que sumados significarían 10 mil 400 millones (16 por ciento aproximadamente del valor total del mercado). Estos datos del sector público y su gasto publicitario los difundió Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero de Vicente Fox, quien tuvo amplias facilidades para obtener la información y hoy está dedicado a la academia (Artículo publicado en El Economista el 21 de junio de 2010). Moises Pablo / Cuartoscuro

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un sin una ley de transparencia publicitaria, el gasto en comunicación social e imagen del sector público puede intervenir en el mercado de la información e imponer correcciones a los desajustes severos que padece. La fórmula, explorada en varios países de Europa, es sencilla: un decreto para descontar de los contratos de publicidad 10 centavos por cada euro que se erogue y dedicarlos a: - Estimular la pluralidad en la información. Esto es encausar ocho centavos a los medios– sobre todo impresos- más marginados por la fuerza de los monopolios informativos. - Promover la capacitación profesional en medios y periodistas, un centavo. - Crear mecanismos vigilantes que procuren la seguridad y la vigencia de los derechos de medios y periodistas, otro centavo. Parece inaudito que una fórmula tan sencilla pudiera debilitar anomalías de un mercado tan complejo como el de la información. No es lo ideal. Es lo posible. Lo ideal sería imponer un ajuste severo a la estructura del gasto publicitario del sector público y vigilar su aplicación mediante una ley federal de transparencia publicitaria y otras 32 “espejo” en las entidades federativas del país. Ésa es una demanda vieja que siempre se topa con el modelo estructural que liberalizó la información para estimular monopolios y oligopolios informativos, mismos que se quedan con la mayor tajada del pastel publicitario. Lo posible, desde ahora, es una ligera reorientación del gasto publicitario, mediante un decreto o acuerdo como el que, en 2001 impuso la Secretaría de Gobernación para reorientar el gasto del gobierno federal. Con una medida así es posible impactar el mercado de la publicidad para hacerlo más equitativo, con los criterios de ampliar la pluralidad de la información, estimular la permanencia y calidad de las propuestas de periodismo profesional en general y, más particularmente el de investigación, el de cultura, la ciencia, la literatura y distintas especialidades académicas.

Los diez centavos Si el gasto en 2010 del gobierno federal será de cinco mil 200 millones de pesos aproximadamente, de haberse pactado con los empresarios de las empresas un descuento del 10%, se habrían ahorrado 520 millones de pesos para dedicarse a las pequeñas y medianas empresas de la información y a los periodistas. Y, del 10% descontado, una décima parte que significa un centavo por cada peso (52 millones en 2010), se podrían haber dedicado en un solo año a estimular la capacitación permanente de los periodistas y de otros trabajadores de la noviembre 2010

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Cláusula de credibilidad Para todos los medios, el ajuste y leve reorientación al gasto publicitario también podría incidir en la elevación de su profesionalismo sin interferir en la libertad de prensa. En los contratos anuales o multianuales puede insertarse una cláusula indicativa de dar trato preferencial a los medios que tengan y apliquen un código de ética. Los medios que vayan elaborando y registrando sus códigos pasarían del nivel de trato igual al de preferencial para la contratación de publicidad. Esa cláusula se fundamentaría en la práctica, ya extendida, de la certificación de los tiros y coberturas de públicos de medios electrónicos e impresos, pero esa labor de contraloría no debe hacerla ninguna instancia del sector público. Así como en los tiros y coberturas hay entes privados que certifican, en este caso se podría acudir al Instituto Verificador de Medios. Tal contraloría podría basarse en otro protocolo de verificación para el caso; verificación que no debe entrometerse en los contenidos del código de ética o de la información periodística porque sería atentatorio contra la libertad de prensa; sólo certificaría que el código y la instancia o persona responsable de velar su aplicación internamente existe. Nada más. Las empresas, todas lo agradecerían a la larga, porque con los códigos de ética recuperarían o ganarían más públicos. La credibilidad es el mayor estímulo de cualquier producto. Los códigos de ética son en otros países factores de mercado y en México también pueden serlo. Todo esto parece fácil, tanto que ni siquiera habría que esperar a que algún día los congresos federal y local aprueben leyes regulatorias de la publicidad oficial. Es lo posible, porque la realidad indica que la mayoría de los políticos, de todos los partidos, tienen miedo de enojar a los grandes medios al tratar de normarles su comportamiento y su responsabilidad social. Se puede entonces, por esta vía comenzar a corregir las anomalías de un mercado distorsionado y, por lo mismo con crisis recurrentes. rogeliohl@yahoo.com.mx

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prensa más urgidos de ello, coadyuvar a la superación de su estatus laboral y social, y así mejorar su desempeño frente a la información. Tal capacitación podría pactarse, mediante convenios, con centros de educación superior que tengan suficientes planes de actualización profesional permanente de los periodistas y trabajadores de los medios. Otro centavo por cada peso de este gasto de 2010 (52 millones de pesos) podría haberse canalizado a estimular los fondos del Premio Nacional de Periodismo y otros certámenes por especialidad (27 millones en un año, por ejemplo) y otra parte (25 millones) a construir e impulsar los mecanismos de protección de los periodistas en alto riesgo y la defensa de sus derechos profesionales. Los otros ocho centavos del descuento (unos 416 millones de pesos en el año), se habrían dirigido a subsidiar directamente a medios electrónicos e impresos medianos y pequeños, sector del mercado que menos publicidad capta en este modelo neoliberal de la información. Con esos ocho centavos, que se pudieran haber dedicado al subsidio directo, se habría hecho un tanto más equitativa la distribución de tal gasto público; pero especialmente se estimularía a los más castigados permanentemente y que son los impresos que se especializan en periodismo de investigación, en temas culturales o que promueven el debate académico. La clave para este apoyo sería la demostración de permanencia y mínimos estándares de calidad profesional. Actualmente los medios impresos, en general, difícilmente captan más del ocho por ciento del total de la publicidad gubernamental, una buena parte se la llevan las grandes cadenas de prensa o los corporativos multimedia que “atrapan” la mayor parte con sus contratos multianuales basados en la virtual Ley de Herodes. Y, en contraste, la mayoría de los diarios, los semanarios y las publicaciones periódicas que se editan en provincia con información general o especializada están sujetos a lo que queda o a los convenios de conveniencia con los gobernantes locales. Esas cantidades de apoyo y corrección de mercado podrían crecer, en cuantía y proporción, de existir normas espejo en los estados de la federación. Por ejemplo. El gasto publicitario de 2010 en el Estado de México será de alrededor de 200 millones de pesos, según información oficial. Entonces, podría haberse dedicado 20 millones a subsidiar impresos y medios electrónicos en desventaja, y para capacitar, defender y velar por los derechos de los periodistas. Situación similar ocurriría en el Distrito Federal donde se declara que su gasto anual será de 104 millones, habría podido disponer de 10 millones 400 mil para los mismos propósitos.


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Calderón critica "productos integrados"; pero no propone ley • Julio Olvera

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l reparto del presupuesto federal, generó nuevos foros de debate sobre el gasto que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno del país en comunicación e imagen, en los cuales resurgieron reclamos sobre la necesidad de una reglamentación al artículo 134 constitucional, para evitar que los recursos de publicidad y propaganda oficial sean usados con fines electorales. Legisladores, académicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta Felipe Calderón coincidieron en que este asunto es una de las asignaturas pendientes del Poder Legislativo, donde a pesar de la existencia de varios proyectos de ley, ninguno ha sido aprobado. La discusión se abrió en vísperas del proceso electoral federal de 2012, ya que el tiempo para legislar en la materia se reduce, y aunque en noviembre de 2007 y mayo de 2008 se realizaron distintas reformas, el artículo 134 constitucional, aún no está reglamentado. A decir de especialistas, los legisladores dejaron inconclusa su tarea reglamentaria, toda vez que les faltó expedir una serie de disposiciones para hacer efectiva la reforma constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), envió este año al Congreso un “análisis técnico” de temas para la reforma electoral, donde subraya la necesidad de una “legislación completa” del 134 constitucional para eliminar las excepciones relacionadas con propaganda gubernamental y hacer explícita la prohibición de que tengan fines electorales. Apunta que una reglamentación a ese artículo, de ninguna manera permitiría el uso de recursos para propaganda gubernamental con fines electorales o dentro de periodos de campaña, ambos prohibidos de manera general por la ley actual. Según el análisis, se imprimiría mayor certeza a la contienda, eliminando, por ejemplo, algunas excepciones sobre la transmisión de spots en radio y televisión, para hacer

manifiesto que éstos -bajo ninguna circunstancia- pueden tener fines electorales o realizarse dentro de los periodos de campaña política. Además -anota- se hace indispensable definir en quién recae la obligación o responsabilidad cuando se comete una falta y se realiza propaganda ilícita, si es el titular de una concesión o de un permiso, independientemente del número de emisores y frecuencias que ampare un concesionario. En el documento se incluyen modificaciones para dejar en claro la manera en que los servidores públicos deben difundir los informes anuales sobre su gestión. En este contexto, también Felipe Calderón vislumbra algunos “desafíos” para la democracia mexicana, como la transparencia en el uso de recursos públicos y la utilización de publicidad “disfrazada” en los medios de comunicación. Fue dentro del foro Democracia Latinoamericana, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE) en ocasión de su 20 aniversario. “Eso sigue siendo un desafío que no hemos resuelto, y que sería mejor solucionar antes de las elecciones que vienen, que generar una verdadera preocupación una vez que se terminen las elecciones”, enfatiza, quien sabe bien lo que dice, por aquel sinuoso andar rumbo a la Presidencia, y por lo que representa ahora manejar miles de millones de pesos para propaganda oficial. En sus comentarios, Calderón también propuso una nueva reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 134, para evitar la compra subrepticia de espacios en medios. “Se requiere decir en qué radica no comprar, por parte de los partidos políticos y candidatos ni medios escritos ni medios electrónicos; en qué consiste no utilizar formas subrepticias para comprar esos medios... como tambien, las figuras no sólo de spots tradicionales, sino de los denominados paquetes integrales o publicidades disfrazadas, eso sigue siendo un desafío... sería mejor resolver esos dos temas antes de las elecciones que vienen”.

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Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Valdés Zurita y Calderón en el foro Democracia Latinoamericana

Según el académico y ex magistrado del TEPJF, José de Jesús Orozco, uno de los aspectos más importantes que se advierten obedece a cuestiones de los infomerciales, situaciones que de una u otra manera se pueden considerar irregulares o fraudes, en los que han incurrido funcionarios públicos en campañas; informes de legisladores, de la llamada “publicidad integrada”, de la propaganda de los gobiernos que no se sujetan al ámbito de la demarcación correspondiente. Para Todo esto deriva precisamente en que la cuestión electoral no es un proceso acabado, y puede terminar en confrontación.

Asunto fundamental Para el legislador panista Javier Corral, el asunto de la administración de los tiempos del Estado en materia de radio y televisión, y el que tiene que ver con la reglamentación del artículo 134, aparecen como temas fundamentales no sólo del IFE sino del Congreso. Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, advirtió que, de no llevarse a cabo un esfuerzo reglamentario del artículo 134 constitucional, el año 2012 va a quedar a expensas de “enormes tensiones”, y puede ser como aquella “ambivalencia” que dejó ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando sentenció a Felipe Calderón como “responsable, pero sin sanción”, con relación a una cadena nacional del jefe del Ejecutivo en un periodo prohibido por la ley. Al participar en la mesa de discusión Propaganda gubernamental y la necesaria reglamentación del artículo 134 constitucional, dentro del seminario Elecciones 2012, en busca de equidad y legalidad, organizado por el IIJ, Corral y el senador perredista Arturo Núñez hicieron notar que un artículo transitorio en la reforma electoral del 2007 ordena reglamentar dicho precepto en un periodo de un año, plazo que no se cumplió, y ahora el tiempo límite para hacer 28

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modificaciones legales que impacten en dichas elecciones, es julio del próximo año, es decir 90 días antes del arranque del año electoral. El diputado de Acción Nacional dijo que esa reforma constitucional “nos obliga a establecer reglas secundarias fundamentadas en principios como la transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso a la publicidad, y la no discriminación de quienes sean críticos de las acciones gubernamentales”. Puntualizó que uno de los elementos fundamentales de la reforma electoral de 2007 fue la prohibición a partidos y a particulares para contratar propaganda a favor o en contra de algún candidato, aun fuera de los periodos electorales, y dio como referencia que en las campañas electorales de 2006, sólo de financiamiento público, los partidos políticos gastaron en contrataciones en radio y televisión mil 967 millones 80 mil 570 pesos. “Así, las campañas políticas eran un jugoso negocio para las empresas de comunicación, en particular para la televisión; por ello es que hubo tanta renuencia de parte de estas empresas, porque los partidos no sólo se unieron para evitar que las televisoras siguieran siendo las grandes ganadoras, económicamente hablando, durante las campañas, sino que les quitaron una moneda de cambio como lo eran las tarifas diferenciadas a partidos, a manera de pago de favores políticos y legislativos a las empresas. La clase política, como pocas veces, recuperó una parte de la dignidad lastimada y se reivindicó frente a los poderes económicos. Sin embargo, destacó que esa prohibición termina siendo ineficaz y por lo tanto inútil, si no se complementa la reforma al artículo 134 constitucional, “que ahora está siendo la fuente de la publicidad encubierta”. juliomoa@gmail.com

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a primera semana de octubre, especialistas en materia de libertad de expresión y acceso a la información de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay participaron en el foro Publicidad oficial en América Latina: de la censura a la información, organizado en la Ciudad de México por Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En la mesa referida a “experiencias en la región latinoamericana”, se coincidió en que la publicidad oficial es uno de los temas “más complejos e invisibles” dentro de las relaciones entre los medios de comunicación; en muchos casos, se le ve como un “favor” y también como una “obligación” del Estado, pero al mismo tiempo es una forma de presión sobre los contenidos informativos y una fuente de autocensura para no perder la publicidad. Para los participantes, la asignación de publicidad es un tema sustancial y aún más complejo que la transparencia, porque -a decir del chileno Moisés Sánchez- hay diferentes visiones sobre el papel que debe jugar el Estado en el mercado de los medios de comunicación. “Hay los que creen que se debe regular la publicidad, pero hay quienes dicen que el Estado debe nivelar las condiciones para que los medios chicos puedan competir con los grandes”. Fundar

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Regulación publicitaria; experiencia internacional “El principal patrón es la gran discrecionalidad en el manejo de la pauta. Si bien la publicidad oficial se rige por reglas, éstas no establecen criterios claros y transparentes. La decisión de cuáles medios son beneficiados y cuáles no, depende de la discrecionalidad de los funcionarios. Se trata de decisiones políticas y no de gestión de comunicación”, consideró la argentina Eleonora Rabinovich.

