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SEMANARIO JURIDICO N° 001. Abril 2018

PASATIEMPOS

EL AMBIENTE EN NUESTRAS MANOS ARMAS Y EXPLOSIVOS ¡UN ALTO A LA CORRUPCION! DILE NO A LOS DELITOS INFORMATICOS

ALERTA VEHICULAR RR AUTOR: JHONGER GARCIA


personal.

EL AMBIENTE EN NUESTRAS MANOS El ambiente en el que vivimos, cada día se encuentra más afectado, y es que las acciones del hombre, el desarrollo industrial y económico de las naciones han influido en el deterioro de las condiciones de vida en la Tierra.

LEY PENAL DEL AMBIENTE

Los efectos derivados de la actividad humana acentúan los procesos naturales y pasan a constituir lo que denominamos un problema medioambiental. Contaminación, agotamiento de recursos naturales, extinción de especies, son sólo algunos de los desastres que la humanidad ha causado en el planeta.

La Ley penal del Ambiente tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes.

No obstante, los daños a la naturaleza y el medio ambiente son sancionados de manera efectiva y consecutiva de acuerdo al delito que se ejecute. Son sanciones principales:

Son sanciones accesorias, que se aplicarán a juicio del tribunal:

1. La prisión. 2. El arresto. 3. La multa. 4. Los trabajos comunitarios.

1. La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos (2) años, cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos.

La pena de trabajo comunitario consiste en la obligación impuesta al reo de realizar, durante el tiempo de la condena, labores en beneficio de la comunidad, que indicará el juez, quien tendrá presente para tal fin la capacitación de aquél y, en todo caso, sin menoscabo de la dignidad

2. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un (1) año después de cumplida la sanción principal, cuando el delito haya sido cometido por el condenado con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de alguno de los deberes que le sean inherentes. 3. La publicación de la sentencia, a expensas del condenado, en un órgano de prensa de circulación nacional. 4. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en


venta, y susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas. 5. La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta por un lapso de dos (2) años, después de cumplida la sanción principal. 6. La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas jurídicas hasta por tres (3) años, después de cumplida la pena principal. 7. La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso de tres (3) años, después de cumplida la sanción principal.

El Tribunal podrá, así mismo, imponer a la persona jurídica, de acuerdo a las circunstancias del hecho que se haya cometido, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 1. La publicación de la sentencia a expensas del condenado, en un órgano de prensa de circulación nacional. 2. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, y susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas. 3. La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta por un lapso de dos (2) años. 4. La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso de tres (3) años.

Sanciones a personas jurídicas. La sanción aplicable a las personas jurídicas por los hechos punibles cometidos, en las condiciones señaladas en el artículo 3 de esta Ley, será la de multa establecida para el respectivo delito y, atendida la gravedad del daño causado, la prohibición por un lapso de tres (3) meses a tres (3) años de la actividad origen de la contaminación. Si el daño causado fuere gravísimo, además de la multa, la sanción será la clausura de la fábrica o establecimiento o la prohibición definitiva de la actividad origen de la contaminación, a juicio del juez.

Prescripción de acciones Las acciones penales y civiles derivadas de la presente Ley, prescribirán así: Las penales: 1. A los cinco (5) años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres (3) años. 2. A los tres (3) años, si él delito mereciere pena de prisión de tres (3) años o menos, o arresto de más de seis (6) meses. 3. Al año, si el hecho punible sólo acarreare arresto por tiempo de uno (1) a seis (6) meses. La pena de trabajos comunitarios prescribe en los mismos lapsos que la de arresto. Las civiles: por diez (10) años.


LEY CONTRA ARMAS Y EXPLOSIVOS Generalidades y definiciones.

Disposiciones generales: Son armas, en general todos los instrumentos propios para maltratar o herir. Su regulación se encuentra primeramente en el capítulo VIII, título V de los Delitos Contra el Orden Público en los artículos 272 al 282 del Código Penal Venezolano Objeto. Artículo1°.-Se consideran delictuosos la introducción, fabricación, comercio, detención, porte y ocultamiento de armas y explosivos que se efectúen en contravención de las disposiciones del Código Penal y de la presente Ley.

Ámbito y competencia de la ley: Para los efectos de la presente Ley, sólo se consideran como armas las que en ella se indican.

