EDITORIAL
Rendir cuentas, pero primero ante los afiliados El distanciamiento de la clase política con la ciudadanía va camino de convertir San Martín de la Vega en un ejemplo de la desafección que desde hace tiempo y en muchos sectores se viene produciendo desde el pueblo hacia sus representantes. La irrupción de un nuevo partido, gestado por antiguos asesores de la alcaldesa, viene a confirmar que algo falla en la dirección que ha tomado el Partido Popular del municipio. De corte ideológico similar y con un planteamiento liberal en materia económica, Unión Independiente parecer ser capaz de aglutinar al grupo nada desdeñable de votantes del PP que no comulgan con la ideología del resto de formaciones políticas del municipio, pero que tampoco están dispuestos a aplaudir los desmanes ni las formas de la cúpula del PP en la localidad. Un gobierno formado por profesionales capaces, formados y buenos gestores es una de las ofertas que la recién nacida formación tiende a los habitantes de San Martín. Queda un año para las elecciones locales y los demás grupos aún no han descubierto sus cartas pero cabe preguntarse qué será capaz de ofrecer el actual equipo de Gobierno a sus electores habituales. ¿Optarán por el continuismo?, ¿por las promesas?, aunque antes, quizá, deberían rendir cuentas ante sus afiliados por su última legislatura. Y también, quizá, hacer un ejercicio de humildad por los vergonzosos y mediáticos episodios que Guijorro ha protagonizado no ya en su nombre, sino como representante del Partido Popular en el municipio.
Okupación Tras el desalojo del edificio ocupado donde se ubicaba el Centro Social La Matriz algunas voces parecen reabrir un debate que la ley, a la vista de los hechos, zanja con contundencia: es ilegal ocupar un edificio sin la autorización de su titular. La ley no establece consideración acerca la pertinencia o no de las actividades desarrolladas en su interior. Tampoco entiende, a priori, del talante ni de las intenciones del propietario. Tomar algo por la fuerza constituye un delito, por beneficiosos que puedan ser sus fines. Se ha producido un desalojo: han quedado unos propietarios indignados y un proyecto a medias, pero quienes ven un problema en la ocupación tienen pocos motivos para sentirse satisfechos. La justicia ha hecho su trabajo pero las reclamaciones primarias continúan ahí y parece que la solución en este caso es más lenta y recibe menos interés. Esta ocupación parte de un grupo de personas que considera que la población tiene unas necesidades que no están siendo cubiertas por las instituciones. Por iniciativa propia y sin esperar nada a cambio han desarrollado una serie de talleres y de actividades que han sido bien recibidos por los vecinos. ¿Es ilegal? Sí, y los responsables tendrán que responder por ello ante la justicia. Pero igual merece la pena ampliar el debate y plantearnos si desde los órganos de representación se está respondiendo de manera eficaz a las demandas culturales del pueblo, porque no está del todo claro que un desalojo evite otra okupación.
Así ve el gobierno las finanzas municipales en la portada de su revista.
mayo
2014
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