Caso Uruguay Edison Lanza, director del Centro de Acceso a la Información Pública de Uruguay, recordó que la situación en su país hace cinco años, era complicada: todavía existían delitos de comunicación, se perseguía a radios comunitarias, había bloqueos para aprobar una ley de acceso a la información y no había suficiente regulación de los medios electrónicos; además de abuso y uso discrecional de la publicidad oficial. Mencionó que el poder político sentía en esos años que repartir frecuencias de radio y televisión entre correligionarios, amigos políticos y luego sostener esas concesiones a partir de la pauta, eran prácticas “normales”, pues era un hecho que durante los periodos de elecciones, esos medios eran “amigos” de los que les daban las concesiones de publicidad. Ante ello, dijo que la sociedad civil propuso una agenda “lo más completa posible” para abordar temas sobre violación de la libertad de expresión; las prioridades eran combatir la persecución de periodistas a través de delitos de comunicación, frenar el acosamiento a las radios comunitarias y empujar una ley de acceso a la información. Aunque entre 2005 y 2008, el parlamento uruguayo aprobó la Ley del Servicio de Radiodifusión Comunitaria, la Ley de Acceso a la Información Pública y modificó la Ley de Prensa, la reforma relacionada con la publicidad oficial sigue como la más complicada debido a dos aspectos fundamentales: por un lado, significa “plata” y por otro, poder. El actual presidente uruguayo José Mujica, retomó el proyecto de ley y anunció que lo enviará de nuevo al parlamento para su aprobación en la presente legislatura. noviembre 2010

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Argentina Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión, de la Asociación por los Derechos Civiles, de Argentina, ubicó el 2007 como el año en que la publicidad oficial llegó a la justicia argentina con el caso Río Negro, un 30

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periódico de la provincia de Neuquén, que dio cobertura a un caso de corrupción y al que el gobernador le retiró la pauta. El caso llegó a la Corte Suprema que dictaminó que, aunque los medios no tienen un derecho intrínseco a recibir publicidad, los gobiernos no pueden discriminar por el punto de vista del medio. También se concluyó que es el Estado el que tiene que probar que no existe discriminación. En este caso el gobierno no pudo justificarlo. La Corte Suprema obligó al gobierno del Neuquén a regular la publicidad oficial, y la corte tenía que autorizar la regulación que dicho gobierno elaborara (lo cual fue recientemente aprobado). En 2008 la Corte Suprema volvió a dictaminar en un sentido similar con un diario de la Pampa. Ese año, en Buenos Aires se expidió una ley que, aunque carecía de criterios de distribución, sí establecía normas de transparencia; pero el jefe de gobierno la vetó. No

Colombia Adriana Blanco, coordinadora de proyectos de la Fundación para la Libertad de Prensa, de Colombia, habló de la presión en su país por la asignación de frecuencias de radio y televisión, y de la distribución arbitraria de la publicidad oficial. Dijo que en el contexto colombiano, esas pautas se centralizan en Bogotá y en algunas otras ciudades grandes como Cali y Medellín; en el resto del país es casi imposible acceder a la pauta, de la que el Estado es el principal proveedor para los medios locales, “lo que genera -anotó- un primer problema: los medios y los periodistas tienen que negociar frecuentemente con el gobierno para dar subsistencia a sus medios”. Es decir, los periodistas tienen que vender incluso pautas para mantener sus espacios mediáticos, y entre las causas de este problema destaca la inexistencia de una legislación adecuada, además de las precarias condiciones laborales de los periodistas y, la fragilidad de los medios. Estimó como “práctica cultural reiterada” el hecho que la publicidad oficial sea vista como el uso de recursos discrecionales de los gobernantes para los que los ayudaron en sus campañas; y observó algunos efectos de la relación perniciosa medios-gobierno: se impone el deseo de quienes quieren el silencio; se sacrifica la verdad y la calidad informativa; se restringe el derecho del periodista a informar; se le impide a la sociedad la posibilidad de estar informada; y se daña la libertad y la democracia. Comentó que la FLIP propone, entre otros criterios, la necesidad de regulación para la materia, puesto que la falta de lineamientos claros y concretos atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad; establecer un mecanismo de contratación y distribución que reduzca la discrecionalidad, evite favoritismos políticos e impida actos de corrupción; la responsabilidad por el manejo de la publicidad oficial deberá descentralizarse para que no esté sólo en manos de funcionarios nombrados políticamente, sino de organismos o funcionarios. Destacó que en cuanto a transparencia, faltan mecanismos para establecer este criterio, bajo el principio de que los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial y los gobiernos deben rendir cuentas.

Chile Moisés Sánchez, director ejecutivo de la chilena Fundación Proacceso, expuso la discusión entre pluralidad y diversidad, donde en la mayoría de los casos, los destinatarios de la pauta corresponden a los estratos socioeconómicos medio-bajos, que de ninguna manera se ajustan al perfil de los lectores de los medios escritos; además que la difusión en los medios más grandes no siempre llega a la audiencia que se quiere. Indicó que de acuerdo con un diagnóstico realizado en 2005, la concentración de la inversión de publicidad oficial a la prensa estuvo en los medios más importantes de Chile, con 86%. En televisión, la publicidad se concentró en TVN (50%), seguida a distancia por el Canal 13 (15%), Megavisión (15%) y Chilevisión (10%). En la prensa, los principales destinatarios de la inversión publicitaria estatal fueron los diarios de la empresa que publica El Mercurio (48%) y del Grupo Copesa (29%). Ambos concentraron el 77%. Al diario la Nación sólo se destinó un 9%. “La falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios... su regulación es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas”, concluyó.

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Puntos de vista En el marco de este foro, Zócalo preguntó por separado a los participantes acerca de qué debe hacerse para evitar el uso discrecional de la publicidad oficial, si es posible regular la distribución de las pautas gubernamentales y qué debe exigírsele al Estado para un gasto eficiente en esta materia. Los cuatro coincidieron que primero debe reconocerse la existencia del problema: usar recursos gubernamentales “como medio para favorecer a los amigos y castigar a los que no son tan amigos”. - ¿Cómo evitar el uso discrecional de publicidad oficial? -Moisés Sánchez: Para que el gasto público sea justificable, en realidad debe atender a una función o interés público, sea este difundir campaña, beneficios sociales, mecanismos de participación ciudadana o impacto de políticas públicas; pero eso no es igual que difundir la imagen de un funcionario público. Algunos medios pequeños, sobre todo regionales, funcionan en condiciones financieras bastante débiles, lo que hace que sus periodistas sean un ‘caldo de cultivo’ interesante para ciertos funcionarios públicos que capturan su potencial comunicacional a un muy bajo costo, y eso lo hacen a través de pautas publicitarias, beneficiando a medios que ese periodista levanta... el periodista soluciona un problema, pero a la vez queda capturado por el poder estatal. Eleonora Rabinovich: Debe haber un fuerte compromiso de los gobiernos de abstenerse de utilizar esta herramienta como presión a los medios de comunicación; tienen que modificarse ciertas relaciones culturales, políticas, económica, sociales entre los medios de comunicación y los gobiernos, que tradicionalmente han favorecido la generación de estas relaciones discrecionales y arbitrarias, promover una regulación que, por supuesto, no va a modificar todas las posibilidades de abuso pero si va a reducir la existencia de injuaticia a través del reparto de la pauta. Edison Lanza: Ser más honesto en la administración pública, es un tema de probidad y de libertad de expresión en cuanto a que muchas veces se ha utilizado para favorecer amigos de manera indebida y también para castigar a comunicadores críticos con los gobiernos; es parte de al historia de América Latina. Esto es un tema de censura indirecta, que afecta indirectamente la circulación de información, y lo que se puede hacer para cambiar esta historia es establecer determinados principios que se deben cumplir para la distribución de la pauta publicitaria. La forma que los países democráticos tienen es transformar esos principios en una ley que tenga como sujeto obligado al Estado. Adriana Blanco: Las administraciones deben propender

por la adopción de criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta oficial. - ¿Es posible regular la distribución de esta publicidad? Moisés comentó que este problema no tiene ninguna característica que impida su regulación ¿por qué?, porque simplemente de lo que se trata, desde un punto de vista técnico, más allá de las complejidades políticas del tema, es establecer mecanismos de contratación que sean neutrales respecto de todos los participantes en la gran ‘torta’ publicitaria, y que no permitan que el Estado intervenga en el proceso de decisiones. Que existan políticas de fomento para que pequeños y medianos empresarios del mundo de las comunicaciones puedan competir en cierta igualdad de condiciones con medios más grandes. Rabinovich, por su parte, dijo que: "por supuesto que se puede regular, no es sencillo pero se puede. Hay experiencia en la legislación comparada, además principios que se pueden adaptar para que sea una regulación más equitativa y menos discrecional". Mientras, Edison Lanza afirmo que si bien las leyes no son la solución mágica para ningún problema, "si creo que una ley que cumpla con estándares internacionales puede encausar el tema de la asignación de la publicidad oficial como otros temas. Si se establecen concursos públicos y determinados criterios para asignar la pauta oficial; el que no cumpla con esos criterios también está fuera de la ley, nada menos, podrá ser denunciado públicamente o ante un juez". Y Adriana Blaco consideró que aunque es un tema complejo, se deben establecer criterios claros de contratación, que estén de acuerdo con la legislación, que sean transparentes, pero también que se dirijan a la protección del derecho fundamental a la información y a la libertad de prensa. juliomoa@gmail.com

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Una historia

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no contada por Televisa Juan Molinar Horcasitas

Alfonso De Angoitia

• Jenaro Villamil

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n alto funcionario de Televisa de cuyo nombre no puedo acordarme, se enfureció el 2 de septiembre cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer su famoso “decretazo” para acelerar la transición de la televisión analógica a la digital. ¿Por qué no los consultaron? ¿Qué pretendía el gobierno federal panista al abrir la puerta a la posibilidad de que el espectro sobrante de los “canales espejo” fueran utilizados para servicios convergentes de telecomunicaciones como telefonía, Internet, audio y, por supuesto, televisión? Pero la molestia mayor fue porque a través del decreto, el gobierno federal comenzará a repartir unos aparatitos decodificadores para aquellos hogares que no tengan acceso a la tecnología digital. Y la fecha para iniciar ese reparto es el 2011. Siendo en la zona metropolitana la primera prueba. Es decir, el gobierno del PAN ensayaría en el Estado de México, el territorio del copete más caro del país y cliente frecuente de Televisa. Mandaron a llamar a integrantes de la “telebancada” que frecuentemente se reúnen en las oficinas de Alejandro Quintero, el vicepresidente de comercialización de Televisa y artífice de los millonarios contratos de Peña Nieto con el “canal de las estrellas”. De esta manera, Andrés Massieu (ex secretario privado de Salinas y ex fun34

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cionario de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), Antonio Navarrete Prida (ex procurador del Estado de México) y otros legisladores pertenecientes a las bancadas del PRI y del Partido Verde acordaron echar abajo el “decretazo” de Calderón. Además, algunos consultores jurídicos les dieron la razón: el decreto que redactó el director jurídico de Los Pinos, de apellido Alessio, tenía serias deficiencias. La Cofetel, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, es el único organismo regulador responsable de la radiodifusión (radio y televisión). Ya lo había establecido la Suprema Corte de Justicia al eliminar el anterior “decretazo” de Calderón, en enero de 2009, cuando pretendió crear un nuevo reglamento para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le otorgaba facultades de “súper secretario” al titular, que en ese entonces, era Luis Téllez, quien renunció en medio de un escándalo por diferencias con la subsecretaria Purificación Carpinteyro y con el entonces presidente de la Cofetel, Héctor Osuna.