Artículo 3°.-Son armas de guerra todas las que se usen o puedan usarse en el Ejército, la Guardia Nacional y demás Cuerpos de Seguridad, para la defensa de la Nación y resguardo del orden público, tales como: cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fúsiles-ametralladoras, fusiles, carabinas y mosquetones; pistolas y revólveres de largo alcance; y, en general, todas aquellas armas que pudieren ser útiles en la guerra, de todas clases y calibres, de un tiro, de repetición, automáticas y semiautomáticas y sus respectivas municiones y aparejos para ponerlas en actividad; sables, espadas, espadines, lanzas y bayonetas; aparatos lanzallamas; bombas, granadas de mano; gases y sustancias agresivas, así como las armas y dispositivos que puedan arrojarlos o los envases que puedan contenerlos. Quedan comprendidas entre las armas de guerra a que se refiere este artículo, todas las que sean de la misma especie de las que son actual propiedad de la Nación y de las que


figuran en armamentos de guerra de otras Naciones, aún cuando no existan en el Parque Nacional. Artículo 4°.-Todas las armas de guerra, así como sus respectivas municiones, aparejos y útiles que se encuentren, se introduzcan o fabriquen en el territorio de la República, pertenecen a la Nación, conforme al último aparte del ordinal 8° del artículo 15 de la Constitución Nacional.

La lectura del acta del debate estará a cargo del secretario del tribunal y, a los efectos de su contenido el legislador señala taxativamente los requisitos mínimos que deberá contener, lo que quiere decir que puede contener más de lo señalado

Artículo 5°.-Sólo el Gobierno Nacional puede establecer en el país fábricas de armas y municiones de guerra, conforme a las reglas que él previamente dicte. Artículo 6°.-No podrán introducirse en el país tales armas ni municiones sino por cuenta del Gobierno Nacional, según las reglas que establezca; y a él compete, asimismo, dictar todas las medidas conducentes a la recolección de los elementos de guerra que se encuentren fuera del Parque Nacional.

En cuanto a la clasificación de las armas, municiones, explosivos, químicos y afines, se encuentran previstas en el Reglamento de la Ley sobre Armas y explosivos específicamente en los arts del 1 al 13. En cuanto al Uso Ilícito de armas, armas de guerra y otras armas; se encuentran previstos en el art. 76, 77 y 78 de la Ley respectivamente Sanciones. El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas se castigarán con pena de prisión de 3 a 5 años; de conformidad con lo establecido en el art. 277 del Código Penal Venezolano.


LEY SOBRE DELITOS INFORMATICOS Objeto de la ley, se encuentra explanado en el art. 1: “ La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta ley”. El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figurar típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha propiciado a su vez la necesidad de regulación por parte del derecho. A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delito informático, sin embargo muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema, y aún cuando no existe una definición con carácter universal, se han formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas. Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalista e tecnología, los crímenes por computadora comprenden "cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción criminógena, como mero símbolo".

Nidia Callegari define al delito informático como "aquel que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas" Rafael Fernández Calvo define al delito informático como "la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando un elemento informático o telemático contra los derechos y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la constitución española"

María de la Luz Lima dice que el "delito Electrónico" "en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin". Julio Téllez Valdés conceptualiza al delito informático en forma típica y atípica, entendiendo por la primera a "las conductas


típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas "actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin". Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones para indicar las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como "delitos informáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con las computadoras", "crímenes por computadora", "delincuencia relacionada con el ordenador".

En este orden de ideas, "delitos informáticos" son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho, que hacen uso indebido de cualquier medio informático.

Delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información. a) El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50 unidades tributarias (UT); b) El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento, penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará a prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT si para su comisión se utiliza un virus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre la mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la tercera parte y la mitad; c) La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT; d) El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación de información, hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito


se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de la mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las personas afectadas o si como resultado de la revelación alguna persona sufre un daño; y e) La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la creación, modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho resulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos tercios Delitos contra adolescente.

los

niños,

niñas

multa de 100 a 500 UT, sin perjuicio de la comisión de un delito más grave. Además de las penas principales indicadas anteriormente, se impondrán, sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las siguientes penas accesorias: I.

El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la Ley (posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje y posesión de equipos para falsificaciones).

II.

Trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos los artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del sabotaje o daño).

III.

La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos; para el ejercicio de la profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o información reservadas, o al conocimiento privilegiado de contraseñas, en razón del ejercicio de un cargo o función público, del ejercicio privado de una profesión u oficio, o del desempeño en una institución o empresa privada.

y

La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para que se restrinja el acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT; y b) La exhibición pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT. Delitos contra el orden económico. Agravantes y penas accesorias a estos delitos. a) La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción, divulgación, modificación o copia de un software, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT; y b) La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de la información, penado con prisión de uno a cinco años y


IV.

V.

La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para ejercer cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información, hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizo figurar a una persona jurídica. Además, el tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que considere más idóneo.

La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar los siguientes: Utiliza términos en el idioma inglés, cuando la Constitución solo autoriza el uso del castellano o lenguas indígenas en documentos oficiales; No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma electrónica y a su registro; Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a los cuales les agrega el medio empleado y la naturaleza intangible del bien afectado; Tutela los sistemas de información sin referirse a su contenido ni sus aplicaciones; No tutela el uso debido de Internet; y Establece principios generales diferentes a los establecidos en el libro primero del Código Penal, con lo cual empeora la descodificación.

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En conclusión La Ley llena parcialmente un vacío legislativo en una materia de mucha importancia. Sin embargo, múltiples deficiencias y problemas en la técnica legislativa empleada y los conceptos usados, así como diversas lagunas y contradicciones, la hacen insuficiente como complemento del resto de la legislación, por lo que será necesario hacer una nueva tipificación de forma sistemática y exhaustiva


LEY CONTRA LA CORRUPCION Objeto de la Ley: Crear mecanismos preventivos y represivos eficaces para enfrentar la corrupción, evitando que existan las condiciones para que tales efectos se produzcan. Esos mecanismos, son para procurar dotar de mayor transparencia la administración de recursos públicos. La Ley tiene por objeto el establecimiento de normas para garantizar la mejor administración de los recursos que integran el patrimonio público. Esas normas desarrollan básicamente los principios establecidos en el art. 141 de la Constitución dándole un contenido normativo.

El otro objeto se trata de la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quien infrinjan esas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público.


Definiciones Básicas: Corrupción: Según Gianfranco Pasquino “Es el fenómeno por medio del cal un funcionario público es inducido a actuar de manera distinta a los standards normales del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una remuneración”. De lo anteriormente se desprende, que la corrupción es todo uso indebido de una posición o cargo público, que se aproveche del mismo para algún interés o ventaja personal, familiar o partidista. La corrupción es la manifestación mas clara a la ausencia de la ética en el ejercicio de la función pública Corrupto: Según Gianfranco Pasquino: “Es la persona que ocupando un rol en la estructura estadal tiene un comportamiento ilegal “ Patrimonio Público: Bienes pertenecientes al Estado o erario público Funcionarios Públicos: Todas las personas que ejerzan funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, e los distritos, de los distritos metropolitanos o d los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las Universidades públicas del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera órganos o entes que ejercen el poder público.

Principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público: Honestidad, Transparencia, Participación Ciudadana, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, interdicción de la arbitrariedad y del sometimiento a la Ley y al Derecho; Principio de Rendición de Cuenta y principio de Responsabilidad. De los delitos contra el patrimonio público y la administración de justicia en la aplicación de esta ley. Del enriquecimiento ilícito y su restitución al patrimonio público: Es la no justificación del incremento patrimonial desproporcionado de un funcionario público obtenido durante el ejercicio de su cargo. (Artículo 48 al 51). La descripción típica se encuentra establecida en el art. 73 de la Ley. Se requiere por tanto, la demostración de que el funcionario obtuvo el incremento patrimonial cuestionado en el ejercicio de sus funciones, además de las circunstancias de la desproporción que debe darse entre el incremento y los ingresos del funcionario.


