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Ciudad de México, 5 de Diciembre de 2012

Dr. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE:

Las detenciones de decenas de personas ocurridas en el Distrito Federal el pasado 1º de Diciembre de este año, son acciones políticas que laceran la democracia de este país y los sentimientos del pueblo mexicano. Son además un atentado que violenta derechos fundamentales reconocidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constituyen también una forma institucional de anular la personalidad de hombres y mujeres que legítimamente ejercen sus derechos de reunión y/o asociación, y libre manifestación de ideas y expresiones. Con sensibilidad por la existencia de desigualdad, la pobreza alimentaria y patrimonial, la impunidad y la corrupción en México, y el reconocimiento de que las personas tienen el derecho a exigir del gobierno la reivindicación y garantía de sus derechos humanos, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, agrupaciones sociales, colectivos, personas y familiares de los detenidos que suscribimos este documento, solicitamos: Dicten en el ámbito de sus respectivas competencias el sobreseimiento de la Acción Penal de todas aquellas personas que bajo detenciones arbitrarias, con uso desproporcionado de la fuerza pública y de manera ilegal, contra todas las personas a las que se les han imputado delitos por ejercer sus derechos humanos de asociación, reunión y manifestación de ideas.

Asimismo demandamos de la autoridad ministerial que se esclarezca y determine la autoría material e intelectual de quienes realmente cometieron actos constitutivos de delitos, en virtud de que se ha corroborado en videos y fotografías (ahora de dominio público en las redes sociales y medios de comunicación) la presencia de gente infiltrada y “provocadora”. Hemos documentado y expuesto a la opinión pública: 1. Múltiples abusos y arbitrariedades en las detenciones de las y los manifestantes. Y en algunos casos actos que han puesto en peligro su vida e integridad, ante el uso excesivo de la fuerza pública para disolver y dispersar las manifestaciones. Entre los casos más graves que hemos podido conocer, están los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos. 2. Que se han fincado delitos graves, de corte político, que no alcanzan fianza, con cargos que


pueden llegar a penas de hasta treinta años de prisión, e incluso hasta 45 años. Las actuaciones ministeriales dan constancia de que se han fincado en contra de las personas detenidas los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la paz pública, daño a la propiedad y al patrimonio de la Ciudad, robo en pandilla y lesiones, entre otros. 3. Que en las horas siguientes a las detenciones, se les negó el contacto con sus familiares y representantes legales a las personas remitidas a la Agencia 50 del Ministerio Público. 4. Los actos de intimidación y confrontación a familiares y representantes legales por parte de cientos de policías que los cercaron la noche del primero de Diciembre y Madrugada del dos a las afueras de la Agencia 50. 5. Reconocemos que existieron acciones de violencia por parte de algunas personas que se encontraban dentro de la manifestación; por lo que las conductas que se encuadren en delitos deben ser sancionadas, respetando sus derechos humanos, en particular los relacionados con el debido proceso y el acceso a la justicia. Se ha identificado que las imputaciones a las personas detenidas tienen una connotación política para criminalizar la protesta y para violentar los derechos a la libertad de expresión y de manifestación; por lo que es indispensable diferenciar la naturaleza entre un delito común (aquél que lesiona bienes jurídicos) de un delito político. De acuerdo con la caracterización de la OEA “Los delitos políticos se caracterizan por el objeto o móvil que ha determinado la ofensa, objeto o móvil de naturaleza altruista y que consiste en tener en la mira la instauración de un ordenamiento político jurídico diferente del que está en vigor y que se considera con razón o sin ella, éticamente superior a éste”. Los “ataques a la paz pública”, agravados incluso como “cometidos en pandilla”, son un delito político que restringe todo indicio de presunción de inocencia de quienes fueron presentados como culpables, en virtud de que criminaliza su actividad de manifestación, asociación, reunión y expresión. Las y los ciudadanos no pretenden optar por caminos no institucionales para reunirse pacíficamente y expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento institucional, a través del intercambio de ideas y reivindicaciones. En una sociedad democrática las y los ciudadanos suponen que tienen el derecho de goce y disfrute de derechos conexos; es decir, de aquellos que no son contrarios al orden político, aun y cuando se encuentran estrechamente vinculados con actos de orden político. Ambos derechos están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión son un requisito fundamental indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza pública y el patrocinio de parte de entes desconocidos o grupos de choque que alienten a cometer o cometan delitos. La penalización de estos derechos significa una afrenta y una forma de amedrentar la expresión participativa. El amedrentamiento a la expresión y a la asociación, a través de la imposición de penas privativas de la libertad de las personas que ejercen estos derechos, tiene un efecto disuasivo que les afecta directamente a ellos y a la democracia Estatal. Las fuerzas policiales, y quienes determinan su accionar, deben proteger aquellos derechos, imponer limitaciones razonables, para asegurar que sean pacíficos, y no desincentivar los derechos de reunión, de asociación y de expresión pacíficos.


En virtud de lo que disponen los artículos 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 660 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 4 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal, respecto al sobreseimiento y la coordinación en las tareas de organización, sujeción, coordinación y la Facultad para otorgar el Sobreseimiento de la Acción Penal, las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, colectivos y familiares recordamos a las Autoridades del Gobierno del Distrito Federal que la confianza de las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal responde a las máximas de que este orden les garantice integralmente sus derechos humanos. Por lo que, solicitamos: PRIMERO. Reintegrar, bajo el sobreseimiento de la acción penal, sus derechos civiles y políticos a todas las personas que en el ejercicio de sus derechos de reunión, asociación, manifestación de ideas y protesta pacífica fueron detenidas. SEGUNDO. Que se esclarezca y sancione debidamente, de conformidad con el derecho y la ética, la autoría material e intelectual de las personas responsables que actuaron como grupos de “provocadores y/o de choque”, en actos configurados como delitos.

Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.” A. C. Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”

Ccp. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Ccp. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

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