La polémica interna por la licitación La polémica por la famosa “ganga” de los 30 Mhz de la licitación 21, generó problemas al interior del Consejo de Administración de Televisa. El escándalo creado por el abierto favoritismo de la SCT y de la Cofetel al

consorcio formado por Televisa-Nextel estaba afectando la “imagen” de una empresa que vive de comerciar con su imagen. Así lo expresaron algunos de los integrantes de ese Consejo de Administración. Comenzaron a darse divergencias con los directivos de Nextel-México, empresa que se presentó como “jugador entrante” en la telefonía móvil, cuando en realidad ya cuenta con casi 2 millones de abonados. Surgió una polémica interna al interior de Televisa. Perdió el vicepresidente de finanzas, Alfonso de Angoitia, artífice de toda la operación del consorcio para entrar al mercado de telecomunicaciones, adquiriendo empresas como la telefónica Bestel, invirtiendo en Cablemás, TVI (vinculada a Milenio TV), aliándose a Megacable y Telefónica para entrar a la licitación de los casi 20 mil kilómetros de par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. De Angoitia fue el mismo funcionario que, junto con Salvi Folch y otros directivos de Televisa, cabildearon al interior de la Comisión Federal de Competencia, en la Secretaría de Hacienda y en el Congreso de la Unión para que desde octubre de 2009, en la aprobación de la ley de ingresos, se exentara del pago de derechos por dos años a los “jugadores entrantes” en la licitación 21. Fueron los mismos que también prácticamente direccionaron las bases para que obtuvieran ventajas frente a Telcel,

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Telefónica o Iusacell y quedarse con el bloque nacional de 30 Mhz. A finales de septiembre, De Angoitia no pudo convencer a otros integrantes del clan de los “cuatro fantásticos” del equipo de Emilio Azcárraga Jean, para que defendieran a costa de lo que fuera, la “ganga” de la licitación 21. En la otra parte de la mesa, Alejandro Quintero, el poderoso bróker de TV Promo, argumentó que el gobierno de Calderón quería condicionar los contenidos informativos de Televisa, lo cual amenazaba los contratos y tratos con Enrique Peña Nieto. “Si quieren azul celeste, que les cueste”. “Esta será su ganga. Condicionar los contenidos de Televisa. Tengan su ganga”. Y valientes, como suelen ser, los cerebros de Televisa acordaron que buena parte de los cuatro mil millones de dólares de flujo en efectivo que tienen, se invertirán para recuperar su parte accionaria de Univisión y no en Nextel, con quien ya se habían comprometido desde febrero de 2010 para comprar 30 por ciento de sus acciones por un total de mil 40 millones de dólares. Esta fue la misma frase que difundió Carlos Loret de Mola, (conductor de Primero Noticias y aspirante a suceder a Joaquín López Dóriga) en su polémico artículo en El Universal, publicado el martes 19 de octubre: “Esta sucesión de hechos, puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral del 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó”. Loret de Mola, como vocero de Televisa, también la emprendió contra los críticos de la “ganga”: “En el camino, muchos se fueron

con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás se encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron las acciones”. Loret de Mola confirmó así que la parte responsable de los contenidos y de vender éstos, en función de los paquetes de publicidad integrada, le ganó la partida interna en Televisa a los artífices financieros. Días después, el periodista no volvió a mencionar el tema. Cumplió con la orden

El “apagón analógico” La danza de los millones de dólares del futuro de las telecomunicaciones y de los compromisos mediáticoelectorales de Televisa para el 2012, determinaron su ruptura con Nextel. Y para demostrar quiénes tienen el poder, los mismos estrategas de Televisa lograron que la Suprema Corte de Justicia decretara la suspensión provisional del “apagón analógico” de Calderón. La ministra Olga Sánchez Cordero ordenó el 20 de octubre suspender las medidas anunciadas por el gobierno de Calderón, en especial, la formación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, encabezada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Economía y Educación Pública, todos ellos “precandidatos” presidenciales en el gabinete calderonista. Televisa tuvo el apoyo táctico de TV Azteca en esta batalla, y también de los senadores encabezados por Manlio Fabio Beltrones y por los diputados del Estado de México. Se juntaron las deficiencias jurídicas del decreto del 2 de septiembre con la lucha adelantada por el 2012. El ridículo ahora es para las autoridades de la SCT, la Cofetel y el propio Calderón; quien todavía el lunes 25 de octubre, insistió en que el “apagón ana-

lógico” se adelantará del 2021 al 2015, pero no aclaró cómo hará para enmendar las partes que la Suprema Corte considera discutibles en su decreto del 2 de septiembre.

La nueva licitación Los tambores de guerra volvieron a transformarse en reconciliación entre Televisa y la SCT. En su comparecencia del martes 26 de octubre en el Senado, Juan Molinar Horcasitas tocó la diana: anunció que se licitarán los 60 megahertz faltantes de la banda 1.7 Ghz. Así lo afirmó: “Es importante que continúe el proceso licitatorio en México. Hay disponibles en la banda 1.7 Ghz, 60 megahertz, 30 que no se incluyeron en la licitación y 30 que quedaron desiertos”. También afirmó que “reponer” el proceso de la licitación 21 sería ilegal y una mala política pública. “¿Por qué sería ilegal? Porque la licitación se hizo conforme a un proceso público con diversas opiniones a lo largo del periodo. Por ejemplo, el operador (Iusacell) se amparó contra esta licitación, y es su derecho”. No se necesita ser brujo, para saber que muy probablemente los próximos dos bloques de 30 Mhz por licitar, pueden quedar en manos de la misma empresa que rompió con Nextel: Televisa. Es claro que el negocio para esta televisora será redondo. Su área de contenidos negociará el suministro de infomerciales, publicidad integrada e infoentretenimiento para cuando los mexicanos puedan ver televisión en teléfono móvil. jenarovi@yahoo.com.mx

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Televisión digital en México y España • Norma Pareja Sánchez

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l pasado 1 de septiembre, en su IV Informe de Gobierno, el presidente Felipe Calderón anunció un decreto mediante el cual se modifica la fecha de traslado definitivo de transmisiones analógicas a digitales en la televisión terrestre; de acuerdo con este anuncio materializado en un decreto, se adelanta en México la fecha del llamado “apagón analógico” del 2021 que había establecido el gobierno de Vicente Fox, al 2015. No obstante que en teoría ello marcaría el fin del uso de la tecnología analógica y posibilitaría el acceso a la era digital y el conocimiento, la medida carece de lineamientos concretos que planifiquen y posibiliten un desplazamiento real dentro de la evolución tecnológica que experimentan las sociedades en el siglo XXI y por otro lado, prefigura cambios estructurales en términos de mercado y el sector audiovisual. La cantidad de operadores, contenidos y posibilidades de interacción puede aumentar de forma desproporcionada, en ese sentido tanto a nivel de mercado con las oportunidades de negocio que ello prefigura como las implicaciones sociales y políticas al respecto requieren de reflexiones profundas. 36

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"El caso español" En esa línea es interesante revisar la experiencia del caso español, ya que en ese país el periodo de transición culminó en este año y el acceso a la transmisión y lo que implica comenzó años atrás. Además la relación histórica que México tiene con dicho país le hace ser un caso particular para revisar las condiciones en que esta circunstancia se dio y los desafíos que plantea. Las transmisiones paralelas como primer paso, y la migración definitiva han sugerido muchas interrogantes a los españoles, sobre todo en términos de políticas culturales. El asunto no es cosa menor, pues aunque en primera instancia tiene un carácter meramente técnico, la experiencia en otros países ha indicado que

la transición a la televisión digital ha implicado cambios estructurales, pues la evolución propiamente tiene múltiples dimensiones, la social, la económica, la política y la cultural, en tanto que alcanza situaciones desde las deliberaciones legislativas para el diseño del marco jurídico que ello presupone, la defensa de ideologías en ese plano y la proyección/pugna de intereses político partidistas para la definición de normas, la inclusión/exclusión de diversos sectores de la sociedad para acceder a plataformas múltiples de interacción –considerando el capital cultural y económico para la vinculación tecnológica-, la pluralidad y diversidad de voces en la construcción de contenidos, la visibilidad de expresiones y significados diversos y su impacto en la democracia;

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"El caso mexicano" En el caso mexicano la selección se basó en las posibilidades de negocio que ofrece la frontera norte. Como se-

ñala la investigadora Dulce Cepeda de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), México ratifica una vez más su carácter pasivo en el desarrollo tecnológico siendo sólo partícipe de una transferencia tecnológica.

Visión cortoplacista Entre los múltiples temas que se requiere estudiar con cuidado, destaca el de la forma en que se pretende resolver la problemática social, ante ello el discurso del desarrollismo como forma de vinculación e integración de las sociedades queda limitado ante problemas de fondo como la pobreza, y la evolución tecnológica, no alcanza a resolver estos problemas. En esa lógica se genera indudablemente un problema de exclusión de diversos sectores de la sociedad, y la solución oficial sólo se limita a una medida paternalista de otorgar subsidios a los hogares para la compra de un dispositivo técnico que posibilite la captación de la señal digital. Ante la falta de recursos del grueso de la población mexicana para adquirir televisores de nueva tecnología, el gobierno ha determinado que la transición costará mil 600 millones de dólares y de ellos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, que está a consideración del poder legislativo, se destinarán 500 millones de pesos para apoyar la transición a la Televisión Di- gital Terrestre (TDT) en los hogares (El Universal, 13-0910), lo que implica, por un lado, medidas gubernamentales sólo técnicas para el subsidio de la compra de decodificadores y no estructurales en términos de educación y pobreza; y por el otro una visión cortoplazista ligada a las elecCintia Bolio

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el equilibrio en el nivel de la propiedad de los productores y distribuidores de contenidos, el papel que juegan los medios públicos en el nuevo panorama mediático-tecnológico. En nuestro país el proceso de transición dio inicio en el gobierno de Vicente Fox, en él se decidió como una de las primeras medidas de carácter técnico elegir el estándar, el cual es la norma de Televisión Digital Terrestre (TDT), que define los parámetros técnicos establecidos como el tipo y la resolución en imagen y la calidad de sonido. Hay cuatro disponibles: el ISDB-T japonés que con modificaciones se usa en la mayoría de los países latinoamericanos, el DVB-T en la Unión Europea y otros países como Cuba, Australia, y el DTMB chino. El estándar ha implicado un desarrollo tecnológico por parte de los países generadores y para el resto requiere de asesoría y pago de derechos por el uso, en el caso de México se optó por el ATSC estadunidense, en la mayoría de los países latinoamericanos fue rechazado después de varias pruebas técnicas en todo el territorio concluyeron que el mejor funcionamiento corresponde a los estándares japonés y europeos.

ciones presidenciales del 2012. Si bien la Televisión Digital Terrestre implica una evolución tecnológica importante pues genera y posibilita una mejora técnica y una correcta recepción de la señal recibida así como mayor calidad de la mezcla audiovisual; hay aspectos que aún no se clarifican. La compresión de la señal permite un uso más eficiente del radioespectro electrónico y en esa lógica mayor cantidad de información en un mismo canal, multicanal o la ampliación de oferta de canales. El presidente Calderón se ha pronunciado porque la medida tecnológica implique pluralidad, ha dicho que “… esta convergencia, que además permitiría la participación en telefonía e Internet, adicional a la televisión, en lugar de tener dos grandes cadenas de tv podría haber 8, 10 o 15 participantes nacionales, más los regionales” (El Universal, 4-9-10), no obstante en el discurso se plantea como una necesidad, habría que pensar si ello se concretará en esos términos pues por un lado, del mismo modo que desde el surgimiento y desarrollo de la televisión en México se entrelazó el fortalecimiento del sistema político mexicano con el crecimiento de la industria televisiva, en la actualidad la asignación y otorgamiento de nuevas licitaciones en el orden de la convergencia tecnológica, ha fortalecido a Televisa, dirigiendo sus estrategias de mercado y su relación con la presidencia. Por otro lado la multiplicidad en la oferta televisiva no necesariamente puede devenir en un beneficio para la sociedad en su conjunto, una sobresaturación de operadores no necesariamente garantiza pluralidad y diversidad. Con ese objetivo se explora la experiencia española.

