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GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

julio 2010

El país

ANSES RICA, JUBILADOS POBRES

No hay excusas para la demora

Libertad sindical ya El socialismo insistió en el Congreso Nacional para que se reconozca de manera inmediata a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cumpliendo de ese modo con las normas constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad sindical.

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uando el Partido Socia lista, a través del senador Rubén Giustiniani, presentó el proyecto de ley para elevar la jubilación al 82 por ciento del mínimo vital y móvil y aplicar una escala de recomposición de las demás jubilaciones y pensiones de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Caso Badaro I y II, sabía que más temprano que tarde este tema iba a cobrar una importante repercusión nacional. De los cinco millones y medio de jubilados, el 75 por ciento cobra la jubilación mínima que es 895 pesos, por lo tanto son pobres. Basta pensar que una canasta básica de alimentos está por encima de los2.000. Del otro lado, la ANSES tiene casi 170.000 millones del Fondo de Garantia de Sustentabilidad, 45.000 millones de superávit, 17.000 millones de ganancia por los intereses de las letras del Tesoro. Así se podría seguir explicando por qué nos referimos a una ANSES rica y a jubilados pobres. Pero los números hablan por sí mismos. Según los datos oficiales, los haberes previsionales equivalen, en promedio, al 36 por ciento del salario de los trabajadores, muy lejos del histórico 82 por ciento móvil. ¿Por qué entonces el gobierno nacional se niega a reconocer un derecho constitucional, un hecho de estricta justicia y elige el camino de descalificación de una medida correcta, desmereciendo de esa manera a todos los jubilados y sus familias?

¿Por qué el Gobierno Nacional se niega a reconocer un derecho constitucional, un hecho de estricta justicia y elige el camino de descalificación de una medida correcta, desmereciendo de esa manera a todos los jubilados y sus familias? Son dos motivos evidentes: el primero es que estas transferencias automáticas a los jubilados le reducirá la disponibilidad de una caja gigantesca que usa, como tantas otras, con discrecionalidad para disciplinar gobernadores, intendentes y legisladores. El segundo motivo es más increíblemente estúpido pero real en la Argentina actual: la propuesta de recomponer los haberes de los jubilados no ha sido iniciativa del gobierno sino de la oposición. El problema con el que hoy se encuentra el gobierno nacional es que si no resuelve el tema como acostumbra: rápido y por decreto, lo resolverá en poco tiempo el Parlamento. Corresponde que así sea, que se sancione una ley que

convierta en politica de estado no jugar con la vida de nuestros jubilados. Es de esperar que tal como pasó con la asignación universal por hijo, el gobierno nacional después de rechazar durante mucho tiempo la medida planteando que era impracticable, que no había fondos suficientes, que quienes la proponíamos –como el Partido Socialista– éramos demagogos, vuelva sobre sus pasos y termine con esta situación injusta, inconstitucional y absurda de tener una ANSES rica y jubilados pobres. Más información en página 5.

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l debate sobre la libertad sindical en la Argentina es de una importancia fundamental. La necesidad de los trabajadores de organizarse y asociarse para defender sus derechos es más actual que nunca, y el Estado argentino persiste en la reiteración de prácticas contrarias a este derecho fundamental –que se relaciona directamente con el derecho a asociarse libremente– y ha sostenido una legislación que se enfrenta abiertamente tanto a disposiciones constitucionales (art. 14 bis de la Constitución Nacional) e internacionales (art. 8 del Protocolo de San Salvador, arts. 16 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y normas específicas de la Organización Internacional del Trabajo – Convenios 87 y 98 –). Un movimiento sindical libre y democrático sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se respeten y garanticen los derechos fundamentales. La injerencia del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, y las trabas impuestas a los trabajadores para decidir libremente la conformación de nuevas organizaciones, resultan un escollo que se impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta de los trabajadores. La libertad sindical es una manifestación más del derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, culturales y laborales, y aquí “libremente” debe ser entendido como a salvo de la injerencia indebida de la autoridad estatal. No es precisamente esta situación la que se verifica en Argentina. El “modelo sindical” que rige en el país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por un régimen de exclusividad, que admite la coexistencia de sindicatos con personería gremial y sindicatos meramente inscriptos, pero reserva para los primeros derechos y privilegios que vedan, en la práctica, el surgimiento de nuevos sindicatos con capacidad de acción colectiva. Los sindicatos simplemente inscriptos poseen limitaciones insalvables para desarrollar las atribuciones reconocidas a las entidades sindicales en el ordenamiento internacional y cumplir así con la defensa de los intereses de los trabajadores a los que representan. Distintos órganos internacionales, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CACR), han señalado reiteradamente la contradicción e instado al Gobierno Argentino a modificar la legislación. La observación más acabada la dio la Comisión de Expertos al decir que “...varias disposiciones de la ley de asociaciones sindicales 23551 no parecían estar en conformidad con el convenio 87 sobre Libertad Sindical”. Por su parte, el Gobierno Argentino se ha comprometido a actuar en consecuencia. Sin embargo, al día de fecha la situación no se ha modificado, el expediente por el cual la CTA ha solicitado la personería gremial no ha sido resuelto, y persisten las violaciones mencionadas. Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad, en cuanto se violan normas constitucionales e internacionales, el Partido Socialista ha insistido a través de su labor en el Congreso nacional, que se arbitren los medios necesarios para que se otorgue la personería gremial a la CTA.

La Vanguardia de Julio 2010  
La Vanguardia de Julio 2010  

Periódico del Partido Socialista de la Argentina. Fundado por Juan B. Justo en 1894. Edición de julio de 2010.

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