LEY CONTRA EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS

El robo de vehículo automotor es el delito que tiene mayor incidencia e el país. Diariamente, alrededor de 300 vehículos de distintos tipos son robados en Venezuela. Es incuestionable que el Robo y Hurto de Vehículos es uno de los problemas de seguridad mas serio que confronta el venezolano, no se dispone estadísticas actualizadas pero el número de personas que diariamente son víctimas de este delito es alarmante. N El art. 55 de la CRBV establece: que toda persona tiene derecho a la protección del estado frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgos para su integridad física y sus propiedades, por lo que la situación descrita anteriormente pone de alguna manera en evidencia que el Estado no cumple con gran eficacia la obligación que le impone la carta magna. La Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo además de contemplar sanciones severas para los delitos de robo y hurto, contiene una serie de disposiciones que tienen por finalidad proteger los intereses de las víctimas, así como también la de prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con el robo y hurto de vehículos. La Ley en su Artículo 1.- señala: Hurto de Vehículo Automotores. El que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, sin el

consentimiento de su dueño, será penado con prisión de cuatro a ocho años. El Hurto es la realización de una conducta positiva encaminada apoderarse antijurídicamente de la casa ajena; es decir; perteneciente a otro y sin consentimiento de éste pero sin aplicación de violencia. Circunstancias Agravantes. La pena a imponer para el hurto de vehículo automotor será de seis a diez años de prisión si el hecho punible se cometiere: 1. Sobre vehículos destinados al transporte público, colectivo o de carga. 2. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad. 3. Sobre Vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.


4. De noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado o dependencia propiedad de otro. 5. Por dos o más personas que se hubieren reunido o puesto de acuerdo para realizarlo. 6. Sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de valores. 7. Con escalamiento, llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquier otro instrumento similar, o violando, o superando seguridad electrónica u otras semejantes. 8. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor del vehículo. 9. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro común. 10. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa o hábito religioso.

Además de las agravantes ya descritas podrán aplicarse las agravantes y atenuantes genéricas previstas en los art. 77 y 74 del Código Penal; pero jamás podrán aplicarse las del 452 y 453 del Código; en virtud de que el Hurto de Delito Automotor es el hurto de mayor gravedad en nuestra legislación El Desvalijamiento de Vehículos Automotores es la sustracción de piezas o partes de un vehículo Automotor ajeno sin el consentimiento del dueño. Penalidad: de 4 a 8 años de prisión. La Ley en su Artículo 3.- lo define como: Quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor perteneciente a otra persona, sin apoderarse del mismo, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, serán sancionados con pena de prisión de cuatro a ocho años. Igual pena se impondrá a quien detente, esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas aun cuando no haya tomado parte en el delito.


2. Esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma capaz de atemorizar a la víctima, aun en el caso de que no siendo un arma, simule serla. 3. Por dos o más personas. 4. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa o hábito religioso. 5. Por medio de ataque a la libertad individual, en cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de delitos. 6. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad. 7. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro común. 8. Sobre vehículos automotores que estén destinados al transporte público, colectivo o de carga.

Robo de Vehículos Automotores: Es la acción que consiste en constreñir al sujeto pasivo (puede ser el tenedor u otra persona presente en el lugar del delito), por medio de violencia física o psíquica, a entregar una cosa mueble, o a permitir que el agente se apodere de dicha cosa Penalidad: Presidio de 8 a 16 años, pena de 12 años Artículo 6.- Circunstancias Agravantes. La pena a imponer para el robo de vehículo automotor será de nueve a diecisiete años de presidio si el hecho punible se cometiere: 1. Por medio de amenaza a la vida.

9. Sobre vehículo automotor que pertenezca a los cuerpos policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de valores. 10. De noche o en lugar despoblado o solitario. 11. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. 12. Aprovechándose de las condiciones de inferioridad física o indefensión de la víctima. Artículo 7.- Tentativa de Robo. El que iniciare la ejecución de un delito de robo de vehículo automotor, aun cuando no logre su consumación, será castigado con pena de seis a siete años de presidio.


PASATIEMPOS


BIBLIOGRAFIA 

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www.conatel.gob.ve/wp.../10/PDF-LeyEspecial-contra-los-DelitosInformáticos.pdf www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/v e/ve041es.pd www.derechos.org.ve/pw/wpcontent/uploads/Ley-Penal-delAmbiente2.pdf www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/Decreto_Ref orma_ley_Contra_Corrupcion.pdf www.ventanalegal.com/leyes/ley_sobre _hurto_robo_vehiculos_automotores psm.du.edu/media/.../venezuela_law_o n_arms_and_explosives_2005spanish.pdf

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