TDT en España España inició su transición hace diez años, cuando la operadora Quiero TV comenzó a transmitir en esa noviembre 2010

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plataforma, pero luego de dos años de negocio fallido cesó sus transmisiones. Luego, al igual que en México los distintos operadores transmitieron paralelamente en señal analógica y digital, pues no toda la población contaba con los aparatos receptores para captar la transmisión digital y se seguían haciendo pruebas. En términos técnicos la migración se concentró en la puesta en marcha de una medida parcial que fue la adquisición de decodificadores en por lo menos la mitad de los hogares españoles, pues la posibilidad de adquirir aparatos receptores que captaran la señal no alcanzó para todos, sobre todo en el contexto de la crisis económica mundial que en el caso Español ha arrojado cifras de desempleo cercanas al 20%. A finales de 2009 y principios de 2010, en el periodo previo a la fecha oficial del apagón, la cifra alcanzaba el millón de sintonizadores vendidos por mes con un costo promedio de 60 euros. El estándar con el que funciona la TDT es el DVB-T al igual que en la Unión Europea. Finalmente este año se completó el Apagón Analógico en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos, Ciudad Real, Cáceres o Mérida, entre otras, así como de las últimas señales analógicas que quedaban en Galicia (Vigo y Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife, Asturias (Gijón y parte de Oviedo), la isla de La Palma, León, Lugo y Salamanca. 38

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Las audiencias españolas muestran rasgos interesantes en la actualidad, por ejemplo, según un estudio del Grupo Corporación Multimedia arrojó que en ese país durante 2008, 3 millones y medio de españoles vieron la televisión 10 horas diarias, índice explicado a partir de la crisis económica que obligó a los españoles a “quedarse en casa”, los éxitos en materia deportiva que ese país ha tenido en el último quinquenio, así como la introducción paulatina de la TDT y sus canales temáticos. Incluso el estudio detalla que el consumo televisivo ha impactado significativamente los índices de todas las cadenas, incluidas las norteamericanas. Derivado de un sistema audiovisual con antecedentes de un fuerte monopolio del Estado y luego una expansión de las cadenas comerciales, la estructura televisiva en España es un tema frecuentemente estudiado por sus características. Francisco Sierra, investigador de la Universidad de Sevilla ha señalado que el impacto de la TDT en España no necesariamente ha implicado procesos democratizadores que la tecnología avizoraba, sobre todo porque, “la superabundancia de oferta de la TDT no corresponde con los hábitos de los espectadores, que suelen moverse entre siete y trece canales del total de la oferta en el marco de complejas formas de fidelización y suscripción en las que se cruzan identidades culturales frágiles, fragmentarios códigos y diferentes pautas de conexión. Según aumenta la oferta de contenidos disminuye la atención, e incrementa en consecuencia el product placement y el arte publicitario, la creatividad implosiva que sorprende y ataca a los públicos para motivar su reacción y cautivar el interés paralelamente a la guerrilla mercadológica del marketing viral”. El autor señala que la tendencia en ese país ha sido el reforzamiento de los

productos culturales de las grandes cadenas estadunidenses, sobre todo con los jóvenes, pues dice, el espectador hiperactivo es un mito prefabricado por la industria informática y el software propietario, que orienta y limita el consumo por la concentración de las industrias y la migración de los televidentes al Internet. Y al ser relativos los cambios que la innovación tecnológica presupone, las técnicas de captación publicitaria son más agresivas. Apunta que la reorganización de la televisión local con el Plan de Impulso de la TDT y la Liberación de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, más que de sanear el sector ha restringido el acceso de operadores y homogenizado el espectro de las audiencias. Las restricciones presupuestarias por el régimen de libre competencia limitan la voluntad de conocimiento del consumo y demandas no inducidas de los públicos. En términos generales señala que el receptor no sólo ha estado ausente sino que ha sido condenado a emular las lógicas sociales de la mediación tradicionales, y la política audiovisual del gobierno no ha procurado variar en modo alguno su imaginario, incurriendo como consecuencia en múltiples contradicciones al presuponer la evolución tecnológica y la apertura de nuevos espacios de interlocución y participación cívica en el sector público, dice también que se debe comenzar a alentar y definir en sus estrategias y diseños a futuro.

Algunas reflexiones Los cambios en materia tecnológica no pueden, en ningún sentido desligarse del contexto sociohistórico y político en el que se encuentra nuestra sociedad, en esa línea se hace necesario redefinir las políticas públicas en cuatro temas: pobreza, educación, televisión pública, y desarrollo tecnológico. La pobreza y la educación como temas de fondo en

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términos de capital cultural y económico, como insumos básicos para la integración de diversos sectores en las lógicas de desarrollo, ya que los patrones de adquisición de la tecnología presentan en nuestro país variaciones asimétricas muy notables, y las posibilidades de uso que los servicios interactivos proveen estarían muy limitadas al igual que la participación social y política. Las políticas públicas reorientadas a reforzar la televisión en el país deben concentrarse en la producción de contenidos regionales, ya que éste es siempre limitado por las asignaciones que sólo ven como estratégicos los momentos de campañas políticas, y en mucha menor medida la ampliación de producción de contenidos y el alcance de las propias televisoras regionales en todos los municipios. Y finalmente sobre el consenso del desarrollo tecnológico en cuanto a su carácter estratégico en términos de desarrollo industrial, económico y social. Dado que en donde se prevé un impulso en el consumo es principalmente con los grandes fabricantes multinacionales de televisores. Como parte de las reflexiones sobre las que hay que profundizar, los contenidos requieren de gran atención, puesto que es lo que amplía el marco reflexivo sobre la televisión ya que al estar inmersa en la producción, circulación y consumo de significados el horizonte es mucho mayor. En algunos países los cambios han implicado una variante sustancial en los canales temáticos y en la disminución de canales generalistas, pero eso es otro aspecto para revisar. npareja02@yahoo.com.mx falange@prodigy.net.mx

Convergencia soslaya a la Corte • Jaime Hernández Gómez

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on bombo y platillo el presidente Felipe Calderón anunció el 2 de septiembre, en el marco de su cuarto informe de gobierno, la entrada de México a una nueva era de las telecomunicaciones con la publicación del Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre. Sin embargo, tanto el anuncio del Ejecutivo como el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ese mismo día, proporcionan más dudas que motivos de celebración, debido a que no aclaran, si para el aprovechamiento de la convergencia digital se respetarán los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución del 7 de junio de 2007, cuando declaró inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, producto de la denominada Ley Televisa. De entrada pareciera que nadie puede objetar el anuncio realizado por el presidente al informar que se establecerán todas las acciones pertinentes para acelerar la convergencia y el denominado apagón analógico, mismo que comenzará en 2011 y finalizará en 2015. Por lo tanto, los mexicanos podrán gozar de una televisión con mejor definición en la imagen y un mayor número de canales. También pareciera muy buena noticia que, gracias a la aceleración de la convergencia, en 2012 se licitará la franja de los 700 megahercios lo que redundará en múltiples servicios de telecomunica-

ciones (telefonía móvil), sobre todo los de cuarta generación. El problema es que tanto el discurso como el Decreto son ambiguos en el contenido y no aclaran preguntas que son elementales para evitar generar una serie de dudas que, de acuerdo a la experiencia, suelen tener bases firmes: en lugar de abrir la competencia, se puede fomentar más la concentración. Primero en el discurso el presidente se equivoca cuando dice que ha promulgado el decreto “que establece el inicio de la transición de un sistema analógico a un sistema digital terrestre”, pues dicho proceso inició con el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México (TDT) promulgado por su antecesor Vicente Fox, el 2 de julio de 2004. En la TDT de 2004 se anunció que la transición hacia la televisión digital comenzaría en 2004 con la entrega de "canales espejo" y se calendarizaron las fases para que se concluyera en 2021, y con ello se realizara el “apagón analógico”. Internet

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La crítica más importante, al presente decreto, se refiere al uso que se le dará a los "canales espejo" que tienen actualmente los concesionarios, y que en ninguna parte se aclara acerca de su devolución al Estado mexicano, para que éste licite nuevos servicios de telecomunicaciones, o más canales de televisión, y con ello realmente se fomente la competencia y la diversidad de contenidos. De nada servirá que la población tenga una televisión con una imagen más nítida si al final seguirá teniendo como únicas opciones los programas de Televisa o TV Azteca. Una de las ventajas principales de la convergencia, además de mejorar la calidad de la imagen, es la posibilidad de aumentar las opciones televisivas (también denominado multiplexeo), o de utilizar el espectro sobrante para servicios de telecomunicaciones. En el espacio de seis Mhz por el que ahora se transmite un canal analógico, con la digitalización es factible transmitir hasta cuatro, o más, canales digitales. La muestra de lo anterior lo realiza TV Azteca con su Hi-TV: en los tres "canales espejo" que el Estado le concedió para que realizara la transmisión de sus canales analógicos (7, 13 y 40), TV Azteca los utiliza para transmitir 14 canales de televisión, y aprovecha para comercializar un aparato decodificador a un precio único de dos mil pesos. Desde el decreto de 2004, a las empresas que ya cuentan con un canal de seis megahercios, se les concedió otro canal (denominado espejo) de seis Mhz con el objetivo que en dicho espacio realicen las pruebas de convergencia. Al momento de realizar el "apagón analógico", los concesionarios devolverían el "canal espejo". El tema es que para la transmisión de la televisión digital los concesionarios sólo utilizarán una cuarta parte de la frecuencia de seis Mhz para transmitir 40

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la señal digital (o máximo dos terceras partes si transmiten en alta definición), y les quedará espectro sobrante, el cual técnicamente podrán utilizar para difundir otros canales de televisión o brindar servicios de telecomunicaciones.

Servicios adicionales Por lo tanto, si el gobierno no establece reglas claras sobre lo que sucederá con el espectro restante, y los integrantes del Legislativo, si no asumen su obligación de legislar, se aplicará en los hechos uno de los aspectos más críticos de la Ley Televisa, cuyos rasgos más importantes anuló la Corte en 2007. El polémico documento redundaba que los concesionarios de radio y televisión podía-n prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, con sólo pedirlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentando sólo una solicitud ante la Comisión Federal de Competencia, quedando además al arbitrio de la SCT si otorgaba o no una contraprestación económica. Es decir hacer negocio sin pagar un solo peso al Estado por el uso de un recurso limitado y valioso como el espectro radioeléctrico. En aquella ocasión la Suprema Corte declaró inconstitucional el precepto ubicado en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, porque no se justificó “el trato privilegiado que se otorgaba a los concesionarios de radio y televisión abiertas, al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación, y sin que se les exigiera el pago de una contraprestación correspondiente.” Lo anterior, “en términos de competencia económica y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión,

una significativa barrera a la entrada a este mercado, de carácter tanto regulatorio como económico, que evidentemente obstaculiza la libre concurrencia y propicia las prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión” enunció la SCJN en su sentencia publicada el 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. La Corte mencionó el peligro que “tanto las actividades de radiodifusión como los de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones.” Con el decreto de Calderón se corre el riesgo de la reedición de uno de los elementos más nefastos de la Ley Televisa. No es que se esté en contra de la digitalización; sin embargo, lo fundamental es que se garantice la entrada de más competencia, pluralidad y diversidad al sector de la televisión, y al mismo tiempo se promueva la compra de aparatos digitales, o en su caso la adquisición de un decodificador por parte de la población. Es necesario que el Ejecutivo dicte reglas claras sobre lo que sucederá con la convergencia digital, de lo contrario es muy aceptable la suspicacia de considerar que el anuncio sólo fue para ocultar el proceso de la pasada licitación 21, donde la Comisión Federal de Competencia y la SCT otorgaron a precio de “ganga”, 30 Mhz nacionales de espectro al binomio Televisa-Nextel, ahora disuelto. jaihergom@gmail.com


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Comunicación Política

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El Infierno, pálido reflejo de la realidad • José Reveles

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sos que se toman la foto con cada presidente de la república en turno; exhibe compra de voluntades mediante fajos de billetes; reproduce el horror de torturas indecibles y cabezas humanas lanzadas en medio de un palenque para peleas de gallos; prodiga muerte, balas, sexo, drogas y violencia hasta decir basta. Puesto que escandalizó a las buenas conciencias (aunque para muchos sólo representa un pálido reflejo de la realidad), fue remitida a la clasificación más restrictiva. “Sólo para adultos”. Quizás por eso se ha convertido en una de las más taquilleras de 2010, estrenada simultáneamente en 360 salas cinematográficas. Paradójicamente, esta muestra de humor negro, apoyado en una deplorable realidad de trazos y trozos de violencia cotidiana, revelación del peor rostro de México -el de la corrupción y la narcopolítica- recibió una buena dosis de financiamiento oficial de parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y de la Comisión del Bicentenario de la Independencia. Virgen Dolorosa #1 / Eduardo Olbés

e siete países diferentes (Colombia, Venezuela y Chile en América Latina; España, Alemania, Holanda en Europa, y desde los mismísimos Estados Unidos) me reiteran la misma pregunta: “¿Qué está pasando en México?”. Los mexicanos también quisiéramos saber; estamos en ese proceso de reflexión y de dolor, respondo. ¿Cómo explicar la violencia extrema para quiénes no viven aquí, pero reciben noticias cotidianas sobre un país en la orilla del abismo? He aquí una aproximación para gente no versada en la realidad a la que parece que nos hemos ido acostumbrando. El Infierno, película mexicana que navega entre la sátira política y el realismo más crudo, es prolífica en escenas de hombres descuartizados; capos mafio-

El México Surrealista Los censores del gobierno consideraron que la cinta no era apta para menores de 18 años. Pero al satanizarla y considerarla un mal ejemplo para jóvenes que pareciera no tienen discernimiento, la ensalzaron y le dieron un 42

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empujón fuerte hacia la fama. En esta aparente contradicción se refleja otra vez el México surrealista que describió André Breton, ese que ha hecho construir la hipótesis que ya es vox pópuli: de haber nacido Kafka aquí, sería sólo un escritor costumbrista. El mexicano es un pueblo alegre, dicharachero, festivo, relajiento, extrovertido y patriotero a más no poder, sobre todo en el mes de septiembre, cuando se rememora el Grito de Independencia, aquél que lanzó hace dos siglos (1810) el cura Miguel Hidalgo para iniciar una lucha cruenta de once años para lograr la emancipación del país después de tres siglos de dominación española, intento explicar a los extranjeros curiosos. Se trató en este 2010 de una doble celebración, porque con el bicentenario de la Independencia también se cumplió el centenario del estallido de la Revolución Mexicana (1910) en contra del dictador Porfirio Díaz. Pero a la postre hubo más derroche que motivos para festejar. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, fue llamado por diputados federales un funcionario “nini”, porque “ni convence, ni explica, ni justifica el gasto de unos 3 mil millones de pesos dispuestos desde el erario. La doble celebración fue “una cátedra de despilfarro”, le endilgaron los legisladores. Pero más allá del gasto que podría haberse canalizado a solucionar urgencias de los más desposeídos, las razones para festejar estaban muy lejos del sentimiento popular, por causa de una violencia extrema que se instaló en

