Revista febrero

de Pinedo. Los dos principales imputados son el ex presidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y ex alcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.

Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.

Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón uno de los más endeudados de España recibió presuntamente bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.

En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.

Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.

Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años.

El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009. Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios. Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de