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el mestizaje de tres siglos de Colonia, México está cursando este arranque del siglo XXI con una especie de “crisis humanitaria” en donde pareciera imponerse una violencia irracional, generalizada, que no conoce límites, hasta generar zonas de ingobernabilidad por muchos territorios de la república, donde abundan ya vacíos de autoridad que inmediatamente llena la delincuencia más atroz y vesánica de que se tenga memoria. Guerra Fallida Están a punto de cumplirse cuatro años de “guerra fallida”. En la percepción del gobierno de Felipe Calderón, todo va bien, se está en el camino correcto y es cuestión de tiempo que las cosas mejoren. Entre las más de 30 mil víctimas que ha cobrado esta estrategia guerrera, desde el 2006, según dice la autoridad, el 90 por ciento son ejecuciones entre bandas rivales que se disputan el territorio para la siembra y la producción, además de las rutas para el trasiego de drogas. A los civiles pacíficos caídos en medio de las balaceras los llama el gobierno “daño colateral”. Empero, la sociedad mexicana tiene otra visión de las cosas. Siente que el ejército y la policía no le están garantizando su seguridad. Enfrenta, sufre y teme la dosis cotidiana de violencia, que va in crescendo en vez de disminuir. Desconfía de quienes tienen la responsabilidad de investigar las violaciones a

sus derechos humanos, procurar e impartir justicia. El clima de impunidad que impera en el país favorece la repetición de los delitos. Por citar uno solo entre los múltiples contrastes de este país, por los mismos días en que muchos ciudadanos celebraban el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución unos 10 mil 800 campesinos e indígenas paupérrimos emprendían su peregrinar desde la región de La Montaña, en Guerrero (en el Pacífico sur), hacia plantaciones agrícolas del norte de la república: Sinaloa, Sonora, Baja California norte y Baja California sur. Estos parias, migrantes internos que de septiembre a enero todos los años viajan para entregar su mano de obra por el equivalente a cuatro euros diarios, sin prestación adicional alguna, mal durmiendo hacinados en galerones como en los más negros años de la esclavitud, nada tienen que celebrar. Continúan tan olvidados por la autoridad como hace 100 o 200 años. Van con sus mujeres y sus niños. Unos cuatro mil de estos peones agrícolas tienen menos de 16 años de edad y sufren tan inhumana explotación empresarial, consentida por el gobierno, que ya fue denunciada ante Naciones Unidas.

Taparle el ojo al macho País de contrastes, el presidente de la República Felipe Calderón quiere “taKalashnikov #3 / Eduardo Olbés

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México en los años recientes y que crece de manera exponencial cada día que transcurre en medio de una “guerra” que unilateralmente declaró el gobierno de Felipe Calderón –desde diciembre de 2006- en contra de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Más de 50 mil soldados, 5 mil infantes de marina y 30 mil policías federales (la mayor parte de estos últimos provienen del ejército y sólo cambiaron el uniforme verde olivo por otro gris) han militarizado al país: tienen virtualmente sitiadas ciudades y carreteras, puertos, aeropuertos, terminales de autobús, y son apoyados por otras decenas de miles de agentes estatales y municipales, en lo que ya es un estado de excepción de facto, con cientos de retenes urbanos y en los caminos; con cateos indiscriminados a casas, oficinas y hasta iglesias; detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos son el pan de cada día. Todo este infierno, que supera con creces la ironía cinematográfica del director Luis Estrada, en nombre de una santa cruzada gubernamental. Intento balancear, hacer a un lado la exclusividad de las tintas negras con una vasta y mundialmente reconocida cultura ancestral, la prehispánica: de mayas, aztecas, olmecas y otras civilizaciones aborígenes que conocían el calendario, la rueda, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y la escultura, además de la generada durante

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Inclusive la investigación de los tres delitos citados sigue estando en manos de los militares, con la posibilidad de que sean “reclasificados” para evitar que se lleven al fuero civil, aparte de la consabida y muy constatada manipulación de los hechos y las escenas a cargo de la tropa. Con la iniciativa enviada al Congreso, el gobierno de México no satisface lo que exigen las sentencias que emitió en su contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tampoco sus obligaciones internacionales. No existe razón alguna para que se siga permitiendo a las instancias militares extender su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense, sino que afectan a la población civil. 44

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El proyecto de ley le confiere atribuciones a la Policía Ministerial Militar como auxiliar del Ministerio Público, y también abre la posibilidad de darle facultades para brindar protección a víctimas, ofendidos o testigos. Es obvio que en esas condiciones resulta “ineficiente para garantizar la vida o la integridad física de las personas mencionadas”. Resulta absurdo que el Ejecutivo presente esta iniciativa como muestra de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos, y con las obligaciones del Estado mexicano en la materia, y al mismo tiempo “maquilla las disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega”, expresaron organizaciones civiles. Y es que las reformas presentadas por el Ejecutivo, “no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las sentencias sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Claramente expresan las sentencias de la CIDH que debe reformarse el artículo 57 del Código de Justicia Militar, sobre la premisa de que “el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles”.

En síntesis, las acciones emprendidas por el Ejecutivo y por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional,“constituyen paliativos ante la falta de voluntad, para poner fin a uno de los más graves obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de abusos militares: la inconstitucional extensión del fuero militar”, concluyen las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México. En semanas recientes, el Ejecutivo envió otras dos iniciativas cuyos objetivos no se ve cómo podrían beneficiar a la ciudadanía.

Ley Antiasaltos -La Ley Antisecuestros reduce las condenas a los plagiarios e intenta federalizar el delito y sacarlo del fuero común, a donde pertenece, pese a que está confirmado que abundan policías federales y locales en todas las bandas de secuestradores. -La creación de 32 policías estatales con mando único. Tiene dos peligros mayúsculos: la concentración del poder en los gobernadores, pero sobre todo desde el ejecutivo federal que es quien dispensa los recursos. Se anula toda capacidad municipal y desaparece la policía “de proximidad”, para dejar paso a individuos que llegan desde cualquier otro punto del país, sin conocimiento alguno de la gente y del sitio en el que desarrolla su vida cotidiana. En vez de soluciones, los tres proyectos de ley acarrean nuevos problemas. USA Today / Eduardo Olbés

parle el ojo al macho” -como coloquialmente se dice aquí-, para hacer aparecer como un estricto cumplimiento de recomendaciones internacionales un proyecto de ley para acotar el fuero militar. El intento es limitado, restringido, light y tramposo. Hay que fingir que se promueven cambios, pero con la única finalidad de que todo siga igual. Saldrían del fuero castrense para ser juzgados en el civil, según esa propuesta, torturas, desaparición forzada de personas y violación sexual. El problema es que, con apariencia de apertura, se mantienen inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en abusos de militares contra la población civil. La iniciativa enviada por Calderón para reformar el Código de Justicia Militar no tiene la intención de establecer controles civiles sobre las fuerzas armadas. L a única posibilidad para terminar con la impunidad en abusos militares, es dejar fuera de la jurisdicción castrense, absolutamente todos los delitos cometidos por miembros del ejército contra la población civil.

jreveles@prodigy.net.mx

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Internacional

Análisis

Del Blog del Narco al Francotirador de Bagdad “

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• Félix Martínez Sanabria

En este siglo la guerra mediática es uno de los métodos más poderosos, de hecho su aportación puede suponer el 90% del total de la preparación de las batallas : Bin Laden

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esde el 2 de marzo un singular sitio web apareció en la blogósfera: blogdelnarco. com. De acuerdo con la agencia noticiosa Asociated Press (AP), que contactó vía correo electrónico y luego entabló comunicación telefónica con su creador, un estudiante veinteañero de seguridad informática que se protege con “una espesa cortina de seguridad”, inició ese blog como pasatiempo y ahora es un importante medio, pues “los principales medios de comunicación enfrentan presión y amenazas para que guarden silencio sobre los acontecimientos del hampa.” Sin embargo, el blog dista mucho de ser un proyecto que haya iniciado de manera aficionada y tampoco constituye un canal de información que amenace las actividades criminales de los carteles de la droga. A diferencia de otros blogs similares como: narcotraficoenmexico.blogspot.com, itodosobrenarcotraficoenmexico.blogspot. com, el Blog del Narco cuenta con un dominio más profesional y lucrativo a en comparación con los anteriores, salvo mundonarco.com que puede ser un emulo o “sitio sombra” del propio blog. Sus contenidos se actualizan con mayor

inmediatez y muy probablemente tengan como fuentes de origen a los mismos grupos del crimen organizado, aunque también se percibe que se ha vuelto un canal no oficial para que personal de los cuerpos policiacos y fuerzas armadas envíen información, de manera anónima y fuera de las directivas de una política de comunicación. Los contenidos del Blog del Narco, a los ojos de los usuarios, podrían parecer exclusivos y generar la sensación de que tiene la “virtud” de obtenerlos y mostrarlos; sin embargo, dudo que esos materiales sean muy distintos a los que varios reporteros experimentados en la materia puedan obtener a través de sus fuentes e informantes. Tres son los motivos por los que el Blog del Narco genera este tipo de percepción. Primero, carece de los procesos de un medio de comunicación; no selecciona, enmarca y discrimina información; no cuenta con una línea editorial ni con principios éticos para el manejo de la misma. Por otro lado, ha construido una imagen de “compromiso social” con la información, al justificar que “la idea de crear el Blog del Narco surge cuando los medios de comunicación y el gobierno

intentan aparentar que en  México NO PASA NADA",  debido a que “los medios están amenazados y el gobierno aparentemente comprado…” Una postura confusa que pretende decir que se “opone” a las actividades criminales y a la corrupción oficial y de los medios, pero su contenido crudo y cruel se ha convertido en canal amplificador del terror, más que en un espacio de discusión social. Finalmente, el anonimato de sus autores cierra el círculo para que tenga éxito en los usuarios, como lo demuestra los más de mil seguidores que tiene en Facebook y los 16 mil 735 en Twitter, entre los que destacan varios medios de comunicación, agencias de seguridad de Estados Unidos y del Estado mexicano, y en algún momento el mismo presidente Felipe Calderón. Estas estrategias de comunicación están muy ligadas y avanzan con el paso noviembre 2010

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ción de “cientos” de soldados asesinados por el héroe anónimo, una perfecta acción de propaganda negra, para romper la moral de las fuerzas enemigas y aumentar la propia. Existen muchas diferencias entre ambos portales, pero también similitudes que los hacen ser productos de la misma estrategia comunicativa de terror. Ambos cuentan con una liga de correo electrónico para recibir información; cada uno tiene una pestaña de prensa donde se recopila lo que otros medios nacionales o extranjeros hablan sobre cada web, aunque habría que acotar en el caso del francotirador, muchos de estos son “medios fantasma”. Los dos tienen un menú de videos e imágenes. Una sustancial diferencia de contenido se da en la publicidad, pues mientras Juba carece totalmente de anuncios y tiene un alto contenido ideológico basado en el Corán, el Blog del Narco mantiene una publicidad por demás exagerada, que anuncia desde tonos para teléfono celular, hasta el próximo concierto de la banda U2 en México. La publicidad llega al grado de que en cualquier texto de la web existen palabras con doble subrayado, que al darles “clic” remiten a un portal de anuncios de ocasión o servicios y productos referentes a la palabra en cuestión. Recurro nuevamente a las investigaciones del Doctor Manuel Torres Soriano, para mostrar las similitudes en la estrategia comunicativa de estos portales: 1.- Torres Soriano, dice que los grupos islamistas utilizan esta estrategia para “globalizar” su comunicación, buscando llegar a la opinión pública occidental. El Blog del Narco ha internacionalizado la percepción de inseguridad y falta de control por parte de las fuerzas del Estado en México. Internet

tecnológico, sin embargo no son nuevas; los primeros en utilizar estrategias integrales de comunicación y violencia fueron los grupos terroristas árabes, a raíz del 11-S y la Guerra contra el terrorismo, con las plataformas tecnológicas daban a conocer sanguinarias ejecuciones de ciudadanos y periodistas estadunidenses, videos muy similares a los del Blog del Narco, donde muestra interrogatorios y posteriores ejecuciones de supuestos miembros del crimen organizado. Se trata de operaciones efectivas de propaganda, que fueron inauguradas por Hezbollah, cuando enviaba a las estaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los videos de la tortura y ejecución de sus agentes infiltrados descubiertos. Para los terroristas islámicos estas estrategias de comunicación se han sofisticado en la actualidad, el mejor ejemplo es Juba, el francotirador de Bagdad (www. baghdadsniper.net), página auspiciada por el llamado Ejército Islámico de Irak, Frente de Reforma y Jihad, traducida a nueve idiomas, entre los que destacan el inglés, francés, chino y español; presenta la historia de un supuesto francotirador que se dedica de manera sigilosa a eliminar soldados estadunidenses de la fuerza de ocupación en Irak. Las historias de “Juba” se relatan mediante videos perfectamente editados y producidos, que construyen la percep-

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2.- Cuentan con una infraestructura de seguridad y expertos en terrorismo afirman que Al Qaeda utiliza tres filtros de seguridad informática, para evitar el hackeo; esto les permite desaparecer sus contenidos y redireccionarlos en minutos, cuando se creen infiltrados. Si esto sucede con Juba sus videos pueden verse en http://videos. expectaculos.com/2006/11/01/jubael-francotirador/ Por su parte, el Blog del Narco advierte que en “Youtube tenemos varios canales debido a que nos bloquean las cuentas”.

Utilizan el concepto comunicación 2.0 Esta nueva tendencia de la comunicación, basada en Internet y las redes sociales, permite el intercambio ágil y rápido de información, donde el público no sólo es espectador sino que se convierte en generador de contenidos. El Blog del Narco ha logrado penetrar a la población, dar información y crear identidad y pertenencia en las redes sociales. Torres Soriano advierte que el “talón de Aquiles” de estos medios es precisamente la interactividad con los públicos, ya que si las comunidades de “cibernautas” comienzan a repudiarlos, pueden convocar globalmente a su rechazo. Un tip para las oficinas de comunicación del Estado mexicano: es hora de diseñar estrategias efectivas que contrarresten la percepción de terror e ineficiencia, y generar una de seguridad y repudio a los grupos criminales; diseñar estrategias que permitan la preparación de uso legitimo de la fuerza, para que antes de que los comandos de fuerzas especiales realicen un operativo de captura, se cuente con las redes sociales como aliadas. falange@prodigy.net.mx

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Análisis

Piñera convierte rescate de mineros en reality show • Adriana Cedillo

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antiago de Chile.- Después de dos meses de trabajos, el show mediático que inició el 5 de agosto pasado tras el derrumbe de la mina San José -que dejó atrapados a 33 mineros chilenos bajo tierra-, se consumó cuando más de dos mil periodistas de 180 países cubrieron su exitoso rescate. Así, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, mediante la señal oficial de Televisión Nacional de Chile (TVN), ofreció al mundo un excitante espectáculo global. “Parece que a los medios chilenos siempre la planificación termina sucumbiendo por la emoción y la escasa relación entre lo que se transmite y lo que la gente quiere ver. Quería ver un rescate, no a una persona llorando por televisión, con la música de fondo de una mala película de Disney, relatando tal como si se tratara del final del mundial. Falta por aprender, pero superior a eso es pensar que ese tipo de desastres no ocurran”, expresó Hernán López, periodista del diario El Mercurio.

Manual de prensa para el rescate Un día antes de realizarse el rescate (el 12 de octubre), el departamento de prensa del gobierno de Chile envió a todos los representantes de medios nacionales e internacionales, un manual operativo de 22 hojas, que señalaba los pormenores que prepararían el terreno mediático de lo que se convertiría en el suceso “más visto que el mundial

de futbol”, según estimaciones de la televisión pública chilena. “Con objeto de facilitar a los medios de comunicación el acceso a las labores de rescate de los 33 mineros atrapados, el gobierno de Chile ha dispuesto la emisión de una señal oficial, que estará disponible algunas horas antes del inicio del salvamento, y la habilitación de una explanada de observación frente a la operación de rescate”, señala el manual. Así, indicó que en la zona del acontecimiento se ubicaría una explanada de observación, la cual permitiría “una visión panorámica de la mina y de las labores desarrolladas por los planes B y C, de modo que los medios de comunicación puedan desarrollar una adecuada obtención de imágenes, fotografías y la realización de despachos en vivo”. “El gobierno de Chile pondrá a disposición de los medios de comunicación una señal oficial multidestino que emitirá imagen y audio de las labores de rescate. La producción de este servicio fue contratada a TVN, quien sólo actúa como proveedor y emisor, y no tendrá acceso inmediato ni posterior a imagen ni grabación alguna que no sea difundida por igual y al mismo tiempo para todos los medios de comunicación”, detalla el manual. Además, puntualizó que la ubicación de los canales de televisión nacionales en la

explanada se determinaría “mediante un sorteo que se iba a desarrollar con antelación a la autorización de ingreso”. El manual incluyó una breve reseña con fotografía referente a la vida de cada uno de los 33 mineros atrapados, el cual contenía información sobre su edad, estado civil, número de hijos, aspectos sobre su personalidad y otros datos curiosos: “Víctor Zamora Bugueño, nacido en Arica, quienes lo conocen destacan su buen humor, el que ha mantenido durante la espera del rescate”. “Florencio Ávalos Silva, de 30 años, es casado y tiene dos hijos: César y Bairon; hasta el día del derrumbe se desempeñaba como Jefe de Mina y tras el accidente asumió el rol de capataz. Dentro del refugio se dedicó a registrar con cámara de video los saludos de sus compañeros, asumiendo en la práctica el rol de camarógrafo del grupo” señala el documento.

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Personalización del conflicto “El gobierno actual no es un desconocido de la esfera mediática, el presidente Sebastián Piñera es un hombre que viene de los medios de comunicación, al haber sido dueño de Chilevisión, así que tiene una mirada muy estratégica sobre este asunto, sabe aprovechar adecuadamente el rescate de los mineros”, afirmó Juan Ortega, representante de AMARC en Chile. El activista señaló la importancia de “estudiar cómo un suceso que podía haber metido en problemas al gobierno, termina por convertirse en un mensaje que se toma como bandera de lucha, de igualdad y de reflexiones respecto a los trabajadores”. “Para los medios, fue otra oportunidad más de hacer una gran cobertura mediática, de llenar páginas, horas de radio y de televisión sobre el tema; pero no una cobertura completa, porque precisamente lo que hacemos en Chile con los medios comerciales es tomar una arista del problema que está basada en tres ejes: personalización del conflicto, emocionalidad de los hechos y la farandulización de los acontecimientos”, añadió. Ortega Fuentes precisó que, “el problema con los mineros es que después de la primera semana se perdió el tema de la responsabilidad social que iban a tener tanto el Estado como los privados en el rescate de las víctimas y en la sustentación de sus familias. Hasta el día de hoy los medios todavía no dan cuenta de eso, sino que se han quedado en el aspecto emotivo de los conflictos y en la farándula del tema”. “Me refiero a que lo que se está buscando es el llanto fácil, la alegría, las emociones más fuertes y en ese sentido, yo creo que hemos comprado muy bien el modelo de televisión norteamericano que inaugura para Latinoamérica, en generar el discurso 48

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de la emoción por sobre el contenido”, agregó. Indicó que “se trata de un ejercicio inconsciente de los medios en Chile y sus editores que están ya formateados para trabajar de esa forma y mandan al camarógrafo a buscar la lágrima, que dé el dato más sabroso sobre la vida familiar o económica de los mineros”.

Visiones distintas Para el periodista de El Mercurio, Hernán López, “es necesario separar los soportes de cada uno de los medios. Para el caso de los diarios, hubo una buena cobertura –dentro de los que permiten soportes inmediatos como la tv o la radio- y con ángulos novedosos. Eso si, se notó mucho más planificación en uno que en otro). Lo más preocupante creo que fue la cobertura de los canales chilenos”. “Me parece que aquella máxima de que los periodistas ‘no son noticia’, acá no se cumple. Relatos de periodistas en sobreexcitación, pocos recursos creativos para mantener una transmisión tan larga e incluso música de fondo para tapar lo más importante: las primeras palabras de 33 personas que no hablaron con nadie en casi 70 días”, apuntó. Añadió que “a la inversa, cadenas como CNN fueron pulcras, sin aspavientos ni pretensiones épicas, entregando como resultado una transmisión fiel del momento, sin distractores, nimiedades ni redundancias. Mucho que aprender de allí. Aquella emoción que uno no quiere ver en la TV (evidentemente porque las imágenes son presenciadas por el espectador) si estuvo, y de manera adecuada, en la radio. Los relatos fueron precisos, las conversaciones atingentes y no de “relleno” -y

en este punto destaco a la radio ADN, una transmisión mesurada y planificada- lo que permitió configurar un rescate con todos los elementos necesarios”.

Televisión globalizada En Chile existe un sistema comunicacional globalizado, por ejemplo, en el rescate de los mineros, uno no ve, una televisión chilena, ni mexicana, es la televisión globalizada porque son los mismos formatos, una misma señal, incluso, que es lo que pasa con sucesos como las olimpiadas o el mundial de futbol, señala Eduardo Santa Cruz, académico de la Universidad de Chile. El investigador explica que “en este suceso toda la televisión es un ámbito absolutamente global con las mismas señales, rutina y codificaciones de los que trabajan ahí y del animador o el presentador de noticias”.

“La concentración de los medios y el crecimiento de los grandes conglomerados internacionales funcionan como el actor constructor de sentidos, que le da valor y una perspectiva simbólica a las prácticas sociales. La frase: “lo que no está en los medios no existe” opera aquí, a eso me refiero con la globalización que va configurando y dando sentido a lo que ocurre, como en el caso de los mineros, que llevó el suceso a nivel global”, concluyó. adry_c@hotmail.com


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Entrevista

Enorme,

la influencia de medios hispanos: Kris Kodrich

• Frambel Lizárraga Salas

“Aunque construyan una pared más grande, habrá escaleras más grandes para cruzar…", dice Kris Kodrich, profesor de Periodismo y Comunicación Técnica en la Universidad de Colorado, quien explica a Zócalo el papel y el impacto de los medios hispanos en Estados Unidos.

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ort Collins, Colorado.- El poder y la capacidad de influencia de los medios hispanos en Estados Unidos es cada vez mayor, debido al crecimiento de esa población y a su gran penetración en las audiencias. A través de este tipo de medios, los hispanos se informan y movilizan sobre asuntos importantes para su comunidad; las elecciones, los derechos, la Ley Arizona y la economía. A su vez, los partidos políticos los toman en cuenta, construyen mensajes en español para transmitirlos por esos medios porque reconocen el impacto y la decisión de esta comunidad. -¿Qué tan influyentes son los medios hispanos en Estados Unidos? -Para esa parte de la audiencia son enormes. Por ejemplo, la mayoría de la población hispana se informa a través de Univisión. En Denver hay cinco estaciones de radio en español, mucha gente escucha este medio para informarse. Los periódicos dirigidos a la comunidad blanca o afroamericana también ya están buscando lectores latinos. -¿Cómo influyeron esos medios en las campañas presidenciales del 2008? - Hubo varios proyectos para los hispanos. Uno, fue cambiar las leyes de

Kris Kodrich

migración. Muchos latinos estaban preocupados sobre cuál sería su situación; se organizaron en todo el país. Había gente que se encontraba en las estaciones de radio de Los Ángeles y desde ahí informaban sobre la próxima acción o manifestación que realizarían en varias ciudades. Así, miles de latinos se reunían en diferentes ciudades para protestar sobre algún problema. Las personas que trabajan en los medios latinos tienen mucha influencia entre la población. -¿Qué se espera de los latinos en estas elecciones? - En el país hay mucha preocupación por la economía, sobre todo por parte de los republicanos. Hay mucho desempleo, preocupación por parte de los demócratas porque no tienen el mismo espíritu de influencia que en el 2008. Generalmente, en las elecciones intermedias la participación es más baja que en las presidenciales. Entonces, no sabemos qué pasará. Normalmente, el partido que tiene el poder en Washington, en las elecciones intermedias pierde muchas sillas en el Congreso y el control. -¿Esto obedece a la cuestión del desempleo o de los inmigrantes? - Siempre es la economía, la gente puede decir cualquier cosa sobre proyectos o sobre la Ley Arizona, pero en realidad no vota por este tipo de situaciones. Si la gente piensa que la economía está

mejorando votará por los demócratas y si no, votará por los republicanos. -¿Hay descontento entre la población por la Ley Arizona? - Los republicanos apoyan esta ley. El Partido Demócrata que es el que está en el poder en Washington, considera que esta ley no es la mejor para los ciudadanos, particularmente para los latinos; pero hay bastante discriminación en el país. A la vez, hay muchos problemas con la gente ilegal que se encuentra en el país, y que puede pasar la frontera sin problemas. Es una ley incorrecta, pero popular. Los demócratas están tomando el camino que ellos piensan es el correcto, han ido hasta la Corte para detener esta ley porque consideran que es injusta. -¿Los medios hispanos se han manifestado contra esa ley? - Siempre hablan sobre esta situación. -¿Es difícil regular la situación de los inmigrantes en Estados Unidos? - Sí, la frontera es enorme, no se tiene el control. Aunque construyan una pared más grande, habrá escaleras más grandes para cruzar. La economía necesita mejorar en México, eso es lo más importante; de esta forma los mexicanos no tendrían el deseo de irse a Estados Unidos. Es obvio que la gente quiere mejorar su vida. Si México mejora su economía, le gente no querrá alejarse de su familia, de su casa, de las cosas normales en su vida. Cuando en Estados Unidos no hay trabajo o la economía no es muy buena, la gente se regresa a México. frambellizarraga@gmail.com

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Elecciones

Entrevista

Atribuciones al IFE para sancionar: Vaquero Ochoa • Carlos Padilla Ríos

Faltan 20 meses para las elecciones presidenciales del 2012 y las intenciones por hacer de aquellos comicios participativos, confiables y creíbles son parte de las prioridades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, a cargo del maestro Luis Javier Vaquero Ochoa. Conocedor de los intereses privados de las televisoras, el funcionario respalda que el IFE, como árbitro de los procesos electorales, sancione a las empresas de la comunicación que violen la normatividad vigente.

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cerca del tema, Vaquero Ochoa considera que el IFE debe contar con mayores atribuciones legales para que cumpla cabalmente con sus objetivos: “Tendríamos que generar una reforma electoral para dotar a este organismo de mecanismos que le permitan lograr las sanciones. En estricto sentido, la parte que resuelve el conflicto electoral correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los procedimientos especiales sancionadores se los asignan al IFE. Creo que ha tenido una buena actuación como primera instancia, para resolver problemas relacionados con los tiempos en radio y televisión. Es viable y adecuado que le dejen esta primera instancia al IFE. Si las controversias no se resuelven en esta primera instancia, que lo haga el Tribunal. Como están las cosas en el país, está bien que el IFE intervenga en esas controversias”. - ¿Cuál es la agenda del IFE en materia de capacitación? - La meta es preparar las elecciones de 2012, estamos en la evaluación de 2009 para mejorar todo lo relacionado con la formación de mesas directivas de casilla; finalmente, la gran tarea de Capacitación Electoral es montar el 52

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operativo para garantizar el interés y la asistencia de los ciudadanos como funcionarios de casilla el día de la elección. Sin embargo, hay preocupación en esta tarea porque el contexto político de México, se ha complicado en el tema de la seguridad que impacta en muchos ámbitos; de ahí nuestra preocupación y ocupación en saber cómo la situación de violencia e inseguridad va a afectar la preparación del proceso electoral. Por ahora trabajamos en el diseño de estrategias para atender ese problema. Recientemente intercambiamos puntos de vista e información con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) por su experiencia en el despliegue de ciudadanos para la realización del Censo y la posibilidad que tuvo de hacer un mapa de riesgo a partir del conteo de 2005. - ¿Qué tan amplio es ese mapa, en cifras? - Es un mapa nacional del cual no tenemos datos específicos, pero que nos puede guiar en situaciones que requieran atención especial. El tema de la inseguridad es muy preocupante porque puede desalentar el voto, pero también es un desafío porque debemos convencer a los ciudadanos no solo de votar, sino también de ayudar a contar los votos.

- Otro pendiente es la actualización de las credenciales de elector. - Sí, hablamos de alrededor de nueve millones de credenciales; aquí es importante establecer estrategias para difundir la necesidad del cambio de mica porque no sólo perderá validez para votar, sino como identificación oficial. Cambio de credenciales para votar y capacitación electoral, es la agenda prioritaria de aquí a 2012. - ¿Para presionar? - Preferimos llamarle para incentivar, puesto que el voto es un derecho ciudadano. ¿Por qué es un tema clave? Porque son muchos mexicanos en esta situación y según los escenarios, habrá una elección muy competida en donde quienes no puedan votar podrían definir los resultados. Además, este año se debe aprobar el nuevo Programa de Educación Cívica. - El voto de los mexicanos en el extranjero... - Leonardo Valdez, encargó a varios de nosotros un proyecto integral para mejorar los resultados del voto exterior en el 2006. Yo aún no estaba, pero creo que tanto el IFE como los legisladores tardaron en desarrollar un proyecto integral con tareas estratégicas que dieran buenos resultados; ahora trabajamos en ello las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación, la Coordinación de Asuntos Internacionales y la Unidad de Planeación del IFE. Una vez articulado el proyecto podremos platicar de él, pero sí es una prioridad institucional para el 2012.


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Sociedad civil y legislación de medios • Israel Tonatiuh Lay Arellano1

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Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor invitado del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, autor del libro “Análisis del proceso de la Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica de 1998”. 1

un grupo de individuos puede ser sociedad civil en tanto discuta cuestiones de carácter público y colectivo; pero que dicha discusión no se quede en ese simple nivel, sino que de esa deliberación surjan propuestas que logren ser llevadas a debate en la agenda pública. Es en este sentido como han participado los grupos de la sociedad civil en este proceso desde hace casi una década. La discusión de la reforma a la legislación de medios, que inició en 2001 y que a la fecha no ha culminado, ha atravesado por cuatro etapas. La primera inició en marzo de 2001, cuando el Gobierno Federal convocó a la Mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos, en cuya segunda sesión se le otorgó un lugar a un representante de los más de cincuenta grupos sociales interesados en la materia. Este representante fue la doctora Alma Rosa Alva de la Selva, catedrática de la UNAM. La discusión en esta temática se llevó a cabo en tres niveles, dos pertenecientes al ámbito formal, de acuerdo a la convocatoria gubernamental (siete grupos de trabajo2 y la mesa general), y uno en la base de las organizaciones de la sociedad civil. La dinámica de las reuniones entre las organizaciones ciudadanas, dependía de la temática y realización de las siete mesas. En este sentido había un grupo de cinco o seis representantes por temática,

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omo se sabe, en el año 2006, la Ley Federal de Radio y Televisión sufrió una reforma importante, la cual un año después fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se conoce que grupos de la sociedad civil interesados en la temática participaron activamente e influyeron en el debate legislativo, convirtiendo al órgano parlamentario en la arena de discusión pública. El término sociedad civil es muy amplio y complejo, además que ha evolucionado de manera muy rápida. Hasta hace algunos años, desde una postura teórica se decía que la sociedad civil era una esfera diferenciada del Estado y del mercado, que los grupos que pertenecían a ésta adquirían conciencia de derechos pero también de obligaciones, y que defendían intereses públicos y colectivos. Sin embargo, desde hace poco, diversos grupos de empresarios se han autodenominado como sociedad civil, cuando por definición éstos pertenecen a la esfera del mercado. Lo anterior es tan sólo un ejemplo tanto de la pluralidad del término como de su evolución, por lo que podríamos proponer como una característica inequívoca para este concepto, en el sentido de que

quienes trabajaban en una reunión cada semana, previo intercambio de materiales, que apoyaban la discusión y se encaminaba a la toma de decisiones que tenían el objetivo de que quienes asistieran a las mesas como representantes de las organizaciones ciudadanas expusieran las propuestas de manera clara y sin ambigüedades. Esta dinámica se vio finalizada cuando el 10 de octubre de 2002 apareció publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Te1. Principios Fundamentales, 2. Jurisdicción y Competencia, 3. Participación Social y Derechos Ciudadanos, 4. Concesiones y Permisos, 5. Programación, 6. Medios del Estado, y 7. Competencia Económica. 2

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De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo pueden presentar iniciativas de ley, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores y las legislaturas de los Estados. Aunque la figura de iniciativa popular sí existe en algunas entidades como Jalisco. 3

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permitía avanzar y la parálisis en la discusión no conducía a nada, Televisa impulsó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) en la Cámara de Diputados, iniciando así una segunda etapa en este proceso.

La Iniciativa El 22 de noviembre de 2005 los diputados Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Javier Orozco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentan una iniciativa para reformar diversos artículos de la LFRT y la LFT. Esta iniciativa se aprobó en las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio, Televisión y Cinematografía el día 29 de noviembre, y fue aprobada por unanimidad en la sesión del Pleno el día 1 de diciembre, esto es en tan sólo nueve días, cuando la iniciativa del Senado había estado trabada por casi tres años. Tanto los senadores que impulsaban la iniciativa ciudadana, como las propias organizaciones sociales impidieron que la minuta que llegaba a la cámara alta tuviera el proceso anterior, por lo que obligaron a la realización de una serie de consultas, donde participaron expertos técnicos en la materia y sobre los contenidos legales y sociales del documento. Además, se estableció una discusión pública a través de los medios impresos de circulación nacional y en paneles de discusión en instituciones educativas y organizaciones privadas interesados en la temática, pero finalmente el poder de convencimiento de Televisa, sumado a los intereses de la elección presidencial del año 2006, lograron que la minuta fuera aprobada en sus términos el 31 de marzo, con 81 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones.

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levisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, así como el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica. Este último es en donde se abroga el anterior acuerdo del 1 de julio de 1969, donde se estableció el impuesto del 12.5 por ciento de tiempo aire puesto a disposición del Estado, reduciéndolo a 1.5%. Tras este hecho, los trabajos que se realizaban en la Mesa de diálogo perdieron su objetivo, por lo que fue disuelta. La acción posterior de los grupos de la sociedad civil fue recuperar los consensos alcanzados hasta entonces y continuar en la redacción de un anteproyecto de iniciativa de ley. Ya que este proyecto no podía ser presentado directamente como una iniciativa ciudadana, puesto que esa figura no está contemplada en la Constitución3, se decidió que todas las organizaciones ciudadanas involucradas suscribieran el documento y fuese entregado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado del Senado de la República el día 4 de diciembre de 2002, donde la hicieron suya los entonces senadores Javier Corral (quien además era el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes) y Raymundo Cárdenas, quienes la presentaron en el Pleno con el apoyo de 53 senadores más el día 12 de diciembre. Sin embargo, debido al choque de intereses entre los grandes grupos de radiodifusión y el contenido de la iniciativa, la discusión se volvió lenta y el proceso se paralizó, hasta que casi tres años después, cuando los empresarios se dieron cuenta que la legislación caduca no les

No es necesario abundar en que esta reforma beneficiaba a Televisa y perjudicaba a sus competidores, incluso a los de la misma familia del presidente de la televisora que tenían negocios en la radio comercial. En este sentido, era obvio que se trataba de una reforma que sólo beneficiaría a unos cuantos, por lo que un grupo de 47 senadores encabezados por Javier Corral, Raymundo Cárdenas y Manuel Bartlett, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2006. La tercera etapa de discusión de este proceso inicia en mayo de 2007, cuando la Corte señala que discutirá en Pleno el dictamen (ponencia) de la acción de inconstitucionalidad. Al tratarse de una acción estrictamente de jurisdicción de la Corte, los grupos de la sociedad civil no pudieron participar directamente, aunque las académicas Clara Luz Álvarez, Beatriz Camarena y Salma Jalife habían presentado desde agosto de 2006 un estudio de análisis jurídico en el sentido de Amicus Curiae (amigos de la Corte).


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Para desahogar este tema se llevaron a cabo nueve sesiones, dos de ellas de consulta con expertos técnicos, finalizando el debate en los primeros días del mes de junio con el resultado de la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma, entre ellos los que beneficiaba en mayor medida a Televisa. En este proceso de la tercera etapa, la sociedad civil se mantuvo al margen, debido a que era un asunto estrictamente judicial. Pero más adelante estos grupos volvieron a cerrar filas para constituir el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios en el mes de febrero de 2008, al mismo tiempo, también participaron en las sesiones del Grupo Plural, creado por el Senado de la República A pesar que se llevaron a cabo 22 reuniones, esta arena fue más acotada que en ocasiones anteriores, y si bien se contaba con el material suficiente para redactar una iniciativa de reforma, “en ese momento no se tenían los votos necesarios para sacar adelante ningún dictamen en esta materia”4. En el periodo

de junio de 2007 a diciembre de 2009, se presentaron en ambas cámaras cerca de 40 iniciativas de reforma a la LFRT y otro igual para reformar la LFT. La cuarta etapa de discusión inició el 8 de diciembre de 2009, con la presentación de la iniciativa para reformar la LFRT, presentada por el senador Carlos Sotelo, y cuya redacción, en su mayor parte es retomada de las conclusiones del Grupo Plural. Esta iniciativa fue dictaminada junto con las dos propuestas por el senador Manlio Fabio Beltrones. El dictamen de la comisión contiene dos puntos polémicos: la prórroga automática de concesiones y los llamados "combos", esto es, otorgar frecuencias en FM a los concesionarios de AM durante la transición digital. Estos dos temas reactivaron la discusión en grupos de académicos y de la sociedad civil; asimismo, impulsaron la presentación de la iniciativa para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, presentada por el diputado Javier Corral y el senador

Gustavo Madero, el 8 de abril de este año, en ambas cámaras, respectivamente. Empero, el periodo ordinario de sesiones se terminó el 30 de abril, sin que pudiera emitirse el dictamen de esta iniciativa. Finalmente, aunque la participación directa de los grupos de la sociedad civil disminuyó en la tercera y la cuarta etapa de este proceso, el contenido y las condiciones de los dos textos (el dictamen SoteloBeltrones y la iniciativa Corral-Madero) han impulsado un nuevo y amplio debate, cuya respuesta del Estado señalará en gran medida, si la participación de la sociedad civil es tomada en cuenta o si los poderes fácticos de las empresas de radiodifusión comercial ganarán en este proceso cuya importancia trasciende la materia y refleja la vida democrática de nuestro país. tonatiuh_lay@yahoo.com.mx Participación de Santiago Creel en el Foro La Ley de Medios: ¿Esperando a Godot?, 3 de diciembre de 2008, Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 4

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Televisión / Contenidos

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¡ Gritos de rating y libertad ! • Darwin Franco / Obitel México

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serie Gritos de muerte y libertad, misma que significó su regreso a la producción de ficción histórica. La primera de este tipo desde que encabeza la empresa Emilio Azcárraga Jean. Senda de gloria (1987), El vuelo del águila (1994) y La antorcha encendida (1996), todas bajo la batuta de Ernesto Alonso, fueron las últimas producciones históricas de Televisa. La aparición de Gritos de muerte y libertad no sólo significó un cambio en el formato de las producciones históricas (de telenovela a serie) sino que también se convirtió en un cambio narrativo/discursivo en la manera en que Televisa ha trabajado con la recreación de la historia de México. Los factores que hacen complicado el realizar este tipo de producciones se sustentan en dos rubros, el económico y el político: 1) El económico: a diferencia de la telenovela que ronda entre los 750 mil y el millón de pesos por capítulo de una hora, las producciones históricas tienesmas.com

a celebración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana se convirtieron en muy rentables productos mediáticos que a la fecha se han traducido en series, películas, documentales, docu-dramas, publicaciones, radionovelas. La manera tan “natural” con la que los hechos históricos se naturalizaron en la televisión -a través de la ficcióndejó de manifiesto que este género y formato sigue siendo el más rentable para la industria. Hasta julio de 2010, la empresa IBOPE AGB, encargada de medir el rating, arrojó que este género ocupó el primer lugar en el Top Ten de la televisión abierta nacional. En este sentido, la televisión buscó plasmar mediante su ficción una visión muy peculiar de los hechos históricos enmarcados dentro de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución; por ello, Televisa preparó por más de dos años la

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den a triplicar su valor producto de la creación de escenarios y vestuarios que reflejen fielmente la época que se busca representar. En el caso, de Gritos de muerte y libertad el valor fue aún mayor al filmarse en formato de cine y contar con un elenco, en su mayoría, proveniente de esa industria. Cada capítulo de la serie costó tres millones de pesos (mdp), siendo el total de la primera temporada 39 mdp. El costo de la producción, como ocurre con los formatos de ficción, se recupera con los patrocinios y la publicidad inserta en los espacios comerciales. En Gritos de muerte y libertad se contaron con dos fuertes inversiones publicitarias de Banorte y Grupo Gruma (Maseca), quienes aparecen como “patrocinadores oficiales”, esto supondría que ambos cubren parte importante de la inversión. La otra forma de patrocinio, la publicidad en cortes comerciales, tiene también gran peso, ya que la serie estuvo ubicada en el prime time de Televisa lo que se tradujo en altas ganancias por spot trasmitido. Curiosamente uno de los spots que se estrenaron en los cortes comerciales de la serie fue el del V Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, spot que en su manufactura costó un millón y medio de pesos y su transmisión a tarifas comerciales de Televisa, contabilizó 50 millones de pesos,

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La serie como manifestaron sus productores, directores y actores tuvo la intensión de mostrar que nuestros héroes patrios fueron personas ordinarias que realizaron acciones extraordinarias (discurso que se semeja al que desde la Presidencia se manda para enaltecer la labor del ejército). Incluso durante la semana de estreno de la serie fue cuando apareció el spot donde Televisa agradece al ejército sus acciones fuera del cuartel, en la producción se puede observar cómo una población entera aplaude al ejército mexicano cuando éste entra a su población. La serie también pretendió servir como estrategia informativa, para la creación de un discurso donde el “levantamiento de armas y la lucha por la libertad” justifica la muerte y la violencia, cosa que se observa en el título mismo de la producción: Gritos de muerte y libertad. Los pequeños inserts que de la serie se ponían en los noticieros de Televisa hacían hincapié en las maneras en que nuestros héroes más allá de los “daños y bajas colaterales”, hacían valer el dicho de que “el fin justifica los medios”. Fue muy curiosa la similitud entre la construcción narrativa de la serie y su semejanza con los valores políticos y sociales con los que hoy en día se justifica la guerra para conseguir “la libertad y la paz” que nos ha robado el crimen organizado. Gritos de muerte y libertad no fue una mera reconstrucción ficcional de la historia sino parte de un discurso político global, que intencional o tangencialmente, pretende constituir una narrativa donde a pesar de las inminentes señales de derrota se insiste en mantener una posición ganadora en donde lo importante es y será la libertad y la seguridad. Por ello, no extraña que los producto-

res ya piensen en donar a la Secretaria de Educación Pública la serie completa para que los estudiantes mexicanos, a través de la ficción, aprendan la otra historia de México. La serie ya puede adquirirse en el mercado en formatos dvd y Blu-ray. esmas.com

según el cálculo de la dirigencia del PRD en el Estado de México (Proceso, 1766). 2) El político: al representar hechos históricos se deja entrever los posicionamientos políticos e ideológicos de la empresa respecto a los hechos históricos representados. A este último punto es al que haré mayor referencia. Sorprendió que la producción estuviera a cargo de la dirección de noticieros y no así del área de producción. Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, fue el encargado de la creación y ejecución del proyecto. Éste, a su vez, contó con un Comité de historiadores encabezados por Héctor Aguilar Camín, Javier García Diego, Enrique Flores Cano y Rafael Rojas. Destacó la ausencia de Enrique Krauze, quien anteriormente había participado en los proyectos históricos de Televisa. La serie se compuso de 13 capítulos de 25 minutos que forman parte de su primera temporada (la segunda temporada pretende enmarcar momentos claves de la Revolución Mexicana y contará con 12 capítulos). Estos primeros episodios, trasmitidos entre el 30 de agosto y 16 de septiembre, retrataron diversos momentos de la Independencia donde a decir de Leopoldo Gómez se intentó construir la historia no oficial del movimiento al retratar a los héroes como personas “que se ensuciaron las manos”. No obstante, existe una presunta desvinculación de la serie con la historia oficial y la omisión de pasajes importantes de la Independencia –como el caso del Pípila-; lo verdaderamente significativo fue que el pasado retratado en Televisa funcionó como una referencia clave para extraer y contextualizar un presente igualmente en guerra, al menos así se precisa desde el discurso del gobierno federal.

La ficción, como género es el producto televisivo más rentable para la televisión mexicana, no sólo por los dividendos económicos sino porque en términos de rating es el que presenta la mayor concentración de audiencia frente al televisor. Al menos la serie en su semana de estreno (30 de agosto al 3 de septiembre) tuvo un promedio de 21. 4 puntos, cifra alta en relación a los ratings que poseen programas similares; por ejemplo, las telenovelas de Televisa rondan entre los 18 y 25 puntos (IBOPE AGB). La presencia de la ficción, como vehículo para hablar del Bicentenario y del Centenario, no parece ser un acto ingenuo sino una construcción simbólica desde la cual el imaginario social de nuestra Independencia y Revolución se conecta con la violencia que se vive hoy en día, para la cual se construyó “gritos de muerte y libertad”. obitelmexico@gmail.com

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Reseñas

Herramienta para el uso adecuado de los conceptos

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l uso correcto de los conceptos resulta indispensable en el ejercicio periodístico, y qué mejor herramienta para utilizarlos que un diccionario especializado, que vaya más allá de la abstracta explicación de los términos y los temas. El Diccionario de Derecho a la Información, coordinado por el doctor en derecho y comunicación, Ernesto Villanueva, incluye más de 200 conceptos desarrollados por especialistas. Apenas transcurrió poco más de un año, desde la aparición de la segunda edición y ya está en circulación la tercera de ese diccionario, cuya finalidad ha dicho Villanueva, es la del uso adecuado y homogéneo de la terminología jurídica y técnica, que deben realizar los periodistas o cualquier persona interesada. Especialistas de diverso origen explican conceptos, muchos de ellos, de reciente creación generados por el desarrollo de las nuevas tecnologías y las aspiraciones democratizadoras de los grupos sociales.

Algunos de esos conceptos son: accesibilidad a las telecomunicaciones, alfabetización digital, archivos públicos, banda ancha, calumnia, difamación e injuria, ciberderechos, cláusula de conciencia, convergencia, datos biométricos, datos personales, defensor de la audiencia, derecho a la vida privada, derecho a la propia imagen, ética en Internet, privacidad, ley de transparencia, pluralismo informativo, privacidad, radio comunitaria, red social, televisión móvil y transparencia. Entre los especialistas figuran entre otros: Clara Luz Álvarez, José Antonio Caballero Juárez, Issa Luna Pla, Lucero Ramírez León, Diego Valadés, Vanessa Díaz, Perla Gómez Gallardo, Andrea Barragán, Gabriela Warkentin, Claudia Fonseca, Gabriela Barrios, Ana Azurmendi, Francisco Javier Acuña, Fidela Navarro, Benjamín Fernández Bogado, Héctor Pérez Pintor, Jaime Cárdenas Gracia, María Scherer Ibarra, Raúl Armando Canseco, Griselda Lizcano, Gabriela Barrios, Raúl Márquez, Karin Castro, André Dorcé, Samuel Bonilla y el mismo Ernesto Villanueva. En la introducción a esta tercera edición, el coordinador explica que los dos volúmenes del Diccionario: “Resultan de un compromiso conformado por un grupo de juristas e investigadores de las ciencias sociales de América y Europa por sistematizar ideas, clarificar conceptos y sentar las bases para un lenguaje común en esta disciplina”, el derecho a la información. (Carlos Padilla)

Wallraff exhibe racismo de alemanes; y de paso a Starbucks

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n el periodismo de investigación, que hace Günter Wallraff, ventila las contradicciones sociales y económicas de la Alemania globalizada, al transformerse en todo tipo de personajes para conocer “en carne y hueso” los hechos. Su nuevo libro revela historias, como las jornadas de trabajo en los Starbucks de aquel país, convertidos como en México, en los cafés de citas de moda, donde el buen trato a la clientela esconde las rigideces del sistema laboral, a pesar de que el dueño de la multinacional Howard Schultz, ha sido colocado entre los 50 mejores empleadores del mundo, según Fortune. En Con los perdedores del mejor de los mundos (Anagrama), el afamado periodista comprobó que el alemán común, sigue siendo profundamente racista, aunque durante el Mundial de Futbol de 2006, se insistiera en lo contrario. Para confirmar su hipótesis atravesó Alemania durante un año simulando ser una perso-

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Reseñas na de raza negra originario de Somalia, buscando todo tipo de experiencias en los estadios de fútbol; en las tradicionales cervecerías; intentando alquilar casa; o conversando con gente de la tercera edad. “… cada uno de mis papeles es una impertinencia”, explica en su libro. Con el correr de los años, las investigaciones periodísticas de Wallraff y su fama internacional, lo hacen conocido a los ojos de los alemanes, algunos de los cuales lo llegan a reconocer. En este libro publica ocho reportajes. En uno más, exhibe los abusos que se cometen en los restaurantes más afamados de Alemania que desbordan amabilidad para los comensales, pero donde se maltrata a los cocineros. ¿Cuántos Wallraff son necesarios en cada ciudad de México para difundir tantas injusticias? (Carlos Padilla).

por excelencia para proyectarla”, y con ella “la tarjeta postal que se convierte en un elemento estratégico para sintetizar las pretensiones propedéuticas del régimen. Este es uno de los siete textos que se publican en la edición número 18 de Revista Iberoamericana de Comunicación, cuyo número temático se refiere a la historia, la semiótica y la tecnología. En cada uno de ellos se impregna el tinte conceptual de sus autores, podemos encontrar una interpretación semiótica de los símbolos y signos que han construido nuestra cosmovisión al paso de los años. (Marisol Orta)

La historia y su correlato semiótico

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a coyuntura historiográfica obliga a analizar desde la semántica, las manifestaciones políticas y sociales de cómo y con qué herramientas, la dictadura de Porfirio Díaz quiso celebrar el centenario de la Independencia. Este es el tema que desarrolló Felipe Victoriano en "Conmemoración e imagen: una reflexión del Centenario de la Independencia", en cuyo texto afirma: “El porfirismo construyó material y simbólicamente un nuevo sentido de la patria a través del Estado, arrasando a su paso con toda una historia caracterizada por la fragmentación. Digamos que en el régimen de Díaz; se elabora por vez primera un discurso sistemático de la cultura nacional… una narrativa oficial, convirtiendo a la fotografía en el medio 62

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Ley de Cine: logro de la sociedad

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a forma más acabada de democracia es aquélla que escucha a todas las voces en un proceso incluyente y plural. Así lo concluye Israel Tonatiuh Lay Arellano en su libro Análisis del proceso de la Iniciativa de Ley de la Industria

Cinematográfica de 1998 editado por la Universidad de Guadalajara, donde su autor hace un seguimiento a los obstáculos y vías de avance que encuentran en México las propuestas de la sociedad civil al poder legislativo. Doctor en ciencias sociales, Lay Arellano elige como tema de análisis la Ley de Cinematografía que hoy rige a la industria del cine en nuestro país y que, como lo muestra la obra, tuvo que librar para su aprobación en 1998 los intereses de los diversos grupos involucrados y, de manera muy importante, el impedimento legal –todavía vigente- que tiene la ciudadanía para presentar iniciativas de ley al Congreso de la Unión. Así, la investigación –ordenada en cinco capítulos que abordan desde los "Antecedentes de la Industria Cinematográfica" hasta "Los factores no legislativos que influyeron en la aplicación de la Ley Federal de Cinematografía", Conclusiones y un Anexo con un cuadro comparativo de la Ley vigente desde 1992 y la aprobada en 1998-, destaca la imposibilidad legal de las iniciativas ciudadanas como uno de los principales escollos al ejercicio pleno de la democracia en México. El cierre de esa vía a la ciudadanía, sugiere Lay Arellano, da pie a otros fenómenos como el cabildeo en el Congreso de la Unión, con todos sus efectos, -positivos en el caso de la Ley Federal de Cinematografía en tanto la legislación aprobada retomó las propuestas de los actores involucrados- como una práctica antes soterrada y ahora abierta, pero sin regularización alguna. Por ello, apunta en el prólogo la ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, los estudios que rastrean estos procesos, como la investigación de Lay Arellano, “son y serán sustanciales no sólo para entender, sino para crear ciertas reglas a este nuevo juego